DISCURSOS EN EL SENADO DE LA NACIÓN

PRÓLOGO»

La decisión de publicar la versión taquigráfica oficial de algunos de los discursos que pronuncié en el Senado de la Nación durante los 22 años en que me desempeñé en ese cuerpo en representación de la Provincia de La Rioja, como así también en la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución Nacional en el año 1994, tiene como finalidad realizar un aporte histórico al conocimiento de los asuntos que se debatieron en esos cuerpos legislativos desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la finalización de mi mandato como Senador Nacional en el año 2005.
Además de representar a mi Provincia lo hice siempre desde mi condición de integrante del Partido Justicialista, razón por la cual me correspondió desempeñar mis funciones desde la oposición y desde el oficialismo, según fuera el signo político gobernante. Así en el periodo 1983-1989 en el que gobernó el radicalismo con el Presidente Raúl Alfonsín, fuimos oposición con la bancada justicialista. Desde 1989 a 1999 fuimos oficialistas con el Gobierno del Presidente Carlos Menem. Volvimos a la oposición en 1999-2001 con el gobierno de la Alianza presidida por Fernando de la Rúa. Durante la transición del Presidente Eduardo Duhalde, lo acompañamos desde el justicialismo. Finalmente entre 2003-2005 si bien asumió el Presidente Néstor Kirchner, surgido del justicialismo, lo hizo con una impronta transversalista, denominada Frente para la Victoria, muy distante de mis convicciones y de mi concepción de la política, por lo que sin abandonar el justicialismo, me opuse a los proyectos y acciones que no coincidían con mis ideas.
Pero por arriba de la pertenencia partidaria que me colocaba a veces en la oposición y otras en el oficialismo, siempre tuve como guía fundamental para fijar mis posiciones en los debates y en las votaciones, la defensa del interés nacional y el de mis representados, con los que tenía la obligación moral de honrar el mandato que me habían conferido. Mis intervenciones en los importantes debates en los que tuve la oportunidad de participar, fueron precedidas de una preparación y de un estudio profundo, porque mi propósito, desde el mismo momento que ocupé la banca senatorial, fue el de ser no solamente un protagonista activo de la vida parlamentaria, sino también hacerlo con la máxima responsabilidad y jerarquía que merecía la representación del pueblo que me eligió y la circunstancia de integrar uno de los cuerpos fundamentales de la República.
Precisamente el estudio previo y profundo de todos los asuntos que se debatían en las sesiones, me posibilitaron observar uno de los principios del Derecho Procesal Parlamentario, que es el de la oralidad, recurriendo sólo a la lectura para citas doctrinarias, jurisprudenciales, o de textos legales. Siempre consideré que una de las causas que provocan la mediocridad y la monotonía de las sesiones parlamentarias, es la lectura de los discursos, lo que pese a estar prohibida por los Reglamentos, no siempre es respetada. En todo caso siempre está a disposición de los legisladores que, por distintos motivos prefieren leer sus discursos preparados de antemano, pedir directamente la inserción de los mismos en el diario de sesiones. Aunque también se suele utilizar este recurso cuando se quiere acortar la duración de las mismas para obtener una más rápida decisión sobre el asunto en tratamiento.
En cuanto al orden en que están colocados los discursos, opté por separarlos de acuerdo a la naturaleza de los asuntos en debate, para facilitar la búsqueda de acuerdo al interés de quien desee consultarlos. Por ese motivo no fueron ordenados cronológicamente en general, aunque si lo están de ese modo en cada uno de los capítulos. Por cierto que a veces la selección por temas resulta relativa porque durante el debate suelen filtrarse cuestiones de otra naturaleza, generalmente por razones políticas o ideológicas. En muchos de los discursos se incluyen algunas interrupciones motivadas por pedidos de aclaración o por réplicas de otros legisladores, a los fines de que se puedan comprender o interpretar mejor las posiciones y argumentos sostenidos en cada asunto por el expositor.

DERECHOS HUMANOS»

Proyecto de ley derogando la ley de amnistía (22 de diciembre de 1983)

22 de diciembre de 1983 – 5ª Reunión

Diario de Sesiones – Tomo 1 – Páginas 145 a 147

Sr. Menem. — Señor presidente: como firmante del dictamen de la mayoría, que ha informado el señor senador de la Rúa, deseo expresar, en primer término, que adhiero totalmente a las razones que ha expuesto en forma tan clara y contundente para fundamentar su aprobación.
Al decidir la derogación de la mal llamada ley de pacificación nacional, el Poder Legislativo no hará más que plasmar el clamor de todo el pueblo argentino que se pronunció en contra de la sanción de esa disposición. Apenas se anunció por parte del gobierno de facto el propósito de sancionar un instrumento semejante, todos los sectores de la comunidad argentina se pronunciaron en su contra, inclusive hasta ciertos grupos de las fuerzas armadas.
No obstante ese clamor, el gobierno que tomó por asalto el poder el 24 de marzo de 1976 sancionó la norma que comentamos haciendo gala de la prepotencia, la soberbia y el desprecio con que procedió habitualmente frente al pueblo. Sancionó este instrumento vergonzante mediante el cual pretendió exculpar a los responsables de ese verdadero terrorismo de Estado que se implantó a partir de esa fecha nefasta en nuestro país.
Este instrumento, que desde ningún punto de vista podemos llamar ley, se encuentra totalmente descalificado frente a la opinión pública, tanto ética, jurídica como políticamente, como bien lo señaló el señor miembro informante de la Comisión.
Está descalificado ética y moralmente por cuanto constituye una suerte de autoperdón o autoamnistía, hecho que vulnera los más elementales principios de una sociedad humana.

La amnistía, señor presidente, es la ley del olvido, la ley del perdón, pero tradicionalmente ha sido concebida en aras de superiores intereses políticos, para brindar a la sociedad una mejor forma de convivencia, pacificar los ánimos, establecer la concordia y afianzar los lazos de las relaciones humanas de un pueblo que ha vivido momentos cruciales en su historia. Estos intereses superiores no han concurrido en absoluto en este caso, porque no debemos olvidar lo que ha sucedido en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976.
En tal fecha se implantó, como lo señalé hace unos instantes, ese terrorismo de Estado que sembró en nuestro país muerte, odio, destrucción, secuestros, torturas y todo tipo de vejámenes que afectaron la dignidad del pueblo argentino. Estos actos no pueden ser olvidados sino que deben ser sometidos a la justicia de los hombres.
No podemos edificar la Nación sobre la base del terror, la destrucción y la muerte sino que lo tenemos que hacer sobre la paz y la justicia. Cuando me refiero a la justicia hago alusión a la practicada por los jueces de la Constitución, a quienes en este recinto les vamos a prestar acuerdo cuando corresponda. Esta es la justicia que debe aplicarse a aquellos que han violado los más elementales derechos que asisten al ser humano por su sola condición de tal.
Señor presidente: no podemos aceptar esta mal llamada ley de pacificación por cuanto no sólo no ha contribuido ni contribuirá a apaciguar los ánimos sino que ha enardecido a nuestro pueblo, que ha venido a clamar a sus representantes para que se deje sin efecto esta norma vergonzante para la historia jurídica del país.
La mal llamada ley de amnistía tampoco resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico porque, como bien lo señaló el miembro informante, está viciada en su origen y también en su finalidad. En primer lugar, porque ha sido sancionada por un gobierno de fuerza que no tiene atribuciones para hacerlo y, en segundo término, por cuanto su finalidad no es la de pacificar al país sino la de autoexculpar a los responsables de ese terrorismo de Estado apátrida instalado en la cúpula del poder.
Por eso comparto plenamente la posición de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que ya antes de la sanción de la ley 22.924, la mal llamada ley de pacificación, hablaba de que ella importaría una verdadera desviación de poder. La desviación de poder fue advertida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pero el gobierno de fuerza no compartió la apreciación y decidió sancionar la ley, que así quedó viciada totalmente, tal como lo hemos sostenido.
Por otra parte, al derogar esa mal llamada ley de amnistía, el Congreso Nacional está recuperando y reafirmando para sí la inalienable facultad de dictar este tipo de normas, facultad conferida por el artículo 67 inciso 17 de la Constitución Nacional. El Congreso está recuperando esa facultad inalienable que no puede ser asumida por ningún poder de facto, pero al mismo tiempo le está diciendo que no a la dictadura militar, está repudiando el golpe militar y diciendo que nunca más aceptaremos que por vía de ese terrorismo de Estado se implanten en nuestro país el dolor, la violencia y la humillación que nos ha hecho jugar un papel deslucido frente a la comunidad internacional, la que incluso nos ha sancionado reiteradamente por dar ese mal ejemplo frente al concierto universal de las naciones.
El derecho, señor presidente, importa también un mínimo de ética, y no puede considerarse norma jurídica aquella que carezca del mínimo de ética. Por ese motivo la mal llamada ley de pacificación no puede ser considerada como norma jurídica, ya que carece del menor principio ético. Por eso también corresponde la impugnación desde el punto de vista jurídico.
Esto me lleva a hacer algunas consideraciones sobre el dictamen en minoría de la comisión que acaba de exponer el señor senador Leconte. Posiblemente el proyecto que estamos considerando no sea un dechado de perfecciones legislativas, pero en estos momentos en que estamos encarando una nueva instancia en la vida del país, en que hemos entrado en la vida democrática y queremos remover todos los obstáculos que se oponen a que vivamos en paz y con justicia, no podemos detenernos en tantas sutilezas jurídicas ni dilatar más la sanción de esta ley que, como dije anteriormente, es reclamada con fervor por todo el pueblo que eligió sus representantes.
Considero que los principios que expuso el señor senador Leconte no son de ningún modo rozados por la sanción de esta ley. Tampoco lo es el principio de la ley más benigna ni el de la cosa juzgada; ni puede ser cuestionada porque se mencione en su texto la razón por la cual se deroga la ley anterior. Pienso que no puede ser cuestionada porque la mal llamada ley de pacificación desde el punto de vista jurídico constituye un acto inexistente. Esta teoría de la inexistencia jurídica nacida en el derecho privado hace muchos años ha tenido luego mayor trascendencia y ha sido incorporada al derecho público. Los actos inexistentes existen materialmente, pero no en el mundo del derecho. Son actos que materialmente están volcados en normas que tienen la apariencia de instrumento legal, pero que no pueden producir efectos en la órbita del derecho. No los pueden producir porque están groseramente viciados en su sanción y también en su finalidad.
En el derecho comparado está ampliamente receptada la teoría de la inexistencia jurídica. En la doctrina francesa lo está, a través de un expositor, como Jèze y también por fallos del Consejo de Estado francés. En la doctrina española está aceptada por Recaredo Fernández de Velazco, quien dice que el acto es inexistente cuando se dan defectos de fondo que implican un abuso de poder o de atribuciones. Por su parte, el colombiano Pareja dice que los actos son inexistentes en los casos que constituyan vías de hecho, abusos de autoridad o usurpación de funciones. A su vez, el uruguayo Sayaguez Lazo, prestigioso jurista, dice que son inexistentes aquellos actos que están afectados de ciertos vicios graves, como la incompetencia absoluta del órgano, la ilicitud grosera y la usurpación de funciones. Dentro de nuestra doctrina podemos citar a los prestigiosos autores Díaz, Fiorini y Gordillo, que también aceptan la teoría de la inexistencia jurídica en el campo del derecho público.
Nuestra Corte Suprema de Justicia, si bien no la ha receptado en forma expresa, también la reconoce cuando habla de nulidad: en muchas situaciones dice que son actos inexistentes, como el de los autos “Paulina Britos de Tornessi”. Al referirse a ciertos decretos de nulidad, dijo que deben ser considerados nulos de nulidad absoluta, como inexistentes.
Si aparte de estas razones nos encontramos con un acto supuestamente legislativo, al que se le quiso dar el carácter de ley pero que está groseramente viciado desde un punto de vista ético, por cuanto pretende exculpar a los responsables de esos hechos vergonzantes para la historia del país, creo que desde ningún punto de vista podemos dejar de calificar a esta mal llamada ley de pacificación nacional como un acto jurídicamente inexistente.
Si así lo es, de ningún modo puede ser cuestionado este proyecto, que cuenta ya con la sanción de la Cámara de Diputados y que ahora estamos tratando en este honorable cuerpo, en cuanto a todos estos aspectos señalados por el informe de la mayoría. Si es jurídicamente inexistente no puede producir ningún efecto de esa naturaleza, en lo que respecta a la ley penal más benigna, a la cosa juzgada o a cualquier otro efecto parecido.
Estamos retornando, señor presidente, a la vida democrática. Hemos dado los primeros pasos: el pueblo ha expresado su voluntad y ha elegido su gobierno: están funcionando las instituciones democráticas. Pero allí no se agota la democracia: tenemos que revitalizarla todos los días y remover todos los obstáculos que se oponen a ella. Esta mal llamada ley, que ahora estamos queriendo derogar, es uno de esos obstáculos a la vida democrática porque, en definitiva, la democracia es la vigencia de ese clima moral que permite la realización del derecho sagrado de ser hombre. Para que tengamos la vigencia de ese clima moral necesitamos actos de esta naturaleza, que son ejemplificadores para el futuro del país, para que nunca más volvamos a tener esa noche negra que empezamos a vivir el 24 de marzo de 1976 y que felizmente, hoy vemos alumbrar con este resplandor democrático que respiramos todos, con gozo y con fe en ese futuro venturoso con el cual soñaron nuestros próceres.
Por esta razón, señor presidente, solicito el voto favorable al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que está sometido a la consideración del Honorable Senado.

Proyecto de ley sobre aprobación del Pacto de San José de Costa Rica (1 de marzo de 1984)

1º de marzo de 1984 – 18ª Reunión

Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 743 a 745

Sr. Menem. — Señor presidente, ilustres visitantes, señores senadores, la consideración del dictamen que hoy tratamos, por el que se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, se inscribe dentro de los propósitos y anhelos de democracia del pueblo argentino, en los cuales estamos empeñados todos los habitantes de la Nación.
Luego de superado ese estado de terror en que vivimos recientemente, donde las bandas subversivas por un lado y el terrorismo de Estado por otro sumieron a nuestro país en el dolor y la miseria, nos encontramos ahora ante una nueva instancia histórica.
No hace mucho tiempo, en este mismo recinto, cuando tratábamos la derogación de la mal llamada ley de amnistía, tuve oportunidad de sostener refiriéndome a la democracia, que este concepto iba más allá del funcionamiento de las instituciones, de un proceso electoral, de la mera implantación del sistema institucional que marca nuestra Constitución. En aquella oportunidad sostenía que la democracia es un verdadero clima moral que permite la realización del derecho sagrado de ser hombre. Y hoy estamos tratando precisamente de eso, de la realización del derecho sagrado de ser hombre, porque estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos inherentes al hombre, aquellos que conciernen a la persona humana considerada como entidad cualitativa y estimada en su inherente dignidad. Se trata de aquellos derechos que enfocan al hombre, al decir de un distinguido constitucionalista, como entidad metafísica, como idea abstracta relativa a la especie o, mejor aún, a la persona humana. Están ínsitos en la condición humana, su fundamentación reside en el derecho natural, y son anteriores y superiores al Estado. Tristán de Athayde pudo decir que “el hombre existe como tal en la sociedad o fuera de ella. Esta es apenas una necesidad condicional, un medio para que aquél realice mejor su finalidad completa”.
El Código Social, elaborado por la Unión Internacional de Estudios Sociales de Malinas, dice que “teniendo el hombre un destino personal, la sociedad es para él el medio necesario que le ayuda a alcanzar su propio fin. Sus derechos dimanan de su naturaleza”. El general Perón, en su mensaje al Parlamento argentino del 1º de mayo de 1950. refiriéndose también al tema de los derechos del hombre, dijo: “Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente opuestas de individualismo y colectivismo, nosotros realizamos en nuestro país, y proponemos a la humanidad, la doctrina del equilibrio y la armonía del individuo y la colectividad por la justicia social que dignifica el trabajo, que humaniza el capital, que eleva la cultura social, que suprime la explotación del hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos del trabajador, del anciano, del niño y de la familia, de tal manera que el nosotros de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual, dignificado como persona humana”.
Estos derechos esenciales del hombre, como dice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos del ser humano. Por eso es que cuando hablan de los derechos del hombre los estudiosos se remiten al derecho natural, porque se trata de derechos que corresponden al hombre por ser tal y son anteriores a la sociedad y al Estado.
Ya los antiguos hablaban de los derechos naturales, los derechos del hombre. Recordemos a la heroína del drama de Sófocles, Antígona, que protestaba contra el bando de Creón, rey de Tebas, que le prohibía dar sepultura a su hermano muerto en batalla por considerarlo traidor a la patria. Burlando la prohibición, Antígona cumplió con ese sagrado deber y refutando a Creón, decía: “Sí, porque no fue Zeus quien me promulgó esa prohibición; ni la justicia, compañera de los dioses subterráneos, estableció esa ley entre los hombres. Y yo no he creído que tu decreto tuviese fuerza suficiente para dar a un ser mortal poder para despreciar las leyes divinas, no escritas, inmortales. Su existencia no es de hoy ni de ayer sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron”. Este es el reconocimiento a los derechos del hombre, del individuo, no porque los reconozca un Estado en una sociedad, sino porque están ínsitos en su naturaleza y son anteriores a la constitución del ser social.
Esto nos lleva a una cuestión que también es fundamental en este tema: el reconocimiento del hombre como sujeto de derecho internacional público. Ya ha sido superada la concepción que consideraba sólo al Estado como sujeto de esta rama del derecho. Juan Bautista Alberdi —padre de la Constitución Argentina— sostenía a mediados del siglo pasado que el verdadero sujeto de derecho internacional público, coexistiendo con los Estados, era el hombre y que como tal debía ser respetado en toda su integridad: física y moral. Señala que el derecho internacional no es solo de los Estados sino que es el derecho del género humano.
Por otra parte. Díaz Cisneros, tratadista de Derecho Internacional Público, establece lo siguiente: “Así concebido, el Derecho Internacional Público conduce a una internacionalización general, y en la unidad del sistema el hombre adquiere el rango de ciudadano de una organización mundial, con derechos que le son propios y lo vinculan a esta organización”.
Lo que acabo de señalar está relacionado con la expresión que establece que debemos reconocer al hombre como ciudadano del mundo.
Esto nos lleva a la necesidad de que los derechos humanos sean respetados por la comunidad internacional.
Pablo Ramella, en su obra “Los derechos humanos” dice que “. . .en el derecho interno debe abrirse una brecha para permitir que, en determinados casos, siendo insuficiente la protección del Estado a los individuos que lo componen, puedan éstos recurrir a una autoridad más alta, extraterritorial y universal, para que haga efectivo el ejercicio de sus derechos legítimos”. Es decir que no es suficiente con que existan sino que también deben ser reconocidos por la comunidad internacional y no solo por los Estados porque, de lo contrario —como también lo señala Ramella—, se crearían murallas alrededor de ellos, que no posibilitarían que esos derechos sean reconocidos por el mundo entero.
Por otra parte, además del reconocimiento de esos derechos es necesario que exista la posibilidad de que los individuos puedan obtener la protección de los mismos, no sólo dentro del área interna de los Estados sino también en el orden internacional.
Por tales motivos era necesario crear una instancia judicial internacional, como lo hizo la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica al instituir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que será la instancia judicial ante la cual podrán acudir todos los hombres afectados en sus derechos esenciales en busca de protección. No puede existir otra solución jurídica contra los desbordes de la autocracia, que la de admitir a todo hombre, sin distinción de raza, nacionalidad, religión o ideología, en cualquier punto de la Tierra en el que se encuentre, tiene la posibilidad de interponer un recurso ante una Corte de Justicia Internacional.
Sostenía al respecto el citado Pablo Ramella: “No es propio que la instancia sea introducida por el Estado en favor de sus propios nacionales, como ha ocurrido hasta ahora, porque ello implica dejar sin protección a los nacionales contra los desmanes de su propio Estado, que es lo más frecuente, como surge de la confrontación de la historia reciente”.
Los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya explicaron claramente cómo la Convención de San José de Costa Rica consagra y plasma este ideal de los derechos humanos. Y yo me permito agregar que no menos importante que la consagración de los derechos es el establecimiento y reconocimiento de los deberes del hombre. Para que sean efectivos los derechos es necesario reconocer que ha de haber deberes que tienen que ser cumplidos.
Jacques Grégoire, convencional francés, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, decía: “Una declaración de derechos no puede ser más imperfecta si al mismo tiempo no se hace otra de deberes. Es algo totalmente esencial hacer una declaración de deberes para retener a los hombres dentro de los límites de sus derechos y que estén siempre dispuestos a ejercerlos con imperio absoluto, en continuo afán de extenderlos, porque los deberes se desconocen, se olvidan”. Pero la opinión de Grégoire lamentablemente no prevaleció porque los deberes no estaban contemplados en aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí los contempla, en cambio, y acertadamente, la Convención que hoy estamos considerando, ya que en el artículo 32 del capítulo V que habla de los deberes de las personas, dice lo siguiente: “Correlación entre deberes y derechos: 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de las demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
Señor presidente: a partir de hoy los argentinos podemos decir con orgullo y con autoridad moral que cualquiera sea el lugar, el país o la región donde el hombre americano es herido por los mastines de una dictadura, su carne sangra en toda América. (Aplausos).

Proyecto de ley sobre extinción de las acciones penales contra miembros de las Fuerzas Armadas o ley de punto final (22 de diciembre de 1986)

22 de diciembre de 1986 – 36ª Reunión

Diario de Sesiones – Tomo 6 – Páginas 4646 a 4653

Sr. Menem. — Señor presidente: hace hoy exactamente tres años que en este mismo recinto estábamos tratando un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se declaraba inconstitucional e inexistente la ley denominada de “autoamnistía”, que había sancionado el gobierno militar.
El destino ha querido que justamente, en este mismo día, al cumplirse su tercer aniversario, estemos tratando aquí una materia similar. Estamos considerando un proyecto que posibilita que cierto tipo de delitos cometidos durante un período del país quede sin sanción.
¡Cómo ha cambiado, señor presidente, la situación respecto de lo que se vivió en aquella histórica sesión! La recuerdo como si fuera hoy, por la pasión y las coincidencias de todos los señores senadores que intervinimos en ese debate. No puedo olvidar que un senador de la bancada radical de larga e ilustre trayectoria parlamentaria, el doctor Luis León, decía que nunca había votado una ley con tanto apasionamiento como esa por la que se derogaba la auto amnistía.
Tampoco puedo olvidar que en aquel momento, con la brillantez que lo caracteriza, otro senador radical nos decía: “Debemos asumir el pasado… hacen falta la verdad y la justicia, no el silencio, porque tenemos que asumir como una sociedad abierta al futuro esos dolores padecidos. Por eso, frente a esa exigencia, cuando se dicta una ley que quiere ocultar el pasado y ponerle encima tapujos, se está impidiendo que todo un pueblo que ha querido expresarse en la República se encuentre con la verdad”.
Agregaba el senador de la Rúa: “Es importante que en esta jornada, que tiene una trascendente significación, porque constituye un hito en el camino de la afirmación institucional de la Nación, refirmemos el compromiso de defender a la República para que nunca más suframos la noche negra de la tiranía, y tengan respuesta y consuelo quienes sufren y esperan, justicia aquellos que luchan por sus derechos y castigo los que delinquieron. Esto es necesario para que haya un futuro cierto para nuestra patria, basado en la ley y realizado en la justicia”.
Continuaba más adelante: “Desde el punto de vista político, un eventual mantenimiento de la ley que se propicia derogar produciría por lo menos dos efectos nefastos: primero, extendería indiscriminadamente sobre las instituciones armadas, en su conjunto, una presunción de responsabilidad que sólo debería recaer, en diferentes grados, sobre algunos de sus hombres y en segundo término, afectaría gravemente la eficacia preventiva de las penas que se fijan por hechos como los que ella pretende amnistiar”.
También recuerdo cómo con palabras emocionadas el senador Luis León terminaba su exposición, diciendo: “…para que nunca más una amnistía vuelva a violar el sentido ético de nuestra Constitución”.
Señor presidente: me he permitido recordar estas palabras, no para reprochar ni echar en cara lo que dijeron en ese momento estos señores senadores a quienes aprecio y estimo, como ellos bien lo saben, sino para marcar la diferencia producida en sólo tres años con respecto a la posición que hoy está asumiendo la bancada oficialista.
Parece, señor presidente, que estamos retrocediendo en algunos conceptos. Ayer hablábamos de no olvidar el pasado, del castigo y de la aplicación de la justicia. En alguna medida, hoy estamos queriendo olvidar eso, queriendo pasar por arriba de esas sabias palabras pronunciadas en aquel momento, que todos compartimos, aplaudimos y valoramos en su justo término.
Luego de la exposición de numerosos señores senadores no voy a incursionar en el relato de qué es lo que sucedió en nuestro país, cómo llegamos a esta situación, de dónde vino la subversión y la represión, tanto legal como ilegal. Reitero que quienes me precedieron en el uso de la palabra lo han hecho con toda autoridad.
Así, el miembro informante de la mayoría, con un extenso relato nos llevó por distintas partes del mundo: Indochina. Bangladesh y Rusia, señalando como se cometieron genocidios en el exterior y como nosotros no estamos cometiendo tanto pecado al aprobar esta ley, porque en los otros lugares hubo impunidad y en nuestro caso, se trataría de una impunidad menor o directamente no existiría.
En mi provincia, y creo que en otras norteñas también, suele decirse que mal de muchos es consuelo de tontos. No quiero quedarme con el consuelo de que por el hecho de que en otros países del mundo existió impunidad, nosotros también, en alguna medida, tenemos que aceptarla.
Señor presidente, me referiré directamente al análisis de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para fundamentar el proyecto de ley que estamos considerando.
Reitero que es necesario analizar los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo porque, en los últimos tiempos, se ha cambiado un poco el libreto. Y digo esto porque luego de enviado el mensaje, en importantes sectores de la sociedad argentina, e inclusive en el propio partido gobernante, surgieron voces de repudio contra este proyecto de ley. Entonces, se empezó a esgrimir la existencia de razones de Estado que lo justificaban, pero no se aclaró cuáles eran dichas razones.
Por lo expuesto, considero necesario examinar el mensaje que acompaña al proyecto de ley, para ver si en él encontramos las razones de Estado que la opinión pública aún no conoce en detalle. Y voy a tomar algunos aspectos de dicho mensaje para analizar si se compadecen con la realidad. En una de sus partes dice: “La clandestinidad con que se impartieron y cumplieron tales órdenes —se refiere a las órdenes de la represión— torna difícil la tarea de esclarecimiento de la verdad que le compete a la Justicia”.
Entonces yo me pregunto, señor presidente, cómo es posible que se propongan acortar los plazos de investigación, en lugar de prolongarlos, para un procedimiento que se reconoce fue efectuado en la clandestinidad. En el derecho penal se castiga más a quien obra con mayor malicia. Por ende, quien obra en la clandestinidad no puede ser premiado con un acortamiento de los plazos para efectuar la investigación pertinente.
Esta es la primera contradicción que encuentro. Si existió clandestinidad, no debemos acortar los plazos de investigación sino alargarlos. El plazo establecido de sesenta días para culminar con todas las investigaciones es angustioso.
En otra parte del mensaje se señala: “Ambos factores concurren para que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que prestaron servicios durante la represión del terrorismo y que encuadraron su conducta dentro de la legalidad, sufrieran la incertidumbre de ser objeto de procesamiento desde el momento en que el gobierno democrático dispuso promover los juicios de responsabilidad”.
Acá, señor presidente, advierto otra grave y tremenda contradicción: ¿qué tipo de incertidumbre va a tener aquel que, como dice el mensaje, ha actuado dentro de la legalidad? ¿Qué incertidumbre puede tener el hombre de las fuerzas armadas que ha reprimido dentro de la ley y cumpliendo órdenes de servicio que no salían del marco jurídico? La incertidumbre, señor presidente, la puede tener aquel que realmente ha obrado fuera de la ley, aquel que ha obrado en la clandestinidad, aquel que ha violado los elementales derechos humanos, que han dado motivo a toda esta negra historia de la tiranía.
El que ha actuado dentro de la ley —y eso lo sabemos por conversaciones con personal de las fuerzas armadas, con dignos integrantes de estas fuerzas— no tiene nada que temer, así como tampoco vivir con esa incertidumbre que dice el mensaje del Poder Ejecutivo. Si hay algún personal que ha obrado con crueldad, y ha violado los derechos humanos, ese sí puede estar en un estado de incertidumbre. ¿Y por qué le vamos a cortar ese estado de incertidumbre? Aquí debemos poner frente a frente el dolor de las víctimas, de aquellos que fueron torturados, encarcelados, de aquellos que sufrieron la persecución cruenta, con esa incertidumbre que pueden tener los que violaron la ley. ¿Cuál de los dos valores es más atendible? ¿Cuál es el que se debe valorar? ¿Cuál es el que se debe tener más en cuenta: el hacer cesar ese estado de incertidumbre del que delinquió o el dolor de las víctimas que todavía reclaman justicia?
Por otro lado, señor presidente, ¿en qué consiste ese estado de incertidumbre que es objetado como un estado que debe cesar de inmediato? ¿Consiste en que en el día de mañana puedan ser llamados por la justicia? ¿Por qué tanto temor a la justicia? Todo ciudadano puede ser citado ante la justicia, ante los jueces de la Constitución, ante los jueces a los que este Senado les ha dado el acuerdo, para ser sometido a un debido proceso legal.
Nadie, señor presidente, debe temer a la justicia ni debe temer el ser sometido a un proceso legal.
Por otro lado, aquí se está pasando por alto otro principio liminar de nuestra Constitución, que es el del estado de inocencia, llamado también de presunción de la inocencia, que está consagrado en su artículo 18. Nadie puede ser considerado culpable mientras no haya sentencia condenatoria firme dictada por el juez natural competente.
Entonces, frente a ese estado de inocencia, ¿qué valor tiene el estado de sospecha? Todo ciudadano puede esgrimirlo. El estado de inocencia, señor presidente, es aquel que no necesita ser construido, sino que quien que lo ataque debe destruirlo. Y esto lo dice toda la doctrina y toda la jurisprudencia.
El autor Clariá Olmedo, en su Tratado de Derecho Procesal, tomo I, establece que “…mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia, aun cuando con respecto a ella se haya abierto causa penal y cualquiera sea el progreso de la causa”.
Este principio coloca a todo habitante de la Nación en situación de no culpable mientras una sentencia firme conclusiva de un proceso regular y legal no lo declare tal, como consecuencia de haberse destruido por el juzgador, sobre la base de las pruebas del proceso, la presunción o estado de inocencia.
Durante el proceso el imputado goza de ese estado de inocencia que sólo podrá ser modificado por sentencia firme que declare su culpabilidad.
También dice en otra parte del mensaje el Poder Ejecutivo: “…se torna razonable establecer un régimen tendiente a resguardar de un modo especial la garantía de la pronta terminación de los procesos…”. Pero este proyecto de ley, señor presidente, ¿qué garantía de la pronta terminación de los procesos puede implicar? Directamente impide o coarta la realización de los procesos porque establece un plazo angustioso dentro del cual si no ha sido citado a declarar el imputado, ya no se le puede hacer proceso más adelante. Entonces que no se nos venga a decir que se está garantizando la pronta terminación de los procesos. Directamente se está consagrando la no realización de los mismos porque en un plazo tan breve es muy difícil que pueda concretarse toda la etapa procesal prevista en el proyecto de ley.
Se dice también en otra parte del mensaje que el mismo contribuye a la consolidación de la paz social y la reconciliación nacional. A esto ya se han referido otros señores senadores.
Se invoca la reconciliación nacional y la paz social como fundamento de la ley y lo único que ella ha conseguido, hasta este momento, es caldear los espíritus, crear un estado de intranquilidad social. Seríamos ciegos y sordos si no advirtiéramos el clamor que se ha levantado en el pueblo argentino frente a este proyecto de ley. No digamos que son unas minorías: no digamos que son únicamente ciertas minorías de izquierda o de derecha, como ha dicho el señor presidente. Porque dentro de su propio partido se han levantado voces de repudio y sectores representativos de la opinión pública también lo han hecho. Importantes partidos que tienen numerosos ciudadanos adheridos se han levantado en contra de este proyecto de ley. Por lo tanto, que no se nos diga que el objetivo es el de la reconciliación nacional. Admito que ésa puede haber sido la intención del Poder Ejecutivo, y creo que es la de todos los señores senadores que están apoyando este proyecto. Pero creo que en la práctica no se consigue esa finalidad.
Ya los hechos están demostrando que este proyecto, lejos de traer la reconciliación nacional, ha originado intranquilidad social. Está levantando nuevos resentimientos, reabriendo heridas que se estaban cerrando. Por eso no podemos admitir tampoco este fundamento invocado por el Poder Ejecutivo.
En otra parte del mensaje dice: “…Lograr que ello se desarrolle en el menor tiempo posible, para aventar rápidamente el estado de sospecha indiscriminada que se proyectaba sobre las fuerzas armadas como instituciones y para permitir que la totalidad de los argentinos clausurare una de las etapas más oscuras de la historia nacional, de modo que, reconciliados sobre la base de la verdad y justicia, pudiéramos proseguir juntos la urgente tarea de reconstruir la Nación”. Hermosas palabras, señor presidente, pero tampoco se compadecen con la realidad. Es como ya decían otros señores senadores: esta sospecha que tanto temen y que ahora recae sobre un minúsculo número de miembros de las fuerzas armadas, mediante este proyecto de ley se extiende a toda la institución. Se la extiende a todos por igual. Y además se institucionaliza el grado de sospecha sobre todas las fuerzas armadas.
Asimismo, ¿cómo se puede hablar de “…reconciliados sobre la base de la verdad y la justicia…”, si lo que se está coartando con este proyecto de ley es que se investigue la verdad? El objeto del proceso penal, al cual nadie le debe temer es, precisamente, el establecer y determinar la verdad real.
Esto se encuentra dentro de los principios liminares del proceso penal, y algunos de los distinguidos procesalistas que tenemos aquí presentes lo saben por las palabras de su maestro, el doctor Vélez Mariconde, que nos hablaba del principio de la verdad real, y otro procesalista, el doctor Clariá Olmedo, quien nos hablaba del principio de la investigación integral.
Entonces, ¿cómo puede hablarse de la verdad si con este plazo angustioso y perentorio se va a impedir la continuidad de los procesos para descubrir precisamente el objetivo final que es la verdad?
¿Y cuál es el fin de que se descubra la verdad? Aplicar la ley. Y ahí está la justicia.
Por ello no considero procedente que para fundamentar este proyecto de ley se hable de la verdad y la justicia. No se consigue la verdad porque no se permitan todos los procesos que sean necesarios y no se va a conseguir la justicia porque no se va a poder aplicar la ley al no realizarse los procesos penales.
Por otro lado, en otra parte de los fundamentos se dice: “Pero existe, de manera manifiesta una dificultad provocada por el largo tiempo insumido por las investigaciones, con el consiguiente rechazo y la asignación de responsabilidades”.
Señor presidente: en otra oportunidad ya tuve ocasión de decir en este recinto que hay un principio jurídico que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Y por qué están atrasadas las investigaciones? ¿Por qué no se han llevado a cabo todos los juicios? ¿Por qué existe ese ir y venir de causas entre la Cámara Federal y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, esa especie de ping-pong en cuyo trayecto se cae a pedazos la justicia? Porque nos hemos equivocado en el procedimiento, señor presidente.
Si cuando sancionamos ese proyecto de ley modificatorio del Código de Justicia Militar hubiera triunfado la tesis del justicialismo, de que todos aquellos delitos que excedieran las órdenes de servicio, aquellos que considerábamos como delitos comunes, debían ser sometidos a la justicia ordinaria, tengan la seguridad de que no hubiéramos estado en esta situación en que muchos responsables no pueden estar todavía sometidos a juicio.
Por otra parte, la morosidad de la justicia la soportamos todos los argentinos. ¿Acaso no se dice todos los días que la justicia es lenta? Y entonces, ¿por qué vamos a privilegiar a un sector de la sociedad diciendo que con respecto a ellos los juicios se tienen que terminar cuanto antes? Establezcamos normas generales, que todos los ciudadanos tengan derecho a un juicio más rápido y reduzcamos los plazos de prescripción. Digamos que si el que ha hurtado o ha robado, no se lo ha descubierto dentro de un determinado lapso caduca o prescribe la acción en su contra. Digamos que si no se lo ha denunciado dentro de tal lapso, como los juicios demoran, declaramos que ya ha prescrito la causa.
Señor presidente: por esta vía se está creando un privilegio para cierto tipo de casos y nos olvidamos que el 100 por ciento de la actuación de la justicia en el país que también podría ser calificada de morosa.
Estos argumentos y muchos otros que surgen de los fundamentos del mensaje demuestran que no se compadece con la realidad, que la razón de Estado invocada no es tal. Y conste que quiero dejar a salvo las buenas intenciones que puede perseguir el proyecto. No estoy haciendo una crítica peyorativa ni digo que exista el propósito de consagrar impunidades ni de evitar la reconciliación. Lo que estoy diciendo es que la vía elegida, señor presidente, es totalmente errónea y que nosotros, como oposición, tenemos el deber de hacerles presente a los señores senadores que están proponiendo este proyecto de las graves contradicciones que tiene.
En los últimos días ha dicho el señor presidente de la Nación que está dispuesto a pagar todos los costos políticos que un proyecto de esta naturaleza podría acarrear, pero yo le digo, valorando sus palabras, que aquí no se trata de costos políticos que tenga que pagar un partido político. En un asunto de esta trascendencia más me preocupa el costo político que tendrá que pagar la República, la democracia. Porque con proyectos de este tipo estamos debilitando la democracia y minando las bases mismas de la República, que están sustentadas entre otras cosas en la plena vigencia del estado de derecho.
Hasta ahora hemos hablado sólo de los fundamentos del proyecto, que en mi opinión no son aceptables. Con respecto al análisis jurídico debo decir que es absolutamente cierto lo que ha recordado el señor miembro informante en cuanto a que la reunión de Comisión yo le había preguntado cuál era la naturaleza jurídica de esta institución contenida en el proyecto de ley. Mi inquietud no fue formulada con un interés académico o teórico, ni para ponerlo en un apuro. Realmente tenía y sigo teniendo mis serias dudas porque no lo puedo encuadrar —no he tenido la suficiente capacidad para hacerlo— en ninguna de las causas de extinción de la acción penal contempladas, no sólo en nuestro ordenamiento jurídico sino también en los de otros países dentro del derecho comparado. De casos como éste no he podido conseguir antecedentes, y los juristas que he consultado tampoco los han podido aportar.
El señor presidente de la Nación en su mensaje de Cipolletti dijo que no había tenido dudas al suscribir este proyecto de caducidad de instancia: es decir que lo ha caracterizado como de caducidad de instancia. La caducidad o perención de instancia, señor presidente, como es sabido, es una institución procesal del juicio civil. Debo aclarar esto porque en el proceso penal no hay caducidad o perención de instancia, pues existe un principio que es de la indisponibilidad del objeto del proceso. Es así porque en materia procesal penal está en juego el interés público y el trámite no depende del impulso de las partes. En cambio en el proceso civil cada parte hace valer su pretensión y el trámite se desarrolla según el interés de los litigantes. Si no lo impulsan, en determinado momento se presume que han perdido el interés y en ese caso, después de determinado tiempo, caduca la instancia.
Pero eso no puede ocurrir en materia penal, donde existe la indisponibilidad del objeto del proceso: las partes no pueden decir que por falta de impulso el trámite caduca o perime.
Con esto no estoy expresando nada extraño ni una teoría propia. Es muy conocido. La Suprema Corte de Justicia de Tucumán lo ha dicho en un fallo contenido en “La Ley”, tomo 37, página 7101: “La perención de instancia no es una institución del Derecho Procesal Penal”.
También lo ha dicho la Cámara Federal de Rosario en el caso “Alfonso v Calvo SRL c Aduana de Rosario”. “La Ley”, tomo 108, página 153: “La perención de instancia es una institución propia del Proceso Civil, íntimamente vinculada a la relación procesal de las partes. Es indudable que en los procesos penales, de faltas o donde prima un principio de orden público, el impulso procesal no queda librado a la voluntad de las partes, sino que está a cargo del orden jurisdiccional”.
Es claro, porque en el proceso penal está representado el Estado a través del órgano fiscal que ejerce la potestad represiva o la acción requirente, de modo tal que considero muy desafortunadas esas palabras del señor presidente de la Nación y que me hacen darle la razón cuando por ahí algún senador de la bancada oficialista ha expresado que no está bien asesorado y realmente le han hecho decir una cosa que no es, porque aquí no se trata de una situación procesal ni de nada que se le parezca: no es caducidad de instancia.
Entonces, ¿si no es caducidad de instancia, de qué se trata? Cuando el señor miembro informante me dio la explicación, me dijo que era una suerte de mezcla de caducidad de instancia y de prescripción penal. Habría una suerte de institución híbrida, una especie de hermafroditismo jurídico: caducidad y prescripción.
Pero a poco que lo analicemos, veremos que tampoco se compadece con los principios de la prescripción, porque ésta se halla sometida a distintos plazos y a diferentes tipos de acuerdo con la naturaleza del delito y con la pena que tiene el delito. Nuestro Código Penal —y esta tarde se lo ha mencionado— muestra con claridad que la prescripción opera de acuerdo a la naturaleza del delito: no prescribe lo mismo un hurto que una violación, un homicidio, un robo o una falsificación.
Entonces, ¿cómo podemos encuadrar esta institución que ahora estamos estudiando? Prácticamente, se mete todo en la misma bolsa. Prescriben en forma fulminante y casi instantánea de sesenta días, homicidios, violaciones, robos y tormentos, todo al mismo tiempo: “todo es igual”, como dice el tango, lo mismo la violación que el robo o el tormento.
Además, ¿dónde está la fecha de comienzo del término de la prescripción? Aquí no se la establece y no se sabe. Parece que comienza en la misma fecha para los delitos del año 1976, los de 1977 o los de 1982, para todos es lo mismo. Es lo mismo la violación de 1976 que el robo de 1982 o el tormento de 1981 y esto nos hace pensar, desde ya que desde ningún punto de vista podemos hablar de prescripción.
Además, ¿qué clase de prescripción es ésta, en la que no están contemplados los casos de suspensión y de interrupción? Es cierto que en el proyecto se hace referencia a una situación de suspensión, que es cuando se plantean los casos de competencia, pero no se trata de la suspensión a la que hace referencia el Código Penal ni tampoco a los casos de delitos para cuyo juzgamiento es necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que deben ser resueltas en otro juicio. Esa suspensión en este caso es ignorada totalmente: es decir, no tiene nada que ver con las cuestiones prejudiciales o previas.
¿Qué pasa con la interrupción de la prescripción? ¿Dónde está contemplada? Esto hace a la esencia de la prescripción: lo señalan la doctrina y la jurisprudencia y, prácticamente, se trata de una opinión pacífica: la interrupción hace a la esencia de la prescripción. Les pregunto a los que sostienen este proyecto: ¿qué pasa con aquellos que se pueden ver beneficiados con esta ley por los delitos cometidos antes del plazo que establece, es decir, diciembre de 1983, pero que han vuelto a delinquir con posterioridad después de esa techa? Aquél que ha torturado antes de 1983 y que, como decía el Ministro del Interior, sabemos que por ahí, en los pliegues del poder, ha quedado algún resabio de ese triste pasado. ¿Qué pasa con el que torturó en 1984, con el que cometió delito en eso año, el que mató o violó? No corre la interrupción de la prescripción, señor presidente, porque el proyecto no dice nada.
No contempla —y esto es muy grave— la interrupción de la prescripción por la comisión del nuevo delito, lo que está expresamente contemplado en todos los ordenamientos penales. ¿Por qué? Porque se están destruyendo los fundamentos en que se basa la prescripción. Ya no corre aquello del olvido del delito, porque aquel sujeto ha violado la buena conducta, ha incurrido en otro acto de inconducta y ha delinquido nuevamente. ¿Cómo va a correr la prescripción en ese caso?
Pero tampoco encontramos similitud, señor presidente, con los fundamentos mismos de la prescripción. Esta institución se funda en la destrucción, por el transcurso del tiempo, de los efectos morales del delito en la sociedad. Entiéndase bien: la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima.
Como decía el destacado maestro Ricardo Núñez en su Tratado de derecho penal argentino…
Sr. Gass. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Gass. — Tal vez le formule una pregunta no jurídica, pero no he entendido a qué se refiere con el ejemplo que citó. Su inquietud radica en qué ocurre si prescriben las causas y se vuelve a delinquir: si en ese caso también hay prescripción. En realidad eso no está dicho. Todos los casos que tomamos en consideración corresponden a los originados durante la represión en la dictadura y no los cometidos en adelante, cualquiera sea el que se encuentre involucrado en ellos.
Sr. Menem. — Siempre le digo al señor senador Gass que, no obstante no ser abogado, tiene criterio jurídico: su inquietud es muy acertada.
Lo que ocurre, señor senador, estimado amigo, es que de acuerdo con este proyecto de ley, quedarán sin sanción, prescribirán o se extinguiría la acción penal respecto de delitos comunes cometidos antes del 10 de diciembre de 1983, siempre y cuando no se efectúe la denuncia o no se realice la citación a declarar dentro de los sesenta días de la promulgación de la ley. Pero, si se tratara de una verdadera prescripción, los delitos cometidos con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, interrumpirán la prescripción del delito anterior. Es decir, se interrumpiría la prescripción y debería empezar a correr el término de prescripción nuevamente.
No sé si queda claro pero se trata de un caso de interrupción de la prescripción. Cuando el delincuente vuelve a delinquir con posterioridad, se interrumpe la prescripción del delito anterior, se corta el cómputo del plazo del delito cometido primitivamente.
Sr. Gass. — Creo que se trata de un caso nuevo, de un nuevo delincuente…
Sr. Menem. — Se interrumpe, señor senador, el cómputo del plazo de prescripción de su primer delito.
Decía que nadie podrá alegar seriamente en este recinto que en la sociedad argentina se han borrado los efectos morales de los delitos cometidos durante la represión de la subversión. Están latentes, señor presidente, los efectos morales de esos delitos: lo palpamos todos los días en los medios de difusión, en la calle.
¿Cómo puede hablarse de prescripción? ¿Cómo puede decirse que ya no interesa a la sociedad la persecución de estos delitos, si lo reclaman a diario sectores muy representativos de la misma? Entonces, señor presidente, tampoco es una prescripción.
No es caducidad, no es prescripción; ¿qué nos queda por ver? Nos queda por analizar si es una amnistía.
Se ha hablado de una amnistía encubierta, mientras otros han dicho que no es una amnistía. El señor presidente de la Nación manifestó en su recordado discurso que mienten los que hablan de amnistía. Yo no sé realmente si es una amnistía encubierta o notoria. Pero si no se trata de caducidad ni de prescripción, evidentemente, algún calificativo debe tener.
Lo cierto del caso es que hay aquí una renuncia a la potestad represiva del Estado, si dentro de determinado tiempo no se producen ciertos actos procesales. Y si hay una renuncia a la potestad represiva, esto se está pareciendo peligrosamente a una amnistía, en la cual también se da esta circunstancia.
En la amnistía se borran u olvidan, de ahí viene su nombre, los efectos de ciertos hechos. Se dice: aquello que pudo ser o fue delito queda olvidado. Se tiende un manto de olvido
Indudablemente, existe un cierto parecido porque en este caso, si no se efectúa la denuncia dentro del término fijado, si no son citados a prestar indagatoria en ese período muy breve, el Estado renuncia a su potestad represiva ya que nunca más podrán ser ni siquiera citados a juicio.
Pero, lamentablemente, tampoco podemos compartir que se trate realmente de una amnistía. En primer término, porque está condicionado a la producción de ciertos actos procesales y, a mi modesto modo de ver, una amnistía condicionada ya deja de ser una amnistía. En segundo término, porque carece del carácter de generalidad que hace a la esencia misma de la amnistía. Por eso se ha hecho muy bien esta tarde en invocar el artículo 16 de la Constitución Nacional ya que se está violando el principio de igualdad ante la ley. Y es claro que lo está porque esta institución que todavía no podemos definir, da un tratamiento desigual, no digamos ya a los militares y civiles —pues en Comisión se introdujeron modificaciones a este mal proyecto del Poder Ejecutivo, incluyéndose también a los civiles— , sino a los mismos militares. El problema continúa latente y subsistente con respecto a ellos.
Se quiere tender un manto de olvido sobre ciertos hechos, pero ocurre que aquellos que ya están sometidos a proceso quedan fuera de los beneficios de esta ley, mientras los que todavía no lo han sido sí se salvarían.
Y vuelvo a aquello de la clandestinidad de los hechos de los que se hablaba en los fundamentos del proyecto. Por esta vía se está premiando nuevamente a quienes actuaron clandestinamente y todavía no han podido ser procesados, en tanto que quienes actuaron más abiertamente, con menos malicia quizá, ya están sometidos a proceso.
Se presentaron entonces casos como el que sigue: un mismo hecho criminal cometido por dos individuos genera una pena para uno de ellos y la impunidad para el otro: el primero fue descubierto y está sometido a proceso, mientras que el segundo no.
¿Dónde está la generalidad? ¿No es esto una violación evidente de la justicia? Dejar condicionado el castigo a que se haya cumplido o no determinado acto procesal, es una abierta violación al artículo 16 de la Constitución Nacional. Y acá resulta patente algo que una vez me dijo un distinguido jurista cubano en el sentido de que no sólo debemos defender la igualdad ante la ley sino también la igualdad ante la justicia, porque parece que todos somos iguales ante la primera, pero no así ante la justicia.
Con este proyecto, señor presidente, se consagra que no todos son iguales ante la justicia. El malicioso, que ha obrado en la clandestinidad y con mayor criminalidad queda afuera, y el otro, el que ha sido más grosero para cometer el delito pagará sus consecuencias. Con esto no quiero decir que debe liberarse al otro sino que a ambos deben aplicárseles por igual la ley y la justicia.
Núñez, en su Tratado de Derecho Penal expresa que lo que la ley no puede hacer, so pretexto de condicionar la amnistía, es regularla de forma tal que deje de ser general.
Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo muy importante porque se aplica perfectamente a este caso, del 23 de mayo de 1905 —Fallos, tomo 102, página 443—, expresa: “La circunstancia de que en un proceso se haya dictado sentencia condenaría firme antes de promulgarse una ley de amnistía favorable al delincuente, no afecta el hecho en sí que ha servido de base a la condena. En tal supuesto, sería inconciliable con los propósitos útiles políticos de la amnistía, con el carácter general de las leyes de esta clase y con el principio de igualdad ante las leyes penales, toda distinción que sólo tomara en cuenta —véase bien— el estado más o menos avanzado de los juicios, perdiendo de vista la identidad de las infracciones amnistiadas, artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional”.
Acá se impugna que para la extensión del beneficio respecto de ciertos hechos se tome en cuenta el distinto estado en que se encuentren las causas. En el caso concreto del fallo que señalé se trataba de un ciudadano que ya había sido condenado y no obstante lo cual se le aplicaron los beneficios de esa ley.
De modo tal, señor presidente, que tampoco podemos admitir este desafortunado proyecto, por cuanto viola esa generalidad y el principio de igualdad ante la ley. Además, tampoco se compadece con alguno de los fundamentos que sirven de justificación para la sanción de una ley de amnistía, uno de los cuales es el de restablecer la calma y la concordia social.
Eso no se cumple en nuestro país, puesto que todos los partidos políticos, organizaciones intermedias y los más caracterizados dirigentes políticos están repudiando este proyecto. Entonces, no sé cómo se puede hablar de restablecer la calma y la concordia social.
En definitiva, señor presidente, existe una evidente falta de tipicidad en este proyecto de ley. No me aflige que tenga una pureza química que permita encuadrarlo perfectamente en una determinada situación jurídica, no se trata de un interés académico ni teórico, sino que tiene trascendencia porque de acuerdo al encuadramiento que se le brinde será la aplicación que realizarán los jueces.
Fíjense la importancia que esto reviste. Si nosotros nos quedáramos con la caracterización que le ha dado el presidente de la Nación en el sentido de que se trata de una caducidad de instancia, estaríamos ante una institución de derecho procesal, que no puede ser aplicada retroactivamente. En cambio, si es tomada como una institución del derecho de fondo, como por ejemplo la prescripción, podría aplicarse retroactivamente por el principio de la ley penal más benigna.
Y yo quiero advertir a los señores senadores que apoyan este proyecto, que por esta vía estamos dejando la puerta abierta para que aun aquellos que están procesados, e incluso los que están penados, en el día de mañana puedan invocar el principio de la ley más benigna y aprovechar, por imperio del artículo 16 de la Constitución Nacional, la posibilidad de acogerse a los beneficios de esta ley.
Y les quiero advertir —repito— para que en el día de mañana no se diga que en este recinto no hemos prevenido en el sentido de que por esta ley, que quiere beneficiar a un determinado grupo de personas, se va a posibilitar beneficiar a otras a las que estoy seguro que los señores senadores están muy lejos de querer beneficiar.
Dejo a salvo mi responsabilidad haciendo presente la posibilidad de que en el día de mañana, por invocación del principio de la ley penal más benigna, se beneficie a otros a los que esta ley no quiere otorgar el beneficio.
Señor presidente: creo que ya he tomado demasiado tiempo en el uso de la palabra, por lo que pido disculpas. Pero no podía dejar de hacer este análisis, ya que me sentía moralmente obligado a ello.
No quiero terminar sin antes dejar en claro que nuestra posición no se funda ni se motiva en un sentimiento de odio o deseo de revancha; ello está muy lejos de nuestro espíritu. Nosotros queremos defender el estado de derecho.
En esa histórica sesión en la que derogamos la ley de facto de auto amnistía, yo decía, repitiendo la voz de un consagrado jurista, que el derecho supone un mínimo de ética. Y a eso me estoy refiriendo.
Considero que aquí estamos tratando un proyecto de ley que constituye una verdadera afrenta a los principios de la República. También debe quedar bien en claro que no tenemos nada —quizás estoy cayendo en un lugar común, pero debo decirlo— en contra de la institución “fuerzas armadas” ni de los hombres dignos que la integran. ¡Cómo, señor presidente, vamos a estar en contra de las fuerzas armadas, que han dado hombres como San Martín y Belgrano, que nos hacen sentir orgullosos de ser argentinos! Como peronistas, ¡cómo no vamos a querer a las fuerzas armadas, si nos han dado la figura de nuestro líder, al fundador de nuestro movimiento! ¡Cómo vamos a estar en contra de las fuerzas armadas, si como riojanos recordamos que en el ejército argentino actuaron el general Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza! ¡Cómo vamos a estar en contra de las fuerzas armadas que han dado hombres como Savio y Mosconi, como se ha recordado esta tarde, que han cimentado la grandeza de nuestro país! ¡Cómo vamos a estar en contra de las fuerzas armadas que no son otra cosa que el pueblo en armas, y que han dado su sangre, la de sus hijos, en la causa por la independencia nacional y más recientemente en la causa de Malvinas!
Hoy, más que nunca, señor presidente, creo que debemos consolidar el estado de derecho, que debemos defender a la República y que debemos hacer vigentes los principios liminares, como aquel del derecho romano que dice: neminem laedere, sum cuique tribuere —pido disculpas por el latín— o sea “No dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo”.
Por todas estas razones anticipo mi voto negativo para este proyecto de ley, porque si así no lo hago, Dios y la patria me lo van a demandar.

Proyecto de ley sobre obediencia debida (28 y 29 de mayo de 1987)

28 y 29 de mayo de 19877ª Reunión – 2ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 1 – Páginas 500 a 512

Sr. Menem. — Señor presidente: una vez más el Senado de la Nación está abocado a la consideración de un proyecto de ley que se refiere a las cuestiones derivadas de los excesos cometidos en la represión de la subversión.
Lamentablemente, una vez más nos vemos enfrentados con la posición de la bancada oficialista, que viene propiciando la sanción de este proyecto de ley que, anticipo, voy a rechazar cuando se proceda a la votación. Y digo lamentablemente, porque hubiera sido de desear que en estas cuestiones vinculadas con la protección de los derechos humanos, las fuerzas democráticas del país hubieran estado siempre de acuerdo, toda vez que estoy seguro de que coincidimos en los objetivos y en la causa de la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Desafortunadamente, las disidencias están en la implementación y en la instrumentación de la defensa de esos derechos. Por eso seguimos disintiendo con todos estos proyectos que hemos venido tratando en el Senado de la Nación.
Y lamentablemente también debo decir que el proyecto de ley que hoy tratamos constituye una prueba más de la incoherencia que viene evidenciando la posición de la bancada oficialista sobre este tema, a punto tal que ha llegado a cambiar fundamentalmente de actitud con respecto a ciertos aspectos y normas sancionadas por el Congreso en el pasado reciente.
Desde luego no es mi intención venir a solazarme con esos errores ni a hacer crítica por la crítica misma, pues los señores senadores saben que ése no es mi estilo. Pero tengo que hacer estas aclaraciones y observaciones porque constituyen la fundamentación de mi voto y la razón por la que voy a votar en contra de este proyecto de ley que considero es una verdadera lacra para el sistema jurídico argentino.
Señor presidente: este proyecto de ley, en caso de ser sancionado, constituirá indudablemente una violación a normas fundamentales de nuestra Constitución. Será también un avance del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, porque se interfiere en el juzgamiento de causas sometidas a decisión de este poder que no es el tercer poder del Estado, sino que representa un tercio del poder del Estado.
Aquí estamos desnaturalizando la función legislativa al inmiscuirnos en el juzgamiento de casos que están sometidos a consideración del Poder Judicial. Es por ello que voy a solicitar el rechazo de este proyecto luego de hacer algunas consideraciones de tipo jurídico que avalan la posición que vengo sosteniendo.
Debo decir también que esta es la segunda oportunidad en que estamos tratando el tema de la obediencia debida. Es como si fuera una segunda vuelta. Ya se sentó un criterio mediante la ley 23.049 y ahora se vuelve sobre el mismo tema en una especie de “ballotage” sobre la interpretación de la obediencia debida, al cambiar el oficialismo en forma total la posición sostenida en otra oportunidad, como lo voy a demostrar en el momento preciso.
Este proyecto, señor presidente, presenta gruesas fallas jurídicas que pasaré a señalar. En primer término, al establecer la no punibilidad de una franja del personal de las fuerzas armadas y de seguridad determinada de acuerdo con el grado que revistaba a la fecha de comisión de los hechos imputados, sobre la base de una presunción que no admite prueba en contrario de que han actuado bajo obediencia debida, se está consagrando una nueva forma de extinción de la acción penal al margen de lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal, que establece claramente los modos de extinción de la acción penal. Ahora nos encontramos con otro modo: la no punibilidad por ostentar cierto grado militar.
Yo no sé, señor presidente, hasta cuándo se van a seguir inventando nuevas formas de extinción de la acción penal. Ya con motivo del tratamiento de esa tristemente célebre ley denominada de punto final se inventó un nuevo modo de extinción consistente en que no se produjera la citación de los imputados dentro de un determinado plazo procesal. Así, se estaba incorporando otra clase de extinción de la acción penal, aparte de lo establecido por el artículo 59. Ahora, se trata de haber ostentado un determinado grado a la fecha de comisión de los hechos imputados.
Para establecer la no punibilidad se parte del supuesto de que el personal que se menciona en el artículo 1º del proyecto intervino en la comisión de hechos imputados en cumplimiento de órdenes dadas por un superior, sin poder acreditar si realmente existieron esas órdenes o no.
Y ésa es otra grave falla de la ley. ¿Por qué estamos presumiendo? ¿Por qué a través de este instrumento legal se va a suponer que en absolutamente todos los casos se actuó en cumplimiento de órdenes? ¿O no es sabido que en algunos casos actuaron por iniciativa y cuenta propias, como surge del fallo de la Cámara Federal en la causa contra los ex comandantes?
Aquí, al proceder de esta forma, se está recurriendo a aquello que repudiaba hace unos momentos el señor senador por Chubut Solari Yrigoyen. Se está recurriendo a la ficción, para decir que todo el personal actuó bajo órdenes cuando es sabido que eso no es cierto, ya que hubo quienes no actuaron bajo órdenes, tal como surge del propio fallo de la Cámara Federal en la citada causa.
En tercer término, se comete el grave error de determinar responsabilidades de acuerdo con el grado del personal militar y no en relación con las funciones que cumplía al momento de cometerse los hechos: es decir que, a tal grado tal responsabilidad, y no a tal función tal responsabilidad o por el hecho que cometió, corresponde tal responsabilidad.
Esta situación constituye un grave atentado contra el principio constitucional de igualdad ante la ley que de esta manera se está violando. Así me pregunto, ¿por qué, ante hechos similares cometidos, por un lado, por un capitán y. por el otro, por un coronel, en un caso se declara la no punibilidad mientras que en el otro se lo imputa como punible? ¿Cuál es la diferencia? Que uno tenía un grado superior. Pero, ¿el hecho no es el mismo? ¿No constituye esta circunstancia una violación al principio de igualdad, expresamente establecida por la Constitución, en su artículo 16 y que la Corte ha interpretado en el sentido de que significa que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros, en igualdad de circunstancias. La interpretación de la Corte habla de igualdad de circunstancias y cada circunstancia ha sido el hecho que cometió uno u otro, sin importar las jinetas o estrellas que posean para determinar el grado de responsabilidad.
Si esto no es violación del artículo 16 de la Constitución, no me imagino en qué casos podrá serlo.
En cuarto término, y ya lo adelanté, por esta vía atípica se sustrae de la jurisdicción de sus jueces naturales al personal que se indica en la norma, violándose de esta forma las garantías del debido proceso y del juez natural establecidas, en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Además, implica un notorio avance del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, violando el principio de la división de los poderes, que constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno.
El artículo 101 de la Constitución Nacional encomienda el ejercicio de la jurisdicción al Poder Judicial.
La eximente de obediencia debida, al igual que todas las otras eximentes, debe ser interpretada por los jueces y no por los legisladores, que podemos dictar interpretaciones de carácter general y ampliar o restringir la eximente, pero bajo ningún punto de vista determinar cómo se la aplica en casos concretos. Esto, señor presidente, significaría avanzar sobre facultades del Poder Judicial. Y si estamos legislando acerca de cómo interpretar la eximente respecto de determinado personal, de cierto grado, en cuanto a hechos concretos producidos en tales fechas, esto implica, ni más ni menos, dictar una sentencia judicial sacando la causa de los jueces naturales que están interviniendo en el caso.
Por eso decía que aquí hay una desnaturalización del Poder Legislativo: le estamos faltando el respeto al Poder Judicial. A nosotros no nos gustaría que éste dictara normas de carácter general porque ésa es una facultad que nos compete. Creo que al Poder Judicial no le va causar ninguna gracia que nosotros estemos resolviendo casos concretos, pues hasta ya se sabe el número de personas que será beneficiado con la sanción de este proyecto de ley. Al Poder Legislativo no le corresponde resolver casos concretos, pues ésa es una tarea exclusiva del Poder Judicial.
Por estos motivos, pienso que con este instrumento legal afectamos a la República porque estaremos lesionando uno de sus principios fundamentales, como es el de la división de los poderes del Estado.
En quinto término, entre los delitos que quedarían impunes por la aplicación de la ley, estaría el de los tormentos o de la tortura, como comúnmente se lo denomina, lo cual requiere una consideración muy especial.
El delito de los tormentos está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, que en su artículo 18 declara abolida toda especie de tormentos al igual que la pena de muerte y los azotes. Esto, señor presidente, ya tuvo su antecedente, como es por todos conocido, dado que lo sabemos desde la escuela primaria, en la Asamblea del año XIII que ordenó quemar en la plaza pública los instrumentos de tortura.
Esta es una norma de jerarquía constitucional. Por eso la Corte en la causa “García Juan Carlos y otros”, en el año 1958, publicada en “La Ley”, tomo 82, página 225, ha declarado que cuando una disposición está consagrada en términos enfáticos, de acuerdo con antecedentes históricos que la determinan y el mismo hecho de estar incorporada a la Constitución, constituye un límite no susceptible de franquearse por los poderes legislativos comunes, como son los que ejerce el Congreso de la Nación cuando dicta una ley de amnistía por delito del Código Penal y leyes accesorias. Y agrega: “La amnistía que expresamente comprendiera en sus disposiciones el delito definido por dicho precepto constitucional carecería enteramente de validez como contraria a la voluntad superior de la Constitución”.
Es decir que por esta jurisprudencia de la Corte ni siquiera podría amnistiarse el delito de tortura porque tiene rango constitucional y no puede ser modificado por los poderes comunes que ejerce el Congreso de la Nación. Si no lo podemos derogar ni por una ley de amnistía, ¡cómo lo vamos a hacer mediante esta ley híbrida, que no tiene naturaleza definida y con la cual estamos manipulando ciertas instituciones jurídicas en el sentido que he venido expresando! Entonces digo que, por esta causa, el proyecto que estamos considerando viola también este artículo 18 de la Constitución Nacional.
Y ahora entramos a considerar el tema de la obediencia debida que es, prácticamente, el núcleo de este lamentable proyecto de ley que hoy estamos tratando.
Este proyecto, señor presidente, hace una errónea aplicación del principio de la obediencia debida, porque de la simple lectura del proyecto surge que ha adoptado en esta materia el principio de la obediencia ciega: ha aceptado el principio de la obediencia pasiva, ya que presume, sin admitir prueba en contrario, que toda orden debió ser cumplida por el personal militar sin admitir ningún tipo de excepción, salvo los casos establecidos en el artículo 2°.
Esto motiva que tengamos que hacer un repaso sobre las teorías que se han dado en materia de obediencia debida. No voy a entrar a considerar su naturaleza jurídica, porque es una cuestión sobre la cual los juristas no se han puesto de acuerdo en cuanto a si es causal de excusación de culpabilidad o si es eximente. Esto no hace al fondo de la cuestión que estamos analizando. Pero sí quiero dejar asentado que es un tema que está en permanente discusión.
Sobre este asunto se han elaborado varias teorías. Hay dos que son extremas. Una es la referida a la obediencia ciega, pasiva, que dice que el subordinado no tiene ningún poder para inspeccionar la orden del superior, es decir, debe agachar la cabeza y cumplir con lo que se le ordenó, cualquiera sea la naturaleza del mandato que se le ha dado.
Por otro lado, se encuentra la teoría negativa, la de la obediencia debida, en el otro extremo, que ha sido elaborada por el famoso administrativista francés Duguit, según el cual el subordinado no está obligado a cumplir la orden sino en tanto y en cuanto ésta esté de acuerdo con la ley, por lo que el subordinado, cuando cumple la orden, realmente no hace más que cumplir con la ley. Si la orden no está de acuerdo con aquélla, no debe cumplirla.
En forma intermedia se han elaborado otras teorías, como por ejemplo la de Paul Laband, llamada la teoría de la legalidad formal.
Según ésta, el inferior, o sea el subordinado, debería cumplir la orden una vez que determine: si tiene competencia el que la ha dado; si el destinatario de la orden tiene, a su vez, competencia para ejecutarla y si se han cumplido las formalidades para dar la orden. Es decir que debería reparar nada más que en el aspecto formal. Esta es la teoría de la legalidad formal, repito, y dice que el inferior no tiene poder para inspeccionar el contenido intrínseco de la orden, sino nada más que su aspecto extrínseco.
La teoría de Otto Mayor, que completa la anterior, va más allá y dice que además de la legalidad formal, el subordinado tiene el poder de inspeccionar el contenido intrínseco de la orden. Inclusive, puede negarse a cumplirla si su contenido es ilícito, es decir, si con la ejecución de ella se comete un delito.
Hay otras teorías, como la de la reiteración; “remonstratío”, como se llama en el ámbito castrense, según la cual el inferior, ante la ilicitud penal del mandato que se le da, puede expresar al superior que se le está ordenando cometer un acto ilícito: pero si el superior le reitera la orden, debe cumplirla. Entonces, el inferior queda eximido de culpa mientras que el superior es el responsable. Una teoría de esta naturaleza está aceptada en el artículo 334 del Código Militar Chileno.
También se encuentra la teoría de la apariencia, en virtud de la cual el subordinado debe cumplir la orden en tanto y en cuanto ella tenga la apariencia de legalidad, con lo cual quedaría excluido de culpa siempre que reúna este requisito.
De todas estas teorías este proyecto de ley que hoy consideramos ha aceptado la de aquel extremo, es decir, la de la obediencia ciega o pasiva, con lo cual nos colocamos prácticamente, en la situación de ser, no sé si la única o quizá una de las pocas naciones en el mundo que han aceptado la teoría de la obediencia ciega, que ha sido repudiada por la mayoría de las legislaciones, las doctrinas y las jurisprudencias en el mundo entero. Y esto es así desde épocas antiguas, incluso en el Imperio Romano, en el que había un fuerte poder autoritario. En ese entonces esta teoría de la obediencia ciega ya no era tan ciega pues se excluían los denominados delitos atroces y aberrantes, habent atrocitate fascinoris, en lo que los subordinados estaban excluidos de la obligación de cumplir el mandato. Secus ergo, si evitender sit injustam contra legem, no solam non obediere debent officialis, inio, resistere debent.
Pido disculpas por utilizar el latín, pero así lo dijo Ulpiano.
Sr. de la Rúa. — ¿Podría repetir, señor senador? (Risas.)
Sr. Menem. — No me pida cosas imposibles, señor senador. (Risas.)
No solamente le ordenaba no cumplir con la orden sino también resistirse a su cumplimiento. Tengan presente que estos haciendo referencia a la época de los romanos, de un autoritarismo pleno.
También este mismo principio, señor presidente, había sido recogido ya por las leyes de Partidas, en la Partida VII, título XV.
Estos principios de los derechos romano y español fueron recocidos por casi toda la legislación posterior y aun la contemporánea.
A esta altura resulta muy interesante traer a colación lo que expresara Francisco Carrara. Quizás este apellido no indique nada a quienes no son abogados, pero debo decir que este autor fue, prácticamente, el padre de la ciencia del derecho penal.
A mediados del siglo pasado escribió un trabajo monumental, llamado “Programa de Derecho Criminal”. En esa obra se refirió a este tema de la obediencia debida. Les pido que presten atención a lo que señalaré, porque lo que allí expresa este autor es como si lo hubiera escrito previendo que algún día, en el mes de mayo de 1987, el Congreso argentino estaría por sancionar un proyecto de ley de este tipo.
A mediados del siglo pasado decía Carrara: “Contra la doctrina de la obediencia pasiva que desearía que el Código Penal diese en forma general una patente de impunidad a todos los subalternos que hayan cometido el delito por orden de sus superiores, se levantó con razón Quinto en una disertación sobre el tema inserto en el “Giurista di Nápoli”, año VI, número 67.
“La cuestión es de puro dolo y por esto no puede ser sino una cuestión especial en cada caso particular. La orden del superior es una excusa legítima cuando ella indujo al agente a la creencia razonada de no delinquir. Cuando, a pesar de la orden: el subalterno tuvo la conciencia de realizar un delito, no puede dejar de ser imputable”.
Fíjense cómo termina Carrara esta parte de su exposición: Pero ésas son las condiciones de hecho que deben existir y ser justificadas en cada hecho especial. Es un error concederlos por presunción a ciertas clases de personas o a ciertas formas de situaciones cuando ellos no pueden afirmarse como constantes e invariables en semejantes clases y formas”. […] ¿Y acá qué estamos haciendo señor presidente? Estamos resolviendo por presunción. Estamos otorgando patentes de impunidad por presunciones, que, según falos de la Cámara Federal, en muchos casos han sido desvirtuadas por los hechos.
Aun en plena vigencia del régimen nazi de Alemania, mayor autoritarismo, imposible, más falta de escrúpulos, imposible, el “ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, escribió en 1944 una frase que cita el fiscal francés en los juicios de Nüremberg: precisamente, el exponente del Tercer Reich señaló: “Los pilotos, aliados por cierto, no pueden ampararse en que son soldados que obran en cumplimiento de órdenes superiores. No puede alegarse ante ningún tribunal de guerra que un soldado, en un delito vergonzoso, pueda ser absuelto por el hecho de haber obedecido a sus superiores, cuando estas órdenes están en abierta contradicción con toda moral humana y las leyes internacionales de la guerra”. Me refiero al año 1944, en la Alemania nazi, Goebbels, Hitler, es decir, está todo dicho.
Pero nuestra jurisprudencia nacional, señor presidente, ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones respecto de cómo debe ser interpretado el principio de la obediencia debida. Y precisamente todas las interpretaciones tienen una posición contraria al principio que sustenta este proyecto.
Citare sólo algunos de los fallos pertinentes para no abusar de la paciencia de los integrantes de este cuerpo. Uno de ellos expresa: “El inferior o el empleado no debe obediencia a su superior, o sus jefes sino cuando ordenan en la esfera de sus atribuciones y, en ningún caso, cuando el acto ordenado es un delito. Esta orden no es suficiente para cubrir a la gente de toda responsabilidad penal…”, “Jurisprudencia Argentina”, tomo II, página 1141.
Otro de los fallos señala: “… No puede excusarse el delito alegando obediencia debida, si la ilicitud de la orden era fácilmente discernible para el acusado…”
Cuando menciono estos casos les pido a mis pares que recuerden algunos de los delitos para los que se declara impunidad en este proyecto: la tortura, el homicidio con alevosía y ensañamiento, la desaparición de personas. Dejo a criterio de los señores senadores reitero, si esto no es fácilmente discernible para quien comete este tipo de actos.
En la revista “La Ley”, tomo VI, página 541, la Suprema Corte de Tucumán expresa: “… Para amparar en el artículo 34 inciso 5 del Código Penal, es preciso que el mandato sea legítimo o sea, que el que manda y el que obedece obren respectivamente dentro de lo legítimo de modo que no se da esa causal si la ilicitud de la orden era fácilmente discernible para el proceso, dada la naturaleza y ocasión en que se impartió…”
De la misma Suprema Corte de Tucumán encontramos en la revista “Jurisprudencia Argentina”, tomo 41, página 530: “… La obediencia jerárquica no es absolutamente ciega y pasiva, y no exime al subordinado de hacer uso de su razón y de obedecer a la ley antes que a la orden de su superior, si ésta es abiertamente ilegal”.
Existe un fallo que en alguna oportunidad fue citado en este mismo recinto en ocasión de debatirse un tema de similares características. En él se expresa: “… No obra en virtud de obediencia debida del jefe del cuerpo de bomberos que cumple la orden de ocupar el Congreso con fuerzas armadas para impedir el acceso a senadores y diputados…” Se trata del famoso caso del coronel Calaza, quien impidió la entrada a este Senado de la Nación al señor senador Laínez, caso que fue interpretado de distintas formas. Algunos dicen que el mencionado coronel era quien había dado la orden mientras que otros sostienen que él había impedido el acceso. Si nos atenemos a los fundamentos del fallo, nos daremos cuenta de que establece la responsabilidad de quien ejecutó la orden de no permitir la entrada de un senador a este recinto y por este motivo, fue procesado.
En el juicio realizado a los ex comandantes, la Cámara Federal recuerda este caso y dice: “… Esta Cámara, el 19 de diciembre de 1908, al condenar al coronel Calaza a un mes de prisión por el delito de desacato por impedir ingresar al edificio del Congreso al señor senador Laínez, rechazando la excusa del procesado de haber cumplido órdenes superiores: “… entre la ley que manda en general obedecer a un superior y una ley prohibitiva que manifiestamente contraría lo que el superior ordena, la elección no es dudosa. Antes que todo el cumplimiento de la ley, que es superior a todos los mandatos… Si se acuerda al superior cierto arbitrio para ordenar a sus subordinados, ese arbitrio no puede entenderse jamás fuera de la órbita de las atribuciones conferidas. La autoridad cesa cuando el mandato es evidentemente injusto… La disciplina, indispensable a la unidad de acción de la autoridad, es legítima cuando sirve a lo justo o lo bueno; puesta al servicio de una orden criminosa, no hace sino organizar el delito…”
Adviértase cómo el fallo realmente se refiere a aquel que ha cumplido una orden ilegítima y no, como se entendió en alguna oportunidad, a que este coronel había sido condenado por haber impartido la orden. Esto figura en “Revista de Derecho Penal, Buenos Aires, año IV, página 431.
Y por último, para no cansar con tanta jurisprudencia, también hay otra muy importante de la Corte, de muchos años atrás, que cumple hoy un aniversario, porque es justamente del 28 de mayo de 1868. En una causa contra el inspector de armas Simón Luengo por un delito de rebelión ocurrido en Córdoba, la Corte expresó: “La orden de un superior no es suficiente para cubrir al agente subordinado que ha ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal, si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen. ¿Por qué?, se pregunta, porque el hombre es un ser dotado de voluntad y discernimiento: no es un instrumento ciego e insensible. Él no debe obediencia a sus superiores, sino en la esfera de facultades que éstos tienen. Aun dentro de esa esfera, si el acto constituye evidentemente un crimen… y la obediencia no es debida, porque es evidente que esos actos son crímenes que las leyes reprueban y castigan, el agente que los ejecuta debe sufrir la pena, sin que pueda ampararse en una orden que no ha debido obedecer, si no hubiese tenido intención criminal…” (“Fallos”, tomo V, página 181).
Esa es la jurisprudencia, prácticamente pacífica de nuestro país en materia de obediencia debida. Y también es pacífica, aunque no tanto, la doctrina. Creo que la mejor doctrina, desde mi punto de vista, es la que establece que la obediencia ciega no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Ernesto J. Ure, en un trabajo publicado en la Enciclopedia Omeba, tomo XX, página 561, luego de establecer los requisitos que deben darse para que proceda esta causal de eximición de responsabilidad, entre los que se incluye que el contenido de la orden no sea manifiestamente delictiva, dice: “Esta condición posee un alto significado ético por su oposición a aquellas teorías que considerando al hombre como una máquina le imponen la obediencia ciega y pasiva a todo mandato del superior, aunque no sea dudosa su legalidad; y si bien lo exime de responsabilidad en tales casos ocurre a cambio del elevado precio que importa el sacrificio de su conciencia, que le indicaba no obrar en la forma ordenada. Pretender que el inferior está eximido de responsabilidad cuando comete una evidente injusticia, sólo porque el superior lo manda, significa desconocer la dignidad del ser humano, privándolo del uso de su razón y su conciencia para convertirlo en un mero instrumento material del delito, además de la monstruosidad jurídica que importa la consagración práctica de tales postulados, que subordina la Constitución y las leyes a la voluntad de quienes precisamente están encargados de ejecutarlas y hacerlas cumplir, a lo que se llega favoreciendo y hasta imponiendo la realización de las órdenes que evidentemente están en contraposición con aquéllas, por igual que si fuesen legítimas y justas”.
Mario Mallo, en “Código Penal Argentino comentado”, tomo I, página 228, sostiene también que la obediencia debida no significa que el inferior jerárquico debe obedecer absoluta y ciegamente, cualquiera sea la calidad y modalidad de la orden que recibe. En tal sentido opina que uno de los requisitos necesarios para que exista la obligación jurídica de obedecer es “que el acto ordenado no constituya evidentemente delito”.
Ricardo Núñez, una de nuestras eminentes figuras del derecho penal, de quien tengo el orgullo de haber sido alumno y creo que nuestro presidente fue su colega en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba dice en su Derecho Penal Argentino, Parte General, tomo I, página 414: “la eximente de obediencia debida consagrada en el artículo 34, inciso 5, del Código Penal, se trata de un caso particular de ejercicio legítimo del propio cargo, con la diferencia de que en el supuesto del inciso 5 ese ejercicio no se opera con arreglo a las propias facultades de examen y decisión del funcionario actuante, sino en virtud de la orden recibida de otro funcionario público jerárquicamente superior”.
Y aquí viene lo interesante de lo que sostiene Ricardo Núñez. Dice que: “Sólo la obediencia debida exime de pena, pero nadie debe cometer delitos por el solo hecho de que abusando de su poder, se lo ordena un superior. El abuso del superior no obliga al inferior, al cual sólo le está vedado determinar la oportunidad o justificación de la orden legítima, pero no si ha de negarse a participar en un hecho delictuoso. La obediencia que se debe “perinde ac cadáver” incluso en el orden militar, es a las órdenes relativas al objeto propio de cada ordenamiento jurídico, pero no se puede asegurar que ninguno de éstos tiene por objeto mandatos delictuosos. La obediencia militar se debe a las órdenes del servicio (Código de Justicia Militar artículos 674 y 675). Aquí también la impunidad sólo puede venirle al subordinado por la vía del error sobre la naturaleza del acto que se le ordena, con la particularidad de que, como consecuencia de la propia subordinación, las posibilidades de que ese error se produzca aumentan en buena medida”.
Esto es cierto: en materia militar aumenta la posibilidad de error porque está disminuido el poder de inspección; pero disminuido no quiere decir eliminado. Está acotado pero no excluido. Siempre hay un elemental poder de inspección: ese poder que tiene todo sujeto pensante y no ese sujeto equiparado a una cosa, como lo concibe la teoría de la obediencia debida ciega o pasiva.
Raúl Alberto Ramallo, quien también tiene un trabajo específico sobre este tenía. “La obediencia debida como causal de inculpabilidad”, publicado en “La Ley”, tomo III, año 1964, sostiene que: “Si el Estado ha sancionado un Código Penal, resulta ilógico pensar que los funcionarios empleados puedan estar jurídicamente obligados a cumplimentar órdenes delictivas. Si el subordinado está obligado a obedecer una orden delictiva, ello quiere decir que el superior está facultado para impartirla”.
Esto es claro e irrebatible. Si nosotros aceptamos que alguien está obligado a cumplir órdenes delictivas, estamos aceptando que alguien está facultado a impartirlas contrariamente a todo el orden jurídico.
“Es evidente —sigue diciendo Ramallo— que tal hipótesis resulta a todas luces absurda. La sociedad se destruiría a través de sus propias leyes.”
Por su parte, Colombo en El Derecho Penal Militar y la Disciplina, refutando la afirmación de que debe prohibirse todo contralor del inferior sobre la legitimidad sustancial de la orden del superior porque en caso contrario la actividad del Estado resultaría paralizada, como sostiene Bettiol, en El Derecho Penal, tercera edición, expresa que “La disciplina se resiente cuando el inferior no cumple la orden del superior, pero mucho más quedaría vulnerada si por un mal entendido concepto de jerarquía se obligara al inferior a cumplir ciegamente cualquier orden del superior, por legítima que fuera. Por otra parte, la pretensión de otorgar validez a priori a cualquier orden, sin discriminación alguna, entre la que es delictuosa y la que no lo es importaría tanto como borrar del Código todo el capítulo sobre abuso de autoridad”.
En el mismo sentido Maggiore (Derecho Penal, tomo I, página 399) dice que: “Cuando el mandato se concreta en la desobediencia a alguna ley penal, entonces el súbdito tiene, no sólo el derecho sino el deber de rebelarse contra ese mandato. Y si se obedeciere la orden criminal, serían penalmente responsables, tanto el que la dio como el que le prestó obediencia”.
Comparten también este criterio que niega que el derecho pueda imponer ni aun en supuestos excepcionales, la obligación de ejecutar mandatos ilegales, entre otros: Julio Herrera. González Roura Malagarriga. Eusebio Gómez. Luis Jiménez de Asúa y Terán Lomas.
Es cierto, como dije hace un momento, que en materia militar este poder de inspección de la orden disminuye correlativamente, porque hay una norma disciplinaria más fuerte. Pero siempre hay un límite infranqueable y este es el mandato ilícito, es la orden para cometer un delito. Ese límite es infranqueable para cualquier tipo de orden en cualquier clase de organización, sea castrense o no. Esta es la posición sustentada también por Zaffaroni y Cavallero (Derecho Penal Militar, páginas 349 y 55) toda vez que no aceptan la existencia de órdenes vinculantes por entender que “…en última instancia, también el inferior militar tiene el deber jurídico de verificar la legalidad del contenido de la orden y si en virtud de ese examen se persuade de que ella es ilícita, debe rehusarle acatamiento”‘.
Pero no sólo en el orden jurídico sino que también en otros ámbitos es repudiada la teoría de la obediencia ciega pasiva. En tal sentido, me voy a permitir recordar lo que señaló el Concilio Ecuménico Vaticano II. Decía: “…el Concilio, teniendo presente este depresivo espectáculo de la humanidad, quiere traer a la memoria de todos, antes que nada, la fuerza permanente del derecho de gentes y de sus principios universales. Es la misma conciencia del género humano la que proclama cada día con mayor firmeza estos principios. Por consiguiente, todas las acciones que deliberadamente se oponen a ello, y las órdenes con que tales acciones se prescriben, son criminales, y ni la obediencia ciega puede excusar a quienes las obedecen”.
Repito esta última frase: “…y las órdenes con que tales acciones se prescriben, son criminales, y ni la obediencia ciega puede excusar a quienes las obedecen”. Esta es la teoría del Concilio Ecuménico Vaticano II.
En síntesis, me he extendido sobre este tema porque quiero dejar bien en claro el concepto que lamentablemente recepta este proyecto de ley que estamos analizando, que es la obediencia ciega, que ha sido repudiada en todos los tiempos, en todas las legislaciones, por casi toda la doctrina y la jurisprudencia y no sólo en este campo sino en el religioso, en el social y en el ético.
Esta teoría está repudiada también en el campo ético porque es un atentado contra la dignidad del hombre porque significa convertirlo y reducirlo al estado de cosa, como un autómata, que no piensa ni razona. Esto violenta la dignidad de la condición humana: por eso no sé si quienes el día de mañana pueden resultar beneficiarios de esta ley la mirarán con agrado porque considerarán que han obrado como autómatas y no como seres pensantes. Por eso pongo en duda que les vaya a resultar agradable a los favorecidos, con este proyecto de ley, la aplicación del principio de la obediencia ciega pasiva.
Vinculado con este punto, debo decir que mediante este complicado mecanismo de presunciones juris et de jure y tocando los eximentes del artículo 34, inciso 5°, del Código Penal, se contraría, ya anticipé que lo iba a mencionar, lo resuelto por la Cámara Federal en la causa contra los ex comandantes en jefe.
Es éste un fallo importante porque, como todos saben, en el juicio se receptó una prueba como creo que no la hubo en otro expediente de la historia judicial del país: más de treinta mil fojas, muchísimos cuerpos, innumerables horas de trabajo y finalmente una sentencia que jerarquiza a la justicia argentina.
En una parte de este fallo se dice con respecto a este tema: “Las órdenes ilícitas se entremezclaron dentro de la estructura legal de la lucha contra la subversión y fueron acompañadas de un intenso adoctrinamiento acerca de que se trataba de acciones de una guerra no convencional y que constituían la única forma de combatir la delincuencia revolucionaria. En esas condiciones es presumible que muchos subordinados puedan alegar en su favor la eximente de obediencia debida o un error invencible respecto de la legitimidad de las órdenes que recibieron. Pero aun así, no cabe duda de que hubo quienes por su ubicación en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema, y hubo también quienes ejecutaron sin miramientos hechos atroces. De ahí se sigue que existen subordinados que no van a ser alcanzados por la eximente de la obediencia debida, y que son responsables de los hechos cometidos junto a quienes impartieron las órdenes objeto de este proceso”.
Señor presidente: por vía de una ley nosotros estamos contrariando lo que ha resuelto un tribunal después de recibir abundantísima prueba. Decimos que la eximente de obediencia debida alcanza también a aquellos que son responsables de haber cometido esos hechos atroces. Estamos contrariando lo resuelto por un tribunal en un fallo que está firme y consentido, que ha sido convalidado y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo estamos haciendo por ley y para casos concretos. Si esto no significa avanzar sobre el Poder Judicial, no sé qué puede entenderse en ese sentido.
Pero aquí no terminan todas las deficiencias del proyecto. Podemos seguir avanzando mucho más.
En el artículo 1° se establece la presunción, sin admitir prueba en contrario, de que el personal que allí se menciona no es punible por haber actuado en virtud de obediencia debida. Yo no sé si esto fue redactado muy apresuradamente, pero lo cierto es que se ha cometido un tremendo error, no ya técnico sino hasta de sentido común. No podemos presumir la no punibilidad: pienso que lo que se ha querido decir es que se presume que por haber actuado bajo el imperio de la obediencia debida y, como consecuencia de ello, no hay punibilidad. Pero no podemos decir que se presume sin admitir prueba en contrario la no punibilidad, porque eso es cambiar totalmente el concepto. Con buena voluntad podemos entender, como lo he dicho antes, que se presume sin admitir prueba en contrario que se actuó bajo obediencia debida, esa obediencia ciega ya mencionada, y que por eso las personas en tal situación no son punibles. Pero estimo que el Poder Ejecutivo no puede mandar proyectos como éste, o que puedan pasar por la Cámara sin que por lo menos advirtamos estas deficiencias que no hacen ningún favor a la legislación nacional.
Pasando a otro aspecto, resulta por lo menos sugestivo que en ese mismo artículo 1°, después de establecer la no punibilidad en razón de la obediencia debida se recurra también a la eximente de la coerción.
El segundo párrafo del artículo 1° dice: “En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”. Me pregunto: si la causal de obediencia debida era suficiente para excluir de pena, ¿por qué tiene que recurrirse a la coerción, que es la causal del inciso segundo del artículo 34 del Código Penal pero mezclando de nuevo el tema de la obediencia y del poder de inspección?
Me parece que el que redactó este proyecto no estaba seguro de que podía sacar toda la punibilidad por vía de la causal del inciso 5 del artículo 34. Quiso reforzarla y dijo “no vamos a correr ningún riesgo. Si bien tiene partida de defunción, le vamos a dar un tiro más”. Pero aún no se conformó con ello porque en el artículo 6 del proyecto se dice que: “No será aplicable el artículo 1 de la ley 23.049 al personal comprendido en el artículo 1 de la presente ley”. Es decir, no quiso correr riesgos. Se acude a los incisos 2 y 5 del artículo 34 y, además se establece no se aplica el artículo 1 de la ley 23.049, sancionada por este mismo Parlamento.
Yo creo que esa inseguridad jurídica resulta demostrativa de la debilidad jurídica del proyecto.
Sr. Velázquez. — Pero en definitiva, ¿quedó bien? (Risas.)
Sr. Menem. — ¿Qué le parece? ¡Sin ninguna duda! Una consideración muy especial merece también el artículo 2° de este proyecto, al que ya hizo muy buena referencia el señor senador por Chubut, doctor Solari Yrigoyen. Realmente, creo que este artículo es digno de ser incluido en una antología de desaciertos legislativos, ya que por donde se lo analice ofrece reparos.
Desde luego que el pecado capital de esta norma radica en cómo ubica en la escala de valores los distintos delitos. Ello es así porque, por un lado, en el artículo 1° declara no punible la desaparición de personas, la tortura, el homicidio con alevosía, es decir todos los delitos graves. Pero según este artículo, serán castigados los casos de violación, sustracción y ocultación de menores y apropiación extorsiva de inmuebles.
Al parecer, para los autores del proyecto, el bien jurídico protegido por el delito de apropiación de inmueble, la propiedad, tendría rango superior al bien protegido por el delito de homicidio, que es la vida, o al bien protegido por el delito de privación ilegítima de la libertad que es, precisamente, la libertad. Por ello, ya todo el mundo ha criticado este aspecto.
Pero, lo que también resulta arbitraria es la selección que se hace de estos delitos. Yo me pregunto: ¿han querido decir que sacan todo aquello que no era necesario para combatir a la subversión? Entonces, la violación no era necesaria: está bien. La sustracción u ocultación de menores, tampoco era necesaria: está bien. Pero en cuanto a la apropiación extorsiva de inmuebles no he podido encontrar ningún artículo del Código Penal ni a ningún penalista que me diga cuál es la figura correspondiente. Eso es así porque tal figura no existe en el Código Penal, o sea que la han inventado. Y ya sabemos que en materia penal la definición de los tipos tiene mucha importancia, porque si una conducta —la especie concreta, como la llaman los penalistas para hacerlo más difícil— no encaja en la especie abstracta, es decir, si no hay conducta que encuadre en la norma no hay delito.
La apropiación extorsiva de inmuebles no está prevista en ninguna norma del Código Penal. Entonces, aquí están refiriéndose a un delito inexistente. Existe el delito de usurpación, existe la extorsión, pero la apropiación extorsiva de inmuebles no la he podido encontrar en ninguna parte: nadie me ha sabido contestar en qué ley o en qué norma del Código está contemplada.
Pero aquí cabe preguntarse ¿por qué se excluye a la violación y no al estupro? ¿El estupro era necesario? ¿Estaba dentro de las órdenes para combatir la subversión? Me pregunto por qué está la apropiación extorsiva de inmuebles, suponiendo que exista esa figura, y no la usurpación. ¿Por qué no está el delito de secuestro? ¿Por qué está la violación y no el rapto? ¿Por qué no está el delito de daño?
Se me ocurre que aquí hay una cierta actitud, si se quiere vergonzante, del que ha redactado materialmente este proyecto. Digo esto por lo siguiente: la técnica adecuada hubiera sido que dijese expresamente cuáles eran los delitos que se declaraban no punibles y que se mencionase que no se declararía punible la privación ilegítima de la libertad, los tormentos, el homicidio, la desaparición de personas, en una palabra, todo lo que hace a los actos cometidos con motivo de la lucha contra la subversión, declarando excluidos a los otros delitos.
Realmente no veo qué necesidad existía de cometer los delitos, por ejemplo, de violación o estupro con el objeto de llevar a cabo la lucha contra la subversión.
¿Pero qué ocurre? Era violento decir que se declaraba no punible a la tortura o al homicidio. Por eso, se ha querido excluir cierto tipo de delitos y es ahí donde se cometió el grave error, ya que se da a entender que los otros delitos que están incluidos dentro de los capítulos del Código Penal sí estarían englobados dentro de las necesidades de la lucha contra la subversión. Es por esto que me parece que este proyecto de ley es para la antología de los desaciertos legislativos.
Quiero hacer otra reflexión sobre este artículo 2° para demostrar cómo se distorsiona la escala de valores en este artículo. Voy a dar un ejemplo. Una persona entra a sangre y fuego a una casa y asesina al padre y a la madre de una familia, quedando huérfanos los hijos del matrimonio, a los cuales, en un gesto de humanidad del victimario, por esa fibra sensible que posee el individuo, acoge en su casa. Por supuesto, esto constituye un delito. ¿Pero qué ocurre? Ese señor que ha matado con alevosía, que ha asesinado, va a quedar libre por estos delitos y será condenado, precisamente, por ese gesto de humanidad al decidir quedarse con los menores.
La realización de esta valoración atenta contra una escala de valores existente en nuestra sociedad, al menos en los tiempos que vivimos.
Podría seguir avanzando en la crítica a este proyecto de ley, pero lo dicho creo que ya es más que suficiente; con esto ya está demostrado que es inviable, y que aun cuando sea reformado —como algunos proponen— no hay forma de solucionar las graves falencias jurídicas que tiene. Se trata de un proyecto de ley que repugna al orden constitucional y al orden jurídico nacional. Por eso no lo podemos aceptar bajo ninguna circunstancia pues, repito, resulta notoriamente inconstitucional, ya que viola claras disposiciones de nuestro ordenamiento legal fundamental, además de herir y agraviar el sentimiento de justicia y la conciencia jurídica del pueblo argentino.
Esto ocurre, señor presidente, por la obstinación del Poder Ejecutivo, digamos del oficialismo, por buscar la vía jurídica para obtener una solución al problema de los juicios contra el personal militar. Se quiere conseguir el resultado político de concluir con estos juicios, porque se entiende que hace a la pacificación del país, pero sin acudir a la vía política sino a la jurídica. Por eso se cometen estos desatinos, porque se hace un mal uso de las instituciones, una suerte de violencia sobre las instituciones jurídicas para conseguir esos fines. Y ello es así porque si en un momento el gobierno determinó que los excesos de la lucha contra la subversión debían ser resueltos por la justicia, la única solución jurídicamente hablando, una vez que ya está en manos de la justicia, es la sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria. Pero, insisto, la única salida jurídica es la sentencia definitiva.
Si se quería buscar una solución política para concluir con los juicios antes de la sentencia, indudablemente debía disponerse de los mecanismos políticos que están expresamente previstos por la Constitución: el indulto o la amnistía. El otorgamiento del primero es una facultad del Poder Ejecutivo, mientras que la amnistía se concede a través del Congreso.
A mí me parece, lo digo con toda amabilidad, sin querer usar palabras fuertes, que ha habido una suerte de falta de coraje institucional para encarar esa vía, porque el Poder Ejecutivo tenía la facultad para hacerlo.
Creo que es un pésimo precedente forzar interpretaciones de instituciones jurídicas para conseguir resultados políticos, que pueden ser muy valiosos, porque estamos todos interesados en la pacificación y en el reencuentro de los argentinos, pero eso se debe lograr a través de las vías y medios idóneos que prevé la Constitución, y no fabricando este tipo de mecanismos antijurídicos.
Debo decir que este es el cuarto paso hacia atrás que da el oficialismo en la materia. Primero fue el establecimiento del famoso artículo 11 de la ley 23.049, mediante el cual se le daba una norma indicativa al juez en el sentido de cómo tenía que interpretar el tema de la obediencia debida. En esa oportunidad manifesté que el juez no necesitaba este tipo de norma indicativa: que esto era un error. Aunque sí debo expresar que esa norma tenía una virtud: el agregado que le hizo este mismo Senado, por el que dejaba a salvo los hechos atroces y aberrantes: agregando que fue propuesto, debemos hacer justicia, por el senador Elias Sapag de la bancada del Movimiento Popular Neuquino y aceptado por el oficialismo.
Pero ¿qué ocurrió? Después vinieron las instrucciones a los fiscales. Me refiero a una comunicación del Ministro de Defensa a los fiscales militares en el sentido de cómo debían interpretar esta cuestión de la obediencia debida, entre otras. Y así en el punto c) inciso 3° de dichas instrucciones le ordena al fiscal: “interpretará que todo subordinado actuó con error insalvable sobre la legitimidad de la orden, salvo cuando la acción cumplida no fuera consecuencia de las órdenes recibidas de sus superiores directos o de la orden global sobre la manera de luchar contra la subversión terrorista implementada por los ex comandante en jefe”.
El punto e), inciso 4° ordenaba que: “Hará extensiva a los subordinados de los ex comandantes en jefe la responsabilidad de estos últimos únicamente cuando la conducta del subordinado configure un exceso en el cumplimiento de las órdenes recibidas, de conformidad con la doctrina sustentada por la Cámara Federal en el fallo dictado en “cumplimiento del decreto 158/83”.
Es decir que aquí se le ordenaba interpretar que todo subordinado actuó con error insalvable sobre la legitimidad de la orden y únicamente lo hacía responsable en los casos de exceso de cumplimiento de las órdenes. De esta forma, se daba un paso atrás, porque se dejaban a salvo los hechos atroces y aberrantes únicamente cuando el subordinado incurría en exceso en la ejecución de las órdenes recibidas.
Por supuesto, sabemos qué pasó con este tema de las instrucciones. Pero todavía se dio otro paso atrás con la famosa ley de punto final, en la que se estableció una nueva causa de extinción de acciones, como dije anteriormente, violentando, desde luego, todos los principios en materia. Se trataba de una institución híbrida que califiqué como de hermafroditismo jurídico, porque tenía parte de derecho procesal, parte de derecho sustancial, es decir, era una cosa imposible de definir.
Por último, otro paso atrás lo tenemos con este proyecto que hoy estamos tratando, en el que directamente se consagra la impunidad para cierta franja de personal y ya no interesa que sean hechos atroces y aberrantes, que sea tortura o no: entra todo en la misma bolsa. Es el cuarto paso atrás en una materia tan cara a los sentimientos del pueblo argentino.
Señor presidente: ¡Qué lejos que hemos quedado de muchas cosas que ha dicho la bancada radical en este mismo recinto! Recuerdo que cuando tratamos la reforma al Código de Justicia Militar una voz de la bancada oficialista dijo que se podía quedar tranquilo el pueblo de la República, que los que cometieron atrocitatis fascinoris, es decir actos atroces, no van a quedar impunes. “Nadie vaya a pensar que podrá ampararse en la obediencia debida para justificar los crímenes horrendos que haya cometido”. (Diario de Sesiones del 31 de enero y 1° de febrero de 1984.)
En este recinto dijo también el señor ministro de Defensa, doctor Jaunarena. “el sistema de la obediencia ciega debe desecharse categóricamente como lectura del régimen vigente. Ninguna obediencia es totalmente ciega, e incluso convertiría al destinatario de la orden en una cosa, despojándolo de su condición humana responsable. Constituye, además, un punto de vista culturalmente inadmisible hasta para la severa disciplina militar”. Esto lo dijo en este recinto el Ministro de Defensa: que no era admisible la obediencia ciega, que era culturalmente inadmisible, pero aquí por medio de este proyecto de ley, se está consagrando un principio totalmente contrario.
Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Solari Yrigoyen. — Es cierto lo que usted dice, señor senador. Pero también lo es, para lo cual voy a hacer una cita más de las muchas que se han mencionado, que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo dice exactamente lo mismo, pero se refiere a la necesidad de terminar con esta legislación del Código de Justicia Militar.
En efecto, el proyecto del Poder Ejecutivo que tenemos ahora en examen reconoce que ésta es una legislación que surge de un contexto autoritario, que ésta es una legislación militar, que no se condice con un sistema democrático. Por eso anticipa la necesidad de que esta legislación sea reformada y. en alguna medida, extirpada de raíz.
No existe una contradicción entre las justas citas formuladas por el señor senador por la Rioja y la opinión del Poder Ejecutivo.
Sr. Menem. — Le agradezco su interrupción que, además, me permitió descansar un poco, pero no estamos de acuerdo con la interpretación de este sistema consagrado por el Código de Justicia Militar respecto de la obediencia debida. Sabemos que existe la norma, pero diferimos en su interpretación.
En síntesis, nosotros sostenemos que la obediencia debida nunca puede interpretarse con el sentido que le da este proyecto, es decir, obediencia ciega, pasiva, que convierte al hombre en un autómata, en una cosa que no puede razonar y distinguir lo bueno de lo malo. En esto radica una de nuestras diferencias.
Las palabras del señor senador por Chubut también me hicieron recordar una reflexión que quería formular. En muchas oportunidades se hizo alusión y se reiteró la famosa distinción entre quién dio la orden, quién la ejecutó y el que se excedió. Y muchas veces se la señala como si en este punto estuviera la solución de todo el problema y la definición total. Pero no es así, porque precisamente lo que genera el problema es la determinación del grado de responsabilidad de quien ejecutó la orden, de donde se derivan las distintas interpretaciones. No es cierto que con la definición de los distintos niveles de responsabilidad esté todo solucionado, porque precisamente la cuestión radica en determinar hasta dónde llega el deber de obediencia de quien cumplió la orden. Y este punto es el que nos lleva a este largo debate.
No insistamos tanto en la distinción de los niveles de responsabilidad: tratemos de determinar hasta dónde llega y cuál es el alcance del deber de obediencia de aquel que cumplió la orden.”
Antes de finalizar mi exposición, deseo formular algunas reflexiones. En primer término, debo decir que este proyecto aparece ante la opinión pública, aquí se ha dicho, como una consecuencia o derivación de los hechos acaecidos durante Semana Santa. Mucho se ha expresado en el sentido de que este proyecto es el producto de negociaciones del Poder Ejecutivo o de presiones de ciertos sectores sobre dicho poder. Respecto de este punto, me remito a las palabras del señor Presidente de la Nación. Yo creo en lo que él ha dicho, no sólo por el respeto que merece su investidura, sino porque además no tengo motivo alguno para dudar de que en realidad no existieron negociaciones ni presiones. Además, quiero creer en sus palabras, porque lo contrario sería aceptar que hemos iniciado un camino sin retorno hacia el deterioro definitivo de nuestro régimen constitucional. Y, realmente, no puedo admitir esto. Porque si esta democracia cede a uno de estos reclamos seguramente éstos se sucederán a través del tiempo, y entonces no será necesario que pase un largo período, espero que no sea así, antes de que volvamos a ver estos rostros pintados de Semana Santa con reclamaciones de otras supuestas reivindicaciones, a las que nuevamente habría que ceder. Y ya todos sabemos que cuando se cede una vez, se lo sigue haciendo siempre en el futuro.
Por eso creo que si este proyecto, bueno o malo, yo considero que es malo, se sanciona, lo será por determinación espontánea de los órganos constitucionales del país y no porque responda a ninguna presión ni a cualquier tipo de negociación.
Sr. Solari Yrigoyen. — Hace bien en creer así, señor senador.
Sr. Menem. — La segunda reflexión que quería hacer se refiere a mi posición frente a los militares. Debo hacerla porque muchos pueden pensar que mi postura es en contra de los militares o de los que están imputados en estos hechos. Totalmente lo contrario. Lo he dicho y lo voy a repetir: admiro y quiero a nuestras fuerzas armadas.
Ya lo dije cuando discutimos la ley de punto final. Manifesté que de nuestras fuerzas armadas salieron muchos de los héroes que tuvimos. Nombré a nuestros generales riojanos a Vicente Peñaloza a Facundo Quiroga, mencioné a Perón, cité al héroe de la aviación Vicente Almandos Almonacid y al primer general de los ejércitos patrios Ortiz de Ocampo, a los generales Savio y Mosconi, quienes nos enorgullecen como argentinos. ¡Cómo podría no querer a nuestras fuerzas armadas!
Pero de ello, desde luego, no debe llegarse a aceptar sin beneficio de inventario, cosa que no podemos hacer con respecto a ninguna institución, que aquellos que se han equivocado no deben responder por las faltas que han cometido, lo mismo que en toda sociedad que en todo partido político, que en todo tipo de organización integrada por hombres que pueden cometer errores.
También quiero dejar en claro que he repudiado, repudio y seguiré repudiando por siempre el accionar de las bandas subversivas que asolaron nuestro país, atentaron contra nuestras instituciones y atacaron a nuestro último gobierno constitucional peronista. Tenían la más amplia libertad, y sin embargo minaron las bases de nuestro gobierno constitucional. Yo las repudio y las seguiré repudiando siempre.
Correlativamente a eso, valoro el accionar de nuestros soldados, de nuestras fuerzas armadas que lucharon contra la subversión. Esa lucha tuvo sus mártires y sus héroes, a quienes debemos nuestro eterno reconocimiento, poniéndolos a la par de nuestros héroes de Malvinas. A esos hombres vaya nuestro eterno reconocimiento.
Pero también es cierto que en esa lucha contra la subversión hubo antihéroes. Hubo quienes aprovecharon de la circunstancia para delinquir, ya sea por intereses personales, para satisfacer resentimientos ocultos o, y eso es lo más lamentable, por ese instinto de perversidad brutal que existe en ciertos individuos y que los llevó a cometer hechos atroces y aberrantes, que realmente avergüenzan a la dignidad del ser humano.
Respecto de ellos, los que se comportaron de esa forma, no se pide venganza, revancha, ni nada ajeno al estado de derecho. Sólo pedimos justicia, la misma que el proceso militar negó a nuestros hombres, a nuestros presos, a nuestros desaparecidos.
Recuerdo cuando defendíamos a los presos del proceso y lo único que pedíamos es que fueran sometidos a la justicia, que no se los mantuviera en esa situación de indefensión cuando estaban en esas tristemente célebres actas de responsabilidad institucional, aplicándoseles penas que los convertían en muertos civiles, sin ningún tipo de proceso ni acusación. Ni siquiera se les notificaba de qué delito concreto se les acusaba.
Nosotros no queremos un procedimiento de esa naturaleza; queremos simplemente que actúe la justicia, es decir, los jueces de la Constitución y con todas las garantías del debido proceso legal.
Para terminar, señor presidente, pido disculpas por el tiempo que me ha llevado mi exposición, quiero decir lo siguiente. En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña a este proyecto de ley se habla de la necesidad de “superar definitivamente una etapa histórica dolorosa para la vida del país” y de la necesidad de concretar los “objetivos de paz y de unidad que requiere la consolidación de la democracia”.
Yo comparto plenamente esos objetivos pero quiero recordar que el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, llamado “Iglesia y Comunidad Nacional”, publicado en 1981, sostiene en su parágrafo 64 B que “la reconciliación social debe estar cimentada en la verdad y basada en la justicia”.
Desde este punto de vista me parece indiscutible que de convertirse en ley este proyecto no vamos a lograr la reconciliación nacional porque no se va a cimentar en la verdad ni basar en la justicia. En esta materia, la única forma de llegar a la verdad es mediante esos juicios que se están sustanciando en el Poder Judicial. Sabemos que el objetivo del proceso penal es la determinación de la verdad. Es el principio de la verdad real, como lo llama Vélez Mariconde, o el principio de la investigación integral, como lo llama Clariá Olmedo. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Lo que se quiere es investigar la verdad para que se haga justicia.
Ahí está el acierto de este documento episcopal que dice que la reconciliación nacional debe estar cimentada en la verdad y basada en la justicia.
Recuerdo las sabias palabras pontificias: “Si quieres la paz, lucha por la justicia”. Yo quiero la paz de mi país y por eso lucho por la justicia. Este es el sentido de mi voto. (Aplausos. Varios señores senadores felicitan al orador.)

Proyecto de ley contra actos de discriminación (6 y 7 de abril de 1988)

6 y 7 de abril de 1988 – 30ª Reunión

Diario de Sesiones – Tomo 5 – Páginas 2943, 2944, 2951 y 2955

Sr. Menem. — Señor presidente: mi exposición será muy breve toda vez que, como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, suscribí el dictamen que emitió respecto del proyecto en cuestión. Por ello avalo totalmente su contenido y desde luego las medulosas exposiciones formuladas en este recinto por su miembro informante y los valiosísimos aportes efectuados por otros señores senadores que, con toda claridad, fundaron el repudio unánime de la conciencia nacional a la discriminación. En consecuencia, considero innecesario insistir en el tema y hablar de sus antecedentes y su historia porque, reitero, ya han sido expuestos con toda claridad.
Sí, quiero remarcar que de esta forma, y creo que algo se ha dicho al respecto, estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Creo que para atender a la naturaleza de la ley y entender sus justos términos debemos saber que ésta es una norma reglamentaria del artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley.
Deseo hacer un par de reflexiones respecto de esta cuestión. En este tema, como en cualquier otro, nos pronunciamos por medio de leyes. Esto es lo que estamos haciendo ahora, con un criterio que en sus objetivos, creo, reúne el consenso de todos los señores senadores. Podemos diferir en la técnica legislativa pero, indudablemente, está en el ánimo de todos reprimir con nuestra mayor energía todo tipo de discriminación.
Pero también quiero decir que la ley no será suficiente porque este tipo de conductas o actitudes no sólo son pasibles de ser reformadas, modificadas o combatidas mediante la ley sino que debe irse a algo más profundo. Considero que tenemos que hacer una verdadera docencia de este principio de igualdad ante la ley que rechace todo tipo de discriminación.
Con el señor senador Sánchez presentamos en una oportunidad un proyecto de comunicación por el que se solicitaba la inclusión del tema de los derechos humanos en los programas de enseñanza de todos los establecimientos educacionales del país. Así lo hicimos en mi provincia: en La Rioja existe una materia sobre derechos humanos en la enseñanza de los niveles que dependen de la jurisdicción provincial. Considero que lo mismo tiene que hacerse en el orden nacional y dentro de la enseñanza de los derechos humanos debe incluirse un capítulo especial respecto del tema de la discriminación. Pienso que desde la más tierna niñez debemos enseñarles la historia de la discriminación a nuestros ciudadanos y crearles la conciencia de repudio hacia este tipo de actitudes porque, lamentablemente, todavía existen algunos especímenes que se deleitan o gozan con una suerte de instinto de perversidad brutal haciendo discriminación por razones de religión, raza, color o condición social.
Debemos tomar conciencia de que no vamos a erradicar esto únicamente con la sanción de una ley sino que además debemos incluirlo como un capítulo especial en la enseñanza de los derechos humanos.
Hecha esta reflexión y para concluir con esta exposición, quiero decir que después de firmado el dictamen he seguido meditando sobre este tema. Me había quedado con alguna duda e, inclusive, conversé al respecto con el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador de la Rúa. Nos pusimos de acuerdo en proponer una reforma al dictamen en lo referido a la inclusión de distintas normas de derecho penal. Esto es así porque la técnica que se ha seguido en este valioso proyecto fue la de tomar determinados tipos penales y calificarlos con un agravante en el caso de que los delitos fuesen cometidos por diferentes formas de discriminación.
Meditando más profundamente el tema, hemos advertido que, además de los tipos penales contemplados en el proyecto, pueden presentarse muchas otras situaciones semejantes no alcanzadas por la iniciativa en consideración.
Por ejemplo, en ella se hace referencia a los delitos de privación ilegítima de la libertad, incendio, amenazas, homicidios, daños, apología del delito. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que muchos otros delitos también pueden ser cometidos con motivo de actos de discriminación. Por ejemplo, hay otras figuras no contempladas por el proyecto que importan también privaciones ilegítimas de la libertad y, si no lo modificamos, no resultarán atrapadas por la norma penal. Tomemos por ejemplo el caso de un funcionario que retardara la puesta en libertad de una persona, ordenada por el juez, con motivo de un acto de discriminación en contra de ese preso. Allí también existiría un delito cometido por discriminación. Otro caso posible es el de una extorsión que se realice con motivo de un odio religioso, racial o político. Podrían darse también otras situaciones, como la suposición de estado civil, el abuso de armas, la violación de secretos y otros delitos contra la libertad de trabajo y de asociación. Adviertan qué peligrosas pueden resultar estas situaciones si no están debidamente penadas: por ejemplo, si se trata de obstaculizar una reunión porque a alguien no le gusta la raza de los que habrán de participar.
En concreto los actos de discriminación pueden ser cometidos prácticamente a través de todas las figuras del Código Penal. Entonces, si estamos todos de acuerdo en reprimir penalmente la discriminación, tratemos de que pueda ser objeto de agravantes de todas las figuras penales, no sólo de las que están contempladas en el proyecto sino también de los otros delitos que están reprimidos por el Código.
Por eso hemos pensado con el señor senador por la Capital federal doctor de la Rúa en hacer algunas modificaciones y nos pusimos más o menos de acuerdo en incluir una norma genérica que establezca que cuando cualquiera de estos delitos fuese cometido por una cuestión de odio a una raza, a un grupo étnico, a una religión o a una nacionalidad, o se cometiese para perseguir u hostigar a los integrantes de esos grupos por cualquiera de esas razones, las escalas penales se agravarán en un tercio del mínimo hasta la mitad del máximo, no superando las de la especie de la pena de que se trate.
Creo que en esta forma defendemos mejor los bienes jurídicamente protegidos que queremos preservar y evitamos que, al hacer una determinada individualización de ciertos tipos penales, nos olvidemos de otros.
Por ese motivo, concretamente, en el tratamiento en particular del proyecto de ley, cuando entremos a analizar esta cuestión de las distintas modificaciones al Código Penal, voy a proponer que establezcamos una norma genérica que incluya para todos los tipos penales un agravamiento general de la pena cuando se cometiesen por razones de discriminación.
En todo lo demás, estoy de acuerdo. Quizá en algún artículo pueda proponer alguna ligera modificación, pero estoy totalmente de acuerdo y adelanto mi voto favorable al mismo.
…………………………………………………………………………………………………………..
Señor presidente: voy a ser muy breve a los fines de volver sobre un tema que con tanta minuciosidad y profundidad ha planteado mi colega y amigo el senador Juárez.
En este sentido, creo que tenemos que aclarar la cuestión porque aquí no se trata de que yo lo convenza a él o viceversa, sino de que esto va a servir para interpretar el texto de la ley. Entonces, tenemos que dejar aclaradas algunas dudas que fueron planteadas, con toda legitimidad, por el señor senador Juárez.
A través de un análisis muy fino, el señor senador se preguntaba por qué cuando se incursiona o se hace alguna modificación en el campo civil se habla de temas o de casos discriminatorios que no figuran en el aspecto penal, dado que en lo civil se habla de sexo, de la posición económica y de los caracteres físicos, mientras que todos estos aspectos no figuran en el campo penal.
He dado mi respuesta, que no creo que haya sido refutada por la contestación brindada por el señor senador por Santiago del Estero. Considero que todos esos casos están perfectamente encuadrados, como dije, en el artículo 41 del Código Penal, en cuanto autoriza al juez a moverse dentro de la escala penal.
Los delitos que están contemplados en el Código Penal no tienen una pena fija sino que existe una escala. El juez se mueve dentro de esa escala y gradúa la pena de acuerdo con varios criterios determinados por el Código y con un parámetro muy claro, que está de acuerdo con la mayor o menor peligrosidad del que comete el delito.
El Código Penal le indica al juez cuáles son algunas de esas circunstancias. Le habla de las condiciones personales, de la calidad de las personas, de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestran una mayor o menor peligrosidad, y otras como la dificultad de ganarse el sustento propio, la participación en el hecho. Quiere decir que el espectro es muy amplio y el juez cuenta con esa facultad para desenvolverse.
Estimo que esa facultad le permite incluir casos como el tema del sexo y otras situaciones personales, como la educación. También le permite ubicarse en la escala penal de acuerdo con otras circunstancias como son la cuestión económica o la condición social.
Considero que lo importante es el grado de intensidad de la protección que persigue la ley. Tenemos que ver cuál es el bien jurídicamente protegido y cómo la ley extrema esa protección de acuerdo con las circunstancias del caso.
Aquí se habla, por ejemplo, del tema de la condición social. Me pregunto si por la condición social o por los caracteres físicos vamos a reprimir con pena privativa de la libertad. Aquí es donde debemos tener en cuenta que en el Código Penal lo que está en juego es la libertad del individuo. Entonces digo que aquí hay dos tipos de protección.
En los espectáculos públicos vemos que muchas veces la casa se reserva el derecho de admisión, y que si un ciudadano quiere entrar le dicen: “Señor, usted no va a entrar porque es negro, porque es feo, porque es pobre o porque no nos gusta su cara”. Este es un tipo de discriminación que tiene un grado de protección en el artículo 1.071 del Código Civil.
¿Cómo protege la ley a esta persona? Le dice: “Señor, se va a dejar sin efecto el acto porque es discriminatorio y a usted le deberán reparar el daño moral y material causado”. Ahí está la protección. Pero decir que a ese cuidador de cine o del espectáculo de que se trate se lo va a privar de la libertad porque no ha dejado entrar a una persona, es excederse en la protección del bien jurídico. No es que no tenga protección ni que no la merezca: son grados de intensidad en la protección de acuerdo con el tipo de falta que se cometa.
Por eso creo que debemos ser muy cuidadosos en separar las cosas, porque hay discriminaciones de distinto tipo. En verdad, como creo que se ha dicho muchas veces aquí, hay discriminaciones que inclusive no tienen ninguna sanción de la sociedad. Tenemos el caso, por ejemplo, de una chica que quiere entrar en una línea aérea y no la toman no obstante tener condiciones intelectuales suficientes, quizá por no ser agraciada, porque la naturaleza no la ha dotado de buenas condiciones físicas, o por no tener determinada estatura. Aquí se está ante una discriminación que sin embargo no tiene ninguna sanción. Se hace una selección y simplemente se dice: “Usted no ingresa.” Pero demandar a la compañía o meter preso al encargado de seleccionar al personal creo que es un poco excesivo. Por eso tenemos que poner las cosas en su justo término.
Discriminaciones hay: algunas van a tener reparación por la vía civil y otras, que son las más graves, la tendrán por la vía penal.
¿Por qué nosotros queremos sancionar con la pérdida de la libertad este tipo de discriminaciones cuando se trata de razones de raza o religión? Porque realmente obedecen a una deformación, a una situación de alteración o de violación de la dignidad del ser humano. Por eso queremos dar una mayor protección y fijamos penas privativas de la libertad porque creemos que el hecho de pertenecer a una determinada raza, religión o nacionalidad no debe servir como excusa para discriminar.
Es cierto y admito lo que dijo el señor senador por Santiago del Estero en el sentido de por qué no se incluyen las cuestiones gremiales de la misma forma en que se incluyen las políticas. Creo que la observación es buena, pero la solución no pasa por incluir el tema de las cuestiones gremiales sino por el de eliminar lo de las ideas políticas.
Yo pregunto cómo vamos a tener un agravio, por ejemplo, en el caso de una riña donde se pelean dos militantes de distintas líneas internas de un partido y no ya de uno radical y otro peronista. No creo que si mañana se pelearan “cafieristas” y “menemistas” en una riña se les vaya a agravar la pena. El juez va a graduar la pena de acuerdo con otras circunstancias y no por el hecho de las distintas ideas políticas. Por eso entiendo que está bien esta observación, pero entonces tenemos que constreñir más los motivos por los cuales se va a calificar el agravio como de tipo penal.
Entonces para finalizar, señor presidente, y como el señor senador por Santiago del Estero me ha hecho una exhortación por mi condición de justicialista, de la cual me enorgullezco…
Sr. Juárez. — Le formulé la misma exhortación al señor senador de la Rúa.
Sr. Menem. —…quiero señalar que la protección al trabajador está contenida en muchas otras leyes. He participado en todos los debates en los que se trataron leyes laborales. Hace poco fundamenté el porqué de la estabilidad absoluta del dirigente gremial, que creo que tiene basamento constitucional y que ha sido tan criticada.
La propia Constitución protege al trabajador; también está la ley de contrato de trabajo y la de asociaciones profesionales. Considero que contemplar en el Código Penal la protección del trabajador por su sola condición de obrero, o del patrón por el solo hecho de ser tal, constituiría un exceso en los propósitos de la norma penal, en los que está en juego la libertad del individuo.
Por lo expuesto considero que la distinción entre el aspecto civil y el aspecto penal está correctamente tratada. También estoy de acuerdo con que debemos restringir los motivos por los que se castiga penalmente la discriminación lo que, según mi punto de vista, debe limitarse. En este sentido la ley también hace docencia y debe hacerla, cuando se discrimina por razones de raza, nacionalidad, religión o por pertenecer a un determinado grupo étnico.
Por estas razones, y sin perjuicio de las observaciones que formularemos en el tratamiento en particular del proyecto, insisto en la posición sustentada anteriormente.

Proyecto de ley sobre libertad de conciencia y de religión (16 de junio de 1993)

Sesión 16 de junio de 1993 – 17ª Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 1254 a 1261

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: el Senado trata hoy un proyecto de ley de extraordinaria trascendencia como es el relativo a la libertad de conciencia y de religión. Podríamos decir que es la primera vez que estamos a punto de sancionar en nuestro país una verdadera ley de libertad de conciencia y de religión, porque si bien hay otros antecedentes legales y una ley vigente, que es la 21.745, dicha norma se limita a crear un registro de cultos, pero lejos está de haber tratado en forma orgánica todo lo que hace a la libertad de conciencia y de religión.
Con respecto a los términos “libertad de conciencia” y “libertad de religión” conviene hacer una aclaración. La libertad de conciencia hace referencia al fuero íntimo de la persona, a ese santuario de la intimidad, como lo llamaron algunos autores. Se vincula con aquello que es íntimo y que hace a las convicciones y a las creencias íntimas.
El artículo 19 de nuestra Constitución Nacional es el que consagra la libertad de conciencia. Se refiere a aquellas acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral, las costumbres ni el orden público, y que están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
En virtud de esta libertad de conciencia el individuo tiene derecho a que no haya ninguna interferencia, ninguna injerencia, ningún acto tendiente a torcer esa convicción íntima. Pero cuando ese fuero íntimo trasciende y se expresa hacia el exterior, en materia religiosa, entramos ya en el ámbito de la libertad de religión o libertad de culto, como se la llama.
Algunos creen que la libertad de culto y la libertad de conciencia son dos aspectos de la libertad de religión; pero no vamos a entrar a hacer estas disquisiciones. Creo que la mejor distinción consiste en que una se refiere al fuero íntimo y la otra a una manifestación de la creencia religiosa hacia afuera.
Es por ello que se dice que la libertad de conciencia es un derecho absoluto: no puede ser limitado de ninguna forma es un derecho concedido por Dios. En cambio, la libertad de religión es un derecho, y como todo derecho está sujeto al condicionamiento que impone la vida en sociedad. Es decir que está limitado por ciertas pautas, ciertas normas, empezando por el derecho de los demás y por lo que imponen la moral y el orden público. A esto hace referencia este proyecto de ley, que es de gran importancia porque atañe a un derecho fundamental de la persona humana, a un derecho que muchos han considerado el origen de los derechos humanos, o uno de los primordiales derechos humanos.
Felizmente, señor presidente, vivimos en nuestro país en un estado de plena libertad religiosa. Nosotros no hemos pasado por lo que han pasado y pasan otros países en los cuales las guerras por la religión han sido realmente sangrientas. Hubo generaciones que han luchado por defender sus convicciones religiosas. Hubo persecuciones. La historia nos cuenta casos célebres de gente que murió martirizada por defender una idea, religiosa o no religiosa. Recordemos el caso de Sócrates, condenado a beber la cicuta porque no reconocía a los dioses de los griegos. Decían que era ateo. En el acto de tomar la cicuta dijo a uno de sus discípulos, en una expresión de la máxima ironía: “Recuerda que le debemos un gallo a Esculapio”, que era el dios de la salud, a quien se le ofrendaban gallos en búsqueda de salud y él lo ofrendaba en el momento de tomar la cicuta que lo condenaba a muerte. Recordemos a Galileo Galilei y a Copérnico, perseguidos por sus creencias, porque sus posiciones científicas contradecían la religión de su tiempo. Recordemos también todas las persecuciones que sufrieron el pueblo hebreo y el cristianismo a través de los tiempos.
Es decir que estamos hablando de un derecho que costó mucho a la humanidad, y le sigue costando en los tiempos actuales. Hemos visto en algunas partes del mundo, y estamos viendo, guerras desgraciadas en las que se invoca el factor religioso como un motivo para atacar y cometer los más sangrientos crímenes.
Felizmente, repito, en nuestro país hay una plena vigencia de la libertad religiosa desde hace mucho tiempo, libertad religiosa que se corresponde con la no discriminación por motivos raciales o de creencias. Y debemos decir con orgullo esto porque a veces estamos predispuestos a relatar nuestros males sin acordarnos de todas las virtudes o beneficios que tenemos en nuestro país, como es vivir en un estado de plena libertad y falta de discriminación.
Desde luego, la libertad de cultos, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, son derechos, y como tales —y esto vale sobre todo para la libertad de religión, como decía anteriormente— tienen que ser reglamentados. Por eso se ha considerado necesario sancionar una ley; no para restringirlos, sino para establecer un ámbito razonable para su ejercido, una relación razonable entre el culto y el Estado, que tiende a su protección.
Creemos, señor presidente, que con este proyecto de ley se está dejando atrás una época, una legislación basada en la desconfianza o en la sospecha hacia los cultos, que están contenidos en la ley 21.745 sancionada por el último proceso militar. Esa norma organizó un registro de cultos pero a los efectos del control, de la fiscalización más que con la finalidad de promover los valores religiosos, que es lo que tiende el proyecto de ley que estamos tratando.
Es decir, esta iniciativa tiende a promover tales valores porque considera que son positivos para la comunidad, pues contribuyen con el progreso de la moral y de las costumbres y con el crecimiento espiritual de la sociedad, dado que se relacionan con la formación de los individuos.
Por ello se rescata el hecho religioso como algo positivo y, en virtud de ello, se regula a través de este proyecto.
La libertad de conciencia, de culto de religión, tiene, desde luego, sus fundamentos constitucionales. Está consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que señala que todo ciudadano tiene derecho a ejercer libremente su culto. Asimismo, el artículo 19, al que hice referencia hace unos instantes, constituye otro fundamento pues se refiere a las acciones privadas de los hombres. A su vez, el artículo 20 de la Constitución se refiere a los derechos que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación que además de los propios derechos civiles del ciudadano, cuentan con el de ejercer libremente su culto.
Esta libertad a que me estoy refiriendo también está consagrada en distintos tratados internacionales que así la reconocen, los que forman parte del derecho positivo de nuestro país porque han sido ratificados a través de diversas leyes, muchas de las cuales ha aprobado este Congreso en el actual período democrático.
Tales normas consagran ampliamente la libertad de conciencia y la libertad de religión. Podemos citar, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la ley 23.054; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas y ratificado por la ley 23.713; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también adoptado por las Naciones Unidas y ratificado por la ley 23.313; la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas y ratificada por la ley 23.849; la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación, aprobada por la resolución 36/55 de las Naciones Unidas.
Señor presidente: debemos recordar que este mismo Parlamento sancionó la ley 23.592, que reprime toda discriminación por motivos raciales, políticos o religiosos. Esta disposición se incorpora al arsenal normativo que tiende a proteger en nuestro país la libertad de conciencia y de religión.
Ahora bien, debemos hacer una aclaración que muchas veces no resulta del todo nítida en el manejo de estos temas relacionados con las libertades religiosas. Es decir, debemos distinguir lo que es libertad religiosa y lo que significa Igualdad religiosa.
No se discute que en nuestro país hay plena libertad religiosa. Pero debemos aclarar que no todos los cultos tienen igual consideración o tratamiento desde el punto de vista de la Constitución Nacional. Esto es así porque nuestra Constitución da cierta preferencia, preeminencia o privilegio a la religión católica apostólica romana.
Es cierto que en el ejercicio del culto, todas las religiones tienen el mismo ámbito de libertad y el mismo derecho. Pero desde el punto de punto de vista de nuestra Constitución, hay una preferencia para la religión católica apostólica romana.
Sin embargo, esto no debe llevarnos a concluir que hay una religión del Estado. No hay una religión oficial, pero sí una a la que la Constitución Nacional le da un cierto privilegio, una cierta preeminencia. Ello surge en forma categórica y expresa de algunos de sus artículos. Por ejemplo, el artículo 2° establece que el Estado nacional sostiene el culto católico apostólico romano.
No es esta la oportunidad de analizar el alcance de este artículo ni si el término “sostiene” implica nada más que el apoyo económico, como afirman algunos, o si hay una relación o unión moral o necesidad de otro tipo de apoyo, como dicen otros. Pero la verdad es que al único culto al que le da este tratamiento es a la religión católica apostólica romana.
Otra norma en el mismo sentido es la del artículo 67, inciso 15 que se refiere a la atribución del Congreso de promover la conversión de los indios al catolicismo. Es decir que hay una dirección concreta de convertir a los indígenas a esta religión.
Por cierto, está también el siempre discutido y recordado artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece como un requisito para ser elegido presidente el de profesar el culto católico apostólico romano.
Desde luego que muchas de estas normas han sido discutidas y algunos consideran que están fuera de época, pero forman parte del derecho vigente en nuestro país y le confieren a la Iglesia Católica Apostólica Romana un “status” especial, a punto tal que el proyecto de ley que vamos a analizar a continuación hace una referencia especial a esta cuestión en uno de sus capítulos.
Trataré de hacer un análisis sucinto del proyecto de ley para no ocupar mucho tiempo. La norma es bastante clara. Es un proyecto de ley muy específico, que se explica por sí mismo. Además, debo decir que en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto hemos contado con la visita del señor secretario de Culto de la Nación, doctor Centeno, quien hoy nos honra con su presencia, y su equipo de colaboradores. El secretario de Culto efectuó una amplia exposición respecto de la filosofía y de los principios que inspiran este proyecto, así como también de la mecánica con la cual funcionan.
En primer término, en el capítulo referido a los principios fundamentales se reafirma el principio de la libertad religiosa y de conciencia, garantizado por los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional y por las leyes y tratados mencionados anteriormente.
En segundo lugar, se reafirma el principio de no discriminación, que está implícito en la Constitución Nacional y que es contemplado por la ley 23.592, que deja a salvo en forma expresa lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Carta Magna que, como dije recién, establece el requisito de profesar la religión católica apostólica romana para poder ser presidente de la Nación.
En el proyecto se hace una enumeración no taxativa de los derechos que derivan de la libertad religiosa, tanto para los individuos, como se expresa en el artículo 2° como para las comunidades, como se determina en el artículo 3°.
Esta enumeración no presenta grandes innovaciones. Está en concordancia con lo que normalmente establecen todos los tratados internacionales a los que hice referencia hace unos minutos, es decir San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Civiles, etcétera; dicha enumeración es bastante completa.
En el artículo 2° se consagra el derecho a profesar las creencias religiosas y a practicar individual o colectivamente los actos de culto correspondientes de manera pública o privada, a no ser obligado a practicar actos de culto contrarios a las convicciones personales, a recibir asistencia de los ministros de las propias congregaciones religiosas, etcétera.
En el artículo 3° se enumeran los derechos de las comunidades, de las distintas confesiones o iglesias. Entre ellos, a establecer templos o lugares religiosos o de culto, a mantener escuelas o lugares de formación, a mantener comunicación libre con sus miembros y con otras iglesias o comunidades religiosas en el país o en el extranjero; y a designar, preparar y sostener a los ministros de su culto. Es decir, es una enumeración que debo aclarar que es meramente enunciativa y no taxativa. Esto no implica la negación de otros derechos que surgen de la naturaleza misma del derecho de que se trata, o sea, de ejercer libremente el culto.
En este mismo capítulo del proyecto se establece cuáles son los límites para el ejercicio de la libertad religiosa. Los contenidos son similares a los de los pactos internacionales. Así, en el artículo 4° se dice que el único límite es el derecho de los demás al ejercicio de las propias libertades, y los que imponen el orden, la moral y la salud públicos.
Debo decir que en los tratados internacionales, como el de San José de Costa Rica, no sólo se habla de orden, salud y moral públicos sino también de la seguridad pública. No sé si en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo esta última fue excluida deliberadamente, ya que también figura en otro tratado, de las Naciones Unidas, que habla precisamente del orden, la salud, la seguridad y la moral públicos.
Se dice también expresamente en el artículo 4° que las convicciones religiosas no podrán ser invocadas para abstenerse de cumplir las cargas públicas impuestas por la Constitución Nacional o por la ley.
Aquí surge un tema de mucha y candente actualidad —como se dice vulgarmente en los medios periodísticos— como es el que prevé la objeción de conciencia. Se dice expresamente que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, al establecerse que una ley especial lo reglamentará. Y aquí hay que señalar que la objeción de conciencia no se refiere sólo a motivos de carácter religioso puesto que también puede serlo por motivos de carácter ético o moral. Muchas veces se cree que es únicamente por razones religiosas, pero no es así. Es por ello que este tema en particular no lo podíamos incluir en una ley que exclusivamente hace referencia a la libertad religiosa.
Además, la objeción de conciencia no se vincula únicamente con el servicio militar obligatorio, y con aquellas religiones que no admiten que sus súbditos o adherentes cumplan con él porque no les permiten, por ejemplo, jurar la bandera o llevar armas. En efecto, hay otros motivos de objeción de conciencia, como es el caso que normalmente conocemos como los vinculados con la salud pública o aquellos que hacen referencia al cumplimiento de otros deberes cívicos.
Por eso digo que estos temas muy complejos no deben estar incluidos en este proyecto de ley, que hace referencia nada más que a lo religioso.
De todas formas, es necesario que los tratemos cuanto antes. En este sentido, en el mensaje del Poder Ejecutivo se hace referencia a que se enviará próximamente un proyecto de ley al respecto.
Asimismo, a través del artículo 5° se excluyen expresamente de la protección religiosa aquellas actividades y entidades relacionadas con el estudio de fenómenos de distinto carácter, como son los psíquicos o parapsicológicos, los astrofísicos, la adivinación o la difusión de ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos o espiritualistas, así como también los ritos satánicos.
Esto nos lleva a uno de los temas que conversamos con el secretario de Culto en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto: el de las sectas, que es de preocupación mundial porque cuando se habla de ellas instantáneamente nos vienen a la mente los ritos esotéricos, las prácticas antinaturales y el recuerdo de tragedias que enlutaron a distintos países. Recordamos recientemente la tragedia ocurrida en Waco, Estados Unidos, donde murieron más de ochenta personas detrás de un supuesto líder que se creía Jesucristo e invocaba poderes extraordinarios, que atrajo a mucha gente que después, por una desgracia, terminó muerta.
Pero también recordemos lo que pasó en Guyana hace varios años, cuando detrás de otro supuesto líder —Jones— se envenenaron 913 personas que tomaron cianuro, siguiendo a su ídolo.
Las sectas están actuando no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, a punto tal que hay resoluciones del Parlamento Europeo donde se hacen recomendaciones acerca de cómo tratar este tema. También hay resoluciones de los parlamentos español y alemán que se refieren a este asunto. Es decir que es una cuestión que realmente preocupa a todo el mundo, razón por la cual nosotros debemos darle un tratamiento especial, pero no dentro de este proyecto de ley de libertad de conciencia y de religión.
Digo esto porque este tema de las sectas no es un problema religioso; muchas veces se escudan bajo el manto de la libertad de religión para poder ejercer sus actividades ilícitas y delictivas, pero reitero que éste no es un problema religioso.
Por estos motivos, con muy buen criterio este proyecto de ley no hace referencia al tema de las sectas, pero sí les coloca límites; por ejemplo, al fijar cuáles son los requisitos que deben reunirse para que las confesiones o comunidades de este tipo puedan ser inscriptas. Además, establece cuáles son excluidas. También existen normas de los Códigos Civil y Penal que restringen el funcionamiento de las sectas.
Uno de los problemas principales es que no existe una definición jurídica, concreta y completa respecto de lo que debe entenderse por secta. Etimológicamente viene del latín “sectio”, que significa cortar o seccionar, y hace referencia a ciertas religiones que se separan de la principal. Si se sigue etimológicamente esta terminología podría suponerse dentro de esta teoría que el cristianismo es una secta del judaísmo, el protestantismo lo es del cristianismo, llegando a cualquier tipo de especulación al respecto.
Lo cierto es que no existen definiciones que puedan englobar o comprender todo lo que hace al problema de las sectas. Si nos atenemos a la definición de la Real Academia Española encontramos como una de sus acepciones que es el conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Otra acepción dice que es un conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Una tercera acepción es que se trata de una doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra; esto es lo que señalaba hace un momento.
Si nos atenemos a la cuestión etimológica, en el Antiguo Testamento se habla de la secta de los cristianos.
En nuestro país existen algunas leyes que hablan de las sectas. Por ejemplo, la 2.393, ley de matrimonio civil, se refiere a los ministros de las sectas; y el viejo reglamento de los cementerios hablaba de que los ministros de las sectas tenían el derecho de enterrar a sus muertos de acuerdo con el ritual correspondiente.
El término es bastante amplio y el problema es candente y actual como para que dejemos de darle importancia.
Considero que el proyecto ha seguido con buen criterio la no inclusión de este tema. Este requiere un tratamiento especial, que podría plasmarse luego de un estudio en otro proyecto de ley. Creo que mi colega el señor senador por Buenos Aires, doctor Cafiero, ha presentado un proyecto en esta materia a efectos de que se haga un estudio siguiendo otras iniciativas existentes en ambas Cámaras de este Parlamento.
No debemos descuidar este tema por el hecho de que no figura en el proyecto en consideración.
Lo cierto es que, por lo pronto, a las sectas debemos aplicarles las normas pertinentes cuando realicen cierto tipo de actividades que puedan encuadrarse dentro de las leyes penales o civiles.
Es decir, no estamos desprotegidos frente al problema de las sectas. Por ejemplo, hay normas del derecho civil que establecen que el hijo menor no puede entrar en comunidades religiosas sin la autorización de los padres. Existe por lo tanto una norma que está estableciendo un límite, pues es por todos conocido que las sectas tienden a captar a los niños.
Dicen que la peligrosidad de las sectas no está dada por la ideología sino por los métodos de captación de adherentes. Apuntan muchas veces a los niños, jóvenes y adolescentes. Por lo tanto, existe una norma que limita el ingreso de los niños en las sectas.
También hay normas que se pueden aplicar para el caso de los procedimientos que utilizan las sectas, de las cuales hay muchos ejemplos en nuestro país.
Aquí se hace una distinción. Hay distintos tipos de sectas, que se clasifican según su grado de peligrosidad, como, por ejemplo, sectas destructivas, sectas de riesgo, etcétera. Las peores son las destructivas.
Respecto de este tema, existen algunas normas de derecho penal; por ejemplo el delito de reducción a servidumbre correspondiente al artículo 140. En algunos casos hay tal sometimiento que se puede tipificar como delito de reducción a servidumbre.
Está el delito de daño en el cuerpo, en la salud, según los artículos 89, 90 y 91 del Código Penal. Hay situaciones que implican flagelos o el sometimiento a castigos corporales, pero —lo que es peor— proporcionan tal impacto psíquico que producen estados de alienación susceptibles de caer dentro de las previsiones del Código Penal en lo referido al daño en la salud física o psíquica.
Hay casos que se podrían aplicar a ciertas sectas que se aprovechan de las mujeres y cuyos líderes las violan aprovechando el estado de sometimiento. Se puede aplicar el inciso 2° del artículo 119 del Código Penal por estar imposibilitadas de resistir.
También se podrían aplicar normas de defraudación correspondientes al inciso 2° del artículo 174 del Código Penal, porque muchas veces las sectas se aprovechan de la inexperiencia de sus adherentes para beneficiarse con sus bienes. Se dio el caso de líderes de sectas que tuvieron un gran enriquecimiento haciéndose transferir los bienes de los adherentes captados por métodos que, por supuesto, lindan con lo delictivo.
Por eso, señor presidente, no es que el proyecto ignore lo que pasa con las sectas sino que, con buen criterio, considera que no es ése el ámbito en que el tema debe ser tratado. No es un proyecto antisectas; respeta el valor religioso. Y las sectas utilizan el efecto de la religión para captar adherentes.
En el capítulo II se habla de las relaciones con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay un status especial; se trata de una religión a la cual nuestra Constitución da un tratamiento especial.
Y, además de dicho tratamiento especial, en nuestra Constitución se ha establecido el derecho de patronato, derecho que figura en distintas normas como el inciso 19 del artículo 67 que, entre las facultades del Congreso, habla del ejercicio del patronato.
En el inciso 8 del artículo 86 dice que el Poder Ejecutivo “…ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las Iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado”.
Asimismo, el inciso 9 del artículo 86 establece que el Poder Ejecutivo “… concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte: requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes”.
Pero lo cierto es que todas las normas relativas al ejercicio del patronato han quedado virtualmente derogadas por el acuerdo celebrado entre el Estado nacional y la Santa Sede en el año 1966, que fuera ratificado por la ley 17.032. Se trata de un acuerdo que ha quitado vigencia sociológica —tal como lo denominan los autores— a las normas que establecen el derecho del patronato, institución que por otra parte tengo entendido que la Santa Sede nunca reconoció formalmente o que, por lo menos, nunca acataba en la forma establecida en nuestra Constitución. Por eso, este acuerdo queda virtualmente sin efecto, dado que los obispos ya no se nombran a propuesta en terna del Senado sino que se reconoce el derecho de la Santa Sede de nombrar en forma directa tanto a obispos como a arzobispos: se hacen las consultas acerca de los candidatos, pero queda sin efecto esa atribución que tenía el Senado de la Nación juntamente con el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el Vaticano puede publicar libremente todas sus resoluciones, disposiciones y decretos, con lo cual queda sin efecto el hecho de que el Poder Ejecutivo concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos.
Por otra parte, también queda sin efecto la facultad que la Constitución Nacional otorga al Congreso en cuanto a admitir nuevas órdenes religiosas, porque el mismo acuerdo celebrado con el Vaticano dice que pueden establecerse nuevas congregaciones u órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas. Es decir, la actual situación en materia de relación entre el Estado nacional y el Vaticano no sufre absolutamente ninguna modificación en virtud de este proyecto. Las cosas quedan como están.
Si bien hay una norma que establece el patronato, ha perdido total vigencia porque —como dije— rige el acuerdo celebrado en el año 1966, que fuera ratificado por la ley 17.032, plenamente vigente al día de la fecha.
Con respecto a esto, un autor ha dicho que se ha producido una mutación constitucional por sustracción, por cuanto en la Constitución material la práctica del patronato carece de vigencia sociológica.
En el capítulo III se hace referencia al Registro de Iglesias y Confesiones Religiosas. Esta es una innovación que trae el proyecto dado que establece una nueva práctica en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas diferentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, religión a la que le reconoce un estatus especial ya que la considera como una persona de carácter público de existencia necesaria.
Como dije anteriormente, la ley 21.745 había organizado las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre la base de la desconfianza, porque tendía nada más que al control y a la fiscalización.
Pero en este proyecto se valora positivamente el hecho religioso. En primer término, decimos que se reconoce a las comunidades, confesiones religiosas o iglesias como tales sin obligarlas a que adopten ninguna forma asociativa en particular.
Porque la ley anterior las obligaba a constituirse como entidades de acuerdo con las normas existentes en nuestro derecho positivo. En este caso cada confesión o iglesia sigue organizada de acuerdo con su propia naturaleza. No tiene la obligación de adoptar algunas de las formas que establece nuestra legislación.
En segundo término, el registro que establece la ley no es obligatorio sino voluntario. Se inscriben las que quieren. Reitero que no es obligatorio inscribirse. Si no lo hacen, pueden seguir actuando libremente, es decir que no se impide la libre actuación, ya sea que no hayan querido inscribirse o que no hayan podido cumplir con los requisitos. Pero a las que se inscriben se les acuerdan ciertos derechos y ventajas: eximición del servicio militar a los ministros, exención impositiva, inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos o lugares de culto, que actualmente es un privilegio que sólo tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Además gozarán de plena autonomía y establecerán libremente su régimen interno y normas de organización.
También se determina que el Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios con dichas comunidades religiosas, con dichas iglesias, que se podrán referir —y esto ha sido tomado de la ley española— a aspectos educativos, días festivos y a conferir ciertos efectos civiles a los matrimonios religiosos celebrados de acuerdo con el rito de estas confesiones.
La ley establece también ciertas pautas a las cuales se deben ajustar para conseguir la inscripción en el Registro, dejando al Poder Ejecutivo la reglamentación de estos aspectos. Estas pautas también han sido analizadas durante la reunión realizada en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Si bien hubo algunas de ellas que no nos parecieron del todo adecuadas, quedó expresamente aclarado —y la ley lo dice— que estos requisitos o pautas no son acumulativos. Basta, para poder acceder al Registro, con el cumplimiento de uno de ellos.
El capítulo IV habla del Consejo Asesor de Asuntos Religiosos. Se trata de institucionalizar el diálogo entre el Estado y las confesiones religiosas. Actualmente la relación es muy buena. Para elaborar este proyecto de ley han acudido a la Secretaría de Cultos y se han hecho consultas prácticamente a todo el espectro religioso vigente en el país. La mayoría estuvo de acuerdo, otros no, pero hay muy buen diálogo. Se trata de institucionalizar a través de un consejo asesor que tiene facultades exclusivamente consultivas y que está integrado por representantes o personalidades nombradas a propuesta de las confesiones o de las comunidades religiosas. Pero lo hacen a título personal, es decir no son representantes legales de esas comunidades que son llamadas a participar en ese consejo asesor. Estos miembros son designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y duran tres años en sus funciones. Se les consultará en todo lo que atañe a materia religiosa y en los temas referidos a los acuerdos de cooperación de los que hablé anteriormente, así como también cuando se reglamente el proyecto de ley que estamos considerando.
El Capítulo V se refiere a la protección de la libertad religiosa y regula dos acciones. Una es de amparo y la pueden promover los individuos o las comunidades para protegerse contra cualquier acto de los poderes públicos o de particulares que tienda a limitar, restringir o menoscabar el ejercicio de los derechos que consagra este proyecto de ley. Es una acción de amparo que tiene un trámite sumarísimo y se tramita ante los jueces federales en el interior y ante los jueces nacionales en la Capital Federal.
También se establece un recurso de apelación contra las decisiones que se dicten, que imposibiliten o no den lugar a la inscripción en el Registro, o cuando se sancione a comunidades por parte de las autoridades del Registro. En este caso hay un recurso de apelación que se tramita ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Es decir que hay acciones legales tanto para impedir la violación de los derechos que se vinculan con la libertad de conciencia y la libertad religiosa como para proteger el derecho de las comunidades —esto, a través de una apelación— contra las denegaciones de inscripción en el registro o contra la aplicación de sanciones.
Luego encontramos en el Capítulo VI las disposiciones transitorias, que hacen referencia a las normas de transición que permiten a las entidades previstas por la ley 21.745 pasar al nuevo régimen, lo cual desde luego es también facultativo para las entidades.
Asimismo se modifican algunas normas del Código Civil, sobre todo en materia de terminología, donde se habla de cultos disidentes o protestantes o cuando se usa algún otro tipo de expresión que no está de acuerdo con la pluralidad religiosa que actualmente existe en nuestro país. En efecto, en el artículo 2.346 se reemplazan los términos “iglesias disidentes” por “iglesias, comunidades o confesiones religiosas”, y en el artículo 3.740 se reemplaza la palabra “protestante” por el término “religioso”, con lo cual se atiende también al pluralismo religioso actualmente en vigencia.
Sr. Snopek. — …
Sr. Menem. — ¿Decía, señor senador?
Sr. Snopek. — Quiero hacer una pregunta respecto de un tema que no me quedó claro a pesar de la brillante exposición que el miembro informante realizara sobre los alcances del proyecto de ley.
Mi pregunta es por qué se establece la jurisdicción federal, no en el caso de los reclamos ante la denegatoria del Registro, que puede dar lugar a una cuestión contencioso-administrativa, sino cuando se reconoce el amparo ante los jueces federales. Ese es mi interrogante con respecto al caso de las personas.
Sr. Menem. — ¿Usted se refiere a la acción de amparo?
Sr. Snopek. — Sí. En el caso de una acción de amparo a las personas, ¿por qué se dirige el recurso a la Justicia Federal y no a la ordinaria?
Sr. Menem. — Porque se entiende que se trata de un tema que por su naturaleza es de competencia federal y no corresponde a la justicia ordinaria; es decir, que se debe a la naturaleza misma del derecho que se trata de proteger.
En síntesis, señor presidente, señores senadores, consideramos un proyecto de ley que, como dije al principio, es trascendente. Hace referencia a uno de los derechos humanos fundamentales. Por primera vez estamos estableciendo un régimen orgánico de protección de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Regulamos las relaciones entre iglesias, comunidades religiosas y Estado. Ratificamos el “status” de la Iglesia Católica Apostólica Romana y, en definitiva, al rescatar el valor religioso estamos haciendo un importante aporte al progreso moral y espiritual de nuestro país.
De esta forma, señor presidente, dejo fundados mi exposición y mi voto favorable a este proyecto de ley.

Proyecto de ley aprobando la Convención sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (14 de febrero de 1996)

14 de febrero de 1996
Diario de Sesiones – Tomo 1 – Páginas 6760 y 6761

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: me voy a referir muy brevemente al tema que da motivo al orden del día 1.064. Se trata del ejercicio de la facultad constitucional del Senado de la Nación para considerar una convención internacional suscripta por el Poder Ejecutivo a tenor del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, más concretamente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belén do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994.
Generalmente no fundamentamos los convenios que aprobamos por ley sino que sólo procedemos a darle directamente el trámite de aprobación. Pero este caso se refiere a una convención directamente referida a derechos humanos. Al respecto, nuestro país ha adoptado una posición de vanguardia en la materia, como quedó demostrado al darle jerarquía constitucional a los ocho convenios más importantes sobre derechos humanos que se suscribieron en el mundo, con su incorporación al texto de la Carta Magna reformada en 1994, en su artículo 75, inciso 22, como complemento de la primera parte del texto constitucional. Esto marca una política en materia de derechos humanos que por supuesto debemos enfatizar tratándole de dar el lugar que corresponde porque hace a nuestra sensibilidad y a nuestra posición nacional e internacional sobre el tema.
El convenio en consideración consta de 25 artículos y está dividido en cinco capítulos: tiene algunas definiciones en el capítulo I; una caracterización de los derechos protegidos en el capítulo II; los deberes de los Estados en el capítulo III; los mecanismos interamericanos de protección en el capítulo IV y las disposiciones generales en el capítulo V.
Debemos decir en primer término que esta Convención se encuadra en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionada por las Naciones Unidas.
Como definición consagra que la violencia contra la mujer, como principio general, constituye una violación de los derechos humanos, constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.
Debemos decir que el ámbito institucional de aplicación de esta Convención es la Organización de Estados americanos. Es decir, éste es un convenio que tiene su ámbito de aplicación en lo que nosotros conocemos como OEA.
En el capítulo I se define qué se entiende por violencia contra la mujer, caracterizándose como tal cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
En cuanto al ámbito donde se puede desarrollar esta acción, es amplio. Se refiere tanto al ámbito familiar o unidad doméstica o a cualquier otra relación interpersonal; a la comunidad, cualquiera sea la persona que lo perpetre, y que comprende, entre otros —aquí está caracterizando o tipificando cuáles son esos hechos— la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar.
En lo referente a los derechos protegidos, consagra expresamente esta Convención que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado; tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Se reconoce además que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y se incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.
La Convención establece deberes para los Estados que condenan toda forma de violencia y se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, obligándose a tal efecto una serie de acciones que están perfectamente establecidas en la Convención.
Por otra parte, se establecen mecanismos internacionales o interamericanos de protección, como la obligación de incluir en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres todas las medidas que se adopten para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer; pueden pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre interpretación de esta Convención y también habilita a que cualquier persona u organización no gubernamental pueda presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formulando denuncias o quejas por la violación de la Convención.
En síntesis, constituye un avance más en la protección de los derechos humanos, que hace en este caso a la dignidad de la mujer, que viene a complementarse con otra convención que fue aprobada por nuestro país a través de la ley 23.179, que es la Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980. Esta Convención es uno de los ocho tratados y concordatos que han sido incorporados al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, por lo que tiene jerarquía constitucional.
Por estas razones, señor presidente y señores senadores, y considerando que la ratificación de esta Convención constituye un paso más en la protección de los derechos humanos, solicito la aprobación por parte de este cuerpo de esta convención internacional.

Proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (30 de abril de 1997)

30 de abril de 1997
Diario de Sesiones – Tomo 3 – Páginas 1864 y 1865

Sr. Menem. — Señor presidente: si bien el dictamen en este proyecto por el cual se le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas ha sido apoyado unánimemente, creo que no podemos dejarlo pasar sin hacer una muy breve manifestación, por la importancia que tiene este tema.
Es sabido que la Constitución reformada en 1994, en uno de sus aspectos más salientes —diría yo, en uno de sus aspectos principales, que le ha dado con justicia el carácter, que se le ha reconocido, de ser una constitución garantista—, ha elevado a la suprema jerarquía constitucional la protección de los derechos humanos.
Es por eso que en su artículo 75, inciso 22, se da a los tratados, en general, una jerarquía superior a la de las leyes. Pero a ciertos tratados relativos a la protección de los derechos humanos se les da una jerarquía no sólo superior a la de las leyes, sino igual a la que es propia de las normas constitucionales. Esto ha puesto a nuestra Constitución a la vanguardia de las Constituciones del mundo en materia de protección de los derechos humanos.
El artículo 75, inciso 22, enumera una serie de tratados a los cuales se les reconoce esa jerarquía constitucional. Nombra, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La norma indica que “… en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…”
Pero nuestra Constitución ha ido más allá. No sólo indica que estos tratados tienen garantía constitucional sino que dejó abierta la puerta para que otros tratados referidos a los derechos humanos también puedan adquirir categoría de norma constitucional por decisión del Congreso de la Nación; decisión que requiere una mayoría calificada de dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara.
En este caso, la Cámara de Diputados le ha dado jerarquía constitucional a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas por la mayoría requerida. Y esto es lo que hoy estamos tratando aquí, señor presidente.
Nuestro Congreso, en virtud de la ley 24.556 sancionada el 13 de septiembre de 1995 y promulgada el 11 de octubre del mismo año, ha aprobado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, en los términos del artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de nuestra Constitución.
Hasta aquí, este tratado tiene una jerarquía superior a la de las leyes. Pero para que tenga jerarquía constitucional se requiere el voto calificado pertinente; y eso es, precisamente, lo que estamos considerando en esta sesión. Creo, señor presidente, que es muy justo que hoy demos jerarquía constitucional a este tratado.
Basta con recordar lo que esta Convención establece sobre la desaparición forzada de personas. En sus considerandos, la Convención determina que tal desaparición constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
También dice que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de carácter inderogable del ser humano, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es decir, es tan grave la afrenta a los derechos humanos a través de este método comúnmente utilizado por las dictaduras, que no sólo merece figurar como un Tratado sino también tener jerarquía constitucional.
También quiero decir, señor presidente, que la desaparición forzada de personas ya tiene una expresa norma en nuestra Carta Magna porque en el artículo 43 de la Constitución reformada en 1994 también se menciona a la desaparición forzada de personas como uno de los casos que habilita la acción del hábeas corpus.
Es decir que aún antes de esta sanción que seguramente hoy vamos a dar, nuestra Constitución ya consideró la trascendencia que tiene ese delito y brindó la protección necesaria de una acción rápida como es la del hábeas corpus, regulada en su artículo 43.
Por eso, señor presidente, yo no podía dejar pasar por alto esta circunstancia —si bien, seguramente, la aprobación será por unanimidad— para señalar la trascendencia que tiene este proyecto que hoy consideramos a efectos de elevar a jerarquía constitucional la protección de un derecho fundamental que hace a la persona, que hace al derecho a la existencia de la persona, al derecho a la identidad y al derecho de toda la comunidad humana.
Por eso invito a todos mis colegas a votar fervorosamente esta primera incorporación de un nuevo Tratado de derechos humanos, que hacemos por esta vía, desde la sanción de la Constitución en 1994.

Proyecto de ley aprobando el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional (20 de agosto del 2000)

20 de agosto de 2000
38ª Reunión –15ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: al abordar el tratamiento de este tema, sobre la aprobación del Estatuto de Roma, por el que se crea la Corte Penal Internacional, debo expresar en primer término mi satisfacción y darles la bienvenida en este recinto a representantes de organizaciones de derechos humanos, que han venido a acompañarnos en el tratamiento de este proyecto.
Se encuentran presentes las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos Por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Amnistía Internacional.
También contamos con la destacada presencia de la ex secretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la señora Alicia Pierini.
Me parece muy significativo que estén presentes aquí representantes de organizaciones de derechos humanos, porque el paso que vamos a dar para aprobar el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional es uno de los más trascendentes en la historia de la defensa de los derechos humanos.
Quizás en el siglo XX hemos presenciado la peor violencia en la historia de la humanidad. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en los últimos cincuenta años se han presentado más de doscientos cincuenta conflictos en el mundo, han muerto más de 86 millones de civiles, principalmente mujeres y niños, y a más de 170 millones de personas se les han violado sus derechos, su propiedad y su dignidad. La mayoría de estas víctimas simplemente han quedado en el olvido y pocos responsables han rendido cuentas ante la justicia.
Ocurre que a pesar de que existen tratados y leyes que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, a pesar de todos esos tratados, convenciones y códigos que tienen toda una serie de prohibiciones y disposiciones, la falta de un organismo que haga efectivas las garantías para evitar que se cometan esos delitos ha traído como consecuencia una extendida impunidad para los que han cometido esos crímenes.
Como se recordará, después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar de la necesidad de crear un tribunal permanente para juzgar este tipo de delitos. Recordemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial se constituyeron tribunales ad hoc, como los de Núremberg y de Tokio. En esa oportunidad, el fiscal supremo por parte de los Estados Unidos en Núremberg, Robert Jackson, en su discurso de apertura, afirmó que el trato que un gobierno da a su propio pueblo normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o a la comunidad internacional de los estados. Sin embargo, el mal trato de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes porque el silencio sería consentimiento.
Pero pese a estas ideas tan claras y a la necesidad de creación de un tribunal penal permanente en el orden internacional que castigue a los autores de estos horrendos crímenes, han pasado muchos años sin que eso se haya concretado. Tuvieron que producirse los conflictos y los crímenes tremendos de la ex Yugoslavia en 1993 y de Ruanda en 1994 para que se sienta concretamente la necesidad de la existencia de un organismo que juzgue esos delitos. Y se crearon tribunales ad hoc para estos casos, pero estaban limitados en el tiempo y a los casos concretos de Ruanda y de la ex Yugoslavia.
Sin embargo, esos hechos apresuraron la conciencia generalizada sobre la necesidad de crear ese tribunal permanente. Y es así como en la conferencia diplomática de las Naciones Unidas celebrada en Roma entre el 15 y el 17 de julio de 1998, en la que participaron ciento sesenta Estados y con la presencia de centenares de representantes de organizaciones no gubernamentales que contribuyeron a este proceso, se aprobó finalmente el Estatuto creando esa Corte Penal Internacional con una votación de 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Tres estados expresaron sus razones para votar en contra: China, Estados Unidos e Israel.
Cabe destacar que resulta llamativa la posición de los Estados Unidos. Incluso propuso algunas enmiendas, que de ser aceptadas significarían desvirtuar el sentido del Estatuto. Por eso yo no tengo un buen pronóstico respecto a esas enmiendas. Además, no creo que aunque fueran aceptadas, los Estados Unidos estén de acuerdo en participar mientras haya pensamientos como el del pintoresco senador Jesse Helms, que al oponerse terminantemente a la creación de esta Corte manifestó que no sólo no hay que aprobarla sino que hay que tratar de destruirla porque representa un monstruo. Además dijo que los Estados Unidos no pueden aceptar nunca la existencia de una Corte que pueda perturbar la defensa de sus intereses, agregando: ¿Qué hubiera sido si estaba esa Corte en los casos de Panamá y de Grenada? O sea, ¿cómo hubiera actuado esa Corte frente a las acciones de Estados Unidos en esos casos?
Creo que eso es no entender a qué apunta esta creación de la Corte Penal Internacional, que no va en contra de los Estados sino a castigar a los que cometan los horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De todos modos, de acuerdo con la información suministrada por las Naciones Unidas, al 17 de julio de 2000 el Estatuto de Roma fue suscripto por noventa y ocho Estados, y ya lo han ratificado catorce, a saber: Italia, Francia, Noruega, Bélgica, Islandia, San Marino, Canadá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Belice, Tayikistán, Senegal, Ghana y Fidji.
El Parlamento Europeo, en una resolución de noviembre de 1998, ha instado a los Estados que integran la Unión Europea a que ratifiquen el Estatuto de la Corte para que pueda empezar a funcionar el 31 de diciembre de 2000.
Dentro de nuestro ámbito latinoamericano, Venezuela hace muy poco ratificó el Estatuto; y, además de nuestro país, lo han suscripto Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay.
Es muy importante la ratificación que preste la República Argentina porque sabemos que la posición de nuestro país marca rumbos en esta materia. Cuando lo apruebe la Argentina seguramente va a haber muchos países que se van a apresurar a ratificarlo. Esto va a ser un paso muy importante hacia ese objetivo para que este tribunal internacional entre en vigencia cuanto antes, porque de acuerdo con su texto, hace falta la ratificación de sesenta países. Este Estatuto de la Corte Penal Internacional entrará en vigencia cuando se deposite la ratificación número 60 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Debo decir con orgullo que la República Argentina ha tenido un papel destacadísimo en la creación de esta Corte Penal Internacional. Nuestros representantes han participado activamente en la elaboración de este Estatuto. Además, ha habido una continuidad entre el anterior gobierno, que ha participado, y el nuevo gobierno, que ha remitido el mensaje y proyecto de ley que hoy estamos tratando.
La República Argentina también tiene presencia en la Comisión preparatoria. Nuestra representante es coordinadora en la elaboración de las reglas de procedimiento y de prueba que actualmente se están tratando en esa Comisión preparatoria. No es ésta la oportunidad en que vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de este Estatuto, que es muy extenso: tiene 128 artículos, 13 partes y contiene normas de Derecho de fondo y de Derecho Procesal.
Sí debo decir, señor presidente, que se trata de una relevante obra jurídica en la que se ha pretendido establecer un equilibrio entre la necesidad de juzgar todos estos crímenes que tienen relevancia internacional y garantizar al mismo tiempo el derecho de defensa de los imputados.
Se ha fijado un sistema acusatorio muy completo donde se dan todos los derechos que pueden tener los imputados a tono con las Constituciones de los países que han establecido las garantías fundamentales para su defensa, pero también, por supuesto, estableciendo un equilibrio para que las víctimas puedan recibir la reparación del caso, sancionando con las penas fijadas a todos aquellos que violen estos derechos humanos.
Se trata de un Tribunal internacional de carácter permanente de naturaleza penal que está facultado para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Quiero aclarar que la jurisdicción es sobre personas, no sobre Estados. Ejerce su jurisdicción sobre individuos y no sobre organismos. Por eso no tiene entre sus facultades la de resolver conflictos entre Estados como sí lo hacen la Corte Internacional de Justicia de La Haya o el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Su carácter permanente lo hace diferente de todos los otros tribunales creados hasta ahora, como fueron el de Núremberg, el de Tokio, el de Ruanda o el de la ex Yugoslavia. O sea que no se crea un organismo para actuar ad hoc o ex post, sino que actúa de aquí para el futuro.
Se trata de un órgano con personalidad jurídica internacional, independiente orgánica y funcionalmente de las Naciones Unidas pero que va a estar vinculado a ella cuando la Asamblea de Estados parte apruebe un acuerdo. De esa manera pasará a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas a semejanza, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo.
Tendrá su sede en La Haya —es decir, en los Países Bajos—, pero podrá actuar en otros países conforme lo decida esta Corte.
¿En el caso de qué tipo de delitos puede actuar? Puede actuar para juzgar los delitos cometidos por los individuos en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Estos crímenes están específicamente indicados, tipificados, en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto.
También se prevé que va a actuar en contra de los crímenes de agresión, los que todavía no están tipificados y serán motivo de otra resolución de la Asamblea de los Estados parte en el futuro porque no se han puesto de acuerdo sobre dicha tipificación.
Cabe destacar que el genocidio incluye actos concretamente definidos como matar, causar daño grave, impedir nacimientos, etcétera, cometidos con el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Los crímenes de lesa humanidad cubren una lista de actos concretamente tipificados cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre ellos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición forzada de personas y el apartheid.
Cabe destacar como dato importante que el genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente, ya se trate de estado de guerra o de paz. Y los crímenes de guerra se aplican contra aquellos actos cometidos en violación de la Convención de Ginebra de 1949 y otras violaciones graves que enumera el Estatuto cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales. ¿Cómo se abre la competencia de la Corte? Se abre a pedido de un Estado parte que le envía las actuaciones al fiscal o se abre por un pedido que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al fiscal; o también puede actuar de oficio el fiscal cuando entienda que se ha cometido un delito de los tipificados en el Estatuto.
Cabe destacar que la jurisdicción de la Corte no es retroactiva. Sólo puede aplicarse a crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto y de que se establezca la Corte. También cabe destacar que el ejercicio de la jurisdicción es complementario; es decir, la Corte interviene cuando en un delito cometido en un Estado, ese Estado no quiere o no puede juzgarlo; es renuente a juzgarlo. En ese caso interviene la Corte. Por eso es de carácter complementario y no afecta las facultades que tiene cada país en juzgar los delitos cometidos en su territorio.
Cabe destacar que la Corte estará integrada por dieciocho jueces elegidos en forma bastante racional. No puede haber más de un juez de un mismo país; se establece un procedimiento para su selección, tratando de establecer un equilibrio geográfico. Se debe tratar de expertos en derecho penal y en derecho internacional; hay un presidente, un fiscal que actúa con carácter independiente; una Sala de Asuntos Preliminares, una Sala de Apelaciones y una Sala de Primera Instancia. En total —repito— son dieciocho los miembros que lo integran.
Señor presidente: están expresamente previstos en este Estatuto los principios generales del Derecho Penal; son similares a los que contienen las constituciones garantistas. Se establece, por ejemplo, el principio general nulum crimen nula poena sine legge, la irretroactividad de la ley penal, la responsabilidad penal individual, la exclusión de los menores de dieciocho años de la competencia de la Corte. Es decir que contiene los principios fundamentales en materia de Derecho Penal que incluyen las constituciones y los códigos de avanzada.
En cuanto a las penas, se establecen penas de reclusión de hasta treinta años; se establecen condenas a perpetuidad y, como accesorias, se establecen también penas de multa y de decomiso. Se determinan expresamente normas contemplando la apelación y la revisión, la cooperación internacional y la asistencia judicial, cómo se ejecuta la pena. En ese sentido, se ejecuta en los países que se ofrezcan a tal fin. Se establece cómo funciona la Asamblea de los Estados parte, cómo se financia la Corte Internacional. Es decir que se trata de un Estatuto completo que tiene normas de fondo, normas de procedimiento; y, en cuanto a los delitos, contiene una suerte de codificación de delitos que están contenidos en otras leyes, en otros estatutos de orden internacional.
Quiero decir además, señor presidente, que con la sanción de esta ley aprobando el Estatuto de Roma, como decía al comienzo de mi exposición, estamos dando un paso trascendente en materia de defensa de los derechos humanos. A mí me da una gran satisfacción poder hablar de este tema, por cuanto he sido presidente de la Convención Constituyente de 1994 y hemos incorporado a nuestra Constitución principios fundamentales en materia de derechos humanos.
Como recordará el señor presidente, que también fue convencional constituyente, ese artículo 75, inciso 22, que en su momento fue muy criticado y que luego, hoy, es valorado en todo el mundo, constituye una legislación de avanzada, porque incorporamos los principales tratados de derechos humanos y les damos la misma jerarquía que tienen las normas constitucionales. En ese sentido, nuestro país es de avanzada en la defensa de los derechos humanos.
Luego, hemos incorporado otros tratados, como el de la Desaparición Forzada de Personas, y le hemos dado también la jerarquía constitucional, con lo cual estamos poniendo a estas declaraciones de derechos humanos en el más alto nivel, a la par de la primera parte de la Constitución Nacional, de los artículos de las Declaraciones, Derechos y Garantías. Pero además, nuestra Constitución le ha impreso un carácter garantista, y esto tiene que ver con la sanción que daremos hoy.
¿De qué servirían las declaraciones de derechos humanos si, al mismo tiempo, no estuvieran establecidos los organismos, las garantías para que puedan respetarse? Esto ya lo decía Alberdi, el padre de la Constitución: ¿De qué servirían las garantías privadas si no existieran las garantías públicas para hacer cumplir las garantías personales de los individuos?
Por eso, en la Constitución del 94 introdujimos la acción de amparo, la acción de habeas data y el habeas corpus que si bien tenían reconocimiento a nivel legal, les dimos jerarquía constitucional para que pudieran, a través de esas vías, establecerse las garantías correspondientes.
Por ello, se ha dicho con razón —y lo decía el profesor italiano Antonio Lapergola— que la Constitución reformada en 1994 es garantista. Y es precisamente por esa concepción garantista que hoy, en el orden internacional, tratamos de incorporarnos —al aprobarlo— a este Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, porque la lucha por los derechos humanos es muy vieja. Ha nacido prácticamente con el hombre mismo. Se trata de la necesidad de respetar y hacer respetar estas cualidades innatas en el ser humano.
En un magnífico trabajo, en una ponencia que hacía Alicia Pierini en la Universidad de Londres, decía que quizás haya que remontarse a aquella pregunta que le hace Jehová a Caín: “¿A dónde está tu hermano?” Quizás sea allí donde nace el respeto, la necesidad de respetar o de hacerse responsable por el respeto a los derechos humanos. Y de ahí en adelante la lucha de la humanidad ha sido una lucha por el respeto a los derechos humanos, tantas veces violados, y tantas, violados impunemente.
Por eso, estos derechos humanos tienen también su nacimiento en aquello que Sófocles hacía decir a Antígona, aquella heroína que reclamaba ante el tirano Creonte porque no le permitía dar sepultura a su hermano asesinado. Sófocles le hacía decir a Antígona, desoyendo la prohibición de dar sepultura a su hermano, que lo hacía en virtud de aquellas leyes de todos los tiempos, que nadie sabe quién ha establecido pero que están vigentes, que hacen a las leyes divinas.
Esta lucha por los derechos humanos se fue institucionalizando a través del tiempo, y así también fueron creándose los organismos —ya no sólo las declaraciones— y los medios para hacer efectivos los castigos a todos aquellos que violen los referidos derechos humanos.
Por eso digo que cuando avanzamos en este sentido —hoy seguramente vamos a aprobar por unanimidad esta norma- se asegura el respeto a los derechos fundamentales del hombre, sin distinción de raza, credo ni nacionalidad, y sin importar el lugar donde se cometan los delitos.
El funcionamiento de este Tribunal Internacional que juzgará y condenará las violaciones a los derechos humanos constituirá también un triunfo en la lucha permanente por el derecho, en esa “Lucha por el Derecho” a la cual hacía referencia Rudolf Von Ihering; en “La lucha por el Estado de derecho”, de Pablo Lucas Verdú; “Del hombre en el Derecho”, de Gustavo Radbruch; de “Humanismo, Estado y Derecho”, de Luis Legaz y Lacambra, y asimismo, una reafirmación de la fe en el Derecho, a la cual hacía referencia Sebastián Soler.
La concreción de esta Corte Penal Internacional constituirá también un logro importante en esa permanente búsqueda de la verdad de la Humanidad, que es un objetivo permanente del género humano, como bien lo estableció Juan Pablo II en su Encíclica Veritatis Splendor. Es el esplendor de la verdad el que tiene que constituir un faro de guía para la Humanidad.
Por supuesto, a través de la verdad y de la justicia podremos obtener también ese ideal de la paz universal al cual aspiramos en todos los tiempos y que debe ser también un objetivo permanente de nuestra acción.
Por estas razones, solicito a mis colegas la aprobación de este Estatuto de Roma, la aprobación de la Corte Penal Internacional, que nos va a seguir colocando como país de avanzada en la defensa de los derechos humanos.
…………………………………………………………………………………………………………

Sr. Menem. — La reserva de una interpretación, que sería mucho menos que una reserva tradicional, y que pese a nuestras dudas no ha sido aclarada, creo que de ningún modo podría desvirtuar por medio de una interpretación el contenido claro y categórico de este Tratado.
O sea que no creo que pueda hacerse ninguna interpretación que lo desvirtúe y, si así se lo hiciere, realmente se trataría de una reserva que está prohibida. Muy distinto es cuando se intenta hacer una modificación en un tratado bilateral que en uno multilateral. Las condiciones cambian totalmente.
Aprovecho la gentileza de mi colega, compañero y amigo, que dijo que sólo suscribieron este Tratado los países del Tercer Mundo y nombró algunos, como Ghana. Además del respeto que tengo por esos países, quiero recordar que, entre los firmantes de este Tratado, es cierto que hay países del denominado Tercer Mundo, pero también están Alemania, Australia, Austria, Bélgica, nuestro vecino Brasil, España, Dinamarca, Grecia, Holanda, Canadá. Es cierto que no lo firmó Estados Unidos y yo formulé mi crítica, porque realmente es una actitud de las tantas que tiene esa nación cuando no puede imponer su fuerza a través de un veto.
Las objeciones de Estados Unidos tienen que ver con que, según ellos, le resta facultades al Consejo de Seguridad. Y como en ese Consejo ellos tienen derecho de veto, cuestionan la aprobación de este Tratado que, al decir de Jesse Helms, es un monstruo al cual hay que matar.
Yo digo que si a ese país del Norte no le gusta debe ser porque el Tratado, en alguna medida, pone límites a las actitudes que toman a veces. En el discurso de Helms se pregunta cómo habrían actuado y dicen: “Caeríamos bajo la jurisdicción de la Corte, en el caso de Panamá, en el de Grenada y en el del bombardeo a Trípoli”.
Esto revela que el Tratado realmente constituye una preocupación para Estados que usan la fuerza para defender sus intereses nacionales.

Proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño (2 de julio de 2003)

2 de julio de 2003
14ª Reunión – 8ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: vamos a tratar un tema que es muy sensible a nuestra concepción en materia de derechos humanos. Se trata de un Protocolo facultativo que corresponde a la Convención sobre la Protección de los Derechos del Niño.
Ante todo, quiero aclarar qué es un Protocolo Facultativo, porque muchas veces hablamos y repetimos la expresión sin tener una idea clara de lo que se trata. Hay uno que es muy famoso, que ha generado polémica y que todavía no lo hemos considerado en el recinto: el Protocolo Facultativo sobre la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer. A su vez, quiero mencionar que existen otros instrumentos similares que ya fueron aprobados con anterioridad.
La terminología de “Protocolo” significa los acuerdos internacionales menos formales que los denominados “Tratados” o “Convenciones”. Existen distintos tipos de protocolos; y el protocolo facultativo de un tratado es aquel que establece ciertos derechos y obligaciones que son adicionales al tratado principal. Es decir que con el protocolo facultativo se establecen una serie de derechos y obligaciones que vienen a complementar el Tratado principal. ¿Por qué se dice que es “Facultativo”? Porque puede ocurrir que algunos países adhieran al Tratado principal y que no sancionen el Protocolo facultativo. Entonces, se dice que hay dos niveles o vías: los derechos y obligaciones que están establecidos en el Tratado principal y los derechos y obligaciones que están establecidos en el Protocolo facultativo.
Este Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño ha sido sancionado luego de varios años de reuniones y de conversaciones entre los gobiernos, grupos de expertos y organizaciones no gubernamentales, con el fin de reforzar todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos del niño; y, en este caso, sobre tres temas principales: la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este Protocolo Facultativo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución del 25 de mayo de 2000, entrando en vigor el 18 de enero de 2002, pasados tres meses —como dice el texto— de la aprobación o del depósito del décimo instrumento de ratificación, circunstancia que ya se ha producido. La República Argentina suscribió este Protocolo Facultativo el 1 de abril de 2002.
Debo decir, señor presidente, que nuestro país aprobó en su momento la Convención sobre Derechos del Niño por una ley que tuvimos la oportunidad de votar y que lleva el número 23.849. Por esta ley se ratificó esa convención celebrada en Nueva York, la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1989.
Quiero señalar, porque es importante recordarlo, que la República Argentina aprobó la Convención de los Derechos del Niño con una reserva. Y esa reserva hace referencia a los incisos b), c), d) y e) del artículo 21 de la Convención. ¿A qué hacía referencia esa reserva que hizo la República Argentina? Hacía referencia a normas de la Convención de Derechos del Niño que tienen que ver con la adopción de menores en el orden internacional, es decir, la adopción de niños que se hace de un país a otro.
La Argentina consideró prudente no aceptar esa norma sosteniendo, como lo dice en la misma reserva, que no estaban dadas las condiciones para garantizar que esas adopciones se hicieran dentro del marco de la ley y que no se convirtieran en una estratagema o en un artificio para que se produzca la venta o el uso abusivo de los menores.
También, con relación al artículo 1° de la Convención de los Derechos del Niño, la República Argentina introdujo una cláusula interpretativa, porque esa Convención dice que se entiende por niños los que tienen menos de 18 años de edad. La Argentina aclaró que debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad, es decir que aquí hay una definición expresa del Parlamento argentino en cuanto a que la vida comienza en el mismo momento de la concepción en el seno materno. Esto tiene una gran trascendencia por distintas posturas que hay acerca de cuándo comienza la vida. Y hay toda una definición en esa cláusula interpretativa sobre la Convención de los Derechos del Niño.
En todo lo demás, señor presidente, este Protocolo Facultativo, como dije, tiene por finalidad establecer como obligación para los países que se dicten normas y se adopten los procedimientos tendientes a garantizar la represión de estos delitos, que mencioné anteriormente, que tienen que ver con la venta de niños, con la prostitución infantil y con la utilización de los niños en la pornografía.
Se calcula, según información de la UNICEF, que 1.000.000 de menores de edad -la mayoría, niñas- caen en las redes del comercio sexual todos los años, en una industria que genera miles de millones de dólares. Esto, indudablemente, ha sido facilitado por las autopistas informáticas, por Internet y por otros medios, que prácticamente han hecho una apología de la pornografía infantil y que ha tenido repercusiones, inclusive, en lo que se denomina el turismo sexual. Son puestos en el comercio millones de niños que son objeto de las tendencias más abyectas en el ser humano, como atacar a quienes resultan vulnerables por su edad, por su inmadurez y, por supuesto, por su abandono. Porque está visto que la mayoría de los que son objeto de estos delitos son refugiados, huérfanos, niños abandonados, niños trabajadores que se desempeñan como sirvientes domésticos o niños afectados por conflictos armados.
Por eso el artículo 1° del Protocolo dice que los Estados partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. Y agregando en el artículo 3 que cada Estado adoptará medidas para que como mínimo los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal.
A continuación el Protocolo establece una serie de actos considerados violatorios de estas normas. No los voy a mencionar porque están todos debidamente detallados en el mismo instrumento, de modo tal que todos estos casos se encuadran dentro de estos tres tipos: la venta de niños, la pornografía infantil y la prostitución infantil.
El Protocolo también establece normas respecto de la extradición. Es decir, se facilita la extradición por este tipo de delitos y se establece que en todo Tratado que se realice se va a entender que los Estados parte aceptan que esté incluida por estos delitos la extradición de los delincuentes entre los distintos países. Lo que ocurre es que se pone énfasis en esto porque son delitos que podríamos denominar transfronterizos, es decir que se cometen normalmente de un país a otros. Por eso se establecen expresamente normas en materia de extradición.
Señor presidente: este Protocolo ha sido firmado por ochenta y nueve países y ha sido ratificado por cincuenta, según la información oficial que tenemos al mes de marzo de 2003.
Dentro de los países que ya lo han ratificado se destacan algunos como Bulgaria, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Islandia, Italia, Marruecos, México, Noruega, Panamá, Rumania, Sierra Leona, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam.
Es sabido que la República Argentina adoptó una legislación de vanguardia al darle jerarquía constitucional a los Tratados sobre derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional, y uno de ellos fue la Convención sobre Derechos del Niño, a la cual vine haciendo referencia. En este Protocolo Facultativo se dice expresamente que tiene como propósito asegurar el mejor logro de los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36. Precisamente, estos artículos hacen referencia al tipo de protección que se quiere brindar a los niños en contra de las violaciones de sus derechos por este manejo de la venta de los niños, de la prostitución y de la utilización de ellos en materia de pornografía.
—Ocupa la Presidencia el vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo López Arias.
Sr. Menem.— Señor presidente: con esto quiero significar la gran importancia que tiene la aprobación de este Protocolo por ser complementario de una Convención que tiene jerarquía constitucional, que reprime delitos que tienen mucha actualidad. La información cotidiana nos revela los casos que han trascendido a través de los medios, el uso de las redes informáticas con pornografía y, por supuesto, el denominado turismo sexual, la venta de niños y todo lo que hace a este marco que realmente revela los instintos más denigrantes de los seres humanos.
Por eso he considerado que no podíamos tratar este instrumento como un proyecto más. Creo que es importante porque viene a complementar una Convención sobre derechos humanos que está incorporada a nuestra Constitución y que obliga a los estados parte a hacer todo lo posible para proteger a estos sectores tan vulnerables en los cuales se asienta el futuro de nuestros países.
Por lo expuesto, creo que daremos otro paso importante al aprobar este Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.

Proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (14 de abril del 2004)

14 de abril de 2004
6ª Reunión – 4ª Sesión Ordinaria

Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: si no va a hacer uso de la palabra el señor presidente de la Comisión, quisiera hacer algunas reflexiones sobre este importante Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Como es sabido, nuestro país ha aprobado oportunamente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y lo ha incorporado a la Constitución Nacional, por el artículo 75, inciso 22). O sea, tiene jerarquía constitucional.
Este tratado contra la tortura considera la sanción de aquellas acciones que tiendan a infligir un trato inhumano o daños físicos o psíquicos contra las personas, con el objeto de castigarlas, conseguir datos o acciones o para limitarlas en su capacidad de acción y de pensamiento.
Quizás se trate de uno de los delitos más aberrantes, razón por la cual se ha establecido que cuando la tortura se lleve a cabo en forma de un ataque sistematizado contra una población civil, será considerada como un delito de lesa humanidad. En ese sentido, según lo previsto por el Tratado de Roma, se trata de uno de los delitos con mayor pena.
Para controlar el cumplimiento de las obligaciones que asumen los estados dicho tratado crea un Comité contra la Tortura, que establece la facultad de intervenir a posteriori de que se produzcan los hechos. Es decir, el Comité interviene a partir de la existencia de denuncias acerca de que se hubieran producido torturas, para lo cual existe todo un sistema de comunicaciones y de manifestaciones.
Debo decir que cuando se suscribió esta convención contra las torturas, se dejó abierta la posibilidad de que los estados puedan —o no— admitir la jurisdicción de dicho comité. Algunos países han optado por no aceptar esa jurisdicción, por entender que ella podría afectar algunos principios de su derecho interno.
La República Argentina, cuando ratificó esta Convención, declaró expresamente que aceptaba la jurisdicción o la competencia del Comité contra la Tortura, en los términos de los artículos 21 y 22 de la Convención. Es decir que nuestro país adoptó una posición de vanguardia, dejando en claro que es un país que no tiene nada que ocultar con relación a este tema.
Hay que recordar que esta convención fue ratificada en 1984, cuando por supuesto ya estábamos viviendo en democracia. Por esa razón, me pareció sumamente importante que la Argentina, al depositar la ratificación declarara expresamente que aceptaba la competencia de dicho comité.
Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que el Comité contra la Tortura, en función de las facultades que tiene, siempre interviene en forma reactiva; es decir, después de producida la tortura. Por ello, se contempló la posibilidad de establecer un mecanismo que actúe en forma preventiva para evitar que se produzca la tortura —es decir, anticipándose a los hechos—, a través de un denominado protocolo facultativo.
En ese sentido, hay que recordar que existen distintos tipos de protocolos que siguen a los tratados internacionales.
¿Qué es un protocolo facultativo? Es aquel que tiene menos jerarquía que un tratado y en el que las partes convienen sobre ciertas obligaciones que no han podido ser consensuadas en aquél. Así, por la vía de un acuerdo de menor jerarquía —como el protocolo, precisamente— los estados se obligan igualmente a establecer una serie de obligaciones y derechos. Y son facultativos, justamente, porque los suscriben los que quieren; por eso se los denomina de ese modo. En realidad, es una suerte de redundancia.
Este protocolo facultativo que hoy estamos considerando trata de hacer más operativa —darle más eficacia y mayor efectividad— a la Convención Contra la Tortura. Ese es el propósito que persigue este protocolo que la Argentina ha suscrito junto con otros países y que hoy intentaremos ratificar.
Se trata de un instrumento que viene a coronar toda la problemática legislativa en materia de protección a la integridad física y moral de las personas, en el convencimiento de que las torturas no sólo degradan física y psíquicamente al individuo sino que también afectan su dignidad y la de los pueblos en donde se cometen esas aberraciones.
Este protocolo facultativo tiene como núcleo central la creación de un subcomité —encargado de la operatividad, para evitar que se cometan estos actos aberrantes—, con facultades para visitar países. Además, las naciones signatarias tienen la obligación de abrirle las puertas y de indicarle dónde hay lugares de detención, a los efectos de que pueda ver la forma en que son tratadas las personas privadas de su libertad, y si ellas aceptan, pueden conversar en privado con los funcionarios.
En el caso de haberse producido tratos degradantes o relacionados con torturas se le hace una observación al Estado. El país debe contestar la observación y luego el subcomité realiza un informe, el cual puede ser elevado al comité o directamente publicarse, lo que vendría a ser una especie de reproche internacional por las torturas cometidas.
Ahora bien, el concepto de “detenido” —cuando se habla de lugares de detención— es amplio, ya que se aplica al caso del arresto, de la condena definitiva u a otro tipo de pena. Es decir, no importa el grado o el título que se le dé a la pena sino que lo que califica el estudio es la situación de la persona privada de su libertad.
El subcomité estará integrado por expertos en derechos humanos y en materia penal a propuesta de los países firmantes. El protocolo establece un sistema para su designación —el cual no vale la pena relatarlo, porque se trata de trámites usuales en los convenios internacionales—, en donde son propuestos por los países, se hace una lista y de ahí se eligen a diez expertos, número que puede ser elevado a veinticinco si aumentan los países que adhieren a este protocolo facultativo.
En definitiva, nuestro país está dando un paso más en esta verdadera avanzada en la protección de los derechos humanos, basada en primer lugar en la ratificación de los convenios más importantes en esta materia por su incorporación a nuestra Constitución en 1994 y por la posterior inclusión de los tratados ratificados por la Argentina, a los cuales se les dio jerarquía constitucional. La nómina es conocida por todos, no la repetiré.
Con estos fundamentos quiero decir que estamos a la vanguardia en la protección de los derechos humanos. Y me permito hacer dos reflexiones. En primer lugar, me preocupa que todavía no hayamos considerado un proyecto de comunicación presentado por mí oportunamente, expresando nuestra preocupación por la situación de los detenidos en la Base Guantánamo. Ahí tenemos un caso típico de tortura de presos y de violación a los derechos humanos, ya que los detenidos no están sometidos a proceso ni reciben visitas de familiares. Escuché explicaciones de un funcionario de Estados Unidos que decía que son prisioneros de guerra; como si estos no tuvieran derechos.
Por eso nosotros deberíamos pronunciarnos expresando la preocupación del Senado y pidiendo al Poder Ejecutivo que también se interese por la situación de estos detenidos. No importa de dónde son; no importa qué delitos han cometido; lo importante es que la detención se tiene que hacer en condiciones dignas, acorde con la personalidad humana.
La otra preocupación está vinculada con el Tratado Internacional de Roma, en donde se contempla todo este tipo de delitos, porque el tema estaba listo para ser considerado, pero luego fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y la implementación de los delitos que prevé el Tratado Internacional de Roma es muy importante. ¿Por qué? Porque la Argentina, en materia de derechos humanos tiene suficientes títulos para pararse en cualquier foro internacional y decir que nuestro país defiende los derechos humanos y, en consecuencia, tiene derecho a exigir el respeto a los derechos humanos en otros países.
En tiempos próximos se va a dar que tengamos que juzgar los crímenes en Irak. Entonces, a mí me parece que no sería bueno repetir la creación de tribunales especiales para juzgar los crímenes, tal como se hizo en los casos de Ruanda y de la ex Yugoslavia, en donde se crearon tribunales internacionales ex post facto. En este caso ya tendría que intervenir la Corte Penal Internacional de Roma, que es un tribunal creado con anterioridad, con personalidades destacadas y que ofrecerá garantías de imparcialidad para juzgar a todos aquellos que han cometidos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En síntesis, el aprobar la iniciativa en consideración constituye un paso muy importante. La Argentina es uno de los primeros países en proceder a su ratificación. Ya habíamos dado el ejemplo de someternos a la jurisdicción del Comité de Tortura y, en consecuencia, la adhesión a este subcomité es una forma de avanzar en la protección de un bien jurídico tan preciado como son los derechos humanos, tema en el que internacionalmente estamos marcando un rumbo. Por lo expuesto pido a mis colegas la aprobación de este proyecto.

Proyecto de ley implementando el Estatuto de Roma (23 de junio de 2004)

23 de junio de 2004
14ª Reunión – 12ª Sesión Ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: a través de la sanción del proyecto de ley en consideración por el que se implementa el Estatuto de Roma vamos a dar un paso trascendente en nuestro país en lo que respecta a la protección y consolidación de los derechos humanos.
Realmente este tema podría dar lugar a una exposición muy extensa, pero lo avanzado de la hora y el informe efectuado por la presidenta de la comisión me eximen de incursionar en algunos temas.
De todos modos, quiero señalar que constituye un hito fundamental que después de haber aprobado el Estatuto de Roma a través de la sanción de la ley 25.390 —que fue realmente un paso gigantesco en la larga lucha por la defensa de los derechos humanos—, estemos por medio del proyecto de ley en consideración tendiendo a la implementación de las normas de dicho Estatuto a fin de que sean efectivamente operativas en nuestro país.
Una cosa es el Estatuto, en el cual figuran la Corte Internacional y la definición de los delitos respectivos, y otra es que para que esos delitos sean operativos en nuestro país se necesita este proyecto de ley de implementación, que además establece las normas de cooperación y, por supuesto, los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional.
El siglo XX ha marcado una gravísima contradicción, que nos llena de asombro todos los días, porque ha sido pródigo en acontecimientos técnicos y científicos en materia de medicina y en lo que respecta al avance de la técnica pero, al mismo tiempo, se han producido hechos terribles.
Por ejemplo, hemos llegado a la luna; los robots llegan a Marte; salen del universo; en materia de medicina se han hecho progresos extraordinarios, etcétera. Pero mientras eso ocurre en el campo de la ciencia, también el siglo XX ha sido escenario de las más graves atrocidades en contra de los derechos humanos.
En ese sentido, las dos guerras mundiales se llevaron millones y millones de muertos y en algunos países, como en Rusia, desaparecieron tres generaciones como consecuencia de la guerra.
En igual sentido, mientras la medicina y los que estudian para tratar de mitigar el dolor humano avanzan en ese aspecto, en ese mismo momento hay fuerzas que torturan a otros seres humanos. Y mientras se tratan de evitar las consecuencias de enfermedades como el SIDA y otros flagelos sanitarios, las bombas Napalm y toda esa parafernalia de armamentos liquidan miles de vidas en un segundo.
Entonces, esta lucha por la defensa de los derechos humanos se desarrolla en este escenario y data de muchos años.
Es cierto, como decía la miembro informante, que no es la perfección. Todavía quedan detalles. Todavía la política está afectando para que lleguemos al ideal de juzgamiento de los delitos contra los derechos humanos, pero indudablemente es un gran paso.
Desde aquel Estatuto de la Guerra, de 1386, de Ricardo II de Inglaterra, que ya condenaba a algunos crímenes de guerra, hasta el Estatuto de 1478, de Alemania, que en alguna oportunidad invocamos. En el año 1474 se lleva a cabo el primer juicio internacional celebrado por un tribunal internacional, por crímenes de guerra, en el cual fue juzgado Peter von Hagenbach, por los crímenes cometidos por la ocupación de la ciudad de Breisach.
Yo recuerdo que cuando en este Parlamento tratamos la ley de obediencia debida —nosotros en ese momento votamos en contra— señalamos que este señor von Hagenbach había invocado que cometía esos hechos en virtud de órdenes superiores, por la carta de acatamiento de órdenes superiores, pero fue denegada en su defensa, lo cual marca un hito fundamental, por ser contraria a la ley de Dios y de los hombres.
En la guerra de Secesión de los Estados Unidos existió el Código Lieber, sancionado por Abraham Lincoln, en el cual se establece una lista de actos considerados como crímenes de guerra, que era para los soldados estadounidenses, pero como si fueran cometidos en el propio país.
En el año 1870, uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional, Gustavo Moynier, también establece la conveniencia de instituir un tribunal internacional para velar por el incumplimiento del convenio de Ginebra de 1864, relativo al trato de soldados heridos.
En 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles otorgó a las potencias aliadas la facultad y el derecho de enjuiciar y castigar a los individuos que violan las leyes y costumbres de la guerra. Por ese tratado se quiso enjuiciar al káiser Guillermo II, pero al no ser concedida su extradición por los Países Bajos no pudo ser juzgado, y sí actuaron tribunales de distintas ciudades alemanas, para juzgar los delitos de guerra.
En el año 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas sanciona la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Además invitó a la Comisión a estudiar la posibilidad de crear un tribunal internacional para juzgar estos delitos.
En el año 1950 se dicta la resolución 489 de la Asamblea General, por la cual se establece un comité para preparar una propuesta relacionada con el establecimiento de la Corte.
En el año 1951 se redacta ese proyecto que se revisa en el 53 y no se lo pone en vigencia, entre otras cosas, porque las partes no se habían puesto de acuerdo sobre la definición del delito de agresión. Estamos hablando del año 1951. Llegamos a la consideración del Estatuto de Roma en la década del 90 y todavía no se pusieron de acuerdo sobre la definición del delito de agresión, razón por la cual no está incluido en el Estatuto de Roma.
Luego, con la Guerra Fría, todos estos intentos se paralizan y recién en la década del 90 se reanudan las gestiones para la creación de la Corte Internacional, que termina con la sanción del Estatuto de Roma.
Esta larga lucha marca el funcionamiento de algunos tribunales internacionales que contribuyeron al desarrollo del derecho penal internacional. Aquí ha sido mencionado el tribunal de Nuremberg y el de Tokio. Estos tribunales que fueron instituidos por las potencias aliadas para juzgar a los criminales de guerra, terminaron dictando condenas de muerte, algunas de las cuales fueron ejecutadas, otras no, y constituyó un antecedente importante por dos cuestiones: primero, porque permitió el desarrollo de una doctrina sobre los que eran los crímenes de guerra y, en alguna medida, se introdujeron principios de derecho humanitario y, por otra parte, la necesidad de la creación de un tribunal internacional. Porque los tribunales de Nuremberg y de Tokio, como los posteriores de la ex Yugoslavia y de Ruanda, que están funcionando actualmente, tienen un problema insoluble, que felizmente el Estatuto de Roma los va a superar.
Como aquí se ha dicho, son tribunales creados ex post facto, es decir, después de cometidos los crímenes, con lo cual se viola un elemento liminar del principio de legalidad que es el del juez natural.
Esta mañana le pregunté a la doctora Argibay y reconoció que tuvieron que hacer toda una elaboración para justificar por qué en los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda podían funcionar esos tribunales juzgando crímenes cometidos con anterioridad. Salvaron así el principio del juez natural diciendo que si son creados por ley se entiende que cumple con este requisito, lo cual -por supuesto- es una interpretación sumamente forzada. Es claro que se tiene que crear por ley, pero para que sea el principio del juez natural tiene que ser antes de los hechos sometidos a procesos.
Por eso en nuestra ley de implementación, nosotros hacemos referencia y nos remitimos al principio de legalidad establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque rescatamos estos principios, el de que no hay crimen sin ley previa y todos tienen que ser juzgados por un juez instituido antes del hecho de la causa.
Señor presidente: así llegamos al Estatuto de Roma, que ha sido ratificado en nuestro país por la ley 25.390. Como aquí se dijo, nosotros firmamos este convenio y lo ratificamos, y ahora viene la ley de implementación, que es la que estamos tratando.
Esta ley tiene dos principios fundamentales: el de complementariedad y el de cooperación. ¿Qué quiere decir el principio de complementariedad? Este principio quiere decir que los delitos establecidos en el Estatuto de Roma —y que nosotros estamos incorporando y haciendo operativo en nuestro derecho—, primero tienen que ser juzgados por los países en donde esos hechos se cometen. La Corte Penal Internacional interviene en caso de que esos países no quieran o no puedan juzgarlo. Pero la obligación primaria de juzgarlo está en los países donde se cometen esos hechos y esos países delegan en la Corte el juzgamiento sólo en el caso de que no quieran o no puedan juzgarlo. O bien la Corte interviene cuando se demuestra que en esos países no se los quiere juzgar. Este principio es fundamental porque además de que la jurisdicción la ejercen los propios países tiene una gran importancia porque administra en forma adecuada los casos que llegan a la Corte.
En segundo término, está el principio de cooperación, que es fundamental y está también establecido en esta ley de implementación. El principio de cooperación es muy importante porque la Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene sus miembros, sus fiscales y su sede, pero no tiene cómo hacer cumplir las sanciones que dicte. En esos países, no tiene cómo recoger las pruebas, hacer allanamientos o llevar a cabo requisas. Todo este tema de la cooperación se tiene que llevar a cabo por los países donde se cometieron los delitos. Por eso, la cooperación está sindicada como uno de los principios liminares en esta ley de implementación de la Corte Penal Internacional.
Ahora bien, ¿cómo traíamos los delitos del Estatuto de Roma? Había dos formas de incorporarlos. Uno de ellos era volver a definirlos en nuestra legislación. Este es el criterio que había adoptado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2002; es decir, volvió a definir los delitos. Es el criterio que estaba en el dictamen que se había aprobado oportunamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y que no pudo ser tratado. El otro criterio es directamente remitirse al Estatuto de Roma, que los tiene definidos, y establecer las penas. El dictamen que hoy estamos considerando fue la fusión de tres proyectos presentados.
Dicho sea de paso, una de las iniciativas fue presentada por quien habla, junto con otros senadores, a quienes agradezco el apoyo de haber firmado mi proyecto. En definitiva, se cambia el criterio: se remite directamente al Estatuto de Roma y se establecen las penas, que van de 15 a 25 años, de 3 a 25 años y, en caso de muerte, a reclusión y prisión perpetua. Ahí, los tres grandes grupos de delitos son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Sí debemos aclarar —esto lo tenemos que decir porque es una parte fundamental de esta norma— que en nuestra ley de implementación estamos incorporando algunos cambios en estos delitos. Por ejemplo, tomemos el caso en que se prohíbe reclutar a niños menores de 15 años de edad en las fuerzas armadas nacionales o para que se los utilice para participar de hostilidades.
El Estatuto de Roma habla de 15 años. En la ley de implementación, nosotros elevamos la edad a 18. ¿Por qué lo elevamos a 18 años? Porque en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados —que nosotros ratificamos por ley 25.616—, hemos establecido la edad de 18 años. Recordemos que para la legislación argentina, se es niño hasta los 18 años. También tengamos en cuenta la reserva que se hizo cuando sancionamos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
La otra innovación que hacemos al Estatuto de Roma en lo que hace a estos crímenes de guerra es que allí se prohíbe la inanición de poblaciones civiles en caso de conflictos armados internacionales. Nosotros la extendemos para los conflictos armados, aunque no sean internacionales.
Estas son las dos modificaciones que hemos introducido. En realidad, nosotros habíamos querido introducir otros delitos relacionados con el tipo de armas que se emplean, de acuerdo con las convenciones sobre armas en las que participa la República Argentina. Habíamos propuesto también incorporar el tema de la repatriación de los prisioneros, que fue pedido por organizaciones no gubernamentales, pero no hubo acuerdo para esta incorporación y no se tuvo en cuenta a la hora de redactar este proyecto de ley.
Quiero referirme a dos precisiones más sobre las características de esta ley de implementación.
En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, ustedes recordarán que en el Código Penal se establece el principio de la territorialidad. A ese principio de territorialidad, nosotros le agregamos dos casos en los cuales también se aplica la ley. Estos casos son cuando se cometan delitos por nacionales argentinos fuera de nuestro territorio o por personas domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena. Es decir que, en este caso, el principio de territorialidad cede, porque los delitos fueron cometidos en el extranjero por nacionales argentinos o personas domiciliadas en nuestro territorio. Y si no son juzgados en el extranjero, lo debemos hacer en nuestro país. Y también en los casos en que los debamos juzgar debido a convenios internacionales.
También existe otra cláusula que es muy importante, que contiene el principio aut federe aut iudicare —y ya voy terminando, porque veo caras que expresan impaciencia; ocurre que empezamos muy tarde—, que significa que si hay en el país una persona sospechada de haber cometido algunos de los delitos o crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, la República Argentina tiene que juzgarlos aunque no hayan sido cometidos en el país, siempre y cuando no se la quiera juzgar en otra nación. Es decir que el principio es que o lo juzga el país o lo entrega.
Si el país no lo juzga, lo tiene que entregar a la nación que lo reclama y que tenga derecho a juzgarlo; siempre que no haya procedido la extradición o lo reclame la Corte Penal Internacional.
Con relación a todo lo demás, están perfectamente tipificados en la ley los delitos contra la Corte Penal Internacional, es decir, todas aquellas acciones ilegítimas que se cometan contra el organismo internacional. Allí están regulados, así como también perfectamente establecidos y penados, el falso testimonio, la falsedad de las pruebas, la corrupción de testigos, los intentos de soborno, etcétera.
Luego, está la norma de cooperación internacional de asistencia judicial. Ahora bien, quiero aclarar que esta cooperación con la Corte Penal Internacional es mucho más amplia que la incluida en los tratados que se celebran bilateralmente con otros países, porque como la Corte Penal Internacional no tiene una infraestructura adecuada para realizar las pruebas, hacer allanamientos y llevar a cabo el procedimiento para poder juzgar, todas estas acciones deben ser hechas por los países a los que se las requiera; y estos tienen la obligación de prestar esa colaboración.
Por lo tanto, en la implementación de la ley, se regulan cuestiones tales como la forma de hacer los pedidos, la manera en que se tramitan, qué ocurre si hay pedidos concurrentes de extradición, etcétera.
Ahora bien, debo aclarar que cuando hablamos de entrega de personas a la Corte, precisamente, se trata de “entrega” y no de extradición, porque esta ocurre cuando se da entre estados. En consecuencia, reitero, cuando se entregan prisioneros a la Corte, no se trata de extradición.
En cuanto a la posibilidad de que un argentino integre la Corte Penal Internacional, hemos establecido un criterio que ya estaba en el dictamen anterior, que consiste en que para que pueda ser candidato, su designación debe hacerse mediante el mismo procedimiento fijado para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Había otro procedimiento propuesto, que contemplaba a la Cancillería, pero se ha optado por el señalado; y al respecto, coinciden ambos dictámenes.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Guinle). — Por favor pido silencio y respeto al orador.
Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Finalmente, señor presidente, quiero señalar algo más. No puedo terminar la exposición sin resaltar la labor que han cumplido los asesores de las comisiones, que han tratado de unificar las distintas posiciones sobre el tema. Creo que se ha encontrado una solución satisfactoria. A lo mejor, no nos satisface a todos, en todos los puntos. Pero, de todos modos, creo que —como bien se dice, lo mejor es enemigo de lo bueno— es un buen proyecto.
Quiero terminar, también, con una referencia de carácter político, a propósito de lo que decía la miembro informante. Es cierto que esta Corte Penal Internacional está jaqueada por la potencia más grande de la tierra que, no obstante haber firmado junto con otros ciento treinta y nueve países su aprobación, luego, no sólo no la ha ratificado y dice que no la va a ratificar, sino que hace propaganda para que no la ratifiquen otros países. Además ha celebrado, con otros países, convenios bilaterales de inmunidad para los ciudadanos norteamericanos, cuando hacen maniobras o cuando sus tropas van a otros territorios.
Nosotros, oportunamente, hemos repudiado estos convenios. Hemos sancionado aquí un proyecto de declaración de mi autoría y de algún otro senador, por el cual rechazábamos esos convenios bilaterales de inmunidad que piden los Estados Unidos que, en ese sentido, hacen valer la ley del más fuerte.
También quiero decir lo siguiente. Esa resolución de las Naciones Unidas a la cual se hizo referencia está vinculada con el tema de las misiones de paz. Pero hay otro tema mucho más grave que ese. El propio Estatuto de Roma, en el artículo 16, autoriza al Consejo de Seguridad, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, para que pida a la Corte que suspenda, por un plazo que no podrá exceder de doce meses, la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado. La Corte procederá a esa suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. Es decir que, por más que un juicio avance, en determinado momento, el Consejo de Seguridad, en base al Capítulo VII —que debatimos tanto cuando se trató el tema del envío de tropas—, puede pedir la suspensión del juicio y puede renovar esa suspensión.
Es claro que esto es —para decirlo en términos romanos— una capitis diminutio de esta institución tan importante que se ha creado. Pero esas fueron las condiciones en que se pudo conseguir. Sé que fueron temas muy discutidos. Esperamos que cuando se modifique la Carta de las Naciones Unidas, cuando se amplíe o se elimine ese derecho de veto, en algún momento, esta norma deje de tener aplicación.
Pero quiero hacer otra aclaración que es importante. Cuando los Estados Unidos piden inmunidad de sus tropas, invocan el artículo 98 del Estatuto de Roma. Y no tiene nada que ver con este artículo, que establece lo que se denomina el “estatuto de las fuerzas”. Esto es, cuando unas fuerzas armadas están en un país, con consentimiento de éste, pueden celebrar convenios para que, en caso de que las fuerzas armadas del país cuyas tropas están ahí cometan algún delito, ese delito pueda ser juzgado por el país de origen de las tropas. Eso se llama el “estatuto de las fuerzas”.
Pero esto no se aplica a los casos de inmunidad que están pidiendo los Estados Unidos, que abarcan todos los casos en que los ciudadanos o las tropas norteamericanos van a otro país, inclusive, en actos de agresión u ocupación. Para esos casos no está el artículo 98. Eso contempla situaciones distintas. Lo están aplicando en forma totalmente errónea y, por supuesto, no les asiste el derecho a su instrumentación.
Finalmente y en cuanto a su estado actual, bien se ha dicho que el Tratado fue suscrito por 139 países, de los cuales 94 ya lo han ratificado, lo que lo hace el que más firmas consiguió en la historia de los convenios internacionales. Este no es un dato menor.
Informo también que no son muchos los que lo han implementado. Algunos senadores, en cierto momento, me preguntaron acerca de mi inquietud por sancionar esta ley de implementación. Simplemente, era porque como nuestro país viene marcando rumbos en materia de derechos humanos —a través de la reforma constitucional de 1994 y de las incorporaciones de los convenios internacionales de protección de la dignidad de la persona humana que se efectuaron después—, quería que la Argentina fuera el primer país latinoamericano en sancionar esta ley de implementación.
Hay un país de Centroamérica —creo que es Costa Rica— que ya sancionó una ley de implementación muy escueta —tiene tres o cuatro artículos—. Uruguay está a punto de sancionarla. Hoy, felizmente, trataremos de aprobarla nosotros; espero que en Diputados tenga un trámite más rápido.
Como dato informativo, entre los 94 países ratificantes —que ya han aprobado leyes de implementación como la que sancionaremos hoy nosotros— podemos destacar a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Muchos de esos países son muy importantes, por lo que creo que en ese sentido vamos por el buen camino. Sólo nos encontraremos con el escollo de que la potencia más grande de la Tierra le ha declarado la “guerra santa” al Estatuto de Roma. Pero creo que con nuestra persistencia, haciendo docencia en los foros internacionales y asumiendo posiciones firmes, será una batalla que a la larga ganaremos.
El día que ganemos esa batalla, considero que habremos ganado la batalla decisiva por la dignidad del ser humano.

DERECHOS SOCIALES»

Proyecto de ley sobre reordenamiento sindical (11 y 12 de marzo de 1984)

11 y 12 de Marzo de 1984 – 20ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 927 a 933

Sr. Menem. — Señor presidente: a esta altura del prolongado debate del día de hoy, quedan sólo muy pocos puntos que no han sido tratados o lo fueron superficialmente, a los que trataré de referirme lo más sintéticamente posible, aun corriendo el riesgo de deshilvanar los conceptos que pueda llegar a verter.
En primer término, considero que no se puede comprender debidamente el fenómeno sindical —como se ha dado en llamarlo— si no se le otorga un enfoque sociológico que nos permitirá determinar su encuadramiento dentro de los ámbitos social, jurídico, económico y político.
Si bien hay quienes sostienen que el origen del sindicalismo se remonta a la más lejana antigüedad, lo cierto es que su iniciación más concreta y sustancial se produce en el siglo XVII, con el advenimiento de las revoluciones industrial y cultural. Es a partir de estos hechos que en la historia de la humanidad se produce un cambio fundamental en la escala de valores: se cambia el concepto de comunidad por el de contrato, este último inspirado en la filosofía de la ilustración encabezada por Hobbes, Locke y Rousseau, que modificó la escala de valores existente, introduciendo como valor supremo el de posesión de la riqueza.
En Grecia, por ejemplo, el valor supremo fue la sabiduría; en Roma, el imperio, la estructuración política; y en otras civilizaciones, la religión. En cambio, a partir del hecho que estoy mencionando, dicho valor pasó a ser lo económico, es decir, la obtención ilimitada del provecho.
Así se estructuró un nuevo orden social con la preeminencia del capital sobre el trabajo, no sólo en el ámbito material sino también en el espiritual. A partir de este momento, tanto el poder económico como el social y el político pasaron a manos de quienes poseían el capital.
Dentro de este proceso, el tema económico se centra en la producción. El hombre no es el ideal perseguido, al contrario, se lo somete al capital. Ya no se mira al hombre en su dignidad sino que se mide la capacidad del ser humano como consumidor, hecho que trae aparejado el trabajo en condiciones infrahumanas.
Es así como el hombre queda sometido al libre juego de las leyes económicas: la ley de la oferta y la demanda. El trabajo pasa a ser una mercancía cuyo precio queda fijado por las leyes económicas y sociales, sin intervención alguna del Estado, que es un sujeto que permanece impasible dejando todo librado al juego de dichas leyes. El hombre pasa a ser un dato, un mero sujeto sometido a las mencionadas leyes. Es la época del laissez faire, laissez passer y aparece así en el escenario sociológico el hombre-masa, produciéndose la gran paradoja del liberalismo que exalta los valores del ciudadano en lo político y sin embargo, se despreocupa del ser humano en lo económico y lo deja sometido a la condición de simple resorte de la economía. Así aparece un grupo de personas que vive en situación de dependencia, inseguridad e incertidumbre. Es la exaltación de la libertad en el plano político y el sometimiento del hombre en el plano económico. Entonces, el concepto de dignidad humana queda totalmente desvirtuado y el hombre que es el centro, el protagonista fundamental de la historia, pasa a ser un marginado de la sociedad, y no sólo en el plano económico sino también en la toma de decisiones, tanto en la empresa en que trabaja como en el ámbito del listado.
Ante esta situación y al tomar conciencia de ese estado de sometimiento, los trabajadores ven la necesidad imperiosa de unirse, primero en defensa de sus intereses económicos y después en procura de su inserción en la sociedad como seres humanos, en toda su dimensión y toda su dignidad.
Así se pasa a constituir un nuevo orden social. Se procura reconstruir el tejido social. El hombre integra los sindicatos para buscar el lugar que le corresponde dentro de la sociedad, pero eso no es gratuito ni fácil, porque, lógicamente, cambia totalmente el esquema de la concepción liberal, lo que provoca a la consiguiente reacción. Por eso se producen las sucesivas etapas en la vida de los sindicatos. Primero es la etapa de la represión, una época en la que la sindicalización constituye un delito. Después se pasa a la etapa de la tolerancia, en la cual no hay persecución pero tampoco protección. Y por último se pasa a la etapa del reconocimiento y consolidación del movimiento obrero que se produce en Estados Unidos a partir del New Deal de Roosevelt, y en la Argentina, desde el año 1943, con la aparición en la escena política del líder de los trabajadores, el general Juan Domingo Perón. (Aplausos.)
En esta forma los sindicatos se consolidan y se estructuran no solamente para alcanzar mejores condiciones económicas de los trabajadores, sino para lograr una convivencia más armónica con su condición de ser humano, sujeto y protagonista de la historia, y no mero espectador. La cuestión no era solo tener más sino ser más como persona y como sujeto de derechos y obligaciones, ser alguien dentro de la sociedad.
En nuestro país el sindicato nació en esa forma a partir del año 1943, y como dice José Luis de Imaz en el trabajo Una estrategia de promoción humana, la asociación profesional constituye un medio que caracteriza al grupo como un ser no marginado, ya que tiene capacidad de reacción frente a la situación para lograr su incorporación al medio cultural, económico, social y político.
Debe destacarse que los sindicatos no constituyen meros organismos de reivindicación, sino que además realizan una tarea que los sociólogos llaman “fiscalizadora”, ya que actúan como voceros del grupo humano y coordinadores, según lo explica Zorrilla en su trabajo Estructura dinámica del sindicalismo argentino, Buenos Aires, 1974, página 35.
Es oportuno recordar las palabras de Vázquez Vialard, quien no pertenece a nuestras ideas políticas, en su obra El sindicato en el derecho argentino, página 37, donde dice que no debe perderse de vista, como punto de referencia, que el sindicato ofrece a los trabajadores un medio de defensa de sus intereses, cuyo disfrute no siempre le reconocen otros sectores. Por lo cual es lógico comprender que aquéllos tienen más confianza en los líderes del movimiento que está a su servicio que en quienes, sin contribuir a esa promoción, critican hasta con argumentos válidos la forma de relación que se da en el interior de aquél.
Sigue diciendo el doctor Vázquez Vialard que es razonable que el trabajador admita algunas “deformaciones”, según la lógica de quienes están emplazados en otros sectores sociales, a cambio de alguna protección real que, de no existir, lo dejaría a veces librado al capricho de quienes, precisamente, consideran que en el ámbito sindical no se respetan las reglas de juego de la vida democrática, las que, por otra parte, no siempre tienen plena vigencia en las demás asociaciones.
Desde el punto de vista sociológico, considerando a los sindicatos como cuerpos intermedios, cabe traer a colación lo que dice Germán Bidart Campos en su trabajo “La solidaridad social y los cuerpos intermedios”, quien nos explica su posición señalando que, al interponerse entre el hombre y el Estado, las organizaciones, como cuerpos intermedios, están llamadas a impedir que el poder del Estado se desmesure y se agigante. Están destinadas a contenerlo, a participar en el proceso de decisiones del poder, a actuar como contrapoderes sociales que moderen y amortigüen el poder político.
De este muy sintético enfoque sociológico del fenómeno sindical se pueden extraer ya algunas conclusiones. En primer lugar, que el Estado y todos los otros sectores de la sociedad deben reconocer su existencia, por cuanto son agrupaciones generadas espontáneamente por la necesidad de una amplia franja de la comunidad, que tuvo que unirse para defender sus intereses y tener participación en la vida social.
En segundo término, que esas asociaciones profesionales deben actuar con la más amplia libertad para que puedan cumplir con sus fines, porque cualquier tipo de restricción en ese sentido atentaría contra la consecución de aquéllos.
En tercer lugar, que esa libertad debe consistir no sólo en la facultad de los individuos para integrar o no la asociación, sino también en la de ésta para actuar individual o conjuntamente con otras de la misma naturaleza, en cuanto tengan intereses comunes para defender.
En cuarto término, que no se puede limitar a esas asociaciones a un determinado ámbito geográfico ni imponérsele limitaciones en cuanto al ámbito personal de su actuación, ya que las necesidades del grupo humano que las integran no pueden quedar circunscritas a límites territoriales ni personales.
Tampoco se puede limitar a los sindicatos a cumplir funciones puramente reivindicativas, a ser esos sindicatos que se llamaban “de pan y manteca”, sino que se les debe permitir su participación en la vida social, política y cultural de la comunidad en la cual están integrados.
También señalamos como principio general que el Estado debe limitarse a establecer un marco jurídico general dentro del cual deben desenvolverse esas organizaciones en plena libertad, sin intervenir en su vida íntima. Ese marco general no debe interpretarse como el poder para reglamentar, que han exaltado hace unos momentos algunos senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Esa reglamentación debe limitarse a establecer el marco general, ese punto de referencia; pero nunca deberá establecer pautas con la cuales se deba regir la vida interior de las asociaciones. Todos estos elementos podemos englobarlos en el concepto de la autonomía sindical, al que muchas veces se hizo referencia esta noche.
Siguiendo el concepto de los doctores Horacio Ferro y Oscar Valdovinos, en su trabajo sobre la ley de asociaciones gremiales de trabajadores, podemos decir que la autonomía sindical es a la asociación profesional lo que la libertad individual es a la persona humana. De ahí la necesidad de respetarla y de rodearla de todas las garantías para que, así como al hombre se le respeta su libertad, a las asociaciones profesionales de trabajadores debe reconocérseles la suya. Esta libertad sindical, esta autonomía sindical, no constituye un mero concepto teórico sino que es un bien que está jurídicamente tutelado en nuestro ordenamiento positivo.
No repetiré lo que se ha dicho esta noche. Ya se ha leído el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Tampoco haré alusión in extenso al Convenio 87 de la OIT, salvo en su última parte, que debe remarcarse expresamente cuando dice que “las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio”.
También se habló mucho de la doctrina. Me limitaré a señalar alguna que no fue mencionada, como los conceptos expresados por José María Diez Alegría en su Curso de Doctrina Social Católica. Editorial Católica S.A., Madrid, 1967. Dice que la libertad sindical y concretamente la libertad de sindicación de los que trabajan por cuenta ajena en régimen de salarios, puro o mixto, es una exigencia incontestable del derecho natural, sin otros límites que imponga una razonable legislación penal y de orden público, rectamente entendida, cuya leal aplicación debe quedar garantizada por tribunales de justicia imparciales, totalmente independientes del Poder Ejecutivo. La Doctrina Social Católica, a la que también se hace referencia, parte del principio de la valoración de la persona y de la estructuración orgánica de la sociedad. La constitución pastoral Gaudium et Spes, emitida por el Concilio Vaticano II, expresa la necesidad de salvar la persona del hombre y estructurar la sociedad.
También se mencionaron ciertas encíclicas papales, algunos de cuyos párrafos me permitiré mencionar porque a ellos no se aludió esta noche. La Mater et Magistra, párrafo 9, Juan XXIII, año 1961, dice que la intervención ordenadora por parte del poder político no se encamina a empequeñecer cada vez la esfera de la libertad en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino antes, a garantizar a esa esfera la mayor amplitud posible.
El episcopado argentino decía el 3 de agosto de 1979 que los trabajadores tienen el derecho de conferir a sus asociaciones profesionales la estructura y organización que juzgaren más idóneas, según las circunstancias y en orden a la defensa y promoción de sus legítimos derechos y aspiraciones.
La Rerum Novarum, del papa León XIII, aparecida en 1891, nos dice en el párrafo 37/38: “Proteja el Estado estas asociaciones que, en uso de sus derechos forma a los ciudadanos, pero no se entrometa en su ser íntimo ni en las operaciones de su vida, porque la acción vital procede de un principio interno”.
La misma Rerum Novarum nos dice en el párrafo 42 que si las personas tienen libre facultad de asociarse, como en verdad la tienen, es menester que tengan derecho para escoger libremente el estatuto y las normas que mejor conduzcan al fin que se proponen.
La constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dice: “Los que gobiernen eviten poner obstáculos a los grupos familiares, sociales y culturales y a las organizaciones e instituciones intermedias; no los priven de su actividad legítima y eficaz, que antes bien les toca promover por propia iniciativa”.
A la luz de esta doctrina veamos qué es lo que ha ocurrido en nuestro país con la regulación legal de los sindicatos. Ya otros senadores han realizado un detallado análisis de toda la instrumentación legal que se dio a las asociaciones profesionales de trabajadores a partir del año 1943, en que se inicia por primera vez la legislación sobre estos grupos intermedios en forma orgánica.
Si estudiamos en general todas las leyes y decretos dictados, observaremos que existe una suerte de desenvolvimiento cíclico en la historia de esta regulación legal. Hay períodos en que son reconocidos los derechos de los trabajadores a organizarse libremente, darse sus estatutos y regularse por medio de ellos, y hay períodos en que estos derechos son negados.
Esto me recuerda esa ley de evolución humana esbozada por el sociólogo cristiano Gianbattista Vico, que hablaba de los ciclos de la historia, de los “corsi e ricorsi”; es decir, aquellos ciclos que se repiten a través del tiempo con períodos de decadencia, como aquí hemos tenido.
Podemos citar como ciclo histórico de esplendor de las organizaciones gremiales el que comienza con el decreto 23.852 dictado por el general Perón en 1945, ratificado por la Constitución de 1949, a la cual hizo referencia un compañero. Por este decreto se reconoce el derecho a la libre agremiación y a la autonomía sindical. Este período corresponde a los “corsi”.
Luego se produce la decadencia, en la época de la revolución fusiladora de 1955, que prácticamente tiende a destruir el movimiento gremial argentino, a socavarlo y a disolver los órganos gremiales, a los que interviene.
Más tarde se produjo un firme reconocimiento a partir de la reforma de 1957, que da jerarquía constitucional al derecho de agremiarse libremente, estableciendo en su artículo 14 bis el derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Posteriormente se dicta la ley 14.455, a la que ya se refirió el senador Vidal. Por ella vuelve a reconocerse a los trabajadores el derecho a la libre agremiación y se otorga a las organizaciones obreras el derecho a regirse por sus propios estatutos y a manejarse anárquicamente.
Se produce después una ligera decadencia cuando se dicta el decreto 969/66 ya mencionado, que no alcanzó a entrar en vigencia porque fue suspendido. Le sigue otro ciclo histórico de reconocimiento a partir de la ley 20.615, también citada esta noche, que fue sancionada en 1974, durante el último gobierno constitucional.
A continuación viene nuevamente la noche, la decadencia, con la dictadura militar implantada en 1976, año en que se vuelve a la legislación represiva que en materia gremial rigió entre 1955 y 1956, con toda la intención de destruir, atomizar y someter al movimiento obrero.
Así nos encuentra este período, en que entramos en la vida de la democracia, considerando esta noche el denominado proyecto de ley de reordenamiento sindical, que es motivo de un análisis que paso a realizar.
No nos deja de llamar la atención la actitud asumida por el gobierno constitucional al remitir el proyecto de ley que estamos considerando.
El Poder Ejecutivo tenía dos opciones: la mal llamada ley 22.105, sancionada por la dictadura militar, que procuraba atomizar y destruir el movimiento obrero, o la ley 20.615 sancionada por el último gobierno constitucional. Al remitir el proyecto podía haber optado por una de las dos, y lamentablemente lo hizo con respecto a la mal llamada ley 22.105. Sobre esa base, elabora el proyecto de ley de reordenamiento sindical que no elimina en absoluto las violaciones al derecho, a la autonomía sindical del movimiento obrero.
Brevemente, voy a demostrar por qué este proyecto de ley vulnera la autonomía sindical, para lo cual me voy a remitir concretamente a artículos del proyecto en examen.
Siguiendo el análisis de este proyecto efectuado por el doctor Horacio Ferro, y con relación a las normas que vulneran la autonomía sindical, se puede mencionar en primer término la disposición que confiere al Ministerio de Trabajo la facultad de convocar a elecciones, con el agravante de que no se precisa el momento en el cual se deberá llevar a cabo, pues se cita que se hará “en el menor tiempo posible”. La disposición que acabo de comentar se refiere al punto 4° del artículo 8.
También vulnera la autonomía sindical la norma que impide a las comisiones directivas de las asociaciones normalizadas, cuya nominación haya sido tenida por inobjetable por la justicia electoral, convocar a elecciones para la designación de los delegados en los lugares de trabajo y de los integrantes de las comisiones ejecutivas de las seccionales, facultad ésta que sin embargo se acuerda al Ministerio de Trabajo en el artículo 11. Es decir, se priva de esa facultad de convocar a elecciones de delegados a las asociaciones normalizadas, las que no han sido objeto de impugnaciones ante la justicia electoral, y sí en cambio se le otorga al Ministerio de Trabajo.
En tercer término, viola también la autonomía sindical la norma que sustituye el artículo 13, inciso g), de la ley 22.105, que autoriza a las asociaciones gremiales a regular en sus estatutos su régimen electoral, estableciendo en cambio que el régimen electoral debe estar adecuado al instituido por la Ley de Reordenamiento Sindical, el que de oficio queda incorporado a todos los estatutos aprobados o en trámite de aprobación. En este aspecto, el proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical va aún más allá que la ley de la dictadura militar, pues pasa por encima de los propios estatutos de la organización sindical que la mal llamada ley 22.105 por lo menos los respetaba en el inciso ya citado.
Y también va más allá en la norma que sustituye el artículo 13, inciso h), de la ley de facto 22.105 que establece que el estatuto de las asociaciones gremiales deberá contener “…el procedimiento de convocatoria, constitución y deliberación de asambleas o congresos ordinarios y extraordinarios y la reglamentación de la emisión y cómputos de votos…”, pues se establece seguidamente que todos esos actos deberán estar regulados en forma concordante con los principios que informa la Ley de Reordenamiento Sindical.
En este caso, también se sustituye la voluntad de los agremiados, la voluntad de los trabajadores por la voluntad del legislador. Es otro claro ejemplo de cómo se vulnera la autonomía sindical.
También es violado este principio con las normas que establecen el sistema de las mayorías y minorías. Esta cuestión debe ser decidida exclusivamente por los trabajadores y no por el legislador. Ellos tienen derecho a establecer si se les deberá reconocer el derecho a las minorías en los órganos ejecutivos o no. Porque desde un plano teórico, habría sido quizás aceptable admitir la representación de las minorías en los órganos deliberativos, pero nunca en los ejecutivos, porque de esa forma se puede vulnerar también la ejecutividad que deben tener estas asociaciones para cumplir adecuadamente con sus fines. (Aplausos.) Porque con este criterio, señor presidente, también se podría decir que el Poder Ejecutivo debería admitir la representación de las minorías en él, para hacer valido el principio de la democracia, y nunca ha ocurrido tal cosa. ¿Por qué se tiene que imponer esta situación a los órganos ejecutivos de las asociaciones gremiales? Es inaceptable desde todo punto de vista, por más que se lo haga invocando principios democráticos.
También vulneran la autonomía sindical otras normas que establece este proyecto de ley, como las que acuerdan indebidamente facultades para decidir en todos los aspectos concernientes al proceso electoral, a la justicia electoral, tales como la determinación del lugar donde se recibirán los votos, el lugar donde debe efectuarse el escrutinio definitivo, así como también su duración (artículos 6 y 7); la de remitir los padrones a las mesas electorales e indicar cuál es la cantidad de éstas que son necesarias (artículo 25); la de oficializar las listas, conocer en forma directa las posibles impugnaciones y hasta designar los presidentes de las mesas electorales (artículo 34).
Aquí el proyecto de ley en discusión entra en un casuismo inaceptable, como si los trabajadores no pudieran determinar dónde se recibirán los votos o la forma de hacer las elecciones, y fuera necesario ponerles un tutor que les esté marcando cada paso, como si fueran menores de edad. Esto es inadmisible desde todo punto de vista.
También vulneran la libertad sindical las normas por las cuales se otorga al Ministerio de Trabajo la función de convocar a elecciones para nominar a los representantes de los trabajadores en las distintas comisiones, lo cual está consagrado en el artículo 9, apartado 6°, que remite al artículo 8, apartados 4° y 5°.
Lo mismo puede decirse de la disposición que confiere al Poder Ejecutivo la facultad de fijar multas por vía de la reglamentación, sin fijar ningún límite (artículo 24), lo que equivale a decir que se está dictando prácticamente una ley penal en blanco.
Por último, también atenta contra este principio la norma que prevé como pena posible la suspensión de la personería a la asociación en caso de falsedades en la afiliación, olvidando que la sanción no debe punir a aquellos que han resultado afectados por la irregularidad, por el hecho ilícito, que son los afiliados, sino precisamente a los autores del mismo.
No sólo es criticable el proyecto de ley que consideramos por lo dicho sino que lo es también por contener normas que además de vulnerar la autonomía sindical son notoriamente irrazonables, como la que pretende conferir iguales derechos a los candidatos a ocupar cargos de delegados de personal, a los afiliados a una asociación con personería gremial que a los afiliados a una asociación simplemente inscripta, establecido en el artículo 14, en cuanto sustituye al artículo 17 de la mal llamada ley 22.105, que en este aspecto consagra igual principio. Las observaciones son también válidas respecto de la norma que condiciona la nominación de esos representantes a que se haya emitido una cantidad mínima de votos (50%) y a que los candidatos hubieran obtenido una determinada cantidad de votos (20%). Estas disposiciones también son contenidas por el artículo 14 que sustituye, como he dicho, al artículo 17 de la ley de facto 22.105. Lo mismo vale respecto de la facultad de postularse para ocupar un cargo sindical acreditando un mínimo insignificante de antigüedad en la actividad (artículo 41). Asimismo, la que autoriza a presentar las listas de candidatos para su oficialización, con el aval de sólo el uno por ciento del total de afiliados empadronados, normas estas totalmente irrazonables que, como tales, no pueden ser admitidas.
Por último, deseo efectuar algunas consideraciones que responden a una pregunta formulada en repetidas oportunidades durante esta noche por algunos distinguidos colegas de la bancada radical, que señalan que el proyecto no es intervencionista. Aparte de lo expresado a este respecto, basta con mencionar algunas facultades del Ministerio de Trabajo para advertir si el proyecto es intervencionista o no, como por ejemplo la de mantener intervenidas por tiempo prácticamente indeterminado a las asociaciones profesionales de trabajadores que al momento se encuentran en esa situación (artículo 8); la de intervenir designando al efecto un administrador en las asociaciones que están a cargo de una comisión transitoria, o bien mantener, ampliar o modificar la integración de esas comisiones a su exclusivo arbitrio (artículo 9); la de mantener en funciones a las comisiones directivas o consejos directivos con mandato prorrogado, cuya caducidad se dispone en el proyecto, o intervenir esas asociaciones a exclusivo criterio del Ministerio de Trabajo; la de convocar a elecciones para designar representantes de los trabajadores (artículo 2) e integrantes de los cuerpos directivos de las seccionales (artículo 5), aun cuando la asociación se encontrare ya normalizada y las impugnaciones al proceso electoral hubieren sido rechazadas por el Poder Judicial; en fin, la que le confiere la potestad de determinar el porcentaje mínimo de votantes que debe alcanzarse para que sea tenida por válida la nominación de los delegados de los trabajadores. …] La que le confiere, decía, la potestad de determinar el porcentaje mínimo de votantes que debe alcanzarse para que sea tenida por válida la nominación de los delegados de los trabajadores que deben actuar como tales con relación a la empresa o establecimiento (artículo 14, en cuanto sustituye al artículo 17 de la ley de facto 22.105).
Es también otra arbitrariedad darle intervención a la justicia electoral, y no a la justicia laboral, que es la competente en este caso. Nunca en la historia del país se le otorgó intervención a la justicia electoral en las elecciones de grupos intermedios. Por primera vez se pretende esto, violando todos los principios en materia de competencia, por cuanto no cabe ninguna duda de que en materia de derecho del trabajo individual y colectivo la única autoridad jurisdiccional competente corresponde al fuero laboral. Esto se debe a la desconfianza que subyace en la decisión del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto. Como dijo un colega, es una desconfianza hacia los dirigentes gremiales y hacia el propio Poder Judicial, al privar a la justicia laboral de la competencia que le corresponde en lo referente a cuestiones de derecho colectivo del trabajo.
También se vulneran claras normas constitucionales que otorgan a las justicias provinciales conocimiento en asuntos relacionados con el derecho común. Aquí se trata del Código del Trabajo dictado en virtud del artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional. La competencia para intervenir en todas las cuestiones de derecho común le cabe a la justicia ordinaria, no a la justicia federal electoral, como se quiere establecer en el proyecto de ley que hoy nos ocupa.
Señor presidente: antes de terminar, y para contestar a una referencia reiteradamente formulada por el senador Celli y también hecha por el senador Mathus Escorihuela, quiero señalar lo siguiente. Ellos han sostenido que los derechos y garantías consagrados por la Constitución no son absolutos, principio que comparto plenamente. Pero también quiero recordar que el artículo 28 de la Constitución Nacional dice que los derechos y garantías que ella consagra no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Se han olvidado de citar esta norma. Es cierto que los derechos pueden ser reglamentados, pero esa reglamentación no puede alterar los mismos, como ocurre con este proyecto de ley que hoy tratamos, que vulnera abiertamente el derecho de los sindicatos consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo cual lo vicia de inconstitucionalidad.
Para terminar, señor presidente, sólo quiero manifestar que el movimiento obrero merece todo nuestro respeto. Por eso, el voto de nuestra bancada que rechaza este proyecto de ley marcadamente intervencionista.
Nosotros tenemos un profundo respeto por la clase trabajadora por cuanto integra, como se ha dicho en muchas oportunidades, nuestro movimiento, y tenemos, como tal, la obligación moral de defenderla, de respetarla y de hacerla respetar. Y aquí estamos para cumplir esa obligación.
Este voto que rechaza el proyecto de ley en consideración lo dedico, a modo de homenaje, al trabajador argentino, a ese obrero sacrificado que ha sido el que más ha soportado el peso de la tiranía, con su sangre, su hambre, su dolor y su miseria. Al obrero argentino, que es el soldado desconocido de la grandeza nacional, le dedico este voto de rechazo al proyecto de ley que estamos considerando. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Proyecto de ley sobre Estatuto del personal bancario y de seguros (23 de agosto de 1984)

23 de agosto de 1984
18ª Reunión – 11ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 1479 a 1482

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: la circunstancia de que ya la unanimidad de los bloques parlamentarios ha sido anticipada para dar su voto favorable al proyecto de ley en revisión del estatuto del empleado bancario y de seguros, haría quizás innecesaria una mayor consideración sobre el tema.
No obstante ello, estimo indispensable formular ciertas precisiones, aunque sólo sea brevemente, para que no quede flotando en el ambiente la impresión de que aquí estamos votando una ley para complacer a un sector gremial, que es importante, ni tampoco para que se diga que la estamos votando con algún fin subalterno, que no sea el de reconocer el derecho de los trabajadores. Aquí estamos votando en favor de este proyecto no sólo porque estamos convencidos de su procedencia desde el punto de vista legal sino también porque con ello realizamos un acto de verdadera justicia social, que es uno de los postulados básicos de nuestra plataforma política, la del Partido Justicialista, y que, como lo dije otras veces, también ha sido enarbolado, como he visto con agrado, por el partido de la Unión Cívica Radical y otros partidos que hicieron de la justicia social uno de los principios básicos de su accionar.
No quiero que queden flotando esas dudas frente a los ataques que se han hecho públicamente contra este proyecto de ley. Así, señor presidente, se ha dicho que esta ley constituye un injusto privilegio para que estos sectores gremiales que ahora se ven favorecidos con la estabilidad. Creo que no puede hablarse desde ningún punto de vista de que se trate de un privilegio, cuando lo que se está reconociendo es el derecho a tener un trabajo en forma permanente, y lo que se está defendiendo es el derecho de un importante sector de argentinos a asegurarse un ingreso, un sustento, la satisfacción de sus necesidades más elementales; en fin, a contar con un ingreso que les permita costear la educación de sus hijos, porque de eso se trata. ¡Cómo se va a hablar de un privilegio, cuando de lo único que se procura es asegurar una fuente permanente de ingresos para un sector importante de nuestra sociedad!
Tenemos que descartar totalmente esa idea. Es verdad que en este momento se le reconoce ese derecho a un sector, y todavía no se lo extiende a los otros, pero eso no quita que esté dentro de nuestro programa hacerlo el día de mañana. Empezamos con los trabajadores bancarios y de seguros, pero es justo que extendamos este derecho, en un futuro que espero sea próximo, a todos los sectores gremiales de la vida nacional, porque proteger la fuente de ingresos, y la fuente de trabajo es uno de los postulados básicos de nuestra doctrina. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Y esto, señor presidente, no es una mera expresión de deseos. No son manifestaciones infundadas. Ya se ha expedido sobre este tema en distintas oportunidades nuestra Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que conceder la estabilidad o ciertas aparentes ventajas a un sector gremial no implica violar el artículo 16 de la Constitución Nacional, en oposición a la idea, públicamente expresada en muchos casos, de que esta concesión del derecho a la estabilidad del empleado bancario implica violar la cláusula constitucional de la igualdad ante la ley. Pero no es así, como resulta de fallos de nuestro máximo tribunal, con diversas integraciones y en diferentes períodos de nuestra historia.
Me voy a permitir citar ejemplos. Dijo la Corte en 1956, en el caso “Botto Fiora de Benassi y otros c/Unión Ferroviaria”: (Lee) “La circunstancia de que las leyes establezcan regímenes distintos de indemnización respecto de actividades diferentes, no implica afectar el principio de igualdad ante la ley. Lo que importa es que la discriminación no se haga en la ley con fines de hostilidad o de injusto privilegio”. También señaló que la garantía de igualdad no impone la uniformidad de legislación en el ámbito laboral. Es atribución del Poder Legislativo la reglamentación del régimen de contrato laboral y las prestaciones que la ley establezca en este ámbito: como requisito de la justicia de la organización del trabajo subordinado, no pueden impugnarse con fundamento constitucional, si no fueran exorbitantes y caprichosos”.
También se dijo en el año 1961, con otra integración, que “no se quebranta la garantía de igualdad ante la ley porque se establezcan distintos regímenes de indemnización por despido para categorías profesionales diferentes en tanto no se evidencie un propósito discriminatorio por razón de hostilidad hacia determinadas personas o de indebido favor para otras”.
En 1965, en el caso Flores, Elvio, ha dicho la Corte Suprema: (Lee) “Los agravios atinentes al carácter de privilegio de los beneficios legales no pueden cuestionarse, con base constitucional, sino por aquellos respecto de quienes la ley discriminaría”.
El criterio de la estabilidad establecido por el decreto 21.304/48 implica una de las formas posibles de efectivizar la garantía legal de la estabilidad, cuyo acierto o conveniencia no es susceptible de control judicial, ni descalificable como constitutivo de injusta persecución o indebido privilegio por la sola razón de que el beneficio que procura no se halle extendido a otras actividades laborales.
También se dijo que la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional no impone la uniformidad de la legislación.
Esto del privilegio está totalmente descartado, como surge de estos fallos. Es indudable que, con la sanción de esta ley, lo que más molesta a ciertos sectores es el problema de la estabilidad. Ahí es donde radica la principal crítica y, al respecto, debemos hacer algunas aclaraciones.
Realmente, la estabilidad que hoy estamos sancionando para los empleados bancarios y de seguros cumple con la esencial función de tutelar la personalidad y dignidad del hombre que trabaja por cuenta ajena. Y esto es así porque consideramos que el trabajo no es, y ha dejado de serlo hace mucho tiempo, una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. El trabajo hace a la dignidad del hombre: como tal, debe ser protegido y, en efecto, lo está por nuestra Constitución, como lo señalaré a continuación.
También se ha dicho, señor presidente, que en estos momentos, cuando el país sufre una crisis económica, al igual que el sector financiero, debemos inhibirnos de sancionar este tipo de leyes, porque coartan la posibilidad de que las entidades bancarias y financieras puedan cumplir con sus planes de racionalización. Al respecto, creo que el enfoque adecuado es totalmente distinto. Estimo que es precisamente en estos momentos de crisis cuando más debemos proteger al trabajador porque si hay prosperidad, no resulta difícil conseguir otro trabajo, otra fuente de ingresos. Es en los momentos de crisis cuando se torna difícil para el trabajador despedido arbitrariamente conseguir otra fuente de sustento para su familia.
Por eso, este momento difícil que sufre el país es el más oportuno para sancionar leyes de este tipo por medio de las que se protege la estabilidad y fuentes de ingresos para todos los trabajadores. (Aplausos en las galerías.)
También se ha dicho equivocadamente que nuestro país es uno de los pocos que tiene este sistema de estabilidad y eso no es cierto. En lo que se refiere al derecho comparado, podemos decir que hay muchos países que también han consagrado este tipo de regímenes: Alemania Federal, Italia, México, Perú, Brasil, Francia, España y Cuba. Todos estos países también consagran este derecho a la estabilidad de los empleados. Con distintas variantes, con diferentes regímenes; en algunos lugares la estabilidad se adquiere a los seis meses, en otros al año o a los cinco años; algunos exigen un mínimo de empleados para que rija el derecho a la estabilidad en las empresas. Pero en todos los casos este derecho está ampliamente reconocido por las leyes vigentes en esos países.
De manera que tampoco es cierto que ésta sea una excepción que establece la República Argentina. Nosotros nos estamos incorporando a un núcleo de países que reconocen el derecho a la estabilidad propia, que es lo que estamos considerando esta noche con este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la estabilidad propia está avalada también por los fundamentos doctrinarios de los más importantes autores argentinos. La mayoría de ellos se ha expedido en forma favorable con respecto a este tema. Esto no es un invento; no es una cuestión caprichosa ni arbitraria. Como dije, está debidamente fundada en nuestra mejor doctrina nacional, al igual que en citas de autores extranjeros.
El 1° Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo, realizado en Madrid en 1965, ya se expidió en favor de este tipo de estabilidad. La Reunión Nacional de Especialistas de Derecho del Trabajo, efectuada en Buenos Aires en 1972; el V Congreso Nacional de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, llevado a cabo en Buenos Aires en 1973 y la reunión realizada por especialistas en Derecho del Trabajo en el Sindicato del Seguro en 1979 se pronunciaron en forma unánime en favor de la estabilidad propia.
En el 1° Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo que mencioné recién, el profesor Mario de la Cueva dijo, al fundamentar su posición en cuanto al principio de la estabilidad propia, que éste era un imperativo de nuestro siglo. En los considerandos de la resolución pertinente se establece que las llamadas exigencias de la economía en general y de las empresas en particular deben inclinarse ante las finalidades del Derecho del Trabajo, porque la estabilidad en el empleo constituye la base indispensable de la seguridad social, idea suprema de la vida contemporánea.
Del mismo modo, en la Reunión Nacional de Especialistas de Derecho del Trabajo, realizada en 1972, hubo conclusiones importantes sobre este tema de la estabilidad propia. Se dijo allí que hay estabilidad en sentido propio en un sistema jurídico cuando la voluntad arbitraria del empleador no es eficaz para extinguir el contrato de trabajo. Se expresó también, como principio general y como conclusión de esa reunión, que debe afirmarse que el significado esencial del sistema de estabilidad propia es la ineficacia del despido arbitrario y, como consecuencia, la subsistencia del contrato de trabajo, con todos sus efectos, incluido el pago de salarios por la mora del empleador, todo lo cual es compatible con las garantías y principios de la Constitución Nacional.
El compañero, Senador Murguía, ya explicó el fundamento constitucional de la estabilidad en sentido propio. El artículo 14 bis de la Constitución protege contra el despido arbitrario. Esta cláusula merece la reglamentación que estamos dando esta noche. La protección contra el despido arbitrario puede darse de diversas formas, una de las cuales es, precisamente la que contiene el proyecto que sancionaremos hoy.
Por último, señor presidente, creo que es importante hacer una ligera referencia a un caso jurisprudencial, que muchos han esgrimido como fundamento para cuestionar la constitucionalidad de la estabilidad en sentido propio, en contra de la sanción de esta ley. Es el famoso caso De Luca, sentenciado por la Corte en el año 1969.
Sobre el particular, es muy importante el trabajo escrito por mi comprovinciano, el distinguido laboralista doctor Horacio Héctor de la Fuente, en su libro Principios jurídicos del derecho a la estabilidad, del cual solicito la inserción en el Diario de Sesiones de las páginas 122 a 125. […] Este distinguido jurisconsulto explica allí cómo la Corte Suprema entendió mal el significado de la estabilidad en sentido propio, porque este sistema implica, señor presidente, que el despido arbitrario no tiene efecto para extinguir la relación laboral.
Cuando se produce el despido y la sentencia judicial lo declara nulo, prosigue la relación laboral. Entonces, lo que se le paga al empleado hasta el día en que se jubile no es una indemnización ni una reparación; es ni más ni menos que la retribución que le corresponde por seguir estando a disposición del empleador.
La Corte, entendiendo mal el sistema consideró que esto es una indemnización o una sanción en contra del empleador. Por ello sacó como conclusión que es una renta vitalicia gratuita, un pago irrazonable o que no obedece a una contraprestación laboral.
Ese fallo no puede ser exhibido de ninguna forma para cuestionar la constitucionalidad de la estabilidad en sentido propio, porque como muy bien lo señala el doctor de la Fuente, la Corte estaba fallando sobre otro instituto que no es, precisamente, el de la estabilidad en sentido propio, consagrado por la ley 12.637, sino que se estaba refiriendo a un caso totalmente distinto, que es el de una indemnización que se debería pagar por anticipado en el caso de la ruptura del contrato laboral. Y aquí no hay ruptura del contrato laboral sino que hay continuidad del mismo, y de ahí el derecho del trabajador a seguir percibiendo íntegramente su sueldo, porque continúa estando a disposición del empleador.
Señor presidente: he creído necesario hacer esta sintética exposición para aventar esas dudas que pueden quedar flotando en el sentido de que éste es un voto complaciente y de que se está actuando con cierta demagogia.
Debo manifestar que no es así, que en este momento estamos actuando con la profunda convicción de que realizamos un acto de justicia que se inscribe en esos postulados de la justicia social que nos enseñara nuestro líder, el general Perón, y que tanto proclamó durante su gobierno y aun después, desde el exilio.
La bancada justicialista, señor presidente, vota con satisfacción este proyecto que esta noche se convertirá en ley, que reivindica a un importante sector gremial de la Nación, restituyéndole un derecho del que fue injustamente privado por una de las tantas dictaduras que sufrió nuestro país. (Aplausos en la bancas y en las galerías).

Proyecto de ley sobre Asociaciones Gremiales (17 de septiembre de 1986)

17 de septiembre de 1986 – 22ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 4 – Páginas 2941 a 2947 y 2960

Sr. Menem. — Señor presidente: al comenzar mi exposición en este importante debate no puedo dejar de referirme a aquel otro que tuvimos durante el año 1984 en ocasión de tratar el denominado proyecto de ley de reordenamiento sindical que, como bien lo expresara el compañero Rodríguez Saá, más que un proyecto de ley de reordenamiento sindical constituía uno de intervención estatal.
Indudablemente, el marco es distinto, el clima también lo es. Todos los que estamos aquí presentes recordamos las cámaras de televisión, la expectativa pública y las conjeturas acerca de si eran más los votos a favor o en contra.
Como acabo de expresarlo, hoy vivimos un clima distinto, y ello seguramente se debe a que hemos avanzado en la consolidación de la democracia. Creo que el resultado de esa votación puso un poco las cosas en su lugar.
Considero que los que en aquella oportunidad votamos en contra de ese proyecto de ley demostramos, a través del tiempo, que teníamos razón en esa actitud y la prueba nos la dio el movimiento obrero argentino que demostró que no necesitaba de ninguna tutoría, de ninguna norma imperativa, del dedo del Estado que le indicara cómo se tenían que organizar. El movimiento obrero demostró su madurez y los principios democráticos que lo inspiran cuando mediante una ley sólo indicativa que marcaba las líneas generales de reorganización, pudo organizarse democráticamente. Ello se logró sobre la base de una ley concertada, por la cual pudieron superar ese estado en el que se encontraban como consecuencia de las leyes de la dictadura militar; se organizaron democráticamente y se afianzaron en sus estructuras.
En aquel debate se vertieron prácticamente todos los argumentos respecto al significado de los sindicatos, a la importancia que tienen en la vida del país y a todo lo relativo a las luchas del movimiento obrero. Recuerdo que al intervenir en esa ocasión hice una exposición sobre el significado sociológico que tiene el sindicato. Afirmé que después de la revolución industrial se produjo la gran concentración obrera y surgió el hombre masa, que lucha por mejorar sus condiciones de vida porque en esos momentos se ve deteriorado en su situación como consecuencia del liberalismo imperante.
Recordé que ese liberalismo, campeón en la proclamación de los derechos del hombre y de los ciudadanos, dejaba marginada a la clase trabajadora. Le acordaba al ciudadano un papel preponderante en la vida civil pero consideraba al trabajador como un simple resorte de la economía. El obrero no era más que una mercancía que se traficaba, que era el trabajo, el que se sujetaba a la ley de la oferta y la demanda.
Así, el sistema engendraba una clase social constituida por personas que vivían en situación de dependencia e inseguridad, víctimas de desigualdades sociales y se producía una negación en la libertad del trabajo, en el consumo y en la cultura de los conglomerados urbanos.
El concepto de la dignidad humana que coloca al hombre como sujeto protagonista y promotor de la historia quedaba en esa forma desvirtuado en los hechos. Gran cantidad de seres solamente tenían el trabajo como posibilidad de vida, sin reservas; les estaba vedado el acceso a la educación y a la cultura; quedaban marginados de la sociedad, no participaban en la elaboración de las decisiones, ni en la empresa civil ni en la comunidad.
Es en esas circunstancias que los trabajadores toman conciencia de la situación y unen sus fuerzas para mejorar sus condiciones de vida y su debilidad individual para pactar las condiciones que se refieren al trabajo los llevó a buscar nuevas formas de trato. Nacieron así los sindicatos, mediante los cuales los trabajadores constituyeron un sistema de autodefensa que frente a una tendencia que valoraba sólo lo económico destacaba el mejoramiento de las condiciones de vida. De esta manera surgió el sindicato como una necesidad de construir un nuevo orden social. Constituyen un instrumento de promoción del hombre concebido no sólo como ser económico sino también como ser humano, en su total dimensión: su ideal no es sólo el tener sino también ser.
Por cierto que estos adelantos no se consiguieron fácilmente: fueron el fruto de una larga lucha del movimiento obrero organizado. Primero, tuvieron que pasar por la época de la represión en que sindicalizarse y agremiarse era considerado un delito. Después se pasó a la etapa de la tolerancia, donde ya no se los perseguía pero tampoco se los reconocía. Luego se pasa a la época de la legalidad, del reconocimiento, cuando comenzaron a dictarse las primeras normas en esta materia de protección del derecho de asociarse. Y, por último, se llega a la etapa de la consolidación, que es cuando el movimiento obrero organizado adquiere su real vigencia, pudiendo actuar en defensa de los derechos de sus asociados.
En la actualidad, los sindicatos reclaman un lugar destacado en la vida de cada comunidad. Su existencia no responde a una creación o, quizás, a una actividad permisiva del legislador. En realidad, constituyen cuerpos sociales que actúan en un nivel intermedio entre los particulares y el Estado con una función propia.
La asociación profesional constituye un medio que caracteriza al grupo como un sector no marginado, ya que tiene capacidad de reacción para lograr la correspondiente incorporación al medio cultural, económico, social y político.
Los sindicatos constituyen una especie dentro del género de la asociación y tienen como finalidad fundamental reconstituir el tejido social a través del cual los trabajadores no sólo pueden hallar un medio de protección de sus intereses, incluidos los de carácter profesional, sino también balancear el poder de los empresarios; en caso de lograrse este objetivo y de mejorar la capacidad de negociación, se podrán imponer las condiciones de trabajo a quienes, separados e individualmente, no tendrían voz.
De todos estos avances, de este progreso de lo que significa actualmente el sindicato en la vida del país, podemos extraer, para sintetizar una serie de conclusiones que nos llevarán a comprender por qué prestamos nuestro apoyo al proyecto que hoy consideramos.
En primer término, decimos que el Estado y todos los otros sectores de la sociedad deben reconocer y respetar su existencia por cuanto son asociaciones generadas espontáneamente por la necesidad de una amplia franja de la comunidad que debió unirse para defender sus intereses y participar en la vida social.
Segundo, esas asociaciones profesionales deben actuar con la más amplia libertad para qué puedan cumplir con sus funciones, ya que cualquier tipo de restricción en este sentido atentaría contra la consecución de aquéllas.
En tercer lugar, podemos decir que esa libertad debe consistir no sólo en la facultad de los individuos para integrar la asociación o no, sino en la propia facultad de dicha asociación para actuar individual o juntamente con otro de la misma naturaleza en cuanto tengan intereses comunes para defender.
Como cuarto aspecto podemos citar que no puedo limitar a esas asociaciones a un determinado ámbito geográfico ni imponerles limitaciones en cuanto al área de su actuación, ya que las necesidades del grupo humano que las integran no pueden estar supeditadas a fronteras geográficas ni a las distintas categorías que tienen aquellas que se dedican a la misma actividad.
En quinto término debemos mencionar que tampoco se puede limitar a los sindicatos a realizar funciones puramente reivindicativas, en cuanto a las condiciones económicas de trabajo, sino que debe permitírseles una amplia participación en todos los aspectos de la vida comunitaria, ya sean sociales, culturales o políticos.
En sexto lugar, consideramos que el Estado debe limitarse a establecer un marco jurídico general dentro del cual las asociaciones profesionales deben desarrollar sus actividades sin injerencia alguna de otros sectores o grupos sociales ni del propio Estado.
En base a estos principios, estamos tratando hoy este proyecto de ley de asociaciones profesionales, fruto de la iniciativa e inspiración de nuestro compañero el senador Oraldo Britos, que creo responde a todos y cada uno de ellos.
Debemos recordar, señor presidente, que en nuestro país la regulación legal de los sindicatos también tiene su historia. En un principio, sólo estaban reglados por los principios comunes del derecho civil —es decir, los de las personas jurídicas contenidos en el Código Civil — y por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la asociación con fines útiles.
Podemos mencionar la ley 3.727, que se refiere a la personería jurídica pero en forma superficial. Posteriormente, por un decreto de 1938 se estableció que los estatutos no debían contemplar medidas de acción directa.
Más tarde, el decreto 2.669, de 1943, fue la primera norma específica sobre asociaciones profesionales, que no entró en vigencia por haber sido dejado en suspenso por el decreto 15.581, de ese mismo año.
Posteriormente se sancionó el primer gran estatuto legal de las asociaciones profesionales, por inspiración del entonces coronel Perón. Me refiero al decreto 23.852 del año 1945, que constituyó la primera regulación efectiva que entró en vigencia sobre asociaciones profesionales, que establecía el derecho a la libre asociación sin autorización previa, determinaba la personería gremial al sindicato más representativo, reconocía las asociaciones simplemente inscriptas, otorgaba la independencia del sindicato de toda intervención estatal, permitía la acción política ajustándose a las normas de los partidos políticos y tendía, en definitiva, a la consolidación sindical.
Después nos encontramos con el gran monumento jurídico, la Constitución, nuestra Constitución de 1949, que contemplaba un capítulo con los derechos del trabajador y establecía la libre agremiación y participación en otras actividades lícitas en defensa de los intereses profesionales.
Más tarde vino la nefasta revolución de 1955, con su intento de socavar el movimiento gremial. Se intervienen todos los sindicatos, como hacen los gobiernos surgidos de golpes de estado, según recordaba muy bien el compañero senador Rodríguez Saá, haciendo lo propio con la CGT, tratándose de despolitizar totalmente a los gremios.
Se sanciona entonces el decreto 9.270/56 y el decreto reglamentario 1.275 de 1957, que tiende a la atomización y descentralización del movimiento obrero, elimina la personería gremial y la sustituye por la personería jurídica. También prohíbe toda injerencia política del movimiento gremial.
Después viene la reforma constitucional de 1957, incorporando el artículo 14 bis, que reconoció la organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial.
Luego se sanciona la ley 14.455, a la cual hacía referencia el señor senador Vidal, que tomó como base el decreto 23.852 de 1945.
Entonces, se reconoce la personería gremial al sindicato más representativo, se proscribe la intervención estatal en la administración y conducción de los sindicatos, se reconoce a las asociaciones y la CGT recupera su libertad de acción.
El decreto 969/66, reglamentario de la ley 14.455, que restringe el ámbito de actuación geográfica a la Capital y a las provincias, tiene severos mecanismos de control en materia contable y financiera.
Se prohíbe la actividad política bajo pena de suspensión y retiro de la personería gremial. Este decreto no fue aplicado y se derogó mediante el 2.477/70.
Siguiendo el orden cronológico y refiriéndome también a este tema, cabe mencionar la ley 18.610/70, por la que se encomienda a las obras sociales de los sindicatos con personería gremial la administración del subsistema de seguridad social referente a la salud. Con esto, que es una gran conquista, se tonifica notablemente la acción de los gremios.
Continuamos con la ley 20.615, de 1974, reglamentada por el decreto 1.045/74 que, en líneas fundamentales, sigue a la ley 14.455 y, a su vez, al decreto 23.852/45. Facilita el proceso de concentración gremial a nivel industrial y nacional, faculta a las asociaciones con personería gremial para actuar en la “política de partidos”; establece un fuero especial para dirigentes de esas asociaciones; se crea el Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales y se prohíbe al poder administrador que intervenga en la dirección y administración de las asociaciones profesionales. De más está decir el gran avance que significó esta ley de 1974 en la regulación de las asociaciones profesionales.
Después se ensombrece de nuevo el panorama con la ley 22.105 de 1979 y el decreto reglamentario 640/80 que por cierto, como buena norma de la dictadura, significó nuevamente el intento de desintegrar a los gremios y, en definitiva, de sojuzgarlos; de hacer desaparecer prácticamente del mapa a las asociaciones profesionales.
Finalmente nos encontramos, con este proyecto que hoy estamos considerando, por el cual se intenta establecer una nueva regulación en materia de asociaciones profesionales de trabajadores.
Si analizamos todos estos antecedentes veremos, y esto ya lo recordaba en ocasión del debate de 1984, que en este campo de la legislación, en materia de asociaciones profesionales, hay épocas de esplendor y otras de decadencia. Yo hacía la comparación con esa teoría del desarrollo humano del sociólogo italiano Giovanni Battista Vico, teoría del corsi y recorsi en el desenvolvimiento humano: las épocas de esplendor y de decadencia.
En la legislación sobre asociaciones profesionales hemos tenido épocas de esplendor, que pueden estar marcadas por el decreto-ley 23.852 de 1945 y por la ley 20.615 de 1974. Tuvimos también épocas de decadencia, representadas por el nefasto decreto 9.270/56 y la autoritaria mal llamada ley 22.105 de 1979.
Consideramos que con este elogiable proyecto del señor senador Britos podemos entrar nuevamente en una época de esplendor en cuanto a la legislación de las asociaciones profesionales de trabajadores.
En tal sentido, nosotros tenemos una filosofía sobre el movimiento gremial respecto a la cual ya han expuesto nuestros compañeros de bancada. Está muy bien expresada por el teniente general Perón, quien en ese gran mensaje que dirigiera al pueblo argentino, contenido en su obra El modelo argentino decía: “En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal, los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. En la comunidad a que aspiramos, la organización de los trabajadores es condición imprescindible para la solución auténtica del pueblo”.
Decía, además, que: “los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita de los trabajadores como grupo social y definan cuál es la comunidad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales”.
Entrando al análisis de la ley, no voy a ser extenso, porque ya se ha hablado bastante sobre el tema: el miembro informante de la mayoría lo ha hecho con toda precisión.
Solamente quiero resaltar, señor presidente, que en esta ley están plasmados todos los principios fundamentales que deben regir la vida de las asociaciones profesionales de trabajadores.
Está reflejado, en primer término, el principio de pureza, en el sentido que estamos regulando únicamente a las asociaciones de trabajadores, descartando la posibilidad de que se haga en forma mixta, de trabajadores y empresarios; sólo nos referimos a las asociaciones de trabajadores.
En segundo término, también está plasmado en este proyecto el principio de autonomía, llamado también de autarquía sindical, según el cual el sindicato debe mantenerse independiente frente a los empleadores, al Estado y a las instituciones políticas. Y también lo está el principio de la especialidad, por cuanto se considera que la asociación gremial no puede perseguir todos los intereses factibles —tal como lo puede hacer una persona física— sino solamente los que sean específicos del sector, sin hacer discriminaciones, es decir, los intereses de los trabajadores en general.
Merece una especial consideración la forma en que este proyecto regula el principio de la libertad sindical, al cual han hecho referencia algunos compañeros.
Debo aclarar que, se habla indistintamente de autarquía o de autonomía sindical, así como también de libertad sindical. Se ha dicho, y creo que lo ha manifestado el doctor Ferro en una de sus obras, que la autarquía o la autonomía sindical es a las asociaciones profesionales lo mismo que es la libertad al hombre. Por eso también se habla de libertad sindical en lugar de autonomía sindical.
En esto no hacemos más que seguir los lineamientos establecidos en la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración de Filadelfia, de 1944, en su artículo 1°, y el texto consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución de 1957 en cuanto asegura al trabajador una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Para definir mejor este tema me voy a permitir remitirme a la definición que hace el doctor Juan Carlos D’Abate. en cuanto dice: “La autonomía sindical es la potestad de que gozan las asociaciones de trabajadores dentro de la estructura legal de un país, para regir libremente su vida interna, mediante la adopción de sus estatutos, la elección de sus órganos directivos, la libre determinación de sus organizaciones administrativas, actividades gremiales y servicios que dispensarán a sus afiliados. Asimismo su vida externa mediante la libre federación, la libre contratación con los empleadores y sus organizaciones profesionales y el libre desarrollo de la acción sindical en defensa de los intereses individuales y colectivos que representan”.
Hay una autonomía interna y una facultad constituyente que también están plasmadas en esta ley. Hay una autonomía respecto de los empleadores y sus organizaciones, que está contemplada en los artículos 6 y 9 del proyecto.
La autonomía sindical impone que los empleadores y sus organizaciones se abstengan de todo tipo de intervencionismo, tanto en la constitución, funcionamiento o administración de un sindicato, como en la utilización de cualquier práctica tendiente a obstaculizar directa o indirectamente el libre desarrollo de la actividad externa del sindicato.
Es sabido que uno de los medios más sutiles que se utilizó para dominar, o al menos restar independencia a los sindicatos, fue el de prestarles ayuda económica, el de dar subsidios económicos por parte de los empleadores. Surgieron así los que se denominaron como sindicatos amarillos. En esta ley está totalmente prohibida ese tipo de ayuda precisamente para resguardar la autonomía del sindicato frente a los empleadores.
En defensa de este principio, el proyecto de ley que hoy tratamos define y regula perfectamente en el artículo 57 las que se denominan prácticas desleales. Es una repetición mejorada y ampliada de lo que supo establecer aquel instrumento liminar que fue el decreto 23.852/45.
También está perfectamente regulada en los artículos 6 y 58 del proyecto la autonomía con respecto al Estado.
El convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo dice en su segundo párrafo lo siguiente: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio”. Por ello no podemos dejar de reconocer que el buen orden de la administración pública del trabajo, puede requerir la inscripción de la organización profesional previa a su actuación. Es perfectamente lógico también que esta administración, para reconocer validez jurídica erga omnes de una determinada convención colectiva de condiciones del trabajo, exija el carácter de más representativas en la profesión a las entidades patronales y obreras pactantes.
Desde luego no admitimos, y tampoco lo hace el proyecto, ningún tipo de injerencia estatal que vaya más allá de lo que pueda establecer un marco jurídico dentro del cual deben desenvolverse estas asociaciones.
En esta ley también está plasmada la defensa de la libertad sindical frente al intervencionismo de las asociaciones sindicales de grado superior. Eso figura en el artículo 36 del proyecto, que dice que “las asociaciones sindicales de grado superior solamente podrán intervenir a las de grado inferior cuando los estatutos consagren esa facultad y determinen sus causales, y la decisión, la adopte, garantizando el debido proceso, el máximo órgano deliberativo”.
Es decir que en resguardo de esa autonomía se establecen limitaciones formales, referencia estatutaria, debido proceso, y condiciones sustanciales causales predeterminadas y deliberación, que no permiten que las asociaciones de grado superior puedan avasallar a las de grado inferior.
Está expresamente previsto cómo se deben constituir las asociaciones sindicales, en los artículos 10, 29 y 30 del proyecto. Aquí nosotros hemos adoptado el criterio de privilegiar a la organización vertical o por industria, porque está más a tono con la evolución general del sindicalismo en el mundo, con la ventaja de que por el lado sindical favorece el principio de unidad y desde el punto de vista empresario facilita la administración salarial y la negociación colectiva por la existencia de un solo convenio y un solo sindicato con el cual mantener las relaciones laborales.
Merece un párrafo especial la norma apoyada por la mayoría respecto de la actuación política de los sindicatos, consagrada en el artículo 20, inciso e). El señor senador Rodríguez Saá ya defendió debidamente este punto, y expresó lo que nosotros pensamos acerca del tema. […] Consideramos que estando el movimiento obrero inmerso en la realidad social, no puede dejar de participar en la vida política. A un sindicato no le puede resultar indiferente, que por ejemplo haya dos plataformas electorales, una que tienda a la dignificación del obrero y la otra a menoscabarlo. ¿Cómo no van a poder apoyar una propuesta política que implique consolidar al movimiento obrero, defender sus fuentes de trabajo, su nivel de salarios, su familia y el conjunto de la sociedad? El movimiento obrero organizado no es ajeno a los problemas sociales; está inmerso en la sociedad y por ello pueden y deben actuar en política.
En este sentido el justicialismo no quiere sacar ventaja del hecho de que los sindicatos sean en su mayoría justicialistas. Lo que sí decimos es que nosotros tenemos confianza en estas confrontaciones políticas porque creemos que nuestras propuestas son mejores que las de otros partidos. Y desafío a quienes creen que tienen otras mejores para que las formulen: y tengan la seguridad de que el movimiento obrero los va a apoyar y nosotros no vamos a sentirnos disminuidos o menoscabados por este hecho, es decir, porque el movimiento apoye a otro partido político o a un candidato que formule una mejor propuesta que la nuestra. Estamos esperando, señor presidente, que surjan nuevas iniciativas en ese sentido y les aseguramos que tendrán eco. (Aplausos.)
Por las razones ya vertidas en este debate no creemos conveniente que el tema de la representación de las minorías quede establecido en la ley. Esta es una facultad constituyente de los gremios, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y por las encíclicas papales. La Rerum Novarum la contempla expresamente; la cité en oportunidad del debate producido en este recinto en 1984, y para no fatigar a los señores senadores no la repetiré ahora.
Esta facultad constituyente es la que determinará la forma en que las minorías estarán representadas. Debemos tener confianza en el movimiento obrero, pues ha dado pruebas suficientes de su vocación democrática.
A nadie se le ha ocurrido pensar que las minorías deban quedar excluidas. Se les dará participación pero de conformidad con la naturaleza, condiciones y posibilidades de cada sindicato. Algunos otorgarán esta participación en los órganos deliberativos, consultivos o directivos. Son los trabajadores, reitero, quienes deben establecer la naturaleza de la representación de las minorías.
Por lo expuesto, debemos dejar esa facultad en manos de los sindicatos; tenemos que depositar nuestra confianza en ellos pues con el sentido democrático que demuestran diariamente, darán la participación que corresponda a las minorías.
Nosotros no podemos ni debemos determinar a priori y en forma general cómo debe ser. Este tema debe estar establecido en los estatutos. Precisamente porque no queremos determinarlo en la ley es que no coincidimos con el dictamen en minoría.
Existen otros aspectos del proyecto que merecen ser destacados. Uno de ellos es el de la igualdad sindical. Así el artículo 7 expresa que no podrán realizarse diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo.
Otro de los temas contemplados es el de las exenciones impositivas. Esto contribuye a la consolidación y desarrollo de estas entidades que no persiguen fines particulares sino institucionales, es decir, de alta política del Estado. Dichas exenciones tienen sus antecedentes en el tantas veces citado decreto 3.852 de 1945.
Este valioso proyecto también contempla normas que aseguran la democracia interna de los sindicatos. Debemos citar los artículos 8, 13 inciso g), 17, 19 inciso b), 20, 42 inciso b), etcétera.
Estas disposiciones determinan un contexto en que los trabajadores afiliados a una asociación sindical tienen en sus manos los canales para una activa participación en todas sus manifestaciones.
Está plasmado el principio de la democracia interna de los sindicatos.
Pero también se encuentra debidamente regulada la protección de la actividad sindical en los artículos 48 y siguientes. Esto es lo que en alguna oportunidad se denominó “fuero sindical”.
Comprendo todas las prerrogativas, derechos y garantías que se les otorgan a los obreros para que actúen libremente en las asociaciones en representación de sus compañeros de trabajo y para que lo hagan sin temor y sin sufrir las represalias, la historia ha dado varias pruebas de ello, y soportar las persecuciones por defender dichos intereses.
En definitiva, señor presidente, se trata de un proyecto valioso, de un proyecto que quiere inscribir a la legislación argentina en esa época de esplendor de la regulación de las asociaciones profesionales de trabajadores a que hacía referencia hace un momento.
No quiero terminar esta, si se quiere deshilvanada exposición general, sin expresar antes mi reconocimiento al autor del proyecto. El señor senador Britos es un hombre que en sus tres años de trabajo junto con nosotros ha demostrado una preocupación permanente en defensa de los intereses de los trabajadores.
Como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social me siento honrado de haber trabajado a su lado en la defensa de esos intereses.
Esta quizá sea la obra cumbre de toda una serie de iniciativas en favor de los intereses de la clase obrera.
Por último, quiero repetir la frase que pronuncié al terminar mi intervención en el debate del año 1984: con el voto que vamos a dar a este proyecto quiero rendirle un homenaje al trabajador argentino, que constituye el soldado desconocido de la grandeza nacional. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores rodean y felicitan al orador.) [….].

Proyecto de ley sobre Convenciones Colectivas de Trabajo (21 de diciembre de 1987)

21 de diciembre de 1987
Diario de Sesiones – Tomo 4 – Páginas 2272 a 2274

Sr. Menem. — Señor presidente, tratamos hoy la modificación de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo que viene a este cuerpo en revisión, toda vez que cuenta con sanción de la Honorable Cámara de Diputados
Es indudable que en este caso es mucho más importante la materia en sí a que hace referencia la ley 14.250, que las propias reformas que se le pretenden introducir mediante este proyecto de ley. No es éste el momento, desde luego, de señalar la trascendencia de esta ley 14.250. Debemos recordar sí, que en su tiempo fue revolucionaria, ya que introdujo una verdadera transformación en el campo de las relaciones del derecho del trabajo, sancionada en 1953, que fue trascendente en resultados. Constituyó un verdadero avance de la clase trabajadora y por qué no decirlo, un avance en la consolidación de la democracia, que permitió a las partes colocarse en un plano de igualdad y pactar las condiciones de desarrollo de la relación laboral.
Tan importante fue que en la reforma constitucional del año 1957 hubo necesidad de contemplar expresamente en el artículo 14 bis como una garantía de los gremios el poder concertar convenciones colectivas de trabajo.
Cabe ahora preguntarse cuál es la importancia que tiene la reforma en estos momentos. En realidad es de una importancia relativa, dado que no introduce cambios fundamentales.
En tren de señalar la innovación fundamental, y ésta es una cuestión de criterio por cuanto otros senadores pueden opinar de manera distinta, considero que es la imposibilidad de que los trabajadores estatales celebren convenciones colectivas de trabajo, pero también debo destacar que dicha inclusión es un tanto relativa, ya que abarca principalmente a aquellos trabajadores del Estado que están en relación de dependencia con sociedades del Estado, sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria o entidades financieras estatales o mixtas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
Con respecto a los trabajadores de la administración pública sólo quedan comprendidos aquellos casos en que con anterioridad a la vigencia de esta ley ya hayan tenido convenciones colectivas de trabajo. Esto relativiza la aplicación de la ley por cuanto si antes no tenían convenciones colectivas de trabajo, no les podrán ser aplicadas a dichos trabajadores sus disposiciones.
También se ha anunciado en distintos proyectos la necesidad o la intención de sancionar una ley que regule todos los aspectos referidos a la relación de empleo público.
Cuando analizamos la sanción de la Cámara de Diputados en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que integro, propuse eliminar los vocablos “provincial o municipal”, dejando que estas normas se refieran únicamente a la administración nacional. Y propuse esto, ya lo adelantaron los señores senadores Britos y Brasesco, por razones de orden constitucional.
Es sabido, señor presidente, que la relación de empleo público es de derecho administrativo, y es sabido también que éste es un derecho local, un derecho provincial. Es decir que dentro de la organización institucional de nuestro país distinguimos perfectamente tres esferas: nacional, provincial y municipal, con tres atributos distintos en orden decreciente: soberanía para la Nación, autonomía para las provincias y autarquía para los municipios. De modo tal que cuando hablamos de normas nacionales relacionadas con el empleo público, de manera alguna las podemos hacer extensivas a las relaciones de empleo público del orden provincial, ni muchos menos del municipal. ¿Por qué? Porque estas relaciones hacen a la esfera propia de las provincias y son facultades que se han reservado por imperio de la Constitución Nacional.
Es bien sabido, señor presidente, que las provincias se reservan todo el poder no delegado a la Nación al momento en que fue constituida la unión nacional. El artículo 104 de la Carta Magna establece claramente este precepto cuando dice que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. Y el artículo 105 establece que se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.
El distinguido tratadista doctor Marienhoff enseña claramente estos principios al establecer con precisión el carácter local que tiene el derecho administrativo. Habríamos incurrido en una violación de los artículos 104 y 105 de la Constitución Nacional si hubiésemos mantenido la disposición en virtud de la cual estas normas relativas a las convenciones colectivas de trabajo eran aplicables a las administraciones públicas provinciales y municipales.
Como lo señaló muy bien el señor senador Brasesco, esto no significa que las provincias o municipios vayan a excluir a sus agentes de las conquistas que representan las convenciones colectivas de trabajo. Por ejemplo, la provincia a la que represento ya sancionó una ley que determina las convenciones colectivas para los agentes estatales. Creo que en esta corriente incursionarán todas las provincias y también los municipios. Y ello, en virtud de la norma que sancionaremos esta tarde por la cual nos adherimos al Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, de fomento de las negociaciones colectivas, con la que también quedarán incluidos dentro de las posibilidades de la negociación colectiva los agentes de la administración pública provincial y municipal.
Esta es, señor presidente, la razón por la cual hemos eliminado del proyecto sancionado por Diputados los términos “provincial o municipal”.
Quiero llamar la atención sobre un aspecto, y con esto voy a ir terminando esta breve exposición, que se ha agregado en el texto del artículo 3 del proyecto, en su última parte, con referencia a las condiciones que son necesarias para que proceda la homologación.
En esta última parte del artículo 3 se fija como requisito “‘que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o dictadas en protección del interés general, así como tampoco que la vigencia de la misma afecte significativamente la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o bien produzca un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores”.
Señor presidente: considero un tanto innecesaria esta disposición, por cuanto ya está contemplada en términos prácticamente similares en el decreto reglamentario de la ley 14.250.
No sé cuáles habrán sido los motivos para incluirla y darle categoría de ley. De todos modos, quiero dejar sentado que esta norma en ningún momento permite a la autoridad administrativa oponerse a la homologación de las convenciones colectivas de trabajo, argumentando que pueden significar un encarecimiento de precios o un deterioro de la situación económica general.
Debemos partir de la base de que las convenciones colectivas de trabajo constituyen una garantía constitucional para los gremios. Por otro lado, está vigente el principio de la justicia social, que desde ningún punto de vista va a permitir a la autoridad administrativa denegar la homologación de una convención colectiva so pretexto de que puede significar o tener una repercusión en el nivel de precios o que puede provocar un deterioro de la situación económica general del país.
Quiero dejar constancia de esta aclaración para que el día de mañana, cuando se interprete la ley y quiera determinarse su significado auténtico, no se vaya a decir que nosotros al pasar esta norma del decreto reglamentario a la ley, queríamos darle un alcance o significado distinto.
Durante todos los años de vigencia de este decreto reglamentario, que contiene una norma similar, no tengo conocimiento de que se haya producido ningún rechazo de la homologación de una convención colectiva invocando esta disposición. Y espero y creo firmemente que en el futuro tampoco se producirá un rechazo por esta razón.
Asimismo, considero que esta disposición parece decir más que lo que quiere expresar, porque realmente más que un control material hace referencia a un control de legalidad.
En virtud de estas consideraciones, quiero dejar expresamente sentado cuál es el alcance con el cual sancionamos esta norma.
Por lo demás, señor presidente, destaco el hecho de que volvemos a darle vigencia a esta norma, tan importante y trascendente, que fue revolucionaria en el derecho laboral argentino. Estamos procurando revitalizarla, ponerla nuevamente en vigencia, después de haber estado paralizada como consecuencia de las normas establecidas por la dictadura militar.
En buena hora llega esta iniciativa que ha lanzado el distinguido senador por Entre Ríos, de que tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de actualizarla, de “aggiornarla”, y ponerla a la altura que los tiempos nos exigen.
Por estos motivos vamos a votar en forma favorable la modificación de la ley 14.250.

Proyecto de ley, en revisión, sobre Asociaciones Gremiales (10 de marzo de 1988)

10 de marzo de 1988 – 28ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 5 – Páginas 2704 a 2709

Sr. Menem. — Muchas gracias, señor senador. Quiero agradecer expresamente la gentileza del colega y amigo, el señor senador por el Chubut, doctor Solari Yrigoyen.
Realmente, el cuarto intermedio aprobado anoche hizo cambiar totalmente el tipo de exposición que pensaba hacer, que era mucho más extensa. Entonces, por razones de tiempo, me voy a limitar a señalar dos o tres aspectos fundamentales que considero necesario aclarar, habida cuenta la forma en que se ha venido tramitando este proyecto de ley que hoy tratamos.
Realmente me siento liberado de volver a insistir en toda la fundamentación de la ley de asociaciones sindicales, toda vez que ella ya fue debidamente expuesta cuando consideramos por primera vez el proyecto de ley que dio origen a este que hoy estamos tratando, y que fuera el presentado oportunamente por el señor senador por San Luis, el colega y compañero Oraldo Britos.
Me voy a limitar a remitirme a mi exposición en aquella ocasión, consignada en el Diario de Sesiones, donde en forma extensa me referí a los principios que informaban el proyecto. Hice una descripción e interpretación del mismo y, desde luego, el análisis jurídico de todo ese texto legal. Posteriormente, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados donde, es cierto, se le introdujeron numerosas modificaciones, pero estas fueron especialmente de tipo formal y no afectaron de ningún modo su esencia ni su filosofía.
Hoy estamos considerando prácticamente ese mismo proyecto, si bien bajo la forma de uno nuevo, por los motivos que ya expusimos ayer y sobre los cuales no volveré pues quedaron debidamente consignados y creo que son totalmente válidas las argumentaciones que hicimos en aquella oportunidad, razón por la cual voy a circunscribir esta breve exposición a tres puntos, que fueron los ejes sobre los cuales giró la tramitación parlamentaria última que tuvo este proyecto de ley y que originaron los desencuentros a los cuales hicieron referencia algunos señores senadores, que no nos permitieron sancionar esta norma anteriormente, ni en el mes de diciembre ni en enero, y que motivaron postergaciones anteriores a esta fecha.
Los tres puntos cuestionados eran los siguientes: en primer término, las medidas de acción directa: en segundo lugar, el número de delegados obreros; y finalmente, la prejudicialidad en materia de delegados gremiales.
Los dos primeros aspectos fueron acordados en el nuevo proyecto de ley. Se convino en aceptar las modificaciones que propuso la bancada radical. Y lo hicimos no porque hayamos pensado que eran acertadas las críticas que se le hicieron sino porque dichas modificaciones no afectaban el fondo de la cuestión. Pero las aceptamos dejando bien sentado, y a esto va a tender mi exposición, que la propuesta original contenida en el proyecto Britos era realmente acertada y no podía ser motivo de las críticas que infundadamente se le hicieron, no tanto dentro del recinto como en algunos pronunciamientos de ciertas entidades empresarias, que cuestionaron estos temas de las medidas de acción directa, el número de delegados obreros y la prejudicialidad.
Con respecto al primero de los puntos, las medidas de acción directa, el texto legal cuestionado decía: “Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos”, y los indicaba en los incisos a),b) c) y d). En este último establecía: “Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar otras medidas de acción directa”.
Este tema de las medidas de acción directa integra, como una forma del derecho de huelga, el conocido tríptico que constituye, de alguna manera, la base de todo el derecho sindical: el sindicato, la convención colectiva y la huelga.
Este derecho está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución que establece que queda garantizado a los gremios el derecho de huelga.
¿Cuál es la crítica que se hace a esta expresión de “medidas de acción directa”? Se decía que al figurar tal expresión en la ley se podía entender que se autorizaba a que se cometieran ciertos hechos ilícitos, como por ejemplo la ocupación de fábricas, la toma de rehenes dentro de la fábrica y otras acciones de esa naturaleza.
Creo, señor presidente, que a poco que examinemos el texto mencionado, ya nos podemos dar cuenta, sin necesidad de mayores análisis, de que la crítica era totalmente arbitraria, y carente de fundamentos. Ello es así, porque, con sólo leer el texto, se puede apreciar que desde ningún punto de vista podía decirse que las medidas de acción directa autorizan a cometer actos irregulares.
Leyendo el texto, observamos que dice: “Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores”, la misma ley lo dice: “actividades lícitas”, y más adelante dice “en especial”, esta última expresión se refiere, dentro de las medidas lícitas, a las de acción directa. Esto ya ponía fuera de cuestionamiento esas críticas o temores de que estas medidas pudieran dar lugar a la comisión de hechos irregulares.
Pero, de todas maneras, la crítica estuvo en los medios de difusión, en los comunicados, como si desde esta bancada supuestamente hubiéramos querido autorizar a los gremios a que tomaran este tipo de medidas irregulares.
Pero esta terminología, “medidas de acción directa”, ha venido siendo utilizada en los textos legales desde hace mucho tiempo y nunca fue cuestionada. Por primera vez se les ocurrió pensar que esto podía encerrar la autorización a cometer hechos irregulares.
El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados con fecha 4 de junio de 1987, es decir, este mismo Poder Ejecutivo presidido por el doctor Alfonsín, en el mensaje 858, artículo 5 inciso d) es exactamente igual al que fue posteriormente cuestionado por la bancada radical.
Es decir que el propio Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley en donde habla de las medidas de acción directa y posteriormente, en este Senado, la misma bancada radical en todas las reuniones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social impugnó este concepto.
Pero no es sólo la posición de este gobierno constitucional, la ley de asociaciones sindicales sancionada por la dictadura militar, cuya vigencia, lamentablemente, se prolongó en el tiempo, también usa esta misma terminología.
El artículo 13 en su inciso k), al determinar los estatutos de las asociaciones gremiales dice: “Autoridades y procedimientos para la adopción de medidas de acción directa”. Y la reglamentación del artículo 10 del decreto reglamentario 640/80 de esta ley 22.105 dice: “Las medidas de acción directa sólo podrán ser adoptadas por el voto directo y secreto de los afiliados en asamblea especialmente convocada al efecto”.
Y aquí cabe una reflexión: si la propia ley de la dictadura militar, que no tenía precisamente muchas simpatías por los gremios, contenía la denominación de “medidas de acción directa”, yo me pregunto cómo, si esta misma expresión, si esta misma terminología está en la ley propuesta por el Poder Ejecutivo elegido por el pueblo, y propuesta al Parlamento en donde están los representantes del pueblo, puede venirse ahora a cuestionar esta denominación que nunca dio origen a ningún tipo de problema de interpretación judicial.
Debemos pensar entonces, señor presidente, que detrás de este cuestionamiento no se quería solamente plantear una cuestión relativa a las medidas de acción directa, sino que existía un propósito, por parte de aquellos que de afuera cuestionaron la ley, de obstaculizar su sanción.
Y esto no sólo se ha dado en estas leyes, sino que hubo antecedentes en las leyes 20.615 y 14.455 que ya contenían disposiciones similares a las mencionadas. Y la ley 20.744 utiliza la expresión en varias oportunidades; en el título X, capítulo sexto, dice: “efectos de la huelga y otras medidas de acción directa”, y los artículos 243, 244 y 245 hablan también de la huelga y otras medidas de acción directa. Es decir que esta terminología ya venía siendo utilizada legalmente desde muchos años atrás y no dio lugar a ninguna confusión. Más aún, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando tuvo que expedirse sobre este tema en diversos pronunciamientos, sentó la doctrina a aplicarse en cada caso.
De manera que cuando se habla de derecho a huelga y de medidas de acción directa, debe interpretarse que este derecho se ejerce en consonancia con otros derechos reconocidos por la Constitución. Es sabido que no hay derechos absolutos; todos los derechos deben interpretarse armónicamente en conjunción con otros reconocidos por la Constitución.
Entonces, si hablamos de reconocimiento del derecho genérico de huelga dentro del cual quedan comprendidas también las medidas de acción directa, debe entenderse que el ejercicio de este derecho no puede lesionar otros, como el derecho a la propiedad o a la libertad.
Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos conocidos, ha establecido este criterio, de manera tal que tampoco pueden existir dudas acerca de la interpretación de esta expresión por parte de la justicia. Es reconocido el caso del año 1964 en la causa “Riego Ribas y otros”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia en un pronunciamiento producido con motivo de la toma de un establecimiento fabril. Allí la Corte condenó a los trabajadores por el delito de usurpación en concurso real con el de desobediencia, con lo cual, prácticamente les tiró con todo el Código Penal.
Y a esto quería llegar. Me pareció arbitraria e infundada la crítica hecha a esta expresión contenida en el proyecto original votado por este Senado y aceptado por la Cámara de Diputados el cual venía del Poder Ejecutivo y tenía antecedentes en leyes anteriores.
Hemos aceptado esta sustitución por entender que era una forma de allanar el camino para que logremos esta ley por consenso pero de ningún modo podemos aceptar que la expresión “medidas de acción directa” pudiera contener otro propósito o tener otros objetivos que el que acabamos de mencionar.
Quiero recordar también que en el decreto 969/66, al cual se hizo referencia, sancionado por el Presidente Illia, se usaba esta expresión de medidas de acción directa y tampoco fue nunca cuestionado.
Entonces, debo pensar que si se lo cuestiona ahora no fue por esa frase en sí sino porque se tenía el propósito de obstaculizar la ley. Debo reconocer que en alguna medida lo han conseguido porque de lo contrario no hubiéramos demorado ocho o nueve meses en sancionar una ley por objeciones de este tipo que, como vemos, son totalmente infundadas.
Es verdad que se sustituyen esos términos por una expresión que es muy cara al movimiento justicialista que es la que estaba contenida en la Constitución de 1949. Pero de todos modos el significado es exactamente el mismo: decir medidas de acción directa o medidas legítimas de acción gremial es lo mismo porque las medidas de acción directa no pueden ser otras que las legítimas, y que están autorizadas por la Constitución Nacional.
El otro tema que se cuestionó es el del número de delegados gremiales. Esta es una cuestión de política legislativa. Decir que habrá uno más o uno menos, que van a ser más o menos delegados en número, no tiene trascendencia, porque realmente es insignificante y de ninguna manera alterará el funcionamiento de la empresa ni las relaciones de ésta con los obreros.
Indudablemente, se me ocurre que ha sido otro de los argumentos o de los pretextos que se usaron para dilatar la sanción de esta ley, porque en todos los antecedentes que hay sobre el tema existe una escala que no difiere sustancialmente de ésta.
Deseo recordar que en la ley sancionada por el proceso militar curiosamente, a diferencia de los criterios contenidos en otras leyes sancionadas por el Parlamento, no se estableció el número mínimo de delegados gremiales sino que acorde con esa filosofía de persecución de los gremios se estipuló el número máximo de delegados gremiales, el que no podía ser aumentado ni aun por las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, ni aun poniéndose de acuerdo obreros y patrones sobre el número de delegados, éste se podía ampliar porque existía esa disposición sancionada por el gobierno militar que lo prohibía expresamente.
Quiero recordar que en el proyecto de Código de Trabajo, tan caro a la bancada radical que hemos mencionado muchas veces, de Nápoli, Tissembaum y Despontin, se establecía una escala que era superior en cuanto al número de delegados gremiales por cantidad de obreros que el que contiene este proyecto de ley que viene modificado de Diputados y que fue cuestionado por ser excesivo.
Y yo digo: si en ese proyecto de ley tantas veces defendido, el número de delegados era superior, ¿por qué cuestionan la cantidad que viene de un proyecto de ley, cuya escala es inferior?
Esto me autoriza a pensar que no se trataba tanto del número de obreros sino que era otro de los pretextos usados desde afuera para obstaculizar la sanción de esta ley tan cara a los trabajadores y tan necesaria para permitir su reorganización definitiva.
Llegamos así al último punto, señor presidente, al cual me voy a referir rápidamente por razones de tiempo. Es el tema del denominado fuero sindical. En primer término, deseo señalar que no hay ningún fuero sindical. El fuero puede hacer referencia a un tribunal especial o a una situación de privilegio o de beneficio excepcional, pero aquí no hay ningún privilegio ni tampoco beneficio adicional. Aquí se trata simplemente de la reglamentación de una garantía constitucional y por eso no podemos aceptar como válida la expresión “fuero sindical”.
Aquí no hay fueros especiales porque están prohibidos por la Constitución Nacional. De lo que se trata es de reglamentar una garantía constitucional que hace referencia a la estabilidad del dirigente gremial, que es algo totalmente distinto a suponer que hay un fuero sindical.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional ha determinado claramente los principios en materia de estabilidad del dirigente gremial al establecer como garantía que tienen los gremios, entre otras: “Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
Lo que establece la Constitución es precisamente lo que reglamenta el artículo pertinente del proyecto de ley que hoy tratamos.
Algunos, muy cortos de estudio pero muy sueltos de lengua, han mencionado que ésta es una cuestión corporativa, que consagra el corporativismo, que es un privilegio excepcional. Pero parece que se han olvidado de que este artículo de la Constitución es el que consagra la garantía de estabilidad del dirigente gremial y que no constituye ningún privilegio sino que es la protección que merece, ya que al estar en defensa de los intereses de los trabajadores es muy frecuente que entre en colisión o en fricciones con la patronal y resulte sancionado a raíz de ese enfrentamiento con el empresario, lo que hace no por motivos propios sino por la representación que inviste.
Entonces, se produce lo que normalmente se llama la caza del dirigente gremial: el patrón lo amenaza, lo despide o lo suspende si lleva una reivindicación o un reclamo o cuando quiere defender el derecho de algún obrero en particular o de todo el conjunto. Por eso se lo protege, porque está en una situación de indefensión frente a la patronal.
Esta protección especial no le crea ningún privilegio, porque están dadas las garantía tanto para el dirigente gremial como para el empresario. ¿Qué es lo que exige este artículo? Que antes de ser sancionado o de ser despedido, como medida previa a que le cambie la situación de trabajo, antes que le pueda caber algún tipo de sanción, tenga que acudirse a la justicia para demostrarlo.
Ir a la justicia no tiene que significar agravio para nadie, y entonces es el juez el que va a determinar si le da la facultad a la patronal con respecto a la permanencia del obrero o del dirigente gremial en el puesto de trabajo durante la sustanciación del trámite judicial o adopta una medida cautelar, cuando pueda poner en peligro la seguridad del establecimiento o de las personas dejándolo transitoriamente separado.
Esta es la disposición que ha originado toda una serie de cuestiones porque quieren que mientras se sustancie la causa el obrero esté afuera y entonces el patrón es el único juez que va a determinar que se ha cometido la falta. Si nosotros hubiéramos aceptado esta postura directamente habríamos destruido la garantía constitucional de protección del dirigente gremial porque a nadie escapa que por este fácil procedimiento el patrón lo saca del establecimiento y mientras se sustancia el trámite, el dirigente ya ha quedado sancionado, se ha infundido temor a los otros obreros quienes, por consiguiente, no se animarán a hacer planteos similares.
Por eso está la garantía de la justicia. Algunos han considerado que era mejor el sistema contenido en la ley dictada por el gobierno militar que establece una sustitución en dinero que se le puede pagar para despedirlo, pero esto, evidentemente, no es la garantía constitucional. Esta apunta a que no se lo pueda sancionar ni se pueda convertir en una indemnización de dinero. Si analizamos el artículo 14 bis de la Constitución observaremos claramente la distinción que hay entre el trabajador privado en general y el dirigente gremial, porque este artículo tiene dos expresiones distintas y diría que hasta tres en materia de estabilidad.
Cuando se refiere a los trabajadores en general, menciona la protección contra el despido arbitrario. Esto consagra una estabilidad relativa, porque, ¿cuál es la protección que le da la ley contra el despido arbitrario? Ahí sí corre la sustitución por una indemnización, mediante el pago de una suma de dinero.
El mencionado artículo también se refiere a la estabilidad del empleado público, que es una cuestión distinta. El empleado público tiene una estabilidad absoluta porque puede obligarse al Estado o a la repartición estatal a que lo reincorpore en caso de despido y no admite la indemnización sustitutiva de dinero porque está consagrada la estabilidad absoluta del empleado público. Y esto es así porque es sabido que normalmente el empleado público es el botín de guerra de los vencedores en las contiendas electorales. Por eso se le ha querido dar una protección especial.
En el caso del dirigente gremial utiliza otra expresión. Se refiere a que los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias, para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Si realmente la estabilidad del dirigente gremial hubiera sido igual a la del empleado común, no tendría por qué el artículo 14 bis tratarlo en dos párrafos distintos. En uno se refiere a la protección contra el despido arbitrario, en el otro cita la estabilidad del dirigente gremial. Esto nos está indicando que son dos cosas totalmente distintas y se le ha querido dar una protección especial. Por eso este artículo ya estaba contenido en el proyecto de ley presentado por el señor senador Britos.
Si queda alguna duda sobre el sentido de esta ley nos tomamos el trabajo de examinar el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en la que se sancionó este artículo 14 bis que elimina toda duda sobre el tema.
En el Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, tomo II, página 1230, al referirse a esta norma dejó en claro el miembro informante Carlos Bravo que consagraba la reincorporación forzosa del representante gremial al sostener que en lo que atañe a las relaciones con los empresarios, la protección debe consistir no sólo en la reinstalación del dirigente gremial en el trabajo sino también en multas. Este ha sido el espíritu y esto lo han dicho los constituyentes que sancionaron el artículo 14 bis: la protección debe consistir no sólo en la reinstalación del dirigente gremial en el trabajo. Esta es la interpretación clara de esta norma.
Pero por si fuera poco y quedara alguna duda, para aquellos más incrédulos, vamos a citar lo que dice el convencional Cortés. Deseo que presten atención a esta parte porque es lo que concluye con cualquier duda.
Dice Cortés al fundamentar el artículo 14 bis: “Lo que queremos evitar es que se produzcan los despidos, y que un representante sindical con motivo del ejercicio de su representación o como consecuencia de ella sea despedido por el patrón, quien no sólo debe pagarle indemnización sino que, además, debe reponerlo”. El convencional Cortés concluye que se prohíbe el despido aun con indemnización del representante sindical. Esta cita se encuentra en la página 1446 del Diario de Sesiones.
Es decir, la conclusión no puede ser otra que el artículo 14 bis de la Constitución ha consagrado la estabilidad absoluta del dirigente gremial. Sólo puede ser despedido por causas justificadas, pero determinadas judicialmente, no unilateralmente por el patrón. Por estas razones, no podíamos aceptar la alternativa de que el obrero quedara afuera mientras se sustanciaba la causa, tal como fue propuesto.
Por eso también, como no se puede forzar al patrón a que acepte al obrero en su puesto de trabajo, se establecen los astreintes del artículo 666 bis del Código Civil, que establece fuertes multas para el caso de que no se lo quiera reinstalar en el puesto de trabajo. De este modo le va a resultar al patrón mucho más sencillo reinstalarlo que sufrir las graves multas que pueden decidirse por vía judicial.
Hemos cedido en otras dos normas. Permitimos que se cambiara la denominación “medidas de acción directa” por la de “medidas legítimas de acción sindical”. También hemos permitido alguna disminución en el número de delegados. Pero desde ningún punto de vista podemos transar o negociar en esta norma, que no es negociable porque hace a la defensa del derecho legítimo que tiene el dirigente gremial y que tienen por cierto los trabajadores. Se trata además de una protección que está establecida en la propia Constitución Nacional. En efecto, esta norma, que ha sido tan duramente cuestionada y castigada alegándose que establece un privilegio o una excepción, no es sino la reglamentación de una garantía constitucional, que es la de la estabilidad del dirigente gremial.
Creo que con esto queda despejada toda duda sobre la procedencia de la prejudicialidad y sobre la situación del dirigente gremial. Quedan así expuestas las razones por las cuales no hemos aceptado ningún cambio en esta cláusula. Creo que están debidamente protegidos los derechos del dirigente gremial y de sus representados. Y también puede afirmarse que no se causa ningún gravamen al empresario, a la patronal, que va a someter el caso a la justicia y si tiene razón y aporta las pruebas necesarias, obtendrá una decisión favorable. Si no tiene razón deberá admitir que ese dirigente gremial está cumpliendo con sus funciones de defensa de los intereses legítimos de los trabajadores. Pero en ningún caso debe incurrir en esas maniobras desleales a las que me refería hace un momento, yendo a la caza del dirigente gremial porque éste cometió el pecado de defender los intereses de los trabajadores.
Por estos motivos, sostenemos que esta norma debe mantenerse tal como figura en el texto que logramos por consenso. Por lo demás, las exposiciones de los señores miembros informantes han sido bastante claras y extensas. Anticipo, pues, mi voto favorable a este proyecto acordado entre las bancadas mayoritarias.

Proyecto de declaración sobre conflicto ferroviario (6 de marzo de 1991)

6 de marzo de 1991
Diario de Sesiones – Tomo Febrero / Marzo – Páginas 5558 a 5560

Sr. Menem. — Señor presidente: desde luego, voy a adherir al proyecto de declaración por cuanto mucho de lo que aquí se ha dicho puede ser por mí suscripto sin ningún tipo de reservas.
Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que proteger, la prestación del servicio porque atañe a los intereses generales. Hay que proteger, también, a los trabajadores, y por supuesto tenemos que proteger a la empresa, ya que pertenece al Estado.
Mi intervención es solamente para hacer alguna reflexión sobre ciertos conceptos que se han vertido, que desde mi punto de vista no se ajustan estrictamente a la realidad.
Estamos frente a un conflicto sobre el cual no vamos a entrar a atribuir culpas, porque no es este el caso. Lo podemos imputar quizás a la crisis que vive el país, la crisis estructural que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo y que hace eclosión en los distintos sectores, con manifestaciones periódicas frecuentes, como las que también tuvieron lugar durante el gobierno anterior y las que lo tienen con el actual. Esto es consecuencia de una realidad acuciante, de un Estado quebrado, un Estado que no cuenta con los recursos suficientes, que no paga más, no porque no quiere sino porque no puede. Y si para pagar más tiene que emitir, poner en funcionamiento “la máquina”, sabemos que va a pasar.
Creo que el señor Ministro de Economía explicó esto con toda claridad la vez pasada: elevar nominalmente los salarios a costa de la emisión monetaria significa alimentar la inflación y la hiperinflación. Ya conocemos los argentinos lamentablemente que pasa cuando hay hiperinflación.
Este es un conflicto desgraciado que empieza con un reclamo salarial. El gobierno llama a una conciliación obligatoria, que no se puede llevar a cabo porque hay un problema interno de algunos de los gremios. Como dijo alguno de los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, los dirigentes se ven desbordados por algunos cuadros dirigenciales o de base, que no acatan a la conducción del gremio. El gobierno se queda entonces sin un interlocutor legítimamente habilitado, para concertar. Al no poder cumplirse la conciliación obligatoria, la huelga es declarada ilegal, y sobrevienen las consecuencias del caso.
Creo que este proceso está claro. Lo que más se ha cuestionado aquí, y creo que expresando alguna inquietud razonable, es esto del cierre de los ramales. Se habló de clausura de ramales, de cesación en la prestación del servicio, de cierre de ramales.
Yo creo que estaríamos equivocándonos si no pusiéramos las cosas en sus justos términos, porque transmitiríamos a la comunidad un mensaje equivocado, como puede hacerse desde algún sector interesado de nuestro país.
Como en muchas otras cosas, a caballo de un reclamo legítimo que todos podemos compartir están los activistas, los que provocan desmanes, los que queman vagones del ferrocarril. Creo que esto no tiene nada que ver con los reclamos de los trabajadores. También están los oportunistas políticos, los que aprovechan para lanzar sus proclamas, diciendo todo lo que se les ocurre explotando un momento desgraciado.
Siempre dije que en estos momentos críticos, en que la sociedad parece entrar en crisis, se produce algo semejante a lo que pasa con algunas figuras del derecho penal. El hurto o el robo en un domicilio tienen una calificación determinada en el derecho penal. Pero cuando el ladrón se aprovecha de una desgracia, robando, por ejemplo, durante un velorio, comete un delito que está agravado por la circunstancia de explotar esa desgracia ajena para su beneficio, es lo que se denomina “hurto calamitoso”. Y los oportunistas políticos hacen lo mismo: se aprovechan de un momento de crisis.
Felizmente puedo decir que los planteos que escuché esta tarde en el Senado no tienen nada que ver con el oportunismo político. Al contrario, he escuchado planteos razonables y fundados. Pero en algunos casos, se comete un error. Por ejemplo, se habla del cierre preventivo, ésa es la calificación que se ha dado y me parece que algunos no leyeron el decreto, pero debo aclarar que no es para perjudicar al servicio ni a los trabajadores.
Podríamos ir más allá. El cierre preventivo, en definitiva, está en alguna medida protegiéndolos. ¿Por qué? Porque el cierre preventivo se ha dispuesto, en primer término, respecto de ramales que ya no estaban funcionando, pero no como consecuencia de dicho cierre, sino de la huelga. Es decir que esto no ha traído como resultado la suspensión de ningún servicio, sino que se aplicó, repito, a aquellos ramales que ya no estaban en funcionamiento.
En segundo término, esto es lo más importante, gracias a esta medida los trabajadores que no habían sido cesanteados, que según tengo entendido fueron aproximadamente 480 sobre 12 o 13 mil los que recibieron telegramas, empezaron a cobrar sus haberes, o sea, no fueron sancionados con la pérdida del salario porque han sido objeto de suspensión con goce de haberes.
Entonces, contrariamente a lo que se cree, en este caso y hasta este momento, el cierre preventivo no fue tomado como una forma de atacar a los trabajadores o de suspender la prestación del servicio, que de hecho ya lo estaba, sino como una medida precautoria y ordenatoria que posibilite un diálogo fecundo en la búsqueda de soluciones.
Sr. Gass. — ¿Me permito una interrupción?
Sr. Menem. — Es decir que esta medida no se ha tomado como un acto de guapo, como se ha dicho por allí, sino como un acto razonable tendiente a abrir el diálogo para poder obtener una solución que satisfaga los intereses de todos, deseo que creo es el de quienes hasta ahora han hecho uso de la palabra.
Le concedo la interrupción al señor senador por Buenos Aires.
Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires,
Sr. Gass. — Señor senador, con el permiso de la Presidencia, quiero decir que tengo una duda. Usted dice qué serán pagados los sueldos a todo el mundo, pero, si no leí mal se anunció que iban a abonarse los salarios durante treinta días. Por lo tanto, después no se sabe qué va a ocurrir.
Sr. Menem. — Sí el señor senador tiene a bien leer el decreto, siempre digo que tenemos que actuar con hechos concretos, verá que allí se establece una suspensión con goce de haberes por un término inicial de treinta días, que puede ser renovado todas las veces que sea necesario. Por lo pronto, durante treinta días los trabajadores van a seguir cobrando sus sueldos. Aquí no se dice que ese término no sea prorrogable. Mientras tanto, durante ese lapso se continuará con las negociaciones.
En este sentido, con el permiso de la Presidencia, quiero decirle al señor senador que felizmente se están realizando las primeras negociaciones y que hoy se ha seguido conversando. Acabo de recibir la información de que se ha llegado a un acuerdo para la continuación del servicio del ramal que va de Retiro a Tigre, creo que al señor senador por Buenos Aires le interesará muy especialmente, perteneciente al Ferrocarril General Mitre. Y se está tratando de asumir idéntica actitud con respecto a otros ramales.
Por otra parte, quienes reiniciaron la labor directamente antes de la cero hora del momento en que se dispuso el cierre preventivo no fueron incluidos en esta medida. Este es el caso del ramal que va de Retiro a José León Suárez, también del Ferrocarril General Mitre.
Quiero decir que debemos tener mucho cuidado cuando se habla con un tono tan categórico respecto de que esta medida tiende a sojuzgar o someter a los trabajadores. De ningún modo. Si hay alguien que se ha beneficiado preventivamente con esta medida son los trabajadores.
Además, a partir de la cero hora del día en que se dispuso la suspensión provisoria, se dejaron de enviar los telegramas de cesantías. Evidentemente, si están suspendidos provisoriamente con goce de haberes no pueden quedar cesantes.
Esto lo quería decir para que no cometamos el error de transmitir un mensaje equivocado y para que todos nos pongamos de acuerdo. De este tema se puede hablar mucho, pero todo lo que expresemos será inconducente si no nos manifestamos con claridad y no aportamos soluciones.
De esto se trata, señor presidente, porque creo que el gobierno no saca ningún rédito si tiene los ferrocarriles parados, o manda telegramas de cesantías. Tampoco se beneficia el usuario.
Entonces pongamos las cosas en su justo término. No hay intención de un lock out, como se ha dicho. En el mejor de los casos, alguien lo ha calificado así, se trataría de un lock out defensivo. Por eso se ha hablado de un cierre preventivo lo que está perfectamente autorizado por la legislación y por el derecho comparado. Incluso, en la Organización Internacional del Trabajo hay algunas declaraciones sobre la posibilidad de cierre preventivo.
También esta cuestión ha sido objeto de alguna resolución judicial como en el caso de Tamar contra Swift, que ha sido comentado por el doctor Justo López, un eminente laboralista: se refiere a la procedencia del lock out cuando tiene este carácter de cierre preventivo, el que en este caso no sería propiamente eso, como se ha dicho, sino una medida provisoria que persigue ordenar el diálogo para evitar que se sigan produciendo perjuicios.
Además, como ya lo he dicho, los trabajadores están cobrando sus remuneraciones, incluso los que estaban de paro y que no habían sido cesanteados. Esto posibilita el diálogo. En la medida en que se reanude el trabajo, los ramales se van a ir rehabilitando. En estos momentos está apunto de rehabilitarse el de Retiro a Tigre, de manera que debemos hacer votos para que este tipo de medidas fructifique en un acuerdo que posibilite levantar el paro y no se perjudique a nadie.
Por supuesto, creo que este apoyo que va a dar el Senado, para que se agoten las instancias a efectos de solucionar el conflicto constituirá un buen respaldo para que el problema se solucione en el más breve plazo.
Quería decir esto, señor presidente, porque me parece que si trasciende lo que se ha dicho sin que hagamos estas apreciaciones puede transmitirse a la comunidad un error que haga interpretar mal las disposiciones y la situación en que se encuentra el conflicto en este momento.

Proyecto de ley sobre empleo (17 y 18 de abril de 1991)

17 y 18 de abril de 1991
Diario de Sesiones – Tomo Abril – Páginas 6466 a 6471

Sr. Menem. — Señor presidente: solicito que se invite nuevamente al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, dado que ha manifestado su intención de participar en el debate.
Sr. Presidente (Solana). — Así se hará, señor senador.
Ingresan en el recinto y ocupan los sitiales reservados a los ministros, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Rodolfo Díaz, el señor subsecretario de Trabajo, doctor Enrique Osvaldo Rodríguez, y el señor jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Enrique Strega.
Sr. Presidente (Solana). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: hubiera querido que siguiéramos tratando este importante proyecto en un clima un poco más pacífico porque, indudablemente, se trata de una iniciativa que tiende a crear las condiciones para que en nuestro país se puedan superar de una vez por todas las consecuencias de una crisis recurrente y permanente que desde hace tantos años sacude nuestra estructura económica y social.
Esta propuesta del Poder Ejecutivo es sumamente importante. Tanto es así que se integra con otras leyes fundamentales ya sancionadas por este Parlamento y referidas a esta necesidad expresada por la sociedad argentina con relación a provocar los cambios estructurales requeridos para salir de este estancamiento, de esta recesión, de esta crisis que tanto nos ha hecho y nos hace sufrir a los argentinos. Yo digo que se integra con las otras leyes: de reforma del Estado, de emergencia económica, de reforma tributaria; y ahora con este proyecto que introduce modificaciones importantes relacionadas con la problemática del empleo.
Este es un tema que resulta muy caro a los justicialistas. Por eso le hemos dado esta importancia y debido a ello lo venimos debatiendo desde hace mucho tiempo. No es que lo hayamos querido demorar en las comisiones sino que se trata de un régimen que generó muchas dudas.
Se trataba, señor presidente, de encontrar un equilibrio entre la necesidad de obviar todos los obstáculos para que puedan crearse puestos de trabajo y para que salga a la luz todo el trabajo en negro, y al mismo tiempo no dejar en una situación de desprotección a los trabajadores.
Es decir que el problema radicaba en encontrar ese justo equilibrio, entre la necesidad de una legislación que dé respuestas al momento que vive el país, en el que la desocupación tiene que ser combatida, y el hecho de no dejar sin la cobertura legal necesaria a los trabajadores, quienes no pueden correr el riesgo de quedar nuevamente a expensas de las decisiones de la parte más fuerte en la relación laboral.
De ahí la demora. Por ello se hicieron tantos estudios, tantas consultas; ahora el proyecto ha llegado a este recinto con madurez, con muchas reflexiones al respecto y apoyado en una serie de principios prácticos jurídicos, económicos y sociológicos que han sido conciliados, según creo, en este instrumento tan importante que tenemos a nuestra consideración.
Como decía anteriormente, éste es un tema muy caro a los justicialistas. Desde el nacimiento de nuestra doctrina, desde que el general Perón asumió el poder otorgó al trabajo un valor fundamental. Por ello reivindicó al trabajo y a los trabajadores. Al general Perón le gustaba que lo llamaran presidente, también general, pero pienso que más le gustaba que le dijeran “el primer trabajador”, como reza nuestra marcha partidaria.
Pero no se trató solamente de declamaciones. La más importante legislación laboral que se dictó en el país tendiente a reivindicar al trabajo y a los trabajadores data precisamente de la época en que el general Perón adviene al poder, primero a través de la famosa Secretaría de Trabajo y después cuando asume la Presidencia en 1946.
Por eso en la Constitución de 1949 no podía estar ausente la consideración de lo que es el trabajo y lo que significa para nuestra concepción política. En dicha Constitución se consagran los derechos del trabajador. En uno de sus artículos, con referencia a este tema, dice: “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite…”
Aquí está quizá la clave de por qué hoy estamos considerando una ley de empleo: “…proveyendo ocupación a quien la necesite…”.
El tema del empleo o del desempleo, si queremos ver el problema, indudablemente no siempre ha formado parte del discurso social. Es un problema que ha nacido y se ha incrementado en los últimos años. Es una cuestión diría contemporánea en nuestra sociedad. Recién nace a la consideración, como se ha dicho en este recinto, después de 1930, con los primeros problemas que se plantearon con relación al petróleo.
La situación se ha ido agravando en los últimos años. De una media histórica de desempleo abierto que estaba en el orden del 3.5 por ciento pasamos, en los últimos tiempos, a casi un 10 por ciento. Por eso se trata de una problemática que interesa a la sociedad, y por ello este gobierno no podía dejar de considerarla ni de plantearla.
Por estas mismas razones se obtuvieron las respuestas a que me voy a referir en las encuestas que se hicieron para determinar si esta cuestión constituye un problema que aflige a la población.
En efecto, en una encuesta realizada por Gallup sobre el proyecto de ley nacional de empleo, en octubre de 1990, el 97,9 por ciento de los encuestados entendió que la desocupación es un problema grave o muy grave; el 86,4 por ciento se expidió señalando como importante o muy importante la regularización del empleo no registrado, es decir, el blanqueo del trabajo en “negro”; el 77,4 por ciento manifestó acuerdo o pleno acuerdo con la implementación de un seguro de desempleo; el 94,4 por ciento prefirió planes de empleo, contra un 2,5 por ciento que optó por asistencialismo en materia de elección de planes sociales. Entre un 50 y un 64 por ciento se expidió favorablemente con respecto a las diversas modalidades de contratación propuestas y un 52,2 por ciento estimó que dichas modalidades favorecían la generación de empleo. De donde queda claro que el proyecto en tratamiento se aboca a una problemática que la sociedad argentina observa con preocupación y esperanza.
Por eso, señor presidente, ha sido oportuno el planteo de este nuevo régimen legal que viene a solucionar todos estos problemas referidos a la desocupación y a la forma de combatirla.
El fenómeno social del trabajo humano que, como decía, ha sido un tema central de la cultura vigente en Occidente casi con exclusividad desde hace por lo menos ciento cincuenta años.
La sociología, la economía, la política y hasta la literatura construyeron un discurso social donde el esfuerzo colectivo humano era uno de los temas principales de interés, de explicación y de valor. En el mundo moderno el trabajo del hombre es mucho más que un hecho económico material; es la función social del trabajo, como decía el señor ministro, definitoria de la organización básica de las sociedades contemporáneas.
Cuando el justicialismo hace cuarenta años dio jerarquía constitucional a la afirmación de que “…reconoce una sola clase de hombres: los que trabajan…”, no hacía otra cosa que expresar esta persuasión central: el trabajo es el análogo social de la persona humana entendida como dignidad trascendente.
Así entendido el trabajo humano, el espacio social donde se establecen las relaciones laborales, no puede ser descripto como un mercado.
La doctrina católica, desde León XIII hasta Juan Pablo II, el pensamiento político argentino y lo más destacado de la ciencia social y jurídica laboral insisten en rechazar cualquier connotación mercantil en los aspectos laborales. El trabajo no es una mercancía, el salario no es un precio. Por ello es más correcto hablar de un sistema de relaciones laborales y no de un mercado laboral.
Si partimos de la base de que el empleo es la situación de participación en el esfuerzo colectivo de la sociedad, podemos decir que este sistema de relaciones laborales al que se hacía referencia se basa en un presupuesto: que las personas trabajen, o sea que la sociedad les haya definido una situación de participación en el esfuerzo productivo de ella.
Esta es una situación social básica. Sin ella no existen relaciones de trabajo ni derecho del trabajo ni salarios; la revolución productiva o la política de empleo pleno no tendrían sentido. La vieja y digna necesidad bíblica de ganarse el pan con el sudor de la frente dejaría paso a la tétrica compulsión de darse una estrategia de supervivencia.
Por eso el gobierno nacional sostiene que una política de empleo no se resuelve en las actuales circunstancias sino a través de profundos cambios estructurales.
Desde luego que a nadie se le ocurre que el tema del desempleo se va a solucionar únicamente con una ley de empleo. Esto sería una utopía. Como lo ha dicho el señor Ministro; este proyecto de ley de empleo se sanciona porque también están dadas las condiciones para ello.
Creemos, así como lo cree el gobierno, que están dadas las circunstancias para sancionar un proyecto de ley de empleo porque además se han dado todos los otros pasos. Como ya expresé al principio, éstos comprenden las leyes estructurales que tienden a la reforma del Estado y a la creación de nuevas condiciones económicas, a establecer un nuevo marco fiscal, etcétera. Y con la ley que sancionamos respecto de la convertibilidad del austral se va a insertar esta política ocupacional que el Poder Ejecutivo ha propuesto a través de este proyecto de ley que estamos tratando.
Señor presidente: no voy a exponer los antecedentes de derecho comparado, como lo había previsto, porque quiero abreviar al máximo esta intervención, dado que por las situaciones que se han tratado en este recinto, que han motivado la interrupción de la sesión, se ha hecho demasiado tarde y no quiero abusar del tiempo ni de la paciencia de los señores senadores y del señor ministro. Pero debo decir, si, que reafirmamos lo que decíamos hace algún momento.
Esta iniciativa que ha sido tan estudiada fue sometida a la opinión de la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, el primer proyecto de ley de empleo que se elaboró en el Poder Ejecutivo mereció una consulta a ese organismo. En ese importante ámbito de estudio del derecho del trabajo se ha dicho que se trata de una pieza legislativa muy bien redactada que introduce muchas ideas nuevas en esa rama del derecho en la República Argentina, siendo la versión en tratamiento una muy mejorada del anterior proyecto.
Por otra parte, se la ha elogiado señalándola como una iniciativa muy positiva desde el punto de vista de la promoción del empleo, especialmente ante el deterioro de la situación ocupacional en el marco de profundas reformas estructurales planteadas por el gobierno nacional.
A raíz de esa consulta a la que me acabo de referir se han formulado observaciones que han sido tenidas en cuenta en el momento de elaborarse los sucesivos dictámenes y han podido ser receptadas en el proyecto que ahora estamos tratando.
Respecto de la complejidad administrativa, el informe de la OIT rescata el espíritu que la guía, poniendo de manifiesto la legítima preocupación de proteger los derechos de los trabajadores, aun a costa de un impacto neto menor que las medidas normales.
Advierto que no voy a entrar a considerar en particular las características principales de este proyecto, porque ya lo ha hecho con mucha precisión el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Pero sí quiero decir que las características principales se pueden resumir de la siguiente forma: el proyecto de ley nacional de empleo constituye una versión muy trabajada, que ha sido objeto de múltiples mejoras, como decía anteriormente, y adaptaciones en base al primer proyecto elaborado: entre agosto y noviembre de 1989, pasando por el remitido por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación en febrero de 1990 y que tomó estado parlamentario en diciembre de ese año.
Desde entonces han tomado participación los actores sociales involucrados, organizaciones sindicales y empresariales centralmente, y se han recibido opiniones académicas y de organismos técnicos especializados, entre ellos uno a que hice referencia hace instantes, que es la Organización Internacional del Trabajo.
El tema fue tratado en cinco comisiones del Senado. Hay dos dictámenes, pero el que nos toca abordar ahora ha podido resumir las observaciones principales sobre la problemática del tema que consideramos. No obstante, creemos oportuno referirnos a los aspectos sobresalientes de este proyecto de ley de empleo que viene a ocupar un importante espacio vacante en la legislación positiva argentina.
Asumido el concepto de empleo como el de una situación social jurídicamente configurada, que mediante los mecanismos de este proyecto pretende hacer operativo nada menos que el precepto constitucional del derecho al trabajo, la política de empleo se transforma en un eje meridiano y adquiere relevancia en la definición de las políticas económico-sociales.
En la definición del artículo 1°, hay dos aspectos fundamentales. El primero es la mención de que, a lo que se tiende, es a hacer operativo el derecho del trabajo. Ocurre que no basta con que los derechos estén consagrados en la Ley Fundamental; no basta con que estén consagrados en las leyes. Lo importante es que puedan tener vigencia concreta, que puedan ser aplicados. Por eso se habla de que el derecho del trabajo tiende a ser operativo.
Por tal motivo, me parece muy feliz la definición del artículo 1º, así como también me parece muy acertado esto de colocar a la política de empleo en el centro de gravedad de todas las acciones que va a llevar el gobierno de aquí en más tanto en materia económica como social.
Me parece que éste es el punto de partida o el basamento de toda una estructura que se ha montado con respecto al proyecto y que tiende a estos aspectos fundamentales. Procura hacer operativo el derecho de trabajar, para lo cual la política de empleo está colocada como idea fuerza metida en todas las acciones de gobierno de aquí en más.
Por eso también, señor presidente, estimamos que los objetivos específicos que promueve este proyecto pueden sintetizarse de la siguiente forma. En primer lugar, promover la creación de empleo productivo; en segunda instancia, atender procesos de reconversión productiva; en tercer término, facilitar el desplazamiento de personas hacia ocupaciones de mayor productividad e ingresos; apoyar el acceso a empleos de grupos con dificultades accesorias; colocar a la formación profesional como eje protagónico de la política de empleo; desarrollar políticas de incremento de la producción y de la productividad; proveer a la protección de los trabajadores desocupados; agilizar la movilidad geográfica y/o sectorial de los trabajadores; optimizar el mecanismo del régimen del salario mínimo, vital y móvil; promover el blanqueo de las relaciones laborales clandestinas; facilitar el tripartismo, federalización y descentralización en la gestión y ejecución de políticas, así como también todos los otros aspectos que tiendan a lograr estos objetivos fundamentales.
En materia de promoción del empleo, aspecto que ocupa uno de los capítulos fundamentales, se asume la formulación de una política de empleo integrada a las políticas económicas y sociales, lo cual implica tomar posición en las grandes decisiones de gobierno, como decía hace algunos momentos.
Por ende, el proyecto contempla la necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga a la vista el criterio de generación de empleo en el análisis y diseño de las políticas nacionales. Incrementar la utilización de la capacidad instalada; promover la inversión productiva y generadora de empleo directo o indirecto; cuantificar el efecto ocupacional de la inversión pública o con apoyo estatal; atender los efectos de la política tecnológica sobre el empleo, favoreciéndola; asociar la formación profesional con el mundo del trabajo y otorgar protagonismo a los sectores sociales a través del mecanismo de la negociación colectiva y la información y consulta, son algunas de las propuestas del proyecto en materia de promoción y defensa del empleo.
Las modalidades del contrato que se prevén han sido correctamente explicadas por el señor Ministro, razón por la cual me voy a remitir a su magnífica exposición en este tema, así como también en lo que atañe a la regulación del contrato de trabajo eventual y las empresas de servicios eventuales.
También voy a pasar por alto el seguro de desempleo, la formación profesional y el empleo y estadística.
Por respeto a los señores senadores y para facilitar el trámite de esta sesión, pido una inserción que se refiere a todos estos capítulos, que coincide en un todo con la exposición que acaba de hacer el señor ministro de Trabajo.
Pero quiero decir a modo de cierre de esta sintética exposición, que la definición de una política nacional de empleo deberá contemplar los objetivos nacionales en la materia, sus alcances y proyecciones a partir de la incumbencia de todos los sectores involucrados. Deberá también garantizar la adecuación de las respuestas a las necesidades económicas, sociales, educativas y laborales.
Esto permitirá un incremento de la oferta disponible, una significativa mejora de la calidad de los programas de formación impartidos y una mayor optimización de los recursos disponibles.
La descentralización y la federalización real de los programas y modalidades operativas posibilitará una redistribución más justa de los recursos existentes, atendiendo más acertadamente a las demandas de los sectores productivos más dinámicos, así como a los grupos sociales más afectados por los procesos de reestructuración económica y productiva.
La ley nacional de empleo define su problemática científica desde antes del establecimiento de la relación laboral. Quiero enfatizar esto, ya que se trata de una previsión: la ley de empleo define la problemática en forma previa al establecimiento de la relación laboral, asumiendo el empleo como condición de existencia de la misma y como objetivo de política social.
También tiende a garantizar jurídicamente el derecho a trabajar, a lograr una situación social de empleo. Epistemológicamente sin ignorar las virtualidades valorativas de lo filosófico, incorpora un fuerte ingrediente empírico proveniente de las ciencias sociales positivas, en la elaboración de las formulaciones jurídicas.
Es decir que aquí, señor presidente, no se ha venido a inventar nada. Se ha tomado nuestra experiencia nacional de la observación práctica de nuestra realidad, además de la rica experiencia adquirida en otros países parecidos o con similar problemática que el nuestro, donde algunas de estas instituciones ya han sido puestas a prueba y han funcionado en forma tan satisfactoria que nos permite incorporar esa experiencia a nuestro derecho positivo.
En la inserción que pedí se citan los antecedentes de derecho comparado y se alude a todos los países que han hecho experiencias muy importantes en esta materia.
Por eso decimos que este proyecto es un “armónico teórico” de este proceso de profunda crisis, y como tal constituye un horizonte abierto de posibilidades que realmente vale la pena intentar.
Hacerse cargo responsablemente de estos problemas nos impone a los argentinos un proceso intelectual riguroso que respete algunos pasos inexcusables: investigación empírica, para relevar datos confiables; conocimientos científicos, para disponer de hipótesis explicativas serias; reflexión teórica, para fundamentar en profundidad nuestras explicaciones; definición política, para que nuestras opciones valorativas sean explícitas y no “de contrabando”; formulación jurídica, para proponerle a la sociedad un esquema de comportamientos esperados o implementación técnica, para operar con eficiencia sobre los elementos de la situación.
Pero, en definitiva, señor presidente; todo esto que venimos diciendo apunta a ese gran objetivo que consiste en dar la posibilidad de que se solucione este grave problema del desempleo. Problema que en los últimos años, en las últimas décadas y en forma creciente se ha convertido en un verdadero flagelo, no sólo para la sociedad argentina, sino también para muchos países que están en vías de desarrollo, como el nuestro.
En definitiva, de lo que se trata es que bajo la protección jurídica que tenemos la obligación de brindar a los trabajadores, dentro de esa cobertura jurídica que constituye la ley de contrato de trabajo, se puedan generar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias para que disminuyan los índices de desocupación, para que se reduzcan los índices de ocupación disfrazada, para que tienda a desaparecer el trabajo en negro, para que, en definitiva, el hombre argentino pueda concretar aquel precepto bíblico de ganarse el pan con el sudor de la frente y para que pueda también hacerse realidad aquella célebre máxima de Ulpiano referente a la justicia distributiva, de que este proyecto y todo lo que se haga con su aplicación permita dar a cada uno lo suyo.
Por eso vamos a apoyar la sanción de esta importante ley para nuestro derecho positivo.

Proyecto de ley instituyendo el Estatuto y Escalafón del Personal del Congreso de la Nación (21 de junio de 1995)

Sesión 21 de junio de 1995 – 21ª Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 2150 a 2155

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: corresponde tratar hoy este proyecto de ley, contenido en el orden del día 188, que procura establecer en el ámbito del Congreso de la Nación el estatuto y escalafón para el personal que desempeña sus tareas en el mismo.
Resulta difícil admitir que, precisamente, el personal que trabaja en la casa de las leyes no cuente al día de hoy con un estatuto y escalafón propios, como sí lo tienen los empleados que pertenecen a otros poderes del Estado.
Por ello creo que la sanción que seguramente hoy le daremos a este proyecto de ley resultará muy satisfactoria para todos los señores senadores que integran este cuerpo porque, por primera vez, daremos a los empleados administrativos, al personal de maestranza, de plantas permanente y transitoria, y a los contratados, las normas que regulan su actividad. Ellas contribuirán a un mejor funcionamiento de la relación, a jerarquizar a este Parlamento y a otorgar una mayor protección a los empleados públicos.
En la actualidad, los empleados que revistan en esta casa no tienen una regulación específica. En esta relación de empleo están regidos por la ley 22.140, que establece en general la regulación de la función pública, a la que fueron incorporados por la ley 22.822. Ambas leyes se dictaron durante el último proceso militar. Y he aquí una paradoja ya que, justamente, los empleados de la casa de las leyes, de la democracia, se rigen por leyes dictadas durante un gobierno de facto. Por ello pienso que hoy también estamos reivindicando el trabajo, la legalidad y la vigencia de las instituciones de la República en esta casa de las leyes.
No cabe duda que los empleados, los agentes que revistan en el Congreso de la Nación, necesitan tener su estatuto y escalafón especial porque las características mismas del trabajo que desempeñan son distintas a las de otros poderes del Estado.
En esta casa se renuevan periódicamente los protagonistas principales de la actividad parlamentaria, que son los senadores y diputados; cambian las comisiones y la composición de los bloques. Todo esto otorga a la labor parlamentaria, de por si distinta a la de los otros poderes, puesto que aquí se sancionan las leyes y se cumplen funciones de control, una característica muy especial, y por ello no puede ser regulada por leyes generales, como es la ley 22.140 que ha regido hasta ahora.
Justamente, esta circunstancia ha dado lugar a que en muchas oportunidades, dentro de este marco tan general, fuera necesario dictar normas en particular para atender la situación del personal de la Biblioteca, de la Imprenta o de la DAS, sumando esto al hecho de que también cada Cámara ha dictado sus propias normas.
Todo esto ha producido una diversificación normativa que atenta no sólo contra los intereses de los propios empleados, sino también contra el buen funcionamiento de la institución Congreso. Por otra parte, muchas veces a raíz de esta dispersión, se cometen actos de injusticia que luego nosotros mismo queremos reparar, como lo hicimos al sancionar la resolución contenida en el Orden del Día Nº 170, por la cual se pasó a planta permanente a todo el personal temporario de maestranza con más de cinco años de antigüedad.
Si bien esta resolución ha venido a atender una razón de justicia, por la cual todos la hemos aprobado con satisfacción, debemos reconocer también que orgánicamente todos estos problemas tienen que resolverse no por vía de una resolución de este cuerpo, sino por el derecho que tienen los empleados a la vigencia de un estatuto que contemple todas estas situaciones; de un estatuto que regule los derechos de los empleados de planta permanente, de planta transitoria y de contratados, y de las distintas categorías, es decir, administrativos y el personal de maestranza.
Por estas razones considero que será muy oportuno que, a partir de hoy, todos estos casos estén plenamente contemplados dentro de este estatuto que proyectamos y que ha sido conversado y pactado, en alguna medida, con los propios empleados de esta casa. Y cuando hablo de esta casa me refiero al Senado y a la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ha sido aprobada en una asamblea de empleados, y luego también ha sido conversada con distintos asesores tratando de contemplar todas las situaciones que hagan al mejor desempeño de la función pública dentro del Congreso, respetando los derechos de todos los agentes, jerarquizando la función pública y jerarquizando también a este Parlamento.
Y digo esto, señor presidente, porque en la última reforma constitucional se ha procurado otorgar al Congreso de la Nación, al Parlamento argentino, una situación de relieve dentro de la República, a la vez que un protagonismo y una situación institucional que, debemos reconocer, había perdido en los últimos años. Es así que, entre otras disposiciones, se amplió el plazo de sesiones ordinarias y se incluyó dentro de la órbita del Congreso de la Nación a importantes entidades de control, como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Se ha rescatado también para el Parlamento argentino la exclusividad en la sanción de las leyes, estableciendo como casos muy excepcionales los decretos de necesidad y urgencia. Se ha prohibido, salvo casos excepcionales, la delegación de funciones legislativas. Se ha rescatado para el Parlamento la exclusividad en materia de intervención federal a las provincias.
Con estas disposiciones se ha tratado de jerarquizar al Parlamento. Entonces, si hemos procurado jerarquizarlo en cuanto a su ubicación institucional, también tenemos que jerarquizarlo por adentro. Ello, entre otras cosas, significa dar a sus empleados, es decir a quienes son los protagonistas permanentes de las tareas del Congreso de la Nación, el lugar que les corresponde, regulando sus actividades, reconociendo sus derechos y estableciendo claramente sus obligaciones. Por estos motivos creemos que esta iniciativa viene a satisfacer todos estos extremos.
El proyecto de ley en consideración presenta cinco títulos. El Título I se refiere al ámbito de aplicación de la ley, es decir, a quiénes comprende. El Título II es el más amplio y se refiere al personal de planta permanente. Se divide en distintos capítulos en los que se establece cómo se ingresa, y cuáles son los derechos y obligaciones, y cuales las prohibiciones, incompatibilidades y causas de egreso. En el Título III, que abarca desde el artículo 49 hasta el 55, se establecen las normas atinentes al personal de planta temporaria. El Título IV se refiere a la Comisión Paritaria Permanente. En el título V se definen las normas vinculadas con higiene y seguridad. Por último se establecen las disposiciones transitorias.
No voy a hacer una exégesis muy detallada del proyecto, toda vez que los señores senadores tienen en sus bancas el orden del día y pueden recurrir a él; en caso de duda o inquietud, las podremos evacuar. Pero si quiero destacar algunos de los aspectos principales, por ejemplo a quien comprende esta iniciativa.
En efecto, el artículo 1º del proyecto contiene una definición que es muy similar a la del estatuto del empleado público en general, prevista por la ley 22.140. Señala textualmente lo siguiente: “El presente estatuto es aplicable a las personas físicas que en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en el ámbito del Poder Legislativo nacional”. Esta es la definición general. Están excluidos, desde luego, los legisladores nacionales, los secretarios y prosecretarios. Excluyendo a los recientemente mencionados las personas físicas —ya que las personas jurídicas quedan excluidas— que presten servicios en el Congreso de la Nación están incluidas en los alcances de esta iniciativa.
Luego entramos en el título referido al personal de planta permanente. ¿Cuál es la definición? “Se considera personal de planta permanente al empleado contratado para satisfacer necesidades permanentes del Poder Legislativo que, en virtud de ello, goza de los derechos a la estabilidad en el empleo y al progreso en la carrera administrativa”. Estos son los dos aspectos fundamentales, podríamos decir que son los pilares sobre los cuales se asientan los derechos de los empleados permanentes. Ellos son el derecho a la estabilidad en el empleo y al progreso en la carrera administrativa. Es decir, ese afán de progreso que tienen todos los seres humanos y que en especial se manifiesta por el ascenso dentro de la carrera administrativa.
Los requisitos para pertenecer al Congreso son similares a los previstos para formar parte de otras reparticiones y están establecidos en el artículo 5º del proyecto.
En el artículo 6º se contempla el caso especial originado por el fallecimiento de un empleado de plata permanente con hijos menores a su cargo y cuyo ingreso constituya al único sustento de la familia.
En este caso, el proyecto de ley establece una preferencia para que el hijo o cónyuge pase a ocupar el lugar del fallecido por ser el único sustento de la familia. Esto tiene que ver con una razón de justicia social, que creo compartirán todos los señores senadores al aprobar esta norma.
El artículo 7º contiene las prohibiciones de ingreso, que se establecen para todos los que estén inhabilitados.
El artículo 8º hace una enumeración, yo diría enunciativa, de todos los derechos, dentro de los cuales se destacan el derecho a conservar el empleo, el nivel escalafonario alcanzado y el mantenimiento de los atributos inherentes al cargo. La conservación de la estabilidad en el empleo no sólo comprende el hecho de permanecer en el empleo sino también conservar la categoría, no ser trasladado o a veces ser sancionado con un cambio de destino o de horario en forma improcedente. Ahora bien, ¿cuándo se adquiere la estabilidad? Se adquiere luego de un año de labor ininterrumpida desde el inicio de la prestación del servicio. Esto figura en el artículo 9º de la ley.
El artículo 10 hace mención a los casos de pérdida de la estabilidad.
El artículo 14 se refiere expresamente al derecho al progreso en la carrera administrativa.
Los artículos 18, 19, 24, 27, 28, 29 y 30 hacen referencia expresa a las remuneraciones. Este sistema de remuneraciones que establece el proyecto de ley no debe sorprender a nadie porque es el que está vigente y que fue determinado en virtud de una resolución conjunta que firmamos juntamente con el presidente de la Cámara de Diputados el 1º de junio de 1992, por el cual se fijó un sistema de remuneración por módulos, unidades, en fin, un sistema que es por todos conocido y que ahora tiene admisión legal. La única innovación que se introduce es que para el personal de planta temporaria se establece una asignación remunerativa compensatoria de pago mensual equivalente al 3 por ciento del total de su remuneración. Esto atiende a la situación muy particular que tiene el personal temporario en esta casa política. Como dije al principio de mi exposición, el personal temporario viene y se va con el legislador, con el bloque o, muchas veces, con una comisión. El proyecto de ley establece expresamente que no tiene derecho a indemnización alguna por esa situación, pero como una especie de compensación se le asigna un 3 por ciento de adicional sobre las retribuciones que percibe. Esto no está en el sistema a actual pero figura previsto en el proyecto.
Asimismo, el personal temporario también tiene derecho a licencias y franquicias para que pueda asistir a cursos de perfeccionamiento, a efectos de que puedan hacer uso de becas y demás. El personal legislativo necesita capacitarse, cumple tareas muchas veces delicadas y especializadas. Entonces, el hecho de que se le permita capacitarse no sólo responde a un requerimiento que hace a la naturaleza misma del ser humano, que tiende al perfeccionamiento, sino que su capacitación redundará en beneficio de la función que cumple dentro de la casa. Por eso, están expresamente previstas las franquicias, las licencias y demás facilidades para que pueda asistir a esos cursos de perfeccionamiento y capacitación.
Más adelante hay un régimen disciplinario, como en todo estatuto de personal, que figura dentro de los artículos 36 a 40. Allí se establecen los casos en que correspondan las sanciones disciplinarias, aclarándose que deben responder en todos los casos a las reglas de la causalidad, de la proporcionalidad, y de la oportunidad, teniéndose presente la no duplicación de sanciones, como dice el artículo 36.
También se fijan normas de procedimiento administrativo y judicial para los recursos que se interpongan contra las sanciones disciplinarias, porque desde luego el derecho de defensa es un derecho constitucional; no sólo se tiene derecho a hacer el descargo, a ser oído, sino también a interponer todos los recursos que correspondan, tanto en sede administrativa como judicial.
También está expresamente consagrada la libertad sindical dentro de los derechos; es decir, se puede asociar a cualquier gremio, por supuesto atinente a su actividad. Hay una amplia libertad sindical consagrada en el artículo 41, y también una amplia libertad política, es decir, se puede afiliar, militar y pertenecer a cualquier partido político así como también ocupar cargos partidarios y electivos en el orden nacional, provincial o municipal, desde luego de acuerdo con las normas que rigen la materia. Hubiera sido el colmo que no tuviéramos una norma así en una casa que es eminentemente política y en donde el pluripartidismo está presente en todos y cada uno de nuestros actos.
Las obligaciones están previstas en el artículo 43, y se detallan en doce incisos que contemplan las principales obligaciones relacionadas con la esencia de esta relación de empleo que, no está demás decirlo, es un contrato administrativo, es una relación de empleo público, es una relación bilateral. No es una relación unilateral ni tampoco un contrato de adhesión, como muchos sostienen. Es una relación bilateral que se perfecciona y se mantiene por la voluntad concurrente de la persona y de la administración, en este caso el Congreso de la Nación. En dicho artículo 43 están establecidas todas las obligaciones.
Luego están las prohibiciones y las incompatibilidades, que son también las comunes. El egreso se produce por las causas —entre otras— de cesantía, fallecimiento o exoneración. Las cuales son conocidas por todos.
El Título III se refiere al estamento del personal de planta temporaria, al que pertenecen los empleados contratados para cumplir funciones a las órdenes de un legislador nacional, en un bloque partidario o funciones de asesoramiento político en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral.
La designación y el cese del personal de planta temporario es lo que precisamente caracteriza a gran parte de los empleados administrativos. Ellos tienen una característica especial, ya que son designados y removidos a pedido de un legislador, en el caso de que trabajen con él, a pedido del presidente de bloque, en el caso de que pertenezcan a un bloque, o por la reducción del número de legisladores de un bloque. Es decir que es una causa que no está en otro estatuto porque precisamente el concepto de bloque está reconocido reglamentariamente, y el número de empleados que tiene cada bloque está en relación a la cantidad de legisladores que pertenecen al mismo.
Se establece también como se nombran y cesan los empleados de las comisiones permanentes unicamerales y bicamerales, y las causas por las cuales cesan en dichos cargos. Recordamos el establecimiento de la asignación remunerativa compensatoria del 3 por ciento para todo este personal temporario.
El Título IV habla de la Comisión Paritaria Permanente; es decir, se prevé la creación de dicha comisión. Esto es muy importante porque será la que va a aplicar, reglamentar e interpretar el estatuto. Aquí es también donde se nota el carácter de la bilateralidad de la relación de empleo público, porque van a estar igualmente representados los empleados por una parte y las autoridades de la casa por otra, en una comisión de diez miembros, cinco por cada parte, cuya función, como ya dije, va a ser la aplicación, reglamentación e interpretación del estatuto.
Por último, hay un título V que se refiere a las normas de higiene y seguridad, a las que muchas veces no se les da la importancia que realmente tienen.
Por intermedio de esta iniciativa se exige que las autoridades del Congreso de la Nación deban adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integración psicofísica y la dignidad de los empleados legislativos.
Para que se cumpla esa exigencia se prevé crear un Comité mixto de higiene y seguridad en cado uno de los sectores del Congreso de la Nación, dado que cado uno de ellos, o sea la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Imprenta, la Biblioteca y la Dirección de Ayuda Social tiene características distintas.
Por último, se establecen disposiciones transitorias, entras las que se destaca la que indica que la Comisión Paritaria Permanente deberá regularizar la situación del personal de planta temporaria que preste tareas propias del personal de planta permanente dentro del plazo de noventa días hábiles contados desde su constitución.
Aquí se establece un principio fundamental: el personal de planta transitoria o temporaria debe tener determinadas funciones, que no son las mismas que las de los empleados de planta permanente. Entonces, como en la práctica se dan situaciones de asignación de funciones al personal de planta temporaria que corresponden al personal de planta permanente, esta comisión, dentro de los noventa días de constituida, debe solucionar este problema en la forma más razonable, equitativa y justa posible.
Estos son en general, señor presidente, algunos de los aspectos fundamentales de este proyecto de ley que estamos proponiendo. En el dictamen, las comisiones que intervinieron proponen algunas reformas al proyecto que he presentado. Cuando se vote en particular, voy a hacer referencia a esas modificaciones porque sobre algunas de ellas y otras más voy a proponer algún cambio de redacción, no un cambio conceptual.
Finalmente, quiero decir que el hecho de poder presentar a la consideración de este cuerpo esta iniciativa realmente me llena de satisfacción. En lo personal, me permito solicitar la anuencia del cuerpo para expresar mi agradecimiento, y creo representar al cuerpo en esto, a todo el personal por la colaboración que nos ha prestado en estos doce años a partir de que se reinstauró la democracia en nuestro país.
El personal del Congreso de la Nación es quizás el más castigado cuando se produce la ruptura del orden constitucional. Aquí han entrado los militares y crearon comisiones especiales, como la CAL, por ejemplo. En tales casos, es normalmente el empleado el que paga las consecuencias.
Por eso, este personal que nos acompaña diariamente, que nos apoya en nuestras gestiones, merece todo nuestro reconocimiento. Y quizás la mejor forma de testimoniarlo es que este Congreso de la Nación, y en particular el Senado, apruebe este proyecto de ley que permite que tengan un estatuto que hace mucho tiempo le debíamos haber dado, que consagra sus derechos y establece sus obligaciones y que, en definitiva, tiende a su dignificación y jerarquización de la importante tarea que cumplen en el ámbito parlamentario. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)

Proyecto de ley, en revisión, instituyendo el Estatuto y Escalafón del Personal del Congreso de la Nación (22 de noviembre de 1995)

Sesión 22 de noviembre de 1995 – Reunión 53ª
Año 1995 – Tomo 136 – Páginas 5721 a 5724

Sr. Menem. – Señor presidente: en oportunidad del tratamiento de este proyecto de ley de mi autoría hicimos una larga exposición acerca de las razones que nos movían a la presentación de esta iniciativa.
Habíamos merituado que la ley 24.077, en su artículo 2º, establecía la creación de una comisión a los efectos de redactar este estatuto y escalafón. Dicha comisión no pudo cumplir su cometido pero era evidente que el propósito de la ley era que se diera a los empleados del Congreso de la Nación su propio estatuto y escalafón.
También habíamos merituado la inconveniencia de que el personal se siguiera manejando con las normas de la administración pública nacional de otro poder del Estado. Habida cuenta de los aspectos muy especiales que tiene el funcionamiento del Congreso de la Nación como un poder del Estado, independiente, que tiene sus propias características: el personal administrativo trabaja en una casa política, en la que por imperio de la Constitución hay renovación permanente de sus miembros. Por la especificidad de sus funciones, por lo que implica la labor legislativa y por la tarea tan especial que cumple, necesita un régimen especial.
En aquella oportunidad decíamos que había que establecer un equilibrio en el aspecto técnico con que se maneja la administración pública y también tener en cuenta el factor político al cual hice referencia. Habíamos encontrado una síntesis en este proyecto de ley, que fue consensuado con el personal del Congreso de la Nación.
La Cámara de Diputados le ha introducido modificaciones tendientes a perfeccionarlo, porque esa es precisamente la labor que cumple la cámara revisora.
No voy a decir que estoy absolutamente de acuerdo con las modificaciones introducidas. De todos modos, propongo su aprobación, porque no afectan la filosofía ni el espíritu de esta iniciativa y porque entiendo que cuanto antes demos esta ley al personal del Congreso estaremos cumpliendo con una deuda pendiente desde hace mucho tiempo.
Para que los señores senadores tengan una idea de cuáles son las modificaciones introducidas, voy a hacer un resumen de ellas en forma rápida.
Quiero decir que hemos trabajado en esto con el señor presidente de la comisión de legislación laboral, el senador Miranda, y con otros integrantes de ambas comisiones para lograr este acuerdo. Y hemos coincidido en que podemos aceptar todas las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.
En el artículo 5º, al hablar de certificar la buena salud y la aptitud psicofísica de los aspirantes a ingresar a la planta permanente, se ha agregado que esa certificación debe estar establecida por un organismo médico. Es una disposición un tanto reglamentarista, pero completa la norma.
El artículo 7º, referido a las causales que imposibilitan el ingreso a la planta permanente, el proyecto original circunscribía a los exonerados como resultado de la sentencia judicial condenatoria. Aquí, en la sanción de Diputados, se ha excluido lo de la sentencia judicial condenatoria, con lo cual se hace más amplia la disposición, abarcando también a los exonerados por resolución administrativa. Desde luego, la exoneración por resolución administrativa que no se apela y no va a la justicia tiene tanto valor como si fuera una sentencia judicial. Así que para el caso da exactamente lo mismo.
En el artículo 7º se ha eliminado un inciso por el cual se impedía el ingreso de militares, personal de seguridad y defensa que se hallen en servicio activo o situación de retiro.
Se ha entendido que el anterior inciso g), actual f), que se refiere al afectado por inhabilidad o incompatibilidad, hace innecesario menciones específicas que, de modo implícito, quedan incluidas en esta definición genérica. Yo expliqué en su momento que esto no era ningún demérito para el personal de seguridad o defensa, sino que hacía referencia a una incompatibilidad específica. Pero de todos modos, creo que es una contribución el haber eliminado esta disposición que queda, entonces, incluida en la norma general, por lo cual también es aceptada.
En el artículo 8º, inciso g) desaparece el resarcimiento de gastos y daños como derecho del empleado legislativo porque, en la medida en que existe una legislación laboral que comprende una ley de accidentes de trabajo, queda entendida como sobreabundante esta referencia.
En el mismo artículo, inciso i) se reemplaza el término función por cargo, dándole una mayor precisión.
En el artículo 9º se ha dejado de lado la necesidad de conformidad previa del personal para disponer el pase a comisión, la adscripción o el traslado, que estaba prevista anteriormente.
Si bien se afirma que la estabilidad en el lugar y puesto de trabajo complementa el derecho a la estabilidad en el empleo, se ha entendido que la complementación no significa sinónimo y que, por ende, es posible para la autoridad disponer el traslado con una notificación anticipada razonable de setenta y dos horas, sin que ello signifique afectar la estabilidad en el empleo.
En el artículo 11, que fijaba solamente un plazo máximo de treinta días para la aceptación o rechazo de una renuncia, se ha agregado que transcurrido dicho plazo sin que se hubiere notificado decisión al respecto, la renuncia se tendrá por aceptada. No agrega mucho esta disposición, pero tampoco altera la anterior redacción.
En el artículo 17 realmente había un error en la anterior redacción que, ahora, queda totalmente superado, por cuanto en vez de quedar confirmado un ascenso cuando no reúne las condiciones específicas para el cargo, una asignación de funciones, realmente queda anulado y es así como se aclara en la actual norma.
En el artículo 18 se incorporan los gastos de comidas, viáticos, retribución de jornada extraordinaria como formando parte de los adicionales de la remuneración mensual, que en la redacción original no aparecían. Si bien la redacción anterior no excluía estos adicionales en la medida en que aparecían en el artículo 29, la referencia explícita en este artículo 18 extingue cualquier duda acerca de los componentes de la remuneración mensual del personal.
En el artículo 20 se especifica que la representación de los empleados legislativos será ejercida por las asociaciones sindicales con personería gremial en el ámbito de actuación del Congreso de la Nación. En la redacción anterior se hablaba de las asociaciones con personería gremial y actuación en el ámbito del Congreso de la Nación mientras que ahora, reitero, se establece: “…con personería gremial en el ámbito de actuación del Congreso de la Nación…” Si bien se tiende a aclarar la redacción, en el fondo el propósito es exactamente el mismo. Se hace referencia aquí a las asociaciones con personería gremial que actúan en el Congreso de la Nación.
En el artículo 24 se anula el inciso d), que se refería a las asignaciones familiares como componentes de las remuneraciones mensuales, las cuales pasan a ser mencionadas luego en el artículo 29 in fine aclarándose que las mismas no revisten carácter remuneratorio.
Resulta útil esta aclaración respecto del carácter no remuneratorio de las asignaciones familiares, a pesar de la existencia de legislación y jurisprudencia en el mismo sentido.
En el artículo 27, que hace referencia a la promoción automática para las categorías 9 a 14, se acota que dicha promoción no será procedente para quienes hubieran sido objeto de alguna sanción. Consideramos correcto este agregado puesto que si bien la promoción automática es una conquista del personal legislativo que es nuestra intención mantener, es evidente que en el caso de que existan sanciones, esta promoción no debe corresponder porque, de ser así, no se estaría atendiendo a la responsabilidad y buen comportamiento que debe tener el personal. Y desde este punto de vista hemos entendido también que resultaría injusto premiar a quien no ha cumplido adecuadamente con sus funciones.
En cuanto al artículo 20, su redacción anterior expresaba que la remuneración es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación. En la redacción propuesta por la Cámara de Diputados esto ya no queda librado a la resolución que establezca la reglamentación, sino que se establece un tope para el embargo de un 20 por ciento.
La anterior redacción del artículo 33, referido al régimen de licencias, justificaciones y franquicias, afirmaba que el mismo podrá ser ampliado. Ahora establece que podrá ser ampliado y mejorado. Es decir que si bien lo torna más amplio, no altera la esencia de la norma.
En el artículo 35 se elimina la referencia al resarcimiento de los daños sufridos en los bienes del empleado por el hecho y en ocasión del trabajo. Esta modificación es coincidente con la introducida al artículo 8º inciso g) del proyecto. En la medida en que existe una legislación laboral y, específicamente, una ley de accidente de trabajo, se ha entendido que dicha mención era sobreabundante.
En el artículo 37, referente al procedimiento para la sanción del personal, la nueva redacción deja de lado la necesidad de notificación a las asociaciones sindicales de la iniciación de las actuaciones, tal como estaba contemplado en el inciso d) del mencionado artículo en la redacción aprobada por esta Cámara.
En el artículo 40 se especifica que será una autoridad administrativa con jerarquía no inferior a la de prosecretario la responsable de la aplicación de sanciones, mientras que el texto aprobado por el Senado dejaba librada esta facultad a la decisión de la comisión paritaria. Esta nueva redacción deja menos posibilidades para la comisión de las arbitrariedades en la elección de la autoridad de aplicación.
En el mismo artículo se ha efectuado, asimismo, una redacción más precisa que contempla el caso de reincorporación del agente por sentencia judicial.
En el artículo 42, que se refiere a la acumulación e incompatibilidad de cargos, en su redacción anterior se remitía el problema a la legislación vigente, mientras que en la redacción actual se expresa que depende de las normas que se establezcan en el presente estatuto.
El artículo 43, referido a las obligaciones del personal, ha sido modificado en su inciso f), que en su redacción anterior establecía “Declarar en los sumarios administrativos cada vez que le sea requerido”. La redacción propuesta por la Cámara de Diputados para este inciso es: “Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario cada ve que le sea requerido”. Consideramos que se trata de una modificación apropiada, en atención al principio de que nadie puede ser obligado a declarar en un proceso, y tampoco en un sumario administrativo. Es decir que está obligado a concurrir pero no a declarar.
En el artículo 46 se amplía de dos a cinco días el plazo para que el empleado que se encuentre en situación de incompatibilidad pueda optar por uno de los cargos, modificación ésta que también consideramos procedente.
En cuanto al artículo 53, referido a los empleados de planta temporaria, la nueva redacción define con mayor precisión que la original, cuáles son las normas del estatuto que nos los alcanzan.
En el artículo 57 se introduce una modificación…
Sr. Presidente. – Perdón, señor senador, pero tenemos una diferencia. Usted se refiere al artículo 46, pero nosotros tenemos artículo 48 del proyecto modificado. Digo esto porque, si vamos a votar, no conviene que los artículos entren en conflicto.
Sr. Menem. – Es el artículo 46.
Sr. Presidente. – ¿Cuál es? ¿El que hace referencia a los cinco días hábiles?
Sr. Menem. – Si, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Nosotros también tenemos como aparentemente modificado el artículo 48. Le pregunto, señor senador, porque usted pasó directamente al artículo 53.
Sr. Menem. – El artículo 48 lo tengo sin modificaciones.
Sr. Presidente. – Puede continuar con la exposición.
Sr. Menem. – Si bien se hace un poco fatigosa la mención de las modificaciones, entiendo que hace a la responsabilidad de este cuerpo saber qué es lo que vamos a aprobar, ya que el proyecto está siendo tratado sobre tablas.
Por eso es que con los otros señores senadores mencionados nos tomamos el trabajo de analizar tema por tema, a efectos de ver si correspondía aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
En el artículo 59 se establece la modificación más importante. Se condiciona la validez de las normas reglamentarias, complementarias y de aplicación del Estatuto emanadas de la Comisión Paritaria Permanente a una resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. Es decir que la reglamentación que dicte la mencionada Comisión tiene que ser aprobada, además, por los presidentes de ambas Cámaras.
Esta, reitero, quizás es la modificación más importante. Se han querido someter a la consideración de los presidentes de ambas Cámaras las normas reglamentarias establecidas por la Comisión Paritaria Permanente, a efectos de dotarlas de mayor legitimidad y de obtener un control y eficiencia superior.
De acuerdo con la redacción anterior del artículo 64 se le otorgaba a la Comisión Paritaria Permanente noventa días hábiles para regularizar la situación del personal temporario que cumple funciones de planta permanente.
Ahora, el artículo 64 otorga sesenta días hábiles para que la Comisión Paritaria Permanente eleve una propuesta y treinta días hábiles para que las autoridades resuelvan la situación.
Me parece correcta la modificación, porque se le asignaban a la Comisión Paritaria Permanente funciones que no iba a poder cumplir. La corrección responde al espíritu de la ley y establece funciones correctas para la Comisión y las autoridades.
En el artículo 65, referido a la transición, se agrega que continuarán aplicándose las resoluciones dictadas por las autoridades de ambas Cámaras.
Señor presidente: éstas son las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y, por las razones expuestas, considero que no hay inconveniente en aprobarlas, dado que en algunos casos, desde nuestro punto de vista, mejoran la sanción del Senado, mientras que en otros, si bien no lo hacen, tampoco lo afectan, alteran o perjudican, ya que se mantiene el espíritu con que fue sancionada la iniciativa.
Por eso, solicito que este honorable cuerpo apruebe las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)

Proyecto de declaración sobre la desregulación de la distribución y venta de diarios y revistas (28 de abril de 1999)

28 de abril de 1999
14ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 1947 a 1950

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto de comunicación; hay cierta urgencia en que sea tratado hoy, antes de que se empiecen a producir las consecuencias de la resolución que estamos en este momento pidiendo que se deje sin efecto hasta que se realice un nuevo estudio de la cuestión.
Esa resolución interpreta un decreto, después ratificado por ley, por el cual se desregulan ciertas actividades comerciales en el país. Tal interpretación significa que dentro de la desregulación también se incluye a la distribución de diarios y revistas.
Brevemente, quiero manifestar que desde el 13 de octubre de 1945 se encuentra vigente el decreto-ley 24.095/45, ratificado por ley 12.921, por el cual se estableció un régimen especial para la distribución de diarios y revistas en todo el país.
Ese decreto que, entre otras, lleva una firma ilustre, como es la del general Juan Domingo Perón, quien en ese entonces, como se recordará, cumplía funciones en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde hizo la gran transformación laboral del país, establecía fundamentalmente, entre otras cosas, que las empresas editoras de diarios y revistas deben aceptar la devolución de los ejemplares no vendidos, reintegrando el importe pagado; también establecía el derecho a la estabilidad en la parada de venta del expendedor y disponía que la autoridad de aplicación era la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Este esquema del año 45 sigue vigente hasta hoy y, de acuerdo con la opinión más autorizada de la doctrina y la jurisprudencia, la actividad de los distribuidores y vendedores de diarios y revistas es de carácter laboral, y se considera un estatuto específico.
En apoyo de esta posición debemos indicar los siguientes elementos. Para destacar que no se trata de una simple actividad comercial sino un régimen laboral, podemos apuntar, en primer lugar, que el editor es quien establece la cantidad de ejemplares que lanza al mercado y determina libremente el agregado de suplementos o elementos insertados; es decir que esto lo deciden los editores. Impone horarios del retiro del material y la forma del armado de la publicación completa, con la incorporación de suplementos. Define el lugar donde deben llevarse las publicaciones. La retribución es un porcentual fijo del precio de tapa de la publicación. Los distribuidores y los vendedores no eligen con quién comerciar, ya que tienen la obligación de recibir todas las publicaciones que se pongan en circulación.
La sanción del decreto 2.284 del año 91, ratificado por la ley 24.307 del 31 de octubre de 1991, dejó establecido un régimen de desregulación económica en el comercio de bienes y servicios, indicando una serie de actividades que se encontrarían alcanzadas.
Por su parte, el artículo 116 habilita a que sea el Ministerio de Economía el que interprete qué actividades están alcanzadas y cuáles no lo están. A partir de la vigencia de ese decreto se planteó si estaba alcanzada o no la distribución de diarios y revistas; es decir, si esta distribución estaba o no comprendida dentro de la desregulación. Respecto de esto, en 1992 se pronunció la Secretaría de Comercio Interior, por resolución 395/92, afirmando que las actividades descriptas por las empresas distribuidoras de revistas no están dadas precisamente por los actos relacionados con la producción e intercambio de bienes y servicios. “Que se trata de actividades estrictamente enmarcadas en el ámbito de las relaciones laborales y excluidas legislativamente tanto de la ley 22.262 como del artículo 8º del Código de Comercio”.
Señor presidente: esta resolución ha hecho cosa juzgada administrativa, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Además de esta cosa juzgada hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en autos “Mendoza 21 S.A. y otros c/Estado Nacional-Ministerio de Trabajo s/amparo”en el mismo sentido.
No obstante esto, con fecha 13 de abril de 1999 se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que, en su único artículo, expresa: “Interprétase que lo dispuesto por el Artículo 1 y 118 del Decreto 2.284/91 ratificado por la ley 24.307 ha derogado el plexo normativo constituido por el Decreto-Ley 24.095/45 ratificado por la ley 12.921, relativo a la comercialización de diarios y revistas, y las Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nros. 42/91 y 43/91 ambas de fecha 15 de enero de 1991”.
Esta resolución recayó en un expediente promovido en 1997 por una empresa periodística. En su trámite, el Ministerio de Economía solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de dictar esta resolución acerca de su contenido y de si era procedente. Cabe destacar que el Ministerio de Trabajo se expidió en contra del dictado de esa resolución por entender, lo que decía anteriormente, que se trata de una cuestión laboral. No obstante lo cual el Ministerio de Economía dictó la resolución que ahora estamos pidiendo que se deje sin efecto.
Señor presidente: las razones que avalan nuestro pedido, además de lo que venimos sosteniendo, es que si bien se atribuyen las facultades de interpretación al Ministerio de Economía, no parece claro ni razonable, que esa facultad de interpretación lleve a la derogación de un régimen legal que, si bien fue sancionado por un decreto-ley, después fue ratificado por ley y hoy está plenamente vigente. Si esto ha sido sancionado por el Congreso, parece lógico que sea el propio Congreso el que proceda a establecer su aplicación o su modificación o, eventualmente, su derogación. Pero aquí se está interpretando como derogado un plexo normativo, legislativo, sancionado por el Congreso de la Nación y se hace por una mera resolución del Ministerio de Economía.
Además, llama la atención que, después de ocho años, se le ocurra al Ministerio de Economía que está derogado ese régimen normativo. ¿Cómo recién a los ocho años de vigencia del decreto de desregulación viene a interpretar que está derogado un régimen, una normativa que está vigente desde el año 1945?
Nosotros admitimos que el régimen que está vigente desde hace casi cincuenta y cinco años deba ser cambiado, flexibilizado o modificado. Pero lo que no admitimos ni nos parece correcto es que de pronto se lo interprete derogado, creando un vacío jurídico sobre la vigencia de esta actividad.
No se trata de una actividad cualquiera: está vinculada con la libertad de expresión y de prensa. Este régimen, que puede o no gustar a algunos, tiene, sin embargo, una gran trascendencia en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, por cuanto los vendedores y los distribuidores no pueden hacer ningún tipo de diferencias respecto a las publicaciones que reciben. Ellos las tienen que distribuir, les guste o no. No se puede hacer ningún tipo de discriminación.
Con este régimen está asegurada la libre distribución de todas las publicaciones que se editen. De otra forma, podría darse el caso de que los vendedores distribuyeran sólo aquellas publicaciones que les aseguren rentabilidad.
Por eso considero que el régimen tiene que ser actualizado, pero no estamos de acuerdo en absoluto en que deba ser derogado, ya que se crearía un vacío jurídico. Para colmo se instrumentaría, como acabo de manifestar, después de ocho años de sancionada la norma que autoriza al Ministerio de Economía a interpretarlo.
Además, existe una posición contraria del Ministerio de Trabajo, lo cual nos hace pensar que aún en el seno del Poder Ejecutivo hay una opinión dividida sobre este tema. En consecuencia, creemos que hay que actuar con la debida prudencia.
En los últimos tiempos hemos conocido, a través de la prensa, publicaciones de los editores de diarios y revistas apoyando la desregulación. Considero que esta actitud es lógica porque están defendiendo un interés legítimo.
Pero nosotros creemos que también hay que contemplar la otra parte de la relación, que es la de los distribuidores y vendedores. No son pocas personas, señor presidente. Estuve recabando alguna información y esta actividad afecta a mucha gente.
Son muchas las personas que viven de este trabajo: en Capital Federal y Gran Buenos Aires hay 1.800 trabajadores afectados a la distribución y el grupo familiar de esposas e hijos suman 7.400 personas, con lo cual hay 9.200 ciudadanos afectados. En el interior del país hay 11.500 personas afectadas. Esto en cuanto a la distribución.
Respecto de la venta, en la Capital Federal hay 3.200 personas, en el Gran Buenos Aires 3.400, en La Plata 350 y en el interior del país 14.500. El grupo familiar de esposas e hijos abarca a 82.000 personas, con lo cual el total de afectados sería de 103.450. Además, están los representantes de editoriales.
En síntesis, esta actividad abarca aproximadamente a unas 125 mil personas, las cuales sufrirían el impacto de esta desregulación sorpresiva. Además de generarse un vacío legal, que no solamente afectaría a las personas a las que hice referencia, sino que además no constituiría un apoyo, un aval o un factor decisivo para la libertad de prensa, sino que puede producir un efecto contrario.
Por eso, señor presidente, nosotros estamos pidiendo que se solicite al Poder Ejecutivo que deje sin efecto esta resolución, dando lugar a que se estudie un régimen que sea equitativo y que, por supuesto, flexibilice un mecanismo que hace muchos años que está en vigencia, casi 55 años concretamente, y que ha permitido el crecimiento de esta actividad y la correcta distribución de todas las publicaciones, revistas y diarios. Reitero: merece una corrección pero, de ningún modo, puede dejarse sin regulación porque, como digo, no sólo se afectan los derechos de las personas vinculadas a la actividad sino que también se trata de un quehacer que debe tener algunos parámetros o pautas para que esté debidamente garantizada la libertad de prensa.
Aquí no se trata de que pongamos a los vendedores y distribuidores en contra de los editores. Nosotros no vamos a entrar en ninguna confrontación de ese tipo. Queremos que se establezca un equilibrio y que se garanticen los derechos e intereses de todos los sectores que intervienen en esta importante actividad que hace a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Asimismo, queremos garantizar los legítimos derechos que tienen estos esforzados trabajadores, para quienes no hay feriados, están sometidos a los rigores del tiempo y no duermen con el fin de que tengamos acceso a estos medios con los que nos informamos debidamente de la actualidad nacional e internacional.
Por eso, señor presidente, en aras de ese equilibrio y de la protección de todos los intereses, pienso que el Senado de la Nación debe pedir al Poder Ejecutivo que deje sin efecto esta resolución por ser inoportuna, por no responder a una causa que deba ser sostenida y porque debemos dar vigencia a los valores de todos los trabajadores así como a la libertad de prensa y de expresión.
En mérito a lo expresado, reitero el pedido de tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto y pido a mis colegas que me acompañen con su voto favorable.
Sr. Menem. — Señor presidente: antes de la votación, quiero aclarar que no se trata de una resolución del Poder Ejecutivo, sino del Ministerio de Economía. Nuestro pedido de que se deje sin efecto, dirigido al Ejecutivo, significa que le estamos solicitando al titular de ese poder que se aboque de inmediato al conocimiento de la gestión y deje sin efecto esta resolución. (Aplausos en las galerías.)
Por tal razón atento a que esta resolución está vigente y a electos de evitar que produzca estos efectos, valga la redundancia, solicito que, ni bien sea sancionado este proyecto, creo que lo será por unanimidad, sea comunicado de inmediato al Poder Ejecutivo.
Si bien no quería personalizar en esta intervención, no puedo, frente a las palabras del señor senador por Córdoba, dejar de rendir también mi justo homenaje a quien fue un pionero de esta actividad de distribución de diarios y revistas por mucho tiempo, el querido amigo Cholo Peco. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Proyecto de ley sobre rebaja de sueldos y jubilaciones (29 y 30 de julio de 2001)

29 y 30 de julio de 2001
49ª Reunión – Sesión Especial
Diario de Sesiones – Páginas 3716 a 3719

Sr. Menem. — Señor presidente: a esta altura del debate es muy poco lo que puedo agregar a lo que aquí se ha dicho.
No obstante, además de pedir la inserción de mis reflexiones sobre este proyecto de ley, donde en particular detallo todas las objeciones que me merece, no puedo dejar de hacer algunas consideraciones sobre el tema.
Debo reconocer, señor presidente, que desde el año 1983, que tengo el honor de ocupar esta banca en representación de la provincia de La Rioja, nunca me he sentido tan presionado, tan compelido, ni he experimentado esta angustia existencial en torno a la votación en favor o en contra de una determinada ley.
Hemos pasado por situaciones muy difíciles en estos 18 años de democracia, con debates larguísimos y días como el de hoy, en los que también debimos sesionar los sábados y domingos.
En la época del presidente Alfonsín recuerdo haber votado un presupuesto un día domingo, allá por septiembre, cuando más que presupuesto se trataba de una rendición de cuentas, pero lo teníamos que aprobar antes de que terminara el año parlamentario, también así, a las apuradas y con la angustia de sancionar un proyecto de ley.
Viene a mi memoria la consideración del Tratado del Beagle, que en su momento enfrentó a los argentinos y que generó tantas tensiones; había problemas entre partidos y en los bloques. Entre otros casos, también recuerdo el tratamiento de la reforma al Código de Justicia Militar, cuando debimos enfrentar votaciones tan importantes como las referidas a la ley de obediencia debida y el punto final, donde nuestra bancada votó en contra; o el envío de naves al Golfo, en la época del conflicto. Si bien fueron debates trascendentes, nunca se nos planteó la situación de hoy: o se sanciona esta ley o viene el apocalipsis, o se aprueba esta ley o mañana el país estalla en pedazos.
A su vez, surge la presión de todos los medios de comunicación que le echan la culpa al Senado porque aún no se cuenta con esta la ley, como si hiciera un mes que está aquí para su tratamiento. Y nosotros hemos aprendido a leer el mensaje: cuando se habla del Senado y de su culpa siempre se menciona al bloque de senadores justicialistas, porque somos mayoría.
Sin embargo, con esa responsabilidad hemos venido prestando la más amplia colaboración que jamás una oposición en la historia del país le haya dado a un gobierno, pese a los antecedentes de la oposición que hizo el gobierno de la Alianza, que utilizó todas las estrategias parlamentarias posibles para evitar que sancionáramos las leyes que permitieron sacar al país del incendio en 1989.
Como decía un senador del oficialismo: no es hora de echarnos las culpas, es hora de ver cómo salimos de esta crisis. Pero la crisis no es meramente económica, porque yo tampoco creo que con la sanción de esta norma se solucionen todos los problemas, ni mucho menos. Creo que la crisis es eminentemente política.
Entiendo que la falta de credibilidad y de confianza en nuestro país se suscita porque no hay confianza en el gobierno; porque este ha sido el fracaso más estrepitoso que haya tenido un gobierno constitucional en la historia de nuestro país. Nunca un gobierno se desgastó tan rápidamente, nunca perdió tanto la credibilidad, nunca bajaron tanto los índices de aceptación de un gobierno, como con el actual. No lo digo en tono de reproche, es un dato objetivo de la realidad. Lo que ocurre es que fracasó la Alianza. Lamentablemente teníamos razón cuando decíamos que solamente se trataba de una alianza para ganar una elección y que no serviría para gobernar.
La Alianza se hizo pedazos al poco tiempo de asumir el gobierno porque no existía una coincidencia de programas, porque era nada más que un conjunto de partidos, sobre dos principales, que se unieron solamente para reunir votos.
Era muy fácil escribir la “Carta a los Argentinos”, era muy fácil diseñar los flashes de televisión para un publicista creativo que pudiera denostar al anterior gobierno y hacer creer que éste traería todas las soluciones.
Todo fue una defraudación para la gente que votó a la Alianza, pero no sólo para ellos, porque generó además una falta de credibilidad hacia afuera. Porque ¿qué credibilidad puede tenerse en un país en el cual un vicepresidente de la Nación renuncia a los diez meses de asumir el gobierno por una pequeña pelea, como la ocurrida entre los integrantes de la Alianza?
Recordemos cuando el bloque de la Alianza se empezó a hacer pedazos en la Cámara de Diputados y cuando tuvieron que echar manos a funcionarios que habían sido denostados durante diez años.
Señor presidente: no se me puede hacer creer que el tema sea el de la deuda, tal como se ha dicho aquí, y que estemos mal solamente por la deuda externa, que ya no es externa sino pública, porque hay otros países que están mucho más endeudados que nosotros y no tienen estos problemas, hablo de países centrales que tienen un índice de endeudamiento mucho más alto que la Argentina con relación al producto bruto.
Aquí se ha dicho que el Tratado de Maastricht establece hasta un 60 por ciento de endeudamiento como límite para pertenecer a la Unión Europea, y la Argentina está en un 46 por ciento. Si vemos datos de otros países, podemos decir que España está en un 100 por ciento, Estados Unidos en un 56 por ciento, los Países Bajos en un 54 por ciento, el Reino Unido en un 49 por ciento, Suecia en un 48 por ciento, Finlandia en un 44 por ciento, y el menos endeudado es Suiza, con un 26 por ciento. Entonces, el tema no es solamente el de la deuda externa.
Pero, además, se ha dicho que el tema es el déficit; y, sí, es cierto, tenemos un déficit elevado: el 2,4 por ciento del producto bruto, pero tampoco es inmanejable, porque el mismo Tratado de Maastricht establece un 3 por ciento como tope del déficit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos países a los que hice referencia también partieron de déficit elevados y han ido modificando el funcionamiento de sus economías hasta lograr el déficit cero e inclusive el superávit.
Entonces nuestro problema, señor presidente, no es que hayamos triplicado la deuda. Porque si es cierto que la deuda se ha triplicado, también lo es que se cuadruplicó el Producto Bruto Interno. Entonces, cuando alegremente se dice que debemos 128 mil millones de dólares, también habría que recordar que nuestro producto bruto es de 280 mil millones de pesos o de dólares. Yo recuerdo que cuando terminaba el gobierno del doctor Alfonsín la deuda declarada era de 60 mil millones —de hecho, era mayor—, pero había un producto bruto de 90 mil millones de pesos, o sea que el endeudamiento era mucho más grave en aquel entonces.
Señor presidente: si no admitimos que si bien la crisis tiene una consecuencia económica también tiene una raíz de índole política, nunca vamos a saber cómo solucionarla. Entonces, más allá de las medidas que se tomen, lo importante es que el gobierno sepa que es a él a quien no se le cree y no a las posibilidades de la República Argentina.
Ya han detallado mis compañeros de bancada todas las veces que este bloque votó a favor o al menos permitió la sanción de las leyes propuestas por el gobierno. No las voy a repetir. También han detallado todas las oportunidades en que se advirtió que el tema de la crisis no se supera con medidas recesivas. Lo advertimos en diciembre de 1999 y a comienzos del 2000, cuando dijimos que el “impuestazo” y el recorte de los sueldos no eran un buen camino porque traían más recesión y el problema de la Argentina, precisamente, era la recesión.
Estuvimos más de dos años sin crecer. Pudimos soportar las crisis del “tequila”, la del sudeste asiático, la de Rusia y la del Brasil. Cuando en el último trimestre del ’99 habíamos empezado a salir de la recesión, vinieron las medidas que nos volvieron a sumergir en ella. Porque además, el gobierno de la Alianza trajo un mensaje desalentador. Ya en ese entonces, señor presidente, se hablaba de que estábamos al borde del abismo. En vez de tratar de salir de la recesión y de tirar buenas ondas decía que estábamos al borde del abismo. Ponían énfasis en la magnitud del déficit y en los errores del gobierno anterior. Así fuimos cayendo cada vez más. Ahora no se sabe si realmente ya estamos en el abismo o al borde de él. No sabemos si esta norma que hoy se propone, que ha sido criticada con tanta razón, realmente nos permitirá salir del abismo o evitar que caigamos en él, pero esto es responsabilidad del gobierno.
Este bloque de senadores justicialistas va a seguir actuando con la misma responsabilidad. No va a poner palos en la rueda. Yo ardo en deseos de saber qué habría hecho la Alianza como oposición si hubiéramos estado en la misma situación. Pero nosotros hemos aprendido del general Perón que primero está la Patria, después el Movimiento y luego los hombres.
Por eso actuamos con la mira levantada. Sabemos que si no se sanciona la ley, mañana no se le va a echar la culpa al Senado sino al bloque justicialista; se va a decir que somos responsables de la eventual hecatombe, de que hay más fugas de depósitos, más retiros de los bancos, que hay menos inversión y menos credibilidad. Sin embargo, repito, la raíz de esta crisis es netamente política.
Pero, además, nos angustia la situación de nuestras provincias. Se nos ha dicho que, si no se aprueba este proyecto de ley, no vamos a recibir un peso en nuestras provincias para poder cumplir con nuestras obligaciones; y a quienes venimos de provincias desfinanciadas, con graves problemas, esto nos angustia muchísimo porque estamos realmente abrumados. ¿Con qué cara vamos a ir a nuestras provincias si se nos dice que por culpa de no aprobarse esta iniciativa no se le pueden pagar los sueldos a los empleados públicos de los estados provinciales? Entonces, estamos ante una encrucijada muy difícil y tenemos que actuar con la mente fría.
Por supuesto que no podemos dejar de señalar que este proyecto de ley tiene gravísimos errores. ¿Cómo vamos a aceptar calladamente que se recorten sueldos y jubilaciones? Obviamente que no lo aceptamos. ¿Cómo vamos a aceptar silenciosamente esa modificación al artículo 34 de la ley 24.156, que significa introducir en una ley permanente un mecanismo de emergencia? Claro que está mal. ¿Cómo vamos a aceptar normas inconstitucionales como esta que recorta jubilaciones, introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, inhibiendo la posibilidad de que se adopten medidas cautelares? ¿Cómo vamos a hablar de que no hay derechos irrevocablemente adquiridos?
Esta es responsabilidad del gobierno, de quienes proponen esta ley. Nosotros se lo advertimos; no vamos a precipitarlos al escenario apocalíptico, pero tampoco vamos a callarnos frente a los graves errores y peligros que encierra esta iniciativa, porque seguramente más de una de sus normas van a ser atacadas de inconstitucionalidad.
La mayoría de nuestros gobernadores nos han pedido que facilitemos la sanción de este proyecto de ley porque, de lo contrario, muchas provincias mañana mismo corren el riesgo de caer en cesación de pagos, con los conflictos sociales que ello traerá aparejado.
Por eso, en esta instancia, yo voy a exigir una respuesta categórica del presidente de la bancada oficialista acerca de los compromisos que la Nación ha asumido frente a las provincias. Algunos de ellos están contenidos en ese denominado Pacto de la Independencia, del 17 de julio, que se encuentra firmado, pero otros constituyen compromisos de honor del gobierno nacional para con los estados provinciales.
Me refiero a cinco compromisos puntuales: la garantía de cumplimiento del Fondo Fiduciario, comprometido en el acta firmada con el presidente de la Rúa por 1.000 millones de pesos; la efectiva refinanciación de los vencimientos de capital del semestre, incluido el correspondiente a julio; un reconocimiento de la deuda por la diferencia de los tres puntos del IVA, cuando el impuesto pasó del 18 al 21 por ciento, mediante la emisión de certificados a dieciséis años; la emisión del bono federal por parte del Fondo Fiduciario por cuenta y orden de cada provincia; y el último, pero no menos importante, el cumplimiento de todos los pactos especiales entre la Nación y las provincias. Y digo último, pero no menos importante, por cuanto mi provincia tiene firmados pactos especiales con la Nación en materia de asistencia financiera.
El presidente de la Nación y los funcionarios de rango inferior se han comprometido a respetar estos acuerdos; se lo han prometido a nuestros gobernadores. Por eso, solicito al presidente de la bancada radical que en este acto manifieste si avala y certifica que se van a cumplir. Le solicito que informe si tiene conocimiento del compromiso y si ellos avalan con su palabra su cumplimiento.
Sr. Presidente (Losada). — Señor senador por La Rioja: ¿usted desea que el señor senador Agúndez le responda ahora?
Sr. Menem. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.
Sr. Agúndez. — Señor presidente: cuando a través de los medios hoy me enteré de estos cinco compromisos mencionados por el señor senador por La Rioja, le pedí al señor jefe de Gabinete de Ministros que me informara al respecto, y él me contestó que ellos forman parte de compromisos anteriores entre la Nación y las provincias.
En cuanto al tercer compromiso, es decir, el reconocimiento por parte del gobierno de la deuda con las provincias por los tres puntos del IVA no coparticipado, cuando dicho gravamen pasó del 18 al 21 por ciento mediante la emisión de una deuda certificada a dieciséis años, por unos 1.200 millones de pesos, está contemplado en un compromiso del anterior gobierno, que data de 1995.
De todas maneras, en cuanto a los cinco compromisos citados por el senador Menem, el señor jefe de Gabinete de Ministros me informó que se quiere cumplir con todos. Por lo tanto, como no puedo dudar de mi gobierno, entiendo que fue positiva la respuesta que se me brindó.
Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: agradezco muchísimo al presidente de la bancada del oficialismo su ratificación del compromiso asumido, porque dentro de esta situación tan difícil que vivimos nos hace alentar la esperanza de que esta vez se van a cumplir, ya que anteriormente, pese a estar contemplados en los pactos, ello ocurrió. Por eso manifesté nuestra preocupación.
Finalmente, el justicialismo asume una vez más su responsabilidad como partido de la oposición. Es el rol que nos ha dado el pueblo argentino cuando votó a la Alianza para ser gobierno y nosotros respetamos las reglas de juego: que la Alianza gobierne el país durante la totalidad del período constitucional para el cual fue electa y nosotros seguiremos ejerciendo una oposición responsable, lo cual significa advertir cuándo se toma el rumbo equivocado.
Por otra parte, y como algo obvio, les solicitamos que si el proyecto en consideración es aprobado esta noche, procuren hacer de él un uso racional y equitativo, que cause los menores sacrificios posibles a nuestra gente y que traten de ser ecuánimes.
No desconocemos que vivimos un período preelectoral; por lo tanto, esperamos que también sean ecuánimes a la hora de repartir recursos a las provincias, que las hay gobernadas por la Alianza y por el Justicialismo.
Ya que estamos frente a un proyecto tan cuestionado y discutido con toda razón, esperamos que no se convierta en un instrumento para aumentar una injusticia, algo que no estamos dispuestos a tolerar.
Finalmente, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el análisis particular que pensaba realizar sobre el instrumento en consideración.

Proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio (9 de octubre de 2002)

9 y 10 de octubre de 2002
27ª Reunión – Sesión especial
Diario de Sesiones – Páginas 6651 a 6658

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: abordamos hoy el tratamiento de un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, que ha tenido una extraordinaria repercusión pública, con artículos publicados en la primera página de los diarios, y respecto del cual se han vertido comentarios televisivos y radiales.
Es una de esas leyes respecto de las cuales se ha tejido toda una serie de elucubraciones que han generado cierto clima de prejuicios sobre la materia que tratará el Senado en el día de la fecha, por la cual se pretenden derogar las denominadas jubilaciones de privilegio.
El clima en que se considera el proyecto en cuestión es muy particular. Hay una fuerte presión mediática y de ciertos sectores sociales que han hecho campaña a favor de la derogación de las denominadas jubilaciones de privilegio.
En estos momentos, el Congreso se encuentra sitiado por diversos manifestantes —piqueteros, ahorristas, deudores, bomberos, que reclaman por distintas cuestiones sociales.
La Cámara vecina, en un hecho que no se registraba desde hace no sé cuántos años, comenzará a tratar el juicio a los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una cuestión que también ha generado ríos de tinta y horas de televisión y radio, en la que se avanzó rápidamente para, de pronto, frenarse por cuestiones vinculadas con el quórum. Lo cierto es que pensaba que íbamos a actuar como jueces desde hace tiempo. Sin embargo, parece que ese impulso inicial se frenó porque no daban los números, cuestión que hoy se modificaría, porque aparentemente sí alcanzan. Este es otro componente del clima social e institucional en que delibera el Senado de la Nación.
Como todos sabemos, hay un escándalo mediático por las supuestas coimas, con gran bombo publicitario y páginas y páginas en los diarios, investigaciones, juicios y allanamientos dentro y fuera del Senado de la Nación.
Caminamos por las calles entre ahorristas estafados, deudores angustiados por la probable aplicación del CER, con una desocupación récord en la historia del país y con cartoneros diseminados por toda la ciudad. Hay una pobreza récord superior al 50 por ciento en todo el país. Estamos en default, y ello significa que en la actualidad estamos marginados por los organismos financieros internacionales. Como dijo alguien: «todos los días estamos cerca del arreglo y todos los días nos corren el arco más allá» o «cuando estamos por patear el penal nos corren el arco más atrás». Todo esto trae una incredulidad generalizada y las instituciones de la República se encuentran devaluadas y deterioradas.
Fíjense a qué extremo hemos llegado que hoy, que tenemos un cronograma electoral con elecciones internas abiertas previstas para el 15 de diciembre, elecciones generales programadas para el 30 de marzo y entrega del poder prevista para el 25 de mayo, no sabemos si se va a cumplir. Según los rumores, hoy se está declarando inconstitucional la ley sancionada por este Congreso por la cual se establecen las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir que no sabemos hasta cuándo va a estar este presidente y cuándo va a asumir el que lo sucederá, más allá de que no sabemos quién será.
En este clima y en este escenario, vamos a tratar hoy este tema tan manipulado de las jubilaciones de privilegio. Claro, en este momento, con esta pobreza, incredulidad y desazón, el hecho de hablar de privilegios es mala palabra, es una agresión hacia quienes en la actualidad se encuentran atravesando momentos tan malos.
Por eso, para un legislador de esta Cámara revisora, quizá, lo más fácil sería decir «yo voto como viene y que se las arreglen después; que lo arregle el Poder Ejecutivo con el veto». Porque este es otro condimento que no mencionamos: parece que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con la sanción de esta ley y habría posibilidad de que la vete. O también podríamos decir «que se las arregle la Justicia», que seguramente está por allí haciendo lo que hacen los gatos cuando están por atacar: afilando las uñas para saltar con la inconstitucionalidad de alguna de las normas de esta ley.
Entonces, para nosotros, la actitud más sencilla sería votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados. Digo más, algunos amigos bien intencionados nos han dicho: «No se metan los senadores en líos. Sancionen el proyecto como viene de Diputados. ¿Para qué se van a meter en líos en este momento, cuando son el blanco de la crítica generalizada?”. En este momento venimos a ser ese muñeco negro de los parques de diversiones al cual todos le tiran la pelota o el «puching ball» Nos dijeron: «¿Para qué se van a exponer a tocar una ley que deroga privilegios? Mejor, sancionen el proyecto tal como viene de Diputados».
Me he puesto a pensar cuál debe ser la actitud que debemos asumir. Por supuesto que respeto a todos aquellos que se han manifestado apoyando la sanción de la Cámara de Diputados y, seguramente, escucharemos muchas otras magnificas exposiciones en ese sentido; pero ¿qué pasa con quienes no estamos de acuerdo con todas las disposiciones o con algunas de las normas? ¿Vamos a someternos al miedo de legislar porque podemos quedar mal con esa prensa que nos viene atacando y que seguramente nos va a criticar por modificar la ley, o legislamos con responsabilidad, de acuerdo con nuestras convicciones y con lo que creemos que es lo mejor para el país? No tengo dudas de lo que voy a hacer, señor presidente.
Por ello, he tomado la decisión de apoyar el proyecto en general con disidencias parciales, las que voy a explicar muy sucintamente durante el tiempo del que dispongo para exponer en mi carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Precisamente, esta Comisión entiende en un tema fundamental que aborda esta iniciativa, razón por la cual yo me asombraba cuando se cuestionaba el pase de este proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Uno de los capítulos de esta iniciativa se refiere directamente al cuerpo diplomático, que es el servicio exterior de la Nación. Entonces, ¿cómo no va a decir algo la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre las jubilaciones de los diplomáticos? A continuación, me voy a referir a este tema, pero también voy a abordar rápidamente las otras cuestiones que figuran en este proyecto de ley.
Tal como lo dijo el señor senador por Santa Cruz, estamos cumpliendo con lo prometido: habíamos dicho que el 9 de octubre íbamos a dar tratamiento a este tema. Hubo algunos que se encargaron de desparramar por ahí que el pase a varias comisiones era una maniobra dilatoria, que queríamos entorpecer el procedimiento o que había propósitos ocultos. Creo que el plenario de las comisiones ha demostrado que se puede trabajar bien cuando hay voluntad para ello. Hemos recibido y escuchado a todos los sectores interesados: a la gente del gobierno, a distintos especialistas, etcétera, y todos los que intervinimos en el análisis efectuado tuvimos oportunidad de formarnos una opinión.
Además, cabe señalar que estamos dando tratamiento a este proyecto de ley en mucho menos tiempo del que le demandó a la Cámara de Diputados. Por consiguiente, frente al permanente asedio que está sufriendo el Senado de la Nación desde hace tiempo, con tantas difamaciones, mentiras y descalificaciones, creo que en nuestro haber se debe anotar que estamos tratando esta iniciativa en tiempo oportuno y no sobre tablas como pretendían algunos, girando la iniciativa a todas las comisiones que tienen competencia sobre este tema y no a una sola, dando el tratamiento que la cuestión merece y actuando con la responsabilidad que nos compete como Cámara revisora, que no pasa por decir «amén» a todo lo que venga de la Cámara de Diputados, sino revisando la sanción y dándole aprobación, si no merece objeciones, o introduciéndole modificaciones cuando lo creamos necesario. Entonces, esta sesión es para mí una gran satisfacción y, además, una reivindicación, porque consideraba que debíamos tratar este tema en el día de hoy.
En cuanto al análisis de esta cuestión, hay una palabra clave o, como dicen algunos, la «clave de bóveda»: la palabra «privilegio». Si nos ponemos de acuerdo en lo que significa el término «privilegio», vamos a poder avanzar o discrepar razonablemente sobre lo que estamos tratando. Acá se ha dicho que se derogan regímenes de privilegio. Ahora bien, ¿realmente se derogan regímenes de privilegio o estamos hablando de regímenes especiales, como se ha dicho por ahí y como seguramente van a sostener durante este debate algunos de mis colegas?
Aquí han metido en una misma bolsa a los jueces, a los diplomáticos, a los políticos y a los obispos. Hasta a Dios lo han metido en la misma bolsa… (Risas.) Bueno, a los obispos, que son los representantes de Dios en la Tierra. En rigor de verdad, el tema de los obispos no tiene nada que ver con los regímenes jubilatorios. Ellos no tienen contraprestaciones ni han hecho aportes. Esto no tiene nada que ver con la materia; pero los han incluido; total, quedaba bien. Como en la Mesa del Diálogo se dijo que había que derogar las jubilaciones de privilegio, creo que se han quedado con poco margen para oponerse a esta derogación. Pero, en verdad, me parece que no corresponde incluir en esto a los obispos, ya que no tiene nada que ver.
Realmente, habría que analizar el significado de la palabra «privilegio».
Varias personas me consultaron sobre esta cuestión. Seguramente mañana, el periodista de turno va a decir que el senador Menem le había dicho que iba a votar en contra de las jubilaciones de privilegio y, sin embargo, ha votado de otra forma. Reitero: voy a votar por la derogación de las jubilaciones de privilegio, lo cual no quiere decir que tenga que compartir el criterio de que todas las que ellos consideren son de privilegio.
Aquí es donde parte un poco la divisoria de las aguas. ¿Qué son las jubilaciones de privilegio?
Recuerdo una anécdota del año 1976, cuando yo defendía al que después fuera presidente de la Nación, preso del régimen militar y que circulaba por distintos lugares de detención. De pronto, me entero de que a los señores senadores y diputados que habían asumido en el año 1973, cuyos mandatos habían durado hasta el golpe de marzo de 1976 les habían otorgado una jubilación con dos años y medio de trabajo y algunos no tenían otros antecedentes. Sin embargo, les dieron una jubilación. Eso me sorprendía. Eso sí era una jubilación de privilegio.
Pero cuando se trata de regímenes especiales, donde hay aportes, exigencias de años de servicios, en fin, todo lo demás, creo que tenemos que analizar muy bien si esos son regímenes especiales o jubilaciones de privilegio.
La palabra «privilegio» viene del latín privilegium y significa «exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia». Después, el diccionario da distintas acepciones, como privilegio convencional, de introducción, de invención, del canon, del fuero, favorable, gracioso, odioso, que es el que perjudica a un tercero, personal, que se concede a una persona y que no pasa a los sucesores.
Considero que si nos ajustamos a ello, y no significa que me ajuste literalmente al significado de la lengua española, sino a lo que se entiende por privilegio, adelanto mi postura en el sentido de que, en los casos de las jubilaciones del personal del Servicio Exterior de la Nación, que es el tema que involucra a la Comisión que presido, y también en el caso de los magistrados del Poder Judicial no tienen jubilaciones de privilegio, sino que son regímenes especiales, instaurados por razones especiales y en condiciones especiales.
Por eso, en el dictamen he puesto la disidencia respecto de la derogación de estos dos regímenes, como también en cuanto a la incompatibilidad que se establece en el artículo 7 acerca de que los jubilados no pueden trabajar en la actividad privada. Esto, desde mi punto de vista, es abiertamente inconstitucional y viola normas expresas de la Constitución en cuanto al derecho a trabajar.
Establecido este punto, quiero hacer una referencia en particular al tema de la jubilación del personal del Servicio Exterior de la Nación. Empecemos diciendo que las funciones del personal del Servicio Exterior de la Nación están establecidas por la ley 20.957. Para nosotros, los justicialistas, tiene una significación porque ha sido una de las últimas leyes que el general Perón mandó al Congreso antes de fallecer. Es una ley de marzo de 1974.
El artículo 1° de la 20.957 dice que el Servicio Exterior de la Nación es la organización fundamental del Estado nacional para el desarrollo de sus relaciones en la comunidad internacional. Es el instrumento de ejecución de la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial. Es decir, no es una tarea cualquiera la que cumple el Servicio Exterior de la Nación. Tiene, ni más ni menos, la tarea de representar a la soberanía de la Nación en el ámbito internacional, con las características que acabo de decir.
La ley 20.957, que ha venido soportando hidalgamente muchos ataques que le han hecho para reformarla, prevé en su artículo 104 el estudio de un régimen previsional para el personal del Servicio Exterior de la Nación que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que preste. También sería interesante leer, no lo voy a hacer ahora por razones de brevedad, el mensaje del general Perón que acompañó el proyecto de la ley 20.957, porque de su texto surge el criterio del Poder Ejecutivo de ese entonces respecto de la naturaleza especial del Servicio Exterior de la Nación en cuanto a sus funciones y régimen al que debe someterse. Realmente, el Servicio Exterior de la Nación tiene características muy especiales que hacen que en su aspecto previsional se le haya dado un carácter especial, que no es lo mismo que de privilegio. Es especial, pero no de privilegio.
Los jefes de Estado de los países iberoamericanos que se reunieron en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado realizada en Madrid dijeron que respaldaban los proyectos de formación y perfeccionamiento de los recursos humanos para la diplomacia en los países iberoamericanos, en especial, aquellos que lleven adelante programas orientados a la profesionalidad del Servicio Exterior, condición indispensable para mejorar la capacidad de gestión diplomática de los países de la comunidad iberoamericana.
O sea, este tema de las particularidades del Servicio Exterior no es sólo de la Argentina. Además, países cercanos a los nuestros, como Brasil, Perú y Bolivia, y otros que son nombrados como ejemplo de la diplomacia, como los Estados Unidos y Canadá, tienen normas especiales y un sistema previsional especial para sus servicios diplomáticos.
¿Por qué es especial? Porque se trata de un cuerpo profesional que se forma cumpliendo ciertos requisitos que no son comunes a un empleado del Estado. No son comunes, sino especiales. En primer término, entrar por concurso público en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Además, necesitan poseer título universitario afín a la carrera diplomática, con un plan de estudio no menor a cuatro años. También necesitan conocer dos idiomas y tienen que hacer un curso obligatorio de dos años en el ISEN, que es bastante exigente, a punto tal de que con un solo aplazo quedan afuera.
Le voy a agradecer a la señora senadora por Santa Cruz que sea respetuosa, porque es amiga de murmurar y de hacer comentarios que interrumpen. Para ella será “pobre gente” la del Servicio Exterior. Yo les tengo un gran respeto.
Entonces, le pido que me respete. Yo la respeto en el uso de la palabra y si me quiere pedir una interrupción, se la voy a conceder con mucho gusto.
No es un problema de importancia, sino de buena educación. Es de buena educación que, cuando uno habla, el otro escuche o se vaya. O que hable despacio, pero que no interrumpa. Si estoy escuchando desde acá, está hablando fuerte. Y está haciendo alusiones indebidas a lo que estoy diciendo.
Decía que tiene que ser aprobado, por dos años, en un régimen que no es fácil. Es bastante duro. Muchos quedan afuera.
El régimen de ascensos está pautado por la ley y con exigencias académicas para ascender a determinadas categorías. Ni qué decir del tema de los traslados, los distintos destinos donde son enviados a prestar servicios. Los que estamos en relación con la gente del Servicio Exterior sabemos lo que significa. Por supuesto que el que entra en la carrera tiene vocación. Es como el militar, que entra en la carrera porque tiene vocación y sabe que tiene que ir de un destino a otro. Pero créame, señor presidente, que no son fáciles ciertos destinos en algunos países, que no voy a nombrar por consideración, pero que son muy difíciles, inclusive, para la familia, para los hijos y sus estudios.
Lo que quiero decir, señor presidente, es que cuando alguien decide iniciar esa carrera, evalúa todas las ventajas y las desventajas, hace un plan de vida. Sé que me tengo que ir al África o al Asia, que mis hijos no van a poder estudiar acá o los tendré que mandar, que me voy a separar, que me voy a desarraigar. Sé que voy a tener que hacer un aporte mayor de mi sueldo para la jubilación, pero voy a tener un régimen de jubilación especial. O sea, mi sacrificio está compensado por el beneficio que voy a tener cuando me jubile.
Esto incluye, también, la disponibilidad del diplomático luego de terminada su carrera, ya que puede ser convocado en cualquier momento y tiene la obligación, como carga pública, de asumir nuevamente e ir al destino que le determinen.
No hay ningún tipo de tratamiento desigual, señor presidente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el principio de igualdad no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones diferentes que se le presenten a su consideración. De esta manera, puede crear categorías, grupos o clasificaciones razonables entre supuestos que considere distintos, siempre que esas discriminaciones no sean arbitrarias ni respondan a un propósito de hostilidad contra personas o grupos, o signifiquen indebido favor o privilegio personal o sectorial. Igualmente, sostiene la Corte que no es violatoria de la igualdad, por su razonabilidad, la existencia de regímenes jubilatorios distintos, según la naturaleza de la actividad del beneficiario, las diferentes condiciones laborales, de acuerdo con las características y lugar de trabajo, la variación de gravámenes en distintas épocas de su aplicación, etcétera.
En ese contexto, podemos afirmar que la ley 22.731 no estableció ninguna jubilación de privilegio. Basta con considerar que la edad para jubilarse es de 65 años, con no menos de 35 años de servicios y aportes. O sea, ¿dónde está el privilegio? Además, han estado aportando durante el período de su carrera sumas muy superiores al resto y proporcionales a lo establecido por la ley especial que los rigió durante un largo período.
Entonces digo, señor presidente: los que ingresaron en el Servicio Exterior de la Nación han hecho una evaluación de todo lo que era su carrera; de todo lo que significaba esto; incluso, de que para ascender tenían que someterse al acuerdo que debemos dar nosotros pasada cierta categoría. Hace cuatro años que no les damos el acuerdo para que asciendan; hace cuatro años, señor presidente. Los ascensos a los militares los hemos resuelto todos los años. El personal del servicio diplomático hace cuatro años que no asciende. Los últimos que ascendieron lo hicieron en 1998 y recién, creo que hace muy pocos días, han cobrado la diferencia de categoría; o sea, casi a los cinco años de haber ascendido. Y no sé qué va a pasar con los pliegos que actualmente tenemos en consideración en la Comisión de Acuerdos.
Entonces, a los que han hecho ese plan de vida no se les pueden cambiar de la noche a la mañana las reglas de juego. De eso se trata: del cambio de las reglas de juego. ¿Por qué se los hizo aportar más, si después se los va a someter al cambio de régimen? ¿Por qué se les dijo «ustedes se van a jubilar a los tantos años, de tal forma y con tal porcentaje» y, de pronto, les decimos «no, porque es un privilegio»? Yo me pregunto dónde está el privilegio.
Señor presidente: respecto de la jubilación del cuerpo diplomático que, contrariamente a los que sostienen que no tiene nada que ver con mi Comisión, digo que la pretensión de derogar el régimen vigente constituye una actitud injusta, es inconstitucional y va a generar todos los juicios que son de imaginar y los que no son de imaginar. Estamos cansados de que todos los días haya juicios en contra del Estado y lo estamos no sólo por el pago de lo que se reclama, sino por los honorarios de los abogados, las expensas, las costas, etcétera.
Recuerdo que cuando asumió el gobierno peronista en 1989 había más de l00.000 juicios en contra del Estado, la mayoría de los cuales era de naturaleza previsional. ¿Sabe cuánto tuvo que pagar el gobierno en ese entonces por las deudas de los jubilados? Más de 13.000.000.000 de dólares. Todavía quedaron deudas. Ahora nos vamos a meter en otro lío porque a alguien se le ocurrió que es un régimen de privilegio y que va en contra de la solidaridad. Este no es un problema de solidaridad: es un problema de respetar el orden jurídico y de respetar los derechos adquiridos.
En el día de hoy, quienes han podido leer uno de los matutinos principales, habrán visto algo que algunos califican como una perlita. Aparece en «Carta de los lectores»; ¿quién es el que escribe? El propulsor de la derogación de las jubilaciones de privilegio, que es tenido por adalid de la lucha contra la corrupción y los privilegios. Esta persona le envía una carta al director, la cual es digna de tener en cuenta. Dice: «Señor Director: jubilemos correctamente los privilegios. 400.000 personas pasaron de la protesta a la propuesta y firmaron la iniciativa popular contra las jubilaciones de privilegio liderada por Poder Ciudadano, la que contó con el activísimo apoyo de Luis Majul. El esfuerzo de muchos va a dar frutos. La Cámara de Diputados ya sancionó un proyecto y la Cámara de Senadores se apresta a convertirlo en ley. El solo hecho de ocupar un cargo político no va a permitir en el futuro obtener una jubilación a personas jóvenes o que no han hecho los aportes correspondientes.
Sin embargo, se requiere aclarar la situación de otro tipo de jubilaciones, las especiales, que pagan un aporte mayor y tienen una situación diferente [palabras de la persona que fue el propulsor de toda esta campaña contra las jubilaciones de privilegio]. En Diputados sin una discusión clara se preservó el régimen de los maestros, policías, mineros y los científicos y se derogó el de los jueces y diplomáticos. Y la carta termina con la «frutilla del postre». «Hace falta que el Senado discuta con claridad el problema y dé una solución justa que evite a posteriori más juicios y problemas». Esto es lo que dice el principal propulsor de la derogación de las jubilaciones denominadas de privilegio. Nos está pidiendo a nosotros que demos una solución justa que evite, a posteriori, más juicios y problemas. Y se refiere al tema de los diplomáticos y de los jueces.
La carta fue firmada por Luis Moreno Ocampo y se publicó en el diario «La Nación» del día de la fecha, página 16. Creo que otro colega se va a referir al tema de las jubilaciones de los jueces.
Con los jueces se da una situación similar a la de los diplomáticos, ya que ellos también gozan de un régimen especial. Hacen aportes mayores, poseen una carrera, sufren limitaciones y no pueden ejercer otra actividad mientras son magistrados. Por eso tienen un régimen especial. Reitero que no es de privilegio. Porque los jueces tampoco se jubilan así nomás. Les exigen haber cumplido sesenta años de edad, treinta años de servicio, quince continuos o veinte discontinuos en el Poder Judicial, y cumplir con aportes superiores a los exigidos en el régimen general de jubilaciones, ya que el porcentual es mayor y la base imponible no tiene tope.
Incluso, tienen toda una serie de aspectos constitucionales en sus remuneraciones, como la intangibilidad de sus sueldos. Respecto de esto, quiero hacer una aclaración, porque alguien dijo que yo era contrario a que paguen el impuesto a las ganancias. Eso es una mentira. He firmado el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el que se disponía la obligatoriedad del pago del impuesto a las ganancias, ya que eso no afecta la intangibilidad de sus sueldos. Una cosa es la intangibilidad de los sueldos en cuanto el impuesto a las ganancias y otra muy distinta es que hayan aportado, hayan hecho carrera, no hayan podido ejercer ninguna otra actividad y que después se les diga que si bien han hecho aportes superiores y demás, se les modificará el régimen.
Por eso, creo que esta disposición, además de ser injusta, es inconstitucional, al igual que la relativa a los diplomáticos. Por dicha razón, he objetado el artículo 1° en mi dictamen en disidencia.
La otra discrepancia que tengo se refiere al artículo 7º, en cuanto prohíbe a todo jubilado trabajar en la actividad privada. Esto es inconstitucional y lo que va a provocar, simplemente, es que quienes lo hagan, trabajen en negro.
Algunos opinan que, en estos casos, se debería suspender la percepción de los haberes de aquellos jubilados que tuvieren otro cargo. Hago notar que estamos hablando de la actividad privada y no de la que se puede desarrollar a favor del Estado, ya que en este caso, todos estamos de acuerdo con que no se puede tener una jubilación y trabajar al mismo tiempo. Pero que no se permita a un jubilado ejercer la actividad privada y se lo condene prácticamente a la inanición; me parece que además de ser inconstitucional, no responde a la lógica ni al sentido común. Por eso, también voy a votar en el tratamiento en particular en contra de esta disposición.
En definitiva, en esencia, se trata de un problema de seguridad jurídica. Hoy, en nuestro país, estamos viviendo una verdadera catástrofe como consecuencia de la inseguridad jurídica. Se han violado todas las reglas y todas las normas de la actividad económica y jurídica sobre cuya base las personas han hecho sus planes de vida. Se ha estafado al ahorrista y se han cambiado las reglas de juego de los deudores, de los propietarios y de los acreedores. A quienes tenían sus depósitos en dólares, se los han convertido a pesos. Todo esto es como haber tirado una bomba neutrónica en el campo de las relaciones. Por eso no somos creíbles.
¿Quién va a invertir en un país en el que se cambian las reglas de juego de la noche a la mañana y dónde nada es creíble, ni siquiera la fecha de las elecciones?
La seguridad jurídica es esencial; hace a la esencia del estado de derecho. No habrá estado de derecho si no existe seguridad jurídica. Esta tiene un componente político, que es la previsibilidad, y un componente moral, que es la ética pública. No habrá república ni estado de derecho si no respetamos la seguridad jurídica.
En ese sentido, la sanción de la Cámara de Diputados está afectando la seguridad jurídica y está vulnerando derechos adquiridos. La seguridad jurídica consiste en saber a qué atenerse. Implica dejar de lado el runrún de que algo va a cambiar.
Esto lo ha dicho, graciosamente, Ortega y Gasset, quien contaba que una vez, un gitano se fue a confesar y el cura le preguntó si sabía los Diez Mandamientos. Entonces, aquél respondió: «Padre, estaba por aprenderlos, pero escuché el runrún de que los están por cambiar.»
Entonces, no estudió los Diez Mandamientos. Esto es el runrún de que nada es estable, de que todo puede cambiar, de que los derechos adquiridos no sirven para nada y esto no significa ponerse al margen de la solidaridad. Está bien poner un tope a las jubilaciones por un tiempo prudencial, porque ello hace a la solidaridad, dado que estamos en una emergencia. Pero cambiar las reglas de juego de un sistema previsional en el cual alguien ha entrado y se ha sometido durante toda su vida, me parece que es injusto, ilegítimo e inconstitucional. Por eso, voy a votar en general a favor este proyecto y en particular, voy a votar en contra de la derogación de los regímenes previsionales de diplomáticos y de jueces y en contra de la incompatibilidad que se establece entre la condición de jubilado y el ejercicio de una actividad privada

RELACIONES INTERNACIONALES»

Proyecto de ley aprobando el Tratado de Paz y Amistad con Chile, referido al conflicto sobre el Canal de Beagle (13 y 14 de marzo de 1984)

13 y 14 de marzo de 1984
35ª Reunión – 5ª Sesión extraordinaria (Especial)
Diario de Sesiones – Tomo 4 – Páginas 3509 a 3513

Sr. Menem. — Señor presidente: cuando ya despunta un nuevo día posiblemente esto sea un símbolo, porque también puede estar despuntando un nuevo día para la historia de nuestro país, precisamente en un campo tan conflictivo como el de las relaciones internacionales.
En este largo debate que honra al Parlamento argentino y del cual nos debemos sentir orgullosos, por cuanto se han escuchado exposiciones brillantes que demuestran la unción y el patriotismo con que todos los representantes del pueblo se han preocupado por estudiar, profundizar y ver qué es lo más conveniente a los intereses de la Nación, pues ésa ha sido la guía que nos ha inspirado a todos, lo que ocurre es que consideramos cuestiones en las que las perspectivas son distintas, y por eso llegamos a conclusiones diferentes.
Las exposiciones han sido amplias, profundas y medulosas, todo lo cual, sumado a lo avanzado de la hora y a la necesidad de poner término a esta larga cuestión, hacen que me vea obligado a sintetizar mis argumentos. En esta síntesis seguramente se irán desordenando un poco las ideas, por cuanto no he traído una exposición escrita sino una simple ayuda memoria. De manera que no puedo hacer uso de esa franquicia consistente en solicitar una inserción en el Diario de Sesiones, tal como lo han hecho otros señores senadores, en consideración a lo fatigados que estamos todos. Pero de cualquier forma trataré de redondear y exponer muy brevemente mis ideas.
Señor presidente: ha sido y es muy conocida la posición que desde hace tiempo he venido manteniendo con respecto a este Tratado, posición que no ha sido aislada, ya que ha coincidido con la de muchos otros compañeros justicialistas. Y no me refiero solo a las figuras prominentes de mi movimiento sino también a muchos otros compañeros anónimos que se han manifestado con motivo de la consulta del 25 de noviembre, sobre la cual no quiero abrir juicio en este momento. Lo cierto es que muchos han concurrido, y no sólo los que siguen al partido oficialista sino también compañeros y simpatizantes de otros partidos políticos que, de buena fe, han expresado su opinión.
En este momento me siento en cierto modo intérprete de esos compañeros que concurrieron a expresar su voluntad de buena fe. Los que así lo hemos hecho, señor presidente y señores senadores, actuamos creyendo interpretar algunos de los mejores postulados de la doctrina justicialista, algunos de los principios que nos legara el general Perón. Podemos recordar que al volver el general Perón de Chile, después de celebrar la unión económica con el general Ibáñez del Campo, expresó ese decálogo americanista que la compañera senadora Gurdulich solicitó que fuera insertado en el Diario de Sesiones. Entre esos conceptos venidos en el decálogo el general Perón sostuvo que los pueblos de Chile y Argentina son real y efectivamente pueblos hermanos; que los chilenos eran considerados compatriotas por todos los argentinos y que ésta debe ser una concepción del honor nacional; que cada argentino debe comprometerse a trabajar en pos del acercamiento material y espiritual de los pueblos de Argentina y Chile, que son depositarios absolutos de esta alianza puesta bajo la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. También el general Perón decía que debíamos unirnos porque —y no se nos escapa— siempre habrá intereses que se nos opondrán.
Es por eso, señor presidente, que muchos justicialistas hemos tenido un espíritu de aprobación de este Tratado y así lo hemos expresado públicamente, porque entendíamos y entendemos que esta cuestión excede, de alguna manera, el marco partidario, y que, como nos decía el general Perón, primero está la patria, después el movimiento y finalmente los hombres. Consideramos que estábamos en libertad para decidir, de acuerdo con la interpretación de cada uno, qué era lo mejor para la patria.
En ese sentido, señor presidente, hemos venido manteniendo una posición, que era favorable a la aprobación del Tratado. Pero hace pocos días, precisamente el martes, quien habla se encontró con un hecho nuevo y desconocido. Al ser solicitados por nuestro bloque los originales del Tratado celebrado con la República de Chile y al examinar cuidadosamente la cartografía y los textos, nos encontramos en la carta número 111 con una —llamémosla así— irregularidad, que era una borradura en una leyenda que decía “Océano Pacífico” y que no estaba debidamente salvada en los originales. Desde luego que nos sorprendió y llamó nuestra atención.
Quienes practicamos y ejercemos el derecho —en mi caso desde hace más de veinte años— sabemos que en cualquier tipo de actos, hasta en los más simples contratos, cuando hay una testadura, enmienda o borradura, siempre se tiene en cuenta una elemental norma que dice que debe ser salvado al final del escrito. Nunca pensé que en un tratado internacional o en una carta que forma parte de él —porque así lo dice su artículo 17, y también lo mencionan expresamente dos artículos del anexo 2: el 1 y el 8—, pudiera existir una enmienda que no haya sido debidamente salvada.
Entonces, comencé a reflexionar sobre las consecuencias jurídicas, sobre qué podría ocurrir con esta cuestión, partiendo de una irregularidad de esta naturaleza. En primer término pensé que estábamos frente a un instrumento público, de acuerdo con la normativa del artículo 979, inciso 2, de nuestro Código Civil, que dice que son instrumentos públicos aquellos extendidos por oficiales o funcionarios públicos. Y ya sabemos que los instrumentos públicos se aprueban por sí mismos y hacen fe erga omnes, es decir, por sí solos.
La fe que emana de los instrumentos públicos es un elemento vital del tráfico jurídico: ya sabemos que ellos gozan de autenticidad; es decir que prueban su contenido por sí mismos. El carácter de instrumento público se aplica a todo instrumento extendido por el funcionario público, ya sea administrativo, legislativo o judicial. Es decir que respecto de la naturaleza del instrumento no caben dudas de que estamos frente a un instrumento público.
Ahora bien, ¿cuál es el efecto de esta irregularidad o vicio? Indudablemente está expresamente previsto por el artículo 989 de nuestro Código Civil, que dice que son actos anulables, porque se trata de un caso típico de nulidad manifiesta, de nulidad formal. Esto lo dice claramente Salvat en Parte General, tomo 11, página 22, en donde expresa que “‘es una garantía de verdad de los instrumentos públicos, perfectamente explicable y justificada cuando el instrumento público presenta enmendaduras, entrerrenglonaduras, borraduras o alteraciones no salvadas al final de él”.
Y agrega Borda en el tratado de Derecho Civil, Parte General, lomo II, página 202: “… que la salvedad deberá hacerse de puño y letra del oficial como garantía de seriedad de las correcciones”.
Esto nos lleva a sostener que, indudablemente, ésta es la normativa aplicable, de acuerdo con el artículo 989 del Código Civil, así como también con los artículos 1.044. 1.045 y 1.039. Omitiré realizar un análisis exhaustivo, pero son las normas aplicables.
De acuerdo con este criterio, estamos frente a un caso de nulidad parcial: pero es una nulidad parcial, que afecta a todo el Tratado, porque se trata de un acto que forma parte inescindible del mismo, forma parte de ese todo… Es una nulidad parcial pero que afecta a los distintos actos que integran ese Tratado.
Entonces, me pregunté: ¿cuál es la actitud a asumir frente a este caso? Indudablemente, la única forma de salvar esta irregularidad, esta nulidad, es mediante una subsanación expresa o mediante una confirmación expresa por parte de los mismos intervinientes en el acto.
Debo confesar que esta cuestión no la he decidido solo sino que he consultado a especialistas, a profesores de derecho civil; entre ellos hice la consulta a un profesor de derecho civil que seguramente es conocido del señor presidente y de muchos de los que estamos aquí presentes, ese distinguido profesor de la Universidad de Córdoba es Luis Moisset de Espanés, quien me expresó que compartía el análisis al cual yo había llegado respecto a que estamos frente a un acto anulable, por los vicios comentados, en cuanto no había sido debidamente salvada la borradura que contenía. (Aplausos.)
Apenas trascendió este hecho, se efectuaron las conversaciones a las que hice referencia; luego se hicieron las gestiones para averiguar ante el Vaticano respecto a cuál era el alcance de esta borradura que tenían los dos originales que estaban en nuestra Cancillería y que fueron traídos al Senado. De allá vino una comunicación que fue transmitida al cuerpo por parte del señor nuncio apostólico, en la cual dice que en todos los originales se constata una serie de tachaduras que son precisamente las que se habían advertido en este caso porque son notorias, evidentes e incontrastables.
Se dice en esta carta: “… aclárese que las modificaciones de que se trata han sido incorporadas a los tres juegos idénticos y del mismo tenor y con idéntica cartografía, firmados dos de ellos y en poder, respectivamente, de cada una de las partes, y el tercero queda depositado en la Oficina de la Mediación de la Santa Sede”.
Asimismo, se aclara que se utilizó cartografía preexistente dado que resultaba materialmente imposible en tiempo oportuno realizar cartas específicas para el citado instrumento internacional.
Cabe destacar, señor presidente, que esta cartografía preexistente en un mapa que provenía de la Armada Chilena, impreso en la ciudad de Valparaíso. Ese es el mapa en el cual se trazó la carta número III; que fue posteriormente objeto de la borradura a que vengo haciendo referencia.
También analizamos este instrumento para determinar si podía ser suficiente para salvar las irregularidades que venía comentando. Indudablemente, una comunicación efectuada por la Santa Sede, con toda la autoridad moral que reviste —no nos olvidemos que este Tratado está colocado bajo el amparo moral de Su Santidad y que, desde el punto de vista moral es eficaz—, no plantea problemas en ser aceptada como tal. Pero también es cierto que, desde el punto de vista jurídico, he llegado a la conclusión de que no tiene efectos de ninguna naturaleza por cuanto no emana de ninguna de las partes, sino que proviene de un tercero que, en este caso, vendría a ser el depositario de esos instrumentos.
Se ha sostenido, precisamente, que dado el carácter de depositario de estos tratados que ejerce el Vaticano, sí podría caber la virtualidad de enmendar ese vicio, en virtud de lo establecido por el artículo 77, inciso d), de la Convención de Tratados de Viena, que se refiere a cuáles son las funciones que puede ejercer el depositario de los tratados. Analizando el artículo 77, resulta que éste sólo autoriza al depositario a examinar si una firma, un instrumento o una notificación relativos al Tratado están extendidos en debida forma.
Es decir que este artículo no autoriza, no faculta o no legitima que los errores puedan ser salvados por el depositario, sino que este puede dar una simple certificación de cómo están extendidos.
Sobre este particular, en la obra El derecho de los Tratados, que fue elaborada por los doctores Ernesto de la Guardia y Marcelo Delpech, quienes precisamente intervinieron en las negociaciones, en la página 495 se dice que “no corresponde ningún tipo de pronunciamiento del depositario sobre la validez del acto jurídico respectivo”.
Si leemos la nota, señor presidente, advertimos que lo único que se hace es decir o corroborar que las enmendaduras están en todos los tratados. Pero, desde luego, no hay ningún pronunciamiento sobre la validez y no podría haberlo porque, como dijimos, la función del depositario de los instrumentos se limita a corroborar o a constatar si están extendidos en debida forma. Es decir que de ninguna manera este instrumento, esta carta, reitero que no desconozco todo el valor moral que tiene y la eficacia desde ese punto de vista, puede tener validez en el plano jurídico.
Entonces, señor presidente, nos encontramos con un Tratado que viene aprobado por la Cámara de Diputados pero que en el que se ha advertido un vicio, que yo estimo es de magnitud.
Desde luego, desde ningún punto de vista voy a poner en duda la buena fe de nuestros negociadores, de nuestro canciller y de quienes intervinieron en esta negociación. Estimo que no se trata de un acto de mala fe, pero creo que con la premura con que se ha actuado suelen ocurrir estas cosas y se les ha pasado por alto hacer la borradura o las aclaraciones correspondientes.
Descarto todo acto de mala fe o pretensión de engaño. Quiero ser bien claro y dejar a salvo la reputación de todos los que intervinieron en las negociaciones. Pero eso no es suficiente para salvar el vicio o la irregularidad que estamos señalando.
Indudablemente, existe una amenaza sobre este Tratado vinculada con su anulabilidad. por cuanto, de acuerdo con las normas de nuestro derecho interno, en la celebración del acuerdo se ha incurrido en un vicio que puede acarrear la nulidad no sólo de una carta de navegación sino también de todo el acto, en su totalidad, y que podría caer fulminado con esta sanción.
Sobre este asunto, posiblemente no podemos dejar de tener en cuenta, para analizar la extensión, el alcance o las consecuencias de esta irregularidad, la historia reciente y no tan reciente que hemos estado viviendo en todo este largo trámite del Tratado de Paz y Amistad con Chile. Porque cuando llegamos a la mesa de las negociaciones en 1978, cuando se inició la mediación papal, llegamos en inferioridad de condiciones. Argentina no se sentó a la mesa en igualdad de condiciones con Chile. Venía con una situación desfavorable.
¿Y por qué se sentó a la mesa de las negociaciones en condiciones desfavorables? Precisamente, por una serie de errores que se vinieron cometiendo sistemáticamente desde el año 1881 ya los cuales han hecho referencia algunos de los senadores que me precedieron en el uso de la palabra.
En el mismo Tratado de 1881 hay un error que cometieron nuestros negociadores, al dejar en forma ambigua la declaración de nuestros derechos. Esas ambigüedades se referían a las islas que están al sur del canal de Beagle, a cuál era la Patagonia, si la Patagonia era la que estaba solamente al norte del Magallanes o también comprendía a Tierra del Fuego, si la Tierra del Fuego comprendía nada más que a la isla Grande o también abarcaba el archipiélago, etcétera. Es decir que había una serie de imprecisiones que, cuando fueron analizadas por el Tribunal Arbitral de 1977, produjeron las consecuencias que ya todos conocemos: que todas las interpretaciones fueron en contra de los derechos de nuestro país. Y aún más: al no haberse agregado una cartografía a ese Tratado, las consecuencias fueron totalmente desfavorables, o sea que no ayudó en nada.
Pero ése no fue el único error. A continuación de ese Tratado, dejamos ocupar las islas sin adoptar ninguna actitud: estuvimos en una actitud pasiva, también con la cartografía.
Se ha hablado mucho sobre la cartografía, alguna favorable a Chile y otra favorable a la Argentina. Pero lo cierto es que mientras los chilenos pudieron exhibir algunos mapas emanados de la Argentina en los cuales las islas en disputa aparecían como de Chile, nosotros no pudimos exhibir ningún mapa de Chile donde las islas aparecieran como argentinas.
Es decir, señor presidente, que hubo errores incomprensibles, inadmisibles, cuando estaban defendiéndose los derechos de nuestro país en la zona en litigio. Pero los errores no fueron solamente ésos. Continuaron sucediéndose a través del tiempo, y sería largo enumerar a todos.
También fue un error el haber ido al laudo arbitral en 1971, el habernos sometido voluntariamente a ese laudo, no obstante que en 1964, con motivo de una consulta que hizo el canciller Zavala Ortiz a los especialistas Ago y Reuter, les decía que teníamos muy pocas probabilidades de salir airosos en un juicio arbitral. Nos sometimos al laudo de 1971 sin hacer la más mínima reserva con respecto al principio bioceánico, cuando ahí podríamos haber establecido una limitación en cuanto al pronunciamiento del árbitro.
También cometimos el error de aceptar un tribunal integrado, entre otros, por un señor llamado Fitzmaurice, que había sido defensor de Inglaterra en un pleito contra la Argentina y en el cual había calificado a nuestro país de usurpador y había presentado mapas en los cuales las islas en litigio aparecían como chilenas.
También se dice que dos de los integrantes del Tribunal Arbitral, el sueco Petren y el de Nigeria, estaban en el tribunal por haber sido propuestos por Chile.
En síntesis, señor presidente, se han sucedido una serie de errores inadmisibles a través del tiempo. No son sólo los que he mencionado, sino que hay muchos más.
Entonces, frente a toda esta negra historia que nos ha llevado a aparecer en la mesa de las negociaciones en desigualdad, en desventaja, los que estábamos en una posición favorable a la aprobación del Tratado pensamos que esta generación iba a hacerse responsable de los errores que se han cometido a través de los años. Dijimos que nosotros debíamos hacernos responsables, porque alguien tiene que pagar estos errores, no hemos llegado gratuitamente a esta situación, pero también pensamos que esto lo debíamos hacer considerando que estos errores debían terminarse aquí.
A partir de este momento no podemos admitir ningún otro error porque, en este caso, la historia nos sirve de experiencia, la historia es maestra de la vida y nos indica que esos errores no pueden repetirse en el futuro. Precisamente por esto, señor presidente, aceptamos y pagamos las consecuencias de esos errores y estamos dispuestos a aceptar el Tratado; pero no podemos hacerlo partiendo de un nuevo error, cuál sería el de introducir una carta que de por sí es dudosa, anulable y está viciada de nulidad. (Aplausos en las galerías.)
Reitero, señor presidente, que estamos dispuestos a aceptar los errores del pasado, pero no a cometer un solo error más; no vamos a perder un solo centímetro más de nuestro terreno por culpa de una desprolijidad, descuido o negligencia. Por eso no podemos admitir que se parta en esta nueva instancia de relaciones con el país hermano con un mapa sospechoso, que en el día de mañana, como lo señaló el señor senador Villada, pueda ser motivo de nuevos litigios y controversias. Y todos sabemos muy bien que en los últimos tiempos las controversias no nos han resultado muy favorables.
Para sintetizar, señor presidente, dejando a salvo y ratificando mi posición favorable a la aprobación del Tratado, que es coincidente con el mandato y posición del justicialismo de mi provincia, de los que no reniego, pero también sosteniendo que dicho Tratado, con ese vicio de irregularidad, no puede ser aprobado hasta que los cancilleres de ambos países lo firmen de común acuerdo y corrijan la carta que, según mi opinión, está viciada de nulidad, no puedo acompañar con mi voto favorable la aprobación del Tratado. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Proyecto de declaración de repudio de la agresión militar de EEUU a Libia (21 de mayo de 1986)

21 de mayo de 1986
2ª Reunión – 2ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 1 – Páginas 270 a 272

Sr. Menem. — Señor presidente: la comunidad internacional se ha visto conmovida en los últimos tiempos por la acción llevada a cabo por una de la más grandes potencias del mundo, los Estados Unidos de América, que procedió a bombardear a dos poblaciones civiles de Libia, bajo el pretexto de represalia por supuestas acciones terroristas.
Así la cosa, señor presidente, aparece un país juzgando unilateralmente supuestas acciones de otro. Y no sólo eso sino ejerciendo también directamente la pretensión punitiva, la pretensión represiva, y procediendo a atacar a poblaciones civiles, aun bajo la invocación de que lo hacía exclusivamente sobre objetivos militares, afirmación esta que se vio desmentida por los hechos, ya que las principales víctimas de esos arteros ataques fueron mujeres y niños.
Parece indudable, señor presidente, que este tipo de acciones constituye una manifestación evidente del más perverso terrorismo de Estado. Esta vez se usa la acción de la fuerza para infundir el temor, el terror, por parte de una nación fuerte a una nación más pequeña, atacando a hombres, mujeres y niños, produciendo bajas, dañando no sólo la vida sino también la integridad física y material del pueblo que, en este caso, fue objeto de la agresión.
Aparece claro que esta incursión aérea realizada por los Estados Unidos de América no sólo afecta el derecho de independencia y de autodeterminación de un pueblo, no sólo afecta los derechos humanos del pueblo libio sino que además es violatoria de elementales normas del derecho internacional.
Consideramos que la República Argentina no puede permanecer indiferente frente a la gravedad de estos hechos. En primer término, porque es integrante de la comunidad organizada e institucionalizada a través de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas tiene normas claras sobre estos temas, que han sido flagrantemente vulneradas por la potencia agresora. Me voy a permitir recordar algunas de estas disposiciones.
Entre los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1°, se menciona el de mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u litros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justica y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.
El artículo 2° obliga a los Estados miembros a proceder conforme a los siguientes principios: inciso 3) los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia; inciso 4) los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
Por su parte, el artículo 33 expresa que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
El artículo 39 establece que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
Por último el artículo 46 dice que los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.
Todas estas disposiciones han sido abiertamente violadas por la potencia agresora, que en vez de recurrir directamente al uso de la fuerza debió utilizar estos mecanismos de arbitraje y conciliación, que no es ni más ni menos que el uso de los medios pacíficos para garantizar la convivencia internacional.
Si en su momento la gran mayoría del pueblo argentino repudió el terrorismo de Estado, y lo hemos repudiado todos sin excepción porque padecimos en carne propia este terrorismo de Estado en el orden interno en los sangrientos años vividos entre 1976 y 1983, la República Argentina no puede menos que expresar su condena también cuando este terrorismo de Estado se ejerce en el orden internacional por parte de una potencia, cualquiera sea ella, y mucho más cuando se trata de una de gran poder, que tiene todos los medios a su alcance como para acudir a otro tipo de medidas a fin de encauzar a aquellos países que, según ella, han cometido acciones terroristas que merecen una represalia.
Si no actuamos de esta forma, señor presidente, con un criterio principista de reaccionar frente a estas agresiones internacionales, nada podremos decir en el día de mañana si se volvieran a repetir.
Hace pocos días Sudáfrica, Estado racista que hace discriminaciones a diario, atacó a pueblos vecinos con el pretexto de reprimir acciones terroristas.
Tampoco podremos decir nada en el futuro si se cumplen las amenazas de los Estados Unidos de no permitir crear en el umbral de su territorio otra Libia, refiriéndose concretamente al caso de Nicaragua. Si no repudiamos total y concretamente este tipo de acciones, nada podremos decir si se cumplen esas amenazas de bombardear o invadir al hermano país de Nicaragua.
Por otro lado, señor presidente, debo destacar una extraña coincidencia. Cuando ocurrió la agresión imperialista en contra de la Argentina, con motivo de las islas Malvinas, fueron precisamente estas mismas dos potencias las que se auxiliaron para despojar a nuestro país de sus legítimos derechos en el territorio de Malvinas. En aquella oportunidad fue Inglaterra, con el auxilio de Estados Unidos: en la agresión al pueblo libio fue Estados Unidos con el auxilio de Inglaterra.
No sé si será una extraña coincidencia o si fue una forma de revancha por aquel auxilio que en su oportunidad, nos prestó Libia. Porque no debemos olvidar que la República de Libia no sólo nos dio un respaldo moral y el voto en las Naciones Unidas a favor de las pretensiones argentinas, sino que fue uno de los pocos países del mundo —si no el único— que además nos auxilió materialmente, en ocasión de aquellos desgraciados días que vivió la Nación.
Este, señor presidente, es un acto de prepotencia, es un acto de crueldad por parte de una nación que, porque se sabe fuerte, se cree con el derecho de atacar a países más débiles.
Hace algunos días —cabe recordarlo— salió un artículo en el diario “La Voz del Interior” bajo el título “La otra cara del terror”, escrito por el periodista Enrique Lacolla, donde formula apreciaciones respecto de esta acción de los Estados Unidos, atribuyendo a este tipo de medidas el intento de reverdecer, de reflotar ese famoso principio, ese famoso mito de la superioridad americana, que se sintió vulnerado con motivo de la guerra de Vietnam en la que, no obstante atacar a un país más chico, fueron derrotados.
Quiero leer un párrafo de este artículo, que es bastante ilustrativo. Dice el periodista: “Ahora Reagan quiere reconstituir aquella creencia —se refiere al mito de la superioridad americana— realizando desde el poder la vieja ficción que en más de una oportunidad encarnó en la pantalla. Sus dotes de ‘comunicador’ —esto es de actor— encuentran un público predispuesto a creer en la leyenda del cowboy justiciero que resuelve todos los problemas de un balazo y que, sobre todo, está asistido por una razón que supera a todas las otras porque es la razón del más fuerte y del más rápido”.
Con estos fundamentos, señor presidente, quiero dejar constancia del apoyo de nuestra bancada a este proyecto, y decir que el segundo párrafo, cuya admisión hemos hecho, respecto del repudio al terrorismo en cualquiera de sus formas, no significa en modo alguno —no podría significarlo— que estamos avalando la idea de Estados Unidos de echar las culpas a un país determinado por supuestas acciones terroristas, porque no nos consta. Como dije al principio, han sido hechos juzgados unilateralmente y con supuestas pruebas que sólo la potencia agresora dice tener.
Nuestra actitud, de aceptar la inclusión de ese segundo párrafo, es de repudiar —como no podía ser de otra forma— toda acción del terrorismo, pero sin que esto tenga ninguna vinculación con las imputaciones de la potencia agresora.
Por todo ello, señor presidente, vamos a votar favorablemente este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración sobre el conflicto árabe-israelí (29 de agosto de 1990)

29 de agosto de 1990
20ª Reunión – 17ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Página 2412

Sr. Menem. — Señor Presidente: Creo que este cuerpo no puede permanecer en silencio frente a esta verdadera desgracia que está ocurriendo en Medio Oriente, en donde se están produciendo verdaderas masacres, que a diario nos hacen temblar por el terror que relatan las crónicas periodísticas que, diría, son crónicas del horror.
Cuando a través de los medios se ven los cuerpos despedazados, cuando se ven las casas arrasadas, cuando se ven hospitales destruidos, cuando se ven a los tanques pasar por arriba de las ambulancias, cuando se ve que se ametralla indiscriminadamente a aquellos que habiendo perdido todo están en los campos de refugiados, cuando se habla de que se están construyendo fosas comunes para enterrar a los muertos, cuando se ve que los aviones F-16 bombardean poblaciones indefensas lo mismo que los helicópteros artillados, pareciera que el horror no tiene límites, pareciera que la irracionalidad tampoco tiene límites.
Esto ocurre en un lugar donde, teóricamente, tendría que reinar la paz; en un lugar que es muy caro para las tres principales religiones monoteístas de la tierra: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo.
Pareciera que ni los preceptos religiosos, de los cuales están seguramente imbuidos todos estos pueblos, sirven de freno inhibitorio para evitar el horror que a diario nos conmueve.
Escenas como la que veíamos el año pasado, en la explanada de las mezquitas, donde un padre acurrucaba a su hijo de trece años, que no tenía nada que ver con el conflicto, pidiendo que por favor no le dispararan; y tuvo que llevarlo muerto a su casa.
Cuando vemos todos los días la cara del horror, creo que no podemos dejar de expresar nuestro dolor y preocupación. De alguna forma tenemos que pronunciarnos pidiendo a nuestro gobierno que interceda; que haga oír su voz ante quien tendría que velar por el orden internacional como es la Organización de las Naciones Unidas y que, en este caso, pareciera que se ha visto totalmente desbordada para contener el conflicto.
Se han celebrado muchos acuerdos. Todos han sido sistemáticamente violados. Desde hace muchos años hay resoluciones de las Naciones Unidas ordenando el retiro de Israel de las tierras ocupadas; más precisamente, desde la Guerra de los Seis Días, en 1967. Tampoco se han cumplido. Habíamos alentado esperanzas de paz con los acuerdos de Oslo. Tampoco se han respetado, y todos los días hay nuevos mártires sin nombre.
Recordamos, por ejemplo, que el entonces presidente de Egipto Anwar El-Sadat fue muerto por los propios egipcios por haber firmado el convenio de paz y que Isaac Rabin, primer ministro israelí, fue ejecutado por los propios judíos por haber tenido posiciones en favor de la paz.
Lo cierto es que hoy no se respetan ni siquiera los lugares sagrados: están acuartelados dentro de la Iglesia de la Natividad, cuya puerta ha sido volada para ver si se puede seguir la guerra adentro.
No importa cuál sea la religión que se profese. Creo que por encima de las religiones están el sentimiento de humanidad que, seguramente, nos anima a todos, y el respeto al prójimo. Recuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de estar, precisamente, en Belén. Conversé con el intendente de Belén, el señor Elías Freij, que era un palestino cristiano votado por la gran mayoría de árabes y judíos para ocupar ese cargo; un hombre que después tuvo una gran intervención en los procesos de paz de Oslo. El me dio su reflexión en estas palabras: “Dios quiso que aquí conviviéramos las tres grandes religiones y nosotros tenemos la obligación moral de respetar el mandato divino.” Pero nada de eso está ocurriendo. Por eso, hoy más que nunca creo que los organismos internacionales y las grandes potencias deben intervenir para hacer cesar esta guerra de locos; para que se deje de causar este agravio cotidiano a los más caros sentimientos del hombre.
Veo que las Naciones Unidas no han tomado el tema con la decisión con que, por ejemplo, lo hicieron cuando fue la invasión de Kuwait por parte de Irak. Vemos que el principal actor en estos intentos de conseguir la paz —el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell— está en la zona, pero me gustaría que el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Anan, también estuviera allí para garantizar una mayor imparcialidad ya que sabemos que los Estados Unidos no tienen una posición netamente imparcial sobre esta cuestión.
Ayer, en España, en ocasión de un homenaje a su persona, Ernesto Sábato se refería a esta tragedia que hoy enluta al mundo. Decía este laureado escritor argentino que pedía el cese de la masacre contra el pueblo palestino, despojado de sus tierras seculares, sumido en la miseria. Lo hacía en alusión a los ataques del Estado israelí y aclaró, además, que hacía ese llamado en favor del pueblo palestino con la misma contundencia con que en el pasado luchó por aliviar el padecimiento del judío.
De eso se trata, señor presidente. Se trata del respeto mutuo y de poder tener una convivencia pacífica.
De allí que en el proyecto de resolución en consideración se afirma que se cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas y que pueda coexistir en paz un Estado Palestino que, de una vez por todas, debe ser reconocido.
No puede ser que a un pueblo se lo haya tirado a los campos de refugiados o que haya tenido que buscar un lugar en los países vecinos, generando otro tipo de problemas en esos estados.
Solamente en Jordania hay un millón de palestinos refugiados.
Por supuesto, también corresponde respetar el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y, como se suele decir, con fronteras seguras.
Creo que todo el mundo debe responder a este llamado a la paz.
Ghandi, el gran maestro, decía que si se aplicara la ley del ojo por ojo todo el mundo quedaría ciego. Y pareciera que este mensaje del gran maestro de la India, de ese mártir de la paz, no es escuchado. Pero hoy se están haciendo esfuerzos.
Se habla del Cuarteto de España formado por Estados Unidos, Europa, Rusia y las Naciones Unidas. Ellos están haciendo un intento por la paz. También hay planes razonables de Arabia Saudita y de Alemania. Pero todos se basan en el mismo principio: la existencia de los Estados palestino e israelí, con respectivos territorios para vivir en paz y con dignidad.
Señor presidente: debemos darnos cuenta de que si no se detiene esta locura en este momento, estamos en peligro de que el conflicto se extienda a otras regiones y, por efecto de la tan mencionada globalización, no estaríamos ajenos a él.
Por eso, creo que hoy, desde el Senado argentino, es bueno que hagamos estas reflexiones, formulando un llamado a la paz, ya que somos un país de paz.
En estos años de la democracia hemos sido capaces de solucionar todos los conflictos con nuestros países vecinos y la Argentina ha cumplido un papel preponderante con sus miembros de los Cascos Azules y Cascos Blancos en la defensa de la paz en el mundo. Es más; muchos de nuestros soldados y gendarmes están en este momento en zonas conflictivas del mundo, resguardando la paz en zonas calientes por los enfrentamientos fundamentalistas, religiosos, políticos y raciales, conflictos que, lamentablemente, han venido a sustituir a la Guerra Fría, con cuya terminación creíamos que el mundo se encaminaba hacia la paz y hacia un orden internacional más justo. Por eso es bueno que hoy el Senado de la Nación haga este pronunciamiento sobre la base de las ideas de varios señores senadores que hemos presentado proyectos. Seguramente, va a ser compartido por todo el cuerpo.

Proyecto de ley sobre líneas de base y delimitación de los espacios marítimos (5 de septiembre de 1990)

5 de septiembre de 1990
Diario de Sesiones – Tomo 5 – Páginas 2585 a 2590

Sr. Menem. — Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto voy a hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley del señor senador Gass por el que se establecen líneas de base y delimitación de espacios marítimos que oportunamente se considerara juntamente con la Comisión de Pesca.
Señor presidente: este proyecto tiene una pequeña historia dentro de esta Cámara. Ingresó como mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo el 3 de septiembre de 1988; tuvo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto el 10 de marzo de 1988, la que aconsejó su aprobación con algunas modificaciones, dando origen al Orden del Día 267 del período de sesiones extraordinarias de 1887, que fuera impreso el 10 de marzo de 1988.
Como esta iniciativa no fue tratada durante el periodo parlamentario en el que ingresó ni en el siguiente, caducó el 30 de abril de 1988, de acuerdo con las prescripciones de la denominada “Ley Olmedo”, es decir la numero 13.640.
Posteriormente, el señor senador Gass hace suyo el proyecto del Poder Ejecutivo y lo presenta el 24 de mayo de 1989. Obtiene dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, dando origen al Orden del Día Nº 92 que fuera impreso ese mismo año.
Una vez sometido a consideración de este cuerpo el 6 de septiembre, por disposición de la Honorable Cámara vuelve a la citada comisión y es girado, además, a la de Pesca, recientemente creada, en cuyo seno se procede a realizar el análisis del tema. Se hacen reuniones conjuntas, como manda el Reglamento. Se consulta a expertos de la Cancillería y del Servicio de Hidrografía Naval.
Como digo, se hicieren reuniones, además de las consultas, con fecha 10 de febrero, 1º de marzo y 6 de marzo de este año.
Se concretaron consultas a miembros del Consejo Superior Profesional de Geología y se realizaron modificaciones que derivaron en un nuevo dictamen donde se compatibilizaron los distintos criterios existentes. Debo señalar que al concretar esta compatibilización también se tuvieron muy en cuenta las modificaciones propuestas por el senador por Santa Cruz, doctor Molina, que tuvo decidida participación en el estudio de este tema, modificaciones también suscritas por el senador Mac Karthy.
De esta forma, señor presidente, llegamos al dictamen que está a consideración de este cuerpo y firmado por la casi totalidad de los miembros de ambas comisiones, ya que sólo existe disidencia por parte del senador por Santa Cruz, específicamente con respecto al artículo 9º. Seguramente el senador Molina se referirá a ese tema durante su intervención.
He realizado este breve comentario para poner a la Cámara en conocimiento de que se trata de una iniciativa, con amplia trayectoria, que ha sido debidamente estudiada, donde se concretaron las consultas pertinentes y respecto de la cual se ha logrado un proyecto razonablemente aceptado que viene a terminar con una suerte de indefinición en nuestro país con respecto a la determinación exacta de sus líneas de base, de sus aguas interiores y de cuáles son, en definitiva, nuestros espacios marítimos; fundamentalmente nuestros derechos sobre dichos espacios.
Señor presidente: debo destacar que ya en nuestro Código Civil se manifestaba la preocupación por determinar estos espacios marítimos. El artículo 2.340 del viejo Código Civil, digo “viejo” Código Civil porque utilizo la numeración previa a la modificación introducida por la ley 17.711, establece cuáles son los bienes públicos. En su inciso I) determina que es el mar territorial, fijándole una extensión de una legua marina contada a partir de la línea de la más baja marea.
Esta modalidad, la de la línea de más baja marea, por supuesto no fue ocurrencia de Vélez Sarsfield sino que se seguía para dar forma a un criterio empleado en distintas legislaciones del mundo. Hasta hace muy poco tiempo, incluso, se continuaba contando desde la línea de la más baja marea. Por supuesto, también estableció una extensión de cuatro leguas marinas a los fines de los derechos de fiscalización que tenía nuestro país sobre este mar territorial.
Pero es claro. Con el tiempo han ido evolucionando los conceptos. Ya en el artículo 2.340 de la ley 17.711, norma que reformó el Código Civil de 1968, se establecía que el mar territorial debía determinarse por una ley especial.
En ese sentido, en nuestro país se dictaron numerosas normas con referencia a la extensión de nuestros derechos sobre el mar territorial. A simple título ilustrativo puedo mencionar la ley 17.094 de 1966, que establece la soberanía sobre el mar adyacente hasta las doscientas millas contadas desde la línea de más baja marea, en esa época se contaba a partir de la línea de más baja marea y la ley 17.500, de pesca, que establece doce millas para la captura de nuestros recursos vivos, en cuanto a naves de pabellón nacional. Mientras tanto, los decretos 5.106/66 y 8.802/67 regulan el acceso de buques extranjeros, con relación a recursos vivos, dentro del mar territorial argentino.
También tenemos la ley 18.502 que establece la jurisdicción provincial sobre el mar territorial adyacente hasta una distancia de tres millas, medidas desde las líneas de base fijadas en el artículo 19 de la ley 17.094. Precisamente, en nuestra legislación se habla de líneas de base establecidas en esa ley.
Esta jurisdicción, decía la ley 18.502, sería ejercida sin perjuicio de lo correspondiente al Estado nacional en toda la extensión del mar territorial. Pero la ley 20.130, modificatoria de la 17.500, establece que los recursos vivos de las zonas marítimas son productos exclusivos del Estado nacional.
Así las cosas, señor presidente, se sanciona la Convención sobre Derecho del Mar en el año 1982; fue suscrita oportunamente por nuestro país, establece conceptos fundamentales en lo referido a la determinación de los espacios marítimos y, en alguna medida, es considerada en el proyecto de ley que hoy tratamos.
Antes de entrar en el análisis en particular de esta iniciativa debo decir que el sistema de las líneas de base es el que en este momento aparece como más certero y seguro para la determinación de los espacios marítimos de nuestro país y de todos los que lo han aceptado. Ello es así, toda vez que se parte de determinaciones geográficas, de puntos fijos que se unen por líneas rectas y que son perfectamente establecidos de acuerdo con medidas geográficas y geodésicas, lo cual imprime una exactitud que permite determinar perfectamente al centímetro y posibilita no sólo establecer hasta dónde llega la jurisdicción argentina, sino todo el derecho de policía derivado de la determinación de la jurisdicción para poder consignar hasta que puntos llegan nuestros derechos y dónde comienzan los de los demás.
Hemos podido establecer estas líneas de base, señor presidente, porque la Convención sobre Derecho del Mar dice en su artículo 7º que en aquellos lugares en que la costa del mar tenga profundas aberturas y escotaduras y en donde haya una franja de islas a lo largo de las costas situadas en su proximidad inmediata podrán adoptarse como medida para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, las líneas de base rectas que unan los puntos apropiados.
Desde luego, las costas de nuestro país cumplen con estos requisitos, de manera tal que han podido ser perfectamente determinadas nuestras líneas de base. En ese sentido, se han establecido 404 puntos geográficos que van desde el denominado punto medio —límite exterior— del río, según el Tratado del Río de la Plata, y su frente marítimo hasta Punta Playa, en el grupo Tule del Sur, perteneciente a las islas Sandwich del Sur.
Debemos decir, señor presidente, que si bien la Convención sobre Derecho del Mar, aprobada por nuestro país, no se encuentra aún ratificada para que pueda ser considerada como un Tratado, con todo el carácter establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional, la doctrina internacional ha entendido que esta suscripción de la Argentina a la Convención sobre Derecho del Mar hace que esta norma constituya también una fuente de derecho, de manera similar al derecho consuetudinario.
Si bien el Tratado no ha sido aprobado aún por una ley, sí puede ser tenido en cuenta a los fines que estamos considerando.
Algunos de los conceptos que están contenidos en la Convención sobre Derecho del Mar ya han tenido aplicación en nuestro país a través de determinadas leyes, en las cuales se habla de mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva.
En la ley que aprueba el Tratado de Paz y Amistad con Chile, a raíz del conflicto del Beagle, se habla de zona económica exclusiva. En los tratados suscritos por nuestro país con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con Bulgaria también se hace referencia a la zona económica exclusiva.
Es decir, que si bien la Convención sobre Derecho del Mar aún no ha sido aprobada por ley en nuestro país, sus conceptos ya han sido aceptados y receptados en varias oportunidades por nuestra legislación positiva vigente.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Jorge D. Solana.
Sr. Menem. — Hechas estas aclaraciones, vamos a entrar en el análisis muy escueto de las disposiciones principales de este proyecto de ley puesto que, seguramente, el autor de la iniciativa también tendrá que decir lo suyo.
En el artículo 1º se fijan las líneas de base de la República Argentina; los distintos puntos que las forman se encuentran definidos en el anexo I y están graficados en la cartografía del anexo II. En este mismo artículo se establece que las líneas de base correspondiente al sector antártico serán definidas por una ley posterior.
En el artículo 2º se determina que las aguas situadas dentro de las líneas de base son aguas interiores de la República Argentina. Es decir, las aguas que están afuera de las líneas de base se denominan así: mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Las que están dentro de las líneas reciben el nombre de aguas interiores de la República Argentina.
El artículo 3º fija la extensión del mar territorial, señalando que se extiende hasta una distancia de doce millas marinas a partir de las líneas de base. Se entiende que sobre el mar territorial la Argentina posee y ejerce soberanía plena, lo que también hace sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de dicho mar.
Sobre el mar territorial se reconoce el derecho de paso inocente a buques de terceros Estados, siempre que dicho paso se practique de conformidad con las normas del derecho internacional y con las leyes y reglamentos que dicte nuestro país en su condición de Estado ribereño.
El derecho de paso inocente se refiere a todo aquel derecho de transito que no implique poner en peligro la seguridad del Estado ribereño. Debemos destacar que esta expresa mención que está incluida en el artículo 3º se hizo a pedido del señor senador por Santa Cruz, en lo que hace a la determinación de cuál es el derecho que otorga el mar territorial dentro de las 12 millas. Pero además está reconocido en el derecho internacional y en la Convención sobre Derecho del Mar. En lo que hace al derecho de paso inocente, dicho concepto ha sido incluido de acuerdo con una propuesta formulada por nuestra Cancillería.
El artículo 4º fija la zona contigua argentina hasta una distancia de 24 millas marinas a partir de la línea de base. Aquí debemos establecer una precisión de las líneas de base: hasta las 12 millas es mar territorial; a partir de las 12 y hasta las 24 millas debe entenderse que es zona contigua, con los derechos que establece el artículo 4º de nuestro proyecto de ley. Este dice que la Nación Argentina en ejercicio de su poder jurisdiccional, podrá en esta zona prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos en materia fiscal, sanitaria, aduanera y de inmigración, que se cometan en su territorio y en su mar territorial. Esto corresponde a la zona contigua y se ha incluido a propuesta de nuestra Cancillería.
En el título 5 se fija cuál es la zona económica exclusiva argentina, estableciendo que es de 200 millas marinas contadas a partir de las líneas de base. Se determina aquí cuál es el núcleo fundamental de lo que comprende esa zona económica exclusiva y es que la República Argentina ejerce derechos de soberanía exclusivos para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y los vientos.
Es decir que el aspecto fundamental, de la zona económica exclusiva es que la República tiene un derecho soberano en lo que hace a la exploración y explotación de todos los recursos existentes en esa zona.
Además se establece que las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 200 millas, cuando se trata de especies de carácter migratorio o aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva argentina.
Con respecto a los derechos que da la zona económica exclusiva, que se incluyeron a pedido del señor senador Molina, también se reconocen de la misma manera en la Convención sobre Derecho del Mar, a la que hice referencia hacer unos momentos.
El artículo 6º define y fija los límites de la plataforma continental a partir de las líneas de base y sobre la cual ejerce soberanía la República Argentina. Sobre este particular se establece este sistema: que la plataforma continental se extiende hasta donde llega, siguiendo la línea del continente. Pero si no se extendiera más allá de las 200 millas, debe entenderse que la soberanía se extiende hasta las 200 millas. Si geográficamente la plataforma se extiende más allá de las 200 millas, indudablemente nuestros derechos serán hasta los bordes adonde llegue dicha plataforma.
El artículo 6º establece que esta plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el margen exterior o borde continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base, tal como dije hace un momento.
Hasta aquí me he referido a los aspectos fundamentales de los espacios marítimos: he hablado del mar territorial, de aguas interiores, de la zona contigua, de la zona económica exclusiva, y acabo de referirme a la plataforma submarina.
En su artículo 7º el proyecto define los límites exteriores de los espacios marítimos, a los que vengo aludiendo; éstos quedan definidos por sus distancias desde las líneas de base fijadas en el artículo 1º del proyecto.
Para evitar cualquier duda se establece a cuanto se extiende la milla marina. En efecto, se entenderá por milla marina la milla náutica internacional, equivalente a 1.852 metros.
En el artículo 8º se establece la obligación para el Servicio de Hidrografía Naval de editar y actualizar las cartas con los límites establecidos en los artículos 1°, 3º, 4º y 5º del proyecto, previa aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a efectos de su oportuna publicación.
El artículo 9º establece el derecho exclusivo de la República Argentina de “construir, autorizar y reglamentar la construcción, el funcionamiento y la utilización de todo tipo de instalaciones y estructuras, ejerciendo sobre las mismas su jurisdicción exclusiva, inclusive en cuanto a leyes y reglamentos en materia fiscal, aduanera, sanitaria y de inmigración”. Sobre este artículo 9º se ha producido una disidencia del señor senador Molina, en virtud de la cual la realización de ejercicios o maniobras militares, de terceros países en esa zona sólo puede hacerse por expresa autorización del Congreso de la Nación.
Esta propuesta no ha sido aceptada, porque entendemos que ésta es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, por otra parte, la ha venido ejerciendo hasta ahora.
Someter a consideración del Congreso la realización de maniobras militares de terceros países, muchas veces conjuntas con fuerzas argentinas, daría lugar a un límite demasiado engorroso que podría acarrear algún tipo de problema operativo.
El artículo 10 modifica los artículos 585, 586, 587 y 588 del Código Aduanero, para adecuarlos a esta nueva terminología y a estos nuevos ámbitos que se establecen en el proyecto. En efecto, el Código Aduanero hacía referencia exclusivamente al mar territorial, el cual, como sabemos, se extendía a 12 millas. De este modo extendemos los derechos del país en materia aduanera hasta la zona económica exclusiva, es decir, hasta las 200 millas marinas.
Estos son, señor presidente, los aspectos fundamentales de este proyecto que he querido señalar muy sintéticamente. Se trata de un importante proyecto de ley porque, como dije anteriormente, posibilita que la Argentina determine con exactitud hasta dónde llegan sus derechos.
Podrá advertirse que hay una suerte de graduación, que va desde las aguas interiores, que están equiparadas al territorio, hasta la zona económica exclusiva.
Por supuesto, esta norma incorpora a la Argentina al conjunto de los países que han aceptado la terminología aquí utilizada y todos los conceptos que contempla la Convención sobre Derechos del Mar.
Sobre este particular debo señalar que este Congreso tiene a su consideración la ratificación de la Convención sobre Derechos del Mar que, lo menciono a título informativo, fue sancionado por 159 países, de los cuales 42 ya la han ratificado. Aun cuando la Convención no ha entrado en vigor, para lo cual se requieren 60 ratificaciones, sus disposiciones ya se consideran normas consuetudinarias de derecho internacional.
Cabe destacar que por declaración conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Soviética del 23 de septiembre de 1988, se expresa que sus gobiernos se guiarán por las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, de 1982, con respecto a los usos tradicionales de los océanos, que constituyen generalmente el derecho y la práctica internacional, la que equilibra de manera equitativa los intereses de todos Estados, y se reconoce la necesidad de alentar a los Estados a armonizar sus leyes, reglamentos y prácticas con esa disposición.
Esta declaración conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Soviética tiene importancia porque Estados Unidos es uno de los países que no ha suscripto esta Convención. Es decir, siendo uno de los países que no la ha firmado, al rubricar esta declaración reconoce su existencia, e indudablemente, la considera como norma de derecho consuetudinario.
Por estas breves consideraciones, señor presidente, solicitó que se apruebe este proyecto de ley por el que se establecen líneas de base y delimitación de espacios marítimos y se introducen modificaciones.

Proyecto de ley aprobando la Constitución del Mercosur (24 y 25 de julio de 1991)

24 y 25 de julio de 1991
16ª Reunión – 9ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo Mayo/Julio – Páginas 1278 a 1280

Sr. Menem. — En primer término, señor presidente, conforme con lo acordado, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley por el que se aprueba al Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay.
Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por La Rioja.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: la necesidad de tratar otros temas también de trascendental importancia para el país hace que formule una muy sucinta exposición respecto de este tema que también reviste un extraordinario valor. Se trata de aquellos temas que quizá podríamos votar prácticamente a libro cerrado y sin discusión porque son los que han concitado la adhesión casi unánime del país. Pero debido a su trascendencia también creo que es necesario hacer algunas referencias concretas al mismo.
Con este Tratado, cuya aprobación hoy proponemos, se da un paso muy importante hacia un objetivo que creo está presente en el ánimo de todos los latinoamericanos, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo, tanto tiempo que creo permite afirmar que formó parte del ideario de nuestros libertadores, de los prohombres que consiguieron libertar nuestro continente. Me estoy refiriendo a San Martín y a Simón Bolívar.
Desde hace mucho tiempo se vienen dando muchos pasos hacia la integración. En numerosas oportunidades se han creado instrumentos y se han lanzado numerosas ideas, pero recién en los últimos años se han empezado a dar pasos concretos y efectivos. Ya el Tratado de Montevideo de 1980 por el que se creó la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, constituía un paso concreto y preanunciaba la concreción de nuevas etapas en este propósito de integración.
En cuanto a las relaciones bilaterales entre los distintos países, concretamente en nuestro caso el Tratado de Integración con el Brasil que fue propuesto e iniciado por el anterior gobierno constitucional y seguido en un todo por el actual, también constituyó otro paso importante.
Ahora con éste, que por imperio del mismo se denomina Tratado de Asunción, se da un paso más trascendente, porque por primera vez son cuatro naciones que se ponen de acuerdo aquí, en el Cono Sur, para cumplir este objetivo trascendente de constituir un mercado común, que significa ganar o ampliar el espacio de nuestros mercados nacionales en estos tiempos en que las economías nacionales en el orden internacional son superadas por las economías a escala en un mundo que está cambiando en sus relaciones, donde los países tratan de agruparse para responder a este nuevo desafío que crean las cada vez mayores necesidades de los pueblos de todos los países.
En otros lugares ya se han producido este tipo de integraciones. Tenemos el caso concreto de la Comunidad Económica Europea, por supuesto en un estado más avanzado respecto de lo que hoy proponemos y también con su organismo complementario como es el propio Parlamento Europeo.
Desde hace tiempo estamos configurando nuestro propio Parlamento Latinoamericano. Al respecto, en este mismo Congreso, en 1987 aprobamos la correspondiente institucionalización, y seguramente con el transcurso del tiempo le podemos imprimir la fuerza que actualmente posee el Parlamento Europeo.
Además, a través de este tratado estamos intensificando las relaciones surgidas del Tratado de Montevideo, de 1980.
Ahora bien, ¿qué implica esto concretamente? ¿Cuáles son los medios para lograr este Mercado Común, denominado también Mercosur, por imperio del Tratado cuya aprobación hoy procuramos?
En primer término, implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias.
En segundo lugar, y refiriéndome a las disposiciones del Tratado, se apunta a la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales en materia de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones, a fin de asegurar condiciones de competencia adecuada entre las partes contratantes.
En tercera instancia, se procura establecer un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación a terceros Estados.
Por último, se apunta a la posibilidad de armonizar las legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
Estos son los medios, los elementos, los instrumentos a través de los cuales se quiere lograr ese objetivo final que es la constitución de un mercado común.
Por supuesto, esta conformación no es instantánea, ya que recién está prevista para el 31 de diciembre de 1994. Pero mientras tanto se avanza en una etapa de transición que también presenta algunos mecanismos transitorios como, por ejemplo, los que integran la estructura orgánica a través de la que nos manejaremos hasta la fecha prevista, antes de la cual, de acuerdo con las disposiciones del artículo 18 del Tratado, se tendrá que estructurar la conformación definitiva de los organismos de conducción y de ejecución del Mercosur.
Los organismos previstos para la transición son, en primer término, el Consejo del Mercado Común, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los países miembros de este Mercosur. Esta sería la conducción política que tendría a su cargo la adopción de las decisiones para el manejo de la institución.
En cuanto a la realización de reuniones está previsto que ellas se lleven a cabo todas las veces que sea necesario; pero por lo menos una vez al año se deben hacer con participación de los Presidentes de los cuatro países que lo integran.
La Presidencia se ejerce en forma rotativa, por orden alfabético, y con una duración de seis meses.
Por otro lado, existe un organismo denominado Grupo Mercado Común, que es coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y está integrado por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por cada uno de los países, que representan a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y a los Bancos Centrales de los Estados miembros.
Este organismo, el Grupo Mercado Común, tiene funciones ejecutivas, su misión es velar por el cumplimiento del Tratado y tomar las providencias necesarias para la concreción de las decisiones adoptadas por el cuerpo anteriormente mencionado, es decir el Consejo del Mercado Común.
Como dije anteriormente, la estructura definitiva deberá acordarse entre las partes antes del 31 de diciembre de 1994.
Este Mercado Común que empieza siendo integrado por los cuatro países que anteriormente mencionara, no cierra sus puertas. Por supuesto no podría hacerlo, porque de lo que se trata es de lograr la integración de todos los países de América Latina.
Por esta, razón es que se prevé una cláusula de adhesión para que los demás países que forman parte de la ALADI puedan integrarse oportunamente al Mercosur. ¿Y cómo se logra esa integración? A través de una negociación. El proyecto de ley establece un plazo al indicar que se examinarán las solicitudes luego de transcurridos cinco años de constituido el Mercosur. Pero también cuenta con una cláusula que admite una incorporación anterior, también negociada, siempre y cuando el país que quiera ingresar no integre algún otro organismo subregional o extrarregional que tenga el mismo objetivo que el Mercosur. Esto quiere decir que las puertas están abiertas pero, por supuesto, con ciertas condiciones que aseguren la consecución de los fines establecidos en este Tratado.
Existe una fecha de entrada en vigencia: luego de transcurridos treinta días desde la ratificación de este Tratado por parte del tercer país que lo haga. Es decir que luego de transcurridos treinta días de la tercera ratificación entra en vigencia el Tratado que hoy consideramos.
Como la Argentina ha sido uno de los gestores, el principal impulsor de este mercado común, me he permitido sugerir que también sea uno de los primeros en efectuar la ratificación; y de ahí este fundamento un poco tardío del pedido de tratamiento sobre tablas. Porque si hemos sido los impulsores es lógico que también tratemos de ser los primeros en aprobar este Tratado que, por un lado, tiene una vigencia, una duración indefinida, pero que también contempla una cláusula que permite su denuncia. Concretamente, un país puede retirarse, por supuesto cumpliendo una serie de requisitos contemplados en este mismo Tratado.
Para no abundar en mayores detalles debo decir que también se crea una Comisión Parlamentaria con el objeto de facilitar la conformación de este mercado común, que se integrará con legisladores de los cuatro países que integran el Mercosur.
Sobre este tema, que está previsto en el artículo 24, debo hacer la siguiente acotación. Algunos señores diputados propusieron a nuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que al depositar el instrumento de ratificación, se hicieran algunas reservas, en el sentido de que, en caso de que se decidiera constituir algún parlamento subregional, de acuerdo a lo que faculta el artículo 3º, inciso j), de institucionalización del Parlamento Latinoamericano, ello no obstaría a la constitución y funcionamiento de esta comisión parlamentaria conjunta, a la que hace referencia el artículo 24.
Nosotros hemos, entendido que no es necesario efectuar reserva alguna por cuanto no hay ninguna norma en el tratado que establezca una incompatibilidad entre el funcionamiento de ese parlamento subregional y de esta comisión conjunta que prevé, repito, el artículo 24.
De todos modos, si llegara a quedar alguna duda, quiero manifestar a título de declaración expresa que sirva el día de mañana para una interpretación auténtica, y lo propongo a este cuerpo, que nuestra interpretación del artículo 24 es que no se establece ninguna incompatibilidad con el funcionamiento de un parlamento subregional, al cual hace referencia el artículo 3º, inciso j) del Tratado de institucionalización del Parlamento Latinoamericano.
Este Tratado que estamos considerando, consta de veinticuatro artículos divididos en seis capítulos y cinco anexos, que establecen una serie de pautas o normas tendientes a facilitar la aplicación de lo convenido entre los cuatro países.
No me voy a dejar vencer por la tentación de seguir explayándome sobre este tema que creo muy caro a nuestros sentimientos, de argentinos y de latinoamericanos. Simplemente, quiero concluir solicitando la aprobación de esta iniciativa y reiterando que se trata de un paso muy importante hacia este propósito de integración latinoamericana tantas veces declamado y tan pocas veces cumplimentado. Por esto considero auspicioso que hoy podamos sancionar este proyecto de ley que aprueba el instrumento conocido como Tratado de Asunción, por el que se crea el Mercado Común del Sur o Mercosur.

Discurso como Presidente de la Asamblea Legislativa en ocasión de la visita oficial de la Presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, (26 de marzo de 1992)

26 de marzo de 1992
Asamblea Legislativa
Diario de Sesiones – Tomo 1° – 1ª Parte – Páginas 5844 a 5846

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.
Excelentísima señora Presidenta de la República de Nicaragua, Honorable Asamblea, señores invitados especiales:
El Congreso de la Nación Argentina, a través de su máxima expresión que es esta Asamblea Legislativa, tiene hoy el alto honor de recibir a la señora presidenta de la hermana República de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro.
La satisfacción y el beneplácito que hoy sentimos los que integramos el Parlamento argentino, que representa el más amplio espectro del pluralismo político nacional, no lo es sólo porque recibimos a quien consagrada por el voto popular ejerce la primera magistratura de una nación amiga, sino también en atención al respeto y a la admiración que nos inspira su persona por sus antecedentes, su trayectoria y su incansable lucha como mujer, como periodista y como dirigente política.
Nuestros pueblos, distinguida señora, están entrañablemente unidos, no solamente porque compartimos el territorio de un continente, hablamos la misma lengua, tenemos identidad de razas y similares antecedentes históricos, sino también porqué hemos afrontado los mismos problemas para alcanzar nuestra independencia, para consolidar nuestra democracia y para lograr un mayor bienestar para nuestros compatriotas. También estamos unidos por la imperiosa necesidad de encontrar los caminos y los mecanismos para lograr que la paz se instaure definitivamente, no sólo en nuestros países sino en el mundo entero, desterrando para siempre la violencia irracional que constituye una lacra para el género humano.
Somos conscientes de que ha llegado una nueva hora para Nicaragua, para la Argentina, para toda América latina. Hoy nuestros países están afrontando con decisión y audacia el desafío de ser protagonistas de grandes transformaciones sociales y económicas a través de reformas estructurales para que el Estado pueda dar adecuada respuesta a las reales necesidades de la gente.
Además, queremos integrarnos activamente al nuevo orden internacional en gestación, sustituyendo el atávico concepto de dependencia por la moderna concepción de la interdependencia, en la cual nuestros países pasen a ser protagonistas y no meros testigos de los profundos cambios que se están produciendo.
Señora presidenta: al comienzo de estas palabras había expresado nuestra admiración hacia su persona y no puedo dejar de referirme en ese sentido al temple inquebrantable que usted demostró cuando el dolor de la muerte y la tragedia golpearon las puertas de su propio hogar, arrebatándole al compañero de toda su vida, el ilustre periodista don Pedro Joaquín Chamorro. Fue en esos momentos aciagos en que, cuando las presiones de toda índole le imponían el aislamiento y quizá la seguridad del exilio, no trepidó en rechazarlos para ponerse de pie y enfrentar el desafío con todos los riesgos que ello implicaba y en su propio país.
Fue así como continuó luchando por sus ideales de libertad y justicia, tanto desde el combativo diario “La Prensa” como desde la Junta de Gobierno que se constituyera luego de derrotada la dictadura, y como lo sigue haciendo ahora desde el alto sitial en que la ha colocado su propio pueblo.
Además de valorar su temple como mujer, reconocemos sus condiciones y su visión de estadista al conducir en momentos muy difíciles los destinos de su país hacia los objetivos que señalara al asumir su presidencia: consolidar las libertades democráticas, impulsar al máximo la producción económica, reducir las desigualdades sociales y gobernar con espíritu de reconciliación. A tales fines convocó a todos los sectores de la vida nacional, incluyendo la participación de adversarios políticos en funciones importantes de gobierno.
Señora Presidenta: sabemos de las dificultades económicas por las que su país atraviesa, al igual que el resto de las naciones latinoamericanas, pero sabemos también de su firme decisión de enfrentarlas a través de un severo programa de estabilización económica, de privatización de las grandes empresas nicaragüenses, de contribuir a la revitalización del Mercado Común Centroamericano y de la celebración de acuerdos de libre comercio con otros países de América.
En esa lucha, señora presidenta, Nicaragua no está ni estará sola porque ha llegado la hora de la integración latinoamericana y hemos iniciado el camino hacia esa Patria Grande con que soñaron nuestros grandes hombres. Sabemos que ese tránsito no será fácil, pero estamos dispuestos al sacrificio porque, como decía nuestro general don José de San Martín, “…el verdadero patriotismo, en mi opinión, consiste en hacer sacrificios. Hagámoslos y la patria sin duda alguna será libre; de lo contrario, seremos amarrados al carro de la esclavitud….”
Por todo ello, señora Presidenta, su visita a nuestro país resulta trascendental, no sólo porque consolidará nuestros tradicionales vínculos de amistad y fraternidad sino también por los importantes convenios que se celebrarán y que redundarán en beneficio de nuestros países.
Dentro de ese marco de amistad no puedo dejar de señalar y de agradecer el apoyo irrestricto que dio Nicaragua en todos los foros internacionales a las legítimas reivindicaciones de la República Argentina sobre las islas Malvinas, así como también de destacar la participación que tuvo nuestro país en el Grupo de Apoyo a Contadora para la solución pacífica y negociada del conflicto centroamericano y en la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento del Acuerdo de Esquipulas II, sin olvidar por cierto la intervención del actual Presidente argentino en octubre de 1989 en las gestiones para prorrogar el cese del fuego entre el gobierno y la resistencia nicaragüenses, lo que mereció el reconocimiento de los gobiernos de Nicaragua y de los Estados Unidos. Es decir, señora presidenta, que ayer fueron Ortega y Alfonsín; hoy son Chamorro y Menem. Cambian los gobiernos, cambian los signos políticos, pero siempre nicaragüenses y argentinos estarán juntos en la lucha por lograr nuestra independencia y nuestra libertad. (Aplausos.)
Señora presidenta: nuestros pueblos tienen un pasado común que los une como parte de la gran nación latinoamericana, un presente que están construyendo ellos mismos con trabajo, con esfuerzo, con imaginación y creatividad, y un futuro que estamos seguros será venturoso para todos los latinoamericanos.
Para ellos debemos hacer del amor un arma todopoderosa, de la fraternidad una consigna, de la democracia un estilo de vida y de la libertad una bandera fundacional.
Si quisiéramos encontrar una síntesis de los indestructibles lazos que unen a nuestros pueblos, podríamos citar al inmortal Rubén Darío, a quien siendo nicaragüense lo sentimos como argentino. En testimonio de ello cabe recordar el histórico brindis que hicieron nada menos que Pablo Neruda y Federico García Lorca en ocasión de un homenaje que le rindieron al ilustre poeta nicaragüense en la primavera de 1933, precisamente aquí, en Buenos Aires.
Refiriéndose a Rubén Darío como el poeta de América y España, decía Lorca: “Pablo Neruda, chileno, y yo, español, coincidimos en el idioma y en el gran poeta nicaragüense-argentino-chileno y español Rubén Darío”. Y luego expresaban al unísono: “…por cuyo homenaje y gloria levantamos nuestros vasos”.
Creo que el mayor homenaje que hoy podemos rendir a nuestros pueblos —distinguida señora— es ponerlos bajo la advocación de las inmortales palabras de Rubén Darío: “Paz para los creadores, descubridores, inventores, rebuscadores de verdad. Paz a los poetas de Dios. Paz a los activos y a los hombres de buena voluntad”. (Aplausos prolongados.)

Proyecto de ley aprobando el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (24 de marzo de 1993)

24 de marzo de 1993
58ª Reunión – 15ª Sesión Extraordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 5005 a 5011

Sr. Presidente. (Britos). — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: hoy tengo la inmensa satisfacción de informar a este cuerpo el dictamen suscrito por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud del cual se propone dar aprobación al mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, o Tratado de Tlatelolco, adoptado en México, el 14 de febrero de 1967, y las enmiendas introducidas el 3 de julio de 1990, el 10 de mayo de 1991 y el 26 de agosto de 1992.
La aprobación de este Tratado constituye la feliz culminación de una política firme y coherente que desde hace muchos años ha venido llevando a cabo en esta materia el gobierno argentino a través de los distintos signos políticos que han ocupado el Poder Ejecutivo nacional.
Digo que es la feliz culminación porque no hace más que confirmar y ratificar el espíritu pacifista de nuestro país, que ha venido reafirmándose a través de distintos actos de cooperación, de entendimiento y de acercamiento, no sólo con otros países de América latina sino también del mundo.
Hoy no podríamos entender bien la aprobación del Tratado de Tlatelolco si no hiciéramos algunas referencias sobre cómo fue gestado.
Quienes actuamos en política y quienes no lo hacen, escuchamos hablar de Tlatelolco desde hace casi veintiséis años. Tanto en materia de defensa como en materia nuclear, en la relación con otras naciones y en la inserción de la Argentina en el mundo surgía la pregunta de si nuestro país ratificaba ese tratado o no. Los que tenemos la oportunidad de estar en contacto con los gobiernos de otros países escuchamos siempre la misma pregunta: ¿Cuál es la posición de la Argentina y por qué no ratifica Tlatelolco?
En realidad, la historia de este tratado prácticamente se remonta a la era nuclear. Cuando los siniestros hongos atómicos provocados por las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki se perfilaron en el horizonte del mundo, se produjeron dos reacciones totalmente distintas y en sentido contrario. Por un lado, se inició una gran carrera armamentista: las grandes potencias también quisieron transformarse en potencias nucleares.
Así, en 1949 pasó a pertenecer al “club nuclear” la Unión Soviética, en 1952 lo hizo Gran Bretaña; en 1964, Francia, y luego también lo hizo la República Popular China. Vemos así que las explosiones mencionadas incrementaron la carrera armamentista.
Por otro lado, surge en la conciencia de la humanidad el peligro que entrañan las armas nucleares. Fue así como al mismo tiempo nació un sentimiento que se llevó a la acción, en el sentido de trabajar para que la energía nuclear sirviera a fines pacíficos.
Así, el presidente Eisenhower lanzó su famoso plan de “Átomos para la paz”, en 1953, promoviendo la creación de un organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas como salvaguardia en esta materia. Por una parte, se trataba de evitar la proliferación de las armas nucleares y, por la otra, de trabajar para que los átomos fueran utilizados realmente para la paz. Fue así como en 1957 se llega a la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, actualmente vigente.
Hasta ese momento América latina era un mero espectador. Pero en 1962 surge el conflicto de los misiles en Cuba. Recordemos la zozobra que vivió el mundo y especialmente nuestro continente cuando Estados Unidos decidió bloquear a Cuba como consecuencia del emplazamiento de misiles procedentes de la Unión Soviética. Fue entonces cuando por primera vez en América latina sentimos muy de cerca el peligro de que nuestro territorio, nuestro espacio territorial, fuera usado como escenario por las potencias nucleares mundiales para dirimir sus diferencias.
Ahí se inicia un proceso tendiente a evitar que ello ocurriera y se comienza a gestar el Tratado de Tlatelolco, creación en la que la Argentina tiene una participación decisiva porque fue líder regional en materia de investigación nuclear a partir de 1950, cuando se creó la Dirección Nacional de Energía Atómica, que fue el antecedente inmediato de la actual Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay mucho para hablar de lo que significó en nuestro país el comienzo de la investigación nuclear en la época del profesor Ritcher y de todos los demás investigadores que se dedicaron a esta materia.
Así, entonces, se gesta el Tratado de Tlatelolco, el cual se firma en 1967 y constituye el primer convenio que impide la proliferación nuclear en zonas del planeta densamente habitado. Aún hoy sigue siendo el Tratado más importante celebrado en materia de no proliferación nuclear, porque si bien anteriormente se habían suscrito otros dos Tratados —el de no proliferación de armas nucleares en la Antártida, en 1959, y el de no proliferación de armas nucleares en el espacio ultraterrestre— ninguno de ellos se refería a territorios densamente habitados. El de Tlatelolco tiene la importancia de excluir los armamentos nucleares en las zonas densamente pobladas, ¿Cuáles son los fines del Tratado de Tlatelolco?
El mismo preámbulo de este importante convenio dice: “… contribuir en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente los nucleares, y a la consolidación de un mundo en paz, fundado en la igualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y la buena vecindad”. Y agrega también que la desnuclearización militar de América latina constituirá una medida que evite a sus pueblos el derroche en armamento nuclear de sus limitados recursos y que los proteja contra eventuales ataques nucleares a sus territorios; una significativa contribución para impedir la proliferación de armas nucleares y un valioso elemento en favor del desarme general y completo.
En la parte dispositiva del artículo 10 del tratado las partes deciden, en primer lugar, utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidas a su jurisdicción, y así se prohíbe el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma y, en segundo término, el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o por cualquier otro modo, y las partes se comprometen también a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier forma.
Aquí se hace referencia no sólo a la posesión de las armas nucleares sino también al hecho de no posibilitar ningún tipo de experiencia nuclear en la zona. Porque recordemos que en esa época las potencias nucleares estaban tratando de buscar zonas en donde hacer ensayos nucleares que estuvieran fuera de sus países, para evitar los problemas causados por la radiactividad. Se hizo famoso el atolón de Bikini, en donde se efectuaban experiencias nucleares, para evitar hacerlas en los países de origen.
No podemos dejar de mencionar, al esbozar esta importante trayectoria de desnuclearización de nuestro continente, la relación argentino brasileña. Nosotros tuvimos oportunidad de tratar en este mismo Senado dos convenios que celebró la Argentina con el Brasil respecto de este tema, que se plasmaron en las leyes 24.046 y 24.113. Pero, cuando yo decía al comienzo de mi exposición que hay una larga trayectoria en la política argentina en esta materia, me refería a que tenemos que remontarnos a 1980, cuando por primera vez la Argentina y el Brasil firmaron un tratado de cooperación nuclear.
¿Por qué la Argentina y el Brasil? ¿Por qué yo digo que tenemos que prestar atención a la relación entre estos países? Porque eran, y son, las dos naciones líderes en nuestra zona en materia de investigación nuclear. Siempre se habló, cuando se trataron estos temas, de la no proliferación nuclear, de no crear un desequilibrio entre estas dos potencias que estaban en condiciones de acceder a la tecnología nuclear y de utilizarla. Por eso, lo que hicieron la Argentina y el Brasil en esta materia ha sido muy importante y culmina ahora con la adhesión de estos países al Tratado de Tlatelolco.
Cuando tratamos las que serían leyes 24.046 y 24.113 recordé todo lo ocurrido entre la Argentina y el Brasil en la década del 80: las relaciones de cooperación, las visitas presidenciales, los mecanismos de consulta, los acuerdos celebrados. En particular, podemos recordar la visita que hizo el presidente del Brasil a la planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu en 1987, y a la planta de reprocesamiento de Ezeiza, en 1988, y, la visita del presidente argentino a la planta de enriquecimiento de uranio de Iperó en 1988. Asimismo, se creó en el mismo año un mecanismo permanente de consulta en materia de energía nuclear. También puedo mencionar las declaraciones conjuntas de Foz de Iguazú en 1985, de Brasilia en 1986, de Viedma en 1987 y de Iperó en 1988.
Pero el impulso decisivo en esta materia estuvo dado por la Declaración de Foz de Iguazú sobre Política Nuclear Común. Argentino-Brasileña, del 28 de noviembre de 1990, mediante la cual se acordaron las acciones que mencionaré seguidamente.
En primer lugar, el 18 de julio de 1991, se firmó la Declaración de Guadalajara, en la cual, como se recordará, se estableció un Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, conocido como SCCC, ejercido por la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control, encargada de verificar que ninguna de las partes pudiera derivar material nuclear para la fabricación de armas atómicas. Este acuerdo fue aprobado por la ley 24.046 del 5 de diciembre de 1991.
EI 13 de diciembre de 1991 se firmó en Viena el acuerdo entre la Argentina y el Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias. Este acuerdo fue aprobado por la ley 24.113 del 5 de agosto de 1992.
Se trata de un acuerdo de salvaguardias nucleares tendiente a garantizar la forma en que se controlaría la no derivación de material nuclear para fines belicistas.
Por último, la tercera consecuencia de esta declaración argentino-brasileña de Foz de Iguazú fue la decisión de permitir la entrada de ambos países al Tratado de Tlatelolco, decisión a la que posteriormente se incorporó Chile. Por eso, los tres países impulsaron las enmiendas aprobadas el 26 de agosto de 1992.
Con esto quiero decir que la Argentina, desde el comienzo mismo del Tratado de Tlatelolco, evidenció siempre su vocación pacifista. Lo demostró a través de la cooperación en materia nuclear con todos los países. Pero aquí surge la pregunta. Si la Argentina participó y fue protagonista, si fue uno de los gestores de Tlatelolco y firmó este tratado en 1967, ¿por qué razón, ahora, en 1993, estamos aprobando dicho tratado? La explicación es muy sencilla. Tanto la Argentina como el Brasil y Chile no estaban de acuerdo con el sistema de control que establecía el Tratado de Tlatelolco por tener graves fallas; que podrían haber sido mayores teniendo en cuenta la época en que fue sancionado.
Estas fallas consistían en lo siguiente: en primer término, que no salvaguardaba el secreto tecnológico nuclear. Se establecía un sistema de control que permitía prácticamente el acceso irrestricto de personal de la OPANAL, organismo de ejecución del Tratado de Tlatelolco, a todas las instalaciones nucleares casi sin ninguna limitación. Además, se establecían obligaciones para los países signatarios respecto de informar no sólo al Organismo Internacional de Energía Atómica acerca de todas las cuestiones relativas al desarrollo nuclear, sino también a este organismo, la OPANAL, en lo referido a aquellas materias que podían tener aplicación en el campo bélico y, también, sobre todas las cuestiones vinculadas al desarrollo nuclear en estos países.
Por estas razones, al no estar preservado el secreto tecnológico, siendo la Argentina uno de los líderes en la materia, lo mismo pensarían las autoridades brasileñas, y teniendo en cuenta además, en cuanto al sistema de control mismo, que se facultaba a la OPANAL, pero ésta no tenía la idoneidad suficiente para realizar el control, la Argentina, Brasil y Chile demoraron hasta hoy la aprobación del Tratado.
Debo aclarar que si bien el Brasil y Chile lo habían ratificado, no habían formulado las dispensas del artículo 28 del Tratado, en cuanto a que se tenían que cumplir determinadas condiciones para la entrada en vigencia, y al no ser formuladas esas dispensas tampoco entró en vigencia para aquellos países.
Como consecuencia de ello, se produce una larga serie de negociaciones para ver de qué forma se podían superar esas deficiencias del Tratado, hasta que la Argentina, Brasil y Chile arriban a un acuerdo en estos últimos años y llegan a formular una propuesta a la OPANAL respecto de las modificaciones a introducir para que estos países pudieran aprobar de lleno todo el Tratado.
Estas enmiendas, propuestas y aprobadas el 26 de agosto de 1992 por la OPANAL son las siguientes: En primer término, las partes sólo se comprometen a enviar a la OPANAL aquellos informes que sean relevantes para el trabajo de dicho organismo. Es decir que al Organismo Internacional de Energía Atómica se le siguen mandando los informes que tienen que ver con este organismo dependiente de las Naciones Unidas, pero a la OPANAL se le envían sólo aquellos informes que sean relevantes a los fines establecidos para este organismo.
En segunda instancia, se establece expresamente que la información proporcionada por las partes no podrá ser divulgada ni comunicada a terceros, total o parcialmente, por los destinatarios de los informes, salvo cuando aquéllas lo consientan expresamente. Este es otro resguardo para la protección del secreto nuclear.
En tercer término, la facultad de realizar inspecciones especiales previstas en el Tratado de Tlatelolco se confiere únicamente al Organismo Internacional de Energía Atómica y no al Consejo, que es el organismo de la OPANAL encargado de realizar tales inspecciones especiales, dado que no está en condiciones de idoneidad ni técnicas como para hacerlas en forma eficaz. Sí interviene el Consejo como paso o mecanismo previo.
Si algún país quiere realizar una inspección especial puede solicitar al Consejo del Tratado de Tlatelolco, quien elevará la solicitud al Organismo Internacional de Energía Atómica para que aquélla sea realizada.
De esta forma, señor presidente, pudimos vencer, pasar por alto, derrotar estos obstáculos que se oponían a que aprobáramos el Tratado de Tlatelolco. Las enmiendas realizadas a los artículos 14, 15, 19 y 20 significaron ni más ni menos que satisfacer todas, absolutamente todas las inquietudes que tenían la Argentina, el Brasil y Chile respecto de la vigencia de este importante tratado.
Recordemos que la actual ley 24.046, por la que se aprobó el acuerdo argentino-brasileño, en el artículo 2° disponía el derecho inalienable de las partes a desarrollar la investigación. La producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, preservando cada parte sus secretos industriales, tecnológicos y comerciales. Esto tuvo su aplicación en el posterior acuerdo sobre salvaguardias celebrado en Viena, por la Argentina, el Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, convenio que luego ratificamos por la ley 24.113.
¿Cuáles son para la Argentina las ventajas de entrar en el Tratado de Tlatelolco? Desde luego que bastaría mencionar que es un aporte a la paz del mundo, un aporte para contribuir a detener esta patológica carrera armamentista que asoló al mundo por muchos años. Esto sólo justificaría nuestra aprobación al tratado.
Pero debo decir que desde el punto de vista político también hay ventajas concretas para nuestro país. La no aprobación de este Tratado ocasionaba que la Argentina tuviera algunas dificultades, algunos bloqueos, para acceder a tecnologías sensitivas de otros países. Cada vez que nuestro país tenía que celebrar un acuerdo se le anteponía el hecho de que no habíamos aprobado dicho Tratado. Por eso se nos ponían obstáculos para acceder a esa tecnología.
Tanto es así que a partir de una fuerte política en la materia de no proliferación nuclear, observada por la Argentina a partir de 1990 con la celebración de los tratados con Brasil, Chile y la Organización Internacional de Energía Atómica, cambió sustancialmente la situación y nuestro país comenzó a tener posibilidades de acceso a tecnologías de que disponían los países más avanzados en la materia, que comenzaron a celebrar acuerdos con nuestra Nación.
A título de ejemplo podemos citar el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el de los Estados Unidos de América sobre transferencia de tecnología estratégica, del 12 de febrero de 1993; el acuerdo de cooperación nuclear inicialado en agosto de 1992, también con Estados Unidos, así como el acuerdo marco entre la NASA y la Comisión de Actividades Espaciales para la cooperación en el uso civil del espacio extraterrestre, del 5 de abril de 1991. También se puede mencionar el memorándum de entendimiento entre la NASA y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del 5 de agosto de 1991 para la realización del proyecto SACB, primer satélite argentino que va a ser lanzado al espacio en 1994, así como el acuerdo comercial entre las empresas INVAP Sociedad del Estado y General Atomic, que allanó el camino para que una empresa argentina ganara recientemente una licitación para la venta de un reactor Nuclear a Egipto.
Con Canadá se iniciaron tratativas en junio de 1992 para un acuerdo de cooperación nuclear, el que se encuentra en avanzado estado de negociación, estimándose su firma para los próximos meses.
En 1992, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y de la Argentina firmaron la declaración de intención relativa a la cooperación nuclear. También con Francia se ha completado el acuerdo de cooperación nuclear, que se firmará a fines de abril próximo. Asimismo, se iniciaron conversaciones con Japón y México para encauzar un acuerdo de cooperación nuclear; también se ha conversado con EURATOM para la firma de un convenio de cooperación nuclear, luego de doce años de haber caducado el anterior acuerdo.
En el campo espacial, existe un acuerdo con Alemania y otro con Italia firmado en septiembre de 1992. En ese mismo año se celebró un acuerdo a nivel de gobiernos con la República de Italia en materia de defensa. Por último, también existe la declaración de intenciones entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y el Instituto Técnico Aeroespacial del Reino de España, firmado el 7 de agosto de 1992.
Es decir que además de una contribución a la paz del mundo, la Argentina, con la aprobación de esta ratificación, tiene la posibilidad de acceder a tecnología sensible disponible en otros países, los que no estaban dispuestos a celebrar ningún convenio de cooperación con el nuestro mientras no ratificáramos el Tratado de Tlatelolco.
Seguramente otras naciones, como Brasil y Chile, que en virtud de estas enmiendas quedaron incorporadas a Tlatelolco, podrán acceder a similar tecnología sensitiva.
Señor presidente: el dictamen de la comisión propone, además de aprobar el Tratado, la incorporación de un artículo que originariamente no estaba en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
En dicho mensaje se habla de la necesidad de hacer una reserva con respecto a una declaración interpretativa formulada por Gran Bretaña referida al Protocolo Adicional del Tratado de Tlatelolco.
Sucede que pudieron adherir al tratado no sólo los países de la zona sino las potencias extrarregionales que tienen territorios bajo responsabilidad internacional, ya sea de jure o de facto, como es el caso de Inglaterra respecto de las islas Malvinas.
El artículo 3 del Tratado se refiere a cuál es el ámbito de vigencia y menciona los espacios terrestres, marítimos y aéreos, a través de una expresión que dice: “…sobre el cual el Estado ejerza soberanía, de acuerdo con su propia…”.
En consecuencia, al decir “…de acuerdo con su propia legislación… “, Gran Bretaña produjo una declaración interpretativa que favorece sus pretensiones territoriales sobre las islas Malvinas. Por supuesto, la Argentina formuló oportunamente la reserva del caso, produciendo una declaración interpretativa por la que rechaza la posición de Gran Bretaña y en la que ratifica su soberanía sobre las islas.
En el mensaje del Poder Ejecutivo, como decía, se hace referencia a este aspecto, pero no se lo incluye en el texto del proyecto de ley. Por ello, la comisión decidió incorporar el artículo 2° referido a esta cuestión, cuyo texto dice: “Dispónese que al depositar el instrumento de ratificación del tratado, el Poder Ejecutivo nacional deberá confirmar y reiterar la Declaración Interpretativa formulada el 26 de agosto de 1992, que tiene por objeto proteger y reservar plenamente los derechos de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y espacios marítimos circundantes, cuyo texto se transcribe a continuación…”.
Voy a omitir la lectura de la mencionada declaración porque su texto está contenido en el orden del día que obra en poder de los señores senadores, donde se expresa la tradicional posición de nuestro país ratificando su soberanía sobre esos territorios y, por supuesto, rechazando la pretensión ilegítima de Gran Bretaña sobre las áreas que son eminentemente argentinas.
Pero debo hacer una aclaración a fin de evitar alguna confusión. Esta no es una reserva en el sentido propiamente dicho de la palabra o lo que técnicamente se entiende como tal, porque el Tratado de Tlatelolco dice expresamente que no se admiten reservas a su contenido. Cuando dicho Tratado, como lo hacen otros, hace alusión a estas reservas se refiere a las que atenten o desvirtúen el objetivo y los fines que con ellos se persigue.
En este caso particular no tiene absolutamente nada que ver ni con los fines ni con el objetivo del Tratado. Simplemente se refiere al rechazo de una declaración interpretativa —ilegítima desde nuestro punto de vista— que Gran Bretaña formula respecto de un territorio que se encuentra en disputa, tal como lo han reconocido las Naciones Unidas.
A raíz de lo que acabo de exponer, en algún momento alguien me manifestó que esta reserva podría ser impugnada debido a que el Tratado no las admite. Yo contesto lo siguiente: no es una reserva en sentido técnico sino que se trata del rechazo de una declaración interpretativa formulada por Gran Bretaña. El fundamento de nuestra posición se encuentra en la Convención sobre Tratados de Viena que no tiene sentido traer a colación en este momento.
De tal modo, creemos que dicha reserva es procedente porque no desvirtúa de manera alguna los objetivos y los fines del Tratado; tampoco tiene efecto jurídico respecto del protocolo adicional ni del Tratado sino que, simplemente se refiere a la disputa territorial que mantenemos con Gran Bretaña.
Podríamos hacer muchas consideraciones acerca de este tema, señor presidente, pero creo que a todos nos anima este sentimiento de legítimo orgullo de participar en la sanción de este proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Tlatelolco.
Quiero manifestar y compartir con los señores senadores, y creo que la ocasión es propicia, algunas palabras que en 1986 dijera Gabriel García Márquez cuando participábamos en la reunión del Grupo de los 6 en Ixtapa, México. La delegación argentina era presidida por el entonces primer mandatario, doctor Raúl Alfonsín. Se trataba de un grupo creado precisamente para hacer aportes en favor de la paz del mundo.
En dicha oportunidad fue invitado Gabriel García Márquez, quien escribió un hermoso trabajo referido a los peligros de la proliferación nuclear. Me acordé de él porque en el preámbulo de Tlatelolco se dice: “Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad que generan, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden tornar finalmente toda la Tierra inhabitable.” Es así que cuando estaba estudiando el Tratado recordé las palabras del escritor mencionado. Y las traigo a colación porque creo que en nuestro trabajo a veces es útil y oportuno poner también un poco de poesía.
García Márquez describe cómo sería el mundo luego de una explosión nuclear. Expresa: “Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta Amazonia desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo, y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado, en el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas”. Porque parece que son las cucarachas las que podrán sobrevivir a una explosión nuclear. En ese momento así definía el poder de los arsenales nucleares.
Dice: “Hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de cincuenta mil ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar doce veces todo rastro de vida en la tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro planetas más de los que giran alrededor del sol y de influir en el equilibrio del sistema solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear, desde su origen hace cuarenta y un años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo”.
Y sostenía más adelante este Premio Nobel de literatura: “La carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa, inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la tierra debieron transcurrir trescientos millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros ciento ochenta millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo Pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano en la edad de oro de la ciencia haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón”.
Por último, en esta prosa tan pletórica de gracia y de poesía pero que revela con crudeza lo peligroso de las explosiones nucleares dice: “Propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico, una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y que haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo”.
Señor presidente: pido disculpas por haber hecho esta digresión, pero creo que este cataclismo de Damocles que tan bien describe el laureado Premio Nobel de literatura latinoamericano, nos revela hasta qué punto es importante que hoy estemos aprobando un tratado de no proliferación de armas nucleares. Creo que hoy la Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, está dando el ejemplo al mundo para que se termine con esta locura de una carrera armamentista que, como dice el citado autor, va en contra no sólo de la inteligencia humana sino también de la naturaleza misma. Por eso con cada paso que demos en favor de la no proliferación nuclear estaremos alejándonos cada vez más de esta terrible tragedia que amenaza al mundo.
Por esta razón, al aprobar hoy este tratado estaremos haciendo un aporte muy importante en favor de la paz en el mundo.

Proyecto de ley aprobando el Tratado de no Proliferación Nuclear (30 de noviembre de 1994)

30 de noviembre de 1994
49ª Reunión – 20ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 4684 a 4687, 4696 y 4697

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: hoy estamos considerando la aprobación de un Tratado internacional de gran importancia, no sólo para los países que lo firman sino, diría, para toda la humanidad, porque se trata del primer Tratado de no proliferación nuclear general que se ha suscripto en el mundo.
Se trata de un convenio que fue abierto a la firma de todos los países el 1º de julio de 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970 cuando los Estados Unidos y la ex Unión Soviética depositaron sus instrumentos de ratificación.
¿Cuál es el objeto de este Tratado de No Proliferación Nuclear? Evitar el incremento del peligro de una guerra nuclear por la proliferación de armas de esta naturaleza. Se refiere tanto a la proliferación vertical, es decir al aumento de la capacidad explosiva nuclear de los países, como a la proliferación horizontal, o sea el aumento del número de países poseedores de armas nucleares. El objeto es limitar o prohibir la proliferación en ambos sentidos: vertical y horizontal.
Podríamos decir, señor presidente, que la adhesión al Tratado de No Proliferación constituye el corolario lógico de la posición que ha venido asumiendo la República Argentina en esta materia desde hace mucho tiempo. Yo diría que sería el corolario lógico de la política argentina en favor de la paz desde que se reinstalara la democracia en nuestro país en 1983.
Es el corolario lógico de este proceso que se inicia institucionalmente con el Acuerdo con la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear en 1991; el Acuerdo para la Aplicación de Salvaguardias con la República Federativa del Brasil; la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, en 1992.
Sobre esto ya hemos tenido oportunidad de hacer referencia en este Senado, como asimismo sobre el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, de 1993, que también aprobáramos oportunamente en este Senado de la Nación.
Y no sólo significa la culminación lógica de esta serie de Tratados de no proliferación, sino también la ratificación de la política en favor de la paz que ha venido asumiendo la República Argentina, como dije, desde la restauración de la democracia; esto es, a partir del 10 de diciembre de 1983.
¿Cuáles son las obligaciones? ¿En qué consiste este Tratado de no proliferación? Para los países no poseedores de armas nucleares significa que se comprometen a no adquirir ni producir armas nucleares de destrucción en masa y, a tales fines, a someter el material y las actividades nucleares a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Para los países poseedores de armas nucleares implica la obligación de no traspasar ni alentar la adquisición y producción de tales armas por los países no poseedores de armas nucleares. Para los países nuclearmente avanzados implica garantizar el intercambio de equipos, materiales y tecnologías, y no impedir el desarrollo de los usos pacíficos de la energía nuclear por parte de los Estados que son miembros del Tratado de No Proliferación. Para las potencias nucleares también implica la obligación de detener la carrera armamentista nuclear y de negociar de buena fe un tratado general de desarme.
Señor presidente: esto que parecería no merecer ningún tipo de objeción, sin embargo, a través del tiempo, ha sido objeto de ciertas críticas, algunas de las cuales están contenidas en el dictamen de minoría, que se opone a la aprobación de este Tratado.
Yo, anticipándome a ciertas críticas, voy a referirme en particular a alguna de ellas, a las más importantes.
En primer término, se ha dicho que este Tratado es discriminatorio porque establece una política distinta para los países que tienen arsenales nucleares respecto de los que no los poseen. Se afirma que se congela la situación: los países que cuentan con armas nucleares pueden seguir teniéndolas y los que todavía no las tienen no pueden avanzar hacia su obtención. Es decir, se congela el número de potencias nucleares y se prohíbe el desarrollo de armas nucleares por otros países.
¿Qué se contesta ante esta crítica? En primer lugar, que lo único que ha hecho el Tratado es reflejar la realidad existente en el mundo en 1967. No es que se haya inventado una situación ficticia. Esta era la realidad: países que tenían grandes arsenales nucleares y países que estaban tratando de llegar a poseer armas atómicas.
Entonces, ¿Qué procuraba el Tratado? Avanzar desde esa realidad. ¿Para qué? Para limitar a aquellos países que ya tenían arsenales nucleares y evitar que aquellos que no los tuvieran pudieran poseerlos. ¿Por qué? Porque cada paso en el sentido de tener un arma nuclear significaba poner en peligro a la humanidad, poner en peligro la paz, además de todas las otras consecuencias de la carrera armamentista: los grandes gastos, la desconfianza, la búsqueda de equilibrio nuclear entre los distintos países. Entonces, reitero, era una realidad sobre la cual se pretendía actuar.
Además, señor presidente, hablar de carácter discriminatorio en una organización mundial donde hay países, los que integran el Consejo de Seguridad con carácter permanente, que tienen derecho a veto frente a los demás y que son precisamente las naciones que cuentan con arsenales nucleares, me parece un contrasentido.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Faustino M. Mazzucco.
Sr. Menem. — Sin perjuicio de ello, señor presidente, podemos decir que este Tratado permitió crear un clima favorable al desarme. No es que no haya tenido resultado. Sí lo ha tenido, y a partir de ese momento se empezaron a realizar avances en el sentido del desarme nuclear y la reducción de armamentos en todo el mundo, tanto convencionales como nucleares.
En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña a este proyecto de ley se detallan todos los Tratados en materia de desarme que se han venido celebrando desde ese entonces. Puedo mencionar aquellos tan conocidos como el Salt I, de 1972, el Salt II, de 1979, el Start I, de 1991, y el Start II, de 1993.
Ese mismo clima permitió iniciar este año las negociaciones para un Tratado sobre prohibición completa de ensayos nucleares, con lo cual culminó el proceso iniciado en 1963 con el Tratado sobre la prohibición parcial de ensayos nucleares.
Considero que de esta forma damos respuesta a aquella primera crítica de que el Tratado es discriminatorio.
En segundo término se ha dicho que se trataría de una adhesión superflua, pues la República Argentina ya ha asumido en el área de verificación los compromisos que exige el Tratado de No Proliferación.
Es cierto que la República Argentina ya ha cumplido prácticamente con todos los requisitos y compromisos que exige dicho tratado en materia de verificación, puesto que ha acordado la salvaguardia total o completa a que hace referencia ese Tratado, al entrar en vigor el 4 de marzo de 1994 el acuerdo cuatripartito al cual hice referencia anteriormente, firmado con el Brasil, la ABACC y el Organismo Internacional de Energía Atómica, es decir, aquel que este Congreso ratificó oportunamente.
Es cierto que ya hemos cubierto ese aspecto de la verificación, pero si ya lo hemos cubierto, ¿cuál es el sentido de no adherir a un Tratado generando desconfianza hacia actitudes de nuestro país que no tienen razón de ser? Si ya nos hemos sometido a las verificaciones, ¿por qué no pasar a formar parte del único instrumento internacional de carácter universal en el campo de la no proliferación nuclear?
También se ha dicho, señor presidente, que la adhesión de la Argentina al Tratado de No Proliferación constituiría un paso contrario al proceso integrador con el Brasil y Chile, que no han adherido a dicho Tratado pero se han manifestado a favor de su incorporación al mismo. Esto es totalmente erróneo, pues la política nuclear con el Brasil y Chile se va a seguir ejecutando plenamente, sin que se oponga a ello la adhesión de la Argentina al Tratado de No Proliferación. Prueba de ello es que el Brasil está informando de la decisión de la Argentina de adherirse al Tratado de No Proliferación y no ha realizado objeción alguna.
Además, debo manifestar que Chile está iniciando el proceso de adhesión. En el día de ayer estuve reunido en el hermano país con el canciller de esa República, Miguel Insulsa, y me manifestó que ya han empezado a realizar la tramitación para enviar al Congreso el mensaje de aprobación del Tratado de No Proliferación.
Por otra parte, Brasil y Chile, juntamente con la Argentina, han participado en la Comisión preparatoria de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 17 de octubre del corriente año, lo cual demuestra que no han objetado ese Tratado. Si han participado en esas reuniones de la Comisión de revisión es porque realmente están coincidiendo con los principios de dicho Tratado.
Por último, debemos manifestar, señor presidente, que la decisión de adhesión al Tratado de No Proliferación constituye una medida importante en la política exterior de nuestro país, que en última instancia no tiene por qué estar supeditada a ningún acuerdo, dado que constituye una apuesta que hizo la República Argentina en favor de la paz, del desarme y de la convivencia pacífica.
El argumento de la que Argentina no debe adherir a este Tratado porque no lo hacen otros países, o de que debe esperar a que otros lo hagan para recién entonces poder hacerlo, no constituye un elemento serio a ser tenido en cuenta en tanto no se violen compromisos ya contraídos. Esto es lo mismo que esperar que el otro arroje primero la piedra para entonces arrojarla uno cuando no existe ningún propósito de agresión.
Algo similar ocurrió con el Régimen de Control de Tecnología Misilística, al cual adhirió la República Argentina en 1991. En esa circunstancia se había criticado esta actitud debido a que Brasil aún no había adherido a este Tratado. Se dijo entonces: “¿Cómo adhirió la Argentina si aún no adhirió Brasil? Pues bien, la Argentina adhirió en 1991 y posteriormente lo hizo Brasil. Entonces no podemos estar esperando, y además no hay ninguna obligación de hacerlo, a que otros países manifiesten su adhesión a un Tratado para luego hacerlo nosotros, sobre todo cuando ello constituye una decisión importante para la política exterior de nuestro país.
Cuando nosotros sosteníamos que el hecho de adherir al Tratado de No Proliferación permitiría acceder a la posibilidad de obtener mayor información en materia de tecnología nuclear, para su aplicación a fines pacíficos y no para la guerra, desde luego, se nos contestaba que igualmente la Argentina ya estaba accediendo a esa tecnología aun sin adherir a este Tratado. Pero lo que no se ha dicho es que esto se está consiguiendo precisamente por la política argentina en favor de la paz, porque hemos celebrado el Tratado con Brasil y porque hemos adherido a la Salvaguardia de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control y con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por otra parte, también debemos destacar que esta adhesión posibilitará que se incremente la asistencia a la Argentina en materia de información y de provisión de equipos. Tanto es así que Japón, con quién existen posibilidades de celebrar un convenio en esta materia, ha dicho que no realizará ningún acuerdo con la República Argentina hasta tanto no adhiera al Tratado de No Proliferación. Es decir que el argumento de que igualmente accederíamos a la tecnología aun cuando no adhiriéramos a este Tratado no se ajusta a la realidad.
Creo, señor presidente, que no podemos demorar más nuestra adhesión a este Tratado. Existen sólo veintidós naciones en el mundo que aún no lo han hecho, entre las cuales está la República Argentina. Los países nucleares más refractarios a este convenio, Francia y China, ya han manifestado su adhesión. Sólo quedarían sin hacerlo, reitero, veintiún países, sin contar el nuestro porque estoy seguro de que vamos a adherir al Tratado. Pero estos países tendrán que hacerlo seguramente en un futuro próximo. Como dije, ya existe la decisión de Chile de adherir en los próximos tiempos.
Existe hoy, señor presidente, la conciencia generalizada de que la posesión de armas nucleares no sólo reviste ninguna utilidad para el país que las posee sino que, además, atenta contra su propia seguridad, sin perjuicio de que también lo hace contra la humanidad toda.
Se debe comprender también que en la actual situación internacional ya no se vive la era del enfrentamiento de bloques antagónicos sino que impera otro clima, basado en la comprensión, en la convivencia, en valores universales compartidos, en consensos sobre principios básicos como el de la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, en el decisivo apoyo al Consejo de Seguridad como responsable del principal mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, en la renuncia al uso de la fuerza para dirimir los conflictos internacionales, en el desarrollo de la diplomacia preventiva, en la creación de mecanismos de confianza mutua, y en el respeto de las libertades fundamentales, la democracia y los derechos humanos.
Finalmente, señor presidente, me permito hacer una reflexión: la República Argentina ha asumido un verdadero liderazgo en materia de defensa de los derechos humanos al haber dado jerarquía constitucional en la reciente reforma que se llevó a cabo a los ocho tratados más importantes sobre derechos humanos que se han celebrado en el mundo. Estos tratados tienen jerarquía constitucional por imperio del artículo 75 inciso 22, de nuestra Carta Magna.
En esos tratados se consagra expresamente el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, como lo dice el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de las personas, como lo estipula el artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y el derecho de toda persona a que se respete su vida a partir del momento mismo de la concepción, como lo dice el artículo 1ª de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y si el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad total del ser humano tienen jerarquía constitucional, considero que como ciudadanos y como Nación tenemos la obligación moral de tratar de remover todos aquellos elementos y situaciones que generen un peligro cierto o potencial contra el derecho la vida, que no solo es un derecho natural sino que además tiene consagración constitucional, como lo expresé recién.
Y hoy estaremos cumpliendo con esa obligación cuando seguramente aprobemos a adhesión de la Argentina al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto significará ponerle coto a esta locura de la carrera armamentista, que ha puesto en peligro a la paz del mundo.
Por eso, señor presidente, hoy vamos a votar con satisfacción la adhesión de la Argentina, que hace nuevamente una apuesta a favor de la paz, a favor de la convivencia, en definitiva, a favor del derecho humano a la vida.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: mientras conseguimos el quórum; quiero hacer dos reflexiones.
En primer término, deseo señalar que cuando expuse los argumentos a favor del Tratado, así también cuando en unos instantes más vote a favor, lo hice por decisión propia y convencido de que estoy aportando una contribución a la paz y a una posición digna de mi país. No lo hago porque alguien me lo imponga. Nadie aquí nos ha impuesto que nos tenemos que adherir a este Tratado. Creo que sería una falta de consideración hacia este Senado decir que nos imponen que vengamos a votar por la adhesión a un Tratado de no proliferación nuclear. Esta es una decisión soberana de la República Argentina a través de sus instituciones.
En segundo término, con respecto al tema de la explosión en China, al cual hizo mención el señor senador por Chubut, debo comentar que precisamente se está gestando en estos momentos, y a la luz del mencionado acuerdo, el Tratado de prohibición completo de ensayos nucleares. Es decir, se está avanzando en esta materia.
Lo peor que podríamos hacer es cerrar los ojos a esta realidad y no contribuir con algún tipo de aporte, quedándonos de brazos cruzados frente al peligro.
Por eso ésta también es una posición de principios de la Argentina, porque estamos decididos a aportar a la paz, no la guerra y no a la proliferación nuclear.
Se ha dicho que pertenecemos a la plebe de las naciones, por oposición a la llamada oligarquía nuclear. No creo que podamos hablar en esos términos; pero si se quiere insistir en esta terminología, prefiero pertenecer a una plebe pacifista y no a una oligarquía belicista.
Sr. León. — Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Mazzucco). — El señor senador por Chaco le solicita una interrupción.
Sr. Menem. — Si, cómo no.
Sr. León. — Se da cuenta, señor senador, de que nosotros no estamos diciendo que seamos una plebe. Es una palabra que uno a veces uso en la jerga de presentaciones de ideas. Pero creo que aquí no hay ninguna actitud de ningún senador con relación a que nuestro país actúe como una plebe.
No somos plebe. Justamente, si estamos tratando de afirmar una posición, aún en el error, y respeto las ideas del señor senador, lo que queremos es que no seamos plebe, sino que tengamos una personalidad e identidad cultural con las que hasta ahora nos fue bien, por lo que entonces no queremos cambiar.
Pero no se trata de una idea como para utilizar en una actitud que en alguna medida no nos prestigia.
Sr. Presidente (Mazzucco). — El señor senador por la Capital le solicita una interrupción.
Sr. Menem. — Cómo no.
Sr. Presidente (Mazzucco). — Tiene la palabra en señor senador por la Capital.
Sr. Vaca. — Simplemente deseo expresar mi orgullo plebeyo.
Sr. Presidente (Mazzucco). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — De todas formas, me limité a referirme a las expresiones textuales pronunciadas en repetidas oportunidades acerca de que pertenecemos a una plebe y por eso hice este comentario.
Seré muy breve porque creo que el tema está agotado, al menos desde mi punto de vista. Se ha dicho por qué vamos a cambiar si hasta ahora hemos venido sosteniendo esta posición. Yo preguntaría si hasta ahora no habíamos venido también sosteniendo la no adhesión a Tlatelolco que inclusive, es anterior al Tratado sobre No Proliferación, y por qué posteriormente lo hemos suscripto. ¿O es que el país vive la misma situación hoy que en 1967? ¿Por qué hemos suscripto Tlatelolco, al cual también nos opusimos todos los partidos? Lo que sucede es que luego lo firmamos porque cambiaron las condiciones. Y también han cambiado las condiciones en este caso. Por lo tanto, tampoco éste es un argumento para obstaculizar la firma de este Tratado.
En fin, son posiciones distintas. Aquí quedará reflejada la nuestra, que no está motivada por ninguna presión de ninguna naturaleza. Vamos a votar con el mismo derecho que tienen aquellos que se oponen. A ese voto no vamos a adjudicarle ningún impulso subalterno.
Votamos porque estamos convencidos de que apostamos a la paz y porque no votar la adhesión al Tratado de No Proliferación, desde nuestro punto de vista, sería contradictorio con las ambiciones de normas que hace poco tiempo produjimos, en las que incluimos el derecho a la vida y los otros derechos humanos, otorgándolo jerarquía constitucional dentro de nuestra Carta Magna.
Por eso votamos convencidos de que estamos haciendo un aporte a la paz del mundo.

Proyecto de ley aprobando la Convención sobre Derechos del Mar (31 de mayo de 1995)

31 de mayo de 1995 – 15ª Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 1674 a 1682 y 1687

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: el Senado de la Nación trata hoy, conforme a preceptos constitucionales, la ratificación por ley de uno de los acuerdos o convenios más trascendentes en la historia de las relaciones internacionales y del derecho internacional como es la Convención sobre los Derechos del Mar.
Tanto por su contenido como por la trascendencia de las instituciones que contempla, se puede decir que esta Convención marca un verdadero jalón en la historia del derecho internacional. Con ella se abre una nueva etapa en la cual se introducen conceptos e instituciones nuevas, muchas de las cuales tienen una importancia fundamental en lo que hace a los derechos de los países que tienen acceso a los mares y océanos. Ello es así, porque no sólo cubre los aspectos tradicionales relacionados con el derecho del mar, sino que además se refiere a la explotación de los recursos existentes en el fondo del mar y de los océanos, que tienen una importancia fundamental, a tal punto que la Convención prevé la constitución de un organismo especial para la explotación racional de dichos recursos en beneficio de la humanidad.
El derecho del mar es muy antiguo; yo diría que tanto como la navegación misma. Pero los intentos para codificarlo tienen antecedentes concretos. Recién en el año 1930 la Sociedad de las Naciones que, como recordaremos, es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, convocó a una reunión en La Haya en ese año para tratar de codificar las normas del derecho del mar. Pero se refería principalmente a las cuestiones relacionadas con el mar territorial.
En dicha reunión no se pudo llegar a un acuerdo, pero quedó vigente la preocupación, a tal punto que en los años 1958 y 1960 las Naciones Unidas convocaron a la primera y segunda conferencia sobre derechos del mar, realizadas ambas en Ginebra; y también se avanzó en el tratamiento de los temas, pero no hubo resultado concreto.
La decisión de convocar a la tercera conferencia fue tomada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1973 para adoptar una convención que contemplara todas las cuestiones relativas al derecho del mar, y otras accesorias, procurando que en la misma se llegara a un acuerdo por vía del consenso.
La idea del acuerdo global o del consenso reposa en la comprobación de que todas las cuestiones relacionadas con el derecho del mar y la explotación de sus recursos están estrechamente unidas entre sí, de tal manera que deben tratarse como un conjunto.
Por ello es que en esta Convención, a diferencia de otras, no se aceptaron las reservas sino, simplemente, las declaraciones interpretativas, ya que los intereses contrapuestos de los estados, debido a sus distintas aspiraciones, hicieron que debiera mantenerse un difícil equilibrio que finalmente posibilitó lograr este acuerdo. Por esto, todo el Tratado se englobó en un solo contexto que debía ser aprobado y ratificado en conjunto.
Nueve años de deliberaciones llevó lograr su aprobación, la que recién se consiguió el 30 de abril de 1982 en Nueva York. Me recuerda a la ronda Uruguay del GATT, que también tardó nueve años en concretarse. Aquella fue aprobada por 130 votos a favor, incluido el de la República Argentina, 4 en contra y 17 abstenciones.
La Convención consta de 320 artículos, divididos en 17 partes y 9 anexos, que contemplan todos los aspectos relativos a los espacios oceánicos. No obstante, todas aquellas cuestiones que no están específicamente contempladas en ella se siguen rigiendo por los principios del derecho internacional.
La Convención sobre el Derecho del Mar tiene para la República Argentina un interés muy especial debido a su calidad de estado ribereño con características geográficas y geomorfológicas determinadas, con su extenso litoral, con una rica zona económica exclusiva y con una muy vasta plataforma continental.
Puedo decir que, en general, esta Convención satisface todas las expectativas y anhelos de nuestro país en cuanto que allí se reconocen todos los derechos que le corresponden a la Argentina como estado ribereño.
No obstante ello, como lo explicaré más adelante, se hacen algunas declaraciones interpretativas, que nosotros recomendamos que sean formuladas en el momento en que se deposite la ratificación en este tratado.
Esta Convención, señor presidente y señores senadores, es muy compleja y tiene muchos aspectos técnicos. Creo que su análisis detallado excede el debate que podemos tener en este Senado. Pero de todos modos entiendo que, precisamente por su trascendencia, corresponde realizar algunas reflexiones, que me he permitido separar y anotar a los efectos de fundamentar por qué nosotros estamos aprobando hoy este importante acuerdo.
Sr. Avelín. — ¿Me permite una aclaración, señor senador?
Sr. Menem. — Asimismo, muchas de las disposiciones que contiene la Convención ya se vienen aplicando en virtud de los usos y costumbres e, inclusive, se encuentran incorporadas a nuestro léxico y derecho positivo, como cuando hablamos del mar territorial o de la zona económica exclusiva, concepto este último que ha sido introducido en algunas leyes sancionadas por este Congreso, más precisamente en la que establece las líneas de base.
Sr. Presidente (Britos). — ¿Me permite, señor senador? El señor senador por San Juan le solicita una aclaración. ¿Se la concede?
Sr. Menem. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.
Sr. Avelín. — Señor presidente: quisiera molestarlo antes de que continúe para pedirle si me puede decir cuáles son las cuatro abstenciones, si es que las tiene registradas, y algunos de los países que se han opuesto.
Sr. Menem. — No tengo a mano la información pero en el transcurso de la exposición la voy a requerir y se la haré llegar. ¿Usted me solicita las cuatro abstenciones?
Sr. Avelín. — Diecisiete abstenciones, dice usted y cuatro votos negativos.
Sr. Menem. — Yo dije que fue aprobada…
Sr. Avelín. —… por 130…
Sr. Menem. — Ciento treinta votos a favor, incluido el de la Argentina, cuatro votos en contra y diecisiete abstenciones.
Sr. Avelín. — Quiero conocer los votos en contra.
Sr. Menem. — Se los voy a proporcionar, señor senador.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Decía, señor presidente, que hemos considerado oportuno formular algunas reflexiones respecto de este importante tratado que, como mencioné marca un hito fundamental en la historia del derecho internacional, porque el nuevo derecho del mar, nacido con la Convención, ya no es el resultado de un juego de acción y reacción de los países más fuertes, sino que constituye el fruto de la voluntad de una mayoría abrumadora de naciones de todas partes del mundo, con diferentes grados de desarrollo y con características geográficas diversas respecto del espacio oceánico, que convergieron en una corriente a nivel global.
La conferencia que sancionó esta Convención tuvo que examinar innumerables cuestiones y dar satisfacción a diversos intereses, porque basta reflexionar un poco para darse cuenta de la cantidad de países que tienen intereses distintos: los que son ribereños, los que no lo son; los menos desarrollados, los más desarrollados; los que tiene flotas; los que tiene posibilidades de explotar recursos marinos, los que no la tienen; aquellos que tienen recursos minerales, por ejemplo, que explotan en sus territorios y para los cuales la explotación de similares recursos en el fondo del mar puede modificar las condiciones de su explotación en relación con los precios en el mercado internacional.
Todo esto hizo que se crearan diversos grupos de intereses para el tratamiento de esta Convención, con el propósito de que estuvieran contemplados todos los intereses de los diferentes países.
Por ejemplo, los estados ribereños sostuvieron la necesidad de que se acordara un régimen jurídico que les permitiera administrar y conservar los recursos biológicos y minerales que se encontraban dentro de la jurisdicción nacional. Los estados sin litoral procuraron que se establecieran normas generales de derecho internacional que les permitieran el paso en tránsito hacia el mar. Ya conocemos los problemas que, en ese aspecto, tiene Bolivia, por ejemplo.
Algunas naciones industrializadas deseaban que se les garantizara el acceso a los recursos minerales de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Los países que producían esos minerales en sus territorios deseaban que se les asegurara que la extracción de esos minerales de los fondos marinos no perjudicaba sus economías. Los países en desarrollo no se conformaban con ser simples testigos mudos de la adquisición de nuevos conocimientos sobre los océanos, sino que deseaban que la ciencia y la tecnología marinas quedaran al servicio de todos y no solamente en manos de un pequeño número de países muy ricos.
Prácticamente, todas las naciones deseaban preservar las libertades de navegación, de comercio y de comunicación, y, por último, la humanidad en general, necesitaba velar por que el nuevo régimen jurídico protegiera el medio marino de la devastación o de la utilización irracional de recursos no renovables, de la descarga o del vertimiento de sustancias nocivas en los océanos, que pudiera romper el delicado equilibrio de la vida marina.
Creo que algunas de las cuestiones reguladas por la Convención merecen atención especial ya que son de gran relevancia para nuestro país; entre ellas, el régimen del mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, la conservación del medio ambiente marino, la investigación científica marina y la solución pacífica de las controversias.
Con relación al mar territorial, es sabida la antigua disputa respecto a cuanto debía extenderse. Los estados ribereños pretendían que tuviera una extensión prácticamente ilimitada; los estados no ribereños pretendían restringirla al máximo. Se hablaba, por ejemplo, de que tenía que ir no más allá de 3 millas marinas. Recordemos aquello de que el mar territorial se extendía hasta donde podía llegar la bala de un cañón; esta era una de las formas de graficar hasta donde podía extenderse.
Este fue uno de los grandes problemas que tuvo la Conferencia. La Convención solucionó esta cuestión permitiendo establecer un mar territorial cuya anchura no exceda de 12 millas marinas, describiendo diversos métodos para trazar las líneas de base y los límites entre el mar territorial y las aguas interiores. Asimismo reconoce el tradicional derecho de paso inocente por el mar territorial e indica los casos concretos en que el paso no es inocente.
En cuanto a las aguas de los estados ribereños, de estrechos, introduce un concepto de paso en tránsito que se funda básicamente en razones de necesidad.
Pero además de este concepto de mar territorial, se introdujo uno nuevo que es el de la zona económicamente exclusiva, con el cual se vinieron a equilibrar aquellos intereses de las naciones ribereñas que querían dar una mayor extensión a su mar territorial, precisamente, para posibilitar la explotación exclusiva de los recursos vivos y no vivos existentes en sus riberas.
Así surge el concepto de zona económica exclusiva, que no debe exceder de las 200 millas náuticas. La Convención reconoce al estado ribereño en esa zona de derechos soberanos para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas, el lecho y el subsuelo del mar y, también, con respecto a otras actividades económicas en dicha zona.
El estado ribereño fijará la captura permisible de los recursos en su zona económica exclusiva sobre la base de la mejor información científica disponible y determinará su propia capacidad de captura. Los terceros estados podrán solicitar al estado ribereño acceder al excedente de los recursos vivos no capturados mediante acuerdos y de conformidad con las modalidades, condiciones, leyes y reglamentos que dicte el estado ribereño. Es decir que en nuestra zona económica exclusiva tenemos el derecho de explotar y, en el caso de los excedentes, los que quieran explotarlos tienen que someterse a las normas que establezca la República Argentina.
El régimen de la zona económica exclusiva, no obstante, no afecta el ejercicio de las demás libertades tradicionales de alta mar en esa zona. Asimismo, la Convención concede al estado ribereño jurisdicción con respecto al establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina y la protección del medio marino en la zona.
Fuera de la zona económica exclusiva, las actividades se rigen por las disposiciones relativas a la alta mar. Se reserva la utilización de este espacio para fines pacíficos y se excluye cualquier pretensión de someterlo a una soberanía estatal. Asimismo se consagran las normas del derecho internacional consuetudinario, que establecen las libertades tradicionales de alta mar: navegación, sobrevuelo, tendido de cable y tuberías submarinas y pesca. Y se incluye una enumeración no exhaustiva de otras libertades: la libertad para construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional y la libertad de investigación científica.
Pero la Convención también establece reglas sobre nacionalidad de los buques, los deberes del estado del pabellón, normas sobre la represión del transporte de esclavos, de la piratería, del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de transmisiones no autorizadas desde alta mar.
Una parte importante es la referida a la conservación y administración de los recursos vivos en alta mar, estableciéndose los derechos y deberes a los que se encuentran sujetos los estados que ejercen el derecho de pesca en alta mar. En este sentido, en las declaraciones interpretativas también vemos una explicación respecto del derecho que tiene el estado ribereño con una zona económica exclusiva para controlar que no se depreden los recursos en alta mar que tiene incidencia en esa zona económica exclusiva, sobre todo respecto de aquellas especies vivas que por su carácter traslativo pueden ser depredadas en alta mar e influir por ello dentro de la zona económica exclusiva.
Como dijera anteriormente, para nosotros también revisten un particular interés todas las normas sobre la plataforma continental que se extiende más allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas a partir de las líneas de base, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia.
Vuelvo a recordar que este Congreso sancionó una ley de líneas de base a través de un proyecto que presentara en su momento el distinguido senador Adolfo Gass, quien honró una de estas bancas del Senado de la Nación.
El régimen jurídico de la plataforma continental es el siguiente: el estado ribereño ejerce derecho de soberanía a los efectos de la exploración y explotación de sus recursos naturales, los que son independientes de su ocupación real o ficticia. Es decir, el país ribereño tiene el derecho de explotación y exploración en forma exclusiva, lo ejerza o no. Dichos derechos son exclusivos, de modo que si el estado ribereño no los ejercita, ningún Estado podrá emprender esas actividades sin el consentimiento expreso de aquél.
La Convención establece una Comisión de Límites de la Plataforma Continental que dará recomendaciones técnicas sobre el trazado de límite exterior de la plataforma continental cuando ésta supere las 200 millas marinas. Los límites de la plataforma que determine el Estado ribereño, tomando como base tales recomendaciones, serán definitivos y obligatorios.
La Convención contiene numerosas disposiciones sobre protección y preservación del medio marino, que establece las obligaciones de los estados de proteger y preservar este medio, el deber de tomar todas las medidas necesarias para la prevención, reducción y control de la contaminación de todo el medio marino y la obligación de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control no causen perjuicios a otros Estados o se extiendan más allá de las zonas donde ejercen derecho de soberanía.
La Convención regula también otra cuestión importante, que es la investigación científica marina. Se establece principios generales sobre esta materia, así como sobre la cooperación internacional, la realización y el fomento de dicha investigación, las instalaciones y equipos destinados a este fin, la responsabilidad resultante para los Estados y la participación de las organizaciones internacionales en caso de contravenirse las disposiciones de la Convención.
Por último la Convención obliga a los Estados partes a proceder a la solución pacífica de las controversias relativas a la interpretación o aplicación de este instrumento internacional, con libre elección del medio de solución, y prevé diversas opciones, incluyendo el recurso ante el nuevo órgano que es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Por último, regula también todo lo relativo a la zona de los fondos marinos y oceánicos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Esto constituye la parte II, que luego fue motivo de una nueva Convención y que también estamos aprobando junto con esta del Derecho del Mar, en la cual se hace prevalecer el concepto de que los fondos marinos y oceánicos están sujetos al régimen de patrimonio común de la humanidad y abiertos a la utilización con fines exclusivamente pacíficos.
Señor presidente: podría extenderme mucho más sobre la consideración de cado uno de estos temas y sobre los aspectos como el mar territorial, la zona económica exclusiva, la investigación de fondos oceánicos y marinos y otros. Pero, a los fines de redondear una explicación acorde con la exposición en este recinto, he creído importante señalar nada más que los aspectos a los que he estado haciendo referencia.
La mayoría de las aspiraciones de la República Argentina expuestas en 1973, y reiteradas durante la conferencia, están recogidas en el articulado de la Convención. Quiero aclarar que el mensaje y proyecto de ley enviado a fin de dar aprobación a la Convención data de 1986; es decir, fue remitido por el entonces gobierno del Presidente doctor Raúl Alfonsín. Sin embargo, diversas cuestiones suscitadas con posterioridad fueron aconsejando la dilación de su tratamiento hasta hoy, momento en el que sí estamos en condiciones de aprobarlo.
Por ejemplo, en 1973, nuestro país sugería la fijación de un mar territorial hasta 12 millas marinas y una zona adyacente de hasta 200 millas marinas en las cuales es Estado ribereño ejercería derechos de soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales. En 1984, la Argentina actualizó y armonizó su legislación con la Convención mediante la ley 23.968, de espacios marítimos. A ella me he estado refiriendo hace unos instantes.
Esta ley, en plena conformidad con el mencionado instrumento internacional, fija las líneas de base de la República Argentina, determina la extensión del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Con esto quiero decir que muchas de las disposiciones que hoy incorporamos como derecho positivo ya habían sido incluidas por la ley 23.968.
La Argentina firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 5 de octubre de 1984. En esa oportunidad formuló una declaración interpretativa relativa a la resolución tercera de la conferencia, de modo de resguardar sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur, juntamente con sus áreas marítimas correspondientes. Pero en esa oportunidad sugerimos incorporar algunas declaraciones interpretativas que deben ser formuladas en el momento en que el Poder Ejecutivo, una vez ratificada la Convención, deposite los respectivos instrumentos de ratificación.
Las declaraciones interpretativas…
— Luego de unos instantes.
Sr. Menem. — Pido disculpas, señor presidente, pero he realizado una consulta a fin de satisfacer la inquietud formulada por el señor senador por San Juan respecto de los países que se abstuvieron de votar y los que lo hicieron en contra, dado que la Convención, como he dicho, data de 1982 y se efectuó en dos etapas. Primero, se hizo la votación sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y luego se votó la parte II, que motivó una nueva Convención, en donde los votos no fueron coincidentes con la primera votación. Es decir, hubo países que votaron afirmativamente en la primera etapa y luego negativamente, y viceversa.
Las declaraciones interpretativas, al momento de enviarse este proyecto por parte del gobierno del doctor Alfonsín en 1986, eran cuatro; en esta oportunidad se han agregado dos y se modificaron otras en virtud del tiempo que ha transcurrido y dado que se generaron nuevos hechos en el orden internacional que dieron motivo a que se reformularan algunas de esas declaraciones.
La primera de ellas es sobre el derecho de paso inocente de buques de guerra extranjeros por el mar territorial y el requisito de autorización y notificación previa, atendiendo a cuestiones de seguridad. En esto no hubo variación respecto de lo que se había manifestado anteriormente.
La segunda declaración se refiere al tratado de paz y amistad con Chile, en donde se declaró que el estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones. Además, el citado Tratado de Paz y Amistad contiene disposiciones específicas y un anexo especial sobre navegación, que incluye regulaciones para buques de terceras banderas en el canal de Beagle y otros países y canales del archipiélago de Tierra del Fuego.
La tercera declaración se refiere a la conservación de los recursos compartidos entre la zona económica exclusiva y la zona adyacente a ella. A esto es lo que hacía yo referencia cuando decía que no nos podemos limitar exclusivamente a controlar la zona económica exclusiva.
La Republica Argentina acepta las normas que están contenidas en la Convención del Derecho del Mar pero entiende que son insuficientes, en especial en lo relativo a las poblaciones de peces transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorios.
Es sabido el problemas suscitado hace poco tiempo entre Canadá y España precisamente por la explotación de algunas especies, lo que motivó la intervención de la Comunidad Europea y se planteó un conflicto bastante intenso que felizmente se llegó a solucionar.
El gobierno argentino interpreta en este aspecto que para cumplir con las obligaciones que establece la Convención sobre la preservación de los recursos vivos, en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin.
Es decir que la República Argentina aquí se pone a cubierto y dice que para preservar los recursos en su zona económica exclusiva se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para preservar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios.
El punto 4 se refiere al problema de Malvinas. Aquí ya la Argentina había hecho una declaración en el momento de firmar la Convención, y se amplía con esta declaración interpretativa. En ella decimos que la firma de la Convención, y me voy a referir al aspecto principal, no afecta en modo alguno la cuestión de las Islas Malvinas, que se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización de este organismo, en las cuales se reconoce que existe una disputa sobre las Islas Malvinas e insta a las partes a solucionar este problema por vía de la negociación directa.
Ratificamos que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur forman parte del territorio argentino, y se trascribe la parte de la disposición transitoria primera de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, donde decimos enfáticamente que las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur forman parte del territorio nacional y que la Argentina ratifica su derecho de soberanía sobre tales territorios.
Aquí se vuelve a consignar una expresión semejante, y se aclara que la firma de esta Convención en modo alguno afecta los derechos de la República Argentina sobre estos territorios insulares y sus mares adyacentes.
La Cláusula interpretativa 5 se refiere al derecho de libre navegación y la protección del medio marino. Y aquí se agrega un aspecto fundamental por el que se considera necesario que se regule debidamente el tránsito marítimo de buques con cargamentos de sustancias radiactivas de alta actividad.
El gobierno argentino acepta las normas sobre prevención de la contaminación marina, contenidas en la parte XII de la Convención, pero considera que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la adopción de ese instrumento internacional, es preciso complementar y reforzar las disposiciones para prevenir, controlar minimizar los efectos de la contaminación del mar por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y sustancias radiactivas de alta actividad.
Esto se refiere, específicamente, al caso del transporte realizado, por ejemplo, en los últimos tiempos por un barco japonés cargado de plutonio que transitó todo el litoral marítimo, llegando inclusive a tocar aguas de jurisdicción argentina, así como también aguas de jurisdicción de nuestros países vecinos.
Por último, con relación al sistema de solución de controversias, en la cláusula 6 de la declaración interpretativa se hace una declaración sobre elección de los procedimientos y las materias exceptuadas de dichos procedimientos. Y aquí la Argentina establece cuál es, a su juicio, el orden de prelación de los procedimientos para solucionar las controversias, cuáles son las materias contempladas y cuáles son las materias excluidas.
En definitiva, señor presidente, señores senadores, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la mencionada Convención, están adecuadamente reflejados y garantizados por los principales intereses argentinos, expuestos y definidos con firmeza durante muchos años de negociación diplomática y que han sido una constante a través de los distintos gobiernos, sin importar su signo político. La Argentina ha mantenido una posición firme en defensa de sus derechos como país ribereño.
A la luz de los profundos cambios políticos y económicos ocurridos en los últimos años, así como el creciente interés universal por la protección del medio ambiente marino y sus recursos, estimo —según lo señalara anteriormente— que algunas de las disposiciones de la Convención necesitarán ser desarrolladas y profundizadas.
Por los motivos expuestos, considero de suma importancia, señor presidente, la aprobación de estos dos tratados internacionales, de modo tal de facilitar que el Poder Ejecutivo pueda ratificarlos a la mayor brevedad, depositando los instrumentos pertinentes a fin de permitir que la República Argentina se una al importante grupo de naciones de todos los continentes que se van a beneficiar con la regulación del régimen integral contenido en este nuevo orden internacional que se establece en materia de regulación de los océanos y mares.
Por las razones expuestas, anticipo desde ya nuestro voto favorable a esta iniciativa.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: en primer lugar debo decir que la Convención sobre el Derecho del Mar no permite reservas.
Esto no quiere decir que la República Argentina haya querido formularlas sino que en la propia Convención, por interdependencia entre las distintas cuestiones y por lo difícil que resultó conciliar todos los intereses contrapuestos —que, como bien señalara el señor senador obedecen a las distintas características de los Estados: los ribereños, los no ribereños, los que tienen la posibilidad de explotar sus recursos o no— se resolvió que en esta Convención en especial no se admitieran reservas.
Por eso se recurrió directamente a las declaraciones interpretativas. Por ejemplo, la que señala que la Argentina considera que tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para preservar los recursos de su zona económica exclusiva, e inclusive fuera de ella. Es una declaración interpretativa; pero no se debe considerar reserva.
Es como el caso de la declaración respecto de las Islas Malvinas. Aunque no se hubiera hecho, hay una resolución de las Naciones Unidas. Pero de todos modos consideramos necesario no sólo ratificar dicha resolución sino incluir en forma expresa nuestro texto constitucional, reflejado en el artículo 1º de las disposiciones complementarias.
En cuanto a la consulta sobre lo que significa el paso inocente, debo decir que es el derecho que tiene todo buque extranjero de navegar por el mar territorial de otro Estado, siempre que no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. Es decir que en alguna medida constituye una limitación al principio de la soberanía del Estado sobre su mar territorial.
Con respecto al tema de las sustancias radioactivas, diré que hemos incorporado como declaración interpretativa la necesidad de decir que la Argentina acepta lo que se dispone en la Convención, pero estima que deben profundizarse las medidas para evitar la contaminación que surge de esta nueva forma que se viene dando de transportar material de alta radioactividad, como pasó con este barco japonés que llevaba plutonio, cuyo itinerario fue seguido desde todo el mundo.
La Argentina está reclamando, y por eso lo ha puesto como declaración interpretativa, la profundización de las medidas tendientes a evitar que se produzca contaminación por ese medio. En efecto, en todos los foros internacionales va a seguir reclamando que se adopten las medidas necesarias para evitar ese tipo de contaminación.
Debo al señor senador la respuesta de cuáles son los cuatro países que han votado en contra. Realmente no tengo a mano el dato, pero se lo voy a hacer llegar apenas disponga de la información.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Estoy en condiciones de informar al señor senador por San Juan cuáles fueron los cuatro países que votaron en contra de la convención en 1982: Estados Unidos, Turquía, Venezuela e Israel. Y las dieciséis naciones que se abstuvieron: Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Occidental, Alemania Oriental, España, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Tailandia, Ucrania y la Unión Soviética.
Sr. Avelín. — Muchas gracias por su información, señor senador.

Proyecto de declaración repudiando la reanudación de pruebas nucleares por parte de Francia en el Pacífico Sur (30 de agosto de 1995)

30 de agosto de 1995
39ª Reunión – 22ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3986 a 3989

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto han llegado una serie de proyectos presentados por varios señores senadores relacionados con el anunciado propósito de la República de Francia de realizar ensayos nucleares en el atolón de Mururoa en los próximos días. En ese sentido, hay proyectos de los señores senadores Oyarzún, Solari Yrigoyen, Losada, Cafiero, Massat y de quien está en el uso de la palabra, todos los cuales apuntan a la misma finalidad; es decir, tienen como denominador común el repudio o rechazo a esas experiencias o ensayos nucleares, una exhortación a su suspensión o cese y el pedido al Poder Ejecutivo, en algunos proyectos, para que plantee el caso directamente ante la República de Francia y los foros internacionales como las Naciones Unidas y, por supuesto la expresión del desagrado de este cuerpo frente a la violación de lo que desde 1992 hasta ahora había sido una moratoria de hecho entre las potencias nucleares en el sentido de no reanudar ninguna experiencia de este tipo.
En esta Cámara, en reiteradas oportunidades, hemos tenido ocasión de referirnos al tema. Se recordará que hace poco consideramos la adhesión de la República Argentina al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que se ratificó por lo que pasó a ser la ley 24.448. En ese momento hicimos una detallada exposición con respecto a los antecedentes en la materia y a los esfuerzos que se vienen haciendo desde las Naciones Unidas y desde toda la comunidad internacional para evitar que se siga insistiendo en la proliferación de este tipo de armas, que constituyen ya no sólo un atentado contra la paz y contra el pacifismo imperante en la mejor doctrina internacional, sino contra la propia dignidad humana, pues quien fabrica esas armas o similares, quien hace pruebas o ensayos con ellas, está pensando en la destrucción del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, se está atentando existencialmente contra la existencia de la humanidad.
Anteriormente tuve oportunidad de citar párrafos de ese magnífico discurso que pronunció Gabriel García Márquez en la reunión del Grupo de los Seis en Ixtapa (México) donde con vuelo poético describió lo que sería una guerra nuclear.
Mientras la humanidad actualmente está preocupada en combatir los focos de violencia que hay en distintas partes del mundo, mientras todos los días están cayendo bombas y obuses que matan a gente inocente en Sarajevo y en la ex Yugoslavia, mientras los fundamentalismos religiosos lamentablemente están azotando a ciertos países del mundo con atentados terroristas, en vez de preocuparse en combatir esos hechos algunas potencias están pensando en la manera de perfeccionar sus armas nucleares para ver cómo pueden causar más efectos destructivos en las personas y en los bienes.
La conciencia de paz que tenemos los argentinos, por la cual nuestro país adhirió al Tratado de Tlatelolco, a todos los Tratados en materia de paz y al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y envió soldados para que participen como cascos azules en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, ahora se ve conmocionada por la irracionalidad de quienes siguen llevando adelante ensayos nucleares, pese a que se han suscripto los Tratados de paz y a que existe una verdadera moratoria de hecho entre las potencias nucleares, como ya tuvimos oportunidad de señalar.
Entonces, no podemos menos que repudiar estos hechos en forma enérgica y pedir a quien lleva las relaciones exteriores de nuestro país, al Poder Ejecutivo, que exhorte a la República Francesa a que cese con sus pretensiones de realizar ensayos nucleares y que presente la situación a las Naciones Unidas para que tome las medidas del caso y trate de convencer a este país de que su posición de continuar con tales ensayos no sólo constituye un atentado contra la paz, sino que significa también un nuevo ataque en contra del medio ambiente y en contra del derecho que tiene el hombre de vivir en un ambiente sano. Porque ya sabemos, por más que se diga lo contrario, que cada vez que se hace detonar un artefacto nuclear, siempre, en el medio ambiente se producen efectos que atentan contra la vida sana. Estos principios que estamos preservando los hemos llevado a nivel de categoría constitucional en la reforma de 1994.
Señor presidente: teniendo en cuenta todo lo que hemos expresado sobre el tema en ocasión de considerarse la adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que este Congreso ha tenido el honor de sancionar hace poco tiempo, hemos tratado de expresar, contener o receptar el pensamiento de todos los senadores que han presentado estos proyectos, y que estoy seguro comparte todo el cuerpo, en un proyecto unificado por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, es que me permito solicitar se lea por Secretaría para que si algún señor senador, autor de proyectos sobre el tema o no, desea introducir alguna otra expresión, pueda hacerlo en esta instancia.
…………………………………………………………………………………………………………

Sr. Menem. — Señor presidente: no tengo intención de reproducir el debate que tuvimos en ocasión de considerar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, razón por la cual, en cuanto a las manifestaciones del señor senador por el Chubut, me remito a lo expresado en aquella oportunidad.
Hoy estamos considerando una condena a la intención anunciada por parte del gobierno de Francia de realizar ensayos nucleares. Por eso el proyecto se circunscribe a ese tema.
Mucho me temo que el sano propósito del señor senador por Buenos Aires de incluir en el proyecto de declaración una invitación para que el señor embajador de Francia en la Argentina concurra a este Senado no se encuentra en el marco de nuestras atribuciones, porque el manejo de las relaciones exteriores corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, será el Poder Ejecutivo el que tome las medidas del caso.
En ese sentido, nuestro proyecto contiene un pedido al gobierno nacional para que exhorte al gobierno francés a desistir de esta intención, lo que seguramente hará a través del embajador de ese país en nuestra nación, quien podrá ser llamado a ese fin. Pero yo no creo que tengamos atribuciones para invitarlo a que dé explicaciones en este Senado.
Por eso considero que esta manifestación del señor senador por Buenos Aíres quizá no sea la más adecuada. Desde luego, comparto el objetivo, el propósito, la intención que lo motiva; pero creo que no podemos instrumentarlo de esa forma.
Reitero que seguramente la protesta del gobierno nacional será canalizada a través del señor embajador de Francia en la Argentina.
Por eso creo que el proyecto, en ese sentido, reúne todas las inquietudes de los señores senadores.

Proyecto de declaración repudiando la sanción por Estados Unidos de la Ley de Solidaridad con la Libertad y la Democracia CubanaEnmienda Helms-Burton (19 de junio de 1996)

19 de junio de 1996
Diario de Sesiones – Tomo 4 – Páginas 2987 a 2989

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: el Senado de la Nación no puede permanecer en silencio frente a la sanción de esta ley que se acaba de mencionar, conocida como la ley Helms-Burton, denominada “Ley de Solidaridad con la Libertad y Democracia Cubana”.
Digo que el Senado de la Nación no puede permanecer en silencio por cuanto esta ley constituye una flagrante violación de normas y principios fundamentales, liminares del derecho internacional. Asimismo, constituye una violación de normas y principios básicos sobre los cuales se asientan la convivencia internacional y el respeto mutuo entre las naciones.
Como es sabido, esta ley procura profundizar el bloqueo económico y el embargo que desde hace muchos años viene manteniendo Estados Unidos respecto de Cuba, a través de distintas disposiciones, entre ellas la denominada “Ley Torricelli”, que este Senado tuvo oportunidad de repudiar en 1992.
No obstante lo expresado y pese al repudio generalizado que recibieron legislaciones de este tipo, el Congreso de los Estados Unidos no sólo ha mantenido el embargo y el bloqueo, sino que ha sancionado este año una nueva norma, la denominada “Ley Helms-Burton”, por la cual no sólo se ratifican aquellas medidas, no sólo se convierten en ley todas las disposiciones administrativas y ejecutivas dictadas al respecto, sino que, además, se toman muchas otras medidas de extrema gravedad que ya no sólo afectan a la República de Cuba, sino también a terceros Estados, en tanto y en cuanto deseen mantener relaciones comerciales o económicas con la República de Cuba.
Basta mencionar, por ejemplo, entre esas medidas, que se establece la promoción ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un embargo internacional obligatorio contra Cuba, que incita a los gobiernos extranjeros a restringir sus relaciones comerciales y crediticias con respecto a Cuba; que autoriza a aplicar sanciones contra otros países que brinden ayuda a Cuba o mantengan cualquier tipo de relación comercial o financiera en términos concesionarios; que penaliza a los gobiernos que realicen actividades de exportación e importación, intercambio y cualquier otro arreglo que redunde en el abastecimiento de bienes y servicios a favor de Cuba, en términos más favorables que los que comúnmente se aplican en los mercados internacionales.
Asimismo, por la referida ley, se otorga a cualquier ciudadano estadounidense, nativo o por adopción, el derecho de presentar demandas judiciales ante los tribunales de los Estados Unidos contra gobiernos extranjeros o toda persona que trafique con la propiedad confiscada por un gobierno extranjero. Se refiere, por supuesto, concretamente, a las confiscaciones realizadas en Cuba.
Transforma en ley todas las medidas ejecutivas del embargo en vigencia a fin de impedir que el presidente las cambie por decreto.
Ordena votar en contra de todas las formas de préstamos o ayudas crediticias a Cuba por parte de las instituciones multilaterales de financiamiento.
Es decir, se ordena una serie de medidas que, repito, no sólo se refieren a la nación a la cual se quiere aplicar sanciones; sino que afectan a toda la comunidad internacional en tanto y en cuanto ésta ejerza el derecho de mantener relaciones comerciales y económicas con la nación mencionada.
Según el texto de esta ley, los efectos de este embargo sólo cesarían en cada caso de que, a juicio del gobierno de los Estados Unidos, la República de Cuba adopte o haga una transición hacia la plena vigencia de la democracia.
Desde luego, señor presidente, no es necesario ser muy agudo en el análisis para darse cuenta de la cantidad de violaciones que contiene esta legislación, desde cualquier punto de vista que se la mire.
En primer término, no cabe duda de que constituye una violación al derecho de soberanía e independencia que tienen todos los Estados que integran la comunidad internacional, desde el momento en que se los amenaza con distintas penalidades por el hecho de ejercer la atribución, la potestad que tienen todos los Estados de mantener relaciones con cualquier país y de traficar, de negociar, con cualquier nación de la tierra.
Cada Estado, por el solo hecho de ser tal, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad internacional, tiene el derecho de mantener negociaciones con cualquier otra nación sin ningún tipo de condicionamiento ni limitación.
Por otra parte, no cabe duda de que también atenta contra el principio de igualdad jurídica de todas las naciones, dado que hay un país que se considera con el derecho de tutelar o de indicar con quién se debe mantener relaciones y con quién no.
Además, esta legislación viola disposiciones expresas de la carta de la Organización de Estados Americanos según la cual todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados, de acuerdo con el derecho internacional. A su vez, los Estados miembros también deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros.
Por otra parte, de la legislación que acabo de cuestionar surge también que se asignan efectos extraterritoriales afectando no sólo el sistema jurídico de otras naciones, sino también a personas e instituciones que están bajo exclusiva jurisdicción de otras naciones que integran la comunidad internacional.
La ley Helms-Burton también viola normas y principios que hicieron posible la existencia de la Organización Mundial de Comercio que este Congreso ha ratificado y aprobado por ley.
Señor presidente: tantos años se ha trabajado con esa famosa ronda Uruguay del GATT a efectos de establecer bases y pautas para la integración y la expansión comercial para que de un plumazo, por una legislación de un país, se creen o agraven los obstáculos para el libre comercio entre las naciones. Entonces, ¿para qué se ha suscrito este Tratado de la Organización Mundial de Comercio? ¿Para qué se establece un sistema de sanciones? ¿Para qué se establecen mecanismos tendientes a ampliar el comercio en un momento en que se habla de una globalización económica y comercial?
Por otra parte, también viola principios de integración territorial, de integración económica y de expansión comercial que constituyen principios del sistema interamericano. Este aspecto también está previsto en las normas del sistema interamericano que fueron asumidas como compromiso por todos los jefes de Estado en aquella cumbre de Miami en la que se hablaba de una integración desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Pero, ¿cómo vamos a integrarnos si se pone este tipo de trabas, este tipo de obstáculos, por fines que hacen al interés de un solo país?
Por estos motivos, señor presidente, esta ley ha recibido el repudio prácticamente unánime no sólo de la mayoría de los países que integran la comunidad internacional, sino también de las propias organizaciones internacionales.
En ese sentido, no hace mucho tiempo la Asamblea General de la OEA emitió una resolución por la que se instruye al Comité Jurídico Interamericano para que en su próximo período de sesiones estudie de manera prioritaria la procedencia de este tipo de legislación dentro del marco del Derecho Internacional.
Por otro parte, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, en la reunión realizada en Cochabamba el 27 de mayo de 1996, también han condenado la adopción de legislaciones nacionales con efectos extraterritoriales que obstaculicen el comercio internacional y la inversión de otros países en terceros estados, así como el libre tránsito de personas.
A su vez, la Unión Europea también se expidió al respecto y pidió explicaciones a los Estados Unidos sobre esta legislación en el marco que establece la Organización Mundial de Comercio.
Debemos recordar en este sentido un valioso antecedente establecido por la Organización de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General, ya en 1994, refiriéndose al anterior bloqueo, que ya estaba vigente, y la ley Torricelli, había establecido la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estos Unidos contra Cuba.
En aquella resolución se reafirmaron, entre otros, los principios de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la no injerencia en sus asuntos internos, y la libertad de comercio y de navegación internacionales frente a la continuada promulgación y aplicación por parte de Estados miembros de leyes y regulaciones cuyos efectos territoriales afectan la soberanía de otros Estados y los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción.
Nuestro país, señor presidente, también fijó una clara posición al respecto ratificando su oposición a este tipo de legislación, que tuvo su antecedente, como acabo de decir, en la enmienda Torricelli. En ese sentido, a la larga lista de declaraciones efectuadas por el gobierno argentino cabe citar a simple título de ejemplo una declaración conjunta de 1992 emitida por los presidentes de la Argentina y de México, donde decían que el establecimiento de vínculos comerciales con cualquier país es una expresión de soberanía que no puede estar subordinada a la voluntad de un tercer Estado.
En consecuencia con esa posición, la República Argentina fue una de las autoras de la iniciativa de este proyecto sancionado por la Asamblea General de la OEA el 4 de junio, al cual hice referencia hace unos minutos y que fuera aprobado prácticamente por todos los países con excepción, desde luego, de los Estados Unidos y de la República Dominicana.
Es decir que lo que hoy hace este Senado es sumarse a la ola de repudios en contra de una legislación que, como dije, viola principios elementales del derecho internacional y de convivencia pacífica entre las naciones.
Por supuesto, no podemos soslayar en este sintético análisis cuál es el motivo que se invoca para sancionar una legislación de este tipo. Se dice que tiene por objeto que Cuba pueda volver a la democracia y, en consecuencia, pueda tener nuevamente un régimen democrático. Estos son los motivos que se invocan y Estados Unidos se constituye en juez de cuándo Cuba debe volver a tener un sistema democrático.
Es lógico que todo el país pueda manifestar sus aspiraciones para que reine la democracia en todo el mundo, pero también es cierto que hay un principio fundamental del derecho internacional que es el de la autodeterminación de los pueblos, que en otras palabras dice que es cada pueblo el que debe elegir su propio destino. No es admisible, bajo ningún punto de vista, que cualquier país, por más grande, poderoso y fuerte que sea, se convierta en árbitro del modo de vida y del tipo de gobierno que debe tener otro país. Es el pueblo de cada país el que debe elegir su forma de gobierno, sin perjuicio de que ese Estado o esos Estados puedan expresar sus posiciones en asambleas o foros internacionales. De ningún modo puede admitirse que se tomen medidas de acción directa que constituyen verdaderos actos de injerencia, ya no sólo en los asuntos internos del país en cuestión sino de otros estados por el solo hecho de querer comerciar o mantener relaciones económicas con ese país.
Por último, señor presidente, quiero decir algo que también debemos tener en cuenta a la hora de sancionar una declaración como la que estoy proponiendo y que también ha sido propuesta por otros señores senadores, entre ellos el señor senador por la provincia de Buenos Aires.
¿Para qué han servido estos 35 años de bloqueo que viene manteniendo Estados Unidos con respecto a Cuba? El único que ha sufrido es el pueblo cubano. La única víctima del embargo comercial, ha sido el pueblo, al cual se dice querer ayudar para que vuelva la democracia. Entonces yo digo: si las razones de orden jurídico, político y económico no fueran suficientes para fundamentar nuestro repudio a una legislación de este tipo, valgan por lo menos, las razones humanitarias. No se puede castigar a un pueblo por este tipo de medidas. Al decirlo estamos atendiendo a los principios fundamentales de toda comunidad organizada. Porque, como decía el general Perón, el hombre es el principio y fin de la comunidad organizada. No hay derecho para que por razones políticas de cualquier naturaleza se condene a un hombre a vivir en la miseria o a morirse de hambre para que por esa vía se pueda volver a la democracia en el país en que vive ese hombre que es digno del respeto de todos los hombres de la tierra.
Por estas razones, señor presidente, creo que este Senado debe sancionar hoy en forma contundente este proyecto de declaración por el cual se repudia la legislación denominada de solidaridad con la libertad y democracia cubana y, al mismo tiempo, se pide al Poder Ejecutivo que mantenga su posición y reclame ante todos los foros internacionales que se dejen sin efecto medidas de este tipo que, como digo, no sólo afectan al derecho de las naciones, la convivencia pacífica y la libertad de comercio y de navegación, sino también afectan a la dignidad de la persona humana.

Proyecto de ley aprobando la Convención Interamericana contra la Corrupción (4 de diciembre de 1996)

4 de diciembre de 1996
Diario de Sesiones – Tomo 10 – Páginas 7783 a 7785

Sr. Menem. — Señor presidente: quiero manifestar unas pocas palabras para fundamentar el pedido de aprobación de esta importante Convención Interamericana que se firmó en Caracas el 29 de marzo de 1996.
Esta Convención, que consta de un preámbulo y veintiocho artículos, fue suscrita por todos los países miembros que integran la Organización de los Estados Americanos, OEA, y tiende a establecer, dentro de ese ámbito, pautas y normas de carácter internacional para luchar contra el flagelo de la corrupción.
En el preámbulo se vierten conceptos importantes acercas del porqué de esta Convención. Y así se dice que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia y contra el desarrollo integral de los pueblos.
Además, se sostiene que la democracia representativa exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, que es importante generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad del problema y que es necesario promover cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción.
Esta Convención tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, es decir, promueve que los Estados Partes establezcan los mecanismos para combatir la corrupción, pero, por otra parte, también tiende a promover y facilitar la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
A partir de allí la Convención establece una serie de normas, tipifica las conductas ilícitas, por un lado, y establece una serie de medidas preventivas que deben tomarse contra la corrupción, por otro. Además, establece disposiciones de carácter procesal.
En el artículo III señala, por ejemplo, cuáles son medidas de carácter preventivo. Porque, desde luego, no se trata solo de combatir, desde el punto de vista de la represión, a los delitos sino de prevenirlos adecuadamente. Para ello establece una serie de normas a las cuales se deben ajustar los Estados Partes a los efectos de que se adopten medidas preventivas como, por ejemplo, normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta, instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen esas actividades.
En fin, contiene doce normas de carácter netamente preventivo que los países se comprometen a incorporar.
La número doce menciona, por ejemplo, el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.
En cuanto a los actos de corrupción propiamente dichos, están especificados y descriptos en el artículo VI de la Convención, donde se los tipifica perfectamente. Allí se menciona el requerimiento o la aceptación por parte de un funcionario público o de una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario o de otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas. Es decir, se hace referencia al que requiere ese tipo de beneficios.
También se tipifica como acto de corrupción la conducta de aquel que ofrece dádivas o cualquier objeto de valor pecuniario para obtener una acción u omisión del funcionario público a cambio de esa retribución; la realización por parte de un funcionario público o de una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto y omisión en el ejercicio de sus funciones, con fines de obtener ilícitamente un beneficio; y el aprovechamiento doloso o la ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere dicho artículo.
Finalmente, se incluye la participación en la comisión de cualesquiera de las conductas mencionadas anteriormente como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma. Es decir, la figura comprende a toda la gama de la participación prevista por el Código Penal.
Desde luego que muchas de estas conductas dolosas ya están contempladas en nuestro Código Penal en el título de los delitos contra la administración pública. Tal es el caso del cohecho, la malversación y el enriquecimiento ilícito. Pero de todos modos aquí hay una tipificación de carácter más general.
La Convención incluye dos artículos con casos especiales a los que los Estados Partes, los países que la han suscripto, han querido dar importancia fundamental.
Por un lado, el soborno trasnacional. En tal sentido, establece que debe sancionarse la conducta de los nacionales de un país que procure obtener un beneficio, una acción o una omisión en otro país mediante el soborno o la dádiva a funcionarios o personas que ejerzan la función pública. Es decir, tipifica lo que se conoce como soborno trasnacional.
Por otra parte, también se ha dado un capítulo especial, un tratamiento especial, al caso del enriquecimiento ilícito contemplado en el artículo IX de la Convención. Allí se establece que si ya está tipificado, está comprendido dentro de la norma de la Convención y, para el caso de que no esté tipificado, establece la obligación de los países que suscriban el acuerdo para que brinden asistencia y cooperación previstas en él, prestando colaboración a efectos de perseguir y castigar debidamente estos delitos.
Hay un artículo titulado “Desarrollo progresivo”. Se trata de una serie de normas que se comprometen a sancionar los Estados, teniendo en cuenta la tipificación de otras conductas que se consideran delictivas tales como el aprovechamiento indebido de información que conozca el funcionario en ejercicio de su cargo; se trata del aprovechamiento de esa información reservada o privilegiada con fines de conseguir beneficios.
También se contempla el uso y aprovechamiento indebido de cualquier tipo de bienes a los cuales tenga acceso o estén en posesión de ese funcionario en ocasión del ejercicio de su cargo.
Se hace referencia a toda acción u omisión efectuada para obtener ilícitamente algún beneficio en detrimento del Estado, la desviación de valores, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores pertenecientes al Estado, también en beneficio ilícito de un tercero.
Hay una disposición que tiene una especial significación, que figura en el artículo XII de la Convención y que indica que para que se apliquen las normas de la Convección no es necesario que se cause un perjuicio patrimonial al Estado que ha sido víctima del acto de corrupción. Es decir, a diferencia de algunos delitos que para tipificar la conducta punible, exigen la existencia del perjuicio, aquí se establece como norma general que será considerado como acto delictivo, como corrupción, aun cuando no cause perjuicio de las arcas del Estado que es víctima del delito.
Luego se establecen normas en materia de extradición, estableciendo que cada uno de los delitos a que se aplica se considerará incluido entre los que dan lugar a la extradición en todo Tratado en la materia vigente entre las partes. Es decir, aunque no esté expresamente establecido, por el solo hecho de que esté contemplado el delito, da lugar a la extradición entre esos Estados que tienen suscriptos los tratados de extradición.
Y dice: “Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un Tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos”.
Es decir que da una gran amplitud, ya sea respecto de aquellos Estados que hayan suscripto Tratados de extradición, o bien, con relación a aquellos otros que no supeditan la extradición a la existencia de un Tratado. Vale decir que se da la más amplia gama de posibilidades para que estos delitos den lugar a la acción de extradición entre los Estados.
Por otra parte, hay un artículo que establece la obligación de asistencia recíproca y de cooperación de la mayor amplitud entre los Estados signatarios para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descriptos en la Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción. Además, prestarán la más alta cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Hay una norma muy importante en materia de secreto bancario, que establece que el Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario.
Es decir que bajo ningún punto de vista puede invocarse el secreto bancario para negar la información cuando sea requerida. Desde luego, tiene que ser solicitada en legal forma, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia, cumpliendo con los exhortos y los requerimientos que se hacen de juez a juez o de Estado a Estado.
Si bien es cierto que se trata de una Convención importante, yo estoy resaltando los puntos más destacados.
Por último, existe otra norma que tiene trascendental importancia; está contenida en el artículo XVII, y dice que el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción que hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político. Es decir que por más que se invoquen estas causales, serán considerados como actos de corrupción comunes, sin que puedan ser reconocidos como delitos comunes.
También debemos destacar como dato de interés que la Convención entra en vigor al trigésimo día a partir de la fecha en que se ha depositado el segundo instrumento de ratificación.
Esta Convención fue aprobada en marzo de este año, de modo tal que, estimo, si no está en vigencia aún, lo estará en poco tiempo más.
Finalmente, esta Convención rige en forma indefinida, pero cualquiera de los Estados partes podrá denunciarla.
Debo destacar, señor presidente, que en el temario acordado en la reunión de presidentes de bloque se incluyó el orden del día que nos ocupa, esto es, el 1.549, referido al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba la Convención a la que nos referimos, pero ocurre que con anterioridad la Cámara de Diputados había prestado la correspondiente sanción; es decir que el tema ha ingresado al Senado con la mal llamada “media sanción” de Diputados.
Por ello, si bien estamos considerando el Orden del Día Nº 1.549, solicito que, dado que se trata del mismo tema, en este momento tratemos la sanción de la Cámara de Diputados, a fin de que lo podamos convertir en ley y nuestro país se incorpore ya como Estado que ha ratificado esta importante Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada por todos los integrantes de la Organización de los Estados Americanos.
Se dará un paso importante en la lucha contra este flagelo que existe desde los tiempos más remotos. Pero por la complejidad del Estado, la globalización y por muchos otros motivos que tiene que ver con las pautas morales, jurídicas, sociológicas y psicológicas vigentes, es necesario poner un énfasis muy marcado para combatir este delito, que, repito, no es sólo un problema jurídico.
Con esta Convención estamos incursionando en el campo jurídico. Pero éste es un fenómeno al que hay que combatir desde un punto de vista multidisciplinario que, como dije, presenta factores morales, éticos, psíquicos, y sociológicos que deben ser tenidos en cuenta en conjunto para combatir este verdadero flagelo, que ya no afecta sólo a determinados Estados sino que se ha convertido en un fenómeno de naturaleza mundial.
Por ello es una buena medida de la Organización de Estados Americanos haber dado este instrumento para que no sólo se combata a tal flagelo dentro de los Estados, sino a través de una corporación, de una organización internacional que permita acosar, asediar a este flagelo que no sólo afecta las normas de convivencia moral que rigen en una comunidad nacional e internacional, sino que también afecta a su orden económico, jurídico y, por supuesto tiene consecuencias económicas.
Por eso debemos dar nuestro voto favorable, y así lo adelanto, a la ratificación por ley de esta importante Convención.

Proyecto de ley limitando la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras-Enmienda Helms-Burton-Cuba (11 de diciembre de 1996)

11 de diciembre de 1996
Diario de Sesiones – Tomo 10 – Páginas 7987 a 7989

Sr. Menem. — Señor presidente: este proyecto de ley, cuyo tratamiento sobre tablas ha quedado habilitado, procura limitar los alcances, los efectos extraterritoriales de leyes dictadas en países extranjeros.
Si bien es cierto que en los últimos tiempos se habla de un nuevo orden internacional, de la globalización, de la regionalización, de la integración de países, ello no autoriza a que algún país en particular pueda imponer su criterio o lo que estime sean normas justas a otros países que pueden no estar de acuerdo con esos criterios.
Concretamente nos estamos refiriendo a la denominada ley de solidaridad con la democracia y la libertad cubana, conocida como ley Helms-Burton, que lleva ese nombre por ser esos dos senadores sus autores, sancionada por el Congreso de los Estados Unidos.
Se trata de un caso típico de pretensión de la aplicación extraterritorial de una ley sancionada en un Estado, en este caso los Estados Unidos de América, con relación a otros países.
Esa ley fue sancionada el 12 de marzo de 1996 y pretende que tenga un efecto supranacional de extraterritorialidad que viola los más elementales principios del derecho internacional y, concretamente, el orden jurídico en los Estados en que pueda ser aplicada esa norma. Tiene como antecedente la denominada Ley Torricelli, de hace varios años, que impuso un embargo a Cuba como consecuencia de la relación conflictiva con los Estados Unidos.
La Ley Torricelli fue muy cuestionada. Se ha visto que sus efectos no fueron los esperados por sus autores, toda vez que el bloqueo económico tenía por objeto producir una democratización, un cambio de gobierno en Cuba. Indudablemente, han pasado décadas y la situación sigue siendo la misma. Lo único que ha conseguido el bloqueo económico es someter a una situación de precariedad económica, de carencias totales y de miseria al pueblo cubano, sin haberse alcanzado el efecto buscado, que era, repito, lograr un cambio de gobierno o la democratización de la República de Cuba.
En lugar de modificar esta política, los Estados Unidos deciden ir más allá. Deciden subir la apuesta, y no sólo endurecen el embargo sino que pretenden, a través de una ley imponer sanciones a aquellas personas, sea de existencia visible o ideal, aun de otros países, y aquellos países que tengan relaciones comerciales con Cuba, principalmente cuando estas negociaciones recaigan sobre bienes confiscados o expropiados a partir de la revolución cubana de 1959.
Esta ley establece, por ejemplo, que no se podrá otorgar visas a los titulares de empresas o a aquellos que realicen comercio respecto de los bienes expropiados en Cuba. Los familiares de estas personas tampoco podrán tener visa para ingresar a los Estados Unidos. Además, hace responsables a las empresas de terceros países que realicen negocios con bienes que fueron expropiados por el gobierno cubano por los daños que por esa causa se les hubieran ocasionado en su momento a los antiguos propietarios. Ello importa la posibilidad de demandas de particulares, inclusive cuando aún no tenían la ciudadanía norteamericana en el momento en que se produjeron las expropiaciones. Si luego hubieran adquirido dicha ciudadanía, se les habilita el derecho a hacer este tipo de reclamos, pidiendo las indemnizaciones correspondientes.
Esta clase de medidas son de una extraordinaria gravedad porque, inclusive, llegan a afectar el derecho de defensa de aquellas personas que caen bajo los efectos de la ley. Quizá con un ejemplo puedan los señores senadores entender la gravedad de la aplicación de una norma de este tipo.
Supongamos que una empresa argentina llegara a comprar papel fabricado en Cuba con elementos provenientes de algún inmueble expropiado en ese país y obtiene un beneficio de 100 mil dólares. Si se planteara una demanda de este tipo, no obstante haber hecho esta empresa argentina una negociación lícita, porque habría comprado algo que está en el mercado internacional y ha pagado su precio, tendría la obligación no sólo de restituir el beneficio obtenido, es decir, los 100 mil dólares, sino que además se le haría responsable del pago de la indemnización que se le debía al propietario del bien expropiado. Es decir, si el bien valía 1 millón de dólares, además de los 100 mil dólares tendría que pagar ese millón de dólares.
Si el tema hubiera sido tratado por la denominada Comisión para la Solución de Reclamaciones Extranjeras de los Estados, sin que haya tenido ninguna intervención de la persona afectada, podría ser condenada a pagar hasta tres veces el monto de esa indemnización.
Con la pretensión de aplicar disposiciones de este tipo en países extranjeros no sólo se viola el orden internacional sino que se violan elementales derechos de la persona, tales como el derecho a defensa, ya que en esa comisión creada a tales fines no se da la posibilidad de que el afectado pueda intervenir para ejercer, precisamente, la defensa de sus derechos.
Además, una norma de este tipo viola la ronda Uruguay del Gatt, que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, toda vez que constituye una traba evidente, una obstaculización al libre comercio en el mundo.
Por ese motivo, este mismo Senado de la Nación, es decir nosotros, se ha pronunciado repudiando la aplicación de una norma de este tipo. Cuando recién se sancionó la ley Helms-Burton, aprobamos una resolución por la que se repudiaba la aplicación de esa norma. Lo mismo hicieron la Cámara de Diputados, el Parlamento Latinoamericano, el Grupo de Río, la VI Cumbre Iberoamericana, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos.
Además, señor presidente, los propios socios de los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA, es decir, Canadá y México, también reaccionaron en contra de la aplicación extraterritorial de esa ley dictada por esa nación.
Por eso, el Parlamento Latinoamericano, del cual es miembro la República Argentina, ha dado instrucciones a los países miembros para que dicten normas tendientes a neutralizar los efectos de la ley Helms-Burton.
En tal sentido, hace poco tiempo México ha sancionado una ley para neutralizar los efectos de esta ley, al igual que Canadá, con la ley conocida como “ley antídoto”. Es decir, una norma que neutraliza, que paraliza, que no permite que actúe extraterritorialmente una norma sancionada en los Estados Unidos.
La Unión Europea dictó un reglamento por el cual no se permite que en su territorio esta ley Helms-Burton produzca efectos.
Frente a ello, y ante la invitación del Parlamento Latinoamericano a que los países miembros presenten iniciativas en este sentido, hemos propuesto este proyecto de ley que hoy tratamos, que, por cierto, es muy simple.
En su artículo 1º se establece que no se aplican en el país y que no tendrán efecto jurídico aquellas leyes que directa o indirectamente tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países, o que de algún modo permitan el reclamo de pagos o indemnizaciones de cualquier naturaleza a favor de particulares con motivo de expropiaciones realizadas en un tercer país.
Tampoco tendrán efecto jurídico las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, con el fin de provocar el cambio de la forma de gobierno de un país, o para afectar su derecho a la libre autodeterminación.
Podemos decir que éste es el aspecto esencial de la norma norteamericana: la aplicación de sanciones de tipo económico ya no sólo al país contra el cual se dirigen directamente sino también a terceros países. Pero, ¿a efectos de qué? A efectos de lograr que el país cambie su forma de gobierno o limitar su derecho a la autodeterminación; y esto, desde luego, es violatorio de las más elementales normas del derecho internacional.
En el artículo 2º se dispone que ninguna persona puede ser obligada a tomar medidas o a realizar acciones sobre la base de la ley ni tampoco puede invocar esa norma para reclamar algún tipo de derecho. Es decir, eliminamos toda posibilidad de aplicación de dicha ley en nuestro país.
Por el artículo 3º se prohíbe a las autoridades judiciales o administrativas que proporcionen información requerida por los tribunales o autoridades extranjeros sobre la base de las leyes indicadas en el artículo 1º.
Por el artículo 4º se establece que los afectados por esas normas deben comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual, a su vez, tiene la obligación de brindarles asesoramiento. Asimismo, debe constituirse un registro confidencial con las denuncias que se formulen al respecto, debiéndose dar participación al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo para que actúe en el orden judicial o administrativo, según corresponda, de acuerdo con la representación que tienen: el Procurador General, defendiendo los intereses generales, y el Defensor del Pueblo defendiendo, además, los derechos humanos.
El artículo 5º prohíbe a los jueces argentinos reconocer o ejecutar sentencias o requerimientos de pago sobre la base de las leyes a las cuales hacemos referencia.
El artículo 6º tiene una disposición muy interesante. Establece el derecho de las personas que hubieran sido condenadas como consecuencia de la aplicación de la ley Helms-Burton, a reclamar la restitución de los pagos que hubieran hecho como consecuencia de la aplicación de la ley mencionada. Es decir que nosotros no sólo limitamos la aplicación de esa ley, sino que abrimos la vía para que los afectados por esa norma puedan reclamar el pago de lo que les corresponde y, en ese caso, habilitamos la jurisdicción federal para que puedan hacer ese tipo de reclamos.
Por el artículo 7º autorizamos a los jueces a homologar sentencias dictadas en el extranjero que condenen a pagar daños o perjuicios a las personas que hubieran percibido sumas por aplicación de las normas indicadas en el artículo anterior.
De esta forma, señor presidente, cubrimos toda la amplia gama de efectos que pueden producir las leyes extranjeras que pretendan tener efectos extraterritoriales en nuestro país, en violación, como dije anteriormente, del orden internacional y también de nuestro orden jurídico interno.
Con esta iniciativa, no sólo estamos defendiendo nuestro derecho a la autodeterminación, nuestra soberanía, nuestro derecho interno, sino que también defendemos el orden jurídico internacional; estamos dando apoyo a las organizaciones a las cuales pertenecemos, como lo son la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento Interamericano.
También nos estamos haciendo eco de las recomendaciones de la Conferencia Iberoamericana y efectuamos un aporte, que considero trascendente, en pos de la vigencia del derecho, de la justicia y de un orden internacional en el cual prevalezca la convivencia pacífica.
Por las razones expuestas, señor presidente; solicito el apoyo de mis colegas a efectos de sancionar este proyecto de ley.

Proyecto de comunicación sobre minas antipersonal (20 de agosto de 1997)

20 de agosto de 1997
Diario de Sesiones – Tomo 5 – Páginas 4329 y 4330

Sr. Menem. — Señor presidente: en pocas palabras quisiera referirme a un tema que día a día cobra mayor importancia en el orden mundial, como es el tratamiento del problema que generan las denominadas minas antipersonal.
Se trata de un verdadero flagelo al que el ex Secretario de las Naciones Unidas Boutros Ghali calificó como uno de los mayores desafíos para crear condiciones para la paz entre Estados que hayan puesto fin a una guerra: el uso extendido de minas terrestres antipersonal. El empleo de estas armas prolonga los efectos de una guerra por tiempo indeterminado, impidiendo el desarrollo agrícola y la reconstrucción de las vías de comunicación y transportes después de que el conflicto ha terminado.
Señor presidente: bastaría con que escuchemos algunos datos y estadísticas sobre el tema para que nos demos cuenta de la extraordinaria importancia que tiene y por qué en este momento en todas las agendas de los organismos internacionales se habla de la necesidad de terminar con este flagelo de las minas antipersonal.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja existen hoy en día más de 110 millones de minas terrestres desplegadas en 69 países alrededor del mundo; repito: 110 millones. La mayoría de esos países tienen economías en desarrollo, y estas minas están instaladas ahí como consecuencia de batallas que los pueblos y los países han terminado hace muchos años, por el efecto que tienen de mantenerse activadas durante muchísimos años. Además de esos 110 millones de minas que están instaladas hay 100 millones más que permanecen en depósito, pues su producción alcanzó en los últimos años un promedio de 5 millones de minas por año.
Como consecuencia de estas minas antipersonal, en la actualidad hay en el mundo 250 mil personas discapacitadas por su acción. En promedio, matan a más de 10 mil personas por año y hieren a más de 16 mil, ya que su finalidad es matar o dejar inválida o discapacitada a la gente. Esta cifra arroja un resultado de 509 víctimas por semana. Pero lo más grave es que más del 90 por ciento de las víctimas son civiles y la mayoría de ellas niños.
Es decir que desde que comenzó esta sesión hasta este momento han muerto o han quedado discapacitadas tres personas más, y hasta que finalice esta reunión muchas más sufrirán sus efectos, como consecuencia de que cada veinte minutos una de estas minas terrestres explota en el mundo, matando o dejando inválidos a niños o a personas de trabajo.
Pero esto también produce efectos económicos. Por un lado, la pérdida de tierras productivas y de infraestructura nacional; o sea que atrasa el desarrollo económico, porque todas las zonas donde están los campos minados no pueden ser trabajadas. Por otro lado, el costo de remoción de la mina colocada es desproporcionalmente mayor a su instalación. Esto es muy grave porque resulta muy fácil y barato instalar estos artefactos de la muerte, ya que cuesta entre 3 y 15 dólares la instalación de cada mina antipersonal, pero su remoción, o sea cuando se quiere hacer el desminado, tiene un costo de 1.000 dólares por cada mina instalada.
Por eso, toda la sociedad mundial está preocupada por este tema y está tratando de combatir este flagelo. Ya se están haciendo muchos esfuerzos al respecto. Tratando de sintetizar mi exposición, señalo que las Naciones Unidas estiman que 80 mil minas sembradas fueron desactivadas en 1995, pero agrega que en ese mismo período fueron colocadas dos millones y medio de minas más. Es decir, es como si de pronto el trabajo que se hizo resultara inútil.
Como consecuencia de ello, la sociedad internacional ha reaccionado: el punto de partida fue el Protocolo sobre prohibiciones y restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos: Protocolo II de la Convención de Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de la cual nuestro país es parte.
Lo que campea en el orden internacional es la idea de que debemos terminar con este flagelo, yendo hacia la abolición total tanto de la producción como del almacenamiento de las minas antipersonal. Pero, muchas veces, las necesidades de defensa hacen que los países o sus ejércitos se resistan a ceder o a deshacerse de este tipo de minas. De cualquier manera, este proceso viene avanzando en forma firme. Desde la Declaración de Ottawa, producida en Canadá, se ha avanzado. En 1994, prácticamente ningún país estaba de acuerdo o hacía esfuerzos con este fin. Hoy, ya está generalizada la idea de que se debe hacer algo muy rápidamente para terminar con este flagelo. La República Argentina ha tenido siempre una posición en favor de la paz y ha contribuido con sus esfuerzos a su mantenimiento. Ha sido en virtud de esos principios pacifistas, señor presidente, que nuestro país ha suscrito Tratados de prohibición en materia de proliferación nuclear. Por esa razón hemos firmado el Tratado de Tlatelolco y diversas Convenciones que prohíben el uso de armas químicas. Queremos apostar a la paz, no a la guerra y la destrucción.
Por estos motivos, señor presidente, hemos presentado este proyecto de comunicación, con el cual pretendemos dar un mensaje, cual es que desde el continente americano estamos predicando la paz y la convivencia.
Por lo tanto, si nos estamos integrando, si hemos creado el Mercosur y tratamos de concretar la unidad latinoamericana, ¿por qué entonces no dar el ejemplo en el mundo y promover un acuerdo regional que tienda a prohibir totalmente este verdadero flagelo que son las minas antipersonal?
Con ese objetivo pedimos al Poder Ejecutivo, a través de este proyecto, que impulse la concertación de un tratado regional que prohíba la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de las minas terrestres antipersonal y, además, que promueva y participe en las negociaciones de un tratado internacional tendiente a la prohibición total de la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de ese tipo de minas terrestres. Que asuma como propios las preocupaciones y los objetivos contenidos en la declaración de la Conferencia de Ottawa, denominada Hacia una Prohibición Mundial de las Minas Antipersonal, adoptada el 5 de octubre de 1996.
Nosotros pedíamos en este proyecto, como punto cuarto, que nuestro país participara activamente en la reunión sobre la prohibición global de las minas antipersonal que se iba a llevar a cabo en Bruselas, entre el 24 y el 27 de junio pasado. El proyecto, desde luego, fue presentado antes de dicha fecha, y esa es la razón por la cual mencionábamos ese evento como un acontecimiento futuro. Esa reunión ya se ha celebrado y la Argentina fue uno de los países que participó como observador. Se dieron pasos muy importantes en favor de esta prohibición y se está trabajando, en primer término, sobre la posibilidad de la prohibición de este tipo de armas; en segundo lugar, sobre la prohibición de su almacenamiento; en tercer término se ha considerado en esa convención la realización de acciones tendientes al desminado, es decir, a la destrucción de las minas ya instaladas y, en cuarto lugar se ha considerado también el aspecto humanitario de esta cuestión, relativo a impulsar acciones conjuntas para reparar y, de alguna forma, indemnizar a las víctimas de estas armas mortíferas que han causado tantos daños, como he mencionado al principio de mi exposición.
Dado que esta reunión ya se ha realizado señor presidente, voy a solicitar la sanción de este proyecto con sus tres primeros puntos, eliminando así el punto cuarto dado que, como he dicho, se refiere a un acontecimiento que ya ha tenido lugar.
En consecuencia, solicito el voto afirmativo de mis colegas para esta iniciativa, porque creo que de esta forma la Argentina va a dar nuevamente señales claras y concretas de que es un país que quiere la paz y lucha por la permanente vigencia de los derechos humanos.

Proyecto de ley aprobando el Tratado de Cooperación sobre Patentes (16 de septiembre de 1998)

16 de septiembre de 1998
47ª Reunión – 23ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 5605 y 5606

Sr. MENEM.— Señor presidente: si bien el dictamen de la comisión aprueba por unanimidad el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes elaborado en Washington en el año 1970, y que entró en vigencia el 1 de enero de 1993, no he querido que fuera aprobada como un orden del día más. Por lo tanto, muy brevemente, diré algunas palabras sobre la importancia que tiene este Tratado que hoy proponemos aprobar.
Se considera que éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un Tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención. En virtud de este Tratado se logra, por un sistema de cooperación internacional, que mediante la solicitud de la aprobación de una patente de invención en un determinado país, a través de una oficina internacional ella quede registrada en todos los países en los cuales el inventor desea que sea aprobada esa patente.
Actualmente el sistema es mucho más complicado. Cada inventor tiene que hacer aprobar su patente o invención en cada país en el que desee que esté inscripta, con todos los trámites, los costos de gastos de traducción y de búsqueda que ello implica en cada país en que quiera que se inscriba.
Señor presidente: por medio de este convenio la oficina pertinente de cada país actúa como receptora y, a través de la oficina internacional que depende de la OMPI, que es la Organización Mundial de Patentes de Invención, bien conocida por este cuerpo por cuanto la tuvimos en consideración cuando tratamos en su momento la ley de patentes, se produce el registro en todos los países en los cuales el inventor desea que eso ocurra. Esto facilita los trámites, reduce los gastos y permite que aquellos inventores que no pertenecen a las grandes empresas por este sencillo método puedan aspirar a que su invento se inscriba en todos los países.
Este Convenio entró en vigencia en el año 1978 con un primer grupo de dieciocho Estados contratantes. A la fecha, hay noventa y seis Estados adheridos a este Tratado. En nuestro continente, ya lo han aprobado Brasil, México, Cuba, Estados Unidos y Canadá. En el resto del mundo, han adherido grandes países, entre los que podemos citar a Japón, China, Corea, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda y Australia.
Hacia fines de 1997, la oficina internacional de la OMPI ya había recibido un total de 348.335 solicitudes internacionales. Esto revela, señor presidente, las bondades del Tratado que estamos considerando, así como la utilidad que presta a todos los inventores que, de esta forma, ven facilitada la defensa de su invención en aquellos países que son de su interés.
En definitiva, se trata de simplificar los trámites, de ahorrar costos e, inclusive, de facilitar la información. Digo esto, señor presidente, porque la oficina local recibe todos los pedidos de inscripción de patentes realizados a nivel mundial, con lo cual, como acabo de mencionar, se facilita el acceso a la información para todos quienes crean, inventan, y desean que su obra tenga la debida protección.
Por eso, considero que con este Tratado la Argentina se incorpora a un sistema de protección internacional de sus inventores y creadores.
Creemos que se trata de un resguardo muy importante para la propiedad intelectual y que facilita la divulgación de información en el área.
Asimismo, consideramos que con este proyecto de ley estamos dando un paso muy importante para la protección de los derechos de todos quienes en virtud de su capacidad, talento e intelecto realizan un gran aporte para el progreso de las ciencias y del bienestar de la humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, creo que este Tratado merece la aprobación unánime del Senado de la Nación.

Proyecto de ley aprobando el Tratado para la construcción del puente Buenos Aires-Colonia (9 de diciembre de 1998)

9 de diciembre de 1998
71ª Reunión – 35ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 8549 a 8556, 8558 y 8560

Sr. MENEM.— Señor presidente: consideramos hoy la aprobación de un tratado que reviste singular importancia, como es el celebrado con la República Oriental del Uruguay para la construcción del puente Colonia-Buenos Aires o Buenos Aires-Colonia, sobre el Río de la Plata.
En el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto por el que se aprueba este Tratado se han fundamentado todas las razones que ameritan esta aprobación.
Considero que con ello sería suficiente para fundamentar la razón de ser de esta aprobación. Pero de todos modos, como es un tema de suma importancia y que ha movido a vastos sectores de la opinión pública a expresarse sobre él, creo que corresponde hacer algunas precisiones y ampliar estos fundamentos que constan en el dictamen de mayoría que obra en el Orden del Día N° 791.
En primer término, señor presidente, quiero adelantar una noticia sumamente importante: hace muy pocos momentos, el Senado de la República Oriental del Uruguay acaba de dar su aprobación al Tratado para la construcción de este puente. Es un hecho sumamente auspicioso que también hoy el Senado de la República Argentina esté considerando este tema, al que espero podamos dar nuestra aprobación.
Debemos decir que la Comisión Binacional del Puente Buenos Aires-Colonia, que es la que encargó todos los estudios sobre el tema, fue creada a ese efecto por canje de Notas el 19 de marzo de 1985, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Es decir, que no se trata de una decisión sólo de este gobierno, sino que es una política de Estado que se viene prolongando desde esa época.
Han sido muchos los estudios realizados. Hay más de 20 mil fojas de estudios en las que se analizan todos los aspectos relativos al puente tales como los políticos, los económicos mediante la correspondiente evaluación económico-financiera y de riesgo, las cuestiones de ingeniería, navegación, hidrología, sedimentación y demás aspectos relevantes.
Podemos decir, señor presidente, que no ha quedado sin abordar ningún tema atinente a la construcción del puente; que no hay ningún aspecto que no haya sido sometido a un profundo estudio al más alto nivel técnico y científico mundial, no sólo de nuestros países, los interesados en la construcción del puente.
Estos estudios, que han sido financiados por el Banco Mundial, fueron realizados, como vamos a ver después, por las empresas más reconocidas, de más prestigio científico, en todos y cada uno de los temas relativos a la construcción del puente.
En 1987, la Comisión Binacional encargó un estudio de pre factibilidad que dio resultados positivos. Y sobre la base de este estudio de pre factibilidad, se encargó el de factibilidad. Por eso, en abril de 1994, a través de una licitación internacional, se adjudicó la realización de los estudios mencionados al grupo consultor de Louis Berger International, Inc., Bear Sterns Inc. y Latham & Watkins, con la participación de varias firmas locales. Estos estudios básicos de pre inversión fueron financiados por el Banco Mundial.
Señor presidente: todo lo actuado en materia técnica y científica ha tenido como única finalidad la defensa del interés nacional y de la región, que ha sido la guía tenida en cuenta cuando se encaró la construcción de este puente.
Por otra parte, debemos decir que no es una cuestión que se empezó a debatir ahora.
Si nos remontamos a la historia, ya en la época de Sarmiento se trató, por primera vez, de construir una unión entre la Argentina y Uruguay. En su libro “Argirópolis” mencionaba la construcción de una ciudad que serviría de capital de la región, que estaría ubicada en la isla Martín García y unida a ambos países por líneas férreas.
En 1886 el ingeniero Buschental, de la firma alemana Staudt, presentó a las autoridades rioplatenses el proyecto correspondiente.
En 1941 un técnico uruguayo, Horacio García Capurro, también analizó las posibilidades de esta construcción.
En 1962 la firma norteamericana Palmer & Baker, que participó de la construcción de uno de los puentes más largos del mundo en la actualidad, el puente de Pontchartrain, al norte de Nueva Orleans, que es actualmente, como digo, uno de los cruces fijos más largos del mundo, propone desarrollar ya ese proyecto como concesión de obra pública.
Finalmente, la firma del Tratado del Río de la Plata, creando la Comisión Administradora del Río de la Plata, en 1973, le otorgó un nuevo sustento y gran impulso a este proyecto.
Por supuesto que la obra, como todo gran emprendimiento, genera dudas, temores y críticas. Yo no creo que haya habido ninguna obra grande en el mundo que no haya generado este tipo de dudas, de incertidumbres y de críticas. Si nos hubiéramos quedado con las críticas, seguramente, ninguna de estas grandes obras hubieran sido realizadas.
Estos estudios que ha realizado la Comisión Binacional, con el auxilio de las firmas que voy a mencionar a continuación, han permitido despejar absolutamente todas las dudas, y creo que estamos avanzando sobre terreno firme en la adopción de esta decisión trascendental para el destino y desarrollo de nuestro país.
La dirección del proyecto -como decía- estuvo a cargo de tres conocidísimas empresas internacionales: Louis Berger, Bear Stearns y Latham & Watkins; con respecto a la demanda de pasajeros: Cambridge Systematics Inc.; la demanda de carga: Science Applications International Corporation; la evaluación económica, financiera y de riesgo: Institute for International Advanced Studies; la ingeniería de proyectos y costos: Aman & Whitney; de geotécnica y suelos: Osear Vardé y Asociados, y Pilotes Trevi; de hidrología y sedimentación: Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, y la Comisión Administradora del Río de la Plata, con el sistema del Danish Hydraulic Institute, que es la entidad más prestigiosa del mundo en el estudio de la sedimentación.
El tema de la navegación, que ha motivado muchas críticas y dificultades, por cuanto quizás ha sido uno de los asuntos más polémicos, porque se decía que habría problemas en este aspecto luego de la construcción del puente, ha sido motivo de estudios especiales. La Comisión Binacional, cuyo trabajo hay que elogiar, porque realmente fue hecho con suma precisión y agotando todas las posibilidades, pidió al Banco Mundial un estudio especial precisamente sobre el tema de la navegación. Y no ha quedado entidad de importancia en el mundo que no haya sido consultada por este tema: la Comisión Administradora del Río de la Plata, Servicios Hidrográficos de las Armadas Argentina y Uruguaya, la Prefectura Naval Argentina, SSPA Maritime Consulting, que es una de las más famosas del mundo en esta materia; la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, la National Ports and Waterways Institute, el Honshu Shikoku Bridge Authority de Japón, que tiene mucha importancia porque en Japón se encuentra uno de los puentes más importantes del mundo en esta materia, la Swedish Maritime Administration, la United State Coast Guard, Hidra, Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara Naviera Argentina, las Entidades Náuticas Deportivas, Louis Berger International Incorporation.
La evaluación del impacto ambiental es otro tema que ha sido tenido muy en cuenta. Yo escucho que tanto en navegación como en materia de impacto ambiental muchos tocan de oído, no han tomado la precaución de analizar los estudios que están en la Comisión de Relaciones Exteriores ni se han preocupado por observar lo investigado por todas estas empresas.
Se habla de los impactos ambientales sin conocimiento de causa y con una ligereza que asombra cuando se trata de la realización de una obra de esta importancia.
En cuanto a la evaluación del impacto ambiental están las empresas Louis Berger, David Wilk, que es un experto internacional famoso, la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires y dos expertos del Banco Mundial, David Quintero y George Ledec.
Asesoramiento en temas económicos y de transporte: el Harvard Institute for International Development y la Universidad de Harvard. La supervisión general de los estudios estuvo a cargo del Banco Mundial, que le dio su aprobación definitiva con informes que obran en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, la Comisión ha hecho un estudio exhaustivo y ha citado a distintas entidades. Consta a los miembros de la comisión y a los presidentes de bloque, porque yo avisé en cada una de estas reuniones, todas las entidades que han sido citadas, no por mera iniciativa del presidente de la Comisión sino porque me lo han pedido miembros de la misma, sobre todo del principal partido de la oposición. Han sido todos citados y quienes han venido han sido debidamente escuchados.
¿Cuáles son los principales aspectos del Tratado? Voy a resumir, por razones de tiempo. La construcción se realizará por el régimen de concesión mediante el sistema internacionalmente conocido como B.O.T., es decir Build, Opérate and Transfer, mediante el cual los capitales privados toman a su cuenta y riesgo toda la inversión a realizar, recuperan su inversión mediante el cobro de peajes y devuelven la obra a los países, transcurrido el plazo de concesión.
El concesionario será elegido por el sistema de licitación internacional. Los Estados expropiarán áreas de sus territorios para la construcción de las cabeceras, pero las indemnizaciones serán pagadas por el concesionario, quien hará el proyecto ejecutivo y construirá el puente. También tendrá a su cargo el costo y riesgo de la operación, así como el mantenimiento por un plazo máximo de 35 años. Dicho período incluye el plazo para el diseño y construcción.
Los Estados no otorgarán al concesionario subsidios, avales ni cualquier forma de garantía financiera para la construcción o el mantenimiento del puente. Tampoco se responsabilizarán por los niveles de tránsito o rentabilidad. No se autorizará la construcción de ninguna otra unión fija sobre el río de la Plata mientras dure la concesión.
El puente no afectará la libre navegabilidad del río de la Plata. El concesionario ejecutará un programa permanente de protección ambiental. Tendrá derecho a cobrar peaje a todo vehículo que utilice el puente.
El diseño, construcción, operación y mantenimiento del puente estarán exentos del IVA, como es de estilo en las obras binacionales, pero sí pagarán el impuesto sobre las rentas estableciéndose un sistema que determine a qué parte le corresponde pagar cada una de las tasas.
También queda sometido el concesionario al pago de aportes y contribuciones de la seguridad social y a las tasas por servicios efectivamente prestados por las partes contratantes.
Se crea la Comisión Administradora del Puente Buenos Aires-Colonia, que gozará de personería jurídica internacional para cumplir con su cometido.
Toda controversia entre ambos países con motivo de la construcción del puente será sometida a un tribunal arbitral.
Las partes contratantes se obligan a que los tramos de las rutas principales que vinculen los enlaces del puente con las respectivas ciudades capitales deben estar habilitados a la fecha en que tiene que estar terminado el puente. Estos tramos deben tener como mínimo la capacidad vehicular y el nivel de servicio del puente.
En la Comisión hemos analizado los distintos aspectos que hacen a la construcción de este puente, es decir, a la realización de esta importante obra. Allí nos hemos planteado cuál es la conveniencia del puente y su utilidad para nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que nos guía el interés nacional. En primer lugar, debemos decir que contribuye de manera fundamental a la integración regional y al desarrollo del Mercosur porque es un medio óptimo para lograr la interconexión vial entre el sur de la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, la República Argentina y la República de Chile.
Hay que tener en cuenta cómo ha crecido el intercambio comercial en el Mercosur en los últimos años. En 1991 el intercambio era de 2 mil millones de pesos, habiéndose llegado en 1997 a 16 mil millones. Y se prevé que en el 2005 se llegará a 80 mil millones. Este incremento va a demandar una red de vías, de caminos y de puentes que pueda absorber todo este tránsito. No sólo habrá que construir este puente. Se van a tener que ampliar rutas existentes que ya están congestionadas, como es el caso, por ejemplo, de la ruta 14, para poder soportar el tráfico que va a traer aparejado el intercambio comercial en el proceso de integración más importante que se ha realizado en el continente y uno de los más importantes actualmente en el mundo.
Por otra parte, hemos tenido en cuenta cuál es la demanda de tránsito estimada para determinar si se justifica el puente.
Hay dos mercados bien diferenciados: los vehículos de transportes de pasajeros y de transportes de carga. En el caso de los pasajeros, durante 1997 han viajado entre la Argentina y el Uruguay 5 millones de personas, cifra que es un 8 por ciento superior a la del año anterior. En promedio, en los últimos veinticinco años, el total de viajes entre los dos países se ha incrementado a una tasa del 5,8 por ciento anual. Es decir que el tránsito ha sido superior, inclusive, al incremento de la economía de ambos países, lo cual revela el fuerte lazo de integración existente.
A través de los estudios realizados, se ha estimado que en el 2005 viajarán 8 millones de pasajeros entre los dos países. Me refiero al 2005 porque se piensa que ese será el primer año de utilización del puente. De ese total, el 48 por ciento usará el nuevo puente, con lo que el costo promedio insumido por pasajero se reducirá a la mitad y el tiempo de viaje entre ambos países también se reducirá en un 35 por ciento. Este flujo de pasajeros implica un tránsito medio diario de aproximadamente 2.200 automóviles y 270 autobuses. Aquí se comprende, señor presidente, tanto el aumento del tránsito, que de no existir el puente utilizaría otras vías, como el tránsito generado por esta facilidad que brindará la construcción de esta obra.
En lo que hace al transporte de cargas, se ha incrementado el comercio a razón de un 30 por ciento por año desde la creación del mercado común. El 87 por ciento de dicho comercio corresponde al intercambio entre la Argentina y Brasil, y el 26 por ciento se realiza utilizando el camión como modo de transporte.
El flujo de comercio intra Mercosur demandará una estructura de vías de comunicación terrestre con la capacidad suficiente para soportar el incremento esperado y con un nivel de servicios que permita optimizar los costos de los vehículos destinados al transporte de cargas, mejorando así las condiciones de acceso a mercados internacionales de bienes producidos en el área de influencia del proyecto.
De un tránsito total de 1.600 camiones diarios previsto para el 2005, unos 1.200 utilizarán el puente; el 75 por ciento viajarán entre la Argentina y Brasil, el 20 por ciento entre la Argentina y Uruguay, y el 15 por ciento restante corresponderá a carga que utilizará el proyecto como un eslabón de las interconexiones viales que unan el Océano Atlántico con el Pacífico.
Es decir que existe aquí una consideración de tipo geopolítico a fin de permitir un proceso de integración de los países del Cono Sur que no podemos eludir ni dejar de mencionar a la hora de analizar la conveniencia de esta obra.
En cuanto a los aspectos económicos y financieros, que también se han tenido en cuenta, se ha llegado a la conclusión, por parte de las empresas constructoras, de que el puente resultará económicamente rentable y de promisoria financiación. Desde el punto de vista del inversor privado esta obra resulta un proyecto rentable. La tasa interna de retorno del equity se da en función de las proyecciones de crecimiento de la economía, de la relación deuda-capital propio, del período de concesión y de la tarifa de peaje, que a su vez determina el nivel de tránsito.
Es de tener en cuenta que en los estudios económicos, financieros y de riesgo realizados, como así también en los análisis jurídicos, se ha tenido presente toda la experiencia internacional en la construcción de obras de similar jerarquía. Es decir que se ha evaluado qué es lo que ha ocurrido con otras obras de esta naturaleza en otros países del mundo, si se han podido financiar y si se han podido obtener beneficios económicos que justifiquen su realización.
Se han tenido en cuenta esos antecedentes, y en base a ellos y a los estudios realizados se ha llegado a la conclusión de que se justifica la construcción de este puente, puesto que ella es factible desde el punto de vista económico y financiero.
Se han incluido, y esto se puede ver en el tratado, mecanismos de sustitución del concesionario y se han adoptado todas las garantías posibles para el cumplimiento del contrato a fin de asegurar la finalización y el mantenimiento de la obra. Se ha previsto, por ejemplo, que en caso de quiebra u otra situación análoga del concesionario, el agente financiero, también previsto, pueda sustituirlo por un nuevo concesionario con las calidades y capacidades establecidas en la documentación licitatoria, sin que ello implique la resolución del contrato de concesión. La Comisión tendrá también facultades de resolución.
Voy a dar a continuación, brevemente, algunos detalles técnicos. La obra tendrá una longitud de 41 kilómetros de costa a costa, más 8,4 kilómetros de enlace en el lado argentino, en la zona de Punta Lara, y 3,2 kilómetros de enlace del lado uruguayo, al este de la ciudad de Colonia.
La distancia entre Buenos Aires y Montevideo se acortará, por vía terrestre, de 570 a 258 kilómetros. Reitero: de 570 a 258kilómetros. Es decir que se acorta a más de la mitad.
El proyecto constará de un puente principal, puentes secundarios y puentes auxiliares que, como vamos a ver más adelante, posibilitan el ciento por ciento de la navegación.
Respecto de la subestructura podemos decir que de las alternativas analizadas, la más económica ha sido la excavación hasta las arenas densas para colocar pilotes de hormigón. La obra no presentará problemas técnicos debido a que hay experiencia mundial en obras similares; tal el caso del viaducto sobre el lago de los Estados Unidos antes mencionado, de 38 kilómetros de longitud. Además existe la experiencia local de la construcción del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo. Más recientemente se construyó el puente sobre el río Támesis, en Dartford, cerca de Londres, y también el puente sobre el río Tajo, en Lisboa, que tuve la oportunidad de recorrer con motivo de la inauguración de la feria mundial realizada en esa ciudad. Se trata de una obra de ingeniería admirada en todo el mundo, que constituye un orgullo para el país.
Uno de los temas fundamentales y voy acortando la exposición, dado que después voy a pedir una inserción es el de la traza elegida. Uno de los cuestionamientos más serios que han hecho quienes están en contra de la construcción del puente ha sido el vinculado con la traza; es decir, cuál es la ubicación que debe tener el puente. Debemos decir que se han estudiado cinco posibles trazas y luego de un minucioso análisis efectuado por consultores internacionales del más alto prestigio, avalado por el Banco Mundial, se optó por la denominada Punta Lara-Colonia o Punta Lara-Punta de los Patos, ubicada en Colonia.
Son muchas las razones, pero las vamos a sintetizar de la siguiente forma: es la que menor afectación tiene sobre el medio ambiente, siendo mínima y totalmente mitigable, como lo reconoce el Banco Mundial en la aprobación del informe respectivo; asegura la plena recuperación del patrimonio natural de las cabeceras; registra un alto nivel de tránsito de pasajeros y carga, lo cual es importante a la hora de calcular costos y beneficios; se ubica en la zona del río cuyo lecho es más estable; atraviesa un solo canal de navegación (esto también es digno de ser tenido en cuenta, porque se diferencia de las otras trazas -salvo la de Avellaneda-, que atraviesan dos canales de navegación, con lo cual la obra se encarece muchísimo, porque en vez de hacer un solo puente principal habría que hacer dos); es el recorrido más corto; es la obra que presenta el menor costo de construcción; es la que requiere menores o casi nulas expropiaciones; es la de mejor enlace con las interconexiones viales del país, ya sea existentes, en ejecución o proyectadas; minimiza costos de congestión y de transporte; ofrece mayor disponibilidad de espacio para los obradores; produce afectación nula en cuanto a población y a infraestructura existente.
Voy a dar un detalle, señor presidente: algunos han observado el hecho de que la traza haya sido incluida en el Tratado. Yo creo que este es uno los aciertos, porque es lo que da mayor certidumbre y despeja toda duda. Además, esto de incluir la propia traza tiene antecedentes. En efecto, cuando se celebró el convenio para la construcción del puente Fray Bentos-Puerto Unzué, al igual que en el caso del puente Colón-Paysandú, se estableció con precisión la ubicación de las cabeceras.
Y así se ha hecho aquí también. De esa manera, el Tratado no deja ningún lugar a la incertidumbre.
Y fíjese lo que pasó cuando se firmó el Tratado binacional de Yacyretá. Se firmó en 1973. ¿Sabe por qué empezó en 1978, entre otras cosas? Por la ubicación. Estuvo cinco años discutiéndose en dónde se ubicaría la presa. Distinto hubiera sido si se hubiera establecido en el momento en que se celebró el convenio.
Se ha hablado, y sé que hay señores senadores que la van a defender, de la construcción sobre el Delta del Paraná. Señor presidente: de las cinco trazas propuestas, los estudios han indicado que la mejor es la Buenos Aires-Colonia. ¿Y sabe cuál es la peor de las cinco? La del Delta del Paraná. Es la peor por estas razones: primero, por el fuerte impacto ambiental, donde no se garantizan medidas de mitigación; segundo, por las mayores dificultades técnicas de construcción; tercero, por el mayor costo; cuarto, por el menor tránsito de pasajeros y carga; quinto, por terraplenes que representan estructuras inestables sujetas a asentamientos y a la erosión y colapso por la cada vez más fuerte crecida del río Paraná; sexto, porque se constituirán verdaderas barreras al escurrimiento dentro del valle aluvial del río Paraná, siendo ésta, en esencia, una de las mayores afectaciones ambientales; séptimo, por la sobreelevación del nivel medio de las crecidas; y, por último, como dije anteriormente, por atravesar dos canales de navegación, no uno como en el caso de la traza Colonia-Buenos Aires.
Todas estas razones técnicas significan severos incrementos de los riesgos del proyecto, que prácticamente implican la inviabilidad de su ejecución por el sistema B.O.T., con el cual se ha pensado encarar la construcción de este puente.
Debo destacar que en un encuentro público regional realizado en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre el pasado 18 de septiembre de este año, a raíz de que se propiciaba una traza por el Delta, los ecologistas de la zona, la Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata, manifestaron su inclinación por la traza Buenos Aires-Colonia.
La propia gente del Tigre decía: “Nosotros compartimos ese punto de vista, el de la traza Colonia-Buenos Aires, ya que se debe esperar que con una traza por el Delta desaparezcan zonas pantanosas de gran extensión, que son consideradas de alto valor ecológico a nivel mundial. Con la desaparición de los pantanos, al mismo tiempo desaparecería una gran reserva de biodiversidad en esta región.”
Por este motivo, no cabe duda de que entre estas dos trazas una es la mejor y la otra es la peor.
En cuanto a las otras cabeceras, también merecen objeciones. Por ejemplo, la de la avenida General Paz, cerca del Aeroparque. Poner ahí una cabecera de puente, con la congestión que existe, sería tremendo. Pondría en estado de colapso a todo el sistema de tránsito por esa zona. Además, también atraviesa dos canales de navegación, obligando a hacer dos puentes principales, porque cruza los canales de navegación Emilio Mitre y Martín García.
La alternativa Avellaneda también hubiera producido un fuerte impacto ambiental por la remoción de suelos que contienen metales pesados y otros elementos tóxicos, con el consiguiente problema de disposición de tales contaminantes y el riesgo de contaminación del río y de las áreas vecinas. Asimismo, se hubieran necesitado dos puentes principales.
En cambio, en la zona de Punta Lara existe solamente la denominada selva marginal, cuya afectación es mínima. Es más, en las inmediaciones de la cabecera prevista para este puente está el parque Pereyra Iraola, que tiene quinientas hectáreas. Es un verdadero pulmón y es una reserva ecológica importante. En el proyecto no sólo no se afecta al Parque Pereyra Iraola sino que se prevé la obligación, por parte del concesionario, de incrementar la extensión protegida a unas 2.300 hectáreas. Por lo tanto, reitero, no sólo no se afecta el parque sino que se prevé el incremento de la reserva ecológica.
Otro de los fantasmas que se levantó en contra de la construcción del puente es el tema de la sedimentación. Se dice que el puente constituiría una barrera e incrementaría la sedimentación del río.
Al respecto debemos decir que la obra se ubica en la zona más estable del lecho del río de la Plata, que incluso tiene tendencia a la erosión, tal como se ha demostrado en las diversas batimetrías realizadas por la comisión en 1997 y que se vienen efectuando desde 1904.
Los estudios realizados —hay dos principales: uno, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas y el otro, por la Comisión del Río de la Plata, que como dije utilizó un modelo del Danish Hydraulic Institute— coinciden en que la obra no provocará sedimentación adicional en el río de la Plata. Los puentes, principal y secundarios, y viaductos producen un aceleramiento en el escurrimiento —es decir, la hidrodinámica-, y en relación a este aceleramiento, una eventual socavación localizada en sus pilas.
No existe ningún efecto barrera en puentes fundados sobre pilas y viaductos. Los estudios de sedimentación realizados por los organismos mencionados comprendieron el análisis de todas las estructuras, puentes y viaductos; y su incidencia sobre el canal de navegación constituyó sólo uno de los aspectos del mismo.
El incremento de sedimentación en esta pequeña área sólo comprende 60 metros en el ancho del canal principal y sólo es del 1 por ciento, lo que no significa absolutamente nada en la extensión del canal y en los kilómetros y millones de metros cúbicos anuales que tienen que ser sometidos al dragado. Es decir que la incidencia es absolutamente despreciable.
En cuanto a la navegación, sea ésta comercial, deportiva o militar, desde ya podemos decir que no existirá ninguna restricción, ni ahora ni en los próximos cien años. En efecto, reitero, los estudios se realizaron para que no haya obstrucción ahora ni en los próximos cien años.
Y esto quedó demostrado por los estudios hechos por todas las entidades mencionadas anteriormente. Primero, porque, como dijimos, la traza se encuentra en un área estable, en donde no se registra sedimentación. Y, segundo, porque la única forma de ingresar al puerto de Buenos Aires es por el canal de navegación, que actualmente tiene 100 metros de ancho y 31 pies de calado.
Para analizar lo que podría ocurrir en el futuro, se pensó en el barco más grande que podría venir y, entonces, se hizo un buque diseño, denominado Post Panamax, de 300 metros de eslora, 41 pies de calado y 58 metros de calado aéreo, y se concluyó en que para que este buque pudiera entrar al puerto de Buenos Aires —que actualmente tiene un calado de 31 pies—, tendría que agrandarse el calado a 51 pies y debería ampliarse el canal de navegación de 100 a 400 metros de gálibo horizontal.
El puente principal sobre el único canal por el cual pueden entrar barcos se ha hecho teniendo en cuenta cálculos muy previsores. En efecto, se ha hecho teniendo en cuenta 400 metros de ancho, 51 pies de calado, 65 metros de altura, o sea, 65 metros de gálibo vertical y 550 metros de gálibo horizontal. Es decir, para que pueda entrar ese barco habría que dragar y ensanchar el canal de acceso a Buenos Aires, de manera que tenga 400 metros de ancho y 51 pies de calado, lo cual no es imaginable por los costos que implicaría. Aunque se hiciera ese trabajo, el barco igualmente podría pasar por debajo de este puente proyectado.
Además, se han previsto todas las facilidades posibles para otros tipos de navegación. Para la navegación comercial de buques de cabotaje se han previsto tres puentes secundarios de 32 metros de gálibo vertical por 200 metros de gálibo horizontal en el vano central y 155 metros en los dos vanos laterales adyacentes.
Hay pasos para los “ferries” de alta velocidad. El ciento por ciento de la navegación deportiva puede pasar a través de estos puentes. Como si fuera poco —como se suele decir—, se ha previsto un puente auxiliar para embarcaciones deportivas menores cerca de la costa argentina de 15 metros de gálibo vertical por 80 metros de gálibo horizontal.
Debo decir que el puente que está en Japón -el Akashi Kaikyo- al cual hacía referencia al comienzo de mi exposición, por el cual pasan 1.400 grandes buques por día y con 110 metros de calado, tiene 65 metros de gálibo vertical, es decir, 65 metros de altura, que es precisamente el previsto para nuestro puente. De todas formas, no podría pasar ningún barco que tenga aproximadamente esa altura a menos que se realice el trabajo de dragado y ensanche del canal a un costo que valdría diez veces lo que vale el puente, por lo cual es prácticamente inaccesible.
También se ha hablado de cuestiones de seguridad. Escuché decir que habría problemas de seguridad en la navegación por la construcción del puente. Absolutamente falso. Se han hecho todos los estudios al respecto. La Prefectura Naval Argentina, además de haber realizado dos estudios de navegación —uno de navegación comercial y otro de navegación deportiva— ha establecido que en todos los pasos previstos se tendrá un alto nivel de seguridad, superior al que existe actualmente en el río de la Plata, porque la presencia de estructuras fijas en el río permitirá implementar los más modernos sistemas de meteorología, balizamiento y seguridad, con una apreciable mejora de las condiciones actuales sin puente.
En síntesis, considero que existen importantes y fundadas razones para aprobar el tratado celebrado entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para la construcción del puente entre Punta Lara y Colonia.
Se ha evaluado la trascendencia que tiene esta gran obra para impulsar y acompañar el crecimiento del Mercosur, con beneficio para los países que lo conforman.
Desde el punto de vista geopolítico, esta nueva vía de integración física consolidará la integración regional, posibilitando no sólo un incremento en el intercambio regional de bienes y servicios sino un mayor acercamiento entre nuestros pueblos.
Los estudios realizados demuestran que se trata de una obra cuya realización es económica y financieramente posible. El sistema de construcción elegido permite que la obra no sólo no signifique gastos para los Estados contratantes sino que además no deban dar avales, garantías ni subsidios.
Se ha demostrado que la traza elegida es la más conveniente desde todo punto de vista y su inclusión en el Tratado evitará demoras y disipará incertidumbres.
Se ha acreditado, también, que la construcción de la obra no producirá ningún impacto ecológico, ni en las cabeceras de los puentes ni tampoco en el río.
Se ha probado, por los estudios realizados, que el puente proyectado no sólo no constituirá ningún obstáculo para la navegación, sino que la hará más segura.
Esta obra, señor presidente, generará 5.580 puestos de trabajo directos y cerca de 50 mil puestos de trabajo indirectos, en sus cálculos más conservadores.
Por eso esta obra ha recibido tanto apoyo, no sólo de los gobiernos de ambos países sino también de otras instituciones y centros de poder.
Hay una declaración de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, del 3 de septiembre del 98, mediante la cual solicita que el puente se haga con este trazado.
Hay un documento, expedido por la Alianza de la provincia de Buenos Aires, firmado por radicales y frepasistas, encabezados por el diputado nacional Federico Storani, en el que se apoya la construcción del puente con esta traza.
Y, además, han sacado un documento con argumentos muy similares a los que estamos utilizando esta noche, en relación al puente.
Cuando veo que hay senadores de la Alianza que, en este recinto, van a votar y argumentar en contra, se me ocurre que hay dos discursos, uno para la provincia de Buenos Aires, porque les interesa la obra, y otro que se hace en el ámbito nacional.
Me parece, señor presidente, que aquí no hay coherencia. Si a esta obra se la apoya desde el punto de vista político, no puede ser que se la apoye en una parte y no en otra.
Acá están los documentos expedidos por estos partidos políticos, a los que se ha sumado el justicialismo, la C.G.T., todas las entidades intermedias, Colegios de Abogados, Centros de Ingenieros; todas las entidades intermedias de la provincia de Buenos Aires han apoyado la realización de esta obra. Se han realizado foros en defensa de esta obra.
Pero también es cierto, señor presidente, que hay un fuerte “lobbying” en contra por parte de empresas que están interesadas en que no se haga el puente, porque están defendiendo intereses particulares. Las empresas fluviales que unen a la Argentina con el Uruguay están haciendo un “lobbying” en contra. Pagan publicidad en televisión. Hacen publicar artículos.
Y esto no es extraño. El informe del Banco Mundial, que me hubiera gustado que leyeran muchos señores senadores, dice que no es de extrañar el “lobbying” que hagan las empresas de “ferries”, porque lo mismo hicieron para oponerse a la construcción del túnel a través del Canal de la Mancha. Y desde que se hizo ese túnel se han abaratado los costos de transporte.
El informe del Banco Mundial dice que, cuando se realice —si se hace— el puente, van a bajar sustancialmente los costos de transporte a través de los “ferries”, porque están trabajando con un margen de rentabilidad realmente elevado, con motivo de que es una explotación oligopólica. Entonces, no me extraña que haya un fuerte “lobbying” en contra.
Pero si tenemos en cuenta los intereses del país, los intereses de la región, ya que todos los días nos llenamos la boca hablando del Mercosur y de la necesidad de integrarnos regionalmente —porque esta es una concepción geopolítica acorde con el proceso de globalización— para que podamos defendernos, si tomamos en cuenta todos estos elementos —repito—, creo que no debemos dudar un solo minuto más en la aprobación de este importante tratado, lo que así solicito a mis colegas.
…………………………………………………………………………………………………………

Sr. MENEM. — Me da la impresión —respetando, por supuesto, la opinión del señor senador— de que hubiéramos leído documentos distintos.
Lamento que tengamos que discrepar de esta forma. Son varias las cuestiones a las cuales él hizo referencia donde no se ajusta a la realidad.
Por ejemplo, el señor senador habla de un puente de 60 metros, cuando, reiteradamente —no es que lo hayamos dicho sólo acá—, figura en todos los documentos que va a ser de 65 metros. Hemos dicho cuál es el sistema de la obra: será el sistema “B.O.T.”, es decir que el concesionario se hace cargo por su cuenta y riesgo, le vaya como le fuere. El Estado nacional no pone un peso, no da garantías, no da subsidios, no da avales. Hay un agente financiero que se hace cargo de la selección. Asimismo, está previsto cómo se sustituye al concesionario en caso de quiebra. Es decir, hay una ingeniería que está prevista para todos los casos.
El señor senador se refiere a la posibilidad de que no sea rentable. Pero, precisamente, esas son las garantías que se han tomado en el convenio para el caso de que no llegare a resultar rentable. Por eso el sistema es por cuenta y riesgo del concesionario, que tendrá su agente financiero; tiene sus responsabilidades.
Esta no es una cuestión de improvisados; esto ha sido estudiado y avalado por el Banco Mundial que, creo, sabe algo del tema, en lo que hace a la construcción de estas obras.

Proyecto de ley aprobando el Tratado de Límites con Chile sobre Hielos Continentales (2 y 3 de junio de 1999)

2 y 3 de junio de 1999
21ª Reunión – Sesión especial
Diario de Sesiones – Páginas 2259 a 2273

Sr. Menem. — Señor presidente: creo que podemos decir sin exagerar que hoy es un día histórico para la República Argentina y para la República de Chile.
Es un día histórico porque hoy nos aprestamos a aprobar un Tratado de límites que no es un Tratado de límite más. Se trata de un acuerdo que pone fin a más de cien años de disputas limítrofes entre dos países hermanos que comparten la tercera frontera más extensa del mundo, con más de 5.000 kilómetros.
Hoy, en una requisitoria de una emisora de Chile, el periodista que me reporteaba decía que vamos a una cita con la historia. Considero que estaba bien hecha esa caracterización. En efecto, es una cita con la historia porque después de que nuestros países adquirieron la independencia, en 1855 se firmó aquel Tratado de Amistad por el que decidieron que sus territorios eran los que tenían al momento de la independencia, aplicando el principio uti possidetis iure, según el cual se estableció que los problemas de límites se iban a solucionar amigablemente en el futuro. A partir de ahí quedó abierta una instancia que se prolongó durante todos estos años. Fueron necesarios, con el de hoy, tres Tratados de límites y cuatro Laudos arbitrales para poder conformar esta larga frontera entre la Argentina y Chile.
Pero la historia más reciente arranca con la declaración conjunta que en 1991 firmaron los presidentes Aylwin y Menem, de Chile y la Argentina respectivamente, quienes resuelven en forma decisiva encarar definitivamente con voluntad política los conflictos fronterizos entre ambos países. Con esta decisión política se resuelven de inmediato veintidós de los veinticuatro problemas existentes hasta ese momento. Se trataba de problemas de tipo técnico.
El conflicto número veintitrés se vinculaba con la Laguna del Desierto, es decir el límite entre el hito 62 y el monte Fitz Roy. Y el conflicto número veinticuatro se refería precisamente al trazado del límite en la zona conocida como Hielos Continentales, para los argentinos, o Campos de Hielo, para los chilenos.
Como es sabido, el conflicto sobre Laguna del Desierto fue sometido al arbitraje de un tribunal internacional, que por primera vez en la historia de nuestro país estuvo integrado por cinco prestigiosos juristas latinoamericanos que estudiaron debidamente el tema y fallaron en un ciento por ciento a favor de la pretensión de la República Argentina.
Por primera vez en la historia, un fallo arbitral fue totalmente favorable a nuestro país.
El Tratado de Límites en la zona de Hielos Continentales, conocido como el “Tratado de la Poligonal”, fue sometido a la consideración de los parlamentos de ambos países. En ninguno de los dos hubo acuerdo para aprobarlo. Ni los chilenos ni los argentinos estuvieron de acuerdo con el denominado Tratado de la Poligonal. Hubo muchas críticas en ambos países. Ni en la Cámara de Diputados de la Argentina ni en la Cámara de Senadores de Chile —en ambos casos Cámara de origen— se pudo llegar al tratamiento definitivo de la cuestión, razón por la cual en los dos países comenzó un movimiento a favor de un nuevo acuerdo que contemplara todas las críticas que se hacían al Tratado de la Poligonal. La Cámara de Diputados de la Argentina tomó una activa participación en el tema y los gobiernos nacionales de la Argentina y de Chile se hicieron eco de las críticas que generó el Tratado de la Poligonal.
Fue así que en 1997 los cancilleres de la Argentina y de Chile firmaron en Montevideo una declaración conjunta en virtud de la cual manifestaron que eran receptivos a todas las propuestas que se hicieran para tratar de superar las diferencias que generaba el Tratado de la Poligonal.
La Cámara de Diputados de nuestro país dictó una declaración por la cual pidió al Poder Ejecutivo nacional que retire el Tratado de la Poligonal y que trate de conciliar un nuevo acuerdo con Chile, dando prioridad a algunos aspectos y puntos de vista a los que me voy a referir más adelante.
Es así como, retirado el Tratado de la Poligonal, comienza un trabajo en el que participan asesores, distinguidos miembros de ambos países, la Academia Nacional de Geografía —se pidió que asesorara a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados—, el Instituto Geográfico Militar, el Estado Mayor Conjunto, prestigiosos juristas de ambos países y legisladores argentinos y chilenos. Así, se genera un nuevo acuerdo que es receptado por los gobiernos de la Argentina y de Chile y el 16 de diciembre de 1998 se firmó este nuevo Tratado para precisar el límite entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, que comprende toda la zona de los denominados Hielos Continentales o Campos de Hielo, como se los llama en la hermana República de Chile.
Este acuerdo, superando todas las dificultades, significa —ni más ni menos— la confirmación de que cuando hay vocación de paz todo es superable. Pero no podríamos entrar a tratar de lleno este acuerdo de 1998 si no hiciéramos un ligero repaso acerca de cómo se fue conformando el límite entre la Argentina y Chile. Aclaro que no lo hago para vestir mi exposición con elementos de tipo histórico. Lo hago, simplemente, porque de esa historia de la conformación de nuestros límites con Chile se extraen principios, conceptos y pautas que ayudarán a comprender el porqué de este acuerdo, cuya aprobación hoy estamos tratando.
En ese sentido, en primer término me tengo que referir al Tratado de 1881, que es, por decirlo de alguna manera, el acuerdo madre, el Tratado que fijó un antes y un después en la relación entre la Argentina y Chile en materia de límites. Ese Tratado de 1881, que superó en aquel momento una situación casi beligerante entre ambos países, permitió que se comenzara a discutir concretamente la línea de límites, y no si la Patagonia y otros extensos territorios pertenecían a Chile o a la Argentina. A partir de ahí, se empiezan a discutir realmente los límites entre ambas naciones. Ese Tratado se denominó “El Tratado de Límites Definitivos entre la Argentina y Chile” y fue suscripto por Bernardo de Irigoyen y Echeverría. Se suele decir que Roca nombró como canciller a Bernardo de Irigoyen porque era un hombre de paz, a fin de avanzar en el proceso de paz con Chile, ya que en ese momento la situación con este país era de mucha tensión.
Así, se celebró este importantísimo Tratado, que no fue definitivo. Y digo esto porque no arregló los límites en forma definitiva. Con el curso del tiempo, se comprobó que había servido para resolver sólo el 45,5 por ciento de los límites del total de la frontera, quedando más del 50 por ciento sin resolver.
De todos modos, ese Tratado estableció principios liminares, principios fundamentales, que ayudaron a resolver todos los problemas que se suscitaron posteriormente.
Como se recordará, señor presidente, ese Tratado resolvió que el límite entre la Argentina y Chile, hasta el paralelo 52, es la cordillera de los Andes, estableciendo que la línea limítrofe correrá por entre las más altas cumbres que dividen aguas y pasará por entre las vertientes que van hacia un lado y hacia el otro de ambas fronteras. O sea, estableció el principio liminar que debía seguirse para la determinación del límite entre la Argentina y Chile.
También se acordó en esa oportunidad el límite en la parte austral del continente, la parte norte del Estrecho de Magallanes. Se estableció una línea divisoria y también la división de Tierra del Fuego con una línea recta trazada entre el Cabo del Espíritu Santo y el Canal de Beagle, quedando para la Argentina la parte oriental y para Chile la parte occidental. Asimismo se determinó el dominio de las islas, quedando para la Argentina la isla de los Estados, las islas inmediatas a esta y las demás islas sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia, mientras que para Chile se adjudicaron las islas al sur del Canal de Beagle hasta Cabo de Hornos y las ubicadas al occidente de la Tierra del Fuego.
Por otra parte, en ese Tratado se decidió la neutralización a perpetuidad del Estrecho de Magallanes y su libertad de navegación que, como es sabido, en su mayor parte queda para Chile.
Yo me he permitido hacer entrega a los señores senadores de un mapa de la República Argentina similar al que se encuentra expuesto en este recinto, en el que con distintos colores está determinado cómo se fue conformando la frontera entre la Argentina y Chile de acuerdo con los distintos tratados y laudos que se fueron dando a través del tiempo.
Este Tratado de 1881 fue complementado en 1893 para superar, como decía el Protocolo, las diferencias o los tropiezos con los que se encontraban los peritos para hacer la demarcación en el momento de colocar los hitos, porque había cuestiones que, indudablemente, generaban diferencias entre ellos.
Entonces, este Protocolo de 1893 también señala principios fundamentales, ratificando el Tratado de 1881. Indica que todas las tierras y aguas que están al oriente de las más altas cumbres que dividen aguas, de acuerdo con el Tratado de 1881, quedan para la República Argentina, y las que se encuentran hacia el occidente, para la República de Chile. Y establece un principio fundamental: que Chile no podrá pretender punto alguno sobre el Atlántico y la Argentina no podrá pretender punto alguno sobre el Pacífico. Estos son principios liminares que después, a través del tiempo, se han seguido aplicando para las decisiones en todos los temas.
Pero, como dije, lamentablemente el Tratado de 1881 no sirvió para delimitar toda la extensión de la frontera. Empezaron a surgir problemas. Uno de ellos fue, en 1899, cuando la Argentina arregló sus límites con Bolivia y ese país nos cedió la Puna de Atacama, como este hecho era contemporáneo de la guerra del Pacífico, entre Chile, Perú y Bolivia, se generó una diferencia de delimitación entre nuestro país y Chile por la mencionada Puna de Atacama. Entonces se nombró una comisión integrada por un perito de cada parte y se designó un tercer perito, cuyo nombramiento recayó en la persona de William Buchanan, que era ministro de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, quien definitivamente laudó en esa parte, donde comienza el trifinio Zapaleri. Ya vamos a ver cómo este laudo de Buchanan establecía una línea recta, quebrada, en esa parte del límite, que permitió delimitar el 10,3 por ciento de la frontera argentino chilena.
Luego viene uno de los actos más importantes, que es el Laudo de 1902. Las dificultades habían aumentado después de 1899. En 1898 se realizó la suscripción de las famosas actas del perito Moreno y Barros Arana, donde se trata de establecer los distintos puntos del límite entre la Argentina y Chile.
Aquí cabe hacer esta reflexión. Mientras el Tratado de 1881 establecía que la línea fronteriza correrá por las más altas cumbres que dividen aguas hasta el paralelo 52, en la parte norte prácticamente no había problema, porque las altas cumbres coincidían con la divisoria de aguas. Pero en algunas partes del límite no coincidían: las altas cumbres corrían por un lado y la divisoria de aguas por otro. Entonces, ahí surgían las diferencias entre los peritos. Y los peritos argentinos, principalmente el perito Moreno, decían: en los casos en que no coincidan, debe seguirse la línea de las más altas cumbres. El perito chileno decía: cuando no coincidan, debe seguirse la divisoria de aguas continentales. Y ahí empezaron a plasmarse las diferencias, que no eran meramente de principios.
Lo que pasa es que las más altas cumbres corrían más para el lado de Chile y la divisoria de aguas más para el lado argentino. Por eso los peritos seguían el principio que más les convenía a sus respectivos países.
Se incrementaron las disputas hasta que en el año 1902 se firman los famosos pactos de Mayo, lo que originó un gran debate en el Congreso, con figuras ilustres de la política nacional. Y allí se deciden varios aspectos pero, fundamentalmente, someter a arbitraje del rey de Inglaterra —a la sazón Eduardo VII— este conflicto de determinación de la línea fronteriza sobre una extensa zona que en la parte norte era el paso San Francisco, luego el lago Lacar, una zona entre el cerro Tronador —al oeste del Nahuel Huapi—, y luego el estuario de Ultima Esperanza.
Ante la Comisión que designa el rey de Inglaterra, la Argentina y Chile van y sostienen sus principios: la Argentina, el principio orográfico —el de las altas cumbres—, y Chile el principio hidrográfico —el de la divisoria de aguas continentales—.
No voy a entrar en detalles porque sería alargar demasiado este tema, pero sí cabe destacar que el laudo del rey de Inglaterra de 1902 establece una línea limítrofe —después vamos a ver esto en detalle— que, en algunos casos, sigue el principio de las más altas cumbres que dividen aguas; en otros, sigue sólo el principio de las altas cumbres; en otros sólo el principio de la divisoria de aguas; en otros casos la divisoria de aguas local y, en otros casos, no sigue principio alguno establecido sino un principio discrecional, atendiendo a principios que el árbitro entendió que eran de justicia y equidad de acuerdo con las pretensiones de los países. Es así que en algunas partes se trazan líneas rectas, se cortan ríos y lagos. Este Laudo de 1902, que tiene mucha importancia para el tema que estamos tratando hoy, permitió —como está en el croquis que me permití distribuir entre los colegas— demarcar el 29,1 por ciento del límite entre ambos países. Tiene gran trascendencia porque ahí se decidió el destino de valles, ríos y lagos de mucha importancia, y quedaron muchos recursos hídricos compartidos.
Lo que decía el Laudo de 1902 era que el Tratado de 1881 era inaplicable en la parte del país a la cual hace referencia el laudo. Por eso tenía que decidir muchos aspectos del límite en cuestión —que abarcaba un extenso territorio— con criterio exclusivamente político o discrecional.
Pero ahí tampoco terminó el conflicto porque después vinieron nuevos problemas cuando se quisieron hacer las demarcaciones entre el hito 16 y el 17 de la frontera en la provincia del Chubut. En ese momento se comprobó que había un error en el laudo arbitral de 1902 porque a través de él se creía que el río Encuentro nacía en el cerro Virgen y luego se comprobó que no era así. Esto motivo una distinta interpretación en la República Argentina y en la República de Chile. Recordemos que hasta hubo que lamentar un hecho de sangre en la zona del río Encuentro o Palena, como le llaman los chilenos.
En este caso como en el anterior, el árbitro tampoco resolvió como querían Chile y la Argentina. Laudó siguiendo la traza por el río Encuentro, luego una línea que corta el río Engaño y, desde allí, una divisoria de aguas hasta el lago General Paz.
Este laudo, conocido como el laudo del río Encuentro, sirvió solamente para solucionar el 1,1 por ciento del límite entre ambos países.
Luego, la historia más reciente que todos conocemos: el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin a la cuestión de la zona austral. En esa zona hubo un laudo que fue desconocido por la República Argentina, que pidió su anulación y motivó la intervención de Su Santidad Juan Pablo II. Recordemos la trascendente intervención del cardenal Samoré que, cuando ya se estaba al borde de la guerra, permitió alcanzar un acuerdo por el que se resolvió la situación de las islas Picton, Lennox y Nueva. También se acordó en dicha zona un sistema de líneas sobre el que volveré más adelante porque sirve para explicar por qué en algunos casos se sigue un criterio geográfico y en otros un criterio meramente político. Aquí ocurrió que las islas quedaron en aguas atlánticas, rompiendo el principio bioceánico, pero el Tratado posibilitó limitar la proyección de Chile sobre el Atlántico, lo que constituye la parte política del acuerdo y que, como he dicho, permitió solucionar un grave problema de ese momento.
Reitero: la historia la conocemos todos. Hubo un plebiscito, intervino el Santo Padre y, felizmente, se llegó a un acuerdo.
Señor presidente: avanzando en el tiempo llegamos a otro tema conflictivo que es el de Laguna del Desierto. Allí ya estamos frente al arbitraje de 1991.
El conflicto por Laguna del Desierto se sometió a un arbitraje de un tribunal latinoamericano que, en 1994, laudó a favor de la República Argentina otorgando dicha zona a nuestro país.
Aquí me voy a detener porque se ratifican algunos principios y, además, sirve para explicar el porqué de la solución que se ha encontrado.
Quiero decir, señor presidente, que en el conflicto de Laguna del Desierto tanto la República Argentina como la República de Chile cambian el criterio que originalmente habían sostenido a partir de 1898. Recordemos que la Argentina sostenía un criterio eminentemente orográfico —seguir las altas cumbres— y Chile un criterio hidrográfico —seguir la divisoria de aguas—. En este caso en particular, se cambian los papeles y la Argentina defiende el principio hidrográfico de divisoria de aguas local y continental.
¿Por qué la Argentina sostiene ese criterio? Porque si bien había una norma general del Tratado de 1881 en el Laudo de 1902, y para esta parte específica, el árbitro dijo que había que seguir la divisoria de aguas continental desde el hito 62 —divisoria de aguas local— hasta el monte Fitz Roy.
La Argentina se basó, precisamente, en el Laudo de 1902 para cambiar su criterio y sostener este principio. En cambio, Chile utilizó un argumento de tipo histórico: quería que la línea del laudo pasara por el Marconi. Por supuesto, ésta pasaba más al oriente de la línea que finalmente prevaleció.
Pero aquí queda demostrado cómo lo que se había venido sosteniendo hasta entonces cambia necesariamente de posición por aquel principio de que una regla especial deroga a una general. La general corresponde a las altas cumbres que dividen aguas. En este caso, la Argentina sostiene la divisoria local, resolviéndose de esta forma por el tribunal integrado por latinoamericanos.
A esta altura de mi exposición quiero señalar que contamos con la presencia de un distinguido jurista argentino que intervino activamente en este laudo, el doctor Barberis, quien defendió con toda nobleza, hidalguía, conocimientos y talento la posición argentina. Como digo, por primera vez logramos que el ciento por ciento del territorio disputado quedara para la República Argentina.
En este caso, el laudo de Laguna del Desierto permitió resolver una parte importante del límite entre los dos países, que alcanza el 1 por ciento del límite entre ambos estados. Pero se trataba de un territorio que nos resultaba muy sensible, sobre todo en lo referente a Laguna del Desierto, que se disputaban ambos países.
Después de estos tratados y laudos sólo nos queda el 4,5 por ciento, también en una zona sumamente sensible: la de los Hielos Continentales —o Campos de Hielo, para los chilenos—, que es el límite entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet.
Antes de abordar el tema del Tratado en sí, creo que es sumamente importante precisar algunos conceptos. Porque como dije al comienzo de mi exposición, este es un debate histórico. Aquí se cierra una larga historia de desencuentros entre ambos países. Aquí queremos poner punto final a una disputa y tenemos que cerrarla con la convicción de que este es un acuerdo justo, digno, decoroso y honorable para las dos naciones y no sólo para una de ellas. Si fuera sólo decoroso y digno para uno de los dos países, no lo sería para ninguno. Porque en este caso no se trata de ganar un metro más o menos a una nación vecina, sino de encontrar una solución justa, equitativa para los intereses de ambos países.
Quiero por eso abordar un tema que es importante. Se ha venido diciendo y reiterando que no existía controversia con Chile; que esta era una ocurrencia de los últimos tiempos; que la Argentina estaba planteando innecesariamente la diferencia con Chile porque no había controversia; que acá sólo había que salir y demarcar; que simplemente se trataba de ir y poner los mojones, porque el límite estaba establecido. También se dijo esto en relación a Laguna del Desierto; se dijo que la Argentina iba a someterse innecesariamente a un tribunal arbitral cuando el límite ya estaba establecido, poniendo en riesgo una parte importante del territorio argentino.
Nada de esto es cierto.
La controversia existió en el caso de Laguna del Desierto como existe en la zona de los Hielos Continentales. Para reafirmarlo creo importante hacer una referencia a qué debe entenderse por “controversia” en el derecho internacional. Y en auxilio de esto, basta con remitirnos a lo expresado por la Corte Permanente de Justicia Internacional al determinar los casos en que existe una controversia, para cotejar, entonces, si en el caso que nos ocupa se da o no tal circunstancia.
De acuerdo con el criterio sustentado por la Corte Permanente de Justicia Internacional, una controversia es una diferencia o un desacuerdo sobre un punto de hecho, una contradicción de tesis jurídicas o de intereses entre dos sujetos de derecho. Esto lo dijo el citado tribunal en el caso “Mavromatis” en 1924, reiterando luego tal criterio en el caso “Lotus”, en 1927. Ha establecido entonces que controversia es un diferendo o desacuerdo entre dos Estados sobre una cuestión de hecho o de derecho, o la existencia de una contradicción o contraposición de posturas jurídicas o de intereses entre dos Estados.
Por otra parte, la más autorizada doctrina de los internacionalistas coincide también en este criterio. Así lo ha entendido Hans Kelsen, quien ha establecido que existe controversia cuando un Estado pretende que otro se conduzca de una manera determinada y este último rechaza la pretensión del primero. Y también se ha expresado en similar sentido Sorensen, quien, en su “Tratado de Derecho Internacional”, ha definido a la controversia como un desacuerdo sobre una cuestión de derecho o de hecho, una oposición de puntos de vista legales o de intereses entre las partes.
Es decir que existe controversia cuando dos sujetos de derecho discrepan sobre una cuestión de hecho, de derecho o de intereses contrapuestos. Allí queda planteada la controversia o, como decimos los abogados, allí queda trabada la litis. Existe un desacuerdo sobre una cuestión, que puede ser meramente de hecho, meramente de derecho, o que puede tener ambos caracteres simultáneamente.
La segunda pregunta es, entonces, cómo se materializa una controversia. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que en el caso que nos ocupa no existe controversia porque Chile no ha fundado en un documento escrito cuáles son sus pretensiones. Esto no es así.
Para que exista controversia no es necesario ni indispensable que un país emita un escrito formal por el cual expresa que su posición es tal o cual. La controversia puede plantearse de distintas formas; puede expresarse mediante actos unilaterales o por escritos de cualquier naturaleza. En síntesis, para que se materialice una controversia no se requiere una exposición formal de un Estado sino que puede quedar reflejada por distinto tipo de instrumentos, como la cartografía o la posición adoptada frente a un organismo internacional.
Y en el caso de los Hielos Continentales, señor presidente, se dan todas las características: se ha configurado una controversia y ha quedado materializada en la forma en que se lo exige para reconocer su existencia como tal.
En ese sentido es dable destacar que la controversia entre la Argentina y Chile se da, en primer término, a partir de la cartografía. Tanto la Argentina como Chile han venido editando, desde principios de siglo, una cartografía que han ido variando, pero no han cambiado su posición en el sentido de sostener que esa parte del territorio que se encontraba en discusión pertenecía a uno u otro país.
Algunos han cuestionado la entidad de la cartografía como elemento de justificación de una situación de controversia. Sostienen que un mapa no es suficiente para determinar su existencia. Y no es así; basta un mapa o una representación cartográfica para evidenciar que hay controversia.
Además, esto quedó demostrado en el fallo sobre la cuestión de Laguna del Desierto. En efecto, en esa oportunidad, cuando el Tribunal Arbitral falló a favor de la posición argentina, tomó como fecha crítica la de la publicación de un mapa de Chile, correspondiente a 1956. Ahora bien, ¿qué es la fecha crítica? Es el momento en que queda cristalizada o materializada la postura del país. Y fíjense qué importante que es la fecha crítica, porque a partir de allí no se puede realizar ningún acto que favorezca la posición del país. Reitero que esto lo determinó el Tribunal Arbitral en base a una carta, a un mapa de 1956.
Entonces, obsérvese la importancia que el derecho internacional da a la publicación de un mapa. Por lo tanto, la controversia sobre Hielos Continentales entre la Argentina y Chile ya está planteada por los mapas. No obstante, si alguien no está de acuerdo con esta posición, hay otro antecedente.
En efecto, en 1981, en una conferencia realizada por la UNESCO sobre patrimonio mundial, en Sídney, Australia, la Argentina declaró que se tenga como patrimonio mundial la zona del Parque Nacional Los Glaciares. En esa oportunidad, nuestro país presentó un mapa —con una escala de 1: 3.000.000— en donde figuraba que el Parque Nacional Los Glaciares pertenecía a la República Argentina. Pero los chilenos rechazaron esta postura, hicieron una reserva y dijeron que por lo menos parte de ese parque estaba en jurisdicción chilena. Finalmente, nuestro país no aceptó la propuesta y rechazó la pretensión chilena.
De todas maneras, allí quedó plasmada la controversia. Si no la quieren aceptar por el lado de la cartografía, la tienen que aceptar por una situación planteada ante un organismo internacional que pertenece a las Naciones Unidas, en donde están representados casi todos los países del mundo.
Entonces, no cabe duda de que la controversia existe, porque hay una disputa sobre una cuestión de hecho, sobre un pedazo de la frontera. Así mismo, tampoco caben dudas de que existe una disputa de tipo jurídico, que está plasmada en mapas y ante un organismo internacional.
Por lo tanto, existe controversia y ella está cristalizada en documentos y hechos irrefutables, que merecen que la cuestión sea decidida por un tribunal arbitral o por un Tratado, tal como estamos haciendo en esta oportunidad.
Dicho esto, vamos a entrar a analizar cómo se plantea la diferencia entre la Argentina y Chile sobre Hielos Continentales y cuál es la posición y lo que sostienen uno y otro país, porque a partir de allí vamos a poder entender el acuerdo.
Hay posiciones divergentes acerca de cómo corre la línea fronteriza entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet. Esta controversia tiene distintas características y fundamentos que voy a pasar a explicar.
La posición argentina sostiene que el recorrido de la línea limítrofe debe seguir por la divisoria de aguas continental en la zona de Hielos Continentales, partiendo del monte Fitz Roy y haciendo transcurrir dicha línea hasta un punto en la divisoria de aguas continental al noroeste del lago Viedma, continuando por el cordón Mariano Moreno, los cerros Murallón, Bertrand, Agassiz, Dos Codos, Pietrobelli, cerro Stokes y cerro Daudet.
Si los señores senadores tienen a bien fijarse en la imagen satelital que tenemos a disposición en el recinto, verán que desde el monte Fitz Roy la Argentina sostiene, ahí está la traza que se ha acordado, que tiene que ir desde…
Sr. Presidente. — Senador Menem: si a usted le parece bien, vamos a girar el mapa a efectos de que pueda apreciarse desde todos los sectores del recinto.
Sr. Menem. — Lo que estoy señalando es el lago Viedma.
La Argentina sostiene que el límite debe ir desde el Fitz Roy hasta un punto en el cordón Mariano Moreno donde está la divisoria entre las aguas continentales, para luego seguir por la divisoria continental de aguas hasta el Murallón y, de allí, hasta el Daudet.
Cabe destacar que esta posición argentina de sostener la divisoria continental de aguas tampoco es contradictoria respecto de su tradicional posición orográfica, que sostenía el principio de las más altas cumbres. Porque aquí también, como ocurrió con Laguna del Desierto, se aplican normas especiales que surgen de las actas de los peritos de 1898 —cuando hablamos de “las actas de los peritos”, nos referimos al perito Moreno y a Barros Arana, de Chile—, en las cuales el perito Moreno había aceptado el principio de divisoria de aguas específicamente en esta zona.
Además, al laudar en 1902, el rey Eduardo VII indica que, desde el monte Fitz Roy, la línea limítrofe debe dirigirse hasta la divisoria continental de aguas al noroeste del lago Viedma, aunque no especifica el camino a seguir. Este es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, el laudo británico dice que del Fitz Roy se dirige a la divisoria continental de aguas al noroeste del lago Viedma, pero no establece qué camino tiene que seguir para llegar a ella.
En cambio, Chile, ¿qué sostiene? Chile sostiene, más vale, un criterio de tipo histórico, según el cual la línea limítrofe debe unir la cumbre del monte Fitz Roy con el cordón Adela, pasando por los cerros Torres, Ñato, Grande, Campana, Huemul, Murallón, Bertrand, Oasis, Bolados, Peineta, Mayo y Daudet.
Por supuesto, toda esta línea sostenida por los chilenos se halla, más que nada, sobre el territorio argentino. Pero fíjese, señor presidente, qué notable es el hecho de que también invoquen las actas de los peritos de 1898. Lo que ocurre es que los peritos señalaron algunos cerros como el Stokes y el Fitz Roy, creyendo que eran las altas cumbres que marcaban la divisoria continental de aguas. Pero después se comprobó que ninguno de ellos está en la línea divisoria continental de aguas.
Los chilenos también se basan en las presentaciones realizadas en 1902 ante el árbitro inglés. Sostienen que los cerros y los accidentes geográficos nombrados en las citadas actas y presentaciones, como la representación de la cartografía de la época, establecieron puntos obligatorios mutuamente aceptados por los que debe transcurrir dicha línea limítrofe. Es decir que la Argentina sostiene la divisoria continental y los chilenos, con un criterio histórico, ponderan aquellos cerros y cordones que, según ellos, surgen de las actas de los peritos y de las presentaciones de la Argentina y Chile ante el Tribunal Arbitral realizadas en 1902. Entonces, mientras la Argentina sostiene la línea hidrográfica, Chile sostiene la histórica, inclinado más hacia la orográfica.
Estas posiciones argentina y chilena, por supuesto, tuvieron su reflejo en la cartografía que editaron ambos países desde entonces y que, como dije anteriormente, dieron origen a la controversia.
Entonces, si había controversia, si existían estos elementos plasmados en distintos documentos, si había criterios diferentes, indudablemente era necesario un acuerdo de delimitación.
Llegado este punto, señor presidente, creo que deberíamos detenernos un poco en los conceptos de delimitación y de demarcación. Porque por las preguntas que se me han formulado, por el contenido de algunas publicaciones y de ciertas posiciones, veo que existe confusión en lo que es la delimitación y lo que es la demarcación. Empecemos diciendo que la delimitación significa establecer un criterio o pauta por donde debe transcurrir la línea de límites. Es decir que se trata de un concepto, si se quiere, teórico: la línea limítrofe debe pasar por tal parte.
La demarcación es la operación material de determinación concreta por donde pasa el límite. En una palabra, para que se entienda mejor, delimitar es el acuerdo sobre el límite. Demarcar es colocar los hitos, los mojones; es la operación material.
Entonces decimos que no puede haber demarcación si no hay delimitación. Cuando alguien dice que lo que tendrían que haber hecho tanto en Laguna del Desierto como aquí, en el tema de hielos, es simplemente decirle a la Comisión de límites que fuera y que hiciera la demarcación, porque está delimitado —eso dijeron, lo único que hay que hacer es ir y demarcar—, si se hubiera procedido así, se hubieran encontrado con el grave problema de que el perito argentino iba a caminar para el lado de Chile y el perito chileno lo iba a hacer para el lado de la Argentina, porque tenían criterios distintos, porque no estaba delimitado, porque estaba la controversia, porque no había acuerdo.
Decir que sólo había que demarcar es una utopía. Lo único que esto hubiera hecho es profundizar los desacuerdos en la Comisión de límites, en donde se trabaja con un criterio técnico. Yo hubiera querido que todos los señores senadores escucharan las magníficas explicaciones que daba el presidente de la comisión de límites, el general Miró, cuando decía en la Comisión de Relaciones Exteriores: “No tengo ningún problema en demarcar, pero denme la línea. Yo tengo que salir del Fitz Roy hacia la divisoria continental, pero díganme por dónde salgo. Yo voy a determinar; sé perfectamente la divisoria continental, pero díganme por dónde salgo.” No estaba explicitado.
Esto es lo que hay que distinguir muy bien: delimitación y demarcación. Acá tenemos un punto muy importante. ¿Por qué, si le decíamos a la Comisión de Límites que saliera del Fitz Roy y que fuera a la divisoria continental al noroeste del lago Viedma, no podía hacerlo si no le dábamos el criterio? En el croquis de la izquierda está perfectamente establecido. Lo que está en línea negra es el Laudo de Laguna del Desierto, cuya divisoria sigue por distintos puntos y sube por la divisoria local de aguas hasta ese vértice, que es el Fitz Roy.
Si desde el Fitz Roy se hubieran querido dirigir al noroeste del lago Viedma, que es la zona que estoy marcando en el mapa que observan los señores senadores, no lo hubieran podido hacer porque ya está establecido el límite. Es decir que hubieran vuelto a cortar el límite que ya está fijado. Tampoco podían bajar por la divisoria local porque ya está ocupada. Entonces el general Miró decía: “Yo no puedo salir por acá, porque estoy cortando el límite ya establecido; no puedo bajar por una línea divisoria de aguas que ya está ocupada. Yo les pido que me digan por dónde tengo que ir.”
Ahí viene el acuerdo político. Este es uno de los cuatro puntos en donde hay acuerdo político en el Tratado que hoy estamos considerando. Consiste en establecer la salida desde el monte Fitz Roy hasta un punto ubicado al noroeste del lago Viedma en la divisoria continental de aguas.
Entonces, en este acuerdo, señor presidente, ¿qué es lo que se hace? Se establece una forma de salir que contemple los intereses de ambas partes y que procure adaptarse a la conformación del terreno.
¿Qué es lo que hace el Tratado? Ya lo vamos a ver en detalle: baja por una divisoria local de aguas —es la misma que sube— en 600 metros hasta un punto y después sigue hasta tres mil metros hasta otro punto. Luego continúa hacia el occidente por el paralelo del lugar; ya vamos a explicar cómo es esta cuestión.
De todos modos, lo que quiero significar es que si no se daba una solución política a cómo salir del Fitz Roy, era imposible lograr un acuerdo para establecer la línea limítrofe hasta la divisoria de aguas continental. Ni el Laudo ni el Tratado establecieron cuál es el camino para llegar a ese punto en la divisoria continental de aguas.
Pero no era éste el único problema que había que solucionar. El otro problema era la llegada al cerro Stokes. Cuando los peritos hicieron los estudios, estaban convencidos de que el cerro Stokes estaba en la divisoria de aguas continental. Señalo con el puntero láser el cerro Stokes en esta entrada.
Sr. Presidente. — Podemos girar el mapa si algún señor senador no puede ver bien.
Sr. Menem. — Hace poco tiempo se creía que el cerro Stokes estaba en la divisoria continental. ¿Cuándo se pudo determinar bien la ubicación? Cuando se empezaron a utilizar elementos técnicos, como las imágenes satelitales, y con la nueva realización de estudios.
Pido al señor Ferrari Bono, que está presente y trabajó tanto en el tema y fue uno de los arquitectos de este acuerdo, que ocupe un lugar en el recinto.
Se pudo determinar que realmente la divisoria de aguas continental corre hacia el oriente del cerro Stokes. El cerro Stokes está en la vertiente del Pacífico; no está en la divisoria de aguas sino para el lado de Chile. Entonces, en este punto se planteaba un problema.
Los peritos habían establecido que el cerro Stokes era límite obligatorio. Pero también estaba el principio de la divisoria de aguas continental. Entonces, si el límite sigue en la divisoria de aguas continental, se dejaba de lado el cerro Stokes. Si la línea llega al cerro Stokes, se deja de lado la divisoria de aguas continental. Aquí es donde se logra el otro acuerdo político, que es hacer una entrada hacia el cerro Stokes. Se avanza hacia el cerro Stokes penetrando hacia sierras que corresponden a la vertiente del Pacífico.
Me olvidaba decir que aquí se produce una simetría con lo que ocurre con el monte Fitz Roy. También se creía que el monte Fitz Roy estaba en la divisoria continental, pero no es así, sino que está en la vertiente del Atlántico. En el Laudo de 1902 ya se sabía que estaba en la vertiente del Atlántico. Mucho después se supo que el cerro Stokes no está en la divisoria continental sino en la vertiente del Pacífico.
Entonces, si a los peritos les hubieran dado la orden de demarcar, en este caso también habrían tenido problemas. El perito argentino habría demarcado viniéndose para el cerro Stokes y el perito chileno quizá se habría ido para el lado de la divisoria continental. Por eso se hizo el otro acuerdo político.
El tercer punto que había que resolver era un tema muy sensible para los intereses argentinos. Uno de los puntos principales que se cuestionó en la línea poligonal era el tema de las aguas del río Santa Cruz, que en este Tratado de la Poligonal quedaban como un recurso compartido. Señalo con el puntero láser cuál es el glaciar Viedma, que es una de las fuentes del río Santa Cruz.
Si se quiere trazar el límite desde el monte Fitz Roy hasta un punto al noroeste del lago Viedma, en la divisoria continental, no hay otra forma de hacerlo que no sea cortando el glaciar Viedma. Siempre una parte de dicho glaciar va a quedar del lado de Chile. Por eso en el Tratado de la Poligonal se decía que era un recurso compartido. Pues bien, aquí surge nuevamente el componente político del Tratado. Se llega a un aspecto fundamental del Tratado de 1998, y más allá de que las vertientes del glaciar Viedma estén del lado de Chile, se dice que las aguas que fluyen hacia el río Santa Cruz son de dominio exclusivo de la República Argentina. Esto es fruto del acuerdo político, porque de otra forma sería uno de los tantos recursos compartidos que hay en la Patagonia argentina. Debo recordar, señor presidente, que en esta zona de determinación de límites entre la Argentina y Chile existen ochenta recursos hídricos compartidos, entre ríos y lagos. En consecuencia, éste hubiera sido el número ochenta y uno. Inclusive se lo elimina del Protocolo de Recursos Compartidos y se establece que es de dominio exclusivo de la República Argentina, con lo cual desactivamos todas las protestas que se hicieron en su momento en contra del Tratado de la Poligonal al dejarlo como recurso compartido.
El cuarto aspecto político es la adecuación de la línea limítrofe en la zona de los fiordos, donde hay un alejamiento hacia el oriente, por cuanto la línea pasaría muy cerca, prácticamente por arriba de dos fiordos chilenos, el Andrew y el Pili. Por razones lógicas, era de interés de Chile un apartamiento de cinco o seis kilómetros hacia el lado de la Argentina. En esta línea que hace una especie de corazón está la laguna Escondida, que queda absolutamente en territorio argentino. Luego, cabe destacar que cuando se va de nuevo hacia el cerro Stokes hay un acercamiento hacia el Pacífico en el Piedrabuena, pasándose cerca del fiordo Calvo, situación que ha generado alguna crítica de parte de los chilenos. Pero de todos modos, en ese sistema de reciprocidades, de equilibrios y concesiones mutuas, se llega a un acuerdo razonable para determinar que en algunos casos nos apartamos y en otros nos acercamos; en un caso cortamos el recurso hídrico pero establecemos que será de dominio exclusivo de la República Argentina; en un caso determinamos la salida del Fitz Roy y en otro la llegada al Stokes. Esta es la forma en que se hace un acuerdo entre naciones civilizadas, entre dos países que realmente tienen vocación de paz y quieren solucionar definitivamente sus problemas limítrofes.
Quiero ahora hacer una ligerísima referencia a las críticas que algunos han efectuado con relación al motivo por el cual no se han aplicado exclusivamente criterios geográficos sino que también se ha tenido que recurrir a criterios políticos. En toda la historia de la conformación del límite entre la Argentina y Chile siempre se aplicaron elementos geográficos, políticos y jurídicos. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando no es suficiente el criterio geográfico hay que complementarlo con argumentos políticos. En efecto, si vemos cómo se ha conformado el límite, si analizamos el Laudo Buchanan al que me referí al principio de mi exposición —en el cual intervino el árbitro norteamericano—, advertiremos que se ha trazado una línea recta quebrada; es decir, no se ha seguido estrictamente un criterio geográfico. El árbitro ha trazado una línea recta quebrada de acuerdo con lo que a él le pareció más justo. Esta es la primera vez que se da una situación así después de 1881, porque convengamos en que el Tratado de 1881 también tiene criterio político. ¿O no se aplica un criterio netamente político cuando se traza una línea recta para dividir la isla de Tierra del Fuego? En forma directa, se dice “desde el Espíritu Santo hasta el Beagle” y se sostiene “oriente” para la Argentina y “occidente” para Chile. Ese es un criterio político.
Luego, cuando se dictó el Laudo de 1902, no se adoptó un criterio exclusivamente geográfico. El rey de Inglaterra siguió un criterio geográfico en ciertos casos y, en otros, adoptó un criterio político. En determinados casos aplicó el criterio de la divisoria de aguas continentales, mientras que en otros adoptó el criterio de altas cumbres o de línea recta que cortó lagos y ríos. Es decir, atendió a un principio de equidad entre los intereses de ambos países, pero también lo hizo en base a criterios políticos.
…………………………………………………………………………………………………………

Sr. Menem. — Agradezco a mis colegas la deferencia que han tenido para conmigo al permitirme continuar con mi exposición.
También estuvo muy marcado el principio político en el Tratado de 1984 sobre el Canal de Beagle. Porque recordemos que el Protocolo de 1893 establecía el principio bioceánico: la Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Pues bien, en el Laudo de 1984 las tres islas quedan en aguas del Océano Atlántico, pero eso se complementa con disposiciones limitantes de la proyección de la soberanía de Chile en las islas sobre el mar, y por ello se trazaron las líneas rectas que están determinadas en el mapa de la República Argentina que figura a la izquierda de la imagen satelital, con el objeto de limitar la jurisdicción marítima de las islas que quedan al sur del Canal de Beagle. Por el contrario, nosotros sosteníamos que esas islas quedaban al este y no al sur del Canal de Beagle. Finalmente, el laudo determinó otra cosa, lo que quedó ratificado por el acuerdo posterior.
Entonces, allí también se dejó de lado el principio bioceánico, no por criterios geográficos sino por razones de tipo político. Por ello, nadie puede discutir o cuestionar que en este Tratado de 1998 también se estén utilizando criterios políticos -en los cuatro casos que he señalado- para conformar el límite entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet.
Entrando de lleno en el análisis del Tratado en consideración, debo decir que ya se explicó parte del procedimiento por el cual se llegó a este acuerdo; principalmente, cómo se retiró el Tratado de la Poligonal en la Cámara de Diputados. Es muy importante destacar que los diputados, al pedir el retiro de ese Tratado, dieron instrucciones para que el nuevo Tratado contemplara determinados puntos, los que eran indispensables para que esto recibiera aprobación parlamentaria.
Pidieron, por ejemplo, que para la demarcación del sector se dé prioridad a la aplicación del Tratado de 1881, al protocolo de 1893, a las actas de 1898, al Laudo de 1902 y a los demás instrumentos conexos. Asimismo, pidieron la preservación del dominio exclusivo para la República Argentina de las aguas que fluyen al Océano Atlántico y la fijación del límite entre el cerro Fitz Roy y un punto situado al noroeste del lago Viedma, sobre la divisoria continental de aguas. También solicitaron la adecuada aplicación del principio por el cual la Argentina no puede pretender punto alguno de acceso al Océano Pacífico, en particular, en la zona de los fiordos. A su vez, requirieron la confección de la cartografía en una escala 1:50.000, según lo prescripto en el protocolo de 1941, como paso previo a la demarcación del territorio en la zona.
Asimismo se pedía a la Academia Nacional de Geografía asesoramiento para la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados en todo lo atinente a estos acuerdos.
A partir de estas disposiciones se hacen los contactos con la Cancillería chilena y se empieza a trabajar en este nuevo acuerdo, que cuenta con dictámenes de todos los organismos vinculados a esta cuestión.
Intervino la Academia Nacional de Geografía. Se envió una misión especial a la zona de los Hielos Continentales, con la participación de miembros de la Cancillería, la Comisión Nacional de Límites, el Instituto Geográfico Militar, representantes del Estado Mayor Conjunto, personal de Gendarmería Nacional. Todos intervinieron para tratar de lograr que este acuerdo sea satisfactorio para los intereses de nuestro país y para terminar, de una vez por todas, con esta cuestión de límites.
Es así como, respetando estos criterios, se firma el Tratado que tenemos hoy a consideración. En él se traza el límite, se tiene en cuenta o, mejor dicho, se divide el recorrido entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet en dos secciones: la sección A y la sección B.
La sección A es la que está al sur. Es la que parte del cerro Murallón y llega hasta el cerro Daudet. Y la sección B es la que se extiende desde el monte Fitz Roy en adelante; es la que está marcada en rojo en el mapa que estoy señalando.
Algunos se preguntarán por qué la sección A está ubicada abajo y la B, arriba. Por una cuestión técnica, los expertos empiezan a marcar el límite desde abajo y señalan, primero, el sector A y, luego, el B. Pero, también en este caso, el orden de los factores no altera el producto.
En la sección B, que es la primera, ubicada en la parte norte, se establece la forma en que la traza de límites debe salir del monte Fitz Roy y dirigirse hacia occidente, en aplicación de los instrumentos bilaterales existentes. Se dice que, desde la cumbre del monte Fitz Roy, la línea descenderá por la divisoria de aguas hasta un punto que se determina exactamente por coordenadas. Estas son, primero, un punto “A”, en el croquis de la izquierda; es el primer vértice. Está perfectamente señalado por distintos sistemas de coordenadas. Ya dije que esto tiene una extensión de unos seiscientos metros. Y luego, hay una extensión de unos tres mil metros en dirección al occidente hasta un punto B. Dice el Tratado: “…siendo la traza descrita representada en la imagen satelital Spot (escenas pancromáticas), escala 1:100.000, que se incluye a modo ilustrativo y referencial en el Anexo II del presente Acuerdo.”
Cabe destacar que en el Anexo II hay un mapa satelital similar a éste; no está en colores, sino en blanco y negro, pero en él se encuentra perfectamente determinado o marcado el mismo dibujo, que hemos hecho en colores para esta exposición porque permite ver con mayor nitidez de qué estamos hablando.
Luego, ¿qué dice la sección B? Que desde el punto referido, es decir desde el punto “B”, la línea seguirá por el paralelo del lugar hacia el occidente y será trazada dando cumplimiento a una serie de instrumentos que en el mismo texto se mencionan.
Así se fijaron los criterios de delimitación imprescindibles para que, a partir de ellos, la Comisión Mixta de Límites pueda comenzar las tareas de demarcación, dando cumplimiento a los tratados preexistentes y demás instrumentos a aplicar.
Cabe señalar, señor presidente, y acá voy a poner mucho énfasis, que una de las críticas que se le han hecho a este acuerdo es que en el sector B habría una indeterminación. La duda sería: ¿por qué no se hizo la traza a partir de esta bajada del monte Fitz Roy? Lo que pasa es que ese sector ya está delimitado. No se hizo porque ya está delimitado. Está delimitado en los Tratados y en los instrumentos anteriormente señalados.
Por eso en el Tratado —con muy buen criterio— se dice que desde el último punto indicado, o sea desde el punto B, la línea seguirá por el paralelo del lugar —que está perfectamente determinado— hacia el occidente y será trazada dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos aplicables que se establecen en el protocolo sobre reposición y colocación de hitos en la frontera argentino-chilena, de fecha 16 de abril de 1941, y en el plan de trabajos y disposiciones generales que rige a la Comisión Mixta de Límites Argentina-Chile, en particular el punto 1.21 de éste último. Es el que remite al Tratado de 1881, al protocolo de 1893, al Laudo de 1902. Es decir que la línea ya está delimitada por esos instrumentos a los cuales se refiere y donde no había necesidad de volverse a remitir. Lo único que necesitaba la Comisión de Límites era que le dijeran cómo salir del Fitz Roy. Establecía que fuera la salida correspondiente, el resto del límite ya está establecido. ¿En dónde? En los instrumentos citados. Principalmente el Laudo de 1902, que dice: desde el Fitz Roy seguirá hacia un punto al noroeste del lago Viedma hasta alcanzar la divisoria continental de aguas. Y esa operación no va a generar ningún tipo de problema porque es perfectamente determinable. Eso se encargaron de aclararlo muy bien el general Miró y las otras distinguidas personalidades que estuvieron presentes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando dijeron que no hay absolutamente problema alguno en determinar el punto hasta donde debe llegar el límite desde el Fitz Roy. No habrá absolutamente ningún problema en determinar cuál es la divisoria de aguas continental. Es un chatón, hay tres espolones y con los instrumentos se determina exactamente por dónde pasa la divisoria de aguas continental; desde ahí sigue la misma divisoria continental hasta el cerro Murallón. Es decir que cuando alguien diga —y seguramente van a decirlo— que está sin determinar, no es cierto. Está perfectamente determinada la salida, la llegada y el curso hasta el Murallón en virtud de que hay una remisión expresa a los instrumentos antes señalados; es decir, el Tratado de 1881, el Laudo de 1902, las actas de 1898, el protocolo de 1893 y demás instrumentos conexos que van a permitir a la Comisión de Límites llegar perfectamente y demarcar exactamente por dónde va a pasar la línea limítrofe en este sector B.
Sr. Presidente. — Le solicitan una interrupción, señor senador.
Sr. Menem. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.
Sr. Alasino. — Este elemento nuevo que se agrega a través del Tratado que vamos a aprobar es esa defensa que se hace, o esa definición que se hace, de que las fuentes del río Santa Cruz están en territorio argentino.
Sr. Menem. — Los elementos nuevos que hay son dos: uno, la salida del Fitz Roy; si no hubiera existido este acuerdo, no habría forma de hacer la traza desde el Fitz Roy hasta la divisoria continental de aguas. Este es un elemento nuevo.
Sr. Presidente. — Es la que tenemos aquí.
Sr. Menem. — Así es.
El segundo elemento es que esa línea necesariamente corta el glaciar Viedma. No hay forma de que llegue a la divisoria sin cortarlo.
Sr. Alasino. — El paralelo que se ve ahí.
Sr. Menem. — Se va por el paralelo hasta un punto de la divisoria continental que está en el cordón Mariano Moreno. Ahí necesariamente se corta el glaciar; no hay forma de trazar límites sin cortar. El elemento nuevo radica en que en vez de ser un recurso compartido, se dice expresamente que el dominio hídrico, o sea el dominio de las aguas que fluyen hacia el río Santa Cruz —entre ellos está el glaciar Viedma— es exclusivo de la República Argentina y, además, se prohíbe a la otra parte alterar la cantidad o la calidad de ese recurso hídrico. Este es el segundo nuevo elemento político.
En la sección A, que va desde el cerro Murallón hasta el cerro Daudet, las partes acordaron el recorrido de la traza a través de la divisoria continental de aguas, uniendo puntos prefijados y, al mismo tiempo, se establecen los puntos donde la traza se aparta de la divisoria continental de aguas con motivo de los fiordos Andrew y Pili; también se acordó el alejamiento inverso, favorable a nuestro país —se entiende que es favorable porque va hacia territorio chileno—, hacia el oeste de la divisoria continental, en el cordón Piedrabuena y hasta los cerros Stokes y Daudet.
Tanto en el sector A como en el B, se obliga a la Comisión Nacional de Límites a realizar una cartografía de 1:50.000, que permitirá establecer con exactitud dónde deben colocarse los hitos o mojones de demarcación.
Señor presidente: cabe destacar que este Tratado, y lo reitero porque es importante, cuenta con una imagen satelital que forma parte del acuerdo. Lo digo porque algunos han criticado que no hay mapas. Ya veremos las críticas; pero creo que basta con ver una imagen satelital para darse cuenta de que ella refleja la realidad mucho mejor que un mapa dado que determina los accidentes con una aproximación de diez metros. Además, consta de coordenadas geográficas obtenidas con absoluta precisión por equipos modernos como el GPS, Global Positioning System. Asimismo, forman parte del anexo los puntos por los que debe pasar el límite con sus respectivas coordenadas, también establecidas por el sistema GPS.
Los otros puntos del acuerdo ya fueron abordados. Por ejemplo, hemos hecho referencia a la propiedad del recurso.
Cabe destacar que hay una disposición sobre las medidas de conservación del patrimonio natural al establecer para ambos estados la obligación de cooperar a fin de aplicar medidas estrictas para la protección del medio ambiente en el sector.
Señor presidente: quiero resaltar que este acuerdo ha contado con el asentimiento de la Academia Nacional de Geografía, instituto prestigioso que estuvo representado en nuestras sesiones y cuyo presidente, el general Arredondo, está presente en este recinto. Sus miembros han concurrido a este Cuerpo y han participado con su asesoramiento, sosteniendo que el acuerdo respeta las prioridades que había establecido la Cámara de Diputados y se ajusta en un todo a los principios mencionados. Asimismo hemos consultado a representantes del Estado Mayor Conjunto —también están presentes en este recinto y les agradecemos que hayan venido—, quienes nos han dicho que el presente Tratado resguarda los intereses estratégicos vinculados a la defensa nacional de la Argentina y que, desde el punto de vista de la defensa nacional y de las estrategias absolutamente defensivas que se manejan, la eliminación de un punto de esta envergadura es altamente positivo. Es decir que, desde el punto de vista técnico, de la estrategia defensiva y de los intereses del país, están tomados todos los resguardos en el sentido de que es ampliamente favorable a los intereses de la Argentina.
Señor presidente: en el transcurso de mi exposición me he referido a algunas de las observaciones que se han formulado a este acuerdo. Pienso que todas son de buena fe. Pero ocurre que, muchas veces, hay cuestiones que se mencionan y que llaman la atención, al menos, por lo curiosas.
Se ha cuestionado la aceptación del monte Fitz Roy como punto límite, siendo que se encuentra sobre la vertiente atlántica; a ello debo responder que se estableció ese punto obligatorio de límites en 1902. Lo acordaron ambos países y, reitero, lo tomaron como punto obligatorio de límites, siendo ratificado durante estos más de noventa años. Y no sólo fue así establecido en el Laudo de 1902, sino que el Tratado de Laguna del Desierto también lo consideró como punto obligatorio de límites. Cuestionarlo hoy porque se encuentra sobre la vertiente atlántica resulta totalmente improcedente; utilizando terminología de abogados, el derecho argentino de hacer un reclamo sobre esa cuestión ha precluido hace noventa años.
Y si aceptamos que el Fitz Roy es un punto obligatorio de límites, ¿cómo vamos a negar el acceso de la otra parte? Sería como negar a nuestro vecino el acceso a la medianera, hablando en términos de la relación entre vecinos. Por lo tanto, esa crítica no resiste el más mínimo análisis.
Se sostiene también que falta un mapa, lo cual constituye otra crítica que realmente no merece mucha dedicación.
En primer término, tenemos las imágenes satelitales que reflejan la región con mucha mayor exactitud. Pero además, establecida la delimitación, al momento de hacerse la demarcación se va a confeccionar la cartografía —tal como se establece en el Tratado— con una escala de 1:50.000, fijándose con precisión la zona por donde pasa la línea limítrofe.
Por otra parte les quiero recordar a los autores de esta crítica que el Tratado madre de 1881 tampoco tenía marcas y, sin embargo, permitió en su momento arreglar el 45,5 por ciento de los límites entre la Argentina y Chile.
Me voy a remitir a lo que seguramente expresarán algunos de mis colegas a fin de no extender demasiado mi exposición. En ese sentido creo que el senador de la Rosa se referirá concretamente a la refutación de algunas de las críticas que se han hecho.
Llego entonces, señor presidente, a las conclusiones finales. Creo que el Tratado de 1998 no constituye un mero acuerdo de límites, sino que significa la culminación de un proceso de más de cien años; un proceso en donde los problemas limítrofes se constituyeron en fuente de recelos, de desconfianzas y de resentimientos que casi llevó a la guerra a nuestros países. De allí que la importancia del Tratado no está dada por la extensión de la zona a la que afecta sino por el hecho de que es el punto final. Es el punto final de esta larga historia de diez años que, por suerte, tiene una conclusión feliz, y con el cual damos un paso decisivo en la consolidación de las relaciones entre la Argentina y Chile.
Quiero decirles que no es cierto que estemos cambiando territorio por paz. No estamos cediendo parte de nuestro territorio a cambio de la integración; eso no es cierto. Estamos haciendo un acuerdo digno para ambas partes; no estamos cediendo nada, sino logrando un acuerdo decoroso, que contempla el equilibrio entre los intereses de ambos países.
Como decía hace algunos momentos, si alguno de los países sacara un provecho en desmedro del otro, este acuerdo no serviría a los fines para los cuales lo hemos celebrado. No serviría para superar las intrigas y los recelos que durante tantos años nos han separado.
También quiero decir que este acuerdo no es una cuestión accidental que ocurre en el manejo de la cosa pública de un gobierno, sino que él forma parte de una política de Estado y responde al principio y a la vocación pacifista de la República Argentina, que en los últimos años ha querido ser protagonista de la paz en el mundo y que, en esa línea, ha firmado y adherido a cuanto acuerdo se planteó en materia nuclear, como el de Tlatelolco, que prohíbe ensayos nucleares, o el de Ottawa, en contra de las minas antipersonales.
Así mismo, hemos demostrado nuestra vocación de paz participando en las operaciones pacifistas llevadas a cabo por las Naciones Unidas; somos el octavo país del mundo en materia de contribución a las fuerzas de paz de este organismo. Además, a nuestro país vienen a tomar clases y a entrenarse las tropas que luego actuarán como cascos azules en aquellas zonas conflictivas del mundo.
Entonces, reitero, este acuerdo con Chile no es una cuestión separada o aislada de esta política general pacifista y de integración que ha venido siguiendo nuestro país. En efecto, allí tenemos el Mercosur.
Pero, ¡qué decir de la integración con Chile! Desde 1991 es como que le hemos puesto una bisagra a la relación con el vecino país. Hemos empezado a integrarnos físicamente; prácticamente no quedará ninguna provincia argentina sobre la cordillera que no cuente con un paso hacia la nación trasandina. Además, esta integración se hará a través de algo muy caro para la Patagonia, como los ferrocarriles traspatagónico y trasandino. En este sentido, nuestro presidente acaba de firmar los decretos pertinentes para comenzar con sus construcciones. Creemos que la existencia de ambos ferrocarriles posibilitará la concepción de un nuevo corredor bioceánico, que no sólo servirá a ambos países sino también a todo el Mercosur.
¡Y qué decir de la integración energética y gasífera, a través de las cuales estamos vendiendo nuestro gas y solucionando a Chile un gran problema! En efecto, tenemos el gasoducto del Norte, que va desde Salta hasta Calama y Antofagasta, y el del Sur, que va a Santiago de Chile. Así mismo, se explotan de manera conjunta recursos hidrocarburíferos al oriente del Estrecho de Magallanes.
¡Y qué decir también de las inversiones chilenas en la Argentina! El 60 por ciento de las inversiones que ellos realizan se hacen en nuestro país; más de 12 mil millones de dólares se han invertido desde 1991 a la fecha.
¡Y qué decir de los avances en materia de defensa: la creación de las Comisiones de consulta de los cancilleres y de los ministros de Defensa; las consultas permanentes en materia de seguridad!
¡Quién hubiera pensado hace pocos años atrás que las fuerzas armadas de Chile y de la Argentina, en vez de estar agazapadas para luchar, estarían realizando ejercicios militares conjuntos y pensando en construir mancomunadamente fragatas para las armadas! ¡Quién hubiera pensado esto hace pocos años!
También está presente la integración en materia antártica; y el tema de Malvinas lo vamos a tocar, porque todos sabemos cuál fue la posición tradicional de Chile en esta cuestión. Recién en 1992 el vecino país apoyó, y expresó, por primera vez en una declaración conjunta nuestros reclamos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y en 1998 Chile fue más allá, porque en la disputa referida a este archipiélago, expresó su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina.
Entonces, todo esto es consecuencia de este proceso de integración y acercamiento; por lo tanto, estamos eliminando todas las fuentes de conflicto. Pero, reitero, no estamos cambiando territorio por paz ni por integración, sino que estamos respondiendo a una vocación de paz e integración que, en definitiva, creo que está en nuestros genes, porque la hemos heredado de nuestros próceres, que lucharon por la independencia de ambos países.
Quiero decir que cuando votemos este acuerdo favorablemente lo haré con una doble satisfacción. Primero, porque creo que es un acuerdo justo, equitativo y en interés de ambos países. También —y voy a permitirme decirlo aquí públicamente—, cuando se votó en 1984 el Tratado del Beagle, lo hice en contra. Voté en contra no obstante que La Rioja, mi provincia, había encabezado la campaña en el plebiscito a favor de dicho acuerdo. El entonces gobernador de La Rioja y actual presidente de la Nación había sido uno de los más firmes sostenedores de la firma del Tratado del Beagle, y el Partido Justicialista de La Rioja había apoyado totalmente el acuerdo de paz. Yo voté en contra por disciplina de bloque; me lo había pedido mi bloque y debo decir que desde entonces tuve una cierta intranquilidad de espíritu. Creo que tendríamos que haber votado a favor. Sé que todos los integrantes de mi bloque que actuaron en aquella oportunidad —creo que de aquel entonces no queda ninguno— lo hicieron con absoluta buena fe, y doy fe de ello. Creyeron que lo hacían en defensa de los intereses del país. Pero hoy sostengo que tendríamos que haber votado a favor.
Pongo de testigo al distinguido colega y amigo el ex senador Adolfo Gass, aquí presente, que en aquel tiempo presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que tuvo a su cargo la tarea que hoy estoy haciendo yo. Explicó, también con convicción, con mucho conocimiento, con talento y, sobre todo, con fe patriótica el Tratado de Paz del Beagle. No obstante, algunos decían que estábamos traicionando al país. Siempre ocurre; siempre se levantan espíritus exacerbados, prejuicios, patriotas de buena fe y patrioteros. Pero creo que a la hora de tomar estas definiciones debemos sincerarnos y actuar con buena fe.
En aquel momento actuamos de buena fe. A mí me quedó esa intranquilidad de espíritu que hoy voy a saldar al votar favorablemente este acuerdo que pone fin en forma definitiva a las cuestiones de límites con Chile.
Pero permítaseme terminar recordando unas palabras que me impresionaron mucho. Las dijo no hace mucho tiempo un poeta chileno minero, que fue el primer laureado con el Premio José Hernández, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación. En ocasión de recibir el premio, este señor mayor, de más de 80 años, con tono cansino pero con una convicción que realmente me llegó al corazón, lo que me llevó a pedirle el texto de su mensaje porque realmente sus palabras me conmovieron. Decía Gonzalo Rojas —de él se trata—: “Ayer encima de ese avión que me trajo del otro lado miré largo el pedrerío, cumbre y cumbre, abismo y más abismo. Pensé, ¡Qué raro! ¿Quién habrá inventado que somos necesariamente dos, los de aquí y los de allá? Por lo menos el Hado no lo dice. Límite ¿qué será límite? Mutilación, ¿qué será mutilación? Cambié entonces motores aeronáuticos por caballos del siglo progenitor cuando la independencia y ahí sí que fuimos uno. Pegué fina la oreja a la ventanilla y alcancé a oír el relincho en la polvareda de esas batallas de hace dos centurias en el proyecto de una misma libertad… América es la casa y la vamos haciendo tabla a tabla, piedra a piedra, palabra a palabra, en un ejercicio de invención creciente en la forja de una genuina tradición.”
Señor presidente: imbuidos de ese espíritu de unidad y de libertad que alentaba el poeta chileno al pronunciar estas palabras, yo digo que con la aprobación de este acuerdo podremos hacer realmente ciertas aquellas palabras labradas en el metal fundido de los cañones, al pie del Cristo Redentor, que dicen: “Se desplomarán estas montañas antes de que chilenos y argentinos rompan la paz jurada al pie del Cristo Redentor.” (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores se acercan y felicitan al orador.)

Proyecto de ley aprobando la Convención sobre Prohibición de Minas Antipersonal (23 de junio de 1999)

23 de junio de 1999
29ª Reunión – 11ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3230 a 3233

Sr. Menem. — Señor presidente: con gran satisfacción quiero hacer algunas reflexiones sobre este importante proyecto que estamos considerando, por el que se aprueba la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
En su momento, ya tuvimos oportunidad de abordar este asunto en ocasión de considerar un proyecto de mi autoría por el cual se aprobaba un Convenio relativo a este tema. Se trata de un Protocolo sobre Prohibición o Restricción del Empleo de Minas, Armas trampa y otros Artefactos, que se convirtió en la ley 24.974, sancionada en 1998.
En aquella oportunidad tuvimos ocasión de destacar la importancia que tiene combatir contra ese verdadero flagelo que es el de las minas antipersonal, por cuanto se trata de un arma de guerra que mata o mutila a sus víctimas, con un promedio de 70 personas por día, estimándose que existen en el mundo en estos momentos 110 millones de artefactos instalados. Es decir, hay 110 millones de explosivos listos para ser activados por la cercanía, por el accionar o por el calor que despide un cuerpo humano en los lugares donde están colocadas estas armas asesinas que siguen matando después de la guerra. A veces terminan los conflictos armados y las minas antipersonales siguen causando daño, mutilando a la gente, matando. Lamentablemente, según una estadística, la gran mayoría o muchos de los que quedan mutilados o mueren son niños, porque las minas antipersonales están salvajemente instaladas para sorprender a quienes pasan cerca o transitan por ese lugar.
Para nosotros el tema no es indiferente porque, como es sabido, en ocasión del conflicto de Malvinas, en ese territorio que es argentino se han minado campos. También en ocasión de los problemas limítrofes que tuvimos con la hermana República de Chile y precisamente a raíz del último conflicto fronterizo —que felizmente terminamos hace poco—, se habrían minado campos entre nuestros países, que todavía están esperando la acción de nuestras naciones para que los artefactos puedan ser desactivados.
No es un tema lejano, sino que es una cuestión que nos puede tocar de cerca y sobre la cual tenemos que prestar mucha atención. Porque el tema de las minas antipersonal —nosotros, que participamos en muchas conferencias internacionales, lo sabemos— es de constante ocupación y preocupación por parte de los países, porque no sólo producen como efecto la mutilación y la muerte de las personas, sino también dejan grandes extensiones de campo inutilizadas. Desde luego, la gente no puede siquiera arrimarse a esos lugares a causa de ser campos minados; es decir que no pueden ser aprovechados.
Por ese motivo, desde hace mucho tiempo se han venido haciendo reuniones con el fin de llegar a un acuerdo para terminar para siempre con este verdadero flagelo, partiendo de aquel principio del derecho humanitario que dice que en la guerra no se puede usar cualquier tipo de arma; es decir, no queda librado al arbitrio de cada país el uso de cualquier tipo de armas, sino que hay que evitar aquellas que causen daños superfluos o innecesarios. Por eso, en uno de esos Protocolos que habíamos aprobado, a los cuales hacía referencia anteriormente, se había prohibido el uso de las armas láser, que causan o traen como consecuencia la ceguera de las personas afectadas; lo mismo sucedía con las armas químicas y con todas aquellas que —más allá del flagelo que constituye la guerra— causan daños —como dice el texto de las Convenciones— superfluos o innecesarios o que van más allá de lo que debe ser un enfrentamiento armado.
Por eso es que se comenzó el Proceso de Ottawa, como una iniciativa de Canadá de realizar una conferencia en 1996 para alcanzar una Convención que eliminara totalmente las minas antipersonal. Así, luego de muchas reuniones, felizmente se logró un acuerdo y se celebró esta Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
Esta Convención consta de un Preámbulo y veintidós artículos. Sintéticamente, sus aspectos principales son: prohibición del empleo de minas antipersonal; no desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir minas; no ayudar, estimular o inducir a un Estado parte a actividades prohibidas por la Convención; se asegura la destrucción de todas las minas antipersonal en un plazo de cuatro años —me estoy refiriendo a las que no están colocadas—; destrucción de las minas colocadas en zonas bajo su jurisdicción o control en un plazo máximo de diez años, pudiendo solicitarse una prórroga cuando el estado no pueda terminar esa tarea en dicho plazo y, por último, se obliga a que todos los estados parte, una vez aprobada esta Convención, sancionen todas aquellas normas penales tendientes a restringir este tipo de artefactos.
El Tratado es muy completo, por cuanto da la posibilidad de que los países que no estén en condiciones de proceder al desminado y destrucción de estos artefactos puedan pedir ayuda. Se crea un sistema de transparencia con intervención de las Naciones Unidas, a las que debe informarse en forma periódica acerca de cómo avanza este proceso. También se crea un organismo que está integrado por la conferencia de los estados parte, que deben celebrar otra reunión dentro de los cinco años para evaluar su funcionamiento.
Por razones de tiempo, voy a pedir la inserción de otras consideraciones y el detalle sobre este importante Tratado.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Empecé mi discurso utilizando las palabras “con satisfacción” porque esta es una nueva ratificación de la vocación pacifista de nuestro país. Es un tema entroncado con la política internacional de la República Argentina, que ha adherido y aprobado todos los Tratados que tienden a eliminar los artefactos que llevan a la destrucción del ser humano. Así, en su oportunidad adherimos a los Tratados sobre prohibición de ensayos nucleares y de no proliferación nuclear y suscribimos el Tratado de Tlatelolco y los relacionados con la prohibición del uso de armas químicas. Nuestra participación en los procesos de paz de las Naciones Unidas es permanente para terminar con el flagelo de la guerra y con las consecuencias que generan los conflictos armados.
Quiero señalar un último dato. En esta importante Convención no sólo se trata de la eliminación de las minas antipersonal sino también se prevé la asistencia a las miles y miles de víctimas que ellas han producido durante épocas de conflictos. Mientras no se logre la desactivación de estas verdaderas armas asesinas el número de víctimas seguirá creciendo.
Por los motivos indicados y los que se expresan en el texto de la inserción solicitada, reitero mi beneplácito por el tratamiento y la aprobación de esta Convención.

Proyecto de ley aprobando el Tratado sobre Control de Fronteras con Chile (15 de septiembre de 1999)

15 de septiembre de 1999
45ª Reunión – 19ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: con la aprobación de este Tratado sobre controles integrados de fronteras con Chile, estaremos dando un nuevo paso hacia la integración con nuestra hermana república.
En este caso, se trata de un avance en lo que hace a la integración física. Porque la integración tiene distintos aspectos que hacen a lo económico, a lo cultural y a lo político. En este caso, se trata de un avance en la integración física.
Con Chile, hemos construido trece pasos fronterizos. Es lógico pensar que habiendo tantos contactos en esta frontera —que es la segunda más larga del mundo— entre dos países que se integran, que se complementan, que pasan por uno de los mejores momentos, si no el mejor en la historia de sus relaciones, se trate de facilitar la circulación de personas y de bienes, el transporte de mercaderías; y la forma elegida para hacerlo es a través de pasos fronterizos integrados.
En este Convenio se establece claramente en qué consisten los pasos fronterizos integrados, cómo funcionan. Hay un primer capítulo que define los diversos conceptos. Diría yo que si no se lee ese primer capítulo no se podrá entender el resto del Convenio, donde se especifica qué es lo que se entiende por control, qué es lo que significa controles integrados, qué son los recintos, qué se entiende —a los fines del convenio— por punto habilitado de fronteras, por país sede, por país limítrofe, ruta, funcionario, libramiento y organismo coordinador.
El objeto del Tratado es, como decía, simplificar y acelerar la formalidad de referentes a la actividad de control que debe realizarse en la frontera común. Estos recintos, es decir el conjunto de bienes muebles e inmuebles donde se hace el control, pueden estar en uno o en otro lado de la frontera. El lugar donde está se llama, desde luego, país sede y, el otro, se denomina país limítrofe.
El control se hace en forma simultánea o secuencial y hay una serie de procedimientos en esta norma que facilitan la realización de estos controles. Hay materias —por ejemplo: investigación de infracciones y delitos— donde existe colaboración entre las autoridades fronterizas de ambos países. Hay casos en que se extiende la jurisdicción de los funcionarios del país limítrofe que trabajan en el área de control integrado, es decir se extienden sus funciones, porque no nos olvidemos de que están trabajando en un país que no es el de origen de dichos funcionarios. Por ello, como digo, se les extiende su jurisdicción en la materia que corresponde; ya sea en materia aduanera, de sanidad, fiscal.
El Convenio contempla en forma expresa qué es lo que sucede cuando las personas o las mercaderías son rechazadas por los funcionarios de uno de los países —ya sea el de entrada o el de salida—, y cuáles son los pasos que deben seguirse. Inclusive, se contempla el procedimiento a seguir cuando se cometen infracciones en la ruta, es decir en el tránsito que va desde el recinto, o sea desde el paso fronterizo integrado, hasta el límite fronterizo entre ambos países.
En definitiva, señor presidente, más allá de las disposiciones de este Tratado que regulan la forma de simplificar y de hacer más rápido, más expeditivo, el tránsito de personas, mercaderías y vehículos entre las dos fronteras, con él estamos dando una señal más del grado de vinculación que tenemos con la República de Chile y de cómo avanzamos en este proceso de integración.
Luego de que terminamos con los conflictos limítrofes, nuestros países han entrado en una etapa de integración y de colaboración que realmente alcanza niveles sorprendentes, que no hubiéramos pensado hace pocos años: la colaboración en materia de defensa, el intercambio comercial que lleva a inversiones recíprocas —lo que hizo que Chile invirtiera en nuestro país alrededor de 10 o 12 mil millones de dólares—, los ejercicios conjuntos en materia de defensa y el transporte de gas —hace poco se inauguró una de las conducciones de gas más importantes en la provincia de Jujuy: se trata de un gasoducto que proviene de Salta, que llega hasta Antofagasta y que hace accionar una usina muy importante en Chile—.
Además, espero que en pocos días más se envíe al Congreso de ambos países el Convenio de complementación minera, que será uno de los más importantes Tratados que podamos celebrar en esta materia, dado que permitirá desarrollar los recursos mineros de ambos países en forma conjunta, aprovechando las experiencias comunes y, en nuestro caso, el hecho de que Chile es un país con una larguísima tradición minera y con uno de los más grandes desarrollos de esta industria en todo el mundo. Seguramente, Chile podrá volcar su experiencia en la explotación de nuestros recursos a través del mecanismo de joint venture o de otro tipo de asociaciones, lo que posibilitará de una vez por todas el desarrollo del sector minero de nuestro país.
En definitiva, se trata de un acuerdo auspicioso que es muy importante porque busca facilitar la integración física de ambos países, pero que lo es mucho más porque revela la voluntad de ambas naciones de integrarse integralmente efectivamente en distintos aspectos, lo que permitirá el desarrollo de nuestras economías y relaciones, buscando siempre una mejor calidad de vida para nuestros pueblos y haciendo realidad el sueño de nuestros próceres de la gran patria latinoamericana.

Proyecto de ley aprobando el Tratado de Complementación Minera con Chile (24 de noviembre de 1999)

24 de noviembre de 1999
62ª Reunión – 26ª Sesión ordinaria

Sr. Menem.— Señor presidente, distinguidos colegas: vamos a aprobar ahora un tema de trascendental importancia como es el Tratado sobre Integración y Complementación Minera suscripto con Chile, su protocolo complementario y un acuerdo de canje de notas enmendando un error material que viene a culminar con un proceso que es realmente notable.
No me voy a referir específicamente a los aspectos del contenido del Tratado en lo que hace al aspecto minero; eso lo va a hacer el señor senador por San Juan José Luis Gioja. Yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sólo quería enfatizar que este convenio no puede verse aislado en las relaciones con la República de Chile sino que se lo debe considerar dentro de un marco de relaciones que han venido intensificándose desde la firma del Tratado de Paz y Amistad del 29 de noviembre de 1984.
A partir de entonces empezaron a incrementarse las relaciones con el país hermano, que tuvieron un extraordinario impulso luego del convenio sobre límites suscripto en 1991, a través del cual se puso fin a veintidós problemas limítrofes. Uno de ellos, el de Laguna del Desierto, fue sometido a arbitraje; otro, el de Hielos Continentales, luego de diversos avatares, terminó siendo suscripto no hace mucho tiempo.
Así dimos por terminada una etapa de enfrentamientos entre la Argentina y Chile que nos puso al borde de la guerra en 1978. Una vez recuperada la democracia en ambos países y a partir del momento en que empezamos a compartir sus valores al poner como prioritarios en nuestras relaciones los principios de la libertad, la paz, la justicia y el desarrollo, como no podía ser de otra forma, comenzamos a crecer y a relacionarnos. En este sentido, muy pocos países en el mundo pueden demostrar un estado de desarrollo tan intenso en las relaciones como el operado en los últimos años entre la Argentina y Chile. Podemos mencionar, por ejemplo, la integración física a través de trece pasos fronterizos prioritarios, desde Jujuy hasta el Sur, a lo largo de toda la cordillera. Algunos se están construyendo y otros se han terminado, haciendo posible el tránsito de personas y de bienes entre los dos países.
También es de destacarse la integración energética a través de los gasoductos y de los oleoductos entre nuestros países, así como las inversiones realizadas por capitales chilenos en la Argentina, que en los últimos tiempos superan los diez mil millones de dólares.
Todo esto ha venido conformando un estado de las relaciones que ha trascendido a otros niveles y que hace veinte años hubieran parecido realmente una utopía. Me refiero, por ejemplo, al trabajo que realizan nuestras fuerzas armadas en la construcción de fragatas y en la reparación de buques.
Entonces, el Tratado de Cooperación Minera constituye un paso más en ese proceso de integración que hace mucho tiempo ha dejado de ser teórico. Estamos cansados de escuchar hablar de la integración desde nuestra niñez, pero ha empezado a tener nombre y color en los últimos años con la conformación del Mercosur, al cual se asociaron luego Chile y Bolivia. Asimismo, con cada uno de los países de la región en general y con Chile en particular hemos hecho realidad la integración.
Este Tratado de complementación minera, como va a explicar muy bien el señor senador por San Juan, tiene la extraordinaria importancia de habilitar el trabajo en común al borde y a lo largo de nuestras fronteras para la exploración y la explotación mineras. Esta actividad ha tenido un crecimiento explosivo en nuestro país durante los últimos años, pasando a constituir una de nuestras fuentes con mayor proyección en materia de exportaciones en cuanto a la mano de obra que ocupa. Y esto tiene un efecto multiplicador en lo referido a las redes de energía, caminos y viviendas, aspecto tan importante hoy en día.
Desde la óptica de las relaciones exteriores de nuestro país, creo que estamos cumpliendo un objetivo de concepción geopolítica que nos ha llevado a sustituir las hipótesis de conflicto que tuvimos hasta hace poco tiempo por hipótesis de cooperación. Este tratado de cooperación minera es, en efecto, un ejemplo de cooperación.
Los que vivimos en las provincias andinas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, vamos a sentir en forma más directa los beneficios, pero éstos son para todo el país. Porque 1 peso que se exporta representa 1 peso que aumenta nuestras posibilidades de desarrollo. La minería, como digo, tiene grandes posibilidades en materia de exportación.
Al respecto, podemos escuchar a los senadores por San Juan y Catamarca, que han conseguido mucho con relación a este auge de la industria minera en nuestro país durante estos últimos años.
Hoy me siento muy feliz. Estuve presente cuando se firmó el protocolo adicional, que solucionó algunos problemas que teníamos al principio y permitió zanjar todas las dudas. Así, fue sometido a la consideración legislativa en la Argentina y en Chile y oportunamente aprobado.
Aspiro a que —como en oportunidad del Tratado de los Hielos Continentales— esta iniciativa sea aprobada por los parlamentos de ambos países, si no en forma simultánea por lo menos en la fecha más próxima posible, para dar de esa forma un nuevo mensaje de paz, de amistad, de integración y brindar asimismo una reafirmación de que este tipo de instrumentos sirven para el desarrollo de nuestros países.
Hablar del desarrollo significa también hablar de la paz. Si quieres la paz, lucha por el desarrollo, decía el Sumo Pontífice.
Con esta introducción, me permito ceder el uso de la palabra al senador por San Juan, que ha trabajado intensamente tanto en el tratado de límites como en el convenio de complementación minera.

Proyecto de ley aprobando el Convenio con Australia sobre la instalación de un reactor nuclear (7 de noviembre de 2001)

7 de noviembre de 2001
69ª Reunión – 21ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas: 5513 a 5515

Sr. Menem. — Señor presidente: este es un tema que merece una especial consideración y, por ende, ameritaría una exposición muy extensa. Se trata nada más y nada menos que de una verdadera política de Estado que sigue nuestro país en materia del uso pacífico de la energía nuclear.
Lamentablemente, este apuro con el que estamos sesionando –no me explico por qué se dejó para lo último un asunto de tanta importancia-, va a impedir que desarrolle la temática de este convenio tal como se lo merece. Se trata nada más y nada menos que de una política que viene siguiendo nuestro país en materia de no proliferación nuclear y que le da autoridad y legitimidad para poder hacer transferencia de tecnología nuclear a otros países también suscriptores de tratados de no proliferación nuclear.
En ese sentido, tanto Australia como la Argentina han firmado el tratado de no proliferación nuclear. Además, la Argentina suscribió el Tratado de Tlatelolco, mientras que Australia hizo lo mismo con el Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur.
Esta iniciativa consiste en darle marco a un convenio que hizo el INVAP de la Argentina con su similar de Australia para la instalación de un reactor nuclear para usos pacíficos en dicho país. En este sentido, la Argentina ha venido dando pasos importantes en esta materia con la instalación de otros reactores en Argelia y en Egipto.
Tuve la oportunidad…
—Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Losada). — Solicito a los señores senadores que presten atención a quien está haciendo uso de la palabra. Es una mala práctica no respetar al orador.
Continúa en uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Me sentí muy orgulloso de ver en un país lejano como Egipto que se inauguraba un reactor nuclear con tecnología argentina. Su instalación en aquel país se debió a que la Argentina ganó una licitación, de la que también participaron las naciones más poderosas de la tierra. Ahí estaba el INVAP, con sede en la provincia de Río Negro, poniendo a la altura de las naciones más avanzadas de la tierra los conocimientos y la tecnología de nuestro país. Hoy, ese reactor está funcionando con gran éxito en Egipto.
Por eso, cuando se presentó nuevamente en Australia para la licitación, apostamos a ganar. Y se ganó nuevamente. Así que ya se está trabajando en la instalación de ese reactor nuclear.
Ahora bien, necesitamos el marco adecuado para la suscripción de dicho contrato, es decir, el Convenio de Cooperación Nuclear entre la Argentina y Australia. A dicha necesidad responde este mensaje del Poder Ejecutivo que, como he dicho, sigue una verdadera política de Estado, puesto que a pesar de pertenecer a un signo político distinto del anterior gobierno, ha seguido insistiendo en la misma temática.
En ese sentido, esta iniciativa aporta ingresos para nuestro país, marca el alto nivel en el que se encuentra la tecnología argentina e implica un aporte en cuanto a la utilización de la tecnología nuclear para la paz y no para la guerra. Por eso, este convenio reviste una extraordinaria importancia; significa que la Argentina y Australia establecen un marco con respecto a una relación muy importante. Además, este último país es un gran inversor en la Argentina en materia minera y portuaria.
Es decir que nuestra Nación está transfiriendo hoy a Australia su tecnología nuclear, en el marco de uno de los contratos más importantes que ha celebrado dicho país en esta materia.
Señalo que en este convenio se marcan perfectamente cuáles son los aspectos sobre los que recae esta tecnología nuclear en materia de investigación básica y aplicada, con relación a la investigación, construcción y diseño de reactores nucleares de investigación, en cuanto a la tecnología del ciclo del combustible nuclear, producción industrial de componentes, equipos y materiales para reactores, medicina nuclear, protección radiológica y seguridad nuclear y tecnología sobre salvaguardias nucleares.
Sin embargo, este convenio tiene un tema que merece una especial consideración, porque es el único que quizá puede motivar algún tipo de reclamo u observación. Me refiero al ingreso en la Argentina del combustible nuclear gastado con motivo del uso del reactor nuclear. Sobre este tema, con muy buen criterio el INVAP ha pedido el dictamen de especialistas en derecho constitucional para que se expidan sobre el ingreso del combustible gastado para su acondicionamiento y posterior reenvío a Australia.
El dictamen ha sido solicitado en virtud de que existe un artículo de nuestra Carta Magna que prohíbe en forma expresa el ingreso en nuestro país de material radioactivo. Concretamente, el artículo 41 in fine de la Constitución Nacional señala que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
En primer término, esa disposición constitucional trata de impedir que la Argentina se constituya en un basurero o reservorio nuclear de los países centrales.
En segundo lugar, cabe aclarar que las palabras “residuos radiactivos” no se refieren a la situación de la que estamos hablando. Acá estamos refiriéndonos al combustible gastado en el reactor nuclear, que puede ingresar a los fines de su acondicionamiento y, luego, volver a salir del país, razón por la cual técnicamente no es un material radioactivo. Los materiales de este tipo son aquellos para los que, en forma gaseosa, líquida o sólida, no se prevé ningún uso ulterior. Aquí se trata de un combustible que se trae, se recicla y se vuelve a exportar hacia el lugar donde está el reactor —Australia—, junto con los desechos radioactivos que puedan surgir en ese proceso. O sea que se responde en forma clara a la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión de combustibles gastados y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos, ratificada por la ley 25.279.
Además, hay que interpretar correctamente la palabra “ingreso”. Cuando habla de ingreso, la Constitución se refiere a aquel material que viene para quedarse en el país. Por eso yo decía que era para impedir que se conformara un basurero nuclear en la Argentina.
Pero este material ingresa para ser luego reexportado, una vez que haya sido debidamente acondicionado, razón por la cual tampoco le cabe la prohibición de la Constitución Nacional. Además, cuando se trata de prohibiciones estas interpretaciones deben hacerse en forma restrictiva, Por ello, con relación a todo este razonamiento que hacemos y que expongo en forma extensa en el documento cuya inserción voy a solicitar para abreviar mi exposición, queda bastante claro que no le cabe la prohibición que figura en la Constitución Nacional.
Además, al respecto se han expedido dictámenes jurídicos de los doctores Mariano Cavagna Martínez, Félix Loñ, Jorge Vanossi y del procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer; es decir que el artículo 12 del convenio no constituye el ingreso al país de material radioactivo o de desechos radioactivos.
Seguramente algunas entidades defensoras del ecosistema o las entidades defensoras de la ecología harán objeciones en este sentido. Pero nos anticipamos, diciendo que de ningún modo se viola la Constitución por cuanto no se trata del caso específico que menciona el artículo 41 de nuestra Carta Magna.
Por tales motivos, señor presidente, creo que hoy podemos aprobar este convenio con la total seguridad de que estamos realizando un aporte considerable al desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos, de que lo estamos haciendo como cuando se instaló el reactor nuclear en Egipto, que nos ha dado un gran prestigio internacional y que nos permitió ganar esta licitación en Australia. Ahora estamos efectuando un convenio con un país que va a usar de esta tecnología —y además, se toman todas las salvaguardas del caso—– para fines exclusivamente pacíficos, sobre todo medicinales.
Creemos que de esta forma estaremos prestigiando la tecnología nuclear argentina, que tiene un gran desarrollo. Y repito, porque es un tema que no quiero pasar por alto, que tenemos autoridad, legitimidad para trabajar con toda tranquilidad en este terreno, ya que la Argentina ha sido un país pionero en materia de suscripción de tratados de no proliferación nuclear, como el Tratado general sobre este tema, el de Tlatelolco y todos los que hacen al objetivo de que la energía nuclear sea empleada exclusivamente con fines pacíficos.
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi felicitación a la gente del INVAP por el empeño puesto, por todo cuanto han dedicado a este tema. Y deseo que en este nuevo emprendimiento en Australia les vaya muy bien para que podamos seguir exportando tecnología nuclear con fines pacíficos.

Proyecto de ley aprobando el Protocolo de Olivos para solucionar las controversias en el Mercosur (1 de agosto de 2002)

1 de agosto de 2002
17ª Reunión – 10ª Sesión ordinaria
Diarios de Sesiones – Páginas 4442 a 4444

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a procurar sintetizar un tema que podría dar lugar a una extensa exposición, teniendo en cuenta la cantidad de asuntos a tratar. Pero como habrán podido comprobar nuestros colegas, este tema en particular tiene su importancia, así como ocurre con muchas otras cuestiones vinculadas con las relaciones exteriores.
Siempre advertimos que uno de los temas principales que nos preocupaba del Mercosur, un verdadero talón de Aquiles desde su creación, es que no existía en forma eficiente un mecanismo para la solución de las controversias.
Este proyecto ambicioso del mercado común denominado Mercosur —de sus cuatro países fundadores: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y sus dos asociados: Chile y Bolivia— avanzó realmente lo que pudo avanzar. Pero en su aplicación, se advierte que hay algunos temas que tenemos que ir solucionando con el transcurso del tiempo. Muchas veces, dijimos que hay una especie de déficit democrático en el Tratado del Mercosur, por la poca intervención que tienen los Parlamentos. Nosotros intervenimos en la aprobación del Tratado de Asunción y en la aprobación de algún Convenio, pero recién después de Ouro Preto se crea esa Comisión Parlamentaria Conjunta a la que se le da un status institucional. Sin embargo, la participación parlamentaria todavía no tiene la fuerza que debiera tener. Este es uno de los puntos flojos.
Otro punto débil es el de las asimetrías que todavía existen en nuestras legislaciones, que poco a poco se podrán ir corrigiendo. Inclusive, existe una asimetría a nivel constitucional, porque no todos los países que integran el Mercosur sancionaron una norma —como lo hicimos nosotros en 1994— por la cual se delegan competencias jurisdiccionales. Es decir, se le da al Congreso la facultad de delegar competencias a organismos extra nacionales en materia de integración. Por supuesto que dentro del marco del respeto a la democracia y los derechos humanos y en condiciones de reciprocidad, como lo establece sabiamente nuestra Constitución reformada en 1994.
Uno de los temas que siempre generó problemas es el de las controversias: cómo se solucionan las controversias en los espacios integrados. Las comunidades integradas tienen un mecanismo de solución de controversias.
Nuestro mercado común recién tiene once años y el Tratado de Asunción empezó a regir en 1995. Este Protocolo de Solución de Controversias —que hoy espero que sancionemos— es el tercer paso en el perfeccionamiento del sistema de solución de controversias.
Lamento que el mensaje del Poder Ejecutivo sea tan pobre, ya que no resalta la importancia que tiene lo celebrado en el Protocolo de Olivos, que no tiene nada que ver con el Pacto de Olivos. Este protocolo se refiere a la solución de controversias y tiende, precisamente, a superar esa debilidad que tiene en nuestro Sur.
Fíjense, señores senadores, que el Tratado de Asunción tiene una sola disposición respecto de la solución de controversias —que era el anexo “D”—, por la que se tendía a que todo se arreglara en forma directa. Luego, somete las controversias a la consideración del Grupo del Mercado Común, encargado de efectuar proposiciones a las partes, formar una comisión de expertos y demás.
Recuerdo que en los primeros tiempos del Mercosur, los problemas se solucionaban en forma directa. Recuerdo los llamados de presidente a presidente ante los problemas automotrices o de los pollos. Todos los problemas que se suscitaban se solucionaban con conversaciones de presidente a presidente, pero no era algo orgánico. La negociación directa es válida, pero no había un procedimiento institucionalizado.
Recién con el Protocolo de Brasilia—celebrado en diciembre de 1991 y aprobado por ley en 1993— y a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.102 que lo pone en marcha, se dispone de un mecanismo de solución de controversias que constituye un paso adelante. Pero todavía no alcanza las características de un procedimiento completo, con mecanismos que establezcan un verdadero y eficaz instrumento para lograr esos fines.
Precisamente, este Protocolo de Olivos es el que viene a sanear y perfeccionar todas las deficiencias que tenían el Tratado de Asunción y el Protocolo de Brasilia respecto de la solución de controversias; con una característica que no es nueva, pero que está bien que se la reafirme y extienda un poco más, en el sentido de que no sólo vale para los conflictos entre los Estados integrantes del Mercosur. Los particulares que se sientan discriminados o afectados por medidas de uno de los estados parte podrán recurrir a este procedimiento a través del denominado Grupo del Mercosur.
Sobre esto quiero recordar que dentro de los organismos del Mercosur están el Grupo del Mercosur y el Consejo del Mercosur.
El Consejo del Mercosur vendría a ser la autoridad máxima del espacio integrado y está formado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados parte. A veces, participan los propios Jefes de Estado. De allí que las reuniones del Consejo del Mercosur vienen a constituir verdaderas cumbres, ya que asisten todos los presidentes.
El Grupo del Mercado Común vendría a ser el organismo ejecutivo; el otro es el organismo político. Tiene carácter administrativo. Como recordarán, está integrado por cuatro representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y de los Bancos Centrales de los respectivos países.
En el Tratado de Asunción, los temas los resolvía el Grupo del Mercosur. Con el Protocolo de Brasilia, se amplía y ahora se perfecciona incorporando un nuevo organismo de solución de controversias, que es un tribunal permanente de revisión.
Lo que se mantiene en este Protocolo respecto del de Brasilia es un tribunal arbitral ad hoc integrado por tres miembros, pero se crea una nueva instancia: un tribunal permanente de revisión. No voy a entrar a detallar cómo se forma, porque es a propuesta de los países y tiene que ser integrado por juristas de reconocida capacidad, para lo cual existe un procedimiento de integración de listas y de designación y, en los casos en que no haya acuerdo, se realiza un sorteo. En fin, esos son temas de procedimiento.
Quiero rescatar que se mantiene como prioridad el arreglo en forma directa, que da la posibilidad de que, sin perjuicio de que se vaya al tribunal arbitral ad hoc, también se pueda recurrir al Grupo Mercado Común para procurar las soluciones correspondientes. Además, se incorpora el Tribunal de Revisión Permanente —integrado por cinco miembros—, cuya conformación también se establece mediante este procedimiento y cuyas decisiones son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los países.
Quiero destacar que ese Tribunal de Revisión Permanente sería como un tribunal de casación, porque sólo puede intervenir sobre las cuestiones de derecho y no sobre las de hecho. Es decir, al igual que en algunos procedimientos de nuestras provincias, en los cuales los tribunales de casación sólo intervienen en cuestiones de derecho, este Tribunal de Revisión Permanente interviene en cuestiones de derecho y sus fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio. El mismo Protocolo se encarga de establecer que los países beneficiados por el fallo puedan pedir un sistema de compensaciones en el caso de que el país obligado no cumpla, sin perjuicio de que, además de tener que cumplirlo, se puedan pedir dichas compensaciones.
En definitiva, para no cansar la atención de mis colegas —porque hay muchos temas de tipo procesal—, creo que es importante que se defina en forma muy categórica cuál es el derecho aplicable en el Mercosur. Porque desde el Tratado de Asunción en adelante se han sancionado muchísimas normas y protocolos, ya que, al igual que en nuestro sistema jurídico, hay un sistema policéntrico de producción del derecho.
El derecho en el Mercosur se produce en distintos centros. Lo produce el Tratado de Asunción, que es el “Tratado madre”; luego, lo hacen los distintos protocolos —como el de Ouro Preto, que fue muy importante porque le dio personería jurídica al Mercosur—; también, podemos mencionar las denominadas decisiones que produce el Consejo del Mercado Común —que, como dije anteriormente, es el organismo político—. Además, podemos referir la producción de derecho que hace el Grupo Mercado Común, que se expide a través de resoluciones. Existe otro centro de producción del derecho, la Comisión de Comercio, que se expide a través de lo que llaman directivas u opiniones emitidas por dicha comisión.
Todo esto está en este Protocolo, que dice cuál es el derecho que se aplica y cuya diferente interpretación se somete a este procedimiento para dirimir las controversias. Con esto se da un gran paso adelante, porque constituye un escalón más en la seguridad jurídica en nuestro espacio integrado, el Mercosur. Seguramente permitirá, tanto a los estados como a los particulares, solucionar más rápidamente —por lo menos, esa es la aspiración del Protocolo— las controversias que surgen a raíz de las complicaciones que se derivan de la aplicación del derecho comunitario.
Creo que hoy más que nunca, con las dificultades que tienen nuestros Estados con economías emergentes, está visto que cualquier cuestión que ocurre en un país puede transmitirse a otro, más allá de las expresiones desafortunadas de un Presidente amigo, que dijo que no hay que mirarse en la Argentina sino en otros lados. Está visto que tenemos que mirarnos entre todos para resolver nuestros problemas.
Creo que este Protocolo de Solución de las Controversias firmado en Olivos es un paso adelante en la consolidación de este espacio integrado. Por eso, pido a mis colegas su aprobación.

Proyecto de ley aprobando el Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación con Brasil en la aplicación de ciencias y tecnologías espaciales (18 de agosto de 2002)

1º de agosto de 2002
17ª Reunión – 10ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 4374 y 4375

Sr. Menem. — Señor presidente: me voy a detener muy brevemente en este Protocolo adicional al Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales con el Brasil.
No lo podemos aprobar así, sin decir algo, porque es el fruto de la política de acercamiento y de relación con nuestros vecinos que se viene llevando a cabo, prácticamente, desde que se reinstalara la democracia en nuestro país, en 1983.
Oportunamente, los presidentes Alfonsín y Menem firmaron acuerdos que terminaron con esta historia de desconfianza con el Brasil. Ustedes recordarán la vieja disputa por las cotas de las represas; luego, las teorías geopolíticas de avance de fronteras hacia uno y otro lado, la teoría de las fronteras vivas; después, todo lo que se había creado alrededor de los avances en materia de investigaciones nucleares por ambos países. Todo eso se fue terminando a partir de los acuerdos, de los acercamientos, de los Protocolos que se firmaron: la Declaración de Foz Do Iguazú y el Tratado de Cooperación en materia nuclear. También, la Oficina de Contabilidad en materia nuclear, que fue tomada como modelo por la Organización Internacional de Energía Atómica. Todo eso culminó con esta serie de acuerdos.
Tampoco debemos dejar de lado la firma del Tratado de Tlatelolco, para exclusión de todo lo que sea armamento nuclear en el Cono Sur, que estuvo tanto tiempo demorado.
A raíz de eso, este mismo cuerpo aprobó por ley 24.925, en el año 1997, un Acuerdo de cooperación científica y técnica con Brasil en materia espacial, lejos de pensar en el tema de armamentos y de los recelos y de cómo un país podía imponerse sobre el otro. Además, ya dentro del marco del Mercosur —que dio otro nivel a las relaciones—, se aprobó este Acuerdo en materia de cooperación científica y espacial, que comprende una serie de temas como ciencia espacial y tecnología espacial, desarrollo de misiones satelitales conjuntas, medios de acceso al espacio y servicios. Sabemos que se han lanzado satélites que se usan en ambos países.
Entonces, ¿qué significa este Protocolo adicional? Quiero ponerlo de manifiesto porque no es que se firma y que queda ahí. En este acuerdo, dentro del artículo 3º, se habla de la posibilidad —tanto por parte de la agencia espacial brasileña como de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, nuestra CONAE— de que se prevean programas y proyectos de cooperación espacial que serán objeto de entendimientos específicos a ser suscriptos por las agencias ejecutoras principales; es decir, todos aquellos acuerdos de cooperación, que es lo que se establece en este protocolo adicional que hoy se firma.
Cuando se implementan los programas de cooperación espacial, si alguna de las partes no cuenta con los elementos o con la tecnología adecuada para cumplir alguna de sus obligaciones, le dará un trato prioritario al otro país, para que pueda suministrar esas herramientas de fabricación en el otro país. Es un tratado prioritario dentro de ese marco de cooperación.
Creo que este protocolo responde a la filosofía que llevó a este acuerdo y que nos lleva, en lugar de dar espacio a las peleas que tantos años demoraron aquel viejo sueño de los libertadores y el famoso ABC de Perón, precursor del Mercosur, a dar forma juntos y dentro de nuestras posibilidades a esta aventura del espacio. Se lo hace de un modo conjunto porque es mejor que en forma individual.
Esta es la importancia que tiene el protocolo en consideración, por el cual me he permitido hacer una breve referencia a mis colegas, para solicitar su pronta aprobación.

Proyecto de ley aprobando el Acuerdo con la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (6 de agosto de 2003)

6 de agosto de 2003
16ª Reunión – 10ª Sesión ordinaria

Sr. Menem.— Señor presidente: este convenio, que es de naturaleza internacional porque se aprueba un acuerdo con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, es una prueba más de la política pacifista que lleva a cabo nuestro país en materia de energía nuclear.
Yo siempre digo que si hay un país que es capaz de demostrar que durante los últimos años ha trabajado en favor de la paz y la seguridad internacional, precisamente, ha sido la Argentina.
Es por esto que estas cuestiones merecen ser tenidas en cuenta porque nuestro país tiene la autoridad moral suficiente para poder pararse en cualquier foro internacional y decir que es una nación que trabaja por la paz y la cooperación. Esto no sólo se demuestra por las políticas de integración y solución de los conflictos con los países vecinos, sino también por la firma de tratados en materia de no proliferación de armamentos y prohibición de armas químicas y bacteriológicas. A su vez, están los convenios que, luego de largos años de dudas, hemos firmado para adherir al Tratado de Tlatelolco, que significó la desnuclearización de esta parte del mundo y que fuera firmado después de que la Argentina en un convenio con Brasil resolviera poner fin a una época de recelos y desconfianza. Estos convenios en materia nuclear se celebraron en la época del doctor Alfonsín y fueron puestos como ejemplo en el mundo y elogiados por la Organización Internacional de Energía Atómica. Posteriormente, cuando se sumó Chile a esta iniciativa, pudimos desnuclearizar toda la región.
Además, está el hecho de que la Argentina fue uno de los países que en forma oportuna y contundente adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear. Este es un Tratado que todavía no ha sido firmado por algunos países.
Debo decir que también nuestro país no sólo suscribió sino que también adhirió al Tratado que prohíbe los ensayos nucleares.
Este Convenio que estamos considerando busca establecer un mecanismo para mejorar el control y evitar que se viole el convenio de no proliferación nuclear y de realización de ensayos nucleares. Se busca revisar las instalaciones con el fin de detectar las explosiones y los ensayos nucleares. Muchas veces en nuestro país no hemos sabido cuál es el lugar donde están estos centros de observación.
Nosotros, como tenemos varios centros, hemos firmado este convenio que, además, permite realizar un inventario de las instalaciones de vigilancia existentes, la realización y reconocimiento de los emplazamientos, la puesta al día o establecimiento de instalaciones de vigilancia y la certificación de que los centros de vigilancia están de acuerdo con las normas técnicas establecidas a tal efecto.
En nuestro país tenemos las estaciones sismológicas de Paso Flores, de Coronel Fontana y de Ushuaia, que integran el sistema de control en esta materia; las estaciones de radionúclidos de Buenos Aires, Salta y Bariloche; y las estaciones de vigilancia infrasónica de Paso Flores y de Ushuaia.
Con este convenio la República Argentina ratifica una vez más su vocación de paz y su colaboración que le da —como dije anteriormente— autoridad moral y legitimidad para plantarse en cualquier foro internacional y decir que es un país que apoya la paz, la pacificación y la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la Tierra.
Por eso creo que es importante que aprobemos este convenio.

Proyecto de ley sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (17 de septiembre de 2003)

17 de septiembre de 2003
22ª Reunión – 13ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a proceder a efectuar el informe con relación a este proyecto de ley enunciado por Secretaría, que corresponde a un mensaje y proyecto de ley enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo de la Nación sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
En primer término, debo aclarar que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto no es la comisión cabecera, sino que lo es la de Industria y Comercio. Pero estando ausente su titular, siendo la segunda la de Relaciones Exteriores y Culto, voy a proceder a dar los fundamentos que llevan a solicitar la aprobación del proyecto.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Menem. — El senador Alperovich está ausente, pero voy a dar los argumentos que llevan a solicitar la aprobación de este proyecto en virtud de los fundamentos que expondré a continuación.
Hablar de la cuestión de la ley de patentes, es tocar un tema muy sensible. Todos conocemos las vicisitudes por las que atravesó la aprobación de la ley de patentes vigente en nuestro país, que es la 24.481, modificada por la ley 24.572. Esa ley vino precedida de grandes discusiones y diferencias planteadas entre la República Argentina y otros países extranjeros, principalmente los Estados Unidos y algunas naciones europeas, por entender que aquí se estaban violando los derechos de propiedad, sobre todo en lo que hace a la patente de medicamentos.
Luego de arduas discusiones parlamentarias que llevaron a un trámite por el que se sancionó la ley en la Cámara de Senadores, pasó a la de Diputados, fue elevada al Poder Ejecutivo y vetada parcialmente; se insistió en el proyecto. Finalmente, la norma fue sancionada de acuerdo con la forma como lo había hecho el Congreso; es decir, no se aceptaron los vetos del Poder Ejecutivo. Luego vino la modificación por la ley 24.572. Es decir que no es un tema sencillo. Es un tema sensible, a punto tal que después de sancionada la ley siguieron las disputas con los Estados Unidos, que entendieron que esa norma no se ajustaba a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio.
La República Argentina adhirió a la norma de la Organización Mundial de Comercio por la ley 24.425. Es un Tratado internacional de aplicación obligatoria en nuestro país, en virtud de que las normas constitucionales dan a los Tratados internacionales una jerarquía normativa superior a las leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Esto no quiere decir que todas las normas de las Convenciones que rigen en esta materia sean operativas ni de aplicación automática sino que, en casos como el del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio —más conocidos por ADPIC en la sigla nacional o por TRIPS en la sigla inglesa—, tenía que ser adoptada por nuestro país. Es decir, este acuerdo establece ciertos estándares internacionales en materia de patentes de invención que tenían que ser adoptados por todos los países suscriptores.
La República Argentina adhirió, por supuesto, a este Acuerdo. Adhirió a la Organización Mundial de Comercio. Se convirtió esto en un Tratado de aplicación obligatoria, pero habían quedado ciertas cuestiones que a juicio de algunos países extranjeros —principalmente los Estados Unidos— no se ajustaban a las disposiciones del mismo.
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Presidente (Gioja). — Por favor; perdón, senador Menem.
Vamos a pedir a los senadores que escuchen al orador.
Prosiga, senador Menem.
Sr. Menem. — Sí; es un tema complicado, o sea que cuesta entenderlo aun estudiándolo. Así que si no se escucha menos se lo va a entender.
Esto llevó a que Estados Unidos planteara uno de los mecanismos que están establecidos en la Organización Mundial de Comercio para obligar a un país a cumplir con las normas que se establecen en ese organismo.
Eso se hace bajo el régimen conocido como consultas. Entonces esas consultas, bajo el entendimiento de solución de diferencias en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, son las que llevaron a plantear esa controversia respecto de este mecanismo.
Las objeciones de los Estados Unidos al régimen argentino eran variadas; se incluían los derechos exclusivos de comercialización, las licencias obligatorias, la extensión de la protección del procedimiento al producto, la inversión de la carga de la prueba, las medidas cautelares, el patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y protección de datos de pruebas contra un uso comercial desleal.
Desde el año 1999, con otra administración, habían empezado estas conversaciones con los Estados Unidos y luego de nueve rondas de consultas se llegó a un acuerdo que, a juicio del gobierno argentino —del actual gobierno, ya voy a decir por qué, y del gobierno anterior; esto pasó por tres administraciones—, satisface los derechos, las inquietudes o los intereses de la República Argentina.
De todos esos temas que estaban en cuestión hubo cuatro en donde Estados Unidos reconoció que la ley argentina se adaptaba a las normas del ADPIC o TRIPS. Es decir que la Argentina no estaba en infracción.
Respecto de tres cuestiones se llegó a un acuerdo para que la Argentina implementara en su legislación estos aspectos que, a juicio de los Estados Unidos —y de otros países también—, no se adaptaban al acuerdo ADPIC. Y un tema sobre el cual no hubo acuerdo, que es bastante serio —seguramente más adelante vamos a tener que volver sobre él porque quedó sometido a la Organización Mundial de Comercio—, es el de protección de datos de prueba contra un uso comercial desleal. Es decir, sobre este tema que hace a la confidencialidad —término clave— no hubo acuerdo y quedó bajo jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio. Los otros temas quedaron zanjados, de modo tal que sólo la República Argentina en este Convenio se comprometió a incorporar a su legislación algunas normas tendientes a adaptar esas disposiciones del acuerdo ADPIC sobre patentes en tres aspectos fundamentales.
Primero, en la extensión de la protección del procedimiento de la patente al producto. En segundo término, con relación a las medidas cautelares que se pueden tomar en materia de patentes y, en tercer lugar, también en materia de procedimientos de patente cuando se planteen cuestiones civiles en sede civil, la inversión de la carga de la prueba. Ya voy a explicar en qué consiste cada uno de esos temas. Debo establecer, desde ya, que muchas de las cuestiones planteadas, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba ya está en la ley actual. Lo que se hace es ampliarla, clarificarla, hacerla más transparente.
Sobre el tema de las medidas cautelares lo que se hace es ampliarlas y establecer otras medidas cautelares. Y en cuanto a la extensión de la protección del procedimiento al producto también está en la ley, nada más que lo que se hace es clarificarla debidamente para posibilitar su mejor interpretación y aplicación.
Debo decir, antes de entrar en la consideración de las modificaciones propuestas, que este dictamen fue logrado luego de un trabajo muy intenso que hicieron las comisiones que intervinieron en este tema: la de Industria y Comercio, la de Relaciones Exteriores y Culto y la de Legislación General.
Se celebraron cinco reuniones plenarias donde se debatió ampliamente el proyecto con participación de todos los interesados o quienes pudieran haber tenido interés en este tema.
Así, en la reunión del 11 de diciembre de 2002, expuso un representante de Cancillería, el ministro Pérez Gabilondo, que ilustró las razones por las cuales el Poder Ejecutivo había firmado este Convenio.
El 18 de diciembre del mismo año expusieron la licenciada Suárez, directora de COOPERALA; el doctor Delacha, director del Foro Argentino de Biotecnología; el doctor Felicio, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales; cuatro representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, conocida como CILFA, los doctores López Bernabó, Levis, Schin y Félix.
El 12 de marzo de 2003 expusieron dos académicos especialistas en la materia propuestos por integrantes de la Comisión. Ellos fueron los doctores Guillermo Cabanellas y Carlos Correa, quienes realmente hicieron exposiciones muy ilustrativas sobre el tema que estamos tratando.
El 1° de julio de 2003 concurrieron representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los doctores Fernando Noetinger, Pedro Chaloupka y Martín Bensadón, quienes plantearon algunas observaciones, proponiendo cambios en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En definitiva, presentaban un proyecto alternativo.
Y el 2 de septiembre de este año se hicieron presentes en el plenario de las comisiones el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Rafael Bielsa, y el Ministro de Salud, doctor Ginés González García, quienes expusieron de modo pormenorizado la conveniencia de este acuerdo firmado por la República Argentina, dando al proyecto su más amplio apoyo no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde el político.
Luego de todas estas exposiciones se decidió seguir adelante con el dictamen que figura en el Orden del Día 715, que contiene una modificación con relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La modificación no es en cuanto al contenido ni a la filosofía del proyecto, sino que se trata de salvar una omisión que cometió el Poder Ejecutivo al enviar esta iniciativa.
Porque el acuerdo celebrado con los Estados Unidos decía que había que incorporar algunas normas en materia de medidas cautelares. El mensaje del Poder Ejecutivo, en vez de efectuar la incorporación y el agregado al texto del artículo 83, lo sustituye e incorpora las normas del acuerdo, pero deja sin efecto —o sea, borra— lo que estaba establecido en la ley actual, lo cual quedaba vigente de acuerdo al Convenio.
Entonces, eso está salvado en el dictamen de Comisión. Por eso decimos que aconsejamos que se apruebe el proyecto con las modificaciones. Es decir, se mantiene el texto del artículo 83 que está en la ley y se le agrega lo que dice el acuerdo ADPIC o TRIPS, que fue lo convenido entre la República Argentina y los Estados Unidos.
En cuanto a la primera modificación, por la cual se agrega un inciso —el b) — al artículo 8°, se refiere a la extensión de la protección del procedimiento al producto. ¿Qué quiere decir? No es que se establezca un nuevo derecho sino que se aclara que el titular de una patente que entienda que se está utilizando el procedimiento por él patentado para obtener el producto puede ejercer derechos para evitar que se siga actuando de esa forma, en violación de sus derechos.
Es decir, permite al titular de la patente el ejercicio de derechos respecto de productos que hubieran sido directamente obtenidos por el procedimiento por él patentado, si se prueba que ha sido efectivamente utilizado por un tercero sin la autorización del titular de la patente.
La norma aclara que la protección del procedimiento se extiende también al producto y que el titular del procedimiento, cuando ve que se está produciendo un elemento a través de su procedimiento, puede ejercer los derechos en resguardo de la patente que inscribió.
La modificación en materia de medidas cautelares es un tema que ha sido ampliamente debatido. El artículo 83 contenía algunas medidas cautelares que permitían el secuestro de los elementos utilizados, de los objetos en infracción, o el inventario o embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente dedicadas a la fabricación de los productos. Lo que se agrega es la facultad de los jueces de dictar otro tipo de medidas cautelares con relación a una patente concedida de acuerdo con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para evitar que se produzca la infracción de la patente, y en particular para evitar que la mercadería ingrese al circuito comercial; o para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que se produzcan determinadas condiciones.
La ley establece cuáles son las condiciones para que procedan las medidas cautelares: que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida; que se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular; el daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; que existe una probabilidad razonable de que se infrinja la ley de patentes.
Aquí se han planteado dos tipos de cuestiones.
En primer lugar, se ha objetado que se establezca un régimen especial de medidas cautelares en el tema patentes porque hay un régimen de medidas cautelares en los códigos procesales en vigencia. Incluso se dijo que en Brasil se aplicó directamente de esta forma. La respuesta es muy sencilla. La patente tiene un régimen especial. Las patentes de invención están sometidas a normativas especiales en las que juegan intereses que tienen que ser contemplados.
Por ejemplo, no es indiferente si por una medida cautelar se retira una mercadería del circuito de comercialización, como un remedio, que puede afectar la salud de la gente que lo esté utilizando en ese momento.
Por eso en el acuerdo se ha establecido, y se incorpora a la ley, un régimen que es esencialmente contradictorio. Es sabido que en nuestro régimen procesal las medidas cautelares generalmente se toman inaudita parte, o sea, sin participación de la persona a la que va dirigida tal medida. No es un contradictorio con aquel al que se le va a hacer un embargo o secuestrar un bien. Simplemente se lo toma como una medida cautelar.
El juez en algunos casos está autorizado para tomar esa medida inaudita parte. Pero sucede que aquí las patentes se conceden en forma administrativa. Como muchas veces no existe tiempo suficiente o hay procedimientos muy complicados, se puede abrir una instancia contradictoria en razón de que se puede estar afectando el interés de un tercero o del presunto infractor.
Es decir, el juez puede nombrar un perito para que establezca si realmente el producto que se está fabricando corresponde a otra patente concedida con anterioridad.
Se establece entonces un procedimiento contradictorio, en el cual se trata de equilibrar el interés del que tiene la patente del medicamento, el interés del que lo está fabricando y el del público en general, que está usando ese medicamento. En este juego de intereses es que la ley trata de asegurar los derechos para todos.
Este sistema especial de medidas cautelares, además de estar en el Convenio ADPIC, también ha sido aplicado en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Alemania, e introduce los suficientes elementos de equilibrio entre los intereses de la parte y de la sociedad en tener acceso a productos legítimamente expuestos en el comercio en un marco de competencia.
Algunos han criticado, en algún dictamen en disidencia, que el plazo que tiene el perito es muy breve. Esas son cuestiones de política procesal. Nosotros entendemos que los plazos se dan en función también de la naturaleza de la materia y que hay que proceder con toda rapidez, por cuanto están en juego intereses muy importantes.
Ahora, si no se otorgan las medidas cautelares, si el juez dice: “Vea, no tiene derecho a las medidas cautelares”, el demandante, de todos modos, podrá exigir al demandado una caución para no interrumpirlo en la explotación del invento en caso de que quisiera seguir adelante con él.
Es decir, el régimen funciona equilibradamente; permite al titular de una patente que cree que le han violado el derecho, que lleve adelante las medidas cautelares. Si el juez no lo autoriza, puede exigir al presunto infractor que dé una caución para que pueda seguir explotando ese producto.
Estos son los aspectos fundamentales en lo que hace a la incorporación a la ley actual de este sistema de medidas cautelares. Con lo cual la Argentina se ajusta, cumple con la norma ADPIC o TRIPS, que establece claramente cuáles son los estándares en materia de medidas cautelares que, en definitiva, tienden a proteger al titular de una patente sin afectar los derechos de terceros.
El otro tema que se ha incorporado es la modificación al artículo 88 relativo a la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba siempre es un concepto que suena chocante, ¿no? Que alguien que es demandado tenga que probar que no es cierto el hecho por el cual se lo demanda. Esto existe en algunos aspectos de la legislación argentina en materia de derecho penal.
Pero en este caso, ¿por qué se incorpora este concepto? En primer término, digamos que actualmente ya está incorporada la carga de la prueba. Es decir, en el artículo 88 de la ley vigente ya existe la institución de la carga de la prueba. Cuando el titular de un procedimiento entiende que se está fabricando un producto por ese procedimiento, hecha la presentación ante el juez, el magistrado podrá exigir al demandado que pruebe que el procedimiento por el cual está obteniendo el producto no es el mismo que está patentado por el demandante.
Es decir que, en este caso, el demandado tiene que probar que no es cierto lo que alega el demandante.
Ahora bien, ¿cuál es la novedad que se introduce en esta materia?
En primer término, el actual artículo 88 es complejo, por cuanto establece plazos y no aclara debidamente cómo funciona la inversión de la carga de la prueba. Aquí existe el concepto de “producto nuevo”.
Entonces, la incorporación que se formula creo que mejora muchísimo la norma, porque aclara perfectamente la situación de la persona demandada por utilizar un procedimiento que ya está patentado por otra persona o entidad. En ese caso, el demandado podrá exigir que el demandante pruebe que el procedimiento utilizado es el mismo, cuando el juez interviniente le ordene la prueba al respecto. Es decir, se trata de una presunción iuris tantum.
Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que el demandado replique el derecho que ejerce el demandante? Quiero explicar el tema, porque no es sencillo y cuesta entenderlo.
Cuando el demandante titular de una patente de procedimiento afirmare que el demandado está fabricando un producto por el procedimiento que él ha patentado, entonces el juez —en virtud de lo establecido por este artículo— pedirá al demandado que pruebe que no es el mismo procedimiento. Es una presunción iuris tantum.
Pero la ley otorga al demandado un derecho de réplica. ¿Qué significa este derecho? Que el demandado puede exigir al demandante que éste pruebe que el procedimiento es igual al utilizado por él. ¿En qué casos puede hacerlo? Cuando se tratare de un producto que no es nuevo. En esta hipótesis, el demandado puede pedir al demandante que pruebe que el procedimiento empleado es el mismo.
Y la norma aclara que un producto no es nuevo cuando el demandado o un perito pudieran demostrar que había uno idéntico en el mercado que no se encontraba en infracción en el momento en que esta, supuestamente, se habría producido. Es decir, el concepto es dinámico.
El paso del tiempo va quebrando la novedad del producto en el mercado y asegura que no se aplique la presunción de modo retroactivo. O sea que el producto no es nuevo cuando ya exista otro —no fabricado por el demandante ni por el demandado, sino similar— proveniente de otra fuente que ya se encontraba en el mercado. En ese caso, el demandante debe probar que el procedimiento utilizado por el demandado es igual al suyo.
De esta manera, la norma viene a equilibrar en forma más adecuada —desde mi punto de vista— este complicado juego de intereses en un tema muy delicado, por cuanto involucra creatividad, secretos y confidencialidad.
Por ese motivo, el artículo 88 establece una protección para el demandado en cuanto fija que el límite del requerimiento probatorio a su cargo está determinado por su derecho a proteger sus secretos comerciales e industriales. Es decir, se deja a salvo la confidencialidad o la protección del secreto y de los derechos que tiene el demandado sobre la materia.
En síntesis, los aspectos expuestos son los fundamentales de este proyecto de ley. Quizás el análisis de este tema tan sensible podría profundizarse, pero de todos modos considero que otros colegas podrán hablar con mayor autoridad y ampliar estas consideraciones respecto de la necesidad o conveniencia de aprobar este proyecto de ley, cuyas negociaciones empezaron a tramitarse bajo la administración del ex presidente de la Rúa, se concretó el acuerdo durante la administración del ex presidente Duhalde y se estaría aprobando durante la administración del actual presidente. En las Comisiones hemos tomado el resguardo de invitar a los Ministros del Poder Ejecutivo para que nos dieran su opinión política, además del aval técnico a estas reformas que vienen a tocar un tema que, en su momento, originó importantes controversias en nuestro país respecto de la protección de patentes de invención y que, permanentemente, están llevando a controversias en la Organización Mundial de Comercio.
Cuando pedimos antecedentes, pareciera que los Estados Unidos habían tomado algunas medidas de represalia sobre productos argentinos por cuanto la Argentina no adecuaba la ley de patentes. No me consta que haya sido así pero, de todos modos, lo cierto es que hay normas de aplicación obligatoria y hay una disposición constitucional que nos obliga a respetar los acuerdos. Hay un acuerdo del Poder Ejecutivo que ha sido avalado por dos administraciones, en este caso, y por supuesto hay una implementación que, desde el punto de vista legal, nos parece correcta y a la que nos hemos permitido hacerle la modificación que consta en el orden del día 715. Ello, porque entendemos que hubo un error del Poder Ejecutivo al suprimir, del actual artículo 83, la primera parte, cuando lo que se había convenido era incorporar las normas ADPIC al actual artículo 83. Por eso efectuamos el dictamen de esta forma.
Por tales motivos, señor presidente, considero que es procedente la aprobación de este mensaje y proyecto de ley con las modificaciones propuestas en el orden del día que hoy estamos considerando.

Informe sobre la Conferencia de la Unión Interparlamentaria (28 de abril de 2004)

Sesión 28 de abril de 2004
8ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: realmente corresponde que brinde el informe el presidente de la delegación, el senador Puerta. De todos modos, este informe será preliminar dado que durante todos los años en los cuales presidí la comisión, el informe se realiza por escrito una vez que se reciben las copias traducidas de las resoluciones que se adoptan, ya que los dos idiomas oficiales son el inglés y el francés. Por esa razón, luego hay que traducir todo al idioma español.

En consecuencia, sin perjuicio de ese informe que se presentará oportunamente, quiero referirme brevemente a las actividades desplegadas por la delegación argentina en la Unión Interparlamentaria.

Nuestro país estuvo representado allí por los señores senadores Ramón Puerta, Mario Losada y Pedro Salvatori, por la señora senadora Mabel Müller y por quien habla. La reunión se desarrolló en México, Distrito Federal, entre el 18 y el 23 de abril del corriente año. Fue una reunión muy fructífera, que se desarrolló sobre la base del temario previamente elaborado.

Quiero aprovechar esta oportunidad para decir unas pocas palabras sobre lo que es la Unión Interparlamentaria, porque muchas veces he advertido que no se ha difundido bien su significado. La Unión Interparlamentaria convoca a los parlamentos de ciento cuarenta y cinco países. Es la única representación legislativa que tiene nivel mundial, porque agrupa a los parlamentos de todos los países que se encuentran en democracia. Además, la Unión Interparlamentaria está integrada por miembros asociados, entre los que se cuentan los parlamentos que agrupan a distintos parlamentos regionales, como el Parlatino, el Parlamento de la Comunidad Europea, el Parlamento Andino y el Centroamericano, y además hay distintas entidades que son observadoras. En efecto, hay países, grupos o comunidades que están admitidos como observadores, por ejemplo, el Estado Palestino está admitido como observador al igual que distintas organizaciones no gubernamentales.

Los objetivos de la Unión Interparlamentaria consisten en luchar por la paz y la cooperación entre los pueblos y por el firme establecimiento de instituciones representativas. Se trabaja para fortalecer las estructuras parlamentarias en todo el mundo; es decir, no sólo tratan de fortalecer las existentes, sino que muchas veces han contribuido para que los Parlamentos recién instalados puedan funcionar correctamente.

En nuestro país hemos recibido apoyo de la Unión Interparlamentaria cuando se quiso hacer esta reestructuración para modificar el Reglamento; también hubo informes que prestaron sus miembros.

La Unión Interparlamentaria tiene una estructura muy simple. Consta de una Asamblea, conformada por el plenario; una Comisión Directiva, donde están representados todos los países por medio de tres representantes; un Comité Ejecutivo, que es el que maneja la parte administrativa y hace las propuestas a la Comisión Directiva y una Secretaría General. Además hay comisiones especiales, por ejemplo, la vinculada con el tema de Medio Oriente, la de Seguridad y Desarrollo en el Mediterráneo, la Comisión de Mujeres Parlamentarias, el comité que defiende los derechos humanos de los parlamentarios ante las violaciones que se cometen en algunas partes del mundo cuando se encarcela a los parlamentarios y no se les deja ejercer sus funciones. Ese comité preserva los derechos de los parlamentarios.

Además, una de las funciones importantes que tiene la Unión Interparlamentaria consiste en promover, difundir y consolidar lo que hemos dado en llamar la diplomacia parlamentaria; es decir, esas relaciones con los estados, al margen de la diplomacia convencional, que muchas veces no soluciona los problemas y que sí resolvemos los parlamentarios. ¿Por qué? Porque en los parlamentos está la pluralidad democrática y hay representantes de distintos sectores políticos. Entonces la representación parlamentaria es la expresión genuina de lo que piensa un país, y se entiende con las representaciones genuinas de los otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia reciente, en ocasión del último conflicto limítrofe con Chile, el de los hielos continentales, el cual se resolvió primero a través de las reuniones de los parlamentarios, que cumplieron una extraordinaria gestión. Y así los parlamentarios cumplen una función a nivel diplomático, fuera de la diplomacia convencional, que logra resultados muy importantes.

Justamente, la Unión Interparlamentaria está promoviendo la difusión de esta diplomacia parlamentaria.

Debo decir que la Asamblea Parlamentaria ha creado tres comisiones permanentes en la última modificación que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Las tres comisiones permanentes que están trabajando son las siguientes: la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, la Comisión de Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio y la Comisión de Democracia y Derechos Humanos. Estas comisiones permanentes están dirigidas por un presidente y cinco vicepresidentes, los cuales representan a seis grupos geopolíticos que, a su vez, representan a otras tantas regiones.

En la reunión de México quien les habla ha tenido el honor de ser reelegido como presidente de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, cargo para el que fui elegido en la anterior asamblea realizada en la República de Chile. Al respecto debo señalar que hemos desarrollado un temario importante y con satisfacción puedo decir que nos fue bien, dado que en ella se han tratado los temas más candentes de la actualidad. En un mundo conflictuado como el que vivimos, los actos de terrorismo, las situaciones como las que vive Irak o los conflictos como el palestino, ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales. Estos temas son abordados por la mencionada comisión que tengo el honor de presidir en representación de este Senado de la Nación, de la República Argentina y del grupo latinoamericano que me propuso para este cargo.

El tema que nos tocó tratar en la primera comisión, y que desarrollaremos después —hoy voy a dar los títulos nada más—, fue “Promoción de la reconciliación internacional, ayuda para dar estabilidad a las regiones en conflicto y asistencia para la reconstrucción después de un conflicto.”. La Comisión de Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio trató el tema “Hacia un ambiente equitativo para el comercio internacional, los problemas del comercio de productos agrícolas y el acceso a medicamentos básicos.”. La Comisión de Democracia y Derechos Humanos trató el tema “Avance de la democracia parlamentaria a fin de proteger los derechos humanos y alentar la reconciliación entre los pueblos y la asociación entre las Naciones.”. Y luego, como se hace todos los años, hay un punto de emergencia que para ser tratado requiere una mayoría calificada, respecto del cual hubo una votación muy dividida y se impuso el punto que trató “El papel de los Parlamentos en el cese de los actos de violencia y la construcción del muro de separación [refiriéndose al que se está haciendo en Israel], a fin de crear condiciones que conduzcan a la paz y a una solución duradera para el conflicto palestino-israelí.”.

Todos estos temas fueron aprobados en las comisiones y luego llevados al plenario de la Asamblea que, en definitiva, los aprobó prácticamente por unanimidad, con una ligera reserva hecha por algunos países.

Quiero decir que me ha parecido muy importante el tema de la reconciliación planteado en mi comisión, porque esta es la idea fuerza que predomina hoy en las relaciones internacionales. Ya no basta con la paz. La paz es muy importante. Pero para que realmente se proyecte hacia el futuro tiene que haber reconciliación, porque es lo único que va a posibilitar echar los cimientos de un orden internacional más justo y que se proyecte hacia el futuro. La reconciliación vendría a ser el corolario de la paz. Para que haya reconciliación tiene que darse una serie de condiciones que se han ido explicando, estudiando y analizando en mi comisión, por ejemplo, el tema del perdón. Y se habla de perdón y no de olvido. Se hace referencia también a la necesidad del castigo de todos los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Para eso en la comisión también se estableció como un tema sumamente importante el apoyo que deben dar todos los parlamentos de los diferentes países a la Corte Penal de Roma y a la implementación del Tratado de Roma, como una forma de establecer un tribunal imparcial que juzgue los crímenes de guerra para que no tengan que ser juzgados por tribunales creados ad hoc con posterioridad al conflicto y respecto de los cuales siempre se ha dudado de su parcialidad.

En definitiva, en este tema de la reconciliación los tres títulos están vinculados, porque no puede haber estabilidad si no hay reconciliación y no puede haber reconstrucción si no hay estabilidad. Hay una secuencia lógica entre los tres títulos que fueron los temas desarrollados en mi comisión, en donde había representantes de los países en conflicto y pudimos llevar adelante un debate maduro, civilizado, en el que varios tuvieron que ceder posiciones en aras de lograr una resolución que contemple los intereses de todos.

En definitiva, en el debate en general, que también tenía que ver con la reconciliación y la asociación, habló el presidente de la delegación, el senador Ramón Puerta, que habrá hecho llegar el discurso que pronunció. Seguramente luego hablará del tema que trató en este debate general, en el cual cada delegación tenía ocho minutos para exponer.

Participamos en las reuniones del Grupo Latinoamericano, que está presidido por un uruguayo, el diputado Juan Máspoli. Todos los senadores han tenido una gran participación. La senadora Mabel Müller fue una permanente asistente en la Comisión de Mujeres, en la que fue designada en el Comité de Coordinación.

Un dato importante es que en la Unión Interparlamentaria se le da un papel fundamental a la participación de la mujer, a punto tal que exige que todas las delegaciones lleven integrantes mujeres. Por ejemplo, la comisión directiva está integrada por tres miembros por cada país, pero no pueden ser personas del mismo género, caso contrario se le disminuye el número de votos a dos. Es decir, hay una exigencia de la presencia de los dos géneros en el comité directivo y en todas las reuniones de la Unión Interparlamentaria.

El senador Salvatori fue nombrado en el comité de redacción de la Comisión NE 1, que es la que presido. El senador Mario Losada intervino en la Comisión de Derechos Humanos. De manera que toda la delegación ha tenido una participación muy activa. Creo que podemos estar satisfechos.

Oportunamente presentaremos la traducción oficial de las resoluciones que han adoptado las tres comisiones y también del punto de emergencia que se aprobó.

Proyecto de declaración sobre el bloqueo económico a Cuba (4 de mayo de 2005)

4 de mayo de 2005
11ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: El Orden del Día 1858 contiene un proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo económico a Cuba.
Se trata de un tema tratado en reiteradas oportunidades en el Senado de la Nación. El cuerpo se ha pronunciado en forma continua y reiterada en contra del bloqueo económico contra la República de Cuba.
Esto no significa de ningún modo compartir aspecto político alguno con respecto a la cuestión de Cuba. Lo que significa es el reclamo por una situación que vive el hermano pueblo de Cuba, más allá del régimen político. Implica reclamar por un bloqueo económico que ya lleva más de cuarenta años y que somete a infinidad de privaciones al hermano pueblo de Cuba.
Por eso, no podemos menos que celebrar que las Naciones Unidas hayan rechazado este bloqueo económico, que no es la primera vez que sucede porque ya se dio en otras once oportunidades. Es más, durante la visita de Su Santidad Juan Pablo II a Cuba, en enero de 1998, el pontífice dijo que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el mundo se abra a Cuba, en una directa alusión a las medidas que impiden el libre comercio e intercambio entre Cuba y los Estados Unidos.
En su oportunidad, el Congreso de la Nación, en base a un proyecto de ley de mi autoría, estableció la prohibición de que en nuestro país se apliquen los efectos extra territoriales de la ley del bloqueo económico a Cuba, conocida más comúnmente como la enmienda Helms-Burton. Así se sancionó la ley 24.871, para evitar la aplicación del mencionado embargo en nuestro país.
Con estas razones, quería fundamentar el beneplácito personal, más allá de que seguramente será aprobada por la totalidad del cuerpo, porque el bloqueo económico, por los efectos que produce, también constituye una violación de los derechos humanos de todo un pueblo.

ASUNTOS ECONÓMICOS»

Proyecto de ley sobre modificaciones al régimen impositivo (7 y 8 de enero de 1988)

Sesión del 7 y 8 de enero de 1988 – 26º Reunión
Año 1987 – Tomo 4 – Páginas 2392 a 2394 y 2453 a 2456

Sr. Menem. — Señor presidente: a esta altura del debate parecen haberse esgrimido ya prácticamente todos los argumentos en favor o en contra de esta ley impositiva. De todos modos, como manera de fundamentar mi voto, voy a reducir sensiblemente la exposición que tenía pensado hacer.
Me voy a limitar simplemente a efectuar algunas reflexiones que me motiva este paquete impositivo, reflexiones que van a parecer un poco desgranadas pero que. de todos modos, creo que servirán para traducir mi pensamiento sobre el tema.
El sometimiento de este paquete impositivo al Congreso es el reconocimiento más categórico del fracaso total y rotundo de la política económica del gobierno nacional. La subordinación a los esquemas del Fondo Monetario Internacional, la conservación de la hegemonía del sector financiero en detrimento de la producción, la orientación exclusiva hacia las exportaciones, entre otras causas, han traído este resultado. Y las consecuencias sociales de tal política —desocupación, crecimiento irrisorio del producto, distribución re-gresiva del ingreso, incremento de la economía negra— han adquirido dimensiones que convierten a estos rasgos en características casi estructurales.
Cuando se lee el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el denominado paquete impositivo, se advierte que se habla de virtual emergencia y de arbitrar soluciones perentorias; pero tales conceptos no están referidos a la marcha global de la economía sino sólo al déficit presupuestario.
Es que el gobierno nacional parece que sabe escuchar muy bien a los funcionarios internacionales que se alarman por las proporciones crecientes del déficit estatal, pero no tiene igual capacidad auditiva cuando las voces que se alzan son las de los sectores populares cuyo pronunciamiento fue categórico el pasado 6 de septiembre.
Uno de los objetivos perseguidos es reducir el déficit fiscal. A través del presupuesto aprobado para el presente ejercicio éste había sido estimado en un cuatro por ciento del producto bruto interno; sin embargo, los cálculos oficiales sostienen que la ejecución revela que el déficit ha sido más que duplicado.
¿Cuáles fueron las razones para este incremento? En alguna medida, los egresos fueron superiores a los previstos, pero el elemento fundamental está dado en los ingresos, muy inferiores a los que se habían calculado. Y el paquete impositivo trata de cerrar esta brecha.
El señor presidente de la Nación y su ministro de Economía se han encargado de reiterar la inelasticidad de los ingresos fiscales en el corto plazo, y para ello la han ejemplificado con los gastos en personal. El argumento es verdadero pero el ejemplo no es del todo certero. Recuérdese que casi el 10 por ciento de los gastos del Estado están destinados a los servicios de la deuda. Estos, pactados a tasa variable y con cláusula de reajuste, frente al proceso devaluatorio constituyen el verdadero factor inmodificable del gasto público.
En cuanto a los gastos en personal no vale la pena acercar cifras para reconocer lo que todos saben: el continuo deterioro salarial de los agentes públicos y, como afirma el señor ministro de Economía en un reportaje concedido al matutino «Página 12 del día 27 de diciembre próximo pasado, «mucho menos probable un destino venturoso para alguien que trabaja en Ferrocarriles Argentinos».
Quedan, así, por ajustar los ingresos fiscales. En el debate producido en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre se aportaron algunos datos muy ilustrativos acerca de la distancia entre el cálculo de lo que se recaudaría y lo efectivamente ingresado.
Tanto el blanqueo como la simplificación del IVA han aportado mucho menos de lo estimado.
Lo cierto es que, en valores constantes, los recursos tributarios del presente ejercicio son inferiores a los del anterior. Entonces la situación es, que la política económica no es factible discutirla, que la disminución del déficit es sólo una premisa, que los egresos fiscales no pueden alterarse y, entonces, lo único que queda es incrementar los ingresos.
Ahora bien, el tema de los ingresos fiscales puede abordarse desde la perspectiva de una política redistributiva o meramente fiscalista. Y no cabe duda alguna acerca del punto de vista predominante: las cuentas tienen que cerrar. Es la consigna implícita en los proyectos en consideración. La preocupación no es la progresividad de los tributos sino la facilidad de su percepción, y esta línea del menor esfuerzo configura un excelente símbolo de la política económica; excesivamente sensible a las relaciones de fuerza imperantes, nada se hace por efectuar modificaciones estructurales.
Con total sinceridad un dirigente radical bonaerense ha reconocido hace poco que la política del gobierno nacional es un modo de salir coyuntural de la crisis, pero sin tener perspectivas de crecimiento. A confesión de parte se dice que hay relevo de prueba.
Llega entonces al Parlamento esta propuesta sin ser acompañada de una explicación oficial de la reducción de los ingresos fiscales, sin una sugerencia de redistribución de los egresos, sin un análisis serio del presupuesto .en ejecución, sin fijar los grandes lineamientos del próximo, y en estas condiciones se pide la aprobación del paquete impositivo.
Más aún: el pedido llega junto con comentarios catastróficos acerca de lo que ocurriría si no se lo aprueba. O impuestos o «tarifazo», dicen, cuando todos sabemos que la partícula adversativa será reemplazada en los hechos por la conjunción «y». Si no hay tributos, los empleados de los estados provinciales no podrán cobrar. Es otro de los argumentos, adjudicando a estos impuestos una capacidad de recepción inmediata, que el sentido común niega.
Y hoy mismo, el día en que se sabía que estábamos por tratar este paquete impositivo, nos enteramos, por la prensa precisamente, de nuevos aumentos en las tarifas, en los combustibles, etcétera.
A través de este paquete, la tradicional evasión impositiva no será corregida. Ello habla de una profunda malformación en cuanto a cómo los sectores con capacidad contributiva perciben al Estado; por sí los organismos fiscales son incapaces de corregir tal situación, y si la presión impositiva se aumenta, crecientes franjas de actividad económica serán empujadas hacia los denominados sectores informales, pero además este incremento tributario redundará en cierta retracción, lo que disminuirá el monto total sujeto a impuesto.
De ahí que imaginar que dentro de pocos meses estaremos nuevamente en este recinto discutiendo sobre nuevos impuestos no es prueba de una imaginación exacerbada.
Pero este paquete tampoco reducirá el proceso inflacionario. Algunos sectores atribuyen la inflación al déficit. Sin embargo, los teóricos norteamericanos sobre la crisis fiscal más bien estiman que ambos factores son síntomas de una puja no resuelta por el ingreso. No hay relación de causalidad entre ambos y al respecto cabe observar las cifras astronómicas del déficit fiscal estadounidense, de 148 mil millones de dólares, y compararlas con su inflación relativamente moderada, lo que nos da la pauta de que no hay una relación directa entre ambos. Pero si ambos elementos son efectos, cabe preguntarse si este paquete corrige en algo la puja distributiva. Y la respuesta es un rotundo no.
De ahí que las cifras sobre la marcha de la economía argentina deberían colocarnos en una actitud de extrema alarma. Las exportaciones se han reducido, la balanza comercial ha disminuido su superávit, el producto bruto por habitante se mantiene prácticamente estancado, la inversión pública es baja pero la privada es casi inexistente; desde hace más de un lustro somos exportadores netos de capitales; nuestra pobreza creciente financia la recomposición productiva de las potencias hegemónicas. La política de integración pasiva encuentra un marco económico internacional cada vez más desfavorable.
Mientras tanto, se perpetúa una política económica que sigue subsidiando a quienes contrajeron la deuda que, a través de mecanismos como la capitalización de ella, financia a los acreedores internacionales, que sigue garantizando las ganancias de la especulación mientras que somete a todo tipo de riesgos a los que quieren producir.
Estas son las cuestiones que ponen en peligro la gobernabilidad del sistema. En este sentido, pactos o mesas de consenso sólo tienen un significado positivo en la medida en que coadyuven a democratizar el poder económico con un sentido popular y federal.
Podríamos seguir analizando con detenimiento todas estas falencias de una política que se ha revelado desastrosa y que nos ha llevado a esta situación, donde los hechos consumados nos están obligando a adoptar medidas como las que ahora se someten a nuestra consideración.
La circunstancia de que hoy, ya 8 de enero de 1988, en este Senado hayamos tenido que reunimos en una sesión especial para tratar con tanta urgencia este paquete impositivo, en el marco de una situación angustiosa tanto para las finanzas nacionales como para las provinciales, revela una vez más el fracaso categórico y absoluto de la gestión económica del gobierno nacional que ha demostrado reiteradamente su incapacidad para dirigir la economía del país.
Estas medidas impositivas que hoy tratamos revelan de parte de la conducción económica su notable capacidad de inventiva para generar nuevos tributos, aunque para ello deban hacer tabla rasa con algunos preceptos constitucionales —como en el caso del denominado ahorro forzoso— o desvirtuar principios y conceptos fundamentales en materia de papeles de comercio, como ocurre con el caso del cheque donde se distorsiona hasta la función de este importante instrumento comercial para poder detectar el hecho imponible y determinar al responsable del pago.
Recuerdo que en una oportunidad, hace un par de años, el miembro informante de la bancada radical, cuando se ocupó del presupuesto de la Nación, dijo que lamentablemente, ante la escasez de recursos, no disponíamos de ese poder al que hace referencia la Biblia, consistente en la multiplicación de los panes y de los peces; afirmó que los recursos eran limitados. Pero, al parecer, este ejemplo sólo vale para los recursos genuinos, porque en lo que se refiere a la creación de nuevos impuestos observamos que algún poder de multiplicación tienen los funcionarios encargados de dirigir nuestra economía, porque siempre están inventando nuevos impuestos y tienen una capacidad tremenda para descubrir nuevas cargas para imponer a la ciudadanía.
Si este nuevo esfuerzo que hoy se exige a la población fuera para apuntalar algún proceso de crecimiento, para fomentar la producción o contribuir a un ambicioso plan de obras públicas, tendríamos que votar gustosamente este «paquete» impositivo. Pero si tenemos en cuenta que es únicamente, como dice el vulgo, para «tapar agujeros», para paliar el déficit fiscal, entonces, votar de esta forma este paquete impositivo es, desde luego, realmente lamentable.
Pero estamos —como dije anteriormente— ante una política de hechos consumados, en una situación de extrema necesidad; entonces, los legisladores, los representantes de las provincias, nos enfrentamos a esta disyuntiva. Ya sabemos qué está pasando en ellas: en estos momentos, en la mayoría de nuestros estados no se han podido pagar ni siquiera los sueldos de diciembre, ni qué decir de los proveedores y de los contratistas del Estado. Es decir, se ha llegado a un estado virtual de cesación de pagos.
Es manifiesto, entonces, que estas medidas de administración de la economía que aumentan el intervencionismo estatal y los comportamientos dirigistas no tienen fácil cabida en la estructura constitucional argentina, al menos a tenor del modelo liberal de 1853.
Es cierto que todos los derechos de los ciudadanos se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, pero estas leyes como las que estamos por sancionar no tienen cobertura adecuada en la dogmática formal de la Constitución.
¿Cómo explicarnos el ahorro forzoso si sabemos que en esencia es una requisición de dinero? ¿Cómo explicarnos el impuesto a la transmisión del cheque si es en esencia un gravamen meramente formal sobre los papeles circulatorios? ¿Cómo explicarnos la regravación de los combustibles? ¿Cómo explicarnos todo ello si no es acudiendo a la última ratio de la juridicidad, que es el estado de necesidad? Yo pienso que esta invocación del estado de nece-sidad es el único modo jurídico de justificar la sanción de al menos algunos de los impuestos que hoy estamos tratando.
Porque así como el estado de necesidad es la cornisa para el infractor entre el delito y la inocencia, para el Estado esa cornisa es el límite de la confiscación y el arbitrio que agravia o puede agraviar derechos vitales del sistema: libertad, igualdad, propiedad, legalidad.
Ante la situación de hecho invocada por quienes administran las finanzas de la Nación, sólo el estado de necesidad, de aplicación e invocación también por el Estado, es el que puede darles marco de juridicidad y constitucionalidad a estas medidas pues a secas denuncian in extremis una gruesa incompatibilidad con los derechos individuales. Pero si por los hechos la necesidad es un estado, una situación constante y generalizada que afecta al Estado para cumplir con sus cometidos, es legítimo autorizar su invocación siempre que esa razón del Estado satisfaga la tutela de situaciones, derechos e intereses de jerarquía superior respecto del bien común, en comparación con el sacrificio que por excepción se les impone a otros derechos individuales.
En suma, la necesidad financiera como estado, situación generalizada que invoca el gobierno, es título jurídico suficiente para dictar normas de policía de la economía de emergencia, como las que contiene el paquete impositivo.
Esta emergencia está subsumida en la constitucionalidad en la medida en que con este sacrificio de los contribuyentes se procura salvaguardar dos principios básicos de nuestro sistema de gobierno: la democracia federal y el sistema previsional.
A la democracia federal hacen referencias los artículos Io y 5° de la Constitución. El artículo 1° es el que establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.
Si nosotros nos vemos en la disyuntiva de esta cesación de pagos de nuestras provincias, de que no se puede sostener prácticamente el sistema federal al cual ellas están obligadas en virtud del artículo 5° de la Constitución Nacional, indudablemente no queda otro remedio que arbitrar estas medidas de emergencia que revelan un verdadero estado de necesidad, que es el único fundamento que puede darles algún título, alguna juridicidad a aquéllas.
Por estas razones es que anticipo mi voto favorable en general a este proyecto de ley invocando, como dije anteriormente, este verdadero estado de necesidad en que se encuentra la Nación en lo que hace a sus finanzas nacionales y provinciales., sin perjuicio de las observaciones que pueda formular respecto de algunos tributos en particular en el momento en que se llegue a esa instancia en la consideración de este proyecto de ley.

Proyecto de ley sobre coparticipación federal de impuestos (7 y 8 de enero de 1988)

7 y 8 de enero de 1988 – 26ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 4 – Páginas 2392 a 2394

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a ser muy breve en mi exposición por cuanto los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, especialmente los miembros informantes, se han explayado minuciosamente respecto de la pautas que se han tenido en cuenta para la confección y formulación de esta ansiada ley de coparticipación federal de impuestos, tan esperada por las provincias y tan postergada en su tratamiento.
No voy, entonces, a repetir esos conceptos ni tampoco a encuadrarlos en lo que hace a los aspectos técnicos. Sí quiero decir que con esta ley se logra, indudablemente, un viejo anhelo de las provincias en lo que hace a determinar orgánicamente la coparticipación federal que les corresponde por la recaudación impositiva: en eso, desde luego, este proyecto de ley es positivo. Pero también quiero señalar, como representante de la provincia de La Rioja, que no estamos de acuerdo con respecto a la distribución secundaria que se realiza en esta iniciativa.
Debemos dejar establecido que el índice que se le asigna a la provincia de La Rioja por medio de este proyecto de ley es inferior al que entendemos tiene derecho, razón por la cual lo dejamos expresamente aclarado, aunque no deseamos obstaculizar su sanción porque entendemos necesario que hoy así resulte para dotar a la Nación de un instrumento que sea idóneo y permita manejar un tema que ha venido siendo tratado discrecionalmente y, en algunos casos, hasta con cierta arbitrariedad.
Pero al mismo tiempo no puedo dejar de señalar la situación de inferioridad en que se está colocando a mi provincia, situación que no es nueva ya que en el mencionado acuerdo transitorio que se había logrado entre la Nación y las provincias en 1986 se puso a La Rioja en un plano de inferioridad. Fue así cuando, al reconocerse esa realidad de mi provincia, se decidió compensarle las diferencias con aportes del Tesoro nacional que le permitían cubrir, si bien no totalmente, todos los gastos, y así por lo menos paliar en algo el déficit al cual se la había sometido en razón de ese tratamiento fiscal, pues se le había fijado un índice que era inferior al que históricamente le correspondía.
Así llegamos, señor presidente, a la sanción de esta ley que nosotros habíamos esperado larga y ansiosamente porque en ocasión de celebrarse aquel acuerdo financiero, que para mí provincia no había sido favorable, se nos prometió que la cuestión iba a ser solucionada en ocasión de sancionarse una ley definitiva de coparticipación federal. Hoy estamos ante esa oportunidad, pero resulta que, lejos de solucionarse esta situación, se ve agravada toda vez que prácticamente se institucionaliza ese trato desigual y desfavorable que sufre mi provincia como consecuencia del establecimiento de un índice que no es de manera alguna justo ni sirve para atender a sus necesidades más elementales.
Como dato ilustrativo, y para reflejar que esto se ajusta a la realidad, puedo señalar que, por ejemplo, de acuerdo con lo establecido por la ley 20.221, La Rioja tenía asignado un índice que era sólo inferior en un 0,20 por ciento al de la provincia de Catamarca.
La provincia de Catamarca en ese acuerdo de 1973, tenía el 1.9272 por ciento y La Rioja, el 1,7233, o sea, como dije, un índice inferior sólo en 0.20 por ciento. De acuerdo con lo establecido en la norma que estamos considerando, esa diferencia sería de 0.60 por ciento: 2,86 por ciento para Catamarca y 2,15 por ciento para La Rioja. Y esto no es precisamente porque se haya mejorado la situación de la provincia de Catamarca; por el contrario, estimo que no queda para nada en una situación óptima. Pero lo cierto es que aún mucho peor queda mi provincia si se hace una relación comparativa con la que tenía respecto de Catamarca.
Vale la pena señalar que estoy mencionando casos de provincias que tienen situaciones similares a las de La Rioja en lo que hace a su desarrollo y condiciones de vida.
Tomemos el caso de San Luis, que es otra provincia integrante del Acta de Reparación Histórica. La diferencia de 1973 era más estrecha aún, por cuanto los porcentajes respectivos eran 1,75 y 1,72, habiéndose estirado en 0,12 por ciento, o sea de 2.37 para San Luis a 2,15 para La Rioja.
Con Formosa las diferencias son mayores, ya que se pasa del 0,56 por ciento al 1.63 por ciento.
Por supuesto, estos ejemplos podrían multiplicarse, pero bastan para reflejar que aun respecto de provincias que no recibieron precisamente un trato favorecido, como seguramente lo señalarán los colegas representantes de las mismas, La Rioja ha sufrido un empeoramiento de su situación. Esto, por supuesto, no puedo callarlo, y debo dejarlo perfectamente sentado en este momento y a todos los efectos en el tratamiento que puedan tener otras normas así como el manejo de otros recursos con respecto a las provincias.
Señor presidente: se trata de un proyecto de ley de tanta trascendencia, tanto para las provincias como para la Nación, en lo que hace a la distribución de recursos, que en estos momentos dejo formalmente notificado al cuerpo, a todos los efectos, que la provincia de La Rioja, con este índice asignado del 2,15 por ciento, queda condenada a no poder atender sus necesidades más elementales, esto es, a un permanente déficit financiero y a un estado de emergencia. Quiero dejar perfectamente establecido esto en este recinto para que el día de mañana no se nos diga que no hicimos los reclamos correspondientes en el momento oportuno.
Desde luego, éste es un aspecto parcial de la cuestión relativa a la distribución de los recursos. Digo esto porque al momento de establecerse la justicia de la distribución de los recursos nacionales y provinciales no sólo debemos tener en cuenta el hecho de la distribución de los fondos, ya que ésta se hace también a otros niveles y respecto de los distintos parámetros.
¡Qué decir, por ejemplo, señor presidente, con respecto al tema de lo que invierten las empresas del Estado en las distintas jurisdicciones!
Cuando se trata de distribución de recursos, como en este caso la ley de coparticipación federal, se tienen muy en cuenta los porcentajes. Se habla de la cantidad de población, a este respecto quiero decir que los índices que se han tomado en cuenta tradicionalmente, no son de ninguna manera justos.
Por ejemplo, según mi criterio, se le asigna un valor excesivo al elemento poblacional y no se valora debidamente a otros, tal el caso de la brecha de desarrollo. En la brecha de desarrollo, que es otro parámetro, habría que calibrar mejor algunos elementos que se tienen en cuenta, por ejemplo, el de calidad de vivienda. Se considera la calidad de vivienda en las distintas provincias, pero no se tiene en cuenta que, por ejemplo, en algunas provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis, que están en zonas sísmicas, la calidad de la vivienda necesariamente se tiene que hacer con un nivel de construcción superior, no por razones de lujo sino de seguridad porque así lo obligan las normas de construcción en esas zonas.
Lo mismo ocurre en cuanto a la cantidad de automóviles por habitante. Se lo mide así, a secas, sin tener en cuenta los mayores o menores servicios de transporte que existen en las distintas jurisdicciones y que pueden hacer menos imperiosa la necesidad de disponer de automóvil.
Por otra parte, hay otras pautas que no se tienen en cuenta y vuelvo al tema de lo que invierten las empresas públicas en las distintas jurisdicciones. Si tenemos que tener en cuenta las obras públicas que se realizan en las distintas jurisdicciones, puedo decir que en mi provincia la Nación nunca ha encarado obras públicas de gran magnitud. Podemos citar los grandes diques, los pasos cordilleranos o las grandes autopistas que se han hecho en otras provincias, pero en La Rioja nunca se han realizado obras de esta magnitud, no obstante que en el esfuerzo para hacer esas obras públicas colaboramos todos los habitantes del país.
Tampoco es justo lo que está ocurriendo con el gasto de las empresas del Estado en las distintas jurisdicciones. Sin ir más lejos, podemos citar el caso de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que opera con un déficit de aproximadamente unos mil millones de dólares anuales, déficit con el que colaboran todos los argentinos, pero resulta que en mi provincia hace más de diez años que no existe un servicio regular de trenes.
En el momento de hacer las contribuciones, colaboramos todos, pues tenemos que solventar ese déficit y se pone de manifiesto otro aspecto más de esta injusta distribución de recursos y de cargas que se hace entre las distintas jurisdicciones del país, cuando en mi provincia va un tren carguero, con suerte, una vez por semana. No obstante, el déficit lo tenemos que solventar todos los argentinos.
Recuerdo también lo que ocurre con otras empresas del Estado. Por ejemplo, cuando nos referimos a la provisión de energía eléctrica, por lo menos hasta hace un tiempo al efectuar el pago se nos imponía un recargo para contribuir a la obra El Chocón-Cerros Colorados, lo que me parece bien porque es una obra necesaria para el país. Pero resulta que de esa obra no se benefició ni nunca se beneficiará mi provincia; sin embargo, nosotros pagábamos de nuestro bolsillo la contribución para esa importante obra.
A la hora de contribuir se nos tiene en cuenta; a la hora de repartir no se nos considera. Y ello con este agravante: mi provincia, por razones de su desfavorable condición geográfica, no tiene cursos de agua superficiales ni grandes diques y no posee el agua suficiente para hacer regadío de superficie. Con gran esfuerzo tenemos que sacar el agua del subsuelo para poder cultivar nuestra tierra, y esa energía que nosotros necesitamos, no para iluminación sino para hacer producir el suelo, para que nuestros agricultores puedan trabajar, la estamos pagando al mismo precio que abona el ciudadano que vive en un centro importante y que la usa para su confort. Vale lo mismo la energía en la provincia de La Rioja para hacer producir la tierra que la que usa un ciudadano de la Capital Federal para su acondicionador de aire, con la finalidad de un mayor confort.
Esta es otra de las injusticias que también debe ser tenida en cuenta en el momento de establecer contribuciones y de repartir los recursos de este país, que en definitiva salen todos del mismo bolsillo y deberían tener un tratamiento similar.
Por todas estas razones, señor presidente, valoramos la importancia que tiene este proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos, pero con una salvedad: vamos a votar este proyecto porque entendemos que es necesario para el país, a fin de ordenar el reparto de recursos y terminar con la anarquía que existía hasta este momento en el manejo de la distribución de los recursos, pero asimismo debemos formular las siguientes reservas: no satisface en absoluto los merecimientos, los derechos y las expectativas de mi provincia. Por ello dejo sentado que este voto lo voy a emitir con la condición y la esperanza que leyes futuras tengan en cuenta esta desigualdad a los efectos de equilibrar la situación en el momento de repartir otro tipo de recursos. De no ser así, esta gran brecha de desarrollo qué existe entre las distintas provincias se va a ir acrecentando con el correr del tiempo.

Proyecto de ley sobre promoción industrial (22 y 23 de septiembre de 1988)

22 y 23 de septiembre de 1988 – 27º Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 3018 a 3028

Sr. Menem. — Señor presidente: desde luego que voy a votar en contra de este proyecto de ley. Y lo voy a hacer porque —como dijo un colega hace algunos instantes, no sé si deliberadamente o se le escapó la palabra, pero creo que lo definió perfectamente— es un “despojo” hacia las provincias del Acta de Reparación Histórica. Y para colmo, es un despojo que no beneficia a nadie. Si esta ley se dictara en contra de nuestras provincias para favorecer a provincias hermanas, créanme que la votaría afirmativamente con mucho gusto. Y ésta no es una mera expresión sin fundamento.
Cuando se presentó en la Cámara de Diputados este que con el tiempo será llamado el tristemente célebre proyecto de ley Socchi, los representantes del Acta de Reparación Histórica en esta Cámara presentaron un proyecto de ley alternativo.
Ese sí era un proyecto que promocionaba la industria en todo el país. Era un proyecto perfectamente estructurado en el que se determinaban las zonas de producción y los distintos impactos que debía tener parar promover una verdadera radicación y posibilitar el desarrollo equilibrado del país. Ese era el mensaje que dábamos las provincias que teníamos un régimen de excepción y no de privilegio, régimen de excepción que queríamos compartir con todas las provincias hermanas.
Lamentablemente, ese proyecto ni siquiera fue tenido en cuenta porque ya existía la intención de seguir adelante con este otro de destrucción de la promoción industrial en nuestro país.
Creo que nadie debe sentirse contento. Mejor dicho, creo que hay alguien que está contento. Pienso que esta noche va a quedarse muy contento el secretario de Hacienda, porque, según su criterio, los problemas que tiene la Tesorería son debidos a la ley de promoción.
Por supuesto, también van a quedar muy contentos aquellos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que elaboraron ese dictamen publicado íntegramente en un diario del país, que no fue desmentido en su momento; dictamen que fue solicitado por el gobierno nacional, con respecto al régimen de promoción, al que el Fondo calificaba de perverso. Ellos van a estar muy contentos.
Pero creo que a medida que pasen los días esta euforia que están viviendo y van a vivir algunos gobernadores de provincia, creyendo que con esto van a tener la solución, se va a diluir, y en un tiempo más nos van a dar la razón, lamentablemente, cuando ya la promoción industrial esté definitivamente muerta en el país.
Porque de pronto hubo cómo una psicosis colectiva. Todo el mundo descubrió que los males del país se originaban en la ley de promoción industrial y, más precisamente, no en la ley en general, sino en las leyes que beneficiaban a las cuatro provincias. Ahí estaban los males. Y salieron artículos en los diarios, declaraciones, denuncias de evasiones impositivas.
Se me ocurrió pensar en un título, no sé si de una película o de un libro: Disparen sobre el pianista. Aquí era “Disparen sobre las provincias del Acta de Reparación Histórica”. Desde ese momento nos venimos sintiendo agredidos, no solamente porque nos quieren sacar la ley, sino por una serie de falsedades, mentiras e infundios. Venimos soportando desde hace tiempo aquello de provincias privilegiadas, galpones de facturación, industrias con rueditas, fraude, etc.
De pronto pareciera como que se consagró un nuevo pecado: el querer desarrollarse, querer salir del atraso y la postergación, querer dar fuentes de trabajo a los hermanos puntanos, sanjuaninos, catamarqueños y riojanos, cuyo único destino era, desde hace muchos años, emigrar de sus provincias en busca de mejores horizontes. Ahí están las colonias de riojanos, santiagueños… Allá están en Caleta Olivia, en el sur; en el cinturón industrial de Buenos Aires, muchos viviendo en villas miserias. Pero allí pueden ganarse el sustento, cosa que no pueden lograr en nuestras provincias por falta de trabajo.
En definitiva, no se trataba de que recibieran becas o subsidios sino que se les permitiera cumplir con el precepto bíblico de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. De eso se trataba. Pero de pronto el precepto bíblico se convirtió en pecado y ahí radicaban todos los males del país: el déficit fiscal, la evasión, la deuda externa, la desnutrición. En fin, parecía que todas las plagas de Egipto estaban originadas en las leyes que beneficiaban a estas provincias del Acta de Reparación Histórica.
Y de pronto, la panacea, el proyecto Socchi. De pronto, todo el mundo detrás de esta iniciativa que iba a solucionar todos los problemas.
Pareciera, señor presidente, que este tema de la promoción industrial había nacido únicamente para las provincias del Acta de Reparación Histórica. Pareciera que se olvidaron de que este tema data de hace muchísimos años. Observen que el primer proyecto de promoción industrial fue dictado por el Primer Triunvirato en 1812. Desde entonces se sucedió una larga cadena de leyes de promoción, que por respeto a mis colegas y dado lo avanzado de la hora no enunciaré, pero que tengo perfectamente registrada.
La promoción y los beneficios no se inventaron para el Acta de Reparación Histórica. Mucho antes que para nuestras provincias hubo ya desarrollos en otros Estados provinciales a los que nosotros, es cierto, mirábamos con un poco de envidia. Sin embargo, nunca salimos a promover la derogación de esos regímenes.
Veíamos cómo crecía Córdoba, con sus industrias y fábricas de automóviles; cómo se desarrollaba Mendoza y la mayoría de las provincias argentinas. Mientras tanto, nosotros estábamos estancados y sufríamos el éxodo de nuestra población. Cada vez había más riojanos y catamarqueños fuera de sus provincias. Nos habíamos convertido, prácticamente, en una fábrica de colocar servicio doméstico en el resto del país.
Si quisiéramos hilar fino, es posible que haya habido gente a quien le habría molestado que cuando se empezaron a radicar fábricas en nuestras provincias comenzó a disminuir la oferta de servicio doméstico en la Capital Federal y en todas sus zonas aledañas. Porque esas chicas que no tenían trabajo en Catamarca o La Rioja debían trasladarse a Buenos Aires para trabajar como empleadas domésticas. Ahora, en cambio, trabajan en nuestras fábricas y son buena mano de obra, incluso reconocida por otros. Se terminó esa situación y tuvieron que traer gente de Paraguay, de Chile y de otros lados para ocuparse de esas tareas porque ya no contaban con las riojanas y catamarqueñas que, en su momento, poblaban los andenes de Retiro a donde llegaban desorientadas y sin saber hacia dónde debían tomar.
¡Cómo no nos va a doler señor presidente, que de pronto se considere que ésta es la causa de los males del país, que nuestro desarrollo es el que los origina, como si fuéramos extraños a la Argentina, como si las fábricas que se radicaron en La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan no contribuyeran también al progreso de la Patria!
No es cierto lo que se dice y lo voy a demostrar con números. Es absolutamente falso que la mayoría de esas fábricas se instalaron en nuestras provincias dejando a otras vecinas. Es muy bajo el número de industrias trasladadas; en efecto, en La Rioja sólo es del 10 por ciento. El 90 por ciento restante corresponde a industrias genuinas, que no provienen de traslados desde otras provincias. Quienes han afirmado lo contrario han agregado otro dato inexacto a esta cuestión. Ello ha motivado que muchas provincias apoyen este proyecto de ley porque creen que nosotros les hemos quitado algo.
Escuchaba recién al señor senador por Santiago del Estero cuando afirmaba que desde que se sancionó el Acta de Reparación Histórica no se radicó una sola industria en su provincia. Le contesto que esa situación no puede obedecer a las consecuencias del acta mencionada. Muchas otras son las causas por las cuales nuestra industria está deprimida y por las que se han cerrado establecimientos industriales. Eso se debe a que no hay inversión. Ya lo señaló aquí, con su verbo encendido, el compañero Sánchez: se pasó de una cultura del trabajo y de la producción a otra de la especulación.
De pronto en nuestro país a nadie se le ocurría invertir para producir porque resultaba mucho más fácil entrar en la “timba” financiera. Estamos en una cultura de la especulación.
Por ello, cada vez que se levanta una chimenea en nuestras provincias reciben un golpe las mesas de dinero; se trata de un golpe contra la “timba” y contra todos aquellos que están mirando dónde poner su dinero, dónde les ofrecen más interés. Eso es mucho menos riesgoso que invertir, inclusive, es menos riesgoso que invertir en los regímenes de promoción industrial porque ellos también tienen riesgo.
Lo que no escuché decir esta noche por parte de quienes están a favor de la ley, o no escuché valorar, es en qué medida juega la desfavorable situación de nuestras provincias, en dónde se van a radicar estas nuevas empresas, en qué medida se alejan de los mercados de consumo y tienen que luchar contra nuestra falta de infraestructura.
Es mucho más caro producir allí que aquí; por eso viene este sistema de compensaciones a través de franquicias impositivas. Ocurre que, mientras se instala una industria aquí, en el Gran Buenos Aires o en otras de las zonas cercanas al puerto, no hay problemas de agua.
En mi provincia se debe recorrer una gran distancia para poder obtenerla. Y, como se decía hace unos momentos, para producir pagan la energía eléctrica allá, en la provincia, al mismo precio al que la paga un ciudadano que utiliza su equipo de aire acondicionado para confort en la Capital Federal. Exactamente al mismo precio.
Tienen que entender que en nuestras provincias cuesta mucho más. El transporte es caro y estamos incomunicados. A nosotros se nos suprimió el tren, y va uno carguero —que nadie quiere utilizar porque es pésimo el servicio— una vez por semana.
Tenemos un avión por día, con el que nos comunicamos únicamente con Buenos Aires y, si queremos ir a San Juan o Tucumán debemos venir primero a Buenos Aires y luego nos trasladamos a la otra provincia.
Eso debe ser valorado cuando se piensa en los beneficios relativos de que gozan las industrias que se radican en nuestras provincias. Pero, de pronto, eso es pecado. Hay que tirar abajo la promoción y ya estamos embarcados en una ley que va a sumir a nuestro pueblo en la desesperación y la angustia.
Se ha venido formulando una serie de críticas a los regímenes de promoción a través de todos los diarios, de la prensa en general, y yo las voy a contestar.
Hoy nos van a dejar sin la ley; hoy nos van a dejar sin la promoción. Pero yo les voy a demostrar que están cometiendo un error, y les voy a contestar una a una algunas de las críticas que se hicieron, aun a riesgo de extenderme un poco.
Pero permítaseme esto que se denomina “derecho al pataleo”, ya que quiero que el día de mañana sepan valorar lo que les estamos diciendo esta noche, que se están equivocando, no sólo porque no va a haber promoción, sino porque están cometiendo una injusticia con nosotros.
Por ejemplo, se presenta la promoción industrial como uno de los principales componentes del déficit fiscal del país y como el canal para la evasión impositiva.
En 1987, en la provincia de La Rioja, el cupo fiscal para la promoción —igual al de las otras provincias— aprobado por el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Nación, fue de 31 millones de australes, monto que nos costó sangre conseguir. Fue así porque el año pasado, la gente de la Secretaría de Hacienda envió el mismo cupo que el año anterior, como si en el país no hubiera existido inflación. Giró nuevamente 17 millones de australes. Y aquí tuvimos que discutir, en la Comisión y, con la buena voluntad del señor senador Trilla y otros señores senadores, pudimos llegar a esos 31 millones de australes. Así, toda la región en que se aplica la ley de promoción —es decir, las cuatro provincias— recibió un cupo de 124 millones de australes.
La irrelevancia del costo fiscal de la promoción puede evidenciarse si se lo compara con las pérdidas de las empresas del Estado, que no prestan servicios en la provincia de La Rioja.
A valores del presupuesto de 1986, el cupo fiscal para La Rioja fue de 17 millones de australes. A su vez la empresa Ferrocarriles Argentinos, en ese año, arrojó un déficit de 700 millones de australes. Quiere decir que ocho días de déficit de Ferrocarriles Argentinos pagarían un año de promoción industrial en La Rioja.
Si se sumasen los déficit de ELMA —Empresa Líneas Marítimas Argentinas—, Administración General de Puertos, Ferrocarriles Argentinos y Astilleros Navales del Estado, el total alcanzaría a 896 millones de australes, lo cual equivale a cincuenta y tres años de promoción en La Rioja.
La región promovida por la ley 22.021 es cuestionada por ser el “paraíso fiscal” y el “coto de caza” de las empresas evasoras.
Téngase presente que las empresas radicadas deben localizarse en áreas que no disponen de las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad industrial, lejanía del mercado y de los abastecedores de materias primas y semielaboradas, carencia de infraestructura y equipamiento, etcétera, lo que por cierto genera sobrecostos. Dichas empresas deben comprometerse a hacer real programas de inversión, aporte de tecnologías, generación de empleos y producción, los que son doblemente controlados por la DGI y por la autoridad de aplicación.
Por otra parte, existe la economía marginal o subterránea de las empresas que sin moverse de Buenos Aires, sin programas de inversión, empleo de tecnología ni producción, están promovidas de hecho. Aquí, señor presidente, se critica mucho la promoción industrial de nuestra provincia, que se hace de acuerdo con la ley, pero se olvidan todas aquellas empresas que están promovidas de hecho porque trabajan en negro y están al margen de todo control fiscal.
Según la DGI, sobre un millón de potenciales contribuyentes del IVA, el 65 por ciento no está ni siquiera inscripto.
¿Cuál es la incidencia negativa que sobre la recaudación tienen doscientas cincuenta empresas en La Rioja y mil quinientas en toda la región que al estar puestas en marcha están liberadas del ciento por ciento del IVA por cinco años?
La relación indica que por cada mil evasores existen dos empresas promovidas con uso efectivo de franquicias.
Con respecto al déficit fiscal achacado a la promoción podemos comparar el total de recursos que el Estado asignó para todo el país en 1987. Así veremos que se llegó a 2.064 millones de australes incluidos nuevos proyectos y otros promovidos con anterioridad. Esa cifra, aproximadamente 600 mil dólares orientados a la promoción de la economía, representa apenas el 10 por ciento de los recursos que se giraron al exterior en concepto del pago de los intereses de la deuda externa.
Finalmente, es necesario aclarar que el análisis hecho anteriormente toma como elemento de referencia el costo fiscal teórico, concepto que exagera el costo real e induce a error a la opinión pública y a los gobernantes pues se lo presenta como un subsidio, cuando en la realidad ni las provincias ni las empresas reciben dinero de la Nación.
Por lo tanto, el costo fiscal no integra una cuenta en el presupuesto ni como erogación ni como una cuenta negativa en el cálculo de recursos. Además, su significación real queda minimizada ante otros factores de enorme gravitación sobre el déficit fiscal.
Sin embargo, a partir de la ley de coparticipación aprobada en 1988, el costo fiscal teórico de la promoción es considerado un aporte implícito y es deducido de las transferencias del gobierno nacional hacia las provincias.
El paraíso fiscal, el jubileo, la indulgencia universal y plenaria concedida por el Papa sería la bendición fiscal que a juicio de los detractores de la ley 22.021 alcanza a las empresas radicadas en La Rioja y las otras provincias.
El concepto exagerado del costo fiscal resultante de la promoción se origina en la metodología de cálculo que aprobó la resolución 773/77 de la ex Secretaría de Comercio y en un trabajo elaborado en enero de 1978 por la Secretaría de Hacienda, cuyo objetivo era ilustrar sobre la manera correcta de efectuar el cálculo del costo fiscal, es decir lo que el Estado deja de percibir.
Esta interpretación del concepto al que la ley 21.608 le imputa el carácter de costo fiscal teórico, avanza hasta afirmar que el Estado deja de percibir los impuestos involucrados en la promoción. Esta afirmación sólo resultaría cierta en dos casos atípicos, al menos en lo que respecta a mi provincia: primero que la empresa hubiera estado tributando y al trasladarse al área de promoción dejara de hacerlo y, segundo, que tratándose de una nueva actividad generara por competencia el cierre de otras empresas contribuyentes.
Nuestra experiencia indica que sin promoción, la actividad productiva no se hubiera generado, permaneciendo la inversión en el circuito financiero o en la actividad especulativa.
La promoción genera —con lo que se desmiente la idea del jubileo— nuevos recursos fiscales. Tenemos que aclarar que la promoción no resulta absolutamente gratuita. Es mentira que el Estado no perciba nada. Se generan nuevos ingresos para el Estado, y lo voy a demostrar.
Primero, en la etapa de instalación de las empresas, previamente a su puesta en marcha, se paga el 70 por ciento del IVA de los bienes de uso, el 100 por ciento de los impuestos internos, el 100 por ciento del impuesto al capital, el 100 por ciento del impuesto a los combustibles y el 100 por ciento del impuesto de sellos.
En la etapa de producción, a partir de la puesta en marcha, se paga el 100 por ciento de los impuestos internos, el 100 por ciento del impuesto a los combustibles, el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento de los derechos de exportación, el 100 por ciento de las contribuciones de previsión y asistencia social, el 100 por ciento del FONAVI y el 100 por ciento de tasas y tarifas como ser la energía eléctrica, agua, teléfono, etcétera.
Además, se debe pagar del 5 al 85 por ciento del impuesto a las ganancias, a partir del sexto año y hasta el año número quince; del 5 al 85 por ciento del IVA a partir del sexto año y hasta el año quince; del 5 al 85 por ciento del impuesto a los capitales a partir del año sexto y hasta el año número quince; y el 100 por ciento del impuesto a las ganancias. IVA y a los capitales, después del año quince.
En relación a los tributos provinciales, las radicaciones en la capital pagan todos los impuestos. Primero, en la etapa de instalación, deben abonar el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento del impuesto inmobiliario y el 100 por ciento del impuesto a los automotores y acoplados. Segundo, en la etapa de producción, el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento del impuesto inmobiliario, el 100 por ciento del impuesto a los automotores y acoplados y el 100 por ciento del impuesto a los ingresos brutos.
La conclusión es evidente. Aun desde el punto de vista del ingreso fiscal, la promoción industrial es ventajosa. Ella se magnifica cuando se tiene en cuenta la multiplicación de actividades que la empresa promovida produce sobre el resto del empresariado.
Además, la promoción hace identificable a los contribuyentes y amplía la base tributaria por la propia actividad y por inducción de otras actividades productivas y de servicios.
Este es otro de los fantasmas que quiero aventar. No es cierto que sean todos subsidios; hay actividad, se generan servicios y bienes, se pone en marcha el efecto multiplicador, y además se pagan los impuestos en la proporción que acabo de mencionar.
Otro de los fantasmas, otra de las mentiras, ha sido decir que estas leyes de promoción de nuestras provincias ocasionaron el vaciamiento de la industria nacional. Las jurisdicciones que concentran la actividad industrial, como Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, representan el 85 por ciento del producto bruto industrial nacional. Estas jurisdicciones argumentan la urgente necesidad de una ley de promoción que concluya con el éxodo que la 22.021 produjo hacia La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan. De este modo se presenta a esta región como la causante del vaciamiento y la contracción de la actividad industrial nacional.
El censo económico nacional de 1985 muestra que en el período 1974-1985 se cerraron 15 mil establecimientos industriales, con pérdida de 166 mil puestos de trabajo. Desde luego, las provincias más industrializadas sufrieron en mayor medida el impacto. Y esto lógicamente tenía que ser así, porque, ¿cómo íbamos a sufrir nosotros, si en ese tiempo no teníamos industria?
Pero es desacertado asignar a la ley 22.021 la responsabilidad el achicamiento económico nacional. Por el contrario, en todo caso la promoción permitió evitar que la tasa de inversión privada, que bajó del 22 al 12 por ciento, fuera aún menor, ya que de cada seis australes de inversión, un austral fue aportado a través del sistema de promoción, sustrayéndolo del circuito de la especulación financiera.
Si comparamos el número de industrias radicadas en la región de aplicación de la ley 22.021, que son 3.500 proyectos, con las que están en producción efectiva, que son 1.500 proyectos, podremos entender por qué son falaces los argumentos de las provincias ricas que cuestionan el régimen de promoción por generar un traslado de actividades o éxodos industriales, y no una nueva actividad. En el caso de La Rioja, sólo el 10 por ciento de los proyectos propusieron traslados y, además, traslados parciales de algunas máquinas, pero manteniendo la actividad en la zona de origen sin cierre de las fuentes de trabajo. Ese 10 por ciento significa para la región el traslado de 150 proyectos de los 1.500 que se encuentran en producción. Queda claro que existe una diferencia abismal entre los 15 mil establecimientos que la política económica de los últimos diez años obligó a cerrar y los que vinieron a radicarse en virtud de la promoción.
Otro de los argumentos en contra del régimen de la ley 22.021 es el de la competencia desleal que se genera para con las industrias de los grandes centros por parte de las radicadas en áreas de promoción. Se afirma que se afecta la normal competencia. Pero, ¿de qué normal competencia se puede hablar, si Buenos Aires tiene 40 mil establecimientos industriales, contra los 250 que tiene La Rioja? Buenos Aires tiene más del 40 por ciento de la industria nacional. ¿De qué normal competencia se puede hablar, dadas las facilidades que tiene la actividad industrial en Buenos Aires para operar con los distintos proveedores, de acceso al mercado consumidor —más del 60 por ciento de la población nacional reside en Buenos Aires, y si consideramos la Capital Federal este porcentaje se incrementa al 88 por ciento con sólo cruzar la avenida General Paz—, de infraestructura, comunicaciones, transporte, servicios especializados, proximidad al puerto exportador de sus productos terminados e importados de sus materias primas y semielaboradas? La competencia desleal que le hace La Rioja a Buenos Aires y a su área de influencia es la misma competencia desleal que David podría haberle hecho a Goliat.
Las provincias que más duramente cuestionaran la promoción riojana, presentando la región como el paraíso fiscal, son las que se beneficiaron permanentemente con la promoción, y en esto, señor presidente, no quiero entrar a generar problemas ni discusiones con colegas de otras provincias sino que estoy exponiendo datos objetivos, de la realidad, que no tienden a cuestionar el desarrollo de las otras provincias. A mí no me molesta que se radiquen industrias en ellas pero sí me molesta que con argumentos falaces como los que he mencionado se le esté quitando la promoción industrial a la mía.
El estudio del CFI sobre los resultados de la aplicación de la ley general 21.608 muestra que Buenos Aires recibió el 35,4 por ciento; Santa Fe, el 11,9 por ciento y Mendoza el 5 por ciento de la inversión promovida hasta diciembre de 1984, que fue de 3.300 millones de dólares.
En 1988, cuando a través de la discusión de la nueva ley de coparticipación, se idea deducir de los recursos coparticipables los costos de la promoción considerados aportes implícitos, la Secretaría de Hacienda publica los costos que la promoción generó en 1985 y 1986. Mientras en 1985 La Rioja recibía —entiéndase bien— el 0,5 por ciento del total de los recursos destinados a promoción industrial, Buenos Aires recibía el 10,9 por ciento y Santa Fe el 14,7 por ciento: esto es, respectivamente, 22 veces y 30 veces más promoción que la que se asignó a nuestra provincia.
Señor presidente: creo que cuando expresamos nuestro descontento y este dolor de sentirnos despojados tenemos razones para hacerlo. Estamos hablando con datos de la realidad; esto no es retórica, es lo que está pasando en nuestro país en este momento, en 1988, en que se nos quiere despojar en forma quizás equivocada, tal vez por desconocimiento de la realidad de nuestras provincias, de un régimen de promoción que nos ha devuelto hace algunos años —y lo sigue haciendo todavía— las fuentes de trabajo; que ha frenado el éxodo de nuestra población; que ha generado vida y que, fundamentalmente, nos ha dado la posibilidad de poder decir que somos realmente una provincia y no un baldío nacional.
Otra de las críticas que se nos hacen es que nuestras provincias ejercen la autoridad de aplicación en una forma complaciente. Se presenta a los poderes ejecutivos provinciales que actúan como autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones, asumiendo conductas complacientes, cuando no irresponsables: el desinterés por la selección de los proyectos, la violación de la normativa referida al trámite administrativo previo a la promoción, se promovería sin la imputación al cupo fiscal que debe hacer la Secretaría de Hacienda, se omitiría la consulta a la Secretaría de Industria en el caso que corresponda, no se dispondría de la aprobación del Poder Ejecutivo nacional de las inversiones de empresas extranjeras o locales de capital extranjeros, la falta de interés por la radicación, la inversión y producción efectivas, la falta de control de procedimiento de sobrefacturación, etcétera. En síntesis, no se aprovecharía el sistema para el rédito económico o social que la producción genuina trae aparejado.
A tales afirmaciones corresponde responder que gracias a la descentralización de la autoridad de aplicación en manos de las autoridades provinciales podemos exhibir estos resultados: por primera vez en la historia de la promoción industrial argentina se captan proyectos de inversión para La Rioja.
Veamos la eficacia y la eficiencia de la promoción. Ya dijimos anteriormente cuáles fueron los resultados. Por primera vez la promoción industrial mostró un nivel tan alto de materialización de proyectos: 50 por ciento puestos en producción efectiva con relación al total promovido; 75 por ciento de proyectos que trasuntan un real interés empresario.
Por primera vez se aplica un efectivo sistema de control con imposición de sanciones por incumplimiento, a pesar de la falta de colaboración de la Dirección General Impositiva que se niega y se ha negado a informar en reiteradas oportunidades al gobierno de mi provincia sobre el uso de beneficios por parte de incumplidores amparados en el secreto impositivo.
El 14 por ciento de las empresas presenta distintos incumplimiento y al 7 por ciento de las promovidas se le revocaron los beneficios con devolución de los tributos y multas.
Yo tengo testigos calificados. Puedo poner de testigos a las Secretarías de Industria y Comercio y a la de Hacienda; puedo poner de testigo a la propia Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que alguna vez conversamos sobre estos temas de la promoción fiscal en nuestras provincias. En esa oportunidad he tenido el gusto de escuchar por parte de algunos colegas que decían que realmente en mi provincia era un orgullo, un lujo u otros términos similares ver cómo se había hecho la aplicación de la ley de promoción industrial.
La propia autoridad de aplicación provincial, interesada en el seguimiento y control de los proyectos, dictó normas complementarias estableciendo un doble sistema de control: directo, por inspección a los establecimientos e indirecto, por declaraciones juradas trimestrales, que reflejan mes por mes la ejecución de los proyectos.
Más de una vez me vinieron a hablar empresarios que querían radicarse en La Rioja para decirme que éramos demasiado celosos en las exigencias de los recaudos que debían cumplir para radicarse. En buena hora que seamos celosos porque ello asegura que se trate de radicaciones serias y efectivas.
Ahí están los resultados; mienten los que dicen que son galpones con rueditas. Yo lo he desmentido públicamente. Los invito a que vayan al parque industrial de mi provincia y observen si están realmente radicados o si son meros galpones de facturación.
Los que afirman eso, o lo dicen por ignorancia, porque no lo conocen o, lo que es más grave aún, lo conocen y lo dicen con la más absoluta mala fe, y esto es imperdonable.
La autoridad de aplicación provincial dictó el decreto 298/86 que establece criterios de selección por calidad de los proyectos, dando prioridad a las inversiones nuevas en oposición al traslado, a la consolidación de la industria ya instalada con relación a nuevas, a la integración con actividades industriales ya existentes y la transformación de las materias primas del semiárido y de la minería, a la mayor generación de valor agregado, a la localización de las inversiones en el interior provincial y a la mayor generación de empleo.
Los proyectos que no alcanzan criterios de mínima, no son promovidos. Los que los alcanzan, no satisfaciendo plenamente las exigencias cualitativas, reciben una escala recortada de beneficios.
Todos los proyectos promovidos cuentan con la imputación presupuestaria correspondiente. La información obra en poder de la Secretaría de Hacienda, así que puede ser perfectamente controlada.
En todos los casos se remiten, previo a la promoción, las consultas que corresponden a la Secretaría de Industria y a la Secretaría de Coordinación Económica, en el caso de inversiones extranjeras.
En oposición a los resultados de autoridad de aplicación centralizada podemos decir —y esto es importante— que se promovió la pequeña y mediana empresa, que la inversión promedio por proyecto fue de 814 mil dólares, mientras que a nivel nacional se promueven grandes empresas con una inversión promedio igual a 11 millones de dólares.
Esto, señor presidente, es favorecer efectivamente a la pequeña y mediana empresa. Hemos promovido a un promedio de 814 mil dólares por empresa, mientras que la promoción a nivel nacional se hizo a un promedio de 11 millones de dólares.
También se generó más empleo. Les voy a pedir que escuchen bien los señores senadores los datos que voy a proporcionar, que sirven también para desmentir otras afirmaciones falaces que se andan haciendo por ahí. En mi provincia, por cada 28 mil dólares de inversión se creó un puesto de trabajo; en tanto que a nivel nacional se creó un puesto de trabajo por cada 113 mil dólares de inversión. Comparen, señores senadores, 28 mil dólares contra 113 mil dólares y saquen la conclusión.
“El costo fiscal teórico promedio de un proyecto en La Rioja es cinco veces menor que en Buenos Aires y dos veces menor que en Mendoza.
”La fuente de esta información es el Consejo Federal de Inversiones: ‘Evaluación de los Regímenes de Promoción, Leyes 21.668 y 22.021’. A estos datos proporcionados por el Consejo Federal de Inversiones, me remito”.
Con esto estamos demostrando que si se nos quita el régimen promocional de nuestra provincia será por otras razones muy distintas a las que se han venido invocando. No quiero entrar a analizar esas razones, pero ellas no son las que se invocan en el sentido de que es el paraíso fiscal, ni que haya traído el vaciamiento de la industria nacional ni que haya evasión. No hay nada de eso. Que invoquen cualquier otra razón, pero que no digan que es por alguno de estos argumentos, ya que creo que ha quedado claramente demostrado que no tienen razón de ser.
Pero hay más, señor presidente. Aquí se han arrojado toda clase de epítetos contra nuestra ley de promoción industrial, concretamente contra el régimen de la provincia; pero no se ha dicho nada o se ha minimizado cuál ha sido la magnitud o los costos de la promoción industrial sectorial. Esa realmente ha sido la gran promoción industrial del país.
En mi provincia, la inversión total promovida entre 1980 y 1987 —siete años de promoción— alcanzó a 424 millones de dólares.
A su vez, si analizamos la promoción sectorial —en este caso la fuente de información también es el Consejo Federal de Inversiones, de donde he obtenido las características de los cincuenta mayores proyectos de promoción industrial entre 1974 y 1987— veremos que en Buenos Aires se promovieron doce proyectos con una inversión de 798 millones de dólares. En Santa Fe se radicaron cinco proyectos con un total de 892 millones de dólares. En Misiones se radicaron cuatro proyectos con un total de 978 millones de dólares. En Tierra del Fuego se radicaron tres proyectos por 425 millones de dólares. Estas provincias promovieron más que La Rioja, Catamarca y San Juan. […] Hay una “pequeña” gran diferencia. Por ejemplo, Celulosa Argentina está promovida por 525 millones de dólares. Impagro —que produce urea, amoníaco y nitrato—, en Santa Fe, fue promovida por 491 millones de dólares. Es decir, más que toda la promoción industrial en La Rioja a lo largo de siete años. […] Hay otra cosa; otra “pequeña” gran diferencia.
Mientras en La Rioja hemos promovido la pequeña y la mediana empresa —y ya he dado la cifra promedio de 814 mil dólares—, algunas beneficiadas con la promoción sectorial son, en muchos casos, empresas monopólicas formadoras de precio, y además cotizan en Bolsa. Estoy seguro, señor presidente, de que muchas de ellas no necesitan la promoción como la necesitaron aquellas otras para radicarse en nuestra provincia. […] Entonces, cuando hablamos de la promoción industrial […] y de los costos, por favor, no le echemos todo el fardo a nuestras provincias del Acta de Reparación. Empecemos por lo grande, por la promoción sectorial y recién después sigamos con lo pequeño, o sea, las pequeñas empresas radicadas en nuestras provincias. […] Esta ley no sirve para promover. No habilita la promoción efectiva a las provincias que no la tienen porque no define todo el sistema. Necesita de otra ley porque falta resolver: 1. Qué jurisdicciones accederán a la promoción y cuáles quedarán excluidas; 2. Las áreas incluidas, con qué tasa de promoción; 3. El régimen del capítulo I, de promoción regional con sentido “sectorial”, qué actividades habrán de priorizarse en cada provincia, cuáles se excluirán; 4. La definición del valor agregado que, al ser un tecnicismo, representará la cantidad de bonos que recibirán las empresas promovidas por el régimen regional sectorial; 5. La ponderación del valor o peso relativo que las variables mencionadas en el artículo 8º representarán para determinar la intensidad de promoción en cada jurisdicción.
¿Qué se priorizará? ¿La distancia al kilómetro cero, la tasa de desempleo, los vacíos de población, la tasa de migración? ¿Qué se priorizará? Este es el meollo de la cuestión.
Por ello, señor presidente, no se ha enviado junto con éste el otro proyecto de ley, porque saben que va a ser de muy difícil consecución y acuerdo para poder compatibilizar todas las necesidades del país, todas las necesidades de las provincias, a través de esas pautas. Por eso no se ha enviado el segundo proyecto de ley. No va a ser muy fácil conseguir la vigencia plena del régimen.
La definición de estos aspectos reservados al segundo proyecto de ley, tal como lo establece el artículo 8º, no sólo será de laboriosa definición técnica sino, sobre todo, de difícil acuerdo político. Será, en su escala, una nueva ley de coparticipación.
Con respecto a la aprobación de la segunda ley, aunque su proyecto sea remitido en plazo por el Poder Ejecutivo, nadie conoce mejor que nosotros, los legisladores, las dificultades que van a existir para sancionarla.
Ya tuve la oportunidad de hacer referencia a la denominada cláusula “gatillo” que, teóricamente, serviría para que nosotros recuperáramos nuestra condición de autoridad de aplicación si no se dictaran los decretos.
Eso no va a funcionar, señor presidente. Este proyecto de ley dice que si en el plazo de sesenta días de sancionada la norma a que se refiere el artículo 8º no se dictaran esos decretos, recuperaríamos nuestra condición de autoridad de aplicación. Nosotros sabemos que esa ley a la que hace referencia el artículo 8º no va a ser sancionada, al menos por mucho tiempo.
Por ello, decir que vamos a recuperar la autoridad de aplicación es una mera utopía. Por ese motivo, el período de transición desde la aprobación de esta ley marco hasta el dictado de los decretos reglamentarios será, seguramente, mucho más largo que los plazos mínimos previstos. Ese período, en el mejor de los casos, puede ser de uno o dos años. Entonces, las provincias que hoy no pueden resolver sus radicaciones tampoco podrán hacerlo después.
Yo les pido a los señores senadores, me permito solicitarles que no lleven a sus provincias las expectativas de que va a haber radicaciones industriales a corto plazo, porque van a generar una esperanza que no va a ser acompañada por los hechos y nuestro pueblo va a sufrir una nueva frustración. Creo que ningún argentino merece seguir sufriendo frustraciones a causa de la situación económica que estamos viviendo.
Por ello, cuando consideremos en particular el artículo 56, si se llegara a sancionar como parece este proyecto de ley, vamos a proponer modificaciones, posibilitando una aplicación más fructífera para esta transición, de modo que las provincias realmente puedan promover radicaciones industriales.
Les pido a los señores senadores que, en este período que correrá hasta que consideremos en particular este proyecto de ley, reflexionen sobre una nueva propuesta que posibilite la radicación de industrias porque, de lo contrario, el pueblo de las provincias seguramente los va a demandar porque lo que ustedes dicen que será una nueva ley de promoción industrial no va a permitir radicar una sola industria y después van a tener que responder por esa decisión.
En el artículo 56 vamos a proponer que se pueda disponer de la autoridad de aplicación en las provincias, de modo que se tenga un cupo, como el que tienen los otros estados provinciales para promover industrias de acuerdo con las franquicias contempladas en la ley 21.608.
Vamos a proponer estas modificaciones porque estamos interesados en que haya radicaciones industriales en todo el país, de modo que nuestro pueblo no sea llevado a una nueva frustración.
En fin, podríamos seguir avanzando en la consideración de estas cuestiones.
Les pido disculpas, ya que no pensaba extenderme tanto. Pero se trata de una cuestión que toca muy de cerca a nuestro pueblo, a las provincias. Allí están esperando. En mi provincia, y estoy seguro que lo mismo debe ocurrir en Catamarca o San Luis, están esperando, como aquel que ya tiene el cuello en la guillotina, que les caiga la hoja que les cercenará la vida.
En mi provincia no se había radicado ningún proyecto en función de regímenes anteriores. Hasta 1983 se habían radicado cuarenta y cinco proyectos; desde 1984, ochenta proyectos por año. Hemos radicado cuatrocientos noventa y cinco proyectos; hemos generado 13.000 puestos de empleo; Promovimos una inversión de 424 millones de dólares en siete años. En producción hay un 50 por ciento del total promovido; en concepto de transformación de materias primas locales, el 21 por ciento; se radica el 70 por ciento en la Capital y el 30 por ciento en el interior. En materia agrícola se ha incrementado en un 16 por ciento la superficie cultivada. Y se ha incrementado, a su vez, el producto industrial en un mil por ciento. [… ] Se pasa del 0.07 por ciento al 0.7 por ciento de participación en el producto bruto de la industria nacional.
Vale decir, hemos pasado de la miseria a la pobreza, pero a una pobreza digna. Hemos mejorado. Y por eso es que defendemos con tanto ahínco este sistema. Por eso es que nos duele que nos lo quiten, sin obtener con ello un beneficio para alguien. Únicamente es para satisfacción de aquellos que ven en la industria, no un régimen de crecimiento del país sino sólo una fuente de ingresos para el fisco. Y se beneficiarán aquellos que no quieran que el país se desarrolle, aquellos de afuera que no quieren ese desarrollo y que pretenden que continuemos elaborando productos primarios solamente, porque no les gusta que seamos manufactureros.
Por primera vez en la historia del país, en mi provincia estamos exportando artículos de papelería y librería, juguetes, uva fresca. Exportamos también lo que constituye una gran esperanza para la agricultura riojana y para el país, como es la jojoba, producto no tradicional. Así, estamos generando divisas para la Nación.
Entonces, se nos quiere retrotraer al pasado, a lo que éramos antes: expulsores de población, atraso, desnutrición, frustración, pocas expectativas, un techo que nos impediría crecer y en donde el destino sería nada más que eso. Habría subocupación o la necesidad de irse fuera de la provincia.
Finalmente, quiero decir a los señores senadores, no con ánimo de influir, que cuando voten afirmativamente por este proyecto de ley, quienes lo hagan estarán generando un nuevo motivo de frustración para provincias que tradicionalmente estuvieron postergadas y que lo único que habrán querido para sus hijos a través de este proyecto de ley de promoción es, como dije anteriormente, el cumplimiento de aquel precepto bíblico que dice “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. (Aplausos.)

Proyecto de ley sobre bonos de promoción industrial (27 y 28 de diciembre de 1988)

27 y 28 de diciembre de 1988 – 36ª Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 4082 a 4090

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a procurar circunscribir mi exposición a aquellos aspectos medulares de este proyecto de ley que hoy estamos tratando, porque en el curso de este largo debate creo que el tema está agotado —por lo menos en alguno de sus aspectos—, principalmente por obra de los miembros informantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que nos han dado una cosmovisión del espectro de normas que contiene este largo proyecto.
A esta llamada “ley ómnibus” muchos la han criticado porque no es saludable ni procedente sancionar normas de este tipo.
Anteriormente se le llamaba ley ómnibus a aquella que se dictaba luego de regímenes de facto para convalidar todas aquellas leyes o decretos leyes que se habían sancionado durante esos regímenes, a fin de darles validez legal; pero después cambió el sistema y directamente se los reconoce como válidos salvo que se disponga lo contrario.
No es bueno sancionar leyes ómnibus porque en ellas se suelen incorporar muchos temas. La palabra ómnibus, que viene del latín, de acuerdo con el diccionario significa un carruaje para transportar a muchas personas. Aquí es un vehículo para transportar muchas cosas, para darle fuerza de ley a muchos aspectos de una realidad. Pero cuando se ponen muchas cosas de distinta índole, termina siendo todo muy complicado, muy confuso, como en esta ley.
La razón por la que se lo ha hecho de esta manera se debe, ni más ni menos, a una cierta forma de legislar que tiene el Poder Ejecutivo en los último tiempos, ya que suele concatenar los temas de modo que, al votar algunos, necesariamente tengan que votarse los otros.
En principio, ésta no era una sola ley sino que eran dos. Por un lado se trataba el tema de los bonos y, por el otro, se consideraban las leyes impositivas. Y todavía no se hablaba del bono de promoción industrial.
Después se le ocurrió al secretario de Hacienda lo del bono de promoción industrial, que lo incorporó junto con las modificaciones a las leyes impositivas, haciendo todo el panorama más complejo aún.
Ahora bien, esto no se hizo inocentemente, no es una ingenuidad. Esto está en el aire y todo el mundo sabe que de esta forma, como nosotros necesitamos votar los bonos de saneamiento financiero, estamos obligados a tratar —como la estamos haciendo esta noche— los bonos de promoción industrial. Esta es la realidad de la cuestión; tenemos que decirlo así, francamente, porque es la forma en que se nos obliga a tratar estos temas en forma conjunta. Primero eran dos proyectos de ley y ahora hay uno solo.
No iba a tocar el tema de los bonos de saneamiento financiero porque ya lo habían hecho los miembros informantes, pero como el señor senador por la Capital ha realizado una serie de consideraciones sobre el asunto —se ha referido a las malas administraciones, a los que gastan más de lo que reciben— yo tengo también que decir algo. Soy representante de una provincia que él ha mencionado expresamente y ha dicho que gasta más de lo que recibe.
Por supuesto, si alguien gasta más de lo que recibe está administrando mal, pero si alguien gasta más de lo que recibe porque recibe menos de lo que tiene derecho a recibir, entonces la cosa cambia.
Esto es lo que está ocurriendo. A las provincias argentinas se les está birlando una gran cantidad de dinero proveniente del excedente del impuesto a los combustibles. Entonces, resulta claro que están recibiendo de menos y que están teniendo apuros.
Es decir, el que les está dando de menos es el mismo que, por otro lado, les dice que administran mal. Todo esto lo ponen como eje de una campaña electoral y ocurre entonces, que hay diecisiete pésimos administradores y dos que son “reyes” de la administración: Córdoba y Río Negro.
Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Este es un proyecto de ley que se venía tratando pacíficamente. En la consideración no se había hablado para nada del tema electoral ni de la cuestión partidaria. Pero como ahora ha sido introducido al debate, quiero recordar, por ejemplo, y si dudan de mi palabra le pueden preguntar a los administradores de la provincia de Córdoba si no es cierto que ellos mismos reclamaron porque no se les pagó el excedente del impuesto a los combustibles.
También quiero preguntar si no es cierto que la comisión de impuestos ha fallado a favor de las provincias porque corresponde que les den el excedente del impuesto a los combustibles. Y también les quiero preguntar si no es cierto que ha disminuido la recaudación fiscal.
Lo que tenemos que hacer es poner las cosas en su orden. Yo no quiero politizar el debate. No quiero hablar de cómo administra la Nación; no voy a hacer referencia a los temas del sur. No voy a hablar de nada de eso…
Sr. Britos. — Pero hable un poco de los pollos de Mazzorín. (Risas.)
Sr. Menem. — Yo no voy a hablar de esos temas porque ya me peleé con el señor senador Brasesco y no quiero hacer que se enoje nuevamente…
Sr. Juárez. — No se pelee, señor senador.
Sr. de la Rúa. — No hay inconveniente.
Sr. Menem. — Lo que sí quiero dejar en claro es que para criticar las administraciones provinciales hay que tener autoridad. Y yo creo que en este caso los representantes del gobierno nacional no nos pueden criticar a nosotros por ese tema.
Es por esos motivos que los bonos de saneamiento financiero han sido convenidos de común acuerdo porque si la Nación no hubiera estado de acuerdo, no hubiese propuesto esta iniciativa porque éste es un proyecto presentado por el gobierno nacional.
Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. de la Rúa. — Quiero preguntarle cuánto aumentó el gasto la provincia de La Rioja. Ruego a usted que me suministre esa cifra ya que me imagino que la tiene.
Sr. Genoud. — Yo la tengo: es el 81 por ciento en cuatro años.
Sr. Menem. — Quiero decirle al señor senador que no se aflija tanto por el aumento del gasto de la provincia de La Rioja porque este incremento en el sector público obedece a un extraordinario aumento en la actividad privada de mi provincia. Nosotros, en estos cinco años…
Sr. de la Rúa. — ¿Me permite…?
Sr. Menem. —Ya que me pregunta, deje que le conteste. … hemos incrementado en más de treinta mil habitantes la población de la provincia de La Rioja porque esta provincia, que tradicionalmente era expulsora de sus habitantes, precisamente los ha retenido gracias a esa ley de promoción de la que hemos sido despojados hace poco. Además, hemos aumentado quince mil puestos de trabajo en el sector privado. Y ese aumento de la actividad del sector privado demanda mayores gastos en servicios públicos. Hemos gastado porque nombramos más de dos mil docentes; porque al tener más población necesitamos más servicios públicos, más escuelas, más hospitales, más personal de seguridad, más juzgados y más personal en la Justicia. Ahí está la razón del gasto y esto lo podemos discutir bien detalladamente cuando quieran y con los datos en la mano. Y podremos ver también cuánto han incrementado el gasto otras reparticiones manejadas por la Nación. ¡Cuánto se ha aumentado el gasto en el Congreso de la Nación, por ejemplo, en estos cinco años!
Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Si quieren que hagamos política electoral la vamos a hacer, pero creo que éste no es el momento indicado.
Sr. Solari Yrigoyen. — El gasto del Congreso es compartido, señor senador.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rodríguez Saá. — Ya que se está hablando del gasto excedente de La Rioja, quiero preguntarle al señor senador si se ha tenido en cuenta cuánto ha gastado de más la Nación; esos 9.300 millones de australes que tenemos que remediar por medio de un acuerdo. Pues entre todos los partidos políticos tenemos que aprobar tributos sucesivos que son millones de veces superiores al comentado excedente en el gasto de la provincia de La Rioja.
Sr. Brasesco. — Entonces, rompa el acuerdo y haga todo lo que tenga que hacer por el bien del país.
Si se hace un acuerdo entre caballeros, la boca tiene que estar cerrada…
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Britos. — Le pido una interrupción al señor senador por La Rioja, y solicito al señor senador Brasesco que no se “sulfure”. Vamos a conversar un poco sobre este tema porque se está poniendo lindo. (Risas.)
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Britos. — Le he pedido una interrupción al señor senador Menem.
Sr. Menem. — Le concedo la interrupción, señor senador.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.
Sr. Britos. — Señor presidente: tocaron el tema de la eficiencia radical y también la cuestión de que nuestras provincias justicialistas han andado mal. Sin embargo, a mí no me cierra la cuenta. Por un lado tenemos lo que decía recién el señor senador Rodríguez Saá sobre los 9.300 millones de australes que debemos votar hoy. Y digo que no me cierra la cuenta porque ahora debemos 20 mil millones de dólares más en concepto de deuda externa. Además, este gobierno previo una inflación del 280 por ciento para este año y en estos momentos estamos llegando al 400 por ciento.
Han recaudado en materia de seguridad social algo así como 38 mil millones de australes, a través de dos leyes, y les han dado a los jubilados únicamente 32 mil millones. Sin embargo, la inflación indica que lo que tendrían que cobrar los jubilados este año son 48 mil millones de australes. ¿Dónde ha quedado la plata faltante —ya que hablamos de la eficiencia radical— si los pobres jubilados están viviendo en condiciones paupérrimas? ¿Cómo van a venir a criticar a las provincias si la Nación está mal conducida económicamente?
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: decía que no quería tocar el tema pero lo tuve que hacer porque se me obligó a ello. No podemos dejar pasar por alto estas afirmaciones carentes totalmente de fundamento y que de ningún modo se compadecen con la realidad.
Hoy estamos tratando, entre otras cosas, el tema del bono de promoción industrial. Cuando consideramos la última ley de promoción industrial, la 23.614, respecto de la cual quiero aclararle al señor senador por la Capital que no actué como miembro informante —muy por el contrario, la critiqué y voté en contra— dije que era un verdadero despojo. Hoy, esto me está dando la razón. Esta es la consumación del despojo que se nos hizo a las provincias del Acta de Reparación Histórica cuando se aprobó la ley 23.614. Recuerdo que aquella noche lo anticipé; les dije que este era el comienzo de la terminación de los beneficios de la promoción industrial. Aquella noche señalé —y fui criticado por eso— que en el país quería terminarse con la promoción industrial debido a una exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Los hechos me están dando la razón; es la única verdad, y demuestran que en aquel momento se actuó para el futuro. En esa oportunidad se estableció la terminación de los regímenes de promoción existentes; se determinaron otros nuevos de acuerdo con los términos de la ley que se sancionó y se estipuló la sanción de una ley número 2. Pero esta ley no se sancionó; me dijeron que se estaba trabajando pero vemos que yo tenía razón. Y aún más, con este proyecto se suspenden todos los beneficios…
Sr. Juárez. — Y ésta es la ley número 2.
Sr. Menem. —… por el artículo 11.
Durante las tramitaciones previas al tratamiento de este proyecto ofrecimos como vía de negociación ponernos a trabajar en la elaboración de la ley número 2.
Sr. Genoud. — Se está trabajando.
Sr. Menem. — Si hubiera existido buena intención se habría tratado de regular como corresponde el régimen de promoción. Pero resulta mucho más fácil sancionar una norma que establezca que a partir de su sanción se cancelan los beneficios de la promoción.
Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Genoud. — La ley 23.614 que sancionamos hace unos meses, establece la necesidad de una norma complementaria a la que el señor senador por La Rioja ha hecho referencia. Esta ley complementaria se debe originar en una propuesta del Consejo Federal de Promoción Industrial, compuesto por todas las provincias argentinas.
El 15 de diciembre pasado se constituyó este Consejo al que se sumaron todas las provincias, en una reunión presidida por el Secretario de Industria. Estoy hablando de hace ocho días atrás, señor senador por La Rioja, y el Consejo ya está trabajando con algunos borradores concretos. Tengo en mi poder uno de ellos surgido de reuniones realizadas con los asesores de las Comisiones de Industria de ambas Cámaras y que constituye la base para que la ley complementaria número 2 a la que se ha hecho referencia comience a discutirse en las primeras sesiones ordinarias del próximo período.
Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Si no se sanciona esta ley complementaria será únicamente por la ineficiencia de los diputados y senadores nacionales por no saber armonizar los intereses contrapuestos en el país, más precisamente de los senadores, que somos representantes de las provincias.
Reitero que el proceso está en marcha. Se creó el Consejo Federal de Promoción Industrial y ya existe un anteproyecto a disposición de los miembros de la Comisión de Industria para que se aboquen a su estudio.
Sr. Britos. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Britos. — Me llama la atención el hecho de que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar antes de fin de año el nuevo proyecto; estamos a pocos días del 31 de diciembre y aún no ha cumplido.
Sr. Genoud. — El Poder Ejecutivo debía recabar las inquietudes del Consejo Federal de Promoción Industrial, que tenía que constituirse. Usted recordará —permítame que me dirija a usted y lo hago por intermedio de la Presidencia— que este consejo debía quedar integrado con tres representantes de la CGT, otros tres de la Unión Industrial Argentina, y un representante titular y otro suplente por cada una de las provincias argentinas.
El 15 de diciembre pasado dicho consejo quedó constituido con la presencia de la CGT que dirige Saúl Ubaldini, miembros de la Unión Industrial Argentina y representantes de todas las provincias.
Por lo expuesto, no puedo dejar pasar por alto que se formulen imputaciones de negligencia, cuando en realidad el Poder Ejecutivo y todas las provincias enviaron sus representantes, y se está trabajando decididamente en el tema.
Si no se sanciona la ley complementaria y, en consecuencia, no se establece un sistema de promoción industrial, la responsabilidad será de los senadores de la Nación.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Admiro el optimismo del señor senador por Mendoza, pero el criterio que el Poder Ejecutivo evidencia en el tratamiento de este proyecto de ley, cuando es quien debía promover la llamada ley número 2 —esto también lo establece la ley 23.614— me hace dudar mucho de que contemos con el citado proyecto para su tratamiento en las próximas sesiones ordinarias. Por otra parte, en el caso de que se tratara en el próximo período de sesiones ordinarias estaría excedido con creces el plazo que estaba previsto en la ley 23.614. Por eso realmente dudo de que vayamos a tener la ley número 2 o un nuevo régimen promocional por cuanto no es ese el criterio del gobierno que, por todos los medios, trata de ahogar a la promoción industrial, lejos de favorecerla.
Esa es la realidad. Si hubieran tenido el propósito de hacer funcionar la promoción, habríamos sancionado en su momento una única norma, por lo que no hubiera sido necesario pensar en una ley número 2; habríamos sancionado todo lo que correspondía con la ley 23.614.
Lo que sucede es que ellos saben que va a ser muy difícil lograr un acuerdo y ese va a ser el pretexto por el cual no se va a sancionar nunca la ley número 2.
Les pido que recuerden mis palabras porque cuando, Dios mediante, estemos en mayo próximo iniciando el nuevo período de sesiones ordinarias, van a comprobar que esa ley número 2 va a seguir estando en agua de borrajas.
Lo cierto es que hay un propósito evidente de cortarle las alas a la promoción. Quizás esto coincida con la falta de vocación productiva que hay en este gobierno porque, indudablemente, no han hecho nada por favorecer a la producción.
En este país lo único que ha incrementado la producción es la promoción. Si analizamos los datos estadísticos vamos a ver que en los únicos lugares donde se incrementó la producción es precisamente, en las áreas promocionadas. Esto no ha sido porque se han trasladado las industrias de una provincia a otra. Hace unos momentos le daba al senador por La Pampa un dato que conozco de mi provincia, donde menos del 10 por ciento corresponde a industrias que se han trasladado desde otra parte. El resto, más del 90 por ciento, corresponde a nuevas industrias o a ampliaciones de establecimientos que están instalados en otros lugares y que no se habrían concretado si no hubiesen contado con los beneficios que tienen en las zonas promocionadas.
No quiero volver a fundamentar el porqué de la promoción y de los beneficios, porque eso ya ha sido debatido con intensidad al tratarse la actual ley 23.614.
Simplemente quiero recordar que la promoción no es un beneficio o una concesión graciosa que otorga el Estado a los particulares en forma unilateral. Ya se ha dicho aquí en varias oportunidades que en el fondo la promoción importa un contrato, una relación bilateral. Podrá discutirse si se trata de un contrato de derecho público o privado; podrá debatirse también si se trata de un contrato de atribución o de colaboración. Pero lo fundamental es que existe una relación jurídica bilateral. Esto quiere decir que hay derechos y obligaciones para ambas partes y, si esto es así, al derecho de una le corresponde la obligación de la otra.
Cuando en una provincia de las que tienen el régimen de promoción se ha instalado una industria, se lo ha hecho en ciertas y determinadas condiciones que generan obligaciones recíprocas; es decir, la empresa debe cumplir con ciertos requisitos y el Estado, en caso que se cumplan, debe otorgarle el beneficio. Así funciona esta relación bilateral que es de derecho público porque contiene exenciones impositivas y que se rige, desde luego, por las mismas normas que reglan los contratos administrativos.
Entonces, lo que no puede hacerse desde ningún punto de vista es cambiar en forma unilateral las condiciones bajo las cuales se ha radicado una industria, que es lo que ocurre precisamente en el caso del proyecto que estamos considerando.
El senador por la Capital lo ha dicho claramente: no deben cambiarse las condiciones bajo las cuales se realizó la radicación; repito que esto es lo que está ocurriendo.
En otras palabras, se cambian totalmente las condiciones porque no sólo se modifica el método en virtud del cual una empresa que estaba exenta, pasa a ser contribuyente, debiendo ahora pagar con bonos. Eso sería lo de menos porque nosotros estamos de acuerdo con toda metodología que tienda a dar transparencia a un sistema y a permitir cuantificar los beneficios, posibilitando un adecuado control.
Lo que no podemos admitir desde ningún punto de vista es que, con el pretexto del cambio de metodología, comiencen a recortarse los beneficios que estaban disfrutando esas empresas; como dije, esto es precisamente lo que sucede en este caso, cuando se cambia el sistema y se afectan los derechos adquiridos.
¿Y cómo es que se afectan los derechos adquiridos? Se afectan al darse situaciones como la de empresas que estaban elaborando una determinada cantidad de productos y a las que de pronto la Nación les dice —les quiere decir— por vía de esta sanción legislativa: “Señores: lo que ustedes estaban produciendo, no me importa; la capacidad instalada, no me importa. Si ustedes han comprado una fábrica, no me importa. Si ustedes han comprado una máquina para que produzca 100 mil pares de zapatillas y han informado un costo fiscal teórico de 5.000, no me importa que esté produciendo 50.000. Bajo este régimen, no pueden producir más de 5.000, que es el costo fiscal teórico”.
Entonces, es ahí donde entra a jugar un concepto que quiero aclarar porque me parece que no se ha entendido del todo bien en algunas exposiciones. Me refiero al concepto del costo fiscal teórico.
Le quiero aclarar al señor senador por La Pampa que yo le formulé la pregunta relativa a dónde estaba definido el concepto del costo fiscal teórico, y que él me contestó que existía en una ley que, por razones de tiempo, no había podido traer.
Al respecto, quiero expresar que el costo fiscal teórico no está definido en ninguna ley; que el costo fiscal teórico no está definido en ningún decreto, que el costo fiscal teórico es sólo una mecánica establecida por la Dirección General Impositiva en virtud de resoluciones que tendían a establecer no la cantidad de empresas que podían promocionarse bajo un determinado cupo fiscal, sino a determinar la producción mínima que hace rentable a la empresa. Este ha sido el origen del costo fiscal teórico.
Y le voy a decir más. Tanto es así, que el concepto del costo fiscal teórico se viene manejando desde mucho antes de que se fijara la limitación del cupo fiscal en el presupuesto de 1986. Y, entonces nada tenía que ver el costo fiscal teórico con el cupo fiscal, como se lo quiere establecer actualmente.
Además, nunca, en ningún régimen de promoción industrial —venimos teniendo regímenes de promoción industrial desde hace mucho tiempo, ya que el primer sistema de promoción industrial data de la época del Triunvirato, en 1812; así obsérvese si no hay historia en la materia — ;nunca, decía, se tuvo en cuenta el costo fiscal teórico. Siempre se consideró la capacidad instalada, ya que es la que responde al verdadero concepto de la producción. Si no —me pregunto— por qué, cuando las empresas se radicaban, se les preguntaba, se les exigía conocer su capacidad instalada, su capacidad de producción.
Puedo decir por qué se les preguntaba sobre el costo fiscal teórico: para saber si la empresa era rentable o no, con un mínimo que justificara la existencia de la concesión de los beneficios promocionales o no. Pero también puedo decir porque se les preguntaba sobre la capacidad instalada: porque ése era el ámbito dentro del cual la empresa podía producir. Si vamos a las raíces filosóficas, lo que se pretende con la promoción es producir más. Para que se lo haga en determinadas zonas, donde es mucho más difícil producir se otorgan beneficios con los que se las quiere equiparar con los grandes centros de producción.
El señor senador por La Pampa se quejaba, con razón, de las condiciones difíciles de su provincia. ¡Qué le puedo decir de mi provincia, señor senador! Hace diez meses que no llueve. Tenemos que realizar todos nuestros cultivos con agua de subsuelo. Todos los días afrontamos temperaturas de más de cincuenta grados. A ustedes se les quemaron 50 mil hectáreas de campo; a nosotros, más de 200 mil. Y no teníamos forma de apagar el fuego, porque carecíamos de agua. Con todas estas condiciones desfavorables, ¿piensa usted que una industria va a instalarse en mi provincia, o en Catamarca, si no se le dan ciertos beneficios, cuando en el conurbano y en la Capital tienen todas las condiciones favorables?
Sr. Berhongaray. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Berhongaray. — Sólo ayer se quemaron en La Pampa 50 mil hectáreas. En apenas tres años se quemaron dos millones de hectáreas.
Si hay algo que tiene que quedar absolutamente claro es que los privilegios son para compartirlos, no para eternizarlos. Para las provincias que por distintas razones hayan gozado de regímenes de privilegio, creo que éste es el momento para que compartan solidariamente con todas las provincias argentinas. Así sí vamos a hacer justicia.
Sr. Menem. — Adhiero a lo que usted dice, señor senador por La Pampa, pero yo no hablo de privilegios, sino de beneficios. Lo comparto tanto que en el proyecto presentado por las cuatro provincias del Acta de Reparación Histórica en la Cámara de Diputados, que lamentablemente no mereció el apoyo de la bancada radical, se extendía la promoción a todo el país y se fijaban las áreas que gozarían de mayores beneficios, en relación inversa a su desarrollo económico. Esta es una manifestación de la voluntad de compartir los beneficios de la promoción industrial. De modo tal, señor senador, que mi provincia —y con esto retomo el tema— no ha recibido como un acto de injusticia sino de verdadera justicia a este régimen de promoción; él le ha permitido un crecimiento que de otra forma no habría podido tener.
Como decía, para desarrollarnos tenemos que sacar agua del subsuelo; no tenemos recursos hídricos de superficie. Todo nos cuesta más. Además, esa extracción de agua del subsuelo se hace en condiciones harto desfavorables por una política realmente desafortunada en materia de recursos eléctricos. En efecto, por la energía eléctrica para extraer el agua del subsuelo en La Rioja pagamos lo mismo que paga un señor en la Capital Federal por estar usando cómodamente su equipo de aire acondicionado. No obstante todo esto, en esta provincia tan “mal administrada” pudimos ampliar en un 16 por ciento el área de cultivo, lo que representa todo un triunfo para una provincia que está en el desierto. Más aún, hoy estamos exportando nuestros productos al exterior, generando divisas para el país, por ejemplo, uvas a Estados Unidos y a Canadá.
He dicho que se produce un verdadero despojo. Y esto no es un cuento. No vengo a hablar de posibles o eventuales pérdidas que están en mi imaginación. Yo informo sobre lo que va a ocurrir en mi provincia si se sanciona este régimen tal como viene proyectado por el Poder Ejecutivo nacional.
En mi provincia se van a perder fuentes de trabajo de empresas promovidas con puesta en marcha (trescientos establecimientos): cesarán nueve mil puestos directos permanentes y nueve mil puestos indirectos. Habrá suspensión del proceso de ejecución de proyectos en curso de radicación (doscientos cincuenta establecimientos), lo que representa cinco mil puestos de trabajo directos y cinco mil puestos indirectos, es decir, inducidos: corte del proceso de crecimiento y vuelta a la situación preindustrial; efectos de migración explosivos, retomando la tendencia histórica; demanda instantánea y desmedida de empleo en el sector público; desaprovechamiento del esfuerzo de inversión pública hecho en infraestructura y equipamiento productivo —parques industriales, redes de gas, energía, etcétera—; y acciones legales en perjuicio del Estado provincial.
Para empresas: defraudación de la iniciativa privada de inversión; perjuicio económico por modificación unilateral de las condiciones contractuales, que alteran la ecuación económica; suspensión inmediata de la actividad e imposibilidad del recupero de la inversión realizada.
Para la Nación: desprestigio y descrédito del Estado como promotor de procesos planificados de desarrollo; desprestigio de la promoción industrial por criterios erráticos y aplicación de políticas contradictorias; acciones legales generadas por las empresas y por los estados provinciales afectados; falta de respeto a las facultades para interpretar la ley y su reglamento hecho por la autoridad de aplicación en uso de facultades delegadas por la misma ley.
También se producen efectos negativos particulares, porque el proyecto no sólo modifica el modo de utilización de los beneficios sino también los beneficios otorgados.
Se lo presenta como régimen transitorio y especial —artículo 12 —. Sin embargo, en el texto no se explícita el alcance temporario del régimen. Queda así reestructurado hasta el vencimiento del plazo total de las franquicias.
Alcanza retroactivamente a todo el empresariado ya promovido; a las de reciente promoción, quienes aunque no hicieron inversiones tienen definido en el instrumento que les otorgan los beneficios promocionales un régimen cuantitativa y cualitativamente diferente al que hoy se propicia; a las que están en proceso de radicación, con inversiones en curso de realización y aún sin puesta en producción; incluso a las que se encuentran en plena producción, con la inversión totalmente realizada, con beneficios ya cumplidos y consumados y a las que la legislación explícita y el uso y la costumbre, que son fuentes de derecho, debieron dejar totalmente a salvo.
Estas son algunas de las consecuencias negativas que traería la aplicación de este nuevo régimen; para las provincias, para la Nación y para las empresas, fundamentalmente.
Aquí se produciría un ataque, una agresión a la confianza, a la fe pública, porque cuando alguien hace una inversión, cuando un empresario va y se radica bajo un determinado régimen es porque cree en la estabilidad jurídica, porque tiene confianza en las instituciones. Pero, de pronto, cuando ve que se cambian las reglas de juego para posibilitar que el aparato estatal pueda satisfacer la voracidad fiscal, entonces ese inversionista nunca más va a tener confianza en la estabilidad jurídica ni en la de las instituciones.
Quiero referirme a lo que se dijo de los derechos adquiridos. No recuerdo si quien lo dijo fue el senador por La Pampa, pero alguien dijo que no creía que se estuvieran afectando esos derechos.
Creo que tendríamos que comenzar a recapitular y a reflexionar lo que se entiende por derechos adquiridos.
Cuando un empresario ha cumplido con las normas que le manda la ley de promoción, cuando ha cumplido con las disposiciones pertinentes, cuando ha hecho la inversión, considero que ha adquirido el derecho a gozar de los beneficios que se han establecido en el régimen promocional. Es decir, ha incorporado a su patrimonio, en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional, un derecho, que no es en expectativa, no es una simple esperanza, sino que es un derecho subjetivo y concreto. Ahí es donde se viola el derecho adquirido. Ahí es donde se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional.
El artículo 14 de la Constitución se refiere al derecho a ejercer una actividad lícita. Y no sólo se viola este otro derecho, sino también el establecido por el artículo 16 de la Carta Magna, porque esta limitación alcanza únicamente a aquellas industrias que están bajo el régimen de promoción industrial y se las coloca en un pie de igualdad a las que no están promovidas. Precisamente ahí es donde entra a regir la violación del principio de igualdad ante la ley. Nosotros sabemos que no hay peor desigualdad o peor injusticia que tratar de igual manera a los que son desiguales. No se le puede dar un mismo tratamiento a quien está radicado aquí, cerca de todos los centros de consumo, con toda la infraestructura, con todos los caminos posibles para la exportación, que a los que están radicados allá, en aquellas provincias al borde del desierto, en las que se carece de infraestructura y donde se hace mucho más difícil producir.
Sr. Grosso. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Grosso. — En esta tesitura se encuentran algunas zonas de la provincia de Córdoba, con características geográficamente idénticas a las de La Rioja. Esas zonas se están despoblando y han sido solidarias con aquellas provincias que cuentan con menos recursos, pero esa solidaridad tiene un límite.
Sr. Menem. — Estamos totalmente de acuerdo, señor senador.
Por ese motivo, en ese proyecto de ley que lamentablemente no mereció la aprobación de la bancada radical de la Cámara de Diputados se contemplaban a esas zonas de la provincia de Córdoba que —rara casualidad— son limítrofes con La Rioja y son las más pobres. Parece que ahí están radicados los bolsones de pobreza. Estamos prácticamente en el desierto y en ese proyecto contemplábamos el otorgamiento de beneficios promocionales a esas regiones de Córdoba.
Comparto su criterio, señor senador, pero también quiero recordarle que gran parte del desarrollo industrial cordobés se debió a los beneficios otorgados a las industrias promocionales. Por ese motivo, Córdoba pudo autosostenerse en su desarrollo a partir de entonces. Eso es lo que nosotros queremos. No pretendemos que se otorgue un beneficio para toda la vida sino que se permita una sustentación que posibilite que continuemos autoalimentando nuestro desarrollo. Pero que no nos pase lo que nos sucedió con la ley 23.614, mediante la cual nos quitaron un beneficio. No queremos que se levanten prácticamente todas las industrias debido a las secuelas de desocupación y miseria y a los conflictos sociales e incluso judiciales que se suscitarían.
Este aspecto deseo dejarlo bien aclarado, porque cuando cada senador vote esta noche deberá saber que puede estar votando por un cúmulo de juicios en contra del estado nacional.
Al respecto, existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hay dictámenes y una reiterada jurisprudencia, una pacífica jurisprudencia, por parte de la Procuración General del Tesoro.
La Procuración General del Tesoro tiene sentados al respecto criterios muy claros y categóricos. En un caso ha dicho que “ni por ley del Congreso Nacional como tampoco por actos del poder administrador, resultaría posible eludir las implicancias que en materia de responsabilidad patrimonial podrían derivarse para el Estado nacional y/o provincial respectivo [esto es lo que más nos aflige], por la alteración del vínculo jurídico de carácter promocional que eventualmente pudiera existir”.
Advertimos que la Procuración General del Tesoro ha venido manteniendo esta línea desde hace muchos años.
Todo esto se vincula con el tema de la ecuación económico-financiera de los contratos.
Sr. de la Rúa. — Deseo formularle una pregunta aclaratoria para mi mejor comprensión del tema.
Sr. Menem. — De acuerdo.
Sr. de la Rúa. — Como usted bien sabe, yo sostengo que no debe haber cambios en las condiciones en que se acordó la promoción. Por ello, quiero preguntarle lo siguiente: ¿nunca coincide el cupo fiscal teórico que se declara con la capacidad instalada? ¿Siempre es menor? ¿Siempre es para peor?
Según resulta de su exposición, cerrarían trescientas empresas y se produciría una serie de calamidades. No sé cómo se demuestra eso en términos económicos ni de dónde resulta. ¿Por qué esta diferencia que siempre se da? Sostuve que esto sería importante aclararlo en la discusión en particular, tratando de encontrar el método de otorgar transparencia al sistema. Pero dado que se hizo alusión al asunto, aprovecho la oportunidad para hacerle la pregunta ahora.
Sr. Menem. — Es perfectamente procedente y pertinente su pregunta.
Yo expliqué que cuando se hacen las radicaciones, cuando se pide el beneficio, las empresas —entre otras cosas— informan un costo fiscal teórico que siempre fue requerido a los fines de determinar si la empresa era rentable o no. Es decir, para eso se exigía un mínimo de producción que demostrara que la empresa era rentable. En el ejemplo que yo había dado, si la empresa producía cinco mil pares de zapatillas, justificaba la rentabilidad para que se le concedieran los beneficios.
Además, en el mismo proyecto dice que debe informarse la capacidad instalada, o sea, lo que puede llegar a producir la empresa de acuerdo a la inversión realizada: maquinaria, turnos de trabajo, etcétera. Esa es la diferencia entre costo fiscal teórico y capacidad instalada.
Es probable que en épocas de recesión las empresas no puedan producir al máximo de la capacidad instalada porque hay —como ocurre ahora— un mercado deprimido. Pero de lo que estoy seguro es que en el noventa por ciento de los casos —éste es un tema importante sobre el cual debemos reparar, y por eso le agradezco la pregunta que formuló el señor senador por la Capital— la producción de las empresas está muy por debajo del costo fiscal teórico.
Esto está siendo avalado y reconocido desde hace tiempo por la propia Dirección General Impositiva, que considera esa diferencia como exenta del pago de impuestos.
Esta es la realidad económica. Por eso hablaba el señor senador por San Luis del criterio interpretativo de la realidad económica actual. De esto se trata. Y por si fuera poco, hay muchos criterios interpretativos y la jurisprudencia los viene utilizando desde hace tiempo, cuando hay dudas.
Fíjense lo que, en materia de criterios interpretativos, sostiene la propia Procuración del Tesoro en los casos de Alto Paraná y Cerámica Zanón: “En caso de tener que optar entre normas de fomento y de carácter fiscal, parece razonable estar a favor del que tutela la promoción, pues a diferencia de lo que acontece con las leyes fiscales, las normas de promoción y fomento tienden a cumplir en forma más inmediata un fin del Estado”.
Este es un caso categórico, contundente de la Procuración del Tesoro.
También se ha dicho —y esto es de la mejor doctrina administrativa— lo siguiente: “Toda interpretación que se formule acerca del régimen precisa favorecer los fines que la promoción persigue en el caso concreto, debiéndose interpretar a favor de su vigencia”. Esto lo dicen, entre otros, Marienhoff, Bercaitz y otros administrativistas.
Otro criterio dice: “En materia promocional hay que privilegiar la interpretación que mejor permita alcanzar los fines de fomento por sobre los de naturaleza fiscal”. Esta es la interpretación predominante. Es decir, cuando hay divergencias o cuando hay distintos criterios, se privilegia la promoción. ¿Por qué? Porque cumple inmediatamente los fines del Estado.
Cuando el Estado crea la promoción, lo hace con determinados fines. ¿Cuáles son esos fines? Aumentar la productividad y favorecer el desarrollo de aquellas zonas menos desarrolladas. Esto es lo que ha venido interpretando la mejor doctrina y la mejor jurisprudencia.
Por eso, señor presidente, tendríamos mucho para hablar de este tema. Yo anoté muchos fallos y tuve en cuenta mucha jurisprudencia. Pero, de todos modos, a esta altura de la exposición hemos dejado traslucir en alguna medida conceptos como, por ejemplo, que de ser sancionada esta ley como está redactada, vulneraría derechos adquiridos, sería cuna de juicios en contra del Estado nacional y causaría tremendos perjuicios a las provincias, es decir, produciría un proceso inverso al que generó el régimen de promoción. Volveríamos a la desocupación y a la expulsión de la población.
Además, sería dañoso para las empresas y perjudicial para la confianza pública y, en definitiva, causaría daños al país que necesita hoy más que nunca producir para salir de la crisis.
Uno de los graves problemas de nuestro país es el de la producción. Entonces, si estamos cortando todo aquello que permitió aumentar la producción, en definitiva estamos frenando el desarrollo del país.
Podremos tener muchas divergencias pero creo que en esto vamos a coincidir todos los que estamos en este recinto y en el país: sin desarrollo no puede haber bienestar; sin bienestar no puede haber justicia y si no hay justicia no habrá paz, y creo que todos queremos la paz.
Por lo expuesto, vamos a votar en contra de este título del proyecto de ley en consideración y vamos a apoyar las reformas que ha propuesto el señor senador por la provincia de San Luis. (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores felicitan al orador.)

Interpelación al Ministro de Economía (17 de agosto de 1995)

17 de agosto de 1995
36ª Reunión – 19ª Sesión ordinaria (Continuación)
Diario de Sesiones – Páginas 3739 y 3740

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: por casi seis horas estuvo el ministro respondiendo a la requisitoria de todos los señores senadores que quisieron interrogarlo. Este cuerpo lleva prácticamente doce horas de labor ininterrumpida desde esta mañana. En consideración a ello, voy a ser muy breve.
En primer término, deseo destacar la excelente predisposición que siempre ha manifestado el señor ministro de Economía para venir a este recinto. En la historia institucional de nuestro país seguramente es el ministro de Economía que más veces ha concurrido al Congreso de la Nación. Siempre lo ha hecho ante el primer requerimiento.
Vaya también un reconocimiento en ese sentido para la actitud del bloque Justicialista que, en todas las ocasiones en que se hicieron pedidos de interpelación por parte de la oposición, y teniendo mayoría, ha votado en forma favorable sí ha considerado que se trataba de un tema con entidad suficiente para justificar la presencia del ministro en el recinto.
Quiero también destacar en nombre de nuestro bloque y expresar nuestra satisfacción por la forma en que el señor ministro ha respondido a la requisitoria que se le ha formulado.
Ha ratificado —diría yo— la solvencia con la que siempre se ha conducido —cada una y todas las veces— cuando ha sido requerido por este cuerpo.
Se podrá compartir la posición del señor Ministro o no. Se podrá discrepar fuertemente con su posición respecto temas que trata, pero nadie podrá decir que ha venido a improvisar o que ha venido a traer datos erróneos, porque siempre se ha comportado con mucho respeto, cada vez que ha sido interpelado por este cuerpo.
Ciertamente, el tema es muy complejo. Sí vemos los cuadros, si observamos los números, nos cuesta entenderlos. Es un tema que los técnicos dominan mejor que nosotros, que no lo somos.
Debo reconocer la labor que he visto que hacen los asesores de los señores senadores, que corren con los papeles para aportarles los datos cada vez que el Ministro responde. Es una labor realmente encomiable.
Entonces, si el tema es así, no tenemos por qué molestarnos. Algunos se han molestado por el carácter técnico de las respuestas del Ministro. Pero si se trata de un tema técnico, debe dar una respuesta de igual naturaleza.
Algunos se han molestado porque da muchos números, pero si la requisitoria era para saber si conviene vender Yacyretá o no, si conviene privatizarla o no, necesariamente la respuesta tiene que incluir números. ¿O los señores senadores que han formulado sus preguntas no los han empleado, también?
Curiosamente, a otros les ha molestado el tono docente. A mí me parece que hace bien el Ministro al hablar con tono docente. Es que hay que hacer docencia. Nosotros, desde nuestras bancas, también debemos hacerla para que la gente nos entienda. El Ministro no lo ha hecho para molestar a nadie. Además, él es un docente con muchos años en el país y en el exterior, de modo tal que no podemos criticarlo porque hable con tono docente; al contrario, se lo tenemos que agradecer porque es la forma en que podemos entender temas que muchas veces escapan a nuestro conocimiento común.
Por supuesto, pasaré por alto algunas frases desafortunadas y descomedidas que se han vertido en este cuerpo por parte de algún señor senador, que inclusive ha hecho referencias personales. Las vamos a obviar. Debemos entender que a veces, en el calor del debate nos suele ocurrir que se deslicen frases desafortunadas.
De todos modos, como integrantes del cuerpo, pido disculpas al señor Ministro si es que lo ha llegado a rozar alguna de esas frases.
Quiero decir, también, que acá se han planteado dudas respecto de si el tema de Yacyretá vendrá al Congreso o no. Quiero rescatar, señor presidente, que este gobierno, desde 1989, ha llevado adelante un proceso de transformación, de cambio de estructuras, de reforma del Estado. Esta política podrá compartirse o no. Por supuesto, ya sabemos que la oposición no la comparte, pero no podemos desconocer, señor presidente, que todo el proceso de transformación ha pasado por el Congreso de la Nación.
Los ejes básicos, los fundamentos, están en las leyes que hemos sancionado en este Congreso: la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, las privatizaciones —como la de YPF—, el cambio del sistema provisional, la convertibilidad; todas, absolutamente todas, han sido sancionadas por el Congreso.
Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? Que si va a pasar; que si no va a pasar. Se pueden tener criterios distintos pero no se puede prejuzgar frente a un gobierno que ha hecho pasar por este Congreso todas las decisiones fundamentales.
Es claro, la oposición las ha votado en contra; no nos han apoyado en ninguna de estas leyes. No digo toda la oposición. Algunos partidos provinciales las han apoyado.
Pero éstas son las reglas de juego. La mayoría derrota a la minoría cuando no hay coincidencia. Esta es la regla de oro de la democracia. Muchas veces yo tengo que dar explicaciones también en mi gobierno cuando una iniciativa no va adelante, porque éste es un cuerpo pluripartidario y muchas veces dentro de nuestro propio bloque no hay consenso respecto a ciertas medidas.
Pero así es como funciona la democracia. De modo tal que no se podrá decir nada de este proceso de transformación que tantas veces ha sido criticado y de las privatizaciones, ya que han pasado todas por el Congreso, señor presidente. Y eso también es un motivo de satisfacción.
Por supuesto que aquí se ha incursionado también en el discurso político. Es lógico que así ocurra. Esta es una casa política; aquí se lo ha dicho. Se han deslizado severas críticas sobre la política económica y se han hecho consideraciones de todo tipo en ese sentido.
A mí nunca me ha gustado enrostrar resultados electorales, pero frente a esos discursos que a veces han llegado a ser hasta agresivos, yo les quiero recordar —porque algunos lo han olvidado— que acá hubo un 14 de mayo —se han cumplido apenas tres meses—, en el cual el pueblo se ha pronunciado masivamente a favor de una política. Entonces que no me vengan a decir que hablan en nombre del pueblo.
El pueblo es el que se ha pronunciado el 14 de mayo y ha avalado una política. Si tienen dudas, veamos cómo se ha pronunciado en 1991 y en 1993. Se trata de una política que ha venido siendo ratificada cada dos años por el pueblo argentino.
Entonces, tenemos que ser respetuosos y no hablar en términos tan despectivos, como si el gobierno fuera un ente que está allá arriba, totalmente desconectado del pueblo y de su realidad.
Si hubiera sido así el 50 por ciento de la población votante no habría apoyado y avalado la política de este gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que han triunfado en estas últimas elecciones.
Finalmente, es cierto, yo sé que cuando salgan de este recinto algunos señores senadores de la oposición y enfrenten a las cámaras de televisión, a los periodistas, van a decir que no los ha satisfecho el señor Ministro. Es lógico, ya lo han anticipado. Nosotros también lo decíamos en las muy pocas veces que hemos tenido la suerte de contar con Ministros del gobierno anterior; y nos han visitado mucho menos de lo que lo hacen los del justicialismo. También manifestábamos que no nos habían satisfecho. Es lógico. Esa es una regla dentro del juego político y de la democracia.
Pero yo quiero decir, señor presidente, para terminar, que nuestro bloque se va íntimamente satisfecho y convencido de que la exposición que ha formulado el señor Ministro responde a la realidad.
Le queremos agradecer al señor Ministro por habernos ilustrado con su exposición, y sabemos que la decisión que finalmente se va a adoptar es la que mejor convenga a los intereses del pueblo.

Proyecto de ley sobre fondo especial de la represa Salto Grande (15 de abril de 1998)

15 de abril de 1998
9ª Reunión – 7ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 1913 y 1914

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: desde luego, no voy a hablar como representante de una provincia que tenga algo que ver con los ríos porque, lamentablemente, no tenemos ninguno, ni chico ni grande.
Pero quiero señalar mi satisfacción por haber sido partícipe testimonial de una disputa realmente encendida entre los senadores de las distintas provincias involucradas, quienes han defendido con pasión, con ardor, los intereses de sus respectivos estados provinciales.
Creo que los habitantes de cada uno de ellos pueden sentirse orgullosos de sus representantes, porque han sabido defender con mucha fuerza los intereses de sus pueblos.
Desde esa Presidencia, que tuve la oportunidad de ocupar en uno de los debates, procuré en su momento aportar una cuota de serenidad y equilibrio en el momento en que la discusión amenazaba con desbordarse. Felizmente, a raíz de que pudimos establecer en el momento justo la pausa necesaria, se lograron los tiempos como para alcanzar este acuerdo, que hoy estamos celebrando.
Quiero señalar también la adecuada y justa participación de los señores gobernadores, quienes en esa difícil situación tuvieron que ceder para poder conciliar intereses sin defraudar las expectativas de sus pueblos; ellos también han hecho un aporte muy significativo.
Por eso creo que hoy es un día muy importante para este cuerpo federal, que es donde realmente se deben defender los intereses de las provincias.
Además, tengo una satisfacción accesoria porque estamos haciendo realidad una cláusula que incluimos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 en la Convención Nacional Constituyente que tuve el honor de presidir, relacionada con los dominios originarios de los recursos naturales de las provincias. Esta es una forma de dar cumplimiento a esa fundamental cláusula constitucional incorporada a la Constitución en la reforma realizada en Santa Fe y en Paraná.
También debo decir que no se trata de un acto aislado en el que el gobierno nacional da pruebas de su profunda vocación federal, sino que ya viene aplicando una política de descentralización, de fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. Esta es una firme política iniciada en 1989.
En efecto, se han transferido a las provincias no sólo servicios fundamentales, como los de educación y de salud, sino también planes sociales. Se han transferido a las provincias el manejo del FONAVI y fondos en materia de coparticipación federal que duplican los que tradicionalmente se venían enviando. Pero, además, se llevó a la práctica una política muy firme en virtud de la cual algunas provincias han cobrado regalías petroleras. Cuando se privatizó YPF se transfirió a los estados provinciales la parte que les corresponde. También se transfirieron puertos a provincias y municipios. Este no es el primer caso de transferencia de una represa. Recordemos el caso de la represa de Los Nihuiles en Mendoza y una en Córdoba. Menciono también las regalías de Yacyretá.
Quiero rescatar esta profunda vocación federalista del gobierno nacional, que con este trascendental acuerdo firmado respecto a Salto Grande está ratificando su política de descentralización y fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. Esta es una forma de cumplir con el mandato popular porque tenemos que hacer realidad aquello de que este es un gobierno representativo, republicano y también federal.
Tengo hoy otra satisfacción más —que la hizo patente hace unos instantes el señor senador Branda— porque también hemos puesto en funcionamiento otro mecanismo previsto en la reforma constitucional de 1994, como es la aprobación en particular de un proyecto de ley por las comisiones, por delegación de esta Cámara.
Se hacen críticas a la reforma de la Constitución Nacional realizada en 1994, muchas de las cuales a veces se vierten con ligereza, por desconocimiento, y otras veces con un poco de mala fe. Pero vemos que, poco a poco, vamos poniendo en marcha estos mecanismos. En este caso se cumple aquello de que la ley termina siendo más inteligente que la propuesta originaria de sus autores.
Considero que estos mecanismos constitucionales que se están poniendo en marcha demuestran la eficacia, buena voluntad y previsibilidad con que actuaron los convencionales constituyentes en 1994.
Por eso me refería a los múltiples motivos de satisfacción: por una parte, por la defensa de las autonomías provinciales; por otra parte, porque se ha ratificado la vocación federalista de nuestro gobierno y, además, porque vemos que los mecanismos constitucionales están funcionando adecuadamente.

Proyecto de ley sobre el Presupuesto 2001. Defensa de los recursos y promoción industrial de La Rioja (6 y 7 de diciembre de 2000)

6 y 7 de diciembre de 2000
68ª Reunión – 1ª Sesión extraordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 8026 a 8032

Sr. Menem. — Señor presidente: lamento que tenga que hacer uso de la palabra a esta hora, porque me hubiera gustado extenderme en un tema sobre el cual se puede hablar bastante.
Lamentablemente, hemos perdido la práctica de las sesiones nocturnas. Recuerdo que los grandes debates que hubo en este Senado, los hicimos precisamente a altas horas de la noche: el Tratado del Beagle lo aprobamos a las seis de la mañana, la reforma al Código de Justicia Militar —otro tema muy trascendente en su momento—, a las cuatro o cinco de la mañana; la ley de divorcio la votamos a las siete de la mañana, luego de una jornada intensa. Hoy veo caras de sueño y creo que es porque hemos perdido la práctica.
De todos modos, si bien voy a solicitar la inserción de la parte sustancial de lo que pensaba decir, no puedo dejar de hacer algunas reflexiones que surgen de lo que escuché a lo largo de este debate. Van a ser un poco sueltas y deshilvanadas, pero eso me va a permitir sintetizar algunas reflexiones que quería expresar y que desde ningún punto de vista puedo dejar pasar.
En primer término debo decir —y quiero que se escuche bien— que si yo hoy estoy sentado en esta banca tratando el Presupuesto es porque me he tomado el trabajo de leerlo. Lo he leído de punta a punta. He tenido tiempo de hacerlo; me he preocupado. Cuando entró en este Senado, pedí la copia. Seguí su trámite, al igual que la mayoría de los senadores, en la Cámara de Diputados.
Quienes cumplimos la representación de nuestras provincias tenemos la obligación de seguir los asuntos desde que se inician. Por eso desde que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de Presupuesto he seguido su trámite, tanto en comisión como en el recinto. Además, los medios han informado debidamente como para que pudiera seguirlo el que estuviera interesado en el tema. Desde luego que no es lo ideal tratar el Presupuesto de esta forma.
Más allá de lo que algunos creen, el Presupuesto no es solamente un mero cálculo de recursos y de gastos, es mucho más que eso. Ese es el aspecto contable. Pero tiene un aspecto jurídico, que es normativo, un aspecto económico vinculado con la planificación y el desarrollo que debe tener el Presupuesto, que es programa. Por eso se lo llama ley de leyes, porque no es una ley común. Es el instrumento por el cual el gobierno anuncia cuál será la planificación de su programa de desarrollo.
Pero además de los aspectos contables, jurídicos y económicos, el Presupuesto tiene un punto de vista político, toda vez que es un instrumento de gobierno y de control. Por supuesto que esto hace a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno. El Poder Legislativo tiene la misión de controlar los gastos y el programa de gobierno del Poder Ejecutivo. Este es un principio republicano. Para poder ejercer debidamente el control, desde luego, hay que tomarse el tiempo necesario.
Nadie puede rasgarse las vestiduras —y mucho menos algunos que están sentados en estas bancas— por el trámite urgente del presupuesto, porque muchas veces fue tratado de esta forma. En la época del doctor Alfonsín hemos llegado a votar presupuestos en 24 o 48 horas, porque también era urgente. Recuerdo que los senadores siempre nos quejábamos porque se nos daba muy poco tiempo para estudiarlo.
En la época del presidente Menem, alguna vez —por supuesto con mucho más tiempo— se nos pedía que no le hiciéramos modificaciones al presupuesto en el Senado porque iba a ser trabajosa la posterior revisión en la Cámara de Diputados y se necesitaba contar con este instrumento con cierta urgencia. O sea que ésta no es la primera vez que tratamos el Presupuesto sin tener el tiempo suficiente para un estudio profundo.
De todos modos me parece bien que tratemos hoy el Presupuesto. Junto con el senador León somos los más antiguos en esta Cámara y hemos pasado por muchas vicisitudes y peripecias en los 17 años que llevamos ocupando estas bancas. Creo que en este lapso en el que se produjeron cambios en los turnos de gobierno todos hemos aprendido, por lo menos, la mayoría, aunque alguno puede ser que no. Considero que hemos madurado y aunque no les vaya muy bien, los radicales están aprendiendo a gobernar mejor de lo que lo hicieron en el período que va del 83 al 89 y estimo que nosotros hoy estamos haciendo una mejor oposición, más madura, más sólida y más constructiva que la que hicimos en el lapso mencionado.
Yo me siento orgulloso de la decisión de mi bloque de tratar hoy el Presupuesto, porque no sólo el gobierno sino el país lo necesitan. Si el presidente de la Nación, que ha sido elegido hace poco más de un año por la inmensa mayoría del pueblo argentino, solicita el Presupuesto, los ministros dicen lo mismo y hay expresiones de distinto tipo sobre la necesidad de contar con esta ley —además así lo indica la realidad—, se podrá decir humorísticamente que se trata de un presupuesto de necesidad y urgencia, pero no me importa. Nosotros debemos dar hoy esa expresión de madurez política votando el Presupuesto, no solo porque el gobierno lo necesita sino porque la Nación, el país lo necesitan.
Por supuesto, tuvimos discrepancias con muchas de las expresiones que escuchamos en este recinto, algunas como consecuencia de diferencias de estilo; otras, debido a diferentes concepciones que tenemos sobre la realidad del país. Felizmente he visto muy pocas producto de un resentimiento o de cuestiones que tienen más que ver con lo personal que con lo institucional. Felizmente es la excepción. Normalmente podemos discrepar en lo político y yo me voy a hacer cargo de algunas de las expresiones que aquí se han vertido. Me refiero, por ejemplo, al discurso del senador por la provincia de Buenos Aires. Se trata de un discurso vibrante, muy bien construido y elaborado, pero que lamentablemente contiene inexactitudes que yo no puedo dejar pasar, porque no se ajustó a la verdad histórica.
Decía que me siento orgulloso de mi bloque, porque mi partido durante diez años de gobierno ha sufrido la oposición feroz, salvaje casi, en materia parlamentaria por parte de lo que hoy es la Alianza gobernante. No dejaron una sin hacer para oponerse a las leyes que nosotros necesitábamos. No dar quórum era lo más leve. Boicotearon las sesiones desde todo punto de vista. Hasta recuerdo la oportunidad en que se quería tratar la ley de educación superior, cuando no dejaban entrar a los legisladores en la Cámara de Diputados parándose en la puerta. Habían hecho un cordón humano impidiendo que los legisladores cumplieran con su cometido. ¿Cuántas acciones judiciales y cuántas medidas cautelares se presentaron a efectos de que no se cumplieran los objetivos que se había propuesto el gobierno? Y ese también era un gobierno tan legítimo como el del doctor de la Rúa; un gobierno que había sido plebiscitado en el 91, en el 93 y en el 95. Durante todo este período hubo una oposición total. No recuerdo que alguna de las leyes importantes haya sido votada favorablemente por la oposición; a lo sumo, alguna vez dieron quórum.
Entonces cuando el señor senador por la provincia de Buenos Aires dice que “Nosotros posibilitamos las primeras leyes”, no puedo hacer otra cosa que recordar cómo fueron realmente los hechos a efectos de que nos atengamos a la verdad histórica. Mi intención no es menoscabar; fue un hecho histórico que ya ocurrió.
Cuando el radicalismo deja el poder seis meses antes de finalizar su mandato frente a la impotencia de gobernar, obligó al entonces presidente electo Carlos Menem a asumir seis meses antes su mandato. Para hacerlo el Poder Ejecutivo se tuvo que adelantar y elaborar una interpretación constitucional forzada, pero quienes no podían asumir antes fueron los legisladores. Ningún legislador cuyo mandato terminara en diciembre se quería ir antes y los nuevos no podían asumir sus cargos. Esa nueva Legislatura que era producto de las elecciones del 14 de mayo del 89 le daba mayoría al justicialismo; mayoría que no teníamos con la Legislatura vieja.
Entonces algunos no lo saben o se olvidan. Quiero decirles que se produjeron intensas negociaciones para ver cómo se llevaría a cabo la transición. Yo tengo en mi despacho las actas suscriptas por aquel entonces, firmadas por representantes del radicalismo y del justicialismo. Allí, como una condición impuesta por el justicialismo para asumir el gobierno seis meses antes, figuraba que el radicalismo debía facilitar la sanción de las leyes que el justicialismo necesitaba aprobar frente al estado de crisis profunda que vivía el país. Ese fue el sentido de la votación. No fue un acto de generosidad.
Lo cierto es que pasados esos seis meses, cuando asumieron los miembros de la nueva Legislatura, la oposición fue total, frontal y se dio en todos los casos. No votaron a favor de la ley de reforma del Estado, de la ley de reforma económica, de la de consolidación de pasivos, de la de cambio del sistema previsional ni ninguna de las privatizaciones. Con todo derecho votaron en contra. Pero lo que no tenían era derecho a usar en formar sistemática y permanente el recurso de no darnos quórum. Eso no estaba bien como así tampoco tratar de obstaculizar la gestión del gobierno con acciones judiciales.
Por eso creo que hoy estamos dando un signo de madurez política.
Estoy muy contento de que mi bloque hoy esté dando quórum y votando a favor en general este proyecto de ley, porque el país no se puede quedar sin presupuesto en este momento. En otro momento, quizás sí pudo haber sido. Inclusive recuerdo que en 89 no se votó el Presupuesto del ejercicio 1990, sino que estuvo en vigencia el del año anterior, pero no se votó por la tremenda crisis que había. Lo cierto es que en este momento no votar el Presupuesto sería realmente gravísimo para el país. Por eso considero que se justifica plenamente nuestro voto.
El señor senador por Buenos Aires también se refirió a las herencias recibidas. Y comparaba y más o menos equiparó la herencia que en su momento recibió el presidente Menem con la que recibió el presidente de la Rúa, haciendo referencia también a la herencia recibida por el doctor Alfonsín. Yo digo lo siguiente: creo que lesiona la inteligencia y la verdad comparar la situación del país en julio de 1989 con la de diciembre de 1999. No tiene nada que ver con la realidad. Parece que se olvidó que ese retiro anticipado del gobierno fue porque la situación era de una crisis terminal. Ahí sí había default. Existía un default real: se había dejado de pagar la deuda desde hacía mucho tiempo. Pero el default no era sólo externo, sino que también era interno: no se pagaba una sola cuenta en el país. ¿O no dictó un decreto el doctor Alfonsín, por el que se suspendían los juicios previsionales que, inclusive, ya tenían sentencia para que no se pagaran? Ni a los jubilados se les pagaba. Reitero: ni a los jubilados se les pagaba. Entonces, no se pueden hacer esas comparaciones, sobre todo cuando en julio de 1989 tuvimos una inflación del 196 por ciento mensual, cuando nos habíamos quedado sin reservas en el Banco Central y sin depósitos en los bancos, porque todos se habían fugado y había una corrida espectacular. Creo que comparar esa situación con la de diciembre de 1999 es una afrenta a la inteligencia y a la verdad. Se olvidó decir, por ejemplo, que el doctor de la Rúa recibió el país con 30 mil millones de reservas internacionales, ni más ni menos. Y felizmente recibió el país con la ley de convertibilidad, porque no sé qué hubiera pasado ahora con esos 30 mil millones si no tuviéramos esa norma. Porque la ley de convertibilidad no es una garantía para los acreedores externos, sino para los argentinos, que tenemos respaldo de nuestro peso. Esto no lo dice nadie. Las reservas internacionales no son para los acreedores externos. Precisamente ellos son los primeros que quieren que caiga la ley de convertibilidad, porque se van a querer cobrar de los 30 mil millones que tenemos de reservas, que hoy no se pueden disponer porque hay una ley que lo prohíbe. Estas son las cosas que se tienen que decir y que no se pueden falsear.
Por ahí dijo al pasar que era bueno que hubiera 80 mil millones en los bancos. ¿Por qué se da esa situación? Porque hubo estabilidad, credibilidad y un sistema sólido. Por supuesto que tuvimos varios meses de recesión. Creo que fueron 30 meses de recesión, tal como explicó muy bien en su magnífico informe el señor senador Verna. El también habló de las cuatro crisis internacionales que atravesó el gobierno del presidente Menem. Al radicalismo, cuando fue gobierno, no lo tumbó ninguna crisis internacional. No tuvieron ninguna crisis como la del Tequila, la del sudeste asiático, la de Rusia o la del Brasil. Nosotros soportamos cuatro crisis.
Bajo ningún punto de vista es cierto —yo lo desmiento— que haya estado en default el país cuando asumió el doctor de la Rúa. No es cierto que había default. Si no, yo le pido que me diga qué deuda o qué obligación se había dejado de pagar. Tanto es así que al poco tiempo de asumir la Presidencia el doctor de la Rúa, el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito de 7.500 millones de dólares. Y eso no se hace con un país que está en default.
Yo no hubiera dicho esto si no se hubiera dicho aquello otro. Soy muy tolerante y no quiero hacer una crítica dura ni feroz al gobierno del doctor de la Rúa. Creo que no le está yendo bien, pero tengo esperanza de que va a mejorar. Soy de los que creen en el futuro del país y en que la situación se va a superar. Tenemos pilares sólidos y la vamos a poder superar con este acompañamiento maduro que está haciendo el principal partido de la oposición.
No creo en la debilidad del doctor de la Rúa. Esas son cosas que dicen y que deberá tolerar, como lo hizo en su momento el presidente Menem, de quien se dijo cualquier barbaridad. Y muchos que en aquel momento se regodeaban, hoy sufren en carne propia una situación similar. Pero no hay que darles importancia porque los objetivos de la Nación son mucho más elevados que los ataques o las ofensas que, sin fundamento, por supuesto, puedan hacerse a la investidura del presidente de la Nación.
Se ha dicho aquí que el futuro ministro de Economía va a ser el doctor Cavallo. No cabe duda de que ha sido un buen ministro —al menos mientras estuvo en el cargo— y por eso se lo reconoce y consulta. Pero creo, señor presidente, que el problema no está en el ministro de Economía. Se puede traer al mejor ministro de Economía del mundo o a un conjunto de grandes cerebros de Harvard, de Oxford o de la universidad que se quiera, pero no se solucionará la cuestión. Porque el problema que afecta en este momento al gobierno es político. No querrán reconocerlo, tratarán de disimularlo pero lo cierto es que la falta de confianza de los inversores no se debe tanto al tema económico —si bien es cierto que también puede influir— sino a una cuestión de credibilidad política.
La Alianza gobernante está prácticamente muerta. Es una alianza que se ha destruido; es una alianza que subió con muchas expectativas de la gente pero no es más que una alianza electoral, como nosotros lo habíamos advertido. Es una alianza para sumar votos, pero no existen coincidencias programáticas. Lo único que los une es su oposición frontal al gobierno peronista. Se hizo una coalición de partidos para derrotar al peronismo, pero ¿dónde estaban las coincidencias?
Ocurrió entonces lo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir. Entraron en crisis porque en esa alianza conviven proyectos políticos distintos.
Y así se produce ese hecho bochornoso y lamentable que es la huida del gobierno del vicepresidente de la Nación, quien se va no por discrepar en políticas de fondo sino por intrigas palaciegas y peleas minúsculas con el entorno del poder presidencial o con el propio poder presidencial; porque le pinchaban el teléfono, porque se metían en su vida privada o porque no le gustaba tal o cual ministro. Por supuesto que utilizó el escándalo del Senado como pretexto o paño de lágrimas, pero en el fondo se fue por otra cosa, tal como se está viendo todos los días.
La renuncia del vicepresidente causó un tremendo daño al país porque significó un síntoma de inestabilidad política, de que la Alianza estaba rota. Hoy está con respirador artificial y clínicamente muerta; podrán hacer todos los esfuerzos posibles, pero falta la afectio societatis.
Se hace una huelga repudiada por el gobierno y once diputados del Frepaso se pliegan. ¿Qué significa eso? ¿Que están con el gobierno?
Pero lamentablemente la cuestión no termina allí. Porque en el país ha habido renuncia de algún vicepresidente, pero como era del mismo partido que el presidente, ese acto no tenía el mismo significado. La cosa no hubiera sido tan grave si no se produjera esta secuela de sucesos que vemos todos los días que —sin caer en un lugar común— parece un culebrón. Todos los días: que lo extraño, que no viene, que no me escribe, que me habla por teléfono.
Ahora está instalado en Varela —Varelita —como se dijo— redactando la propuesta de cómo tiene que conducirse un gobierno, que hasta hace poco integró por el voto de la gente.
¡Está dando las recetas desde un café! Cuando leen esto afuera no hacemos más que dar pena, lástima. Realmente, es patético.
Deberían darse cuenta de que es patético. Ahora, se está anunciando que por teléfono avisó que se van a encontrar el día de mañana. Lo anuncian como si fuera una cumbre. No me sorprendería si mañana abro un diario y leo “Cumbre De la Rúa-Álvarez”; ¡cumbre entre dos personas que las eligió el pueblo para que gobiernen juntos!
Pueden traer a Cavallo o al que sea, pero si no solucionan el problema político, no hay solución para el problema económico ni financiero.
Creo que si el doctor De la Rúa toma firmemente las riendas del gobierno, da por superada su disputa con el Frepaso y va para adelante, tendrá el apoyo del pueblo. Pero si continúa con esta indefinición de tener que pensar qué le va a decir o sugerir, porque si no tiene miedo de que los diputados del Frepaso no le voten los proyectos, seguirá esta indefinición y no logrará ningún tipo de solución.
Esto es lo que se me ocurre que tendría que enfrentar el gobierno: solucionar la crisis política. Resuelto eso, seguramente vendrán las restantes soluciones. Además, tienen la suerte de que cuentan con una oposición que está dispuesta a colaborar y no a perturbar o poner palos en la rueda. Esta es una demostración que estamos dando hoy y también lo hicieron en la Cámara de Diputados.
Les hemos votado todas las leyes; algunas con un costo político terrible, pero tienen todo.
Los gobernadores hicieron un tremendo sacrificio con el pacto fiscal. Y ahí está. Es decir, ya no tienen pretexto. Como bien decía el señor senador Verna, déjense de pelear y dedíquense a gobernar.
Señor presidente: no puedo dejar pasar por alto el tema referido a mi provincia.
Debo confesar que sabía que en algún momento iba a venir un palo. Hace años que estoy sentado en esta banca y siempre hay algún palo para La Rioja. No me interesa por qué.
Por ejemplo, con los famosos ATN nos han martirizado. Todos los días se decía algo: los ATN para La Rioja; La Rioja, provincia de privilegio, etcétera. Pero hasta cuándo van a seguir con esta prédica.
Realmente, podría esperar el ataque de los que están a la sombra del Obelisco. Nunca lo esperaría de una provincia hermana que, además, en su momento también tuvo y tiene privilegios que no han tenido otras, y que se los dieron la Nación y la solidaridad de otras provincias a fin de que pudiera desarrollarse. Me refiero al Acta de Reparación Histórica. Me bastaría con decir eso.
Señor presidente: además, hay una historia que si no la digo hoy no me lo podré perdonar.
Cuando se sancionó la actual ley de coparticipación federal, la 23.548, sancionada un 7 de enero de 1988 —el doctor Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires—, ya había un acuerdo transitorio firmado por las provincias y la Nación en la época del doctor Alfonsín. Cuando la ley mencionada se sanciona, la provincia de La Rioja resultó perjudicada en más de un punto de coparticipación.
Recuerdo que en ese entonces se estaban jugando las precandidaturas presidenciales; era un momento político muy especial. Lamentablemente, nunca pudimos lograr que se tomara conocimiento del daño que se hizo a La Rioja. Se nos puso un índice de coparticipación que nos condenaba a un desfinanciamiento permanente. Cualquiera que tenga dudas, que lea el Diario de Sesiones del 7 de enero de 1988. Yo, sentado en esta banca dije: “Señores, a mi provincia se la está condenando al desfinanciamiento permanente. Con este índice de coparticipación no podemos subsistir”. Se me dijo que había un fondo del 3 por ciento para los desequilibrios financieros de las provincias y que se las iba a atender a través de ese fondo. Desde ese entonces venimos penando para poder lograr que se nos complete lo que nosotros necesitamos, no para hacer grandes obras sino, simplemente, para vivir, para poder pagar los sueldos de los empleados públicos.
¿Cuál es la reforma del Estado? ¿Echar a los empleados de las provincias, condenarlos a la inanición? ¿Qué puede hacer un hombre al que lo echan en La Rioja? Es una provincia castigada por la naturaleza en forma terrible. No tenemos una gota de petróleo, no tenemos gas, no tenemos agua.
La desesperación nos hizo pensar en traer el agua de Santiago del Estero con el Canal Federal. Por supuesto que nos “bombardearon” de todos lados. La Rioja no tiene agua ni de arriba ni de abajo ni del costado. “Bombardearon” el Canal Federal porque decían que era para favorecer a unas pocas familias. En La Rioja, para sacar una planta de lechuga hay que perforar doscientos metros, con los costos que eso significa. No le podemos pedir a la Nación una gran obra porque no tenemos qué obra hacer.
La vez pasada un colega —no sé si fue el senador Gioja— me decía que no podía creer que en La Rioja no tuviéramos un río. No podemos hacer un dique, un embalse, la gran obra. Entonces, yo digo: ¿Qué hacemos?
Cuando escucho esos ataques sobre los fondos que nos otorgan digo que los tendremos para recompensar lo que se nos quitó cuando se sancionó la ley de coparticipación federal. Por eso, cuando se sanciona la Reforma de la Constitución en Santa Fe se pone una cláusula transitoria que dice que las provincias no pueden recibir menos de lo que están recibiendo en estos momentos. Nosotros siempre estuvimos viviendo de una suma extra, además de la coparticipación. Esto lo sabe todo el mundo. Pero con mala fe se habla de la provincia del privilegio. Si con lo que recibimos apenas alcanza para pagar los sueldos…
Cuando sancionamos esa magnífica reforma de la Constitución de 1994, tan castigada, al referirse al presupuesto es clara. El artículo 75, en su inciso 8, cambia, porque antes decía que correspondía al Congreso fijar anualmente el Presupuesto de gastos, recursos y aprobar o desechar la cuenta de inversión. En 1994 se incluyó una cláusula que dice: “Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el Presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas.” Fíjense lo que dice: “conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2”. ¿Qué dice esa cláusula del tercer párrafo? Dice: “La distribución entre La Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”
Solidaridad, igualdad de oportunidades y calidad de vida. ¿Cómo se logra esto? Tratando de manera desigual a los que son desiguales, no tratando igual a los que son desiguales.
La Constitución de 1994 introdujo conceptos realmente fundamentales, como el del progreso con crecimiento, el de la justicia social y el de la solidaridad —en este caso, el de la solidaridad institucional—.
Yo me pregunto cómo se puede cuestionar que La Rioja reciba esos fondos —que recibe desde hace tanto tiempo en forma habitual, regular y permanente—, cuando en este mismo Congreso se votaron muchas cosas que beneficiaron a otras provincias. Y lo hicimos con ese principio de solidaridad.
¿O no votamos la transferencia de Los Nihuiles a Mendoza? ¿No votamos la transferencia de la represa de Salto Grande a Entre Ríos? ¿No votamos la transferencia de los puertos patagónicos y otros puertos del país?
Cuando ocurrieron los terremotos y las inundaciones, ¿cuántos años estuvimos pagando los terremotos de San Juan y el de Mendoza? Era la solidaridad de todas las provincias argentinas. ¿O la desgracia es nada más que un terremoto o una inundación? ¿No es la pobreza también una desgracia?
Por eso en determinado momento La Rioja firmó con el gobierno nacional un acuerdo de asistencia financiera por 250 millones de pesos.
Aclaro esto para dejar de lado la crítica diaria, barata y malintencionada hacia los ATN, como si no se supiera para qué eran.
Ese convenio financiero fue aprobado por el Congreso de la Nación el año pasado. Cuando aprobamos el presupuesto, este Congreso aprobó dicho acuerdo financiero.
Lamentablemente, el presidente de la Rúa lo vetó. Era un momento en que todo lo que fuera de La Rioja parecía pecado, malo y corrupto. Entonces lo vetó.
Cuando de la Rúa estuvo en La Rioja haciendo campaña política, hizo una carta en la que decía: “Yo soy la garantía de que los riojanos van a seguir recibiendo todos los fondos que reciben ahora”.
Nosotros confiamos en la palabra de de la Rúa, y estábamos seguros de que iba a cumplir. Lamentablemente vetó la norma, a pesar de que era una expresión de todo el Congreso.
Cuando fuimos a reclamarle al presidente de la Rúa por qué nos hizo eso pese a que había garantizado los fondos de La Rioja, nos respondió: “Bueno, es por la situación del país. Hablen con Machinea”.
Hablamos con Machinea y llegamos a un acuerdo. En vez de 250, acordamos 225 millones. Por supuesto, no llegaron los 250 ni los 225 millones. Tuvimos que endeudarnos para pagar los sueldos, la provincia está pagando los sueldos contrayendo deudas. Y nos tuvimos que atener a los 145 millones que estaban previstos en el presupuesto del año pasado, que era lo único que quedó.
Este año, el Poder Ejecutivo presentó el presupuesto con 100 millones. Dijimos que con ese monto directamente la provincia se tornaba ingobernable. Hicimos el pedido y se pusieron los 45 millones para completar la misma cantidad que se aprobó el año pasado.
Esta es la pequeña gran historia de los privilegios de la provincia de La Rioja.
Se sancionaron leyes de promoción. ¿Quién puede cuestionar las leyes de promoción de la Patagonia? ¿Quién puede cuestionar los subsidios a los combustibles, como lo explicaba muy bien el compañero Palacios? ¿Es un país federal o somos unos contra otros? ¿Somos enemigos?
Debo decir con respecto a este tema de La Rioja que la totalidad de los gobernadores —los anteriores y los actuales—, apoyaron esta partida. La solidaridad fue total, de todos los gobernadores. Incluso gobernadores enfrentados con el ex presidente de la Nación han apoyado y dado su solidaridad, lo cual para mí es una muestra de generosidad y de madurez que merece ser destacada.
Cuando se dieron promociones a otras provincias, cuando se hizo uso y, a veces, abuso de las promociones, ¿se dio un privilegio? ¿O se cumplió con el principio de solidaridad que señala la Constitución?
No podía dejar de decir esto porque todos estos años nos han venido mortificando con el tema de La Rioja, con los ATN y con las jubilaciones. Nos van a hacer notas periodísticas a la provincia. Todos los días esos programas escandalosos van a ver si se ha roto una calle, si tal o cual ha hecho tal cosa o tal otra; van a ver qué hacía el presidente Menem cuando era chico, qué cosa tiene o deja de tener. Esto ocurre todos los días. Se han hecho un picnic. Han convertido Anillaco, una población de mil habitantes, prácticamente en el lugar más popular del mundo, cuyo pecado ha sido que el ex presidente esté vinculado con la zona. Nos han mortificado, nos han humillado. Han mentido en forma repudiable.
En estos días, hablando del Presupuesto, los medios dijeron que la política gasta 20 mil millones en cargos electivos. Entonces, habría que suprimir y bajar los gastos. Claro, la solución es fácil. Se sabe que la solución es que no haya Cámaras de diputados ni Concejos deliberantes. Con los interventores todo va bárbaro… Pero esto que dicen no sería nada. Cuando ponen el ejemplo, ¿qué provincia toman? La Rioja. Fíjense: dicen que un pueblito de La Rioja como Patquía, de quinientos habitantes, tiene diez concejales. Mentira. En primer término, señalo que La Rioja debe ser una de las pocas provincias que tiene una organización municipal por departamentos, no por pueblos. Tenemos sólo dieciocho municipalidades en la provincia. Creo que Córdoba tiene doscientos y algo similar pasa con Santa Fe porque tienen otro tipo de organización. Como decía, nosotros tenemos dieciocho intendentes. La organización es departamental. Las más grandes de las municipalidades tienen diez concejales. Patquía —el ejemplo que se citó— es una de las más chicas. Dicen tiene diez concejales, dándolo como un ejemplo de corrupción política o de despilfarro político.
¿Hasta cuándo? Me duele mucho haber tenido que tocar este tema, pero hemos sido provocados, ofendidos y discriminados. Yo no me voy a callar más. Les voy a contestar uno por uno. Que sepan que no nos van a llevar por delante.

Proyecto de ley sobre competitividad (23 y 24 de marzo de 2001)

23 y 24 de marzo de 2001
12ª Reunión – 3ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 919 a 922

Sr. Menem. — Señor presidente: recién escuchaba que el flamante senador por San Luis se quejaba de haber esperado tanto tiempo para hacer uso de la palabra. ¡Y qué razón que tiene! Una sesión que se prolonga por tanto tiempo creo que a todos nos tiene cansados.
Pienso que esto del ajuste que se hace en materia económica también tendríamos que aplicarlo aquí, en este Senado, en cuanto a los tiempos reglamentarios del debate.
Recuerdo que al poco tiempo de ocupar la Presidencia Provisional —dado que en el Reglamento de la Cámara de Senadores no existían plazos; no había tiempos y, así, los senadores podíamos hablar las horas que quisiéramos y asistíamos a debates muy largos, en los que cada orador hablaba cuatro o cinco horas—, cuando yo propuse el establecimiento de los plazos que rigen actualmente, un distinguido senador radical me dijo que queríamos amordazar a la oposición y que por eso él estaba en contra de una limitación de esa naturaleza.
Considero que hoy tenemos la madurez suficiente, por lo que invito a los distinguidos colegas a que juntos veamos la posibilidad de cambiar un poco este sistema de trabajo en el que se producen exposiciones tan prolongadas. Creo que deberíamos revisar el Reglamento, a fin de limitar nuestras exposiciones, ya que el trabajo y la discusión deberían realizarse en comisión, como ocurre en casi todos los parlamentos del mundo. Posiblemente, por el tiempo que nos tomamos para las exposiciones, nuestro Congreso sea el cuerpo deliberativo en el que más duran los debates.
No podía dejar de realizar estas manifestaciones, a efectos de dar alguna satisfacción al compañero de San Luis que, con mucha razón, se quejaba del tiempo que tuvo que esperar para hacer uso de la palabra. De todas maneras, lo cierto es que muchas veces fue necesario esperar todavía más tiempo.
Señor presidente: el Partido Justicialista de La Rioja me ha dado instrucciones para votar favorablemente el proyecto de ley en consideración. Idéntica posición tiene el gobierno de mi provincia. Asimismo, también me ha solicitado expresamente que vote a favor de esta iniciativa el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y, además, la voy a votar favorablemente por propia convicción.
Por razones de tiempo no voy a entrar a analizar el proyecto y, en consecuencia, voy a cambiar el sentido que iba a dar a mi discurso. Así, me remito al profundo análisis que, como siempre, ha hecho el compañero Carlos Verna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya que me siento representado por lo que ha manifestado. De todos modos, sí quiero hacer algunas consideraciones, más que nada para fundamentar el porqué de mi convicción en favor de la aprobación de esta iniciativa.
En primer término, quiero decir que esta no es hora de endilgar culpas sino de asumir responsabilidades. No podemos —ni debemos—, quienes estamos en este momento en la oposición, aprovecharnos de la delicada situación en que se encuentra el país para llevar agua hacia nuestro molino político. Por eso, quiero expresar públicamente que me siento orgulloso de la posición asumida por el bloque justicialista, que una vez más esta noche viene a dar un signo de madurez política al acompañar la votación de un proyecto que mucho no nos gusta; más aún, en algunos casos nos disgusta. Y aunque en gran medida no estamos de acuerdo con lo que en él se establece, sabemos que en este momento debemos colaborar para que el gobierno elegido por el pueblo pueda superar la crisis en la cual estamos sumidos.
No puedo dejar de marcar —no lo hago a título de reproche— la diferente actitud que en su momento tuvo la oposición cuando nosotros estábamos en el gobierno. En efecto, nosotros recibimos una oposición muy dura, feroz, casi salvaje en algunos casos. Y lo hemos sentido tanto que no quiero que ellos experimenten una sensación similar.
Recuerdo un debate en esta Cámara, en el que “nos daban” sin descanso, “nos pegaban” de todos lados, a tal punto que el entonces senador Bittel, este gran compañero, le dijo a los integrantes de la bancada radical: “Por favor, tengan un poco de compasión, aflojen un poco la crítica, estamos en democracia”. Ante supuestos errores de nuestro gobierno nos atacaban en forma muy agresiva.
Por eso, espero que esta madurez que hoy está demostrando el justicialismo sea seguida e imitada por los integrantes de la bancada radical cuando les toque ser oposición a partir de 2003. Espero que sepan proceder con la misma grandeza y altura con que hoy está actuando esta bancada justicialista.
Contrariamente a lo que se ha venido diciendo y que se ha constituido en la muletilla de todos los días, nosotros no hemos venido aquí a dar ningún poder extraordinario a persona alguna y mucho menos al ministro Cavallo. Cuando se habla de delegación de facultades estamos hablando de delegación de facultades al Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación, sea quien fuere el ministro de Economía. Y, en este caso, el presidente de la Nación ha sido votado por casi el 50 por ciento de los argentinos. ¡Cómo no vamos a tener un mínimo de confianza en el hombre que ha sido elegido por la mayoría del pueblo argentino para que maneje los destinos del país! Que no le haya ido bien en este primer año y medio de gobierno no debe, de ningún modo, autorizarnos a desconfiar de lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo.
Me resisto a pensar que los argentinos vayamos a tener tanta mala suerte. Ya nos defraudó el vicepresidente con su huida bochornosa a poco de asumir su cargo. No creo que nos vaya a defraudar el presidente de la Nación. Por eso, pienso que cuando estamos acompañándolo y colaborando desde la oposición, estamos actuando conforme la más pura expresión de la democracia. Porque nuestra actitud es la de apostar a la superación de la crisis. No vamos a apostar al fracaso, porque nosotros desde el justicialismo siempre hemos sido optimistas.
Recuerdo que se lo criticaba al presidente peronista cuando decía “Estamos mal, pero vamos bien”. Hoy, lamentablemente, no podemos repetir esa frase; creo que estamos mal, vamos un poco peor, pero vamos a mejorar. Estoy seguro de que vamos a superar la crisis. Desde aquí debemos “tirar buenas ondas”. Basta de pesimismo. Estoy seguro de que podemos y debemos salir adelante y de que, entre todos, vamos a sacar al país de la situación en que se encuentra.
Quiero rescatar también la valentía que ha tenido el presidente de la Nación al nombrar como ministro a Domingo Cavallo. Sé que no le debe haber sido fácil. Conozco las resistencias que debe haber tenido. Claro, no es fácil nombrar como ministro de Economía precisamente a quien, durante seis años, se lo culpó de todos los supuestos males del país, a quien prácticamente se lo trató de demonio. Bastaría con leer en los Diarios de Sesiones de esta Cámara las interpelaciones para ver la forma en que se dirigían al hoy ministro de este gobierno.
Creo que aquí es donde se advierte cuándo el político pone por encima de sus intereses, y de sus creencias personales, los del país. Pienso que de la Rúa hizo bien, porque no está nombrando a un improvisado. De ninguna manera voy a hacer el elogio de Domingo Cavallo; hemos tenido diferencias y, en su momento, ha salido mal de nuestro gobierno. Pero no es un improvisado y nadie puede dudar de su capacidad. Creo que de la Rúa eligió bien en estas circunstancias.
Traigo esto a colación porque se han dado casos en la historia de nuestro país en que un presidente ha tenido que dejar de lado y resignar posturas cuando estaban en juego los intereses del país. ¿O no nos vamos a acordar de cuando Frondizi tiró a la basura su libro “Política y Petróleo” y encaró la privatización de los yacimientos de petróleo? ¿Por qué? Porque eso era lo que le demandaba la situación del país en ese momento; creía que para los intereses generales eso era mejor que lo que él había sostenido en su libro. O lo que hizo el propio presidente justicialista en su oportunidad; o el propio Raúl Alfonsín, cuando tuvo que promover leyes que consideraba necesarias, pero que no estaban de acuerdo con posturas que él había venido sosteniendo.
Por eso, quiero rescatar del presidente que haya tenido la valentía y el coraje de nombrar a Cavallo después de todo lo que dijo su partido durante los años de oposición. Así mismo, también quiero destacar el coraje que tuvo cuando, el domingo a la noche, le dijo que no al intento de su socio de coalición de llevar como jefe de Gabinete a Carlos Álvarez. Creo que también ha sido un gesto de autoridad que nosotros estábamos esperando del presidente de la Nación.
Con esto no quiero hacer un juicio de disvalor en contra de alguien. Pero sí considero que ante la posición de un hombre que abandona la Vicepresidencia de la Nación en la forma en que lo hizo el ex vicepresidente, porque vio que se “venía la noche”, quien luego, cuando parece despuntar la claridad, quiere volver al gobierno ni más ni menos que como jefe de Gabinete, el presidente estuvo bien al mantener la coherencia y dejar al actual jefe de Gabinete para que siga colaborando con él.
Hace pocas noches, en un programa de televisión, un integrante del Frepaso criticaba la designación de Cavallo diciendo que si a la Economía le va bien, los laureles se los va a llevar Cavallo y si le va mal, la culpa va a ser de la Rúa. Yo le dije que ese era un pensamiento mezquino, chiquito, porque si a la economía le va bien, le va a ir bien a todos los argentinos. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos que tener ahora: que le vaya bien a la gente, al hombre de carne y hueso. No importa quién se lleve los laureles, no importa que sea Cavallo, que sea de la Rúa o quien sea; lo importante es que podamos superar esta situación de crisis en la cual nos encontramos.
Para finalizar, a fin de ser fiel a lo que decía en cuanto a los tiempos parlamentarios, creo que esta crisis nos deja muchas enseñanzas. Pero quiero mencionar dos o tres pensamientos: primero, que tenemos que aprender a ser más responsables cuando hacemos crítica desde la oposición.
En efecto, no se puede predicar alegremente, como se hizo en esos documentos y en esas expresiones que recordaba recién Antonio Cafiero, sobre cómo estaba el país y cómo se iba a superar la crisis. Recuerdo cuando los amigos radicales y la gente del Frepaso fueron a hablar en varias oportunidades con la gente de la “carpa blanca”, diciendo que iban a solucionar el problema, pero luego se dieron cuenta de que no había plata para pagar el fondo docente.
También recuerdo que se decía que los programas sociales no llegan a la gente porque el dinero se iba en la corrupción. ¿Qué pasó después? ¿Quién era la abanderada de eso? ¿Qué pasó? ¿Se siguió yendo por la corrupción o era ineficiencia? ¡Tantas cosas se dijeron…!
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos desde la oposición debemos hacerlo con ideas claras acerca de las cosas; ya no se puede improvisar más. Tenemos que ser muy responsables de lo que decimos desde la oposición y esta es una responsabilidad que hoy también tenemos que asumir nosotros.
A su vez, este proceso político ha demostrado que cuando no hay coincidencia de objetivos, cuando no hay coincidencias programáticas, ni un feeling —para decirlo en términos distintos—, ni esa afectio societatis, las alquimias políticas no sirven para nada. Las alianzas no pueden ser una mera sumatoria de votos ni meras componendas electorales.
Fíjense a la situación de crisis que ha llegado el país. Porque esta crisis —creo que no soy original al decirlo— no es principalmente económica, ya que acá el problema empezó siendo político. El país comenzó a perder credibilidad con los problemas internos de la Alianza gobernante. ¡En qué país un vicepresidente se va a los diez meses de gobierno por intrigas palaciegas o porque el presidente designó a un ministro o dejó de designar a otro! Eso nos hace perder seriedad y credibilidad.
Entonces, creo que ésta también es otra enseñanza: que los acuerdos, los frentes, las coaliciones, tienen que hacerse sobre bases serias, no sólo para ganar una elección sino cuando se tiene idea clara de cómo hay que gobernar un país.
Por último, digo que estos personajes mediáticos que han surgido en los últimos tiempos, que vinieron a hablar del cambio de la política, de su renovación, son tigres de papel, son ídolos con pie de barro. Una cosa es la protesta, la marcha, el “cacerolazo”, el “bochazo” y otra distinta es asumir funciones de gobierno. Es muy fácil protestar, criticar y organizar un cacerolazo, pero si estuvieran en el gobierno habría que ver qué demuestran, qué saben y cómo asumen ese voto que les dio la gente. Seguramente que estos personajes mediáticos se derretirían al primer calor del conflicto, de esos que suelen estallar siempre en la función de gobierno.
Señor presidente: hoy vamos a aprobar esta ley que nos pide el Poder Ejecutivo. Y posiblemente después también le demos —aunque no en la forma en que se lo pide— la delegación de facultades, porque creemos que tenemos que ayudar.
Pero quiero decir una cosa. Ni el impuesto de hoy, ni la delegación de facultades, ni la eficiencia y la capacidad de Cavallo van a servir si no hay desde el gobierno una conducción política homogénea, firme, coherente y armónica.
Les pido a los integrantes de la coalición de gobierno —si es que todavía existe—, sobre todo a los amigos radicales, que fortalezcan la autoridad del presidente, que lo ayuden a gobernar, que dejen de tironearlo de un lado y de otro, queriéndole imponer políticas y hombres o nombres en el gobierno; dejen que el presidente —porque a él lo han votado los argentinos— asuma la responsabilidad. Si lo fortalecen políticamente, si tiene un ministro que seguramente sabe lo que tiene que hacer, y cuenta con una oposición seria, razonable y madura —como es la que está ejerciendo el justicialismo y yo me enorgullezco, en este momento, de que lo estemos llevando a cabo de esta forma—, creo que vamos a poder sacar al país adelante, que es lo que están esperando todos los argentinos.

Proyecto de resolución sobre el megacanje (27 de junio de 2001)

27 de junio de 2001
43ª Reunión – 12ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3266, 3267, 3271 y 3272

Sr. Menem. — Señor presidente: recién se dijo “proyecto de resolución del señor senador Menem y otros…”, lo cual indica que no es un proyecto solamente de mi autoría, sino de varios integrantes del bloque al que pertenezco, y aprobado por éste.
La opinión pública se ha visto conmovida en los últimos tiempos por esta cuestión del denominado megacanje de la deuda.
Se han hecho muchos comentarios periodísticos; inclusive, se ha abierto una causa judicial sobre el tema y hay un fiscal que imputó de asociación ilícita al señor presidente de la Nación, al ministro de Economía, al negociador de la deuda externa y a algún banquero, por esta cuestión del megacanje de la deuda.
Desde luego, este Congreso tiene atribuciones originarias en la cuestión de la deuda pública, razón por la cual no puede permanecer ajeno a lo que se dice sobre este asunto. Es más: el juez interviniente en la causa ha enviado un oficio a la Auditoría General de la Nación y esta ha ordenado abrir una investigación sobre el particular, que está en marcha, si no me equivoco.
Si bien la Auditoría General de la Nación se encuentra en el ámbito del Congreso de la Nación, este Senado no puede permanecer indiferente cuando se da información que es realmente preocupante.
Creo que tenemos que cortar de raíz estas cosas cuando comienza a difundirse en forma de acusación cierto tipo de cuestiones referentes a negociaciones realizadas por el gobierno nacional sobre una situación preocupante para todos, como es el tema de la deuda pública.
Se trató de una operación muy grande, del orden de los 29.000 millones de dólares. Una operación en la que se rescataron bonos Globales, Bontes, Brady, Bocones, pagarés y otros instrumentos por un monto de 29.494 millones, cuyo valor residual asciende a 28.144 millones. Se emitieron cinco nuevos títulos: bonos Pagarés 2006 en pesos, bonos Global 2008 en pesos, bonos Global 2008 en dólares, bonos Global 2018 en dólares y bonos Global 2031 en dólares, por un total de 30.401 millones.
Se postergaron vencimientos de capital e intereses correspondientes al período segundo semestre 2001 al 2005 por 16.047 millones de pesos.
Esta postergación de vencimientos se concentra casi en un 70 por ciento —o sea 10.950 millones– entre el segundo semestre del año en curso y el 2003.
Algunos sostienen que esto forma parte de alguna clase de juego hasta que pase la instancia electoral. No voy a hacer ese tipo de consideraciones, porque primero tenemos que saber qué es lo que ha pasado.
Se criticó mucho la comisión que se ha pagado que es, aproximadamente, del orden de los 150 millones de dólares, a pesar de que se ha sostenido que llegó a los 170 millones.
Y he notado algo muy particular. No se cuestiona tanto el monto de la comisión —es decir el porcentaje—, que es habitual en operaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque los principales tenedores de bonos canjeados, fueron precisamente las AFJP, las compañías de seguro y los bancos públicos y privados, todos ellos locales.
Se trata de instituciones que, en definitiva, tenían estrecha vinculación con las entidades financieras encargadas de hacer la operación. No sólo no necesitaban ser convencidas sino que, además, la operación les era conveniente y poco riesgosa. O sea que no se tuvo que salir a buscar clientes para canjear sino que se lo hizo con los propios tenedores de los títulos.
En virtud de esto, ese medio por ciento o 0,55 por ciento aparece —-por lo menos— como exorbitante, toda vez que la mecánica de la operación llevó a realizarla con los mismos tenedores.
Se plantearon muchos temas que generaron dudas. Creo que esta cuestión merece que el Senado de la Nación tome intervención, por lo menos para que tengamos una información concreta e inmediata a efectos de que nosotros, como representantes de las provincias, sepamos qué es lo que sucede con esta deuda.
Fíjense que el endeudamiento aumenta en 2.257 millones, y hay que adicionar la capitalización de intereses autorizada por el decreto 648/01 y contemplada en algunos bonos.
No estamos acusando a nadie; no está en nuestro ánimo hacerlo. Lo que queremos saber es si está bien hecho el megacanje, si se paga lo correcto y si los plazos que se toman son los razonables.
En definitiva, creo que el Senado de la Nación no puede estar ausente de esta investigación. Incluso, creo que si en el futuro la Cámara de Diputados quisiera formar una comisión bicameral, aceptaríamos gustosos integrarla. Por lo pronto, nuestra voluntad política es tomar conocimiento de qué es lo que sucede con este megacanje.
Insisto, no se trata de una imputación o una acusación sino simplemente del deseo de saber cómo es esta operación que ha levantado tanta polvareda, y que realmente es motivo de consulta diaria de nuestros representados. Ellos nos preguntan a nosotros “cómo es esto, qué es lo que han hecho ustedes, ¿han autorizado o no? ¿no es el Congreso el que arregla la deuda pública? ¿no es el Congreso el que tiene que autorizar la emisión de títulos?”
Por eso, señor presidente, creo que deberíamos tratar rápidamente esta cuestión y esa es la razón de la solicitud de tratamiento sobre tablas que he propuesto para esta cuestión.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: cuando se habla de la deuda externa normalmente se incurre en el error de hablar en términos absolutos, sin tener en cuenta que cualquier monto de deuda debe relacionarse con el producto bruto.
El país nunca estuvo más endeudado que en 1989, cuando con un producto bruto de 90 mil millones de dólares existía una deuda declarada de 60 mil millones, cifra que no incluía muchas otras deudas, como la de los jubilados, de 13 o 15 mil millones, porque no estamos hablando de deuda externa sino de deuda pública. Entonces, resulta muy ligero el razonamiento de decir que nos dejaron endeudados o que esto es producto de la herencia recibida, como si en 1989 hubieran dejado el país en una situación brillante. No quiero referirme a cómo terminó ese gobierno porque no pretendo reabrir esta cuestión; no es el tema que hoy nos preocupa.
Por supuesto que resulta muy difícil para los representantes del gobierno actual explicar aquí cómo pueden criticar para atrás cuando han designado ministro de Economía a la persona que desempeñó ese mismo cargo en el gobierno anterior. No quisiera estar en el cuero de ellos, es decir, tener que justificar ahora a Cavallo cuando se lo criticó por lo que hizo antes. Se reflota la teoría del Cavallo bueno, que es el de ahora y la del Cavallo malo, que era el de antes.
Sr. Angeloz. — No es ni bueno ni malo; es Cavallo.
Sr. Menem. — Es Cavallo, efectivamente. (Risas.) Pero en función de los discursos de su bancada, mi querido senador por Córdoba, me parece que es muy difícil explicar cómo critican para atrás lo que hizo una persona y ahora aceptan lo que hace esa misma persona.
Sr. Angeloz. — La misma actitud que era inexplicable antes lo es ahora.
Sr. Menem. — De todos modos, como siempre dice el radicalismo cuando va a las votaciones, como no nos dan los números tenemos que aceptar lo que proponen. Por lo tanto, como en este caso no nos dan los números para imponer el proyecto de creación de la comisión, porque no contamos con los dos tercios —al igual que en el tema anterior—, transformo la moción de tratamiento sobre tablas en una de preferencia con despacho de comisión para la sesión siguiente a la próxima, a fin de que no se junte el tratamiento de estos dos proyectos en una misma sesión.

Proyecto de ley sobre emergencia pública y reforma del régimen cambiario (6 de enero de 2002)

6 de enero de 2002
80ª Reunión – 28ª Sesión ordinaria (continuación)
Diario de Sesiones – Páginas 6788 a 6790

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: creo que a esta altura del debate ya se ha expuesto un amplio espectro de las exposiciones de las distintas bancadas y de los senadores sobre la opinión que les merece la norma y el momento que se vive.
Recuerdo que hace once años, un sábado por la tarde, en este mismo recinto, extendimos la partida de nacimiento a la convertibilidad. Once años después, un domingo, le estamos extendiendo la partida de defunción.
Muchos han dicho con razón que la convertibilidad ya había muerto, que estaba clínicamente muerta o que se encontraba con respirador artificial; algunos le atribuyen a la convertibilidad una serie de males; y otros la han comparado a una ametralladora con silenciador.
Lo cierto es que no vamos a hacer el velatorio de la convertibilidad, como decía el señor senador Baglini. Pero a veces conviene decir algunas cosas a la hora de hacer un funeral político.
La convertibilidad no ha sido la causa de los males que vive el país. Muy por el contrario, en su momento fue un instrumento muy útil para sacarlo de una situación gravísima que se vivía como consecuencia de la hiperinflación que hizo estragos en nuestro país —esa es la palabra: estragos—.
La convertibilidad no murió por causas naturales sino que se la fue matando en los últimos tiempos. Se la mató cuando se atacó una institución fundamental para mantenerla, como es la autonomía del Banco Central; cuando discrecional y arbitrariamente se cambiaron las autoridades de dicho organismo que estaban en defensa de la convertibilidad. Se puso en duda su vigencia cuando se le introdujo otra moneda, como el caso del euro —aunque supeditada a que alcanzara el valor del dólar, pero igualmente se puso en duda su vigencia—; y se la puso en duda cuando, con alguna complacencia en el manejo de las reservas, se empezó a permitir que se fueran reservas del Banco Central, que habían alcanzado uno de los niveles más extraordinarios en la historia del país.
A la hora de atacar a la convertibilidad se ha olvidado que fue uno de los instrumentos que permitió la estabilidad económica en el país durante diez años; que posibilitó que se acumularan reservas por más de 30 mil millones de pesos o de dólares; que posibilitó uno de los índices de crecimiento más grandes que tuvo el país en las últimas décadas —cerca del 60 por ciento— y, en definitiva, que posibilitó que hubiese credibilidad y previsibilidad.
Es cierto que si en determinado momento se creyó que la convertibilidad tenía que dejarse de lado eso debió haberse hecho en una forma más ordenada y no como lo estamos haciendo ahora. Y aclaro que no soy un enamorado de la convertibilidad ni creo que sea la solución mágica de todos los problemas, pero sí que ha sido un instrumento formidable para la estabilidad y el crecimiento del país que —repito— llegó a ser de cerca del 60 por ciento en una década.
No creo que la convertibilidad haya sido la causa de la recesión. La recesión en nuestro país, en esta economía globalizada, y en los países emergentes, fue producto de las crisis que hubo en otras partes del mundo. La convertibilidad posibilitó soportarlas a pie firme, aun cuando a causa de esas crisis empezó un proceso de recesión.
Las crisis del tequila, la del sudeste asiático, la de Rusia, la de Turquía, la del Brasil, todas pudieron ser aguantadas a pie firme por nuestro país, porque teníamos ese instrumento de estabilidad que era la convertibilidad. Y hoy la estamos por dejar. Es una decisión política y la respeto como tal.
No estoy muy convencido de lo que estamos resolviendo hoy. Voy a apoyar la iniciativa por disciplina partidaria, porque creo que la razón de la mayoría seguramente debe ser más poderosa que lo que uno piensa en particular. La voy a votar afirmativamente como una expresión de confianza en el nuevo gobierno de la Nación, encabezado por el presidente Eduardo Duhalde, a quien en el año 99, cuando fue candidato presidencial, en mi provincia —lo digo como presidente del Partido Justicialista de La Rioja—, le dimos la diferencia más grande en votos, en proporción a la población de esa provincia. Hoy estoy ratificando esa confianza al apoyar esta decisión política y esta delegación de facultades.
Lo que sí quiero expresar es mi preocupación por la devaluación. Comparto las manifestaciones de algunos colegas en el sentido de que esta facultad de fijar el valor de la moneda tiene que ejercerse en forma prudente y razonable. No tengo dudas de que se lo va a hacer así. Pero pienso que hay que darle más previsibilidad. Creo que hay que anclarla con ciertos parámetros. Si es con una canasta de monedas, habrá que elegir con qué monedas, para que tengamos un país más previsible.
Lo que nos permitió crecer en la década del 90 fue la previsibilidad. Sabíamos a qué atenemos. Saber a qué atenerse se llama seguridad jurídica, previsibilidad, credibilidad. En estos últimos tiempos le hemos asestado un golpe mortal a esa credibilidad. Si no, que lo digan los ahorristas.
Le tengo mucho miedo a la devaluación, señor presidente.
Los que hemos vivido la época de la hiperinflación sabemos lo que esto significa. Bien lo decía el senador Baglini; tenemos como un recuerdo o una conciencia dormida. Esto me recuerda a aquel alcohólico al que se lo somete a un tratamiento de abstención durante varios años y, de pronto, se le hace probar de nuevo el alcohol.
Tengo temor de que volvamos a esa cultura inflacionaria que tuvimos muchos años. Y me alarma lo que ocurrió en los últimos días, donde ante la mera posibilidad de la devaluación ya empezó la remarcación, la maquinita remarcadora, sin tener ningún motivo, aun para los productos nacionales. Son los especuladores. Y detrás de ello existe la necesidad de volver a mecanismos que creíamos que habían sido superados, como control de precios, control de cambios… Ojalá no tenga que volver a suceder eso.
Aquí se dio el ejemplo del Brasil. Y es cierto, Brasil devaluó pero el monto de la devaluación no fue seguido en forma proporcional por los precios. Es como que hay otra cultura. Creo que es en estos momentos de crisis cuando debemos reaccionar.
La crisis debe convocar a todos los argentinos a efectos de que apoyemos a este gobierno, que asume en un momento de tremenda gravedad, para que alcancemos las coincidencias que estamos logrando.
Me alegra que aquí estemos coincidiendo las bancadas mayoritarias y también algunos partidos provinciales, porque de esto salimos entre todos o no nos salva nadie. Pero también tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que esta salida traumática de un sistema que nos permitió crecer nos sirva hoy para superar la crisis.
Las medidas establecidas en este proyecto de ley no son suficientes. Habrá que complementarlo, como aquí se ha dicho, con otras leyes que garanticen los derechos de los trabajadores, de los usuarios y de los consumidores; que permitan salir cuanto antes de este infame “corralito”. Esas medidas también deben respetar los acuerdos con las provincias porque “si paramos algunos incendios” en algún lado, no vaya a ser que nuestras provincias se incendien por no poder afrontar el pago a los empleados públicos.
Me dio mucha satisfacción escuchar al presidente de la Nación cuando en su discurso en la Asamblea Legislativa dijo que se van a respetar los pactos de la Nación con las provincias. Yo espero que se cumplan. Estoy seguro de que se van a cumplir, porque este es un país federal. Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen tanto respeto como la Nación misma. Cuando en los últimos tiempos del gobierno anterior de la Nación se pagaba en pesos a los empleados nacionales y en las provincias con Lecop, con ticket-canasta y con bonos provinciales, no se daba un trato igualitario. Merece tanto respeto un empleado de una administración pública provincial como un empleado de la Nación.
Quiero confiar y confío en la sensibilidad y en la experiencia política de quien gobierna el país y del equipo que designó para que lo acompañe. Por eso voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
Hoy no estamos para torneos de oratoria ni para tratar de hacer leyes perfectas. Hoy no hay nada perfecto. Hay que tratar de sancionar la mejor norma posible, nada más. El camino lo iremos haciendo al andar, con esa experiencia, con ese anhelo y con el deseo de que en los próximos tiempos sigamos estando juntos todos los argentinos. Para superar esta crisis es que voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.

Proyecto de ley sobre el Presupuesto 2002 (5 y 6 de marzo de 2002)

5 y 6 de marzo de 2002
2ª Reunión – Sesión Especial
Diario de Sesiones – Páginas 190 a 192, 193, 218 y 257

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a ser breve y adelanto que solicitaré la inserción de mis puntos de vista sobre este presupuesto.
Sin embargo, no puedo dejar de hacer algunas manifestaciones respecto de algunos aspectos que se han tocado en la tarde de hoy, empezando por el último.
Esta actitud del representante por Mendoza de volver a atacar el régimen de promoción, no es sorpresiva, pero no puede dejar de disgustarnos, ya que —con una obstinación digna de mejor causa— siguen con esa “guerra santa” en contra de los regímenes de promoción. Digo que es una lucha de provincias, es la lucha de Mendoza contra las provincias del Acta de Reparación Histórica; es un acto de egoísmo, es un acto de falta de solidaridad.
Yo le puedo decir que en mi provincia, gracias a esa campaña desatada en contra de los regímenes de promoción, se perdieron 10 mil puestos de trabajo. De los 14 mil que había cuando estaba en plena vigencia la promoción han quedado sólo 4 mil; y ahora quieren arrasar con esos 4 mil que han subsistido de la promoción industrial.
Señor presidente: en las cuatro provincias promocionadas hay 62 mil familias que viven en forma directa de la promoción industrial y los diferimientos impositivos. Sin embargo, el senador por Mendoza quiere dejar sin efecto esa promoción. Ahora bien, seamos claros: esta no es una suspensión. Se la llama así, pero se sabe que es la partida de defunción de los regímenes de promoción. ¡La suspensión es una mentira! Lo que se quiere es lo de siempre: liquidarlos de cualquier forma, con leyes como la Socchi—Bordón, con una campaña despiadada a través de los medios de comunicación y de los diarios. ¡Han contratado comentaristas para que hablen en contra de los regímenes de promoción! ¡Han hecho una campaña despiadada!
Pero lo que más me sorprende es que este ataque venga de una provincia que ha sido dotada por la naturaleza, de recursos muy superiores a las otras provincias, y que es de la que más se podrían esperar muestras de solidaridad.
¿Cuántas veces el resto del país tuvo que soportar las crisis del vino? ¿Cuántas veces el resto de las provincias argentinas tuvieron que aportar para el desarrollo de la provincia de Mendoza? ¿De dónde salieron los fondos para realizar las interconexiones y caminos con Chile? ¿De recursos provinciales o de todo el país? ¿Quién se beneficia más directamente de los caminos y de los pasos? ¿Cuántas provincias argentinas tienen demoradas las obras para los pasos fronterizos porque se le dio prioridad a los pasos de Mendoza? Todavía provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan no los pueden concluir y, ahora, en Mendoza quieren hacer otro paso fronterizo más.
Estas son las cosas que irritan. Se trata de una falta de solidaridad. Hoy es casi una provocación, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran nuestras industrias.
La gente está suspendida, no tiene para comer y, ahora, se le quiere dar el golpe mortal a través de la suspensión de los regímenes de promoción. Señor presidente: esto me provoca mucho dolor. No lo esperaba. Es decir, no me sorprende, pero no creí que podría llegar a tanto este empecinamiento en contra de los regímenes de promoción industrial.
Sé que hoy se ataca este sistema para obtener prensa, por cuanto ya se ha señalado que no vamos a admitir modificaciones en el proyecto. Sin embargo, se afirma que se va a insistir con respecto al artículo 39, a fin de que mañana se publique en los diarios que se avanza con el tema de la promoción, que es un tema que atenta contra los dictados del Fondo Monetario Internacional y toda una serie de estupideces que normalmente se suelen decir.
Sin embargo, nosotros vamos a defender dicho instituto, para lo cual contamos con la solidaridad de las demás provincias argentinas, cuyos representantes han apoyado los regímenes de promoción sin necesidad de que nadie los presione. Creo que hay muchos legisladores que tienen ese sentimiento de solidaridad a favor de los que menos tienen, es decir, a favor de las provincias incluidas en el Acta de Reparación Histórica.
Con respecto al tema presupuestario, aquí se ha afirmado correctamente que estamos ante un presupuesto posible; no ante el que hubiéramos querido sancionar. Es el presupuesto posible, dentro del esquema de devaluación imperante.
Cuando se consideró el proyecto de ley por el que se derogó la ley de convertibilidad, expresé públicamente aquí mis reservas y dudas sobre la eficacia de dicha iniciativa. Creo que la devaluación no ha traído absolutamente ningún beneficio. Por el contrario, sólo ha traído perjuicios. Creo que ha complicado totalmente las relaciones jurídicas; está haciendo colapsar a la Justicia; ha creado un clima de incertidumbre todavía peor a raíz de la vigencia del “corralito” y ha potenciado los problemas de este último en virtud de la devaluación.
Pero se trata de una decisión política ya tomada. Estamos en el baile y tenemos que bailar con este ritmo. Por eso, este es el presupuesto de la devaluación. Y pienso que es el presupuesto de la decadencia. Espero equivocarme y que no sea así.
Aquí muchos se han solazado con esta situación. Incluso, observé muy contento al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical repitiendo las palabras del presidente de la Nación cuando denostó lo que había hecho el gobierno anterior. Sin embargo, creo que esas frases del presidente han sido desafortunadas. Lo respeto mucho y él lo sabe. Pero creo que no puede llevar una interna al nivel de un discurso institucional. No puede actuar con resentimiento ni con odio.
Creo que el país y la gente saben lo que han sido uno y otro sistema. Yo no he venido aquí a defender un determinado sistema, sino a tratar, dentro de mis humildes posibilidades, de dejar las cosas un poco en claro.
Recuerdo que en la campaña electoral para las elecciones de 1999 el entonces candidato a presidente Duhalde dijo que el modelo estaba agotado por lo exitoso; por lo exitoso, reitero. A su vez, recuerdo que los integrantes de la fórmula de la Alianza —tanto de la Rúa como Álvarez— defendieron la convertibilidad y la paridad entre el peso y el dólar. Ustedes recordarán los spots televisivos tan difundidos del entonces candidato de la Rúa en los que afirmaba que con él, un peso valdría un dólar y que no iba a salir de esa paridad. El pueblo votó eso. Así como votó a favor de la convertibilidad y de las transformaciones en 1991, 1993 y 1995, en 1999 siguió votando a favor de la convertibilidad. Y haciendo uso del ejemplo gráfico del senador por Mendoza, si tenían una Ferrari y no la sabían manejar, porque estaban acostumbrados a manejar un Ford Falcon, es problema de ellos. Por eso la estrellaron al poco de andar y por eso tuvieron estas consecuencias.
Por eso, dejaron ir 33 mil millones de dólares de reservas. Cuando al presidente del Banco Central en la Comisión de Acuerdos le pedíamos datos sobre la fuga de las reservas nos dijo que, indudablemente, si hoy hubiéramos tenido esos 33 mil millones de reservas, serían otros los términos en los cuales estaríamos hablando.
¿Por qué se fueron los 100 mil millones de depósitos de los bancos? La gente depositó en los bancos porque tenía confianza en el uno a uno y en la convertibilidad. Si hubieran sabido que esto iba a pasar, seguramente no los hubiera votado y no hubiese depositado.
El desastre que fue la política del gobierno de la Alianza llevó a la pérdida de confianza cuando se atacó la autonomía del Banco Central y cuando empezó Cavallo a juguetear con el tema de la convertibilidad y a meter el euro. Cuando el presidente del Banco Central, Pedro Pou, no quiso aceptar sus requerimientos de usar las reservas para hacer frente a los gastos del Estado, se cambió al presidente del Banco Central y se promovió la modificación de la Carta Orgánica, lo cual asestó un golpe mortal a la convertibilidad.
Aquí el problema no era el modelo sino la forma en que se lo quiso aplicar y por eso llegamos a donde estamos. Ahora, tenemos 60 mil millones aprisionados en el “corralito”, con fondos devaluados, con relaciones jurídicas totalmente inciertas, con una Justicia colapsada por la cantidad de demandas entabladas y en este marco estamos sancionando este presupuesto.
Este es el presupuesto posible; es el presupuesto de la devaluación y de la inflación. Y yo he votado varios presupuestos en épocas de inflación y sé lo que eso significa. Ningún presupuesto puede ser confiable. Los presupuestos que se votaron en época de inflación siempre han tenido un alto grado de incertidumbre; nunca se cumplen las metas, precisamente, porque no hay estabilidad económica. Y si no hay estabilidad económica no son ciertos ni los gastos ni los ingresos. Y si no son ciertos los gastos ni los ingresos el presupuesto pierde gran parte de la credibilidad que debe tener como instrumento fundamental de desarrollo de un país. Por algo se le llama “ley de leyes”.
Un presupuesto debe ser creíble y confiable pero, por más buena voluntad que se ponga en un momento de inestabilidad e inflación, nunca va a ser el reflejo real de la economía ni va a poder ser una cabal herramienta para el desarrollo del país.
De todos modos, voy a apoyar este proyecto y a votar con mi bloque porque, en primer término, el país no puede dejar de tener un presupuesto. Lamento que lo estemos votando en marzo, deberíamos haberlo hecho en diciembre, como se hizo entre los años 1989 y 1999, porque el presupuesto debe ser votado antes de que empiece a regir. En segundo término, porque éste es nuestro gobierno, es el gobierno de mi partido y tengo la obligación moral y política de apoyar las decisiones que políticamente se tomen en el seno de mi gobierno y de mi partido.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — El señor senador Baglini expone muy bien, pero dice muchas cosas que no son ciertas.
No puede el senador decir lo que dijo habiendo estado con un gobierno que elevó la desocupación, pese a que habían dicho que la iban a bajar. La recibieron en un 13 por ciento y la dejaron en más de un 18 por ciento.
Cuando dice que no había mecanismos de control, le quiero recordar que la Auditoría General estuvo todo el tiempo presidida por un funcionario propuesto por la Unión Cívica Radical, principal partido de oposición. El mecanismo de la Auditoría General también estaba integrado por representantes del radicalismo.
Entonces, no se puede hablar tan ligeramente de estos temas. Además, le quiero recordar nuestras conversaciones antes de que asumiera el doctor de la Rúa, cuando nos recibieron en un local de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en donde ninguna de estas cosas que hoy dice aparecía en el horizonte. Parece que las descubrieron después. O sea, parece que ignoraban todo lo que decían en la campaña. Ignoraban que recibían la Ferrari en llantas, con un pistón pinchado. ¿O engañaron a la gente al decir que recibían ese último modelo y que lo iban a respetar?
Además, habla de las reservas. Repito, por si no lo recuerda, que recibieron 33 mil millones de dólares y divisas en reservas en el Banco Central y los dejaron escapar en forma escandalosa. Algo mucho peor, hicieron perder la confianza de la gente en el sistema. Eso es lo que provocó la catástrofe que hoy estamos viviendo.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: no quiero abrir hoy nuevamente la polémica, ya que estamos por sancionar el proyecto de presupuesto.
Simplemente quiero recordar al señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical que, casualmente, en el último trimestre de 1999 se había empezado a producir una reactivación de la economía de nuestro país. Eso consta en todos los análisis estadísticos y económicos.
Todos coinciden en que esa reactivación de la economía perdió efecto con las dos medidas que tomó el gobierno de la Alianza en su primer momento. Me refiero al aumento de los impuestos y la baja de los salarios.
Además, no es cierto que no había crédito, porque en los primeros tiempos del gobierno del doctor de la Rúa el Fondo Monetario Internacional concedió un crédito del orden de los 7 mil millones de dólares. Es decir que el crédito, en ese momento, todavía existía.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: sin ánimo de coartar a nadie en el uso de la palabra —todos saben cuál es mi posición al respecto—, dado que las objeciones que los señores senadores tienen respecto de los distintos artículos ya han sido adelantadas en el tratamiento en general, solicito que por razones prácticas no vuelvan a repetir los discursos que hicieron en cada uno de los artículos, y simplemente se remitan a lo que expresado en general. De este modo, vamos a dar mayor agilidad a la discusión en particular, toda vez que ya se dieron los argumentos y las respuestas pertinentes.
Pido que seamos prácticos y que los que tengan objeciones se remitan a lo que dijeron en la discusión en general.

Proyecto de ley sobre modificación de la ley de concursos y quiebras (15 de mayo de 2002)

15 de mayo de 2002
10ª Reunión – 5ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 2189 a 2191

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: diré unas pocas palabras, que tienen que ver con lo que acaba de manifestar la señora senadora por Tucumán.
En ocasión de la sanción de la anterior ley de quiebras, ya habíamos manifestado nuestra posición y observaciones respecto de ella y expresamos la inconveniencia de algunas de sus disposiciones.
Tuvimos algunas discrepancias de carácter metodológico respecto de mezclar normas de emergencia en la ley de fondo. Dijimos que había que separar muy bien una legislación de emergencia de la que se adopta en tiempos de estabilidad.
También manifestamos que la eliminación del instituto del cram down era realmente perjudicial, e hicimos una serie de observaciones que hoy tienen que ver no con demostrar que teníamos razón sino con ser capaces de aprender de esa experiencia.
Legislar para la emergencia no es hacerlo a las apuradas e improvisadamente. Considero que cuando se legisla para la emergencia es cuando mayor cuidado hay que tener, precisamente, por la situación particular que se vive en esos casos, dado que si erramos en las normas que se dicten, podemos profundizarla. Siempre recuerdo aquella famosa frase de Napoleón, quien le decía a su valet “vísteme despacio que tengo apuro”.
Algo similar sucede en estos casos. Cuánto mejor hubiera sido modificar en enero la ley de quiebras de acuerdo con el criterio que hoy estamos adoptando. De esa forma no hubiéramos perdido cuatro preciosos meses, que en épocas de emergencia cobran mayor valor.
Por eso, creo que es bueno este camino de volver —en gran parte— al sistema del régimen de la ley 24.522 vigente hasta enero, porque realmente considero que era mucho más equilibrada y orgánica que la ley que sancionamos hace cuatro meses.
Es cierto que el derecho concursal ha tenido una gran evolución desde su nacimiento en la Baja Edad Media, en donde realmente se tenían en cuenta únicamente los derechos del acreedor.
El deudor era sometido a escarnio, desapoderado de sus bienes, sometido a tormentos públicos e incluso podía ser matado. Valga como un hecho pintoresco, hasta podía ser paseado desnudo por el pueblo, desprovisto de toda ropa, para someterlo a la vergüenza por no haber cumplido con las obligaciones con el acreedor. De ahí que aquella frase que a veces se dice: “con una mano atrás y otra adelante”, proviene de aquellas épocas en que el deudor realmente estaba de esa manera, por su desnudez frente al pueblo cuando no podía cumplir con sus obligaciones.
Desde entonces evolucionó el derecho concursal. Ya no era sólo un problema del deudor y del acreedor sino que toma un carácter publicístico. Después se empieza a pensar que también el interés del deudor tiene que ser tenido en cuenta, asimismo el interés de la empresa, de la economía y, por supuesto, se le da un carácter publicístico, para que esos intereses que están en juego puedan ser equilibrados. Porque en definitiva de esto se trata, y se lo ha dicho aquí; de lo que se trata es de lograr un adecuado equilibrio de los intereses en juego: el interés del acreedor, el del deudor, el interés público, el de la continuidad de la empresa, el interés de los trabajadores en mantener la fuente de trabajo; es decir, en el interés de la economía general.
De esto se trata en el derecho. En el derecho siempre hay una lucha de intereses en procura de lograr un equilibrio. En la medida en que acertemos en lograrlo serán mejores las normas. Siempre hay una puja: el interés individual frente al interés colectivo. La puja entre libertad y autoridad; entre los intereses particulares y los generales. Este es el desafío que tenemos los legisladores: saber encontrar siempre el interés del equilibrio.
Por eso recuerdo la famosa frase de Ulpiano, aquella de: “Vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo”. Dar a cada uno lo suyo significa, en otras palabras, ese equilibrio de intereses del que venía dando cuenta.
No voy a entrar en el análisis de este proyecto de ley, porque me siento totalmente representado por el informe de la senadora por Salta, que hizo un análisis realmente muy bueno y objetivo del tema.
Porque aquí, señor presidente, aunque se dice que se dejan de lado posiciones ideológicas, lamentablemente existe ese tipo de planteos. Muchas veces se hacen los análisis jurídicos desde el punto de vista de esas posiciones ideológicas.
Así como dije la vez pasada, cuando entrábamos al debate de la subversión económica, que yo no tenía ningún prejuicio en votar la derogación de la ley, porque creía que era —y sigo sosteniéndolo— una lacra para el sistema jurídico argentino. Voy a seguir defendiendo la derogación de la ley, más allá de todas las estupideces y las barbaridades que se han dicho, por parte de algunos políticos y algunos medios de difusión. Estoy creyendo que quizás ellos están defendiendo otros intereses y no el del pueblo ni los derechos de los ciudadanos.
Por lo tanto, hoy vengo a decir que voto este proyecto de ley de quiebras por convencimiento, no porque lo pida el Fondo Monetario Internacional. A mí no me importa que lo pida o que lo deje de pedir; lo que me interesa es que este proyecto de ley viene a reparar algunos de los errores que hemos cometido en enero y que habíamos advertido.
Debo decir con toda lealtad que también se mejoran algunos aspectos de la ley que estaba vigente al mes de enero, como la regulación mucho más eficiente de esta institución, que nosotros creíamos que era un error derogar, que es la del cram down, que ahora vuelve pero mucho mejor legislada, como muchas otras disposiciones a las cuales se hizo referencia, como el tema de la novación, el tema de los plazos y todo aquello que tienda al equilibrio de los intereses de las partes.
En este proyecto de ley se restablece la protección del interés del acreedor con las suspensiones de plazos y el acortamiento de los mismos por el período de exclusividad. Se equilibra el interés del deudor cuando se establece, por ejemplo, que la valuación de la empresa se debe hacer a valor de mercado y no a valor de libros. Se atiende al interés de los trabajadores cuando se establecen pautas para la continuidad de la empresa. Es decir que, en general, se han tenido en cuenta todos esos intereses.
Recuerdo la definición clásica de Francisco Carnelutti, ese eximio jurista italiano, cuando decía que el derecho es un sistema de mandatos destinados a armonizar y resolver los conflictos de intereses entre los miembros de un grupo social. Agregando que si los hombres no tuviesen intereses opuestos dejaría de tener razón el orden jurídico.
Por consiguiente, cuando estamos modificando una ley que es muy importante porque tiende a regular la crisis de las empresas en esta época crítica del país, es doble el desafío que tenemos porque hay que regularla de forma tal que las empresas puedan continuar, que puedan mantenerse las fuentes de trabajo y que no se resientan los derechos de los acreedores y de los deudores dentro de esta situación de crisis generalizada.
Por ahí se ha dicho que esta ley no resuelve la situación de emergencia y que no soluciona los problemas que tenemos. Es claro que no los resuelve, no es la panacea para resolver la crisis. Pero la importancia de esta modificación radica en que con ella se defiende la posibilidad del crédito. Porque si el fiel de la balanza —como aquí se decía—se inclina como se inclinó en enero hacia el acreedor, se está perjudicando al crédito y no va a haber quien quiera invertir o quiera dar crédito a los deudores. Ya sabemos que el crédito es la palanca que mueve toda la actividad económica. Así que no es cierto que esto no tienda a mejorar la situación. Sí la tiende a mejorar desde el punto de vista de que refuerza las posibilidades de reconstituir el crédito, que es una de las grandes falencias que tenemos en nuestro país. Por eso apoyo a esta ley y reitero mi convicción muy firme en el sentido de que esto no tiene nada que ver con una exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Cuando éramos chicos nos corrían con el cuento de que si no tomábamos la sopa venía el cuco. Aquí el cuco es el Fondo Monetario. Si el Fondo está de acuerdo con alguna norma, nosotros no deberíamos votarla y viceversa. Esta es una película que ya la hemos visto muchas veces. Creo que aquí estamos legislando de acuerdo con lo que más le conviene al país, que es la posibilidad de recuperar las empresas, el crédito y de que podamos superar esta situación de emergencia en la cual estamos todos empeñados —en esto estoy seguro— sin distinción de banderías partidarias.

Proyecto de ley sobre el Presupuesto 2004 Reducción de fondos para la Universidad Nacional de La Rioja (26 de noviembre de 2003)

26 de noviembre de 2003
35ª Reunión – 19ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible.
Indudablemente, desde que se recuperó la democracia en el país hemos instalado el siguiente mecanismo: prácticamente, para la sanción del presupuesto no funcionamos como sistema bicameral, por cuanto en más del 90 por ciento de los casos durante los últimos veinte años el Senado no pudo modificar el presupuesto porque siempre hay apuro, porque ya está estudiado debidamente o porque no puede volver a la Cámara de Diputados ya que van a tardar mucho en considerarlo. Y digo esto sin hacer excepción de gobiernos, porque siempre ocurrió lo mismo.
La sanción del presupuesto, desde el comienzo del gobierno del doctor Alfonsín en adelante, siempre se ha dado fuera de término —a veces, lo hemos sancionado en julio, agosto o septiembre y, en algunos casos, sobre tablas— y argumentando que el Senado no puede modificar ni una coma, porque es muy engorroso que deba volver a la Cámara de Diputados.
Entonces, me pregunto para qué vamos a hacer consideraciones sobre el presupuesto si de todos modos tiene que ser rápidamente sancionado. Por lo tanto, sólo nos quedan las quejas y los comentarios. En ese sentido, aquí ha habido muy buenas exposiciones —podrán compartirse los argumentos o no— pero creo que no tiene sentido reiterar algunos aspectos.
Ahora bien, como senador por La Rioja me voy a referir exclusivamente a un asunto que nos afecta como provincia: el verdadero avasallamiento que se ha hecho con los recursos destinados a la Universidad Nacional de La Rioja, que cuenta en este momento con una matrícula de más de 22 mil alumnos inscriptos para 2003 —que se incrementó casi en un 20 por ciento desde 2002—, de la que este año egresaron 450 profesionales y que cuenta con 1.300 docentes.
Este año, por obra y gracia de un golpe de mano en la Cámara de Diputados, se le quitó casi un 20 por ciento de su presupuesto, lo que significará que se tengan que cerrar carreras, que se reduzca la Universidad y hasta, quizá, se tenga que cerrar alguna de sus subsedes. En consecuencia, aquellos estudiantes de La Rioja que ven en esa universidad una posibilidad de futuro y que no tienen los medios para irse a estudiar a otras provincias —como en nuestros tiempos, que quienes podíamos nos íbamos a Córdoba, Buenos Aires, Tucumán o a La Plata— van a tener que quedarse con esa frustración.
Yo me pregunto: ¿a qué se debe esta disminución? El Poder Ejecutivo había aprobado un presupuesto, en general, para las universidades de 2.028 millones de pesos. La Cámara de Diputados lo mantuvo en esa cifra, pero sacó una partida general de universidades e incrementó los fondos en 7.300.000, manteniendo el total de 2.028 millones. Hasta ahí la cosa va más o menos bien. Pero cuando se llega a la asignación en particular de las universidades, se advierte que por motivos que nosotros no conocemos, a la mayoría de las universidades o les mantienen el presupuesto del año anterior o se lo incrementan, salvo una excepción: la única universidad a la que se le disminuye el recurso es a la Universidad Nacional de La Rioja. Si esto no es discriminación, no sé a qué vamos a llamar discriminación.
Por ejemplo, a la Universidad de Formosa se le aumenta el presupuesto en 800 mil pesos, a la de Jujuy, un millón y medio; a la del Centro, 500 mil; a la de La Matanza, un millón; a la de Lanús, 200 mil; a la de Lomas de Zamora, un millón; a la de Tres de Febrero, 200 mil, y a la de Quilmes, un millón.
A mí me da placer que aumenten el presupuesto a las universidades; lo que no me gusta es que se le disminuya el presupuesto a la universidad de mi provincia. Claro, en La Rioja ocurrió que se creó la Universidad de Chilecito —que desde luego todos apoyamos—; y está bien que lo que se lleva la Universidad de Chilecito se le descuente a la Universidad Nacional de La Rioja. Pero ocurre que lo que se lleva y lo que estaba presupuestado para la Universidad de Chilecito son 1.400.000 pesos, que era lo establecido por la ley. Porque el proyecto de ley que se sancionó hace poco tiempo, aquí, dice que la Universidad Nacional de Chilecito contará exclusivamente con el porcentual del crédito presupuestario correspondiente a la sede de Chilecito de la partida asignada en el presupuesto nacional a la Universidad Nacional de La Rioja. Esto figura también en el decreto de necesidad y urgencia respectivo.
Es decir, había que sacar de la Universidad de La Rioja los fondos correspondientes a la de Chilecito y, desde luego, estábamos todos en paz.
Sin embargo, se asignaron a la Universidad de Chilecito 2.600.000 pesos, cosa que no objeto, de ninguna forma. O sea, así como me alegro de que le aumenten los fondos a otras universidades, también me alegro de que le otorguen a la de Chilecito esa cantidad. Eso lo apoyo.
Lo que no puedo concebir es que ello se haga a costa de quitarle fondos a la Universidad de La Rioja, porque eso es como desvestir a un santo para vestir a otro; o como cuando la colcha es corta y uno se tapa la cabeza pero se destapa los pies. De esta forma, estamos desnudando o desvistiendo a la Universidad de La Rioja, a la cual —repito— se le causa un tremendo daño, ya que se le sacan 200 mil pesos y no se sabe por qué.
Es decir, está bien que de los 15 millones de pesos que estaban presupuestados se destinen 2.600.000 a la Universidad de Chilecito. Pero hay 200 mil que le quitan a la Universidad de La Rioja y nadie sabe a dónde van. Simplemente, debo señalar que de ese modo se causa un gran daño a la Universidad de La Rioja. Además, esos fondos ni siquiera van a la Universidad de Chilecito.
Esto ha sido repudiado, inclusive, por el Consejo Interuniversitario Nacional —CIN—, que en su plenario número 495, del 18 de noviembre de 2003, ha expresado que rechaza toda asignación de recursos que corresponda a incrementos que no sean otorgados en base a pautas objetivas, así como la disminución de fondos de cualquier universidad. Desde ya, como la única universidad a la que se le reducen fondos es la de La Rioja, la resolución CIN se refiere a esta institución.
Por supuesto, también en los diarios aparecieron comunicaciones del cuerpo directivo de la Universidad de La Rioja, de los alumnos y de todos los consejos universitarios.
De tal modo que, desde ningún punto de vista podemos aceptar esta “canibalización” de la Universidad Nacional de La Rioja, a la que se le están quitando fondos indispensables para su funcionamiento.
Por todo lo expuesto, voy a votar en contra del artículo 18 del proyecto de ley en consideración; o sea, en contra de que se reduzcan fondos a la Universidad de La Rioja, para que se mantengan los recursos asignados a la Universidad de Chilecito y para que el faltante que se le resta a la Universidad de La Rioja sea tomado de alguna otra partida presupuestaria que seguramente existe, a fin de no afectar la situación de esa casa de altos estudios que, con mucho sacrificio, está brindando una luz, una guía y una forma de tener futuro a veintidós mil riojanos y compatriotas de otras Provincias inscriptos en la matrícula de este año.

Proyecto de ley sobre canje de la deuda nacional Decreto 1735/04 (3 de febrero de 2005)

3 de febrero de 2005
Año 2002 – Tomo 216– Páginas: 8977 y 8978

Sr. Menem. — Señor presidente: No iba a intervenir en el debate porque en este caso se trata de determinar si se vota o no una herramienta solicitada por el Poder Ejecutivo en el medio de una difícil negociación por la reestructuración de la deuda. Pero como aquí se han hecho algunas afirmaciones inexactas, que se suman a muchas definiciones y conceptos que a lo largo de estos años se han venido manifestando sobre el tema de la deuda, de lo que se habla con mucha ligereza e imprecisión, e incluso con cierta irresponsabilidad cuando no de mala fe.
Me siento obligado a hacer una muy breve acotación porque comparto lo que dice el senador por Mendoza de que esta no es la oportunidad para debatir sobre cómo se originó la deuda y quiénes son los responsables. Pero como acá se han deslizado algunos conceptos, sólo quiero señalar algo que ya lo precisé en otra oportunidad cuando hablamos de este asunto.
Hoy alguien habló del gigantesco crecimiento de la deuda en la década del 90. Yo quiero ser muy preciso sobre este tema para que no se siga equivocando a la gente al respecto.
El señor miembro informante dio datos de la deuda respecto al producto bruto interno, que es como se mide la deuda, porque desde luego es el punto de referencia, y por eso citó también a Maastricht, que es el acuerdo económico de la Unión Europea por el que se establece cuáles son los límites que no se deben pasar para tener una deuda manejable.
A los que hablan de la deuda de los 90 les quiero decir que cuando terminó el gobierno justicialista en el año 1999 la deuda ascendía al 42,8 por ciento del producto bruto interno, es decir, estábamos muy por debajo del nivel que plantea el acuerdo de Maastricht.
Además, se dijo que en ese período la deuda habría crecido un 123 por ciento. Yo no sé de dónde han sacado esos datos. Posiblemente tengamos fuentes distintas. La que yo tengo dice que a julio de 1989 la deuda pública —aquí se incurre en confusiones cuando se habla solamente de deuda externa— ascendía a 92.000 millones de dólares, y cuando terminó ese período correspondiente al gobierno justicialista estaba en 121.000 millones de dólares. O sea, no veo cómo puede haber habido un incremento del 123 por ciento. No sé qué datos se consultarán, pero yo no puedo dejar pasar por alto estas afirmaciones porque realmente no están centrando la cuestión en la verdad.
Aquí se habla en forma muy ligera del endeudamiento de los años 90. El dato del 42,8 por ciento del producto bruto es oficial y puede ser consultado en el Banco Central o en cualquier otro lugar.
Esto, sin olvidar que en ese mismo momento las reservas de oro y divisas en el Banco Central —también es un dato de la realidad que hay que evaluar cuando se habla de este tema— estaban en el orden de los 35.000 millones de dólares.
Entonces, yo digo que si vamos a entrar a discutir este tema tendremos que hablar a fondo de todas estas cuestiones y no decir al aire, como quien da un dato cualquiera, que hubo un gigantesco crecimiento de la deuda, cuando sólo representaba el 42,8 por ciento del producto bruto.
Además, me llama la atención que se afirme que durante la Presidencia del doctor de la Rúa la deuda subió nada más que el 9 por ciento, cuando todo el mundo sabe lo que pasó con el “blindaje” y con el “megacanje”. Aclaro que no estoy haciendo ninguna asignación de responsabilidades, porque coincido en que esta no es la oportunidad; pero tampoco puedo quedarme callado frente a afirmaciones de esta naturaleza. Esta es la aclaración que deseaba realizar, sin ánimo de polemizar ni de entrar a fondo en este debate.
Asimismo, ya que he solicitado la palabra, quiero formular una pregunta al señor miembro informante, porque con la herramienta que nos aprestamos a sancionar hoy y que yo voy a apoyar, vamos a consolidar la posición del país con respecto a la oferta por la deuda. Es decir, el Congreso con fuerza de ley va a decir que más que esto, no vamos a pagar.
Ahora bien, como sobre este tema de la oferta y de la quita se han manifestado muchas cosas, quiero preguntar al miembro informante si esta oferta que hoy vamos a consolidar a través de esta herramienta tiene alguna diferencia con la primitiva efectuada en Dubai y, en tal caso, cuál ha sido la variación entre ambas.

INFORMES DE LOS JEFES DE GABINETE DE MINISTROS»

Consideraciones sobre la importancia de la institución, al realizarse el primer informe en la Cámara de Senadores (23 de agosto de 1995)

23 de agosto de 1995
38ª Reunión – 21ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3775 y 3776

Sr. Menem. — Señor presidente, señor jefe de gabinete y señores secretarios de Estado que lo acompañan, señores senadores:
Creo que el de hoy es un día histórico para las instituciones de la República porque, con la presencia del señor Jefe de Gabinete, se inicia un diálogo institucional al más alto nivel, entre dos poderes del Estado —el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo—, de acuerdo a lo establecido en la reforma constitucional de 1994.
Me siento doblemente satisfecho. Primero, como integrante de este cuerpo, porque el señor Jefe de Gabinete ha elegido esta Cámara, que representa el federalismo argentino, para hacer su primera exposición. A nivel personal, me siento satisfecho porque, como es de público conocimiento, he sido uno de los impulsores de la reforma y de esta institución en particular. Esto es así a tal punto que, en 1986, cuando tratábamos con el gobierno radical la reforma de la Constitución, se publicó un artículo en el diario “La Nación”, que lleva mi firma, cuyo título decía: Acentuar el matiz parlamentario. Y se ha logrado ese objetivo con la presencia institucional del Jefe de Gabinete.
Hay otra satisfacción, también de tipo personal, que yo me voy a tomar la licencia de mencionar aunque, como ya dije, es de tipo particular. Esa satisfacción, señor presidente, es que la persona designada para cumplir tan elevada función es el doctor Eduardo Bauzá.
Si hay alguien que merecía desempeñar este cargo es, precisamente, el doctor Bauzá, un hombre que estuvo en los comienzos del proyecto político que hoy gobierna a la Nación, un hombre de la confianza inalterable del presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, y uno de los hombres que la prensa calificó —con ese gracejo que, a veces, tiene— como uno de los doce apóstoles en la iniciación del proyecto. En realidad no eran tantos, no eran doce. Lo que pasa es que, con la inflación radical, después se elevó el número, pero eran menos de doce.
Y el doctor Bauzá seguramente era uno de los primeros por lo cual creo que con propiedad, con autoridad y con legitimidad está bien que sea el primer Jefe de Gabinete que este gobierno envía en el comienzo de este diálogo institucional.
Mis compañeros de bancada ya lo han dicho prácticamente todo. Simplemente quiero hacer dos reflexiones: una de tipo constitucional y otra de tipo político.
En cuanto al aspecto constitucional, la figura del jefe de gabinete ha sido diseñada para atenuar el régimen presidencialista fuerte concebido en la Constitución de 1853. Se atenúa porque se reparte, en alguna medida, el poder del Presidente de la Nación con la creación de la institución del Jefe de Gabinete, a quién prácticamente se le da la jefatura de la administración general, y es el responsable político ante el Congreso de la Nación.
Pero no daríamos una configuración de todo este esquema si no dijéramos que esta institución hace también al equilibrio de los poderes a que tiende, como idea fuerza, la reforma de 1994. Pero no sólo como un equilibrio de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, sino también como un equilibrio entre libertad y autoridad, que son los dos polos, las dos ideas fuerza que campean en todo sistema institucional.
La reforma constitucional de 1994 estableció una nueva ecuación de poder, distinta de la establecida en la Constitución de 1853.
¿Cómo se logra este nuevo equilibrio? En el ámbito de la libertad se han incorporado nuevos derechos, como el derecho a la defensa del orden constitucional y el sistema democrático, como los derechos del consumidor y al medio ambiente. Se resguarda también la libertad por la constitucionalización de los tratados sobre derechos humanos y a través de los recursos de habeas corpus, de hábeas data, de la acción de amparo, a la cual se le ha dado jerarquía constitucional. Mediante todos estos elementos hemos reforzado y resguardado la protección de la libertad.
Con respecto a la autoridad hemos modificado, mediante nuevas normas de organización, la relación entre Nación, provincias y municipios y les hemos dado a las provincias un nuevo “status” consistente en reforzar su autonomía. Así hemos incorporado, por ejemplo, la coparticipación federal a nivel de norma constitucional, hemos ratificado la propiedad provincial sobre los recursos naturales y le hemos dado mayor participación a este Senado para ser iniciador de las leyes en materia de coparticipación federal.
También hemos dado mayor poder a los municipios al otorgarles la autonomía municipal.
Y dentro de este equilibrio de poderes ubicamos al Jefe de Gabinete dentro de uno de los poderes del Estado. De allí la importancia que tiene esta institución en este nuevo esquema institucional que rige en el país desde 1994, y que hoy felizmente inauguramos en una de sus funciones con la presencia en este recinto del titular del cargo.
Finalmente quiero hacer una consideración de tipo político. Quizás hoy la atención del país no esté en esta Cámara, sino en la Cámara de Diputados, porque allí hay más ruido y mayor espectacularidad; seguramente mañana la prensa tendrá más información de la Cámara baja que del Senado. Sin embargo, me atrevería a afirmar —sin menoscabo de la otra Cámara— que la importancia institucional está hoy aquí, en el Senado, con la presencia del señor Jefe de Gabinete. Aquí se está estableciendo un mecanismo de vinculación permanente al más alto nivel, por el cual los señores legisladores no van a tener necesidad de depender de la mayoría de turno para lograr que un ministro venga o deje de venir al Congreso a dar la información que los señores senadores o diputados solicitan. Mensualmente, la más alta jerarquía después del presidente de la Nación va a estar presente en las Cámaras respondiendo todas y cada una de las inquietudes de los legisladores. Y aquí radica la gran importancia que reviste hoy esta presencia.
Por supuesto, estoy plenamente satisfecho con el contenido de lo manifestado por el señor Jefe de Gabinete en la sesión de hoy.
Algunos de mis compañeros de bancada han rescatado lo que ha dicho sobre la desocupación. Quiero rescatar lo que expresó en cuanto a la aptitud de la economía popular de mercado para resolver los problemas de la vida cotidiana. Debo aclarar que nunca hemos querido endiosar ni hemos endiosado al mercado como tampoco hemos endiosado al Estado. Siempre creímos en el juego armónico, en la relación entre Estado y mercado, donde el mercado sí tiene autorregulaciones, no obstante lo cual nunca debemos descartar el papel orientador que tiene el Estado.
En su discurso de inauguración de su segundo mandato, el 8 de julio, el presidente de la Nación decía que no concebimos moralmente una economía que minimice o excluya el trabajo que es, como sostuvo Juan Pablo II, la continuación de la obra creadora de Dios sobre la Tierra. Y también decía que la sociedad no se opone al mercado, sólo necesita que éste sea controlado por las fuerzas sociales y por el Estado.
Concluyo diciendo que estamos muy contentos por esta presencia institucional del Jefe de Gabinete en este Senado. Inauguramos una nueva etapa en la vida de la República, que va a reforzar la vigencia de las instituciones, la libertad, la transparencia y el diálogo, que como decía alguien es el arte de los hombres libres.
Felicito al señor Jefe de Gabinete y a sus colaboradores por la ímproba tarea que han realizado para tener hoy este meduloso informe a disposición de esta Cámara, que representa a las provincias de nuestro país.

Referencia a elecciones en La Rioja (29 de octubre de 1997)

29 de octubre de 1997 – 82ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 6 – Páginas 5390 a 5392

Sr. Menem. — Señor presidente: realmente, tenía entendido que el señor jefe de Gabinete venía a dar su habitual informe y a responder algunas preguntas. De ninguna manera imaginé que venía a analizar cuestiones relativas a si se han contado votos de más o de menos. No obstante, como el tema se ha planteado con relación a mi provincia, considero oportuno formular algunas aclaraciones. Ya sabemos que cuando la historia no se cuenta completa puede haber lugar para malas interpretaciones.
El comité de la Unión Cívica Radical, creo que el lunes, hizo una denuncia por fraude en las elecciones realizadas en la provincia de La Rioja. Según ellos, se había cometido fraude, se falsearon los resultados y, a raíz de ello, se perdió un diputado. Pero hoy, el diputado electo por la Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja, doctor Cejas Mariño, ha retirado la denuncia por fraude y ha dicho que de ningún modo se podía considerar que hubo fraude. Por eso, me voy a permitir hacer referencia a lo que dice un cable de la agencia Diarios y Noticias, que ha llegado hoy a esta Capital.
Ese cable puntualiza que Rubén Cejas Mariño dijo a Diarios y Noticias que está confirmado que hubo problemas e irregularidades en la confección de las actas, de forma tal que se puede descartar el fraude que habían denunciado ayer ante la Justicia Electoral.
Ese mismo cable noticioso indica que el legislador radical admitió que las irregularidades fueron cometidas no sólo por los presidentes de mesa sino también por los propios fiscales de la Unión Cívica Radical. Estimó que ello ocurrió por la falta de idoneidad y de formación de las autoridades de mesa y de los delegados de los partidos para el control del comicio. Además, el propio diputado electo Cejas Mariño destacó la predisposición de la Junta Electoral, pues está abriendo las urnas observadas por la oposición y también aquellas en las que el radicalismo figura en las actas como que no logró ningún voto a fin de comprobar si, realmente, ello fue así.
Señor presidente: no se pueden echar sospechas de esta forma a un comicio limpio, transparente y claro. No se puede ir a golpear las puertas nuevamente para decir que hubo fraude cuando, realmente, lo que ocurrió —y esto lo saben los representantes de la Unión Cívica Radical— fue que se cometieron errores en las actas y, como dice Cejas Mariño, eso les pasó a todos. ¿Y por qué se cometieron estos errores en las actas? Hay una explicación.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Antonio F. Cafiero.
Sr. Menem. — Puede ser que haya habido alguna falta de formación porque los presidentes de mesa o los fiscales no son expertos en contabilidad o en matemática, así que pueden cometer errores, pero de ahí al fraude hay un trecho muy largo, sobre todo cuando las actas están firmadas por los propios fiscales de la Unión Cívica Radical.
Ocurrió que en cierto momento la Unión Cívica Radical decidió hacer una alianza, pero en determinados estamentos y no en todos.
En la planilla que tenían los fiscales y los presidentes de mesa figuraba por una parte el Partido Justicialista, desde luego; por otra, la Unión Cívica Radical en algunos estamentos en los que no había hecho alianzas, es decir, en diputados provinciales, en convencionales constituyentes y en concejales; y por último, la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que habían hecho con el Frepaso, que figura en el acta, en el estamento de diputados nacionales. Luego la Alianza se rompió porque la Unión Cívica Radical y el Frepaso se pelearon. Parece que al Frepaso no le gustaba el candidato de la Unión Cívica Radical, que dicho sea de paso es mi amigo, una excelente persona, un excelente profesional y merece todo mi respeto y mi consideración. Pero al Frepaso no le gustó y entonces se separaron. Es aquí donde viene el tema: quedó el nombre de Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, pero los integrantes de Frepaso formaron otra alianza, que denominaron Alianza Riojana, en la que presentaron candidatos en otros estamentos y no precisamente en éste.
¿Con qué se encontraron los fiscales y los presidentes de mesa? Se encontraron por un lado con la Unión Cívica Radical, por otro con la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación y por otro con la Alianza Riojana, y en determinados casos no hallaron dónde poner los voto que obtenía el doctor Enzo Herrera Páez, que era candidato por la Alianza, dado que en el casillero de la Unión Cívica Radical —y todo el mundo sabe que Herrera Páez es radical— estaba tachado porque no presentaron candidato en ese estamento.
Esta es la explicación del error. No hubo mala fe. No puedo pensar que los fiscales radicales hayan actuado de mala fe. Tampoco puedo pensar que haya habido un fiscal radical que actuara de mala fe, porque —como dijo el señor senador por La Rioja— el error se cometió en varias mesas y no en una sola.
Por lo expuesto, no puede aceptarse esta imputación de apresurado triunfalismo del gobernador de La Rioja, porque él anunció lo que le dijo la Junta Electoral, de acuerdo con las actas y con los resultados que habían avalado hasta ese momento los propios fiscales de la Unión Cívica Radical. Y como todo aquel que gana una elección, el gobernador salió a festejar. ¿O alguien no sale a festejar cuando gana una elección? En efecto, el gobernador lo festejó. Luego vinieron las impugnaciones. Pero reitero que creo que no hubo un anticipado y apresurado triunfalismo. Hubo una apresurada denuncia de fraude. Felizmente, el doctor Cejas Mariño, con la más absoluta buena fe y con un gesto que lo engrandece, la ha retirado porque se ha dado cuenta de que los hechos son como los estoy contando hoy y no puede darse lugar a ninguna interpretación de mala fe.
Y me alegro si entra como diputado nacional el doctor Herrera Páez. Si los resultados vienen como dicen, creo que va a entrar y el Congreso de la Nación va a ganar un muy buen diputado por la provincia de La Rioja, independientemente del partido al que pertenece. Por supuesto que lamentamos que no entre mi compañera Griselda Herrera, que también habría sido una excelente diputada nacional por La Rioja.
Asimismo quiero hacer una aclaración dado que se vuelve a insistir en la desproporción de la composición de la Cámara de Diputados de La Rioja.
Es cierto, hay una desproporción. El porcentaje que tiene el radicalismo en los votos no está reflejado en su representación en la Cámara de Diputados. Por eso mismo el gobierno de la provincia de La Rioja y el Partido Justicialista han propuesto una reforma política. A ese efecto, se ha sancionado una ley por la que se declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia y se ha convocado a elección de convencionales constituyentes, en la que felizmente van a participar hombres destacados; creo que el senador por La Rioja va a tener participación en esa reforma política. De esta manera se van a poner las cosas en su lugar.
Precisamente venimos con un sistema muy viejo que genera esta desigualdad en la representación que no tiene mucho que ver con el número de votos en la provincia.
Pero quiero rescatar que el gobierno de La Rioja, el señor gobernador, y el Partido Justicialista de La Rioja han sido los primeros en proponer la modificación de la Constitución provincial precisamente para dar mayor cabida a la oposición.
Quiero rescatar nuevamente el legítimo triunfo del Partido Justicialista de La Rioja, que para diputados nacionales sacó el 62 por ciento de los votos. Esto es al margen de que entre o no el diputado por la oposición; en buena hora si entra. Pero quiero señalar que mi partido ganó con el porcentaje más alto del país, con el 62 por ciento de los votos. Quiero rescatarlo porque ha sido un triunfo justo, legítimo, que revalida la condición mayoritaria del peronismo como partido político en la provincia de La Rioja.

Planteo sobre escuchas ilegales Funciones de Dick Morris Campaña de desprestigio (16 de agosto de 2000)

16 de agosto de 2000
44ª Reunión – Sesión Especial
Diario de Sesiones – Páginas 4442 a 4446

Sr. Menem. — Señor presidente: en primer término, quiero agradecer al señor Jefe de Gabinete de Ministros por la información que nos acaba de brindar, la que será muy tenida en cuenta a la hora en que tengamos que hacer una evaluación. Pero el tema que hoy me mueve a hacer una exposición es de otra naturaleza.
Yo hubiese querido hablar de otra cuestión, pero lamentablemente en los últimos tiempos han ocurrido en el país algunos hechos que enrarecieron el clima de convivencia política que debe existir en una República y en una democracia que sea digna de ser vivida, como estoy seguro de que queremos todos los que estamos aquí presentes.
En efecto, hemos tenido una avalancha de noticias vinculadas con escuchas telefónicas, campañas de desprestigio y difusión de temas que hacen a la intimidad de los individuos, como ser cuestiones familiares. Entonces, creo que este tipo de acciones, que constituyen flagrantes violaciones a los derechos fundamentales de las personas, como el de no inmiscuirse en la vida privada, máxime si son usadas para hacer campañas de desprestigio y ventilar cuestiones personales, provoca una repugnancia de la cual estoy seguro que todos los argentinos nos hacemos eco.
Y si bien hablo desde una bancada opositora, entiendo que el tema no es sólo de la oposición, porque todos los argentinos nos hemos visto sorprendidos cuando no hace mucho tiempo el propio Vicepresidente de la Nación denunció que existen operaciones políticas en su contra, que atribuye a servicios de inteligencia.
Esto, señor Jefe de Gabinete, reviste un carácter dramático y diría que hasta angustioso porque si esto se lo hacen al señor Vicepresidente de la Nación, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Si el segundo hombre en la jerarquía institucional del país es espiado y se realizan sobre su persona operaciones de desprestigio, ¿qué pueden esperar, reitero, el resto de los ciudadanos?
En ese sentido, las declaraciones del señor Vicepresidente en el reportaje publicado en Página 12 del lunes 7 de agosto fueron claras y contundentes sus expresiones y considero que no admiten otra interpretación: “Me preocupan algunos nombres, algunos procedimientos, algunas operaciones políticas de las cuales yo incluso he sido víctima.”
Y ante una pregunta que se le formula allí acerca de la existencia de responsabilidades por parte de algún órgano del Estado, responde: “No puedo señalar una persona, pero es una típica operación de los servicios. Por eso creo que hay que comenzar de inmediato con la transformación de estas estructuras; insisto, eso es, aún, una deuda de la democracia.”
Por supuesto que nos gustaría saber cuáles son esos nombres a los que hace referencia el señor Vicepresidente. No los dijo, pero la verdad es que lo sospechamos. Pero ha hecho una referencia a los servicios y, cuando se habla de los servicios, todos sabemos a quién se refiere, cuáles son los servicios.
Es decir que nos encontramos frente a una situación en la cual el segundo hombre en la jerarquía institucional del país está siendo espiado por su propio gobierno. Y esto es de una gravedad realmente extrema.
No se trata de una interpretación de quien habla; me limito a tomar referencias de las notas aparecidas en los medios como consecuencia de esta situación. Tengo aquí todos los recortes periodísticos de las declaraciones que se hicieron y no cabe duda de que existe una direccionalidad por parte de algunos integrantes del propio gobierno.
Hoy la señora Ministra de Desarrollo Social calificó como muy deleznable la realización de operaciones de inteligencia sobre temas de la vida privada de los funcionarios y afirmó que ignora quién fue el responsable de las escuchas y difusión de aspectos privados del Vicepresidente Carlos Álvarez. De esto están llenos los diarios y los programas de televisión.
Considero, por otra parte, que el comunicado publicado por la SIDE, en el que se deslindan responsabilidades, constituye una manifestación quizás clara de que ese organismo se ha sentido aludido por estas expresiones de distintos dirigentes, comenzando por el señor Vicepresidente de la Nación.
Pero, lamentablemente, esta denuncia no constituye un hecho aislado en materia de espionaje porque, no hace mucho tiempo, hubo una denuncia de interceptación telefónica formulada por el periodista Jorge Lanata en la revista Veintidós. Según refiere el citado periodista, el ingeniero Ariel Garbarz, consultor de seguridad telefónica del gobierno nacional, mediante técnicas de hacheo comprobó que todos los teléfonos de dicha revista están intervenidos ilegalmente mediante un sistema denominado STG.
En la publicación referida se abunda en detalles sobre estos temas. Y se consigna que un empresario que denunció al PAMI y dos diputados que mantienen una posición de rebeldía en el bloque de la Alianza también denunciaron una situación similar. Tengo entendido que por esa denuncia se está tramitando una causa judicial en los tribunales de la Capital Federal.
Por otro lado, además de las denuncias del Vicepresidente y del periodista, está la del ex presidente de la Nación doctor Carlos Menem.
No voy a entrar a analizar detalles de esa denuncia porque ha sido profusamente publicada, sobre todo en el diario “Ámbito Financiero” de fecha 31 de julio de este año. Pero puedo sacar de dicha denuncia algunos datos interesantes. Existen cintas grabadas de conversaciones del ex presidente, no solamente las políticas sino también las personales y familiares.
Esas cintas fueron entregadas a distintos medios, algunos de los cuales se dieron el lujo de decir en tono amenazante —y creo que todos lo leyeron— que “tenemos cintas comprometedoras del ex Presidente Menem”, como si se tratara de un hecho normal el grabar sus conversaciones.
Una de las personas que reprodujo párrafos íntegros de algunas de esas supuestas grabaciones fue la periodista Olga Wornat en una nota aparecida en la revista Veintidós.
Debemos recordar al respecto que el periodista Horacio Verbitsky había denunciado, y nunca fue desmentido, que la Olga Wornat era una profesional ligada a la SIDE.
También fueron difundidas esas grabaciones por Radio Mitre el 19 de julio, aclarando que también las tenían muchos otros medios y que ellos habían decidido difundirlas por la gravedad institucional que tenía la conversación entre el ex Presidente y su hija.
Por supuesto, nadie se explica cómo llegaron esas cintas a las radios y a otros medios.
En esa denuncia se cita como promotor del uso de grabaciones de conversaciones privadas a Dick Morris, respecto del cual me voy a referir más adelante.
En la denuncia se dan nombres concretos de algunos de los presuntos integrantes del equipo de campaña de desprestigio. Algunos pertenecen a la SIDE y otros al gobierno.
No voy a dar nombres, porque no me consta que sean ciertos. Incluso porque hay algunos cercanos al afecto y a la intimidad del Presidente de la Nación, a quien no quiero ni rozar con estas manifestaciones.
Pero da la casualidad, según dicen ciertos medios, que algunos de esos nombres fueron mencionados por el Vicepresidente cuando manifestaba su preocupación por esta situación.
Después se habla acerca de que la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE habría adquirido sofisticados aparatos de espionaje, que irían mucho más allá de las necesidades que tienen para interceptar comunicaciones cuando lo ordena la Justicia.
Pero he mencionado a un personaje denominado Dick Morris, sobre el cual quisiera dejar algunas inquietudes al señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Tenemos serias dudas acerca de qué es lo que hace Dick Morris en la Presidencia de la Nación y cuál es el papel que desempeña.
Vivimos en una República. Y en una República la publicidad de los actos de gobierno no significa sólo dar a conocerlos. Significa saber también quiénes integran los equipos de gobierno, qué hacen, qué papel cumplen, quién les paga. En fin, todo lo que hace a las circunstancias personales de esos funcionarios.
El caso de Dick Morris realmente es una incógnita porque todos sabíamos que trabajó en la campaña presidencial. Es un consultor político muy cotizado. Se sabía que había sido consultor político del presidente Clinton. También trascendió que lo echaron cuando se supo que había llamado al presidente Clinton en momentos en que compartía la intimidad con una prostituta de doscientos dólares la hora, según dicen las publicaciones. Y para “darse dique” —como decimos nosotros— había hecho escuchar eso; lo que hablaba con el presidente Clinton lo había hecho trascender. A raíz de esa cuestión, esa buena señora después contó todo y lo echaron violentamente. Dejó de ser asesor de Clinton.
Que al señor Dick Morris lo usen en la campaña presidencial me tiene sin cuidado, porque parece que está de moda. Parece que en las campañas presidenciales no rige el “compre nacional”. Se usa traer consultores extranjeros.
Lo que sí me preocupa es lo que hace en el gobierno nacional, cuál es la función que cumple, quién le paga y cuánto.
El diario La Nación del 13 de junio, en un artículo firmado por María O’Donnell, dice que de la Rúa presentó a su asesor de imagen norteamericano. Y que en su viaje –dice— apareció por primera vez junto a su asesor de imagen norteamericano. Después vuelve a decir que es uno de los principales asesores en temas de imagen y comunicación y que el lugar que ocuparía Morris generó debate en la comitiva.
En esa nota se continúa diciendo que no sólo de turismo opina el ex asesor de Clinton, que estuvo reunido con de la Rúa, parte de su equipo y varios integrantes de su gabinete, sino también que el presidente escuchó los consejos de él. “En público, Morris sólo habló de turismo, pero estaba detrás de cada detalle de la gira presidencial. Sugirió algunas ideas que provocaron cambios de último momento en la agenda presidencial y se mostraba interesado en cada encuentro”.
Un reportaje de Clarín del 16 de julio dice que asesora a Fernando de la Rúa desde 1998, primero como hombre clave de la campaña y ahora como asesor más o menos secreto del jefe de Estado. Señala también: “Es el promotor oficial en Estados Unidos del turismo en la Argentina. Taladró la cabeza de varios funcionarios con su idea. Comulgó con Lombardi y el gobierno espera ahora que sea la base de un nuevo milagro político”.
Finalmente, en esa nota del 16 de julio de 2000, firmada por Ernesto Seman, que sabe mucho de Dick Morris porque en el libro Educando a Fernando lo cita muchas veces; dice que el día 6 de junio Dick Morris se sentó frente a una computadora y redactó en inglés, porque parece que no habla español, el texto del discurso presidencial contra el paro, que fuera traducido por Luis Sthulman, revisado por Darío Lopérfido y Antonio de la Rúa, editado y filmado por Ramiro Agulla y pronunciado por Fernando de la Rúa el 8 de junio.
Se continúa diciendo: “Escritos en Buenos Aires o enviados por fax, Morris ya redactó varios discursos del presidente. Sus textos son muy apreciados en el gobierno, casi tanto como sus encuestas, por su precisión y poder de síntesis”.
Todo esto, señor jefe de Gabinete, realmente nos plantea una duda, porque asesor de imagen y comunicación, promotor de turismo, estaba en todos los detalles de la gira, redacta varios mensajes —los que tienen que traducirse porque él no habla español—, en fin… No es una curiosidad simplemente deportiva, porque dicen que este señor —que además de ser muy famoso, que habla de su afición por las bebidas carbonatadas y por el tema que mencioné anteriormente— es experto en campañas sucias. Y esto está en la denuncia que mencionaba recién hecha por el ex presidente Menem.
Es sabido que aquí él participó en seminarios y que es autor de la teoría de que hay que estar en campaña permanente. Es el gestor de la campaña permanente. Entre otras cosas, es el que aconseja “elegir correctamente a los enemigos a quienes se debe presentar ante la sociedad como los demonios a extirpar durante esa campaña permanente”, agregando que es necesario elegir con mucha precisión a esos enemigos: “no vaya ser cosa que se terminen rápido”.
También forma parte de esa campaña permanente la recomendación de que “es necesario golpear con saña al enemigo elegido mientras se muestra a la sociedad la cara de mayor inocencia posible”.
Todos estos datos, señor jefe de Gabinete, nos mueven a una gran inquietud porque han sido afectados el Vicepresidente de la Nación y el ex Presidente constitucional de los argentinos que gobernó el país durante diez años. Todo está en un medio de difusión conocido.
Aparecen estos nombres, estos personajes, que realmente nos mueven a preocupación porque, además, no sabemos el rol que cumplen. No sabemos a título de qué están. No sabemos cuál es la tarea que cumplen ni quién les paga. Supongo que Morris no es filántropo. Viene al país, participa; va y vuelve. Supongo que alguna retribución debe tener. Quisiéramos saber cuál es.
Esto es muy importante, señor jefe de Gabinete, porque se han violado garantías constitucionales. Quiero dejar en claro que no hago una acusación concreta contra nadie, pero sí creo que son hechos que merecen una investigación a fondo. Este es un mal que hay que cortar de raíz porque se han violado elementales garantías constitucionales. Se ha violado el derecho a la intimidad, que está reconocido en todos los pactos internacionales y en la legislación local.
Cuando un personaje de estas características como Dick Morris dijo: “el presidente Menem es corrupto”, yo hubiera esperado que el actual presidente de la Nación, frente a los dichos de un mercenario, hubiese hecho respetar a su antecesor, que gobernó el país durante diez años. Digo “mercenario” porque en esos mismos reportajes dijo que él trabajaba para quien le pagara, que antes no tenía sus escrúpulos; ahora parece que los tiene. Yo hubiera esperado que el presidente de la Nación lo hubiese echado como lo hizo Clinton cuando hizo trascender esa conversación estando con otra persona. Pero, bueno, no tomó esa actitud…
Creo que este tema es de mucha gravedad. Yo digo que ha puesto en tensión, como hace muchos años no pasaba en el país, la relación entre el Presidente y el Vicepresidente de la República. Yo sé que entre ellos no hay nada en este sentido. Pero estos picaros que tienen recursos, que tienen elementos, han puesto en la primera página de todos los medios el tema de la presunta pelea del Presidente con el Vicepresidente. Incluso se enfatiza que el Presidente viene a buscar al Vicepresidente al Senado para dar una apariencia de armonía que en los hechos no existiría. Esto nos preocupa a todos.
En 1985 —por obra también de esos picaros que dan esas informaciones falsas, que crean climas falsos— llevaron en su momento al doctor Raúl Alfonsín, un hombre de cuya vocación democrática y republicana nadie duda, al que todos admiramos, a tomar la decisión de detener a doce personas antes de que dictara el estado de sitio. También porque había rumores de conspiraciones. Estuvo mal informado.
Por eso nosotros no queremos que esto pase nuevamente. El Presidente de la Nación está al margen de todo esto, pero lo tiene que cortar de raíz porque si no vamos a terminar todos comprometidos en una campaña de desprestigio, de acusaciones que, en definitiva, significan la devaluación de la política.
Señor Jefe de Gabinete: reitero, mi preocupación no lleva ninguna segunda intención. Estas cosas tenemos que discutirlas en los ámbitos institucionales, no a través de la prensa que cumple con su misión de informar. Por eso creo correcto, con la mejor buena intención, plantearlo acá para que tome estado institucional. Queremos saber qué va a hacer el gobierno para terminar con esta campaña, para terminar con este manoseo, para terminar con esta caza de brujas, con esa venta de cintas grabadas, que se hace a partir de medios con que se cuenta y que van a desprestigiar a las personas.
Todo eso no se hace para bien; no se hace para descubrir algo que tenga que ver con la moralidad. Se hace para causar un daño. Es la campaña permanente de desprestigio al adversario o a quien se quiere sacar de la escena.
El artículo 19 de la Constitución Nacional es muy claro: “Las acciones privadas de los hombres están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Principio liminar que nos va a hacer grandes como Nación, como República, si nosotros respetamos ese derecho. Esto es lo que todos queremos. En definitiva, señor presidente, señor Jefe de Gabinete, queremos que la democracia, realmente, tenga vigencia. La democracia no es sólo una forma de gobierno elegida por el pueblo sino que también se relaciona con la vigencia del irrestricto respeto a los derechos humanos y en eso —creo— todos estamos obligados y comprometidos a hacerlo.

Estado de la deuda externa (18 de marzo de 2004)

18 de marzo de 2004
3ª Reunión – Sesión Especial

Sr. Menem. — Señor presidente: mi intención al pedir el uso de la palabra era formular tres o cuatro preguntas muy breves pero como esta tarde lo he escuchado de nuevo —calculaba que alguno no iba a resistir a la tentación de practicar el deporte nacional de moda, que es demonizar a la década del ‘90—, tengo que decir algunas cosas porque, de lo contrario, no vamos a saber de qué estamos hablando. Porque se dijo que el problema de la deuda es la convertibilidad, que el 1 a 1 trajo pobreza, desocupación y el endeudamiento del país.
Hay cosas que no alcanzo a entender porque creo recordar que el eje principal de la campaña electoral de la Alianza era mantener la convertibilidad. ¿O no lo recordamos al candidato Fernando de la Rúa decir en todos los medios que “un dólar, un peso”? Y en esa campaña participó también mi distinguido colega y amigo —a quien admiro mucho— el senador Terragno, quien después fue Jefe de Gabinete de ese gobierno que mantuvo la convertibilidad.
O sea, no alcanzo a entender, si era tan mala la convertibilidad, por qué aceptó ser Jefe de Gabinete de un gobierno que mantuvo todo el tiempo el 1 a 1. Entonces, tan malo no debe haber sido.
Además, no es cierto que trajo pobreza, desocupación y endeudamiento porque si comparamos los índices veremos que en 1989 la pobreza alcanzaba al 38 por ciento mientras que en 1999 no llegaba al 25 por ciento de la población. Es cierto que aumentó la desocupación de un 8 o 9 por ciento a un 14 por ciento, pero hay que tener en cuenta también la gran industrialización y tecnificación que dejó afuera a una gran cantidad de mano de obra.
¡Tampoco es cierto lo del endeudamiento! Quisiera que alguna vez se estudie a fondo porque se macanea mucho con el tema del endeudamiento. Discúlpeme; no lo digo por el senador Terragno.
Recuerdo un memorable discurso que dio el senador Cafiero allá por el año 1986 en la Cámara de Diputados; fue una pieza muy importante donde señalaba el endeudamiento que ya en ese momento era gravísimo y que alcanzaba las tres cuartas partes del producto bruto, que era cómo se mide el endeudamiento. Porque el endeudamiento no se mide en términos absolutos, hay que medirlo en términos relativos. No es lo mismo un país que deba equis pesos con un producto bruto determinado que con uno menor o mayor. ¡Así se lo mide! Pero veamos cómo fue la evolución de la deuda en ese tiempo para demostrar que no es cierto lo que aquí se ha dicho.
Isabel Perón dejó el gobierno en 1976 con una deuda externa del orden de los 5 mil o 6 mil millones de dólares.
En 1983, cuando termina el Proceso y asume el doctor Alfonsín, la deuda externa queda entre los 40 a 45 mil millones de dólares. Es decir que en siete años aumentó 40 mil millones.
Para 1989, cuando el doctor Alfonsín deja el gobierno, hay dos números. Por un lado, se dice que Alfonsín deja una deuda del orden de los 67 mil o 70 mil millones de dólares. Y por el otro, hay una cifra que figura en el estudio de Melconián y Santángelo, que señala que en ese momento la deuda fue de 92 mil millones de dólares. ¿Por qué se dice que era así? Porque acá entra la diferenciación que hay entre cuando se devenga o se genera la deuda y cuando se emite el título.
Pero, ¿qué fue lo que pasó en la época del doctor Alfonsín sobre quien no voy a perder la oportunidad para expresar mi reconocimiento y el gran afecto que siempre le he tenido?
Cuando deja la Presidencia había tremendas deudas, por ejemplo, con los proveedores, en materia previsional y con las provincias petroleras a las cuales no les liquidaban las regalías desde la época del Proceso y que no figuraban dentro de los 67 mil millones. Entonces, todas estas deudas después tuvieron que ser reconocidas por el gobierno siguiente y se emitieron los bocones y todo lo que se sabe sobre la emisión de la deuda en ese período.
Quiero decir que no pensaba traer esto al debate, pero sabía que iban a incurrir en esto de echar todas las culpas a la década del ’90; incluso hasta el que no se rompiera el glaciar Perito Moreno… (Risas.) Menos mal que en los gobiernos de de la Rúa y de Duhalde tampoco se rompió.
Entonces, en cuanto a si en ese período la deuda fue de 67 mil o 92 mil millones de dólares, creo que lo que explican Melconián y Santángelo es correcto. Son 92 mil millones.
Cuando en 1999 Menem deja el gobierno la deuda es de 121 mil millones de dólares. O sea que en diez años creció 29 mil millones.
Cuando deja el gobierno De la Rúa, la deuda es de 144 mil millones de dólares. Es decir que la deuda pública sube en dos años 23 mil millones de dólares.
Cuando se va del gobierno el presidente Duhalde y asume el presidente Kirchner, la deuda externa es de 167 mil millones, con lo cual en dos años subió 23 mil millones de dólares.
Esta es la verdad, estos son los números, señor presidente, que podemos aggiornar con otros datos que no son menores como, por ejemplo, que cuando asume el presidente Menem con esa deuda de 92 mil millones de dólares o de 67 mil millones, las reservas eran casi inexistentes, del orden de los 300 o 400 millones. Y, cuando el presidente Menem deja el gobierno, lo hace con un total de reservas de 35 mil millones. Entonces, hay una pequeña diferencia.
Otra cosa que quiero decir es que la relación entre el monto de la deuda y el producto bruto también tiene su importancia. Por ejemplo, en 1989 o 1990 la relación de la deuda con el producto bruto era del 43,21 por ciento. Mientras que en 1999 es de 43,78; esto indica que en esos diez años la relación es de unas décimas de suba. Y para decir esto, tengo a mi vista y en cuenta un trabajo hecho por dos funcionarios del Banco Central, Din y López Isnardi.
Y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, cuando asume el doctor De la Rúa, del cual mi distinguido colega y amigo el doctor Terragno fue su Jefe de Gabinete, recibió el poder con un riesgo país de 600 puntos.
Eso le permitió hacer negociaciones mucho más convenientes, por cuanto podía tener intereses más bajos.
Y acá tengo que hacer una aclaración con respecto a la época del doctor Alfonsín. Es cierto que aquella época tuvo la desgracia de tener las tasas más altas de la historia; tenía una tasa del dieciocho o diecinueve por ciento anual, con lo cual, por supuesto, subió también el endeudamiento. Esto hay que hablarlo para tratar de justificar por qué también la deuda se abultó.
Pero esto no es el motivo del debate del día de hoy. Podríamos seguir dando muchos argumentos en favor o en contra de la convertibilidad, del “1 a 1”, y de los supuestos males de la década del 90, que parecen las siete plagas de Egipto. Pero tenemos que hablar con seriedad alguna vez y decir las cosas como son y con los números en la mano, como yo lo estoy haciendo.
Y quiero decir que en la década del noventa la deuda aumentó en 29 mil millones pero se dejaron reservas por 35 mil. Es cierto que en la década del noventa se vendieron activos por 25 mil millones de dólares, con lo cual se puede decir que se bajó en parte la deuda porque se vendieron activos por ese monto. Pero aun así, se aumentó en 10 mil millones, con lo cual se llega a que, si se computa la venta de activos, el aumento de la deuda en los diez años sería de 19 mil millones.
Por supuesto, todo esto va a ser opinable. Algunos van a decir que sí, otros que no; que han dado los bonos, que no han dado los bonos… Pero creo que es la forma en que tenemos que encararlo.
Lo cierto es que en los cuatro años —del 99 al 2003— la deuda creció mucho más que del 89 al 99. Eso está reflejado en este estudio que, como digo, lo hacen dos economistas conocidos que creo que a veces son consultados por la Casa de Gobierno.
Yo no iba a hablar de este punto, pero me tocan la oreja y tengo que contestar.
Mis preguntas son muy sencillas porque me ha parecido muy razonable la explicación que ha dado de la negociación. Es esto lo que traía aquí al jefe de Gabinete; no si la deuda es legítima, ilegítima, cómo se ha originado, quién tiene la culpa. No, no; vinimos a preguntar cómo se ha negociado y qué va a pasar en el futuro, sobre todo. Esto es lo que queremos que el ministro nos diga y lo ha explicado en forma razonable, dentro del ámbito de lo que se puede decir en esta sesión.
Señor Jefe de Gabinete: me preocupa un tema que usted tocó de paso pero que quisiera conocer: la situación de las AFJP, que tienen bonos del gobierno, muchos de los cuales no los han tomado muy voluntariamente que digamos. Esto es como el cuento del Martín Fierro que hace referencia a los grilletes para llevar a los voluntarios de la guerra con el Paraguay. Compraron los bonos porque los obligaron. Y esto no es un tema de los que fueron a la “timba”. Porque si se funden las AFJP nos fundimos nosotros, que somos los que estamos en ellas.
Yo estoy en la del Banco Nación. Más problemas tienen los otros, porque hay un problema con los préstamos garantizados o no garantizados, que espero se resuelva bien. Pero no es cuestión de que yo no tenga el problema; el problema es de todos. Y queremos tener un futuro con jubilaciones dignas.
Hay otra pregunta que no sé si la podrá contestar el jefe de Gabinete porque no hace a esta gestión, pero sí a la del ministro Lavagna. En su gestión anterior como ministro se había hecho una negociación con el Fondo —creo que la senadora Escudero lo planteó varias veces—.
Se hablaba de que había un documento reservado, que nunca pudimos conocer y en ese sentido pregunto si ese documento seguía siendo reservado, porque tenía que ver con la negociación con el Fondo Monetario.
Otra cuestión, como dicen que la negociación va a ser dura, es si nos puede decir qué va a pasar si no nos aprueban las metas del 2005, es decir, cómo ve el panorama.
Y por último, una pregunta que tiene, quizá, la presuntuosidad de ser una suerte de consejo.
Este gobierno tiene un gran poder de comunicación. Maneja la información y los medios como todos conocemos. Y el propio Jefe de Gabinete aquí ha dicho que estamos con una gran prosperidad por el crecimiento industrial, entre otras cosas, lo cual es cierto. Si vendemos que estamos muy pero muy bien, va a ser más difícil arreglar. Porque si soy acreedor y veo que quien tiene que pagarme tiene plata, le voy a exigir mucho. No exageremos esto. Porque nosotros todavía estamos lejos de tener el producto bruto que llegamos a tener en la época tan denostada de la convertibilidad. Estamos lejos. Estamos rebotando de un pozo muy profundo, saliendo del infierno, como le gusta decir al presidente. Es cierto, pero no vendamos que estamos tan bien porque va a ser muy difícil arreglar con los acreedores que, si además de haberles dicho a algunos inversores que han sido tontos por traer la plata al país y que la tenían que haber llevado afuera, les decimos que son “timberos”, que estamos ricos y que vamos a pagar poco o con una quita grande, creo que se va a dificultar el arreglo.
Creo que el gobierno quiere negociar con responsabilidad. Ha negociado bien este tramo, pero de aquí en más vamos a tener que manejarnos con mucha prudencia para conseguir los resultados que todos los argentinos queremos y en lo cual estamos, por supuesto, acompañando y apoyando la gestión que hace el gobierno en este sentido.

Intervenciones de otros Senadores

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — En verdad, no iba a hacer referencia a algunas cuestiones, pero me parece que hay por lo menos dos temas para dejar en claro porque se vienen reiterando en algunas sesiones. Cuando llegué al Senado, señor presidente, en realidad había venido con algunos preconceptos.
En verdad, durante toda la década del ’90 muchos hemos construido un perfil opositor bastante duro a lo que pasó en aquellos años y, fundamentalmente, al gobierno de Menem. De hecho, yo venía con un preconcepto hacia el Senado, pero luego de conocer al señor senador Eduardo Menem he comprobado que se trata de una persona realmente sólida. Así que quiero dejar en claro lo que pienso sobre dicho senador no solamente con respecto a sus condiciones personales sino como legislador, antes de referirme a lo aquí planteado con respecto a la década del 90.
Sr. Presidente. — El señor Terragno fue nuevamente aludido y ha solicitado la palabra. Por lo tanto, la Presidencia le concede el uso de la palabra.
Sr. Terragno. — Señor presidente: lamento tener que robar otro minuto a la Cámara, pero creo que cada cual debe hacerse cargo de sus responsabilidades; lo que no creo es que deba hacerse cargo de responsabilidades ajenas.
En 1999, el radicalismo tenía dos precandidatos presidenciales: uno, era el doctor de la Rúa y el otro quien les habla. El doctor de la Rúa —como lo recordaba el señor senador Menem— levantó como programa la continuidad de la convertibilidad y como eslogan: “Conmigo un peso, un dólar”. En cambio, yo propuse salir de la convertibilidad y presenté como programa mi modelo industrial exportador.
La mayoría de la dirigencia radical optó por el doctor de la Rúa y, como corresponde, acepté las reglas de juego. Desde el gobierno del doctor de la Rúa luché desde adentro por cambiar esa política y le planteé al presidente que si no salíamos de la convertibilidad ordenadamente íbamos al default, a la devaluación, al desastre y al fin de su gobierno. Eso se lo comenté a principios de 2001. Él no lo entendió así, y a los ocho meses de haberse iniciado ese gobierno me fui, precisamente porque —como lo había sostenido durante años y como lo reflejo en mis libros y en mis artículos—, he tenido siempre una posición congruente.
Quienes defendieron la convertibilidad, quienes no se animaron a discutirla y quienes apoyaron en ese momento al doctor de la Rúa sabrán por qué lo hicieron. Yo sé por qué estuve siempre y estoy hoy en la misma posición.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Simplemente, deseo agradecer al colega, senador Morales, su concepto elogioso hacia mi persona; y, en todo lo demás, expresar que felizmente podemos disentir y discutir en el marco de la democracia.
Sé que hay cosas en las que no nos vamos a poner nunca de acuerdo mientras que en otras —felizmente en muchas— vamos a coincidir, por ejemplo, en la libertad para disentir dentro de un marco de tolerancia y respeto, cosa que siempre he procurado observar en el Senado de la Nación.

Inseguridad pública (30 de junio de 2004)

30 de junio de 2004
15ª Reunión – Sesión especial

Sr. Menem. — En primer término, deseo celebrar la presencia del señor jefe de gabinete, quien ha venido a cumplir con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional que determina que debe informar mensualmente al Parlamento acerca de la marcha del gobierno.
Por su parte, la reglamentación establece que los legisladores podemos transmitirle algunas inquietudes al respecto, dado que esto tiene un ida y vuelta; el jefe de gabinete nos informa y nosotros le transmitimos inquietudes que, desde luego, le servirán para conocer la opinión de los senadores, en este caso.
Son muchos los temas que se pueden plantear, pero se me ocurre que la cuestión que hoy domina el panorama político nacional es la relativa a la seguridad. Basta con leer los diarios, ver televisión o escuchar radio para comprender que todo el panorama está dominado por la cuestión de la seguridad, o de la inseguridad por los acontecimientos que se producen a diario.
En ese sentido, hemos llegado incluso a tener un incidente diplomático con los Estados Unidos que, por otra parte, considero que fue innecesario. Digo esto porque si un funcionario no identificado ha hecho apreciaciones sobre el problema de los piqueteros en nuestro país, entiendo que el canciller no debió entrar en un intercambio de opiniones que ha terminado luego en forma tan lamentable, con un desmentido del embajador norteamericano.
Sin embargo, este incidente diplomático —reitero, innecesario— ha revelado hasta qué punto preocupa el tema.
Por su parte, el señor jefe de Gabinete ha tenido la sapiencia de plantear la cuestión, sabiendo que lo íbamos a interrogar al respecto. Es un tema que nos preocupa a todos, y en ese sentido quiero hacer una precisión: no creo que la opción sea “desborde o garrote”; entiendo que no debemos recurrir a ese maniqueísmo de que debemos dejar hacer porque, lo contrario, es la represión. Me parece que estamos exagerando las cosas.
Creo que la cuestión pasa por “desborde o cumplimiento de la ley”. Aquí nadie ha pedido que se mate o se den garrotes. La palabra represión está siendo mal utilizada, porque hacer cumplir la ley no necesariamente implica represión. Hacer cumplir la ley significa poner en marcha los mecanismos del Estado para garantizar los derechos de las personas. Porque, en definitiva, si la sociedad le ha dado al Estado el monopolio del ejercicio de la fuerza es para que lo cumpla, porque los derechos y garantías individuales no son más que palabras si el Estado no los hace cumplir. Me refiero a aquellos que no pueden ir a trabajar o circular, o a aquellos que no están seguros ni en su casa —porque últimamente hasta eso es lo que ocurre—.
A mí no me interesa entrar en el tema de las estadísticas para analizar si según ellas ha disminuido o aumentado la criminalidad, pero lo que quiero transmitir al señor jefe de Gabinete es que la sensación térmica no es que ha disminuido la criminalidad. No sé cuánto marca el termómetro —diez, doce o quince grados—, pero sentimos el mismo frío que anteriormente. Es decir, hay una sensación de inseguridad, que estoy seguro que también percibe el señor Jefe de Gabinete de Ministros, porque él es un hombre que hace política desde hace muchos años y que vive la realidad. O sea, a la gente que le asaltan la casa, que le roban o que no puede circular por la calle no le importa lo que digan los índices, sino en cuánto se ve afectada en sus derechos individuales.
En este tema, la pregunta fundamental es cuál es el límite. O sea, hasta dónde van a seguir con esta idea de “dejar hacer”, cuál es el límite, hasta dónde se va a llegar. Se tomaron una comisaría, locales comerciales, una empresa, un tren, etcétera. ¿A dónde va a parar esto? ¿Cuándo va a intervenir la fuerza del orden, para qué y en qué momento? Porque todos estamos de acuerdo en que no debe haber muertos; pero, ¿quién garantiza que con este criterio de “dejar hacer” los muertos no van a ser del otro lado y no de los que atacan? ¿Cómo van a controlar eso?
¿Qué confianza tiene la sociedad si a la Policía la descalifica el propio Presidente cuando habla de la Policía del “gatillo fácil”?. A mí eso me ha dado miedo, porque yo debo confiar en la Policía y, a pesar de que se vienen haciendo purgas a un año de gobierno, se sigue diciendo que todavía tenemos la Policía del “gatillo fácil”, y eso es realmente preocupante.
Señor Jefe de Gabinete de Ministros: desde esta bancada le voy a decir con toda sinceridad algo que planteó un senador de la oposición: creo que en este momento, la parte más vulnerable del gobierno es el Ministerio de Justicia y Seguridad, que ha demostrado una incapacidad y una ineficacia total para manejar el tema de la seguridad en el país. Se hicieron anuncios rimbombantes todos los días y, entre ellos, dos o tres planes de seguridad.
Precisamente, para el último plan que presentó, reunió a gobernadores y al propio Presidente de la Nación y efectuó una serie de anuncios. Pues bien, yo quisiera saber en qué se avanzó con respecto a todo eso.
Conozco esa táctica de hacer anuncios. Aclaro que no estoy culpando al gobierno de esto, sino que centralizo el tema en un ministerio, que es el responsable principal de esta situación. Para colmo, cuando surgen los problemas, no sale a contestar el Ministro de Justicia y Seguridad, sino que lo hacen el Jefe de Gabinete o el Ministro del Interior —que es “todo terreno”, porque interviene en todos los temas—. Pero el ministro de Seguridad y Justicia, que es el responsable, no sale a contestar. Claro, ¿qué va a salir a decir? Por el contrario; a veces, es mejor que no salga a contestar. Porque cuando lo hace, dice —por ejemplo— que el peor foco de corrupción está en los jueces federales. ¿Ha presentado alguna denuncia contra los jueces federales? ¿El señor Jefe de Gabinete comparte ese criterio de que el peor foco de corrupción está en los jueces federales?
Supongo que habrá reuniones de gabinete, a pesar de que por la prensa no se conoce que las haya. Precisamente, el Jefe de Gabinete es el encargado de convocar a las reuniones de gabinete de ministros. De cualquier manera, yo supongo que este tema debe conversarse en las reuniones de gabinete, donde le preguntarán al Ministro de Justicia y Seguridad cuáles son las pruebas de esa corrupción y si ha hecho denuncias al respecto. Por lo menos, no se ha conocido en los medios de comunicación que se haya realizado alguna denuncia por parte del gobierno o por qué dice eso el Ministro de Justicia y Seguridad. Creo que el error se produce por haber juntado las dos áreas —justicia y seguridad— en manos de quien ejerce actualmente el ministerio. Si no le sacan las competencias en seguridad, no le auguro un buen futuro a este tema.
Por ejemplo, entre los rimbombantes anuncios que ha hecho —y que ya había efectuado antes, recuerdo que en vísperas de las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la Capital, dijo que había bajado el índice delictual, y un año después se dieron cuenta de que la cosa no era así sino al revés—, está el del segundo plan de seguridad. Ahora bien, se anunció la creación de una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, compuesta por un cuerpo nacional de paz y un área de investigaciones que contemplaría la incorporación de seis mil efectivos, para poner a disposición de cada una de las provincias. Eso está en el Plan Estratégico. Ahora bien, ¿se ha avanzado en este cuerpo de paz y de investigación? ¿Por qué no se ha conformado todavía?
Luego de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior, algunos de los concurrentes dijeron que no se iba a conformar dicho cuerpo de paz. Por eso me interesa saber, ya que no se trata de una cuestión que haya que tomarla a la ligera, sino del anuncio de un ministro en presencia del presidente de la Nación, de gobernadores y de fuerzas vivas. Por eso que me interesa saber qué es lo que se ha hecho respecto de este tema.
Se habló también de un protocolo de actuación en materia de investigación de secuestros extorsivos, definido como muy preciso por el ministro cuando anunció el Plan de Seguridad. Por lo tanto, quisiera saber si ya está elaborado dicho protocolo y en qué consiste, porque si se lo anuncia, tiene que ser conocido por la ciudadanía. Pero no conozco qué es lo que se ha hecho.
También en el Plan Estratégico se impuso un plazo no mayor de sesenta días para reubicar geográficamente a los miembros de la Fuerza Federal de Seguridad y de la Policía Federal. Pero hasta ahora, no ha trascendido cuál será dicha reubicación.
Después, se anunciaron varias leyes relacionadas con el tema de la seguridad. Pero algunas de las normas ya estaban siendo analizadas en el Senado, como la referida al juicio por jurados. Por lo tanto, no es nada nuevo lo que se ha anunciado. También, quisiera saber acerca de la creación de un Fondo Fiduciario de Seguridad y Justicia por 600 millones de pesos.
En definitiva, he querido ser muy sintético, porque creo que nosotros —como legisladores— tenemos que pulsar la realidad. Los senadores han planteado varios temas importantes, pero ninguno de ellos puede ser puesto por encima de un punto que preocupa cotidianamente a la ciudadanía: la seguridad.
En ese sentido, observamos tomas de comisarías, y escuchamos decir a un jefe piquetero, que es recibido asiduamente por el Presidente en la Casa de Gobierno, que ha tomado la comisaría como un aporte a la paz y a la seguridad. No tengo nada contra los piqueteros —ya se ha explicado el fenómeno—, y estoy de acuerdo en que hay que tratar de darle una solución. Pero esto tiene que estar encuadrado dentro de la ley, si no, ninguna de las garantías de la Constitución podrá ser disfrutada por los ciudadanos.
Por lo tanto, le pido al señor jefe de Gabinete de Ministros que ponga atención en estos temas —sé que le preocupan porque los ha planteado aquí—, porque la sensación que existe no es de que la criminalidad esté bajando, sino de que diariamente se producen desbordes y pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones y de las fuerzas policiales, porque desde el propio Gobierno se las descalifica.
Creo que en este estado, todo lo que hagamos, incluso el importante viaje del señor Presidente de la Nación para atraer inversiones y generar confianza en el país —medidas que considero muy buenas—, corre el peligro de fracasar si en el país no hay un clima de seguridad.
Si no hay garantías individuales, no se genera el clima necesario para que se produzcan las inversiones y la creación de fuentes de trabajo que, en definitiva, servirían para terminar con los piqueteros y los problemas de inseguridad, que tanto nos preocupan.
Agradezco al señor Jefe de Gabinete que me haya escuchado con tanta atención.

Manifestaciones por la no concurrencia del Jefe de Gabinete (21 de septiembre de 2005)

21 de septiembre de 2005
29ª Reunión – 18ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Con respecto a la labor parlamentaria, justamente quiero plantear una inquietud: quisiera saber cuándo va a venir el jefe de Gabinete a cumplir con su obligación constitucional de asistir mensualmente a cada una de las Cámaras.
Cuando se planteó el tema del juicio político, se hacía mención a la cuestión reglamentaria de si se iba a dar o no la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Sin embargo, resulta que pasamos por alto ni más ni menos que una obligación constitucional.
El jefe de Gabinete ha venido una vez en el año 2003, dos veces en el año 2004 y ninguna vez en 2005. Es una obligación del jefe de Gabinete y también es una obligación nuestra escucharlo. Pregunto si vamos a resignar nosotros la convocatoria. Es decir, yo ignoro si el jefe de Gabinete no quiere venir o si el Senado no quiere recibir su exposición. Cualquiera de los casos sería gravísimo, porque no estamos cumpliendo con un mandato constitucional.
Fue uno de los ejes de la Reforma del 94 en el rubro de atenuación del presidencialismo el tener aquí al jefe de Gabinete. Y resulta que no viene ni sabemos los motivos por los cuales no viene. A eso le sumamos la reticencia de que vengan los ministros en los reiterados pedidos de interpelación que se han hecho. A eso se agrega que últimamente ni siquiera quieren ir a la Comisión, como el caso del canciller, que todavía no ha ido a explicar el tema de Malvinas, pese a que hubo un compromiso formal de ir.
Entonces, planteo formalmente: no quiero guardar silencio frente a esta grave violación institucional que se está cometiendo. Comprendo que hay elecciones, que parece ser una política de Estado apoyar ciertas candidaturas, desembarcar en ciertas provincias por razones electorales. Pero veo que los ministros van a la televisión y no pueden venir a rendir cuenta en el Senado como lo manda la Constitución.
Quiero dejar planteada formalmente mi queja. El jefe de Gabinete y nosotros mismos no estamos cumpliendo con la obligación constitucional de recibir el informe que hace a la esencia de la institución republicana.

ACUERDOS»

Para designar al Lic. Eduardo Amadeo como Embajador en los EEUU (27 de noviembre de 2002)

27 de noviembre de 2002
37ª Reunión – 19ª Sesión ordinaria (continuación)
Diario de Sesiones – Páginas 8998 a 9000, 9004 y 9005

Sr. Menem. — Señor presidente: la propuesta para designar al licenciado Eduardo Amadeo como embajador en los Estados Unidos, como ha dicho el señor senador Jorge Busti, ha sido motivo de una extensa reunión en la Comisión de Acuerdos.
Del resultado de esa reunión a mí me quedó claro que no debo votar favorablemente esta propuesta de acuerdo y, en ese sentido, voy a pedir permiso para abstenerme en la votación.
La cuestión no tiene que ver con la persona del licenciado Amadeo, aun cuando por ahí se cuestionaron algunas intervenciones que tuvo desde su actual cargo en la contratación de algunas consultorías en los Estados Unidos para mejorar la imagen del país. Sin embargo, no es este un tema en debate en el día de hoy.
Cuestiono la propuesta porque es producto de un conflicto interno dentro de nuestro partido.
No voy a abundar en detalles porque trascendió públicamente, pero el Presidente de la Nación ha resuelto sustituir al embajador Diego Guelar porque, supuestamente, no comulga con el sector político que él representa actualmente. Esto, no obstante, no implica desconocer la facultad del Presidente de la Nación para promover los cambios que estime pertinentes.
Como dije hace un momento, siempre he defendido la facultad del Presidente de nombrar embajadores políticos. Y el Presidente de la Nación, no hace tanto tiempo —enero o febrero—, fue el que propuso y designó al embajador Guelar en los Estados Unidos; cargo que, por otro lado, ya había ocupado con anterioridad.
En este caso, realmente se ha roto con una regla no escrita. Es muy difícil encontrar antecedentes de un gobierno que proponga como embajador político en un mismo país a alguien que había ocupado el cargo durante la gestión de otro gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo menos, hay concepciones distintas en aspectos fundamentales. No voy a hacer un juicio de valor sobre el desempeño del embajador Guelar, aunque por lo menos durante su actuación en el gobierno anterior sé que lo hizo muy bien, defendiendo los intereses del país y actuando con un grado de eficiencia que merece ser destacado.
Conociendo al embajador Guelar, no creo en la denuncia que hizo un diputado de la Nación, quien dijo una sarta de mentiras. Entre ellas, dijo que Guelar habría desaconsejado que se apruebe un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Eso no es cierto. Además, Guelar marcó muy bien cuál fue su posición respecto al acuerdo con el Fondo. Incluso, las mentiras han abordado hasta una cuestión doméstica como la de que no le mandaba el auto al ministro Lavagna cuando iba a los Estados Unidos. Algo que se puede calificar como una estupidez.
Pero el tema por el cual considero inoportuna la designación de Amadeo es, primero, porque lo está haciendo un Presidente que ha renunciado ya a su cargo. La propuesta de embajador político ante una de las naciones centrales del planeta la hace un presidente que ya ha renunciado a su cargo.
En segundo término, ¿cuánto tiempo le queda al Presidente de la Nación en el ejercicio de su cargo? Si le hemos aceptado la renuncia a partir de mayo, quiere decir que le quedan aproximadamente seis meses. Los embajadores políticos cesan automáticamente el mismo día que cesa el presidente de la Nación; es decir que el 25 de mayo el licenciado Amadeo va a cesar como embajador en los Estados Unidos.
Hoy estamos tratando su acuerdo que, presumo, seguramente va a ser aprobado. Una vez aprobado el pliego, recién se va a solicitar el plácet. El plácet, en algunos países es muy rápido. En los Estados Unidos demora un poco, porque pasa por diecisiete oficinas federales, lo cual lleva en términos razonables a pensar que no antes de cuarenta y cinco días recién vendrá el plácet para que puede ser designado. Es decir que será designado aproximadamente para el mes de febrero. En dicho mes va a ir a presentar sus cartas credenciales. No es tampoco un trámite inmediato. Los países tienen distintos sistemas. En los Estados Unidos, las cartas credenciales no las presentan individualmente los embajadores, sino que se espera a reunir un grupo de nueve de ellos para que el presidente de la Nación les reciba dichos documentos. Ello nos va a llevar prácticamente a fines de febrero o quizás a marzo.
Quiere decir que estamos designando un embajador que va a estar durante marzo, abril y parte de mayo, es decir, menos de tres meses de funciones en los Estados Unidos. Es poco serio que propongamos un embajador que va a tener un ejercicio efectivo de tres meses —o menos— en una Nación central como los Estados Unidos.
Por supuesto, comprendo que si el presidente la Nación, que en febrero mandó a Guelar a los Estados Unidos diciéndole al presidente de aquel país, como dicen en las cartas credenciales: “Es un hombre de confianza, me va a representar…”. Es un voto de confianza el nombramiento de un embajador político. Bueno, está bien, perdió la confianza en el embajador Guelar y lo trae de vuelta. Pero eso no significa necesariamente que tenga que nombrar de inmediato a otro embajador, porque para eso están los encargados de negocios. En los Estados Unidos hay un ministro de primera que puede hacerse cargo de la embajada. Eso es lo que hacen los países, sobre todo en períodos de transición. Debemos recordar que los Estados Unidos estuvo representado en la Argentina por un encargado de negocios por lo menos durante tres años. Cuando se fue el embajador James Cheek—creo— hubo un encargado de negocios que según recuerdo, fue un señor Rocha, que cumplió las funciones como embajador. Aquí se trataría nada más que de unos pocos meses.
Por otra parte, Cancillería está cerrando embajadas por cuestiones económicas; hay funcionarios designados en el exterior que no se hacen cargo por razones económicas. Hay embajadores a los que ya se les ordenó que vuelvan de los lugares donde están, y no pueden hacerlo porque no hay fondos para pagarles el traslado. En este caso de los Estados Unidos, en un lapso de cinco meses, va a haber que pagar tres traslados, y esto no es barato. Efectivamente, habrá que pagar el traslado de Guelar para que vuelva, el de Amadeo para que vaya y el de Amadeo para que vuelva. Eso significa una suma mucho más importante de la que algunos creen. Y ¿para qué? Para que vaya el licenciado Amadeo y esté dos meses y fracción o tres meses.
Dije al propio licenciado Amadeo en ocasión de la reunión de la Comisión que cuando termine la ronda de presentaciones que se hacen entre los distintos estamentos y autoridades va a tener que empezar la ronda de despedidas porque terminó en el ejercicio de su cargo. No creo que aporte absolutamente nada. No quiero emitir juicio sobre la capacidad que tenga para el desempeño del cargo, ya que no es este el motivo de mi cuestionamiento sino —como digo— que es poco serio nombrar a un embajador político por tan poco tiempo.
Reconozco la facultad del presidente de hacer propuestas, pero como en este caso cuestiono la propuesta, no por la persona sino por la oportunidad, voy a pedir permiso al cuerpo para abstenerme de votar este acuerdo.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: me da la impresión de que se quiere ejercer un derecho de censura. Yo digo lo que pienso; para eso estoy en esta banca. Lo que dije en la Comisión lo repito acá, y no creo que sea degradante para nadie.
Si nosotros, en algún momento de nuestra reciente historia, decidimos hacer pública las sesiones de acuerdos, que eran secretas cuando comenzamos este período de la democracia en 1983, fue para que podamos exponer nuestras razones. No creo que sea degradante que se expresen opiniones, y mucho menos frente a los Estados Unidos en donde a los candidatos a embajadores políticos se los somete a interrogatorios y otras cuestiones mucho más rigurosos que los que estamos formulando en este cuerpo. Basta recordar que no hace mucho tiempo un gobernador de un estado importante de Estados Unidos renunció al cargo para ser embajador en México, porque la Comisión de Acuerdos presidida por el senador Jesse Helms le negó el acuerdo. Es decir, allá son mucho más rigurosos.
Entonces, no comparto en absoluto que se nos cuestione por haber hecho nuestras observaciones. Tampoco creo que esto vaya en detrimento de quien es sometido al análisis para el acuerdo por parte de la Comisión primero y del cuerpo después. He expresado claramente, desde mi punto de vista, qué es lo que pienso. No puedo ser censurado. Además, creo que no es afortunada la expresión de mi colega por Mendoza, que ha dicho “a confesión de parte, relevo de prueba”. Acá yo no estoy confesando nada. Estoy expresando una opinión, que, como tal, no necesita de ninguna prueba.
No tiene nada que ver mi posición con lo que acaba de manifestar el señor senador Cafiero respecto del imperialismo o de las relaciones carnales.
Simplemente, he cuestionado —y ratifico mi posición en ese sentido— el hecho de que se trata de una decisión que tiene que ver con una cuestión partidaria interna. Y, fundamentalmente, considero que se trata de una designación inoportuna, ya que el embajador propuesto no va a permanecer en el ejercicio de su cargo más de tres meses, de tal modo que va a generar un cambio totalmente innecesario, puesto que en la embajada de los Estados Unidos hay un ministro de primera que podría quedar a cargo de las relaciones con dicha nación, como ocurre en todos los países cuando se sustituye un embajador por un tiempo determinado, que a veces incluso suele ser bastante prolongado. En ese sentido, recuerdo los tres años que estuvo un encargado de negocios de los Estados Unidos al frente de la embajada en la Argentina.
Por ello, no me tocan las expresiones del señor senador por Buenos Aires. Él tiene mucho afecto por el licenciado Amadeo, así que comprendo que trate de defenderlo. Pero mi posición no es ideológica, en absoluto.
Es más, debo recordar que el futuro embajador en los Estados Unidos fue miembro del gobierno al que yo defendí y apoyé desde este cuerpo. Él fue funcionario durante mucho tiempo del gobierno del ex Presidente Carlos S. Menem, así que no tengo —en absoluto— ninguna contradicción ideológica. Simplemente, creo que constituye un grave error diplomático que un presidente renunciante efectúe una designación de un embajador político para que desempeñe su cargo sólo por tres meses.

Para promover a funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (27 de noviembre de 2002)

27 de noviembre de 2002
37ª Reunión – 19ª Sesión ordinaria (continuación)
Diario de Sesiones – Páginas 8977 y 8978

Sr. Menem. — Señor presidente: seré muy breve. Creo que el presidente de la Comisión de Acuerdos ha fundado debidamente el dictamen en mayoría, el cual yo también he suscripto.
Puedo compartir algunas críticas a la política de personal de Cancillería, que también las hice en su momento y las seguiré haciendo. Pero en este caso concreto, debemos tener en cuenta que hace cuatro años que hay gente del cuerpo diplomático que está esperando su ascenso; cuatro años de postergaciones. No creo que en ningún otro caso haya pasado esto, ni siquiera con el personal de las Fuerzas Armadas, en las épocas más rígidas, en las cuales había problemas para los ascensos.
Aquí es como si se hubiera bajado el telón en cuanto al ascenso del personal diplomático. Todo por estas mismas disquisiciones que se hacen ahora: si tiene o no facultades el Ejecutivo; si tiene o no facultades la Junta; quiénes van, quiénes no van.
Desde el tiempo que estoy en el Senado, hace varios años, siempre hubo gente que quedó al margen de los ascensos y que quedó agraviada, inclusive con acciones judiciales; muchos, con razones. No sólo porque el Ejecutivo no mandó los pedidos de acuerdo, sino también porque no los incluía la Junta. Y siempre se argumentaron motivos políticos.
Y así, si vamos a atenemos tanto al tema de la Junta, aquí en estos cuatro años hubo tres dictámenes de Juntas, y los tres dictámenes son distintos. Entonces, ¿a qué Junta creerle? ¿Cuál es la que va a marcar por dónde pasa la razón en lo que hace a la posibilidad o no de los ascensos?
Lo ha dicho muy bien el presidente de la Comisión: la Junta simplemente asiste, asesora; no es «palabra santa». Y hay gente a la cual también a veces la Junta no la incluye, por las razones que se le ocurra. Pero el que tiene la titularidad del derecho a hacer la propuesta es el Poder Ejecutivo, que no lo hace solo: lo hace con la firma del canciller, del Ministro de Relaciones Exteriores, que es el jefe de la casa, con el cual se pueden o no compartir muchas cosas, pero en este caso está ejerciendo el derecho de proponer a personal que, de acuerdo con su criterio, está en condiciones de ascender.
Este 25 por ciento no es personal que se haya traído de la calle; no es gente que entra propuesta por el artículo 5o, que son los embajadores políticos; es gente de la carrera, reconocida. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, los conozco a todos. Tienen un excelente curriculum. De ninguno de ellos puede decirse que no tenga derecho a ascender. Si no, yo quisiera escuchar las objeciones que tengan que hacer porque, como dijo el presidente, los curriculum están en los legajos y, si alguien se hubiera interesado, podría haberlos pedido.
Creo que es un manoseo no tener en cuenta, en este caso, a la gente de carrera propuesta por el Poder Ejecutivo. Por supuesto, reconozco el derecho de los que no están a hacer los reclamos. También sé de algunos que no están, que tienen excelente curriculum y antecedentes como para estar. Pero el que selecciona, en este caso con conocimiento de causa porque es el que maneja la Cancillería, es el canciller junto con el presidente de la Nación.
Cuando aquí tratamos acuerdos políticos —me refiero al caso del artículo 5o— generalmente siempre hemos respetado el criterio del Poder Ejecutivo. Y en casos como éste, que no es el del artículo 5o, también se ha respetado siempre esa parte de discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para apartarse, en un porcentaje razonable, de las propuestas de la Junta, para ascender a aquel personal que, de acuerdo con el criterio del encargado de las relaciones exteriores del país —que es el Poder Ejecutivo, no el Senado—, necesita para esos cargos, ya se trate de embajadores, ministros de primera o de segunda. Entonces, ¿cómo desconocer esa facultad del Poder Ejecutivo que hemos reconocido siempre?
Se habla de arbitrariedad. ¿Cuál es la arbitrariedad? ¿Se ha propuesto gente que está condenada, que no está en la carrera, que no tiene antecedentes? Invito a los señores senadores que no están de acuerdo con este criterio a que revisen el curriculum de cada uno de los que están propuestos. Yo me tomé el trabajo de hacerlo, además de mi conocimiento personal, no de todos pero sí de algunos de ellos. Y realmente todos están en condiciones de ascender.
Señor presidente: ratifico lo dicho por el presidente de la Comisión. Apoyo este dictamen en mayoría. Y aspiro a que en la próxima propuesta, que vendrá dentro de no mucho tiempo más —porque hace cuatro años que esto está paralizado—, si hoy aprobamos estos acuerdos, en poco tiempo más —repito— van a venir seguramente otras propuestas en donde se podrá incluir a aquellos que, hoy, con todo derecho, pueden reclamar pero que no han sido seleccionados porque, desde luego, el número es limitado y el Ejecutivo ha elegido a aquellos que cree que le pueden servir más en el manejo de la Cancillería y de la política exterior.
Por eso, señor presidente, apoyo el dictamen en mayoría y pido que pasemos a votar.

Para designar el Dr. Raúl Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (15 de octubre de 2003)

15 y 16 de octubre de 2003
26ª Reunión – 15ª Sesión Ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: Voy a procurar ser lo más conciso posible, lo cual se ve facilitado por este debate tan intenso que esta noche nos ha ocupado, en este nuevo procedimiento para elegir a un miembro de la Corte, que ha tenido las alternativas que aquí han quedado claras.
Trataría de quitarle dramatismo al tema, porque de algunos discursos y exposiciones, ha surgido esta connotación, que no creo que tenga que ver con la naturaleza del asunto que estamos tratando.
Por supuesto que es importante la designación de un miembro de la Corte. Pero, cualquiera sea el resultado de la votación, aquí no está en juego el poder del presidente de la Nación. No va a aumentar su poder si el doctor Raúl Zaffaroni es elegido ni va a disminuir, si su pliego no es aprobado.
En definitiva, estas son alternativas nuevas dentro de este sistema de designación de jueces que hoy estamos inaugurando, en el que, en alguna medida, estamos haciendo camino al andar, porque realmente es la primera vez que se usa este procedimiento.
Y debo decir que la Comisión de Acuerdos ha funcionado conforme a las normas previstas. Creo que ha actuado correctamente y ha llevado adelante un proceso muy difícil, porque la verdad es que hasta era difícil pensar que, dentro de los plazos previstos, se pudiera llevar a cabo toda esta serie de procedimientos. Así que, desde ese punto de vista, podemos estar muy satisfechos.
Señor presidente: no es mucho lo que puedo agregar en cuanto a los elementos que se conjugan a favor de la candidatura del doctor Zaffaroni ni en cuanto a los que están en contra de su postulación. Tanto en la audiencia pública como en el trámite de las impugnaciones y de los apoyos ya se ha hablado del tema y entiendo que ya está todo sobre la mesa.
El señor senador por Salta decía que, en definitiva, este es un acto de confianza. Y es cierto. La designación de un juez de la Corte es un acto complejo, donde hay una propuesta del Ejecutivo —que en este caso, se ha auto limitado con un decreto—, un acuerdo del Senado, que ha reglamentado el procedimiento, y ahora nosotros, que tenemos que votar conforme nuestras propias convicciones.
Al firmar el dictamen de comisión, yo adelanté mi disidencia respecto del dictamen en mayoría, lo cual significa que voy a votar en contra de la designación del doctor Zaffaroni. Y lo voy a hacer precisamente por una cuestión de falta de confianza en la persona propuesta para ministro del alto tribunal.
Desde mi punto de vista, Zaffaroni no reúne las condiciones necesarias para ocupar este sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quiero hacer algunas reflexiones al respecto.
Aquí se ha cuestionado cómo se designaba antes a los jueces y se ha expuesto una parafernalia de argumentos acerca de cuánto tiempo duraba el tratamiento de los pliegos. Pero ese fue el procedimiento desde 1853. Así se designó siempre a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con sus pros y sus contras. Es decir, no creo que corresponda renegar de lo que se hizo durante más de cien años de vida institucional del país.
En segundo término, si se ha instaurado un nuevo procedimiento para dar mayor transparencia y de ese procedimiento surgen cuestiones que pueden fundamentar un voto negativo, tenemos que movernos por nuestras convicciones. De lo contrario, podría aparecer como que esto sería nada más que una puesta en escena para justificar una decisión.
Otra reflexión que quiero hacer es la siguiente: si se ha querido dar participación ciudadana, si se ha querido que toda la sociedad opine sobre la designación de un miembro de la Corte, creo que no corresponde descalificar a quienes han asumido una u otra posición. ¿O acá hay hijos y entenados? ¿Los que opinan a favor son todos buenos y los que opinan en contra son todos malos? Acá se ha abierto el debate a la participación ciudadana, entonces, todos tienen derecho a participar, sean estudios jurídicos, familiares de víctimas o ciudadanos comunes. De lo contrario, no tiene sentido este procedimiento abierto de audiencia pública.
Por lo tanto, bajo ningún punto de vista podemos aceptar estas descalificaciones sobre quienes han creído de buena fe —o por lo que sea— que había que hacer llegar impugnaciones en contra de esta candidatura. Si no, estaríamos desvirtuando el sentido que tiene este sistema nuevo que se está poniendo en marcha por primera vez.
¿Por qué yo decía que mi voto se funda en una falta de confianza? Como lo han dicho muchos otros señores senadores, quiero dejar a salvo mi reconocimiento a la trayectoria jurídica y a la capacidad intelectual del doctor Zaffaroni. Al respecto, nadie puede poner en duda sus condiciones como jurista y como penalista. Eso está fuera de debate y nadie lo ha discutido durante esta noche.
Ahora bien, por supuesto que uno puede compartir sus posiciones jurídicas o no. Por ejemplo, algunos han cuestionado el hecho de que sea garantista. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Más aún, coincido en que está bien que sea garantista, porque además, nuestra Constitución Nacional —reformada en 1994 y tan vilipendiada por algunos— es garantista.
En mi libro “La Constitución Reformada”, uno de los caracteres que precisamente desde mi punto de vista de la tipología de la realidad caracteriza a la reforma constitucional de 1994 es su garantismo. Yo recuerdo que cuando el destacado profesor y jurista italiano Lapérgola fue de visita a la Convención Constituyente de Santa Fe nos felicitó porque estábamos haciendo una Constitución garantista. Lo que pasa es que algunos creen que el término “garantista” corresponde nada más que a determinado sector ideológico y yo creo que el garantismo no es propio de un determinado sector, en este caso, únicamente de lo que antiguamente se conocía como la izquierda.
Creo que garantistas debemos ser todos, porque en el reconocimiento de los derechos humanos está la fortaleza de una República.
Por eso, en la Constitución de 1994 se incorporaron instituciones fundamentales para reforzar el carácter garantista como, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, el artículo 43, por el que se da jerarquía constitucional al hábeas corpus, el hábeas data o el reconocimiento de la vigencia de los partidos políticos, entre otras cosas.
En fin, hay toda una serie de disposiciones que le otorgan a la Constitución un carácter garantista. Por lo tanto, enhorabuena que el doctor Zaffaroni sea garantista.
Pero lo que no comparto son algunas posiciones doctrinarias que, por supuesto, no lo descalifican como jurista. Simplemente, no comparto algunos fallos.
Por ejemplo, se habló mucho del caso Tiraboschi, sobre el cual en la audiencia pública le hice una pregunta, cuya respuesta, realmente, no me dejó satisfecho. Creo que ha sido un mal fallo.
Pienso —el propio juez Zaffaroni lo dijo— que no se puede condenar o enjuiciar a un juez por el contenido de las sentencias. Pero cuando se trata de una designación para juez de la Corte Suprema, las sentencias sirven para ver qué inclinación tiene el candidato o cómo aplicará el derecho en el futuro. Esa es la ventaja de estar ante una persona que ha sido juez por lo que, por ende, se conoce cómo aplica el derecho.
Respecto de todos los casos que se han citado, no estuve de acuerdo con la forma en que se resolvieron y allí radica uno de los puntos por el que no le tengo confianza.
Tampoco me ha gustado la respuesta que dio respecto del tema de la despenalización del aborto. Coincido con el doctor Zaffaroni en que se trata de un tema trágico, una tragedia del mundo que, en general, afecta más a los que menos tienen. En eso coincido totalmente. Pero no me gusta que el doctor Zaffaroni diga que se trata de un problema que debe quedar encerrado en el Código Penal. Él dice que esto no se resuelve con una ley penal para un lado o para el otro y termina expresando que el Código Penal si sirve, sirve y si no, no importa, con tal de salvar vidas humanas.
Considero que este no es un problema sólo de la ley penal. El aborto está prohibido por la propia Constitución Nacional. Por la reforma de 1994, entre otros, se ha dado rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, el cual consagra el derecho a la vida a partir de la concepción. Si se sancionara una ley que despenalizara el aborto, sería inconstitucional. Además, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la seguridad social de los niños a partir del embarazo en el seno materno.
Por otro lado, cuando la Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, en la reserva, se dice expresamente que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.
Por eso, no me gustó la respuesta que dio Zaffaroni a esta cuestión, ya que es la propia Constitución Nacional la que protege la vida a partir de la concepción, más allá de lo que pueda decir la ley penal.
Ya se habló in extenso respecto de las cuestiones patrimonial e impositiva, por lo que repetir lo que ya se ha dicho tantas veces, sería torturar a mis colegas.
Lo que sí quiero enfatizar es que, como hombre de Derecho, el doctor Zaffaroni no podía sostener que no es exigible el pago de los aportes previsionales, como manifestó en la audiencia pública a raíz de una pregunta que le formulara el señor senador Baglini. En primer lugar, porque dicho pago es efectivamente exigible, en tanto y en cuanto quien no lo efectúa puede ser ejecutado —los miles de juicios que existen así lo demuestran— y, en segundo término, porque ese pago se fundamenta en las bases mismas del sistema previsional, en virtud del principio de la solidaridad. Esto ha quedado claramente expresado por algunos de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra.
Otra de las cuestiones que no me convencieron y que no me parecieron correctas del doctor Zaffaroni, razón por la cual no tengo confianza para votar a favor de su pliego, fueron algunas expresiones que formuló y de las cuales se hicieron eco algunos medios de difusión, que él luego reconoció haber pronunciado. Por ejemplo, cuando refiriéndose a su postulación, afirmó en un momento: “Soy feliz; logré enloquecer a lo peor de la Argentina”. En ese sentido, no puedo dejar de recordar que el doctor Zaffaroni fue titular del INADI, instituto que lucha contra la discriminación. Me pregunto cómo alguien que ocupó ese cargo puede calificar a algunos justiciables como lo peor o lo mejor de la Argentina. Creo que ha sido una expresión poco feliz de su parte, porque pareciera que quienes apoyan su candidatura son lo mejor del país y quienes no lo hacen son lo peor del país. Realmente, considero que no han sido palabras afortunadas.
En definitiva, todas las cuestiones que se han planteado y en las que han puesto énfasis los colegas que comparten mi posición, en especial, las palabras vertidas por el señor senador por Salta y los señores senadores Terragno y Baglini, huelgan todo otro comentario de mi parte y ayudan a que no sea reiterativo.
Por otra parte, la postulación del doctor Zaffaroni no sólo ha merecido críticas de un amplio sector de la sociedad, sino que además, ha tenido eco en distintos medios de comunicación de nuestro país, incluso de diverso signo político. Por ejemplo, podría citar el título de “mamarracho institucional” del diario Ámbito Financiero, o referirme al editorial del diario La Nación del domingo pasado, vinculado con la presentación del doctor Zaffaroni.
Ese editorial contiene algunos párrafos que considero que conviene leer, con el permiso de la Presidencia. Allí se dice: “Es preciso que los senadores de la Nación tengan clara conciencia de que a la hora de votar en el recinto sobre la incorporación de un candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia estarán decidiendo sobre el prestigio y el desenvolvimiento del máximo órgano judicial del país.” Y luego de hacer una serie de consideraciones sobre este tema, el mismo editorial se refiere también a lo que creo que alguien remarcó con relación a la Mesa Permanente del Diálogo, en el sentido de que la autoridad de un magistrado judicial descansa no tanto en su conocimiento jurídico, sino en la idoneidad ética que la sociedad reconoce y exige de quien se va a desempeñar como juez. A los jueces les debe ser exigida una norma de conducta superior al resto de los ciudadanos.
Finalmente, ese editorial termina manifestando lo siguiente: “Cuando el miércoles próximo los senadores nacionales se expidan sobre el pliego del doctor Eugenio Zaffaroni, deberían tener presente que no sólo estarán votando la incorporación de una persona en la Corte, sino que estarán enviando también un mensaje a la sociedad acerca de que ningún ciudadano que aspire a un cargo de tanta importancia merece quedar exceptuado de las obligaciones que se le exige cumplir al resto de la población.”
Por supuesto, eso tiene que ver con los aludidos incumplimientos en materia previsional. Es decir, cómo un juez que no cumple con la ley puede exigir su cumplimiento a los justiciables.
Por esos motivos, sin que esto signifique mengua alguna de la personalidad del doctor Zaffaroni—a quien he tenido oportunidad de tratar—, ni tampoco de su capacidad jurídica, que es ampliamente reconocida, y sin que implique creerme el dueño de la verdad, porque como bien decía un colega, uno tiene dudas —que logré vencer— sobre estos temas, tengo la más absoluta convicción y voto con la conciencia tranquila de que no puedo aprobar el pliego por el que se otorga acuerdo al doctor Zaffaroni para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para designar a la Dra. Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (9 de junio de 2004)

9 de junio de 2004
13ª Reunión – 11ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: he firmado el dictamen de la Comisión de Acuerdos aprobando el pliego de la doctora Highton de Nolasco. Por lo tanto, anticipo mi voto positivo a su designación, no sin antes hacer alguna referencia sobre ciertas cuestiones que se han debatido esta tarde en el recinto y sobre las cuales me interesa dejar sentada mi postura.
En primer término, voy a referirme al famoso artículo de la doctora Highton; y digo “famoso” porque ha sido muy comentado. Yo también he tenido mis dudas sobre la posición de la doctora Highton y, por eso, en la audiencia pública le solicité una aclaración y le leí uno de los párrafos —no exactamente el que mencionó la señora senadora por San Luis— en donde surgía una posición aparentemente favorable del aborto. Así, en respuesta a mi pregunta, me dijo que esa no era una opinión suya sino que se trataba de la posición sostenida por la jurisprudencia y la doctrina de los Estados Unidos. Obviamente no tengo por qué dudar de la palabra de la doctora Highton de Nolasco; si yo supiera que ese fue su pensamiento, realmente sería otra mi posición al respecto.
Por lo tanto, dejo aclarado que mi voto se basa en la palabra de la doctora Highton de Nolasco con relación al sentido que tenían esas citas que figuran en su libro.
En segundo término, se han presentado impugnaciones con respecto a algunos fallos judiciales, específicamente en los casos Holgado y Di Gioia. Cabe destacar que en otros casos ya he sostenido —y lo continúo haciendo— que los jueces no pueden ser juzgados ni descalificados por el contenido de sus sentencias.
En efecto, particularmente en el caso Di Gioia, no coincido con el criterio que aplicó la Cámara ni con el adoptado por la doctora Highton de Nolasco, pero no en cuanto a interrogar al niño que atendió el llamado telefónico —procedimiento que por más que lo hagan en forma habitual me parece totalmente incorrecto— sino por haber valorado y tenido como prueba la contestación de un niño acerca del paradero de su padre, en el sentido de si vivía allí o no.
Creo que no fue una decisión correcta, más allá de que lo resuelto está dentro de las atribuciones de la Cámara.
Ahora bien, el hecho de que los jueces no puedan ser condenados, juzgados o descalificados por sus fallos, hace a la independencia del Poder Judicial. Si los jueces se vieran privados de fallar conforme a lo que ellos entienden o interpretan el Derecho, estaríamos afectando la independencia del Poder Judicial; este es uno de los postulados básicos. La independencia del Poder Judicial no implica solamente que los magistrados no estén sometidos al poder de turno sino que ellos también tengan la libertad académica de expedirse conforme a lo que entienden que es el Derecho, porque los jueces dicen y dictan el Derecho. De ahí viene el término jurisprudencia: decir el Derecho.
En consecuencia, por más que puedan no compartirse los fallos, eso no los descalifica en absoluto, salvo en los casos de prevaricato, es decir, cuando el juez dolosamente falla en forma contraria a lo que dice la ley. En ese supuesto ya no se lo está descalificando al juez por el contenido de su fallo en sí y por el ejercicio de la libertad académica, sino porque ha cometido un delito. Este es un caso distinto; se trata del delito de prevaricato.
Estas impugnaciones no pueden ser tenidas en cuenta. Y debo decir que tanto en el caso del doctor Zaffaroni como en el de la doctora Highton de Nolasco, a ambos les pregunté sobre este tema, es decir, si los jueces pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias y ellos me manifestaron una respuesta negativa.
En otro orden de ideas, quiero hacer alguna puntualización sobre el tema del procedimiento, porque a partir de que aquí se estableció uno nuevo para considerar los acuerdos; y pareciera que algunos se sienten con la obligación instantánea de descalificar el sistema anterior. Es decir, se prodigan en elogios —merecidos— a un nuevo sistema, pero parece que necesariamente tienen que descalificar el procedimiento anterior.
Al respecto, quiero recordar que el sistema anterior no lo inventó ningún gobierno en particular sino que es el que había fijado la Constitución Nacional en 1853. Entonces, si van a descalificar los nombramientos de tal o cual gobierno, descalifiquen todo lo que se hizo en la historia institucional del país, porque todos los jueces se designaron a través de la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y posterior decreto del Poder Ejecutivo nombrándolos; esto dicho más allá del acierto o error que pueda haberse cometido al seleccionar a los candidatos.
Me parece que hay un exceso en esta descalificación del sistema anterior, que es el que ha regido en nuestro país y que nos acompañó en nuestra organización nacional. Más aún; es cierto que ahora hemos dado un paso importante, pero no ha sido el primero. Cuando en 1983 entré a este Senado las reuniones de la Comisión de Acuerdos y las sesiones de la Cámara en que se trataban los pliegos eran secretas; en el recinto sólo estaban los senadores y el secretario; no se tomaba versión taquigráfica ni había audio. A ese sistema lo cambiamos en la década del 90, implantando la publicidad tanto para las sesiones de la comisión como para las del pleno del cuerpo. Pero nosotros no descalificamos el sistema anterior; todo se hace de acuerdo con las circunstancias que vive el país.
Quería puntualizar esta circunstancia, porque veo que tal vez a algunos se les va la mano. Está bien esto de las loas al sistema actual, pero el país se formó a través de los cambios que se fueron produciendo en toda su historia, con los cuales avanzamos hacia un perfeccionamiento de las instituciones.
También quiero decir algo sobre este tema de las audiencias públicas. Repito que me parece excelente el sistema. Pero que quede claro que el procedimiento no se agota en sí mismo.
¿Qué quiero decir con esto? Que no porque hagamos las audiencias públicas y se dé este hecho de la transparencia, automáticamente tengamos que votar favorablemente por el juez propuesto.
En ese sentido, respeto a los colegas que esta tarde han manifestado su opinión en contrario.
Precisamente para eso es el sistema, para que conozcamos los antecedentes y nos podamos expedir al respecto.
Cuando se trató el pliego del doctor Zaffaroni, yo voté en contra, ejerciendo mi derecho.
Sin embargo, fui injuriado en este recinto porque me atreví a votar negativamente la postulación.
Pero ese voto lo hice siguiendo mis más profundas convicciones; y continúo sosteniendo que es legítimo.
Tengamos en cuenta que este procedimiento no debe servir para blanquear situación alguna sino simplemente para dar la oportunidad a que la ciudadanía participe, se conozcan los antecedentes y cada uno se pueda expresar a su gusto.
Otro tema que quería analizar es el de las íntimas convicciones, porque este va a ser un debate que vamos a tener siempre. ¿Qué es lo que vale en el momento en que nosotros tenemos que emitir un juicio? Por ejemplo, en el tema del aborto un juez puede decir: “Está penalizado; yo respeto la legislación del país y ni por vía de interpretación se puede entender la autorización del aborto”. Esa es una posición que me parece respetable y lógica. Ahora bien, a mí no me interesa si íntimamente esa persona tiene un sentimiento contrario, porque eso ya hace al libre albedrío y a su intimidad; hace al artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir que el pensamiento de una persona está reservado a Dios y exento de la autoridad de los magistrados.
A mí no me importan tanto las íntimas convicciones de los jueces sino cómo van a interpretar la ley. En este caso, la doctora Highton dijo que ella reconocía que estaba prohibido el aborto.
Sobre esto quiero hace un comentario a raíz de lo que mencionaba el señor senador por la provincia de Santa Fe en el sentido de que va a presentar un proyecto para despenalizar el aborto. En este sentido, debo decir que primero habría que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, por el que se reconoce que la vida existe a partir de la concepción. Entonces, cualquier ley que se quiera sancionar despenalizando el aborto va a ser inconstitucional, porque el Pacto de San José de Costa Rica está incorporado a la Constitución Nacional.
Además, recordaba la señora senadora por la provincia de San Luis que cuando sancionamos la ley aprobando la Convención de los Derechos del Niño, Argentina hizo una reserva expresa, señalando que se entiende como menor al niño a partir del momento de su concepción y hasta los dieciocho años. Y esta reserva expresa de la República Argentina, desde luego, tiene jerarquía constitucional.
Los colegas que han sido constituyentes recordarán que cuando discutimos el artículo 75, inciso 23, en cuanto a los derechos de la seguridad social, costó aprobar la frase “A partir del embarazo”. Porque a partir de ahí existe la vida. Recuerdo en Santa Fe las grandes manifestaciones en contra y a favor del aborto. Pero se encontró esa fórmula, que quizá no era la más ortodoxa, pero que revelaba que protegíamos la vida a partir de la concepción.
Sr. Giustiniani. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. — El señor senador Giustiniani le solicita una interrupción.
Sr. Menem. — La concedo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — No sé si me expliqué bien. Como diputado nacional yo ya presenté un proyecto de despenalización del aborto en tres casos específicos. Dos de ellos ya están contemplados en el artículo 86 del Código Penal. El primero es el que hace al riesgo físico de la mujer. El segundo es ante violación de mujer demente; y acá incorporé la figura de la violación a cualquier mujer, porque si se permite en el caso de violación a una demente, por qué no se lo autorizará a cualquier mujer. Y el tercer aspecto es ante imposibilidad de vida extrauterina del feto.
Le voy a enviar la copia del proyecto que en su momento presenté como diputado de la Nación.
Sr. Menem. — Gracias por la aclaración, señor senador. Usted sabe que no me estaba refiriendo al aborto terapéutico, que ya está contemplado en nuestro Código desde hace muchos años y se lo acepta casi pacíficamente. Me refiero a los otros casos que motivan estas inquietudes que, por supuesto, comparto totalmente, como lo dije anteriormente.
En todo lo demás, creo que la postulación de la doctora Highton de Nolasco es correcta.
Es una persona que ha demostrado tener vastos conocimientos de derecho, que ha hecho una muy buena carrera judicial y que, por lo tanto, considero que es una buena designación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso he firmado el dictamen y adelanto mi voto positivo.

Para designar a la Dra. Carmen Argibay como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (7 de julio de 2004)

7 y 8 de julio de 2004
16ª Reunión – 13ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: antes de comenzar mi exposición, quisiera saber si se ha producido alguna situación que impida a la gente, a quien quiera presenciar este debate, ocupar las galerías. Recién salí y afuera hay una especie de tumulto, de gente que quiere entrar. No sé si hay alguna disposición que prohíba que gente del pueblo que quiere asistir a este debate esté en las galerías, que veo que están vacías.

Sr. Presidente (Guinle). — En realidad, lo que se ha dispuesto es la habilitación de una pantalla gigante para que todos los que quieran seguir el debate lo hagan desde ese lugar y compartiendo, obviamente, desde su posición, todos, la posibilidad de presenciar este debate. Como usted verá, si ingresa la gente en las galerías, simplemente va a participar una muy pequeña parte y muchos van a quedar sin poder observar el debate. Entonces, se está habilitando una pantalla gigante que permita que absolutamente todos participen y observen el debate.

Sr. Menem. — Quisiera saber, señor presidente, si este criterio se va a aplicar en todos los casos. Es decir, si debemos dar por sentado que la gente no va a poder estar más en las galerías y que cada vez que haya un debate se va a habilitar una pantalla gigante.

Sr. Presidente (Guinle). — En realidad, lo que se está tratando de hacer es que no se discrimine a nadie y que la situación sea absolutamente pareja. Si se abre la posibilidad de acceso, no se sabe cuál de los sectores va a ocupar las galerías. Y, obviamente, una línea mucho más pareja es que todos estén habilitados a presenciar el debate a través de una pantalla gigante.

Sr. Menem. — No comparto el criterio del presidente. Lo respeto, por supuesto, ya que es el que tiene el poder para mandar en la casa. Pero digo que se sienta un muy mal precedente en este sentido.

No hago distinción de sectores. No sé qué discriminación…

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). — Adelante, señor senador. Está en uso de la palabra.

Sr. Menem. — Creo que la señora senadora por Santa Cruz está pidiendo una interrupción.

Sr. Presidente (Guinle). — Usted está en el uso de la palabra, señor senador. Adelante, por favor.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Menem. — Hasta que no se calle la senadora, no voy a seguir, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). — Hagamos silencio.

Señor senador: si es tan amable, siga haciendo uso de la palabra.

Sr. Menem. — Pídale a la señora senadora que respete el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, señor senador.

Sr. Menem. — Como dije en otra oportunidad, no es un problema de importancia sino de buena educación.

Como decía, se sienta un muy mal precedente, porque en el día de mañana cómo se va a discriminar a un sector o a otro. Es la gente la que quiere participar. Si no dejan sesionar y si hay tumultos, el presidente tiene los medios como para desalojar las galerías.

Repito: dejo sentada mi reserva porque creo que este es un pésimo precedente en este sentido.

Sr. Presidente (Guinle). — Insisto en que vamos a arbitrar todos los medios para que no haya ninguna discriminación y para que todos puedan observar el debate desde la pantalla.

Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Guinle). — La senadora Negre de Alonso le pide una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Menem. — Sí, cómo no.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: he asistido a varias sesiones en este recinto, en las que usted también participó. Por ejemplo, en el caso en que había que votar la destitución o no del senador Barrionuevo. Bajamos al recinto, ocupamos las bancas y nos encontramos con que las galerías estaban colmadas. Y los que votamos por la destitución, calladitos, desde la bancas, tuvimos que soportar todo tipo de cosas.

A su vez, cuando se trató la destitución del juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Moliné O’Connor, también desde acá observamos que los palcos estaban absolutamente llenos y a los que votábamos por la destitución nos hacían señas, sin que se hubiese ordenado el desalojo.

Entonces, hablamos de transparencia y de sesiones públicas y estamos impidiendo que un grupo de estudiantes pueda acceder a presenciar la sesión del Senado. Considero que las posiciones son públicas y el que defiende una posición, lo hace públicamente. Ahora, si son irrespetuosos, si no cumplen con el Reglamento, por supuesto, se puede proceder al desalojo.

Entonces, pido especialmente que se deje pasar a la gente para presenciar la sesión.

Sr. Presidente (Guinle). — Senador Menem: le pide una interrupción el senador Fernández.

Sr. Menem. — Cómo no, se la concede.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Justamente, de los ejemplos que recién citó la senadora preopinante se desprende la sabiduría de su decisión, señor presidente. Sé que es un tema como mucho voltaje. Todo el mundo lo conoce y pícaramente algunos puedan ignorar lo que sucede. Es una decisión no sólo ajustada sino sabia habilitar una pantalla gigante y evitar una situación como la que se generó por no tomar las medidas adecuadas en forma previa. Concretamente, considero que es una decisión acertada y si esto merece mayor debate, supongo que inclusive hasta se puede someter a votación.

Sr. Presidente (Guinle). — Senador Menem: la senadora Perceval le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Menem. — Concederé todas las interrupciones que sean necesarias, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. — Me parece un avance que podamos estar concibiendo y definiendo lo público como el espacio de todos y todas y no de los que llegan más rápido.

Tal como decía la senadora Negre de Alonso, afuera hay niños y niñas de escuela, pero también hay adultas y adultos de organizaciones sociales; y me parece muy interesante que puedan estar todos y todas en un espacio común y no en función de los que llegan primero.

Este es un debate tenso, que va a presentar diferentes posiciones y todos deben tener oportunidad de seguirlo en igualdad de condiciones.

Por otro lado, le pido disculpas al senador Menem porque creí que cuando hizo una pausa para que lo dejaran hablar era por mí, porque yo estaba hablando con la senadora Castro. De modo que independientemente de que la senadora por Santa Cruz estuviese haciendo algún comentario, yo también me disculpo porque estaba hablando con la senadora que tengo a mi lado.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. — Señor presidente: voy a ser muy clara y concreta.

Es muy preocupante que el Senado esté debatiendo esto en este momento, es decir si se permite o no el ingreso de gente en una sesión que tiene que ser absolutamente pública. Ignoro cuál es el criterio que usted está planteando sobre los que estén de un lado o del otro; los que estén en una posición o en otra. Si hay gente —hago un pedido expreso a la Presidencia— que tiene interés en participar, por supuesto, en el marco del respeto que debe hacer, se tienen que abrir las puertas y permitir que la gente ingrese. Digo esto con toda la autoridad, porque cuando se trató la ley de salud reproductiva, ¿quién preguntó quiénes eran de un sector u otro para permitir que se llenaran las galerías de personas, que lo único que planteaban cuando había una oposición eran silbatinas y reclamos? En ese momento nadie propuso desalojos ni mucho menos. Por eso creo que en el marco de la cordura, en el marco de la calidad institucional, en el de respeto a cualquier persona, ya sea joven, adulto, particular o representante de alguna institución que quiera presenciar una sesión que es pública, se debe permitir el ingreso para presenciar esta sesión.

Hago este reclamo, concretamente, para que se disponga la posibilidad de ingreso, por supuesto en el marco de respeto que debe haber.

Por supuesto, la Presidencia tiene facultades para actuar ante cualquier desborde —si es que lo hubiere, porque nadie puede presuponer que va a haber un desborde—. Evidentemente, lo único que quiere hacer la gente que está afuera es presenciar la opinión de quienes nos llamamos representantes del pueblo.

El Senado tiene que abrir sus puertas en el marco institucional del respeto que se debe exigir a quienes concurran. La sesión debe ser absolutamente pública y, por supuesto, se deben respetar las posiciones que existan de un lado y de otro. Reitero que digo esto con la autoridad que me brinda haber estado sola tal vez en algún momento defendiendo una posición que la mayoría no compartía.

Entonces, sería un error continuar este debate de este modo. Se debería disponer ya esa autorización y continuar así con la sesión.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: quiero emitir mi opinión sobre este tema.

Hemos tenido algunos debates sobre este punto. Por ejemplo, cuando se trató el tema de las audiencias públicas, existió el reclamo, sobre todo de muchos organismos de derechos humanos. En ese momento planteaban que en esas audiencias fueran los propios representantes de dichos organismos y de los distintos impugnantes o adherentes a las postulaciones quienes hicieran allí las preguntas a las personas propuestas.

Nosotros tuvimos aquí un debate sobre esa cuestión, donde planteamos que la transparencia implica justamente eso y no hacer un show, así como que queríamos cuidar las instituciones y los mecanismos de participación democrática. Entonces, propusimos ser cuidadosos y que, efectivamente, se realizara una audiencia pública, pero que no se convirtiera en un escenario a favor de aquellos que quisieran impedir su funcionamiento y utilizarla para montar un show.

Por eso pedimos que se leyeran por escrito las preguntas, las impugnaciones y las adhesiones. Así, logramos la celebración de audiencias públicas en las que todos se expresaron y participaron. Y se desarrollaron correctamente. De ese modo, defendimos un buen instrumento de transparencia y de democracia.

Recuerdo la primera vez que me senté en esta banca, cuando se proponía como presidente provisional del Senado al señor senador Puerta. En esa ocasión, el radicalismo se retiró y quedé sola como opositora. Esa sesión la presidía la señora senadora Negre de Alonso y, cada vez que yo hablaba, escuchaba silbatinas y gritos. Por eso, mi intervención se vio interrumpida alrededor de dieciocho veces. Fue algo que salió publicado en todos los diarios. Efectivamente, se trató de un verdadero show.

La sociedad argentina y el mundo han hecho un proceso en materia tecnológica. Esta sesión se está transmitiendo por un canal de cable habilitado por el Senado y se han instalado pantallas públicas, de modo que quien quiera escuchar lo que aquí se dice tiene la garantía y la tranquilidad de poder seguir en vivo nuestras sesiones y conocer las opiniones que aquí vierta cada señor senador. A su vez, todos nosotros votamos con nuestras tarjetas. Entonces, la gente sabe lo que decimos, en vivo y en directo.

En consecuencia, hay que decir las cosas como son y no ser hipócritas. Una cosa es la transparencia y que el ciudadano participe, que quien quiere oponerse pueda hacerlo, que quien quiera adherir lo haga, que quien quiere formular preguntas pueda realizarlas, que quien quiera seguir el debate pueda hacerlo —todo eso está garantizado a través de los medios tecnológicos—, y otra es pretender utilizar presencias en este recinto para generar un show en un debate ríspido y difícil, donde hay distintas posiciones. Evidentemente, esta última situación es mala precisamente para las instituciones.

Defiendo y celebro la decisión de la Presidencia de instalar pantallas y transmitir además el debate en directo por el canal de cable del Senado. Así estamos garantizando el seguimiento de las opiniones que aquí se vierten y la participación popular.

Por otra parte, también se han celebrado audiencias públicas para tratar esta cuestión. Pero no quiero que se utilice este recinto para ensuciar un debate que tiene que ser transparente y preciso y en el que todos nos vamos a hacer cargo de nuestras opiniones y de nuestros votos.

En consecuencia, celebro que se defienda este mecanismo de transparencia y la tranquilidad del debate y que no se favorezca una presencia que permitirá un enturbiamiento de una postulación que tiene que ser aprobada por decisión de las mayorías, como establecen nuestra Constitución y nuestro Reglamento.

Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Menem: el señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Menem. — ¡Cómo no, si es el presidente de bloque!

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: seré muy breve. Quiero respaldar su decisión.

Me parece que hay algunos ánimos exaltados y que, como siempre, en la Argentina se discute sobre temas que no se deben discutir. Estamos eligiendo a una candidata para integrar la Corte y hacemos de esta Cámara el escenario del debate sobre el aborto. Entonces, vamos a tener en las galerías a los abortistas y a los que están en contra; banderas, bandas y ruido.

Mañana la doctora Argibay, si es designada, va a tener que ser una jueza respetada y valorada en el marco de la sociedad. Entonces, no podemos seguir construyendo la máquina del desprestigio desde el propio ámbito y espacio político en el que tenemos que prestigiar las instituciones de la República.

Sra. Conti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). — Por favor, vamos a tratar de seguir con el debate.

Tiene la palabra la senadora Conti.

Sra. Conti. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra porque hay un error de criterio que no se puede dejar pasar.

No existen abortistas, salvo quienes lucran con el aborto. Quienes defendemos la libertad de culto y la disponibilidad del cuerpo por parte de la mujer no somos abortistas. Lo que sí hay —en la calle me pararon y me agarraron de la mano— es gente que me llama abortista y asesina por pensar como pienso, pero no hay abortistas. Ese es un criterio ideológico que debe ser desterrado ya que todos defendemos la vida.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Isidori.

Sra. Isidori. — En circunstancias y temas tan sensibles como el que hoy nos toca debatir en este Senado se hacen imprescindibles tres o cuatro consignas que estimo deben ser compartidas por la totalidad de los integrantes del Cuerpo. En primer lugar, mantener la seriedad, el respeto y el equilibrio necesarios para que la decisión mayoritaria respecto de la postulación, en este caso de la doctora Argibay, sea el reflejo exacto y el resultado del juego de una plena democracia.

Por otro lado, adhiero al método y a la decisión de la Presidencia, fundamentalmente en base al principio de equidad. No estaríamos dando un paso para garantizar la participación si sólo una minoría tuviese la suerte de ingresar en las galerías. Yo creo que el tema viene precedido de prácticas que lamentablemente no nos hacen ningún favor, sobre todo a aquellas mujeres que desde hace muchos años venimos luchando por el respeto a nuestro género y por la erradicación absoluta de todo tipo de discriminación.

Por lo tanto, señor presidente, sugiero que avancemos rápidamente para que todas las personas que hoy quieran seguir el debate lo puedan hacer con total y absoluta igualdad.

Además —y voy a hablar claro—, no van a presionarnos quienes están a favor ni quienes están en contra de esta designación por su sola presencia en las galerías. Ya ha habido suficiente presión y utilización de métodos deplorables, que no solamente hablan de la descalificación profesional o de la idoneidad; también se ha llegado a niveles deplorables, como es la descalificación a la persona.

Entonces, tratemos de hacer un esfuerzo y de seguir con este debate que el país está esperando; así lo está haciendo mucha gente, con expectativas distintas. Pero, en última instancia, será la mayoría quien decida a favor o en contra de esta designación.

Sr. Presidente (Guinle). — La publicidad de la sesión está absolutamente garantizada. La Presidencia se hace cargo de la decisión adoptada.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: con respecto a los distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero aclarar que yo he respondido a la inquietud que me produjo ver las galerías vacías en un debate al que todos califican de importante. Lejos de mi ánimo está hacer un show. Realmente, repudio a quien por el hecho de que yo haya manifestado esa opinión, haya dicho que hay intenciones de hacer un show. A esta altura de mi vida y después de tantos años aquí, lejos estoy de eso.

Simplemente, quería que se respondiera a una inquietud relacionada con la situación que se está produciendo en el recinto, a la cual considero una gran contradicción. En efecto, si este tema viene de ser tratado en una audiencia pública a la cual pudo entrar todo el que quiso hacerlo, ¿por qué, precisamente, el día que tratamos el tema en el recinto, no puede entrar todo el público? Esta es la gran contradicción que no alcanzo a entender, pero bueno… Ya está dispuesto de esta forma.

Así entramos a este debate, que no quiero calificar como que tiene que ser de alto voltaje o en el cual tengamos que descalificarnos. Yo creo que cada uno viene aquí a expresar su opinión, con todo respeto, en primer término, hacia la candidata propuesta —quien merece mi respeto— y, en segundo término, hacia los colegas, que tienen todo el derecho de exponer sus razones en favor o en contra…

Sr. Presidente (Guinle). — ¿Me permite…?

Sr. Menem. —…sin que entremos en descalificaciones. Digo esto, porque yo ya tengo la experiencia en este mismo recinto, donde por fundamentar el voto en un sentido contrario al que otros querían, he sido descalificado…

Sr. Presidente (Guinle). — Si me permite, senador…

Sr. Menem. — Eso es lo que yo no quiero, presidente, y por eso quiero entrar al debate con la conciencia tranquila de que voy a defender una convicción, sin que esto implique desmerecer las razones que tienen otros colegas para sostener lo contrario a lo que yo voy a expresar.

Sr. Presidente (Guinle). — Le pide una interrupción el senador Morales. ¿Se la concede?

Sr. Menem. — Sí.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Disculpen, ante todo, que llegue a esta hora. Hasta recién estuvimos reunidos con productores yerbateros por un tema que urgía, y teníamos que garantizar la participación de los productores de la provincia de Misiones.

Simplemente, quería decir que cuando intenté entrar en el recinto, algunos intolerantes no me dejaban hacerlo, y casi me agreden. Pido que garanticemos que esta sesión se lleve a cabo como corresponde, con un marco de tranquilidad. Ya ha sido fijada la posición por parte de la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical.

Quería avisar esto: casi no me dejan entrar y casi me agreden algunos intolerantes que parece que tienen una posición muy firme en no permitir que se dé aquí un debate pacífico en el que se puedan confrontar ideas.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúe, senador Menem.

Sr. Menem. — ¿Nadie más va a hablar?

Sra. Ibarra. — Si me permite…

Sr. Presidente (Guinle). — Vamos a respetar al orador, senadora Ibarra.

Sr. Menem. — Le concedo la interrupción a la senadora.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Seré muy breve.

Como el senador Menem acaba de hablar, precisamente, de la necesidad de no descalificar y de guardar el respeto, quisiera que aclarara el sentido de sus palabras, porque dijo que repudia a quien por haber planteado eso podía generarse un show. Esa fui yo, entonces quisiera saber si el planteo que él hizo fue un repudio personal, que me parece una descalificación que no nos merecemos entre colegas, o si en realidad él está en desacuerdo con mi opinión, lo cual me parece absolutamente sensato y razonable en la pluralidad de ideas que tenemos. Si no es así, le pido que trate de cuidar el sentido de sus palabras, porque en la versión taquigráfica quedó claramente plasmado a quién repudió, y esa fui yo. Como dije: me parece que no nos merecemos ese trato entre colegas.

Ya que el senador suele ser muy cuidadoso en que no lo descalifiquen a él, del mismo modo tendría que tener cuidado con los demás colegas.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa el senador Menem en el uso de la palabra.

Sr. Menem. — La señora senadora se ha autodescalificado.

Yo repudio a quienes imputan que el hecho de plantear el acceso al público signifique querer montar un show. Yo repudio esas declaraciones porque realmente se me imputa que yo estoy queriendo montar un show, y eso no lo puedo admitir bajo ningún punto de vista. Simplemente, he querido que se me dé una explicación de por qué no hay público en las galerías. Nada más. No quiero montar un show ni mucho menos.

Señor presidente, distinguidos colegas: yo he firmado, junto con los señores senadores Marín y Saadi, uno de los dictámenes en minoría por el cual se propicia que no se preste acuerdo a la postulación de la doctora Carmen Argibay como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…
— Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Guinle). — Silencio, por favor, respetemos al orador.

Sr. Menem. — Las razones por las cuales nos oponemos a esta postulación están consignadas en los fundamentos de ese dictamen, sin perjuicio de lo cual me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones que, desde nuestro punto de vista, son bastante contundentes como para fundamentar nuestra oposición.

La doctora Carmen Argibay, tanto en sus declaraciones periodísticas —ella se ha mostrado muy proclive a hacer declaraciones en los medios de comunicación apenas se conoció su postulación— como en sus respuestas al cuestionario hecho por escrito y en las que dio en la audiencia pública, ha tenido algunas definiciones que, desde mi punto de vista, la inhabilitan para que le dé mi apoyo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Algunas de esas definiciones tienen que ver, en primer término, con el tema de su ateísmo militante. En ese sentido, antes de nada quiero aclarar —para que no nos equivoquemos— que todo el mundo sabe que ser ateo es ser sin Dios; «a» significa negación y «teo» Dios. También se ha dicho que hay dos formas de ateísmo: una es no creer en Dios, lo que se denomina ateísmo negativo, y la otra es creer que Dios no existe, lo que denomina ateísmo positivo —es decir, se cree en una ausencia—.

El ateo se distingue del agnóstico porque este último no toma partido y no entra en el debate acerca de si hay Dios o si no lo hay; simplemente, lo ignora y no toma partido de esta situación. Por el contrario, el ateo sí toma partido en contra de la existencia de Dios. Esta es una definición que vale la pena hacerla ab initio, como decimos los abogados.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que la doctora Argibay haya dicho que es atea militante? ¿Cuál es la trascendencia que tiene esa afirmación? Este es el análisis que nosotros queremos hacer.

La Constitución Nacional tiene al menos dos invocaciones a Dios: una es en el Preámbulo, cuando dice «invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.». Y la segunda es en el artículo 19 de la Constitución, donde se hace referencia a que las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral, ni las buenas costumbres, ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

En primer término, quiero destacar que la invocación a Dios en el Preámbulo no debe ser tenida como un hecho casual, sino que los constituyentes lo han tenido muy presente. En este sentido, quiero destacar que el Preámbulo es una parte integrante de la Constitución.

En segundo término, el Preámbulo contiene la definición de los valores, es el que expresa la ideología de la Constitución, es la síntesis misma de la Carta Magna.

Por eso casi todas las constituciones del mundo arrancan con un preámbulo. ¿Y qué es el preámbulo? Allí definen los constituyentes qué es lo que quieren que sea la Constitución, cuyas normas positivas dictan a posteriori, ahí está la ideología.

Por eso es que Alberdi, en sus «Bases», decía que “Conviene pues que el Preámbulo de la Constitución Argentina exprese sumariamente los grandes fines de su instituto. Abrazando la mente de la Constitución vendrá a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las cuestiones prácticas, que alumbre el sendero de la legislación y señale el rumbo de la política de gobierno”.

Mitre, al referirse al Preámbulo de la Constitución de Buenos Aires, en 1871, decía que “Todas las constituciones deben tener a la cabeza esta declaración genérica de principios que, como aspiración moral, es una especie de himno, que se levanta de todos los corazones, a la puerta del templo de la ley, expresando las legítimas y nobles aspiraciones de un pueblo que tiende hacia la libertad, a la perfección del orden político y social”. En una palabra, el preámbulo de una constitución es su síntesis.

Sarmiento también hace referencia a la importancia del Preámbulo —esto está en «Comentarios a la Constitución de la Confederación argentina»— y dice que “…no sólo [es] parte de la ley fundamental, sino también la pauta y piedra de toque para la resolución de casos dudosos, conformando su interpretación y práctica con los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposiciones…”.

Linares Quintana dice que “La importancia del examen del Preámbulo para llegar a la verdadera interpretación de las cláusulas de la Constitución, ha sido siempre reconocida y comprendida en todas las discusiones judiciarias”.

Bidart Campos dice: “Con referencia a la ideología y a los principios fundamentales de la Constitución, debemos traer a colación el Preámbulo. El Preámbulo contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales, las pautas del régimen, los fines y objetivos, los valores propugnados, el esquema del plan o programa propuesto por el constituyente”.

Si bien la jurisprudencia de la Corte no le da al Preámbulo valor positivo ni facultad para ensanchar los poderes, no se deja de lado que suministra un valioso elemento de interpretación. Más aún, la Corte ha llegado a decir que algunas cláusulas del Preámbulo son operativas, como la que se refiere a afianzar la Justicia.

Dice Bidart Campos —y esto también es importante— que “El Preámbulo no ha de ser tomado como literatura vana, porque los fines y valores que enuncia en su proyecto obligan a gobernantes y a gobernados a convertirlos en realidad dentro del régimen político. Por otra parte, esos mismos fines y valores mantienen permanente actualidad, son aptos para encarnarse en nuestra sociedad contemporánea, y además, gozan de suficiente consenso por parte de la misma sociedad”.

Y terminando con las citas, haré mención de una muy importante de Alberdi, acerca de las constituciones: “Casi todas empiezan declarando que son dadas ‘en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones’. Estas palabras grandes y hermosas deben ser tomadas, no en un sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios, en efecto, da a cada pueblo su Constitución o manera de ser normal, como la da a cada hombre”.

Es decir, hice este repaso del Preámbulo porque algunos creen o consideran que es una referencia accidental o producto de un misticismo, pero no es así. No se trata de un problema confesional. Tanto no es confesional que, cuando suprimimos la confesionalidad para ser presidente, en el 94, a nadie se le ocurrió borrar la mención de Dios de la Constitución, ni del Preámbulo. Tampoco se propuso en la ley declarativa de la necesidad de la reforma que se eliminara la invocación de Dios.

Esta invocación, por otra parte, la tienen casi todas las constituciones provinciales. Me refiero a las constituciones de nuestras provincias, de las que somos representantes. La única cuyo preámbulo no encontré es la de Entre Ríos. Pero todas las otras invocan la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Lo hacen las constituciones de La Rioja, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Neuquén, Catamarca, Salta, Chubut, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. Otras, como San Juan, hablan de ser conscientes de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Jujuy invoca la protección de Dios y apela a la conciencia de las personas. La de Río Negro habla de lograr la vigencia del bien común y la paz bajo la protección de Dios. La de Santa Cruz invoca el auxilio y protección de Dios. La de Corrientes habla de sancionar y ordenar bajo la protección de Dios. La de Tucumán también invoca a Dios. Tierra del Fuego invoca la protección de Dios. La Ciudad de Buenos Aires invoca la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia. Misiones invoca a Dios.

Esto significa, señor presidente, que tanto en la Constitución Nacional como en las constituciones provinciales, la referencia a Dios tiene una gran importancia. Y no porque se plantee desde un punto de vista confesional ni religioso. Tiene importancia porque se refiere a un valor. Las constituciones son una escala axiológica. Y nuestra Constitución Nacional pone a Dios en el vértice superior de la escala axiológica. No es una invocación accidental. Invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. Es un valor que sirve para interpretar la Constitución Nacional, porque hace referencia, asimismo, al derecho natural. Por eso es muy coherente la doctora Argibay cuando dice que no cree en el derecho natural. Claro que no cree en el derecho natural, porque no cree en Dios como fuente de toda razón y justicia.

Este no es un tema ligero. Los integrantes de la Corte, como últimos intérpretes de la Constitución, tienen que estar de acuerdo con los valores que ella proclama. En su intimidad pueden pensar cualquier cosa. Para eso está, también, la invocación del artículo 19, el ámbito de intimidad.

Ahora bien, respecto del artículo 19, cuando se refiere a las acciones de los hombres, que «…están sólo reservadas a Dios…», yo preguntaría a la doctora Argibay a quién las reserva ella. A su propia conciencia, tal vez. Pero ésta cláusula de la invocación a Dios constituye un punto referencial fundamental en la interpretación de la Constitución Nacional desde los parámetros de la justicia y de la razón, que son dados por el derecho natural.

Señor presidente: ¿cómo se va a desconocer la existencia del derecho natural? El derecho natural es el que impregna todas las normas positivas, es el que hace a la condición humana, a la dignidad del hombre, a la dignidad de las personas.

Muchas veces, en este Senado, hice referencia al tema del derecho natural. Y hacía referencia a aquel drama de Sófocles, “Antígona”, del que todos los juristas e historiadores dicen que parte el concepto del derecho natural.

Recordemos que Antígona, hermana del muerto —a quien el rey Creonte negaba la sepultura— dice que no hay ninguna ley que puede ir en contra de aquella norma divina, que nadie sabe bien de dónde proviene, pero que se remonta a todos los tiempos y todos la respetan.

Ahora bien, yo encontré una cita más categórica de Cicerón, en El Tratado de la República, quien refiriéndose precisamente a esto dice: “Hay una ley verdadera, la recta razón inscripta en todos los corazones, inmutable, eterna, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas; pero ya sea que ordene o prohíba, nunca se dirige en vano a los buenos ni deja de impresionar a los malos. No se puede alterar por otras leyes, ni derogar algunos de sus preceptos, ni abrogarla por entero; ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de su imperio; no necesita intérprete que la explique; es la misma en Roma que en Atenas, la misma hoy que mañana y siempre, una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez a todos los pueblos y en todos los tiempos. El universo está sometido a un solo amo, a un solo rey supremo, al Dios todopoderoso que ha concebido, meditado y sancionado esta ley: Desconocerla es huirse a sí mismo, renegar de su naturaleza y, por ello mismo, padecer los castigos más crueles, aunque se escapara a los suplicios impuestos por los hombres”.

Esto ya lo decía Cicerón. No se puede desconocer que en el basamento mismo de nuestra Constitución está el derecho natural, en todo el ordenamiento positivo; no se puede desconocer que hay un artículo 16 del Código Civil que remite a los principios generales del Derecho. ¿Porque de dónde vienen los principios generales del Derecho sino del derecho natural?

Cuando el juez tiene dudas, debe remitirse a los criterios de justicia, de equidad, a la razón. No fue casual que los constituyentes invocaran a Dios en el Preámbulo y agregaran “fuente de toda razón y justicia”, porque están refiriéndose precisamente a esos preceptos que están en la misma naturaleza del hombre.

Creo que la doctora Argibay, por negar a Dios —que puede ser una convicción íntima, y también puede proclamar su ateísmo militante—, no está habilitada para recorrer en la interpretación de la Constitución esa escala axiológica que viene desde ese vértice que es Dios.

Ahora bien, el tema es que la candidata no se limitó a decir que es atea, sino que dijo que es atea militante. Cuando le preguntamos al respecto, aquí, en la audiencia pública, ella manifestó que se trataba de una ironía. Pero qué significa ser militante. Todos sabemos que militar en algo es tener una actividad, profesar. Así, los militares profesan la milicia. Existe una iglesia militante que es una congregación de la fe; se participa activamente en la cuestión de que se trata.

Cuando la doctora Argibay dijo que es atea militante, todos entendimos que ella milita en favor del ateísmo, lo que significa hacerlo en contra de quienes creemos en Dios. Por supuesto que cuando ella vio el revuelo que había causado, trató de mejorar la situación diciendo: “Fue una ironía”.

Yo creo que si quería mejorar la situación, en realidad, la empeoró. Porque la ironía —todos entendemos lo que ello significa— es una burla fina, es burlarse de alguien, es decir algo queriendo menoscabar el concepto de los que sostienen lo contrario. Entonces, me pregunto: ¿a quién iba dirigida la ironía? ¿Iba dirigida al periodista o a los que creemos en Dios? Esto no lo aclaró, pero de todos modos, cuando se trata de la creencia en Dios, de esas cosas tan sensibles, tan íntimas, me parece que es muy ligero y superficial actuar con ironía. Creo que es de muy mal gusto expresar que lo decía con ironía.

Señor presidente: desde mi punto de vista, la confesión de ser militante atea, la inhabilita para ser una intérprete fiel de la Constitución Nacional, arrancando del supremo valor de la escala axiológica que contiene nuestra Carta Magna, que es precisamente la existencia de Dios como fuente de toda razón y justicia.

La otra cuestión que motivó nuestra discrepancia con esta designación es la postura que manifestó respecto de estas cuestiones de la vida y relacionadas con el aborto. Aquí no voy a hacer alegato alguno. Desde mi punto de vista, considero que es absolutamente impropio que hoy convirtamos esta sesión en un debate sobre el aborto. Nosotros no hemos venido a esto. Lo que cuestiono y me parece gravísimo desde todo punto de vista es la afirmación hecha por la doctora Carmen Argibay cuando se la estaba interrogando sobre estos temas, de que no se sabe cuándo comienza la vida. Esto dicho por una estudiante de Derecho que va a rendir Derecho Civil I, merecería un bochazo. Dicho por alguien que pretende ocupar la Corte Suprema de Justicia, me parece un despropósito total.

Cuando la senadora Negre de Alonso —creo— le dijo: «¿Debo entender que usted dice que no sabe cuándo comienza la vida?», respondió: «Exactamente»; manifestó que es un tema médico, como si nosotros la hubiéramos estado interrogando sobre medicina. La estábamos interrogando porque quiere ocupar un cargo en la Corte, no como médica ni para que se metiera en los temas de la medicina o de la biogenética.

¿Cuándo comienza la vida? Yo pregunto, ¿hay alguna duda de cuándo comienza la vida para nuestro ordenamiento positivo? No hay duda alguna. Ya lo decía Dalmacio Vélez, en el Código Civil, que es del año 1869, en su artículo 70 —parece no haber sido tenido en cuenta por la doctora Argibay—: «Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas…». Y ¿qué es la existencia? La existencia es la vida.

Además, el artículo 63 del Código Civil establece que son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. ¿Puede decir alguien que aspira a este alto cargo que no se sabe cuándo empieza la vida desde el punto de vista jurídico?

Por su parte, el proyecto de reforma del Código Civil mantiene la misma disposición, al señalar que la existencia de la persona humana comienza con la concepción.

Y estamos hablando de normas infraconstitucionales. Si hablamos de la Constitución Nacional, con mucho mayor razón debería saber esto, por cuanto el artículo 75, inciso 22, otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos, y el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica establece, en forma terminante, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y agrega que ese derecho estará protegido por la ley en general, a partir del momento de la concepción.

¿Cuál es la duda acerca de cuándo comienza la vida? Obviamente, a partir de la concepción, al igual que la protección.

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño y la declaración interpretativa que realizó nuestro país al aprobar dicha convención también establecen dicho criterio a partir de la concepción.

Entonces, ¿cómo puede poner en duda cuándo comienza la vida quien aspira a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Creo que no hace falta ni corresponde entrar en el tema de su posición al respecto, que indudablemente tiene manifestaciones a favor del aborto, por más que ella aclare que no lo aplicó, ni lo haría mientras exista una prohibición legal. Es una buena definición por parte de la doctora Argibay. Pero dejo de lado ese tema. Me espanta que alguien que quiere ocupar un cargo en la Corte afirme que no sabe cuándo comienza la vida, desconociendo las normas de derecho civil y de la Constitución. Entonces, cuando tenga que fallar sobre algún tema, ¿qué va a decir acerca de cuándo empieza la vida?

Esto es muy grave. Invito a mis colegas a reflexionar al respecto, porque no estoy tratando el tema del aborto a favor o en contra; se trata de una cuestión de mucha mayor trascendencia, porque sus palabras significan decir que desconoce —o dice desconocer— algo sobre lo que no existen dudas. No hay absolutamente duda alguna al respecto en Derecho. Podría responderlo así un estudiante de primer año de la facultad de abogacía.

Por lo tanto, creo que ese desconocimiento de la escala axiológica que parte de Dios es serio, al igual que su ateísmo militante, es decir, activo o profesado, porque no puede tomarse de otro modo, por más que ella afirme que no agrede. Es que cuando ella formula esa afirmación de esa forma, indudablemente está realizando un ataque a quienes creemos en Dios.

Además, ¿cómo va a interpretar con esa escala axiológica, sacándolo a Dios? Desde mi punto de vista, esto es grave.

Y lo que también es grave es lo que acabo de exponer sobre sus manifestaciones respecto de cuándo comienza la vida, que también tiene que ver con el derecho natural, porque uno de sus preceptos fundamentales es el derecho a vida; y tenemos que saber muy bien —y lo sabemos— cuándo comienza el derecho a la vida, fuera de cualquier tipo de duda al respecto.

Por ese motivo, señor presidente y distinguidos colegas, con todo el respeto a quienes opinan lo contrario, con todo el respeto a la candidata propuesta, quiero dejar sentado y ratificado mi voto en disidencia con esta postulación. Así lo haré en el momento en que me toque votar sobre esta postulación.

MALVINAS»

Proyecto de declaración rechazando resolución británica sobre las islas Malvinas (19 de mayo de 1993)

19 de mayo de 1993
9ª Reunión – 3ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 839 a 842 y 845 a 847

Sr. Menem. — Señor presidente: nuestra posición respecto del tema que hoy nos ocupa ha sido consignada en los proyectos de declaración que hemos presentado oportunamente, como así también varios señores senadores y que el señor senador por Corrientes, con su versación y con sus conocimientos del tema, ha tenido la virtud de condensar interpretando el espíritu que predomina hoy en este cuerpo de expresión de repudio unánime de la actitud unilateral, arbitraria, lesiva de los derechos soberanos de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur que tiene el Reino Unido.
Hay una coincidencia total; pero como suele ocurrir en estos casos –y como viene sucediendo desde hace tiempo– se aprovechan ocasiones como éstas para realizar incursiones en materia de política exterior de nuestro país en éste y otros temas y se vierten ciertas expresiones que no podemos dejar pasar por alto porque sería como convalidar algunos graves errores de apreciación.
Me refiero a expresiones como las del señor senador por el Chaco, quien no deja pasar oportunidad para decir algo así como que él no quiere molestar a nadie pero siempre detrás de esto viene alguna expresión que a veces resulta agraviante porque indudablemente esconde un propósito peyorativo o la intención de menoscabar alguna conducta de nuestro gobierno, desde el presidente de la Nación para abajo. Lo hace reiterando expresiones que conocemos de memoria; por ejemplo, la foto con el embajador inglés o el hecho de que a él le molesta que al embajador inglés, cuando viene a presentar sus cartas credenciales, lo custodien los granaderos a caballo, olvidando que nuestro embajador también fue escoltado por la guardia real inglesa en oportunidad de presentar en Londres sus cartas credenciales. También están sus expresiones fustigando la política en lo que hace a las inversiones extranjeras en la Argentina o preguntando para qué nos sirven las relaciones con la Comunidad Económica Europea. En fin, entra a cuestionar toda la política exterior de la Argentina aprovechándose de un tema en el cual realmente todos estamos de acuerdo: la defensa de nuestros derechos, nuestros reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas y nuestra posición reiterada en los foros internacionales.
Aquí debemos decir, señor presidente, que están muy equivocados quienes piensan que vamos a recuperar las islas Malvinas con insultos, con discursos altisonantes o con expresiones ampulosas que suenan muy bien, pero que no tienen ningún efecto práctico.
Fíjese, señor presidente, que por ejemplo se hace mucho hincapié en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema Malvinas y se pasa por alto –o se olvida– cuál es el contenido de esas normas obtenidas tan trabajosamente desde la resolución 2.065 en adelante, que fuimos reiterando a través de varios años.
Junto con el canciller del gobierno radical trabajamos en las Naciones Unidas dialogando con representantes de distintos países a efectos de lograr un voto favorable a nuestro país. Y conseguimos un voto favorable prácticamente abrumador a favor de la pretensión de la República Argentina. Pero, ¿qué pretensión? Porque las Naciones Unidas no nos reconocieron ningún derecho, señor presidente. Las resoluciones de este organismo simplemente reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas e invita a Inglaterra y a la República Argentina a sentarse a la mesa de negociaciones para discutir sobre el tema.
Ahora, yo me pregunto: ¿cómo nos sentamos a la mesa de negociaciones? ¿A partir de un aislamiento como el que vivimos después de la guerra, con relaciones diplomáticas rotas, sin ningún tipo de posibilidad de diálogo, o a través de un diálogo al que en algún momento se llegue por las presiones internacionales, por la buena fe puesta de manifiesto por nuestro país, por la predisposición evidenciada por nuestro país? ¿Nos encerramos como una ostra, sin hablar, o nos mostramos proclives al diálogo, que es precisamente lo que ha dispuesto la resolución de las Naciones Unidas?
Por ello, en la política exterior argentina, a partir de 1989, sin resignar ningún derecho y con basamento en ese artificio muy original de la sombrilla, se ha avanzado en la relación bilateral. Una relación bilateral que no va en desmedro de nuestros derechos. Una relación bilateral que nos ha permitido, en alguna medida, acercar posiciones y que, por supuesto, tiene estas contingencias, estos retrocesos. Que, por supuesto también, tiene estos actos arbitrarios que nos indignan. Pero también conllevan nuestra reacción, porque no nos hemos quedado con los brazos cruzados.
Pero, ¿cómo vamos a accionar? ¿Lo haremos de nuevo con la fuerza, como en 1982 o vamos a accionar a través de los foros internacionales? ¿Lo haremos a través de la relación bilateral? Esta es la cuestión.
El señor senador por el Chaco decía que la política exterior, en este sentido, ha fracasado. Le pregunto cuál es la alternativa. ¿Volver a los hechos de fuerza o seguir insistiendo con una posición firme, sin claudicaciones? ¿No lo hemos planteado en todos los foros internacionales?
No hemos sacado el tema de la agenda del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En julio del año pasado hubo una resolución de dicho Comité por la que se fustigaba la existencia de situaciones coloniales, se reconocía la disputa de soberanía y se invitaba a los países que tienen los territorios en disputa a sentarse a la mesa de conversaciones a negociar. Esto es lo que se resuelve en las Naciones Unidas, señor presidente. Y esto es lo que estamos haciendo, sin perjuicio de nuestros reclamos.
Aquí, tanto el señor senador por el Chaco como otros señores senadores saben qué ocurre cuando integramos delegaciones internacionales, cuando vamos a la Unión Interparlamentaria Mundial y hablamos de nuestros derechos.
He tenido el gusto, el honor, de recibir las felicitaciones del señor senador por el Chaco por algunas intervenciones que tuve en ese foro importante que reúne a representantes de todos los Parlamentos democráticos del mundo.
Me pregunto cómo se puede citar el caso de España, de Gibraltar. ¿Qué han hecho los españoles? ¿Han declarado la guerra? ¿Han roto relaciones? ¿Han echado al embajador inglés de España o siguieron reclamando, y siguen haciéndolo, como se procede en todos los países civilizados, por la vía diplomática, por la relación bilateral? Esta es la forma civilizada; no hay otra manera de poder hacer valer nuestros derechos. Ejercemos nuestras presiones y las ejerceremos. Daremos más o menos permisos de pesca. Esto es lo que tenemos que manejar. Haremos explotar las zonas de hidrocarburos que tenemos en las zonas limítrofes o cerca de la zona en disputa.
Elevamos las notas de discomfort, como se denominan, de protesta, ante todas las compañías internacionales de petróleo para que no se presenten en las licitaciones convocadas por los ingleses sobre el tema de Malvinas. Y, seguramente, no se va a presentar ninguna compañía que no sea inglesa para hacer la exploración.
No se vaya a pensar que este gobierno asiste cruzado de brazos a estos actos de avasallamiento del gobierno inglés. Pero no ganamos nada con volver a lo anterior, con romper relaciones, con encerrarnos como una ostra y no tener ningún tipo de diálogo, porque de esa forma tampoco vamos a llegar ni siquiera a cumplir con el mandato de las Naciones Unidas de que nos sentemos a dialogar por el tema de la soberanía.
No creo que hayamos tenido ningún retroceso por haber restablecido relaciones diplomáticas. Muy por el contrario, en los otros países del mundo hemos encontrado una mayor comprensión con respecto a la posición de la Argentina. Y no es cierto que no nos interesen los lazos con la Comunidad Europea. Tal vez la colocación de nuestros productos no se realice en la forma en que nosotros quisiéramos. Las inversiones, nuestras ventas al exterior, a los países de la Comunidad, estuvieron en gran medida supeditadas a las relaciones de la Argentina con uno de los miembros de la Comunidad. En la medida en que la Comunidad Europea avance hacia la constitución de la Unión Europea, cuando termine de aprobarse Maastricht, será mucho más difícil que podamos tener relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con aquellos países que la integren, si mantenemos las relaciones rotas con alguno de los integrantes de dicha Comunidad.
Después de haber conseguido las resoluciones de Naciones Unidas —a las que desde ningún punto de vista criticamos ni menoscabamos; muy por el contrario, han sido importantes—, me pregunto si los británicos cesaron en alguna de estas actividades. ¿O nos olvidamos de lo que hicieron después de que la Argentina celebró los convenios de pesca con Bulgaria y la Unión Soviética?
¿No ampliaron la zona de protección en materia de pesca? ¿No ampliaron la zona de exclusión argentina como respuesta a esos convenios que celebramos con Bulgaria y con la Unión Soviética, no obstante las resoluciones de Naciones Unidas? Acaso luego de reanudadas las relaciones, ¿no hemos conseguido disminuir algunas limitaciones que teníamos en materia de tránsito militar por la zona?
Entonces convengamos en que no se trata de un problema de discursos encendidos ni de expresiones chauvinistas sin contenido. No se trata de decir que no debemos hacer de esto cuestiones de bandería política si después lo estamos haciendo. No es dando portazos como vamos a recuperar las Islas Malvinas. Ello lo haremos con una política firme, no claudicante, haciéndonos más fuertes, negociando con todos los países del mundo, demostrando que la Argentina es un país que ofrece garantías y al que pueden venir todos los países del mundo a hacer inversiones porque respetamos los derechos de todos. Y algún día también en este tema nuestros derechos van a ser respetados.
Considerando las circunstancias históricas, creo que en muy poco tiempo vamos a poder avanzar firmemente hacia la recuperación de nuestras islas. Los pasos que estamos dando están orientados en ese sentido. No es una cuestión de un día para el otro y no lo fue antes tampoco. Desde 1833 estamos reclamando por nuestros derechos; no será obra de un gobierno sino de varios gobiernos y de varias generaciones. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en no querer sacar de esto réditos políticos. La política es una sola. Todos estamos convencidos de nuestros derechos. Entonces, no hagamos el análisis mezquino, pequeño, de si el presidente se fotografió con el embajador inglés o no o de si el embajador inglés ha tenido tal o cual expresión para con nosotros. Nosotros también tenemos nuestras expresiones y también hacemos nuestros reclamos.
En este Parlamento, no hace mucho tiempo, hemos sancionado por unanimidad una ley sobre las líneas de base, donde reivindicamos nuestros derechos sobre las Malvinas.
Quizá la reacción de los ingleses se deba a esta postura de nuestro gobierno, que no es sólo de un gobierno sino de todo el país. Por eso incorporamos a las islas Malvinas a la provincia de Tierra del Fuego; por eso es que nunca hemos cesado de reclamar por nuestros derechos.
Hagamos de esto la gran causa nacional. No sigamos con este latiguillo de la foto, con la declaración pequeña. Veamos cuáles son las grandes políticas.
Hay instituciones privadas de nuestro país, como el CARI, en donde permanentemente se han hecho reuniones de las que han participado algunos senadores de diversas bancadas políticas. En efecto, a esas reuniones de las que participaron legisladores ingleses han ido senadores peronistas, radicales y de los partidos provinciales, porque han entendido que es el diálogo y no la ruptura o el portazo lo que nos va a llevar a la solución.
Nosotros conversamos con los legisladores ingleses en cada ocasión que tenemos en la Unión Interparlamentaria Mundial. Y creo que cada vez nos estamos acercando más a la hora en que recuperaremos la soberanía porque cada vez nos entienden más.
Las medidas arbitrarias y avasallantes que ahora toman están dentro del tironeo normal que se produce cuando hay este tipo de disputas.
Va a llevar un tiempo más alcanzar una solución pero estamos más cerca que antes, mucho más cerca que antes. En la medida en que todos estemos encolumnados detrás de la causa grande de la recuperación de las Malvinas y no de la causa chica de los réditos políticos, estoy seguro de que en muy corto plazo vamos a poder cumplir con ese sueño de todos los argentinos: la recuperación de las Malvinas.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: lejos de mi intención está coartar el derecho de la oposición a hacer críticas, y me remito a la versión taquigráfica. Pero veo una forma curiosa de interpretar esto del diálogo. Porque resulta que los señores senadores de la bancada radical que han hablado rescatan con derecho la legítima facultad que tiene la oposición de formular críticas. Pero yo también ejerzo el derecho de criticar las críticas que hace la oposición, porque es así como se hace la democracia. Si no, resulta que la oposición puede hacer críticas y nosotros no podemos criticar las posturas de la oposición.
En ningún momento he querido coartar derecho alguno. Sí he criticado algunas actitudes pero nunca con sentido peyorativo. Porque tanto el señor senador por el Chaco como el señor senador por Mendoza saben del respeto personal que me merecen y el que tengo por su bancada.
De modo tal que en esto se ha querido ver una forma de menoscabar a la oposición, lo que ha sido un error de apreciación. Si algunas de mis expresiones dieron lugar a pensar así, pido sean entendidas en el sentido que vengo expresando.
De todos modos, el señor senador por el Chaco se vuelve a aprovechar cuando habla de mi posición en materia de privatizaciones como si aquí se estuviera debatiendo ese tema; lo trae nuevamente para fustigar.
Invito al señor senador a que lea el Diario de Sesiones cuando discutimos las privatizaciones, para que veamos la verdad acerca de cuál fue mi posición en aquella oportunidad. Yo me opuse a la forma de privatización que quería hacer el gobierno radical; no me opuse a la privatización por sí misma. Critiqué la forma en que se quería hacer la asociación con una empresa elegida voluntaria, unilateralmente por el señor Ministro de Obras Públicas en aquel entonces. Y lo mismo digo respecto de la compañía telefónica.
La historia va a decidir quién tuvo la razón. Pero de todos modos, si lo ha querido decir para molestarme, para hacerme quedar como que un día sostengo una cosa y otro día expreso algo distinto, debo manifestar que estoy muy tranquilo respecto de lo que sostuve en aquella oportunidad y de lo que esgrimí luego al defender aquí en este recinto la ley de reforma del Estado que fue aprobada por el Senado de la Nación.
Y también quiero decir al señor senador por Mendoza respecto de este tema de la sangre a derramarse o derramada, que ése fue el argumento que usó la oposición para desacreditar en aquel momento al candidato del justicialismo. Y ya sabemos cómo se pronunció el pueblo el 14 de mayo.
Las deformaciones que se hacen con fines electoralistas tienen que terminar luego de la elección; no se puede seguir insistiendo en lo mismo cuando, oportunamente, se aclaró que no fue eso lo que se dijo, que no fue ése el sentido. Pero si lo trae también aquí para mechar o meter un ingrediente picante en esta discusión que nada tiene que ver con ello, bueno, entonces lo aceptamos para que no sea una sesión que pudiera resultar monótona, si es que así lo consideran los señores senadores.
Me llama mucho la atención, señor presidente, que el señor senador por el Chaco, un hombre conocedor de estas cuestiones porque hace muchos años que estudia los temas internacionales, diga que la cuestión se ha sacado de las Naciones Unidas. El tema no se ha sacado de las Naciones Unidas. Por resolución del 29 de julio de 1992 el Comité de Descolonización, que pertenece a las Naciones Unidas, dictó una resolución clara al respecto, por la que se establece que hay una disputa de soberanía y por la que se invita a las partes nuevamente a sentarse a dialogar sobre el tema de la soberanía. Es decir que no es exacto que se lo haya sacado de las Naciones Unidas. Lo que ocurre es que no se lo ha considerado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cosa que es muy distinta.
Por eso hace a la estrategia del que lleva la política exterior. Desde luego, no descalifico la postura distinta que puede tener la oposición.
Y en cuanto a la afirmación de que hemos perdido la solidaridad latinoamericana sobre este tema por aquella expresión relativa a la sociedad con los ingleses, el señor senador por el Chaco conoce mejor que yo a los países latinoamericanos y sabe que a la menor seña, al menor guiño que le hagamos a cualquier país de Latinoamérica, va a volver a salir en apoyo de la Argentina, en la legítima reivindicación de las islas Malvinas, porque ésta no es una reivindicación exclusiva de la República Argentina, sino que lo es de todos los países de Latinoamérica.
Considero que en este tema debemos apuntar a la política grande —no lo dije en tono peyorativo—; creo que está bien que coincidamos todos en este proyecto de declaración.
Discrepo con el señor senador por Mendoza cuando dice que hay que incluir el tema de la interpelación. La interpelación tiene otro trámite parlamentario: el pedido de interpelación tiene que ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque así lo marca el reglamento.
Hoy tenemos que coincidir todos en este repudio. No sé si servirá o no pero, en este momento, no se me ocurre otra cosa que no sean las expresiones de repudio. No sé qué otro argumento, método o artificio los señores senadores imaginan que podamos elegir en este momento; si los proponen, gustosamente serán considerados entre todos para ver si encontramos medidas más efectivas.
Por lo pronto, es efectivo que coincidamos en este proyecto de declaración donde repudiamos abiertamente esta actitud lesiva a nuestros derechos tomada por parte de Gran Bretaña.

Proyecto de resolución sobre actividad pesquera en las islas Georgias del Sur (20 de marzo de 1996)

20 de marzo de 1996
6ª Reunión – 3ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 1067 a 1069 y 1075

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: en la última sesión no pudimos votar, por falta de quórum, el proyecto de resolución que habíamos propuesto. Espero que hoy no pase lo mismo, razón por la cual voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, así puede ser votado, si bien en la última sesión había consenso para su aprobación.
En este proyecto de resolución, en el artículo 1º ratificamos prácticamente lo que dice la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que, como es sabido, sancionamos en 1994 en la Convención Constituyente y en la cual ratificamos los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares.
Además ratificamos la voluntad del pueblo argentino en el sentido de constituir como un objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de esos espacios territoriales marítimos.
Como segundo término de la resolución repudiamos y denunciamos la ilegítima pretensión británica de cobrar un canon para autorizar la pesca en los espacios marítimos de las islas Georgias del Sur.
En tercer término, en la resolución proyectada denunciamos al gobierno británico por sus reiteradas violaciones al derecho internacional mediante la amenaza del uso de la fuerza y por el incumplimiento de mala fe de las obligaciones contraídas por ese gobierno al celebrar el Tratado para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, denominado Camelar, hecho que genera responsabilidad internacional.
Por último, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que denuncie los hechos indicados en los puntos anteriores ante el secretario general de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Río, haciéndoles conocer además el texto de la presente resolución.
Creo que los antecedentes de este proyecto de resolución son por todos conocidos, ya que han tenido amplia difusión en la prensa. Lo hemos debatido también en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde estuvo presente, por nuestra invitación, el ministro de Relaciones Exteriores, con un alto número de senadores que asistieron a esa reunión dada la trascendencia del tema.
Indudablemente esta resolución se justifica ampliamente por cuanto se trata de una nueva acción unilateral ilegítima por parte de Gran Bretaña en una zona que es de indiscutible soberanía argentina, como es el espacio marítimo de las islas Georgias del Sur.
En el peor de los casos esa soberanía estará en disputa como lo han reconocido las Naciones Unidas, pero no cabe la menor duda de que no se puede permitir que una nación usurpadora, como en este caso, pueda pretender cobrar un canon para la pesca en esas aguas, sobre todo porque además de ser una zona en disputa —que desde nuestro punto de vista es legítimamente nacional, es argentina— está violando un tratado internacional, que es el Tratado para la Conservación de Recursos Vivos Marinos de la Antártida, al cual han suscripto numerosos países y que entró en vigencia en 1982, del cual forman parte también Gran Bretaña y la Argentina.
Por eso nosotros decimos en el proyecto de resolución que se violan de mala fe o se incumplen de mala fe las normas internacionales de este Tratado, conocido comúnmente como Camelar.
Yo tuve oportunidad de calificar este acto de cobro del canon como una acción ilegítima y ejercida mediante un hecho de fuerza, porque no caben dudas de que estamos ante un acto de mera fuerza. A Gran Bretaña no le asiste ningún derecho para cobrar este canon, porque viola los derechos de una potencia como la Argentina, que los ha alegado, y sobre la base de esos derechos se ha reconocido que hay una disputa de soberanía.
Además, viola un tratado internacional; viola normas del derecho internacional.
Si hace esto utilizando naves de guerra, indudablemente está cometiendo un acto de violencia, que no se diferencia en mucho de los actos de piratería que se realizaban antaño.
Por eso he calificado el hecho como un acto de piratería, lo cual ha sido impensadamente compartido por otros afectados por esta actitud ilegal.
Tengo sobre mi banca referencias de un capitán de un barco pesquero español, Pablo Costas Villar, que dice que son piratas los controles británicos en las Georgias. Es capitán del pesquero “Liberty”, que fue interceptado por naves inglesas y obligado a pagar canon dentro de las 200 millas de las Georgias. Dijo que: “desde que estamos operando es estas aguas, hace dos años, nos están increpando, siguiendo, asaltando y usando métodos bien piratas, que recuerdan su vieja tradición de siglos atrás. Ya estoy acostumbrado a ser acosado por su accionar”. El navegante español confirmó que hay tres barcos de guerra británicos “vigilando la zona de las Georgias y la patrulla de pesquerías de Puerto Argentino, en Malvinas, también hace lo mismo”. Costas Villar aclaró que su embarcación no abonó canon exigido por el gobierno de las islas pero, de todos modos, estuvo forzado a retirarse.
El Tratado Camelar al cual hago referencia regula la conservación de los recursos marítimos en esta zona. Ha establecido cupos de pesca y un control científico para evitar la depredación. El año pasado estableció que no se podía pescar más de 4 mil toneladas de la especie de que se trata —la merluza negra—.
Pero no es un problema de trascendencia económica el que nos aflige, sino de principios. Porque todos los que han suscripto este tratado se comprometen a vigilar la conservación de estos recursos pero, de ningún modo, a beneficiarse económicamente, como ilegítimamente ha pretendido Gran Bretaña.
Se basan —como siempre lo hacen, en forma arbitraria e ilegítima— en una interpretación del presidente de la Convención del Camelar de 1980 que decía que los Estados soberanos, que tienen reconocida la soberanía, pueden ejercer medidas de control más rigurosas en esta zona.
Esto se refería exclusivamente —era el objetivo fundamental— a proteger la posición de dos islas de soberanía francesa: Kerguelen y Crozet. Nadie les discute la soberanía. No es el caso, precisamente, de las Georgias del Sur, donde no sólo hay una disputa de soberanía. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han reconocido a través de muchísimas resoluciones que existe esta disputa. También ha instado a las partes a negociar, estableciendo que ninguna puede ejercer jurisdicción en ninguna de estas zonas en disputa.
Por supuesto que cuando Gran Bretaña anunció en 1993 que iba a tomar medidas unilaterales de jurisdicción en materia pesquera, la Argentina reclamó energéticamente a Gran Bretaña y reclamó también en la comisión del Camelar. Se cruzaron decenas de notas en ese sentido; siguiendo las formas diplomáticas. Gran Bretaña anunciaba las medidas y la Argentina las rechazaba. También fueron rechazadas por otros países, inclusive por nuestra hermana República de Chile que en el día de ayer ha suscrito un comunicado conjunto de ambas cancillerías repudiando esta actitud de Gran Bretaña por ser contraria al derecho internacional y a la posición del Camelar.
Por supuesto que ésta no es la primera vez que Gran Bretaña toma medidas unilaterales. Nosotros en 1986 hicimos un reclamo similar en la zona de Malvinas cuando extendieron a 150 millas el área de exclusión, el área de jurisdicción. Si nosotros vemos los diarios de aquella época vamos a observar que hay manifestaciones similares.
Como Senado de la Nación en aquella oportunidad dictamos una resolución de repudio a esta actitud ilegítima de los británicos porque indudablemente constituye un acto de fuerza, que también fue repudiado por todas las naciones.
Recuerdo que en esa ocasión vino el entonces canciller Dante Caputo, citado por este cuerpo. Dio explicaciones en una sesión secreta porque en ese momento sostuvo que era preferible tratar el asunto en una reunión que tuviera ese carácter. Y nuestro bloque, que había hecho manifestaciones en el sentido de no estar de acuerdo con los convenios de pesca suscritos en aquella oportunidad con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con Bulgaria, como un acto de solidaridad con la posición argentina, cambió su posición y votó la ratificación de aquellos acuerdos pesqueros porque fue a consecuencia de eso que los británicos decidieron extender la jurisdicción a 150 millas.
En definitiva, señor presidente, podríamos hablar mucho más sobre el tema. La vez pasada, cuando se planteó y nos habíamos quedado sin quórum, acordamos que en algún momento debíamos discutir la cuestión de fondo de nuestra política hacia Gran Bretaña y darnos un debate más profundo. Yo creo que así debe ser; que en algún momento debemos discutirlo.
El señor senador por San Juan ha presentado un proyecto que en la reunión de ayer solicitó fuera tratado junto con este tema. Pero es una iniciativa más de fondo; es un proyecto más importante porque además de estas medidas aconseja tomar otras como el retiro de embajadores y traer a consideración de este cuerpo los convenios de Madrid de 1990. Yo creo que en oportunidad de esas medidas de fondo quizá podríamos darnos un debate más detallado sobre nuestra política de Gran Bretaña y al tema específico de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Por lo pronto, voy a citar la próxima semana a reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores para que empecemos a tratar este tema.
Considero que hoy deberíamos circunscribirnos a votar este proyecto que es importante y no podemos demorar ni un día más porque ya ha sido sancionado en la Cámara de Diputados uno similar —tiene muy pocas diferencias— y el Senado como representante del federalismo argentino, no puede estar ausente de un pronunciamiento de esta naturaleza, sobre todo porque nosotros le pedimos al canciller que haga conocer este pronunciamiento no sólo al Secretario General de las Naciones Unidas sino también al Presidente del Consejo de Seguridad, a la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Río. Además, creo que también hay una propuesta —que seguramente se va a expresar aquí— de hacerlo conocer a la Comunidad Europea.
Por todas estas razones, para no abundar en más detalles y con la convicción de que de esta forma cumplimos con el mandato constitucional de defender nuestra soberanía, creo que deberíamos aprobar por unanimidad este proyecto de resolución.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: desde ya que voy a aceptar el agregado propuesto por el señor senador por el Chaco.
Sólo quiero decir que tengo para responder todos y cada uno de ciertos argumentos que acá se han vertido, pero voy a ser muy respetuoso de la palabra empeñada en el sentido de debatir la política de fondo en la comisión, ámbito en el que vamos a tratar el proyecto propuesto por el señor senador por San Juan. En efecto, debo señalar que con la buena voluntad y la caballerosidad que lo caracterizan, el senador ha respetado su palabra, porque no hemos venido aquí a debatir la política de fondo ni el marco de la cuestión, sino el tema de las Georgias. Este ha sido el compromiso que también ha respetado el señor senador por el Chaco.
Sólo quiero expresar al señor senador por el Chaco que no deseo que quede flotando esa duda que él plantea de que alguno de los acuerdos celebrados, como el del petróleo, signifique reconocer un derecho desde ningún punto de vista.
Nosotros no hemos reconocido ni reconocemos ni vamos a reconocer ningún derecho de Gran Bretaña que implique una pretendida soberanía sobre ninguno de los espacios territoriales y marítimos en disputa. Esto, además, es un mandato de la Constitución. He tenido el honor de proponer en la Convención Constituyente, como recordarán, la cláusula transitoria referida a este aspecto. En ese momento fui encomendado para hablar en nombre de toda la Convención a fin de fundamentar nuestros derechos y la inserción de la mencionada cláusula. De manera tal que nunca aprobaría ningún tipo de actitud que signifique violar esa cláusula, que constituye un mandato de honor para todos los argentinos.
Reitero: no hemos reconocido ni reconocemos ni vamos a reconocer ningún derecho de Gran Bretaña.
Estamos de acuerdo en que sobre el particular debemos tener una posición uniforme. No podemos hacer disputas partidarias en tren de ganar espacios políticos o de prensa detrás de un tema tan sensible para todos los argentinos.
Por estos motivos, recordé expresamente que en su oportunidad, cuando en 1986 se planteó un tema similar, aceptamos que se discutiera en una sesión secreta, donde planteamos al canciller de ese entonces, el licenciado Caputo, nuestras divergencias sobre la política exterior. Pero lo hicimos aquí adentro y no salimos a proclamarlo afuera. No fue una casualidad —como también lo recordará— que cambiáramos nuestra posición y que votáramos a favor de los acuerdos pesqueros. Lo hicimos precisamente para tener un frente uniforme ante una actitud lesiva hacia nuestros derechos, como la que había asumido en esa oportunidad Gran Bretaña, también a través de una medida unilateral como la que está teniendo ahora en las Georgias.
Por eso considero que este debate lo tenemos que hacer en la Comisión.
Por último, quiero decirle al señor senador por el Chaco que no hemos resignado ni resignaremos ni vamos a resignar ningún derecho. Nos conocemos desde hace doce años, discrepamos muchas veces, pero sabemos que a la hora de defender los intereses nacionales vamos a estar siempre en la misma trinchera.
Por estas razones pido que pasemos a votar el proyecto, que ya es conocido porque fue leído y consensuado la semana pasada, con la expresa mención de que además de los organismos a los cuales se hace referencia en el texto también se agregue a la Comunidad Europea.

Proyecto de resolución impulsando la colocación de la bandera argentina en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas (22 de abril de 1998)

22 de abril de 1998
11ª Reunión – 8ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 2181 y 2182

Sr. Menem. — Señor presidente: considero que no hacen falta muchas palabras para fundamentar la procedencia de esta resolución.
En el cementerio de Puerto Darwin yacen los restos de los soldados argentinos caídos en el conflicto de Malvinas. Esos soldados, como dijimos en reiteradas oportunidades, yacen en un territorio argentino ocupado por una potencia extranjera que lo usurpa desde 1833.
Es sabido el sistema tan cerrado, tan anacrónico y arcaico establecido por el Reino Unido en virtud del cual los argentinos tenemos vedado el ingreso a las islas luego del conflicto de 1982, salvo que lo hagamos con un pasaporte de otro país, lo cual constituye una violación elemental al derecho internacional. Hemos venido denunciando esta situación en forma sistemática en cuanto foro nos ha tocado intervenir.
El año pasado sancionamos un proyecto a través del cual se disponía que el Senado de la Nación, por medio de una delegación, se constituyera en Puerto Darwin para rendir homenaje a nuestros soldados al cumplirse un aniversario del conflicto armado.
Lamentablemente, no se consiguió la autorización. No me gusta decir “autorización” porque no la necesitamos, pero existe un hecho de fuerza que nos impide ir si no se nos facilita el acceso a las Islas Malvinas.
Este año se cumplen dieciséis años del conflicto bélico, y nuestros soldados están en ese cementerio de Darwin sin que se individualice la Nación por la cual han entregado sus vidas.
En su momento esos soldados juraron defender nuestra bandera hasta perder la vida. Y han perdido su vida defendiendo a nuestra Patria. Sus cuerpos quedaron en territorio argentino ocupado por una fuerza extranjera.
Considero que nos asiste un derecho sagrado al pedir que se emprendan todas las acciones necesarias para que una bandera argentina se coloque en ese cementerio donde están nuestros soldados, donde están enterrados nuestros héroes.
No quiero pensar que va a haber una negativa como la que hubo a nuestro propósito de rendir homenaje; sería llevar la obcecación a un grado máximo y una aberración total. Esto constituiría una flagrante transgresión a normas de convivencia que siguen países que incluso han estado embarcados en guerras que les generaron millones de bajas.
Así como existen normas para hacer la guerra, también hay normas humanitarias que deben observarse. En este sentido, está avanzando en el mundo la vigencia de un derecho humanitario —y en esto tiene mucho que ver la Cruz Roja—, en virtud del cual se facilita precisamente todo lo que tenga que ver con homenajes, visita de los deudos a los cementerios en donde están sus muertos y respeto de los símbolos patrios de los caídos en combate, porque ellos descansan justamente en un lugar sagrado —por algo a los cementerios se los llama “camposantos”— y porque tienen derecho a estar amparados por la bandera de la patria por la que ofrendaron sus vidas.
Entonces, quiero dejar sentado que este tema de la bandera no está vinculado con un problema de soberanía —que por supuesto tenemos, y así está contemplado constitucionalmente—, sino con el derecho humanitario. Nadie puede negarnos a nosotros, como argentinos, ni a nuestros soldados, el derecho a que la bandera de nuestro país los ampare en su descanso eterno; ésta ha sido una norma que se ha observado en muchos otros países.
Por lo tanto, señor presidente, a través de este proyecto de resolución se le pide al Poder Ejecutivo que realice todas las acciones tendientes a obtener que se coloque nuestra enseña patria en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, territorio nacional usurpado por una potencia extranjera.

Proyecto de resolución manifestando el beneplácito por el acuerdo con Gran Bretaña sobre la reanudación de vuelos a Malvinas (14 de julio de 1999)

14 de julio de 1999
35ª Reunión – 14ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3590, 3591 y 3594

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: creo que este Senado de la Nación no puede permanecer indiferente frente a un acontecimiento producido hoy en el campo de las relaciones internacionales, vinculado con nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Antes de proseguir con la importante labor legislativa que tenemos que afrontar hoy, considero que este Senado debe expresar su satisfacción por el acuerdo logrado con el Reino Unido, a través del cual se reanudan los vuelos hacia las islas Malvinas tocando territorio argentino y se habilita la posibilidad de que los ciudadanos argentinos puedan dirigirse también desde nuestro territorio, sin ningún tipo de discriminación.
Esto ha sido el resultado de largos y denodados esfuerzos realizados no sólo por nuestro gobierno sino también por el anterior, porque los argentinos nunca hemos aceptado la usurpación de nuestros territorios en las islas del Atlántico Sur por un acto de fuerza hace más de 160 años. Desde entonces, venimos reclamando por nuestros derechos. La historia es conocida. En el conflicto de 1982 se perdieron muchas vidas, argentinas y británicas. Hemos seguido reclamando nuestros derechos en todos los foros internacionales y hemos planteado lo absurdo que resultaba que pudieran ir a Malvinas ciudadanos de todos los países del mundo menos de la República Argentina.
A nivel parlamentario, desde hace muchos años hemos venido luchando para que se termine con esta situación de discriminación. Lo hemos hecho a través de muchos proyectos que este Senado ha aprobado por unanimidad. También lo hemos hecho en el seno de la Unión Interparlamentaria Mundial y en toda reunión que tuvimos con nuestros pares británicos.
Creo que hoy empezamos a recoger los frutos de esa larga y esforzada labor. Por supuesto, todavía no hemos conseguido el objetivo principal. Este acuerdo al que se arribó no es el ideal. El acuerdo ideal tendrá lugar cuando digamos que hemos recuperado el ejercicio de la soberanía sobre las islas Malvinas en forma total.
Estamos en ese camino. Hoy rescatamos el diálogo como forma de lograr ese objetivo final. Hemos dado sólo un paso, pero es un paso importante; y es importante no sólo porque sabemos que hemos elegido la vía adecuada, que es la del diálogo, de la insistencia, del reclamo permanente en los foros internacionales y en la relación bilateral, sino también porque se ha hecho con el apoyo de otras fuerzas políticas argentinas, porque hay legisladores argentinos de otras fuerzas políticas presentes en Londres avalando este acuerdo.
Hoy se habla de una política de Estado. Yo digo que esta política de Estado no arranca hoy. Yo digo que hemos puesto la piedra fundamental de una política de Estado cuando en la Convención Constituyente de Santa Fe en 1994 aprobamos la cláusula transitoria primera, en la que ratificamos nuestros derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y decimos que la restitución de las islas a nuestro patrimonio es un mandato irrenunciable de todos los argentinos, respetando el derecho internacional y el estilo de vida de quienes viven en dichas islas.
Por eso hoy no vamos a entrar en detalles sobre el acuerdo. Eso será motivo de otro análisis. Seguramente hoy vamos a renovar nuestro compromiso de seguir luchando por el logro de ese objetivo final. Pero no podíamos dejar de expresar nuestra satisfacción porque empezamos a recoger los frutos de esta política. Nosotros celebramos que haya sido durante nuestro gobierno, pero no es obra sólo de este gobierno sino de todos los argentinos, que en forma obstinada, irreversible e irrenunciable hemos reclamado, y vamos a seguir haciéndolo, para que las islas Malvinas queden plenamente bajo el ejercicio de la jurisdicción de la República Argentina.
Por eso en el día de hoy he presentado un proyecto que obra en Secretaría, por el que se expresa el beneplácito del Senado por el logro de este acuerdo. Pido que luego sea leído, que se trate sobre tablas y que, finalmente, se apruebe. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: como dije anteriormente, hoy no vamos a debatir el acuerdo. Por mi parte no lo voy a hacer, por cuanto el sentido de la resolución es el de expresar sólo el beneplácito.
Pero no puedo dejar de realizar dos precisiones vinculadas con algunas de las palabras pronunciadas por el señor senador por Formosa, ya que ellas no solamente no responden a la verdad sino que, a la vez, perjudican los derechos argentinos en este asunto.
En primer lugar, el señor senador por Formosa dijo que los habitantes de las islas Malvinas —conocidos como kelpers— forman parte de este acuerdo; y ello no es así. En efecto, la Argentina no ha reconocido, no reconoce, ni reconocerá jamás a los habitantes de las islas como parte en este conflicto. Las partes son la Argentina y el Reino Unido; los kelpers son británicos que viven en las islas, en territorio argentino.
Los británicos podrán conformar su delegación con los integrantes que a ellos se les ocurra —escoceses, ingleses, irlandeses, etcétera—, pero los ingleses que viven en las islas jamás fueron reconocidos por nuestro país como parte en este acuerdo. Y si alguien tiene dudas al respecto, le pido que se fije en el texto de la declaración conjunta. Reitero que las partes son el gobierno argentino y el del Reino Unido.
Creo que si nosotros reconociéramos a los habitantes de las islas como parte en este acuerdo estaríamos atentando contra la defensa de nuestros derechos. Vuelvo a reiterar que jamás los reconocimos como parte.
En segundo término, quiero señalar que el hecho de tener que viajar con el pasaporte no significa reconocer derecho de soberanía alguno, ya que esta declaración conjunta se ha formulado bajo la reserva de soberanía, con la cual se reanudaron las relaciones con Gran Bretaña en 1990. En este sentido, esta reserva de soberanía implica que cualquier hecho que se realice en este sentido en las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña no implica reconocerle derecho de soberanía alguno a la otra parte. Por otro lado, en esta declaración se hace reserva expresa de esta cláusula de soberanía.
Ahora bien, con respecto al tema del pasaporte, por supuesto que nosotros hubiésemos querido viajar de la misma manera que lo podemos hacer a cualquiera de nuestras provincias argentinas, pero no podemos desconocer que las islas están ocupadas por una potencia extranjera por un acto de fuerza. En este momento, esto fue lo que se pudo lograr, como forma de seguir avanzando hacia el objetivo final, sin resignar ninguno de nuestros derechos.
De todas maneras, agradezco al señor senador por Formosa por apoyar el proyecto así como también por el reconocimiento que hizo en cuanto a que los hombres de nuestro gobierno son tan argentinos como los que estamos sentados en estas bancas.

Proyecto de resolución rechazando la inclusión de las islas Malvinas en la Constitución Europea (4 de mayo de 2005)

4 de mayo de 2005
11ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: la señora senadora por Jujuy ha hecho una adecuada exposición del tema que estamos tratando.
Apenas tuvimos conocimiento de que en la Constitución Europea se había incluido al territorio de las islas Malvinas, con un carácter especial, con el título de Asociación con Gran Bretaña —pero incluido al fin—, inmediatamente presentamos nuestro proyecto, que en lo sustancial coincide con los que hicieron aquí muchos de los colegas, rechazando en primer término —este es el punto fundamental de la declaración— la indebida inclusión en la jurisdicción de la Constitución Europea del territorio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Desde el mismo momento de la usurpación, en 1833, nosotros venimos reclamando por nuestros legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Así, hasta ahora hemos reclamado en los foros internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización. Yo tuve la oportunidad de plantear el tema durante diez años seguidos en la Unión Interparlamentaria. También hemos reclamado en las reuniones bilaterales que tuvimos con el Reino Unido y —reitero— lo planteamos en todos los foros internacionales que hemos podido.
No hemos logrado el resultado previsto en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional reformada en 1994, que es la recuperación del territorio de las islas Malvinas, pero lo que debe quedar claro es que la Argentina no ha cesado ni cesará de reclamar los legítimos derechos de soberanía que tiene sobre dicho territorio insular y sus mares circundantes.
Ahora nos encontramos con este hecho nuevo para nosotros, que no debió ser nuevo para quienes manejan las relaciones exteriores del país. Me refiero a la inclusión del territorio de las islas Malvinas en la Constitución Europea. Es cierto que se lo incluyó con un estatus especial, como un territorio asociado y respecto del cual se debe promover el bienestar y el progreso de sus habitantes, entre otras cosas; pero lo cierto es que se lo incluyó bajo jurisdicción de la Constitución Europea. Entonces, ahora las disputas entre la Argentina y Gran Bretaña por esos territorios trascienden las relaciones bilaterales entre ambos países, por cuanto se encuadran dentro de un tratado que es el más importante de todos los tiempos en materia de espacios integrados, o sea, el de la Unión Europea. Por medio de dicho tratado veinticinco países acordaron regirse por una Constitución y en un espacio integrado.
Pero lo que más nos duele es que muchos de esos países que suscribieron la Constitución Europea habían apoyado el reclamo argentino por las islas Malvinas.
Entonces, ¿cómo no reaccionar? ¿Cómo este Parlamento va a permanecer callado frente a este nuevo atropello de una potencia imperialista que no se encuentra en las islas Malvinas por un acto de derecho sino por un acto de usurpación o de fuerza, que en su momento llevó a desplazar a la población nativa para implantar otra, traída desde 14.000 millas de distancia? ¿Cómo no vamos a reaccionar si en ese territorio de las islas Malvinas se encuentran nuestros compatriotas que dieron su sangre en defensa de la soberanía nacional? Por eso, ellos deben estar bajo el amparo de la ley argentina y no bajo la aplicación de la Constitución Europea; se trata de un territorio nacional y ellos están enterrados en suelo argentino.
Por todo ello, no sin una gran carga de emotividad y sabiendo que nos asiste la razón, hemos presentado este proyecto por el que rechazamos en primer término esa indebida inclusión y pedimos a todos los organismos internacionales como el Parlamento Latino y a todos los países y parlamentos que lo integran que nos acompañen en nuestro reclamo, dado que en reiteradas oportunidades el Parlamento Latinoamericano y todos los países latinoamericanos nos han apoyado en nuestro reclamo.
También pedimos que nos dirijamos a la Organización de Estados Americanos, porque es el organismo regional con características políticas que tiene que entender en esta cuestión —ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades— y también pedimos la intervención del Mercosur porque, en definitiva, la mutilación del territorio argentino es la mutilación del territorio americano. Es una parte de América mutilada y sometida a la fuerza de la potencia colonial que sólo tiene intereses económicos en ese lugar, nunca afectivos.
Pero además, señor presidente, hemos incluido en este texto unificado solicitar al Poder Ejecutivo que haga un planteo formal sobre este tema ante las Naciones Unidas y ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. De hecho ambos organismos, tanto la Asamblea General en reiteradas oportunidades como el Comité de Descolonización todos los años —también es denominado “Comité de los 24″—, han reconocido que existe un disputa de soberanía. Es decir que las Naciones Unidas, que representan una suerte de gobierno mundial, han reconocido que hay una disputa de soberanía e invitaron a las partes a tratar de solucionar por la vía diplomática este diferencio. Entonces, yo digo lo siguiente: si hay una disputa de soberanía, ¿cómo es posible que se lo quiera encuadrar bajo el régimen legal de una Constitución que rige para Europa? Incluso, aquí se han acompañado los territorios de ultramar porque es un resabio de las viejas conquistas de las potencias colonialistas; por eso incluyen los territorios de ultramar. Algunos lo aceptarán, pero los argentinos no lo vamos a aceptar nunca. Por eso pedimos que el gobierno nacional haga el pertinente reclamo formal ante las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización.
También se solicita que nos dirijamos a los parlamentos —que son nuestros pares— de los veinticinco países que han firmado la Constitución Europea para decirles que están incluyendo un territorio que es nuestro, que es de soberanía argentina o, en el peor de los casos, un territorio en disputa que no se puede someter a un régimen distinto, a un régimen establecido para Europa.
Completamos esta resolución solicitando que también se comunique a las embajadas de los países firmantes de la Constitución de Europa que tienen representación en nuestro país.
En el proyecto de resolución de mi autoría había incluido un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas que se tomaron. La idea era averiguar cuáles son las medidas; las acciones que se llevaron a cabo para reclamar ante esta situación. Cancillería emitió un comunicado con fecha 28 de abril diciendo que haría los reclamos del caso o que estaba pendiente del tema. Después hubo declaraciones del canciller en el sentido de que no era una cuestión nueva; que era de antigua data. ¡Claro! El tema de Malvinas tiene antigua data: es de 1833. Por supuesto, es cierto que la Argentina viene haciendo reclamos en forma reiterada; pero esta situación no es de antigua data. Por lo menos, yo me enteré el 20 de abril.
Debo reconocer que a mí también se me pasó. Yo he seguido la evolución de la Constitución de Europa. Leí sobre el tema en distintos periódicos. Nunca se me ocurrió que estuvieran incluidas las islas Malvinas.
Pero claro, una cosa es que se me pase a mí, simple ciudadano, y otra cosa es que se le pase a los que tienen que estar atentos a estos temas.
Por eso, me pareció que hubo una reacción tardía de parte de quienes tendrían que haber hecho el reclamo en su momento. Porque fíjense lo que pasó: España hizo un referéndum, y acá, en la Argentina, votaron ciudadanos españoles residentes en el país.
Estoy seguro de que más de uno de ellos no hubiera votado en la forma que votó si hubiese sabido que se estaba incluyendo a las islas Malvinas en jurisdicción de la Constitución para Europa, porque no había información.
Entonces, en mi proyecto había pedido que se incluyera este pedido de informes. En labor parlamentaria y luego en la Comisión, se estimó que deberíamos separar el pedido de informes del proyecto de resolución. Porque realmente acá alguien tiene que hacer una política de Estado. Yo no estoy echando culpas a nadie, ni quiero cargar culpas. Simplemente, me llamó la atención que no hubiera habido una reacción anterior.
Pero queremos saber qué es lo que se hecho —si es que se hizo algo— para acompañar desde el Parlamento, en esta verdadera política de Estado, que es una política fundacional, porque está en nuestra Constitución Nacional. Es fundacional. El único reclamo de soberanía que tiene pendiente la República Argentina es el de las islas Malvinas. Y se las está incluyendo en un tratado internacional de veinticinco países; el espacio integrado más poderoso de la Tierra.
Por eso, señor presidente, he presentado en el día de la fecha un pedido de informes, separándolo de este proyecto, que yo desearía —creo que estaba en el ánimo de todos; por lo menos, así trascendió de la reunión de labor parlamentaria— que hagamos este pedido de informes.
Lo he concebido en los siguientes términos y pido que se lo trate a continuación del proyecto de resolución. Dice: “Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe: qué medidas o acciones se han adoptado para rechazar y reclamar por la indebida inclusión en la Constitución para Europa de los territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en la categoría de países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del Título IV de la Parte III de dicha Constitución”.
Este Título IV es el que habla de que entra como territorio asociado. Digo esto para salvar una inquietud que tenía el senador Terragno.
“Segundo: en caso afirmativo, ante qué países u organizaciones se hicieron los reclamos, en qué fechas y cuáles fueron las respuestas o resultados obtenidos.
Y en tercer término, qué acciones y medidas se realizarán en el futuro para impedir que se concrete esta maniobra del Reino Unido en contra de los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina”.
Señor presidente: por estas consideraciones pido que se apruebe el proyecto de resolución en los términos que ha sido consensuado, y que además se ponga en consideración este pedido de informes; que en el caso de algunos colegas era pedido de interpelación al ministro.
Yo lo presenté como un pedido de informes, porque estoy convencido de que tiene que ser de esta forma, sin perjuicio de que el señor ministro quiera venir a la Comisión de Relaciones Exteriores, con lo cual creo que no habrá ningún problema, porque siempre ha demostrado buena voluntad para concurrir.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Está cerrado el debate, pero si estamos por votar la resolución, como acá se plantearon propuestas de modificación, es lógico que las consideremos ahora. En este sentido, el señor senador Terragno propuso incluir el tema de la Antártida.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: si bien yo tuve a mi cargo la unificación de los proyectos, me doy cuenta de que además de esta modificación que aceptó el presidente de la comisión, en el artículo 2° de la resolución también tendríamos que incluir al Parlamento Europeo. Es decir, además de dirigirnos a los parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa, deberíamos hacerlo al Parlamento Europeo. Creo que ello corresponde por las características de la institución.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — No. Habría que incluirlo en el artículo 2°, que diría así: “Dirigirse a los parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa y al Parlamento Europeo, ratificando los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur…”
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero aclarar que este pedido de informes lo incluí en la resolución original, porque traté por todos los medios previamente de requerir información en Cancillería sobre si había gestiones sobre esta cuestión.
Sin embargo, como desistí hace tiempo de hablar con el canciller porque nunca responde mis llamados, entonces acudí a una persona que trabajó muchísimo en este tema, que está en el ámbito de la Cancillería, como la embajadora Susana Ruiz Cerutti. Ella nos defendió en su momento en los temas vinculados con los tratados, en cuestiones de límites, y trabajó mucho en el tema de las islas Malvinas. Entonces, le pregunté si sabía si la Cancillería había hecho alguna gestión no desde 1972 —algo que todos conocemos— sino sobre la inclusión en la Constitución Europea de dicho territorio. De eso se trata. No podemos ser hipócritas y decir que se han presentado las notas, porque estas son posteriores a la fecha en que tomó estado público este tema. Se presentaron después del 20 de abril, cuando yo presenté mi proyecto, que fue posterior al del senador Urquía —13 de abril—, o sea cuando expresaba preocupación por la situación.
Y la respuesta de la embajadora fue que consultó con el encargado del tema Malvinas y que se estaban por hacer las gestiones sobre el tema. Entonces, no se puede mentir y decir que la Cancillería estuvo atenta, porque si bien efectivamente los reclamos sobre esta cuestión se vienen realizando desde 1833, con el tema de la Constitución Europea se durmieron. ¡No actuaron a tiempo! ¡Lo tienen que decir!
No quería decirlo en estos términos, pero como aquí se provoca y se viven haciendo provocaciones, lo he tenido que marcar. Parece que la política imperante es la del pensamiento único y que nadie en este Parlamento puede discrepar ni hacer una crítica, porque está limitado y recibe insultos o insinuaciones tales como que voy a la Unión Interparlamentaria. Efectivamente, voy a concurrir allí, pero en ese ámbito no se trata la Constitución Europea. Allí se tratan muchos otros temas.
He reconocido que no conocía la inclusión de Malvinas. Lo expreso con toda sinceridad; pero no puede ser que en la Cancillería se mienta y se afirme que conocían el tema, porque se han dormido. Y si lo conocían y no lo han hecho público, peor aún; es de mayor gravedad, porque los españoles que votaron por el referendo no lo hubieran hecho si hubieran sabido que se estaba incluyendo el territorio de las Malvinas en la Constitución de Europa; y si muchos otros países amigos hubiéramos hecho reclamos en tiempo, quizás ellos hubieran tomado otra determinación.
¡Yo he venido a plantear esto con toda objetividad! Ustedes han escuchado lo que dije: yo hablé de “latinoamericanizar” Malvinas porque apoyo y reconozco la solidaridad de los otros países. No creo que tenga que ser criticado por esta propuesta que vengo haciendo desde hace muchos años.
¡Yo, señor presidente, he tenido el honor de ser el redactor de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional! Los que son constituyentes saben que fue votada por aclamación. ¡Yo fui su redactor de puño y letra, así que tengo más autoridad moral que cualquiera para hablar en estos términos!
¡No me van a correr con las filípicas y con esas burdas acusaciones que se hacen, echando culpas a la década del 90! ¡No me hablen, como dijo el canciller, de que les mandaban ositos “Winnie the Pooh”! ¡Qué tengo que ver yo con los ositos! ¡Yo estoy hablando de por qué no reclamaron cuando se incluyó a las Malvinas en la Constitución Europea!
¡Quiero que quede constancia, señor presidente, de que no es cierto que se haya incluido a los kelpers en las negociaciones de Malvinas! ¡Ningún gobierno lo hizo!
En la misma cláusula transitoria de la Constitución se habla solamente de respetar el estilo de vida, el modo de vida de los habitantes de las islas ¡Pero nunca fueron parte en las negociaciones de Malvinas! Si algún kelper lee que aquí les hemos reconocido ese carácter, flaco favor le estamos haciendo a los derechos de la Argentina.
Nosotros venimos a plantear esto con la más absoluta buena fe. Lo hemos planteado en términos objetivos. Yo no hice ninguna crítica, salvo decir que me parece que fue una reacción tardía. ¡No voy a aceptar, por eso estoy hablando, señor presidente, que se venga a decir por qué no hablé con el canciller! ¡Si no está nunca; vive viajando! Está bien; es la función del canciller. ¡No responde nunca los llamados! Por eso acudí a la embajadora, que se puso en contacto con la gente que está en la Dirección de Malvinas. Y la respuesta que tuve es que no conocían sobre la gestión que se hubiera hecho. ¡Por eso este pedido de informes, señor presidente, cuya consideración solicito!
Quiero conocer qué medidas o acciones se llevaron a cabo. Que se diga en qué fecha se hicieron los reclamos, ante qué organizaciones, ante qué países y cuáles fueron las respuestas obtenidas. Cuando se vea la fecha en que se hicieron vamos a ver si han actuado con premura o no, porque yo tengo toda la impresión de que se accionó tardíamente.
¡Yo no quería insistir sobre este tema, pero como aquí se responde con una provocación cuando uno esboza algún tipo de crítica la tengo que contestar!
Además, también pido que se vean qué acciones o medidas se realizarán en el futuro. Si es una estrategia secreta está bien que no las informen, pero si son medidas que podamos acompañar todos, queremos conocerlas, porque esta es una política de Estado.
Señor presidente: llevo más de veinte años en el Parlamento. Estoy por cumplir los veintidós años aquí y en todo ese tiempo estuve defendiendo la causa de Malvinas. ¡No creo que ningún legislador haya presentado tantos proyectos sobre Malvinas! Por cuarta vez presenté un proyecto, que está durmiendo en la Cámara de Diputados, por el que se pide que se sancione a las empresas que exploran petróleo en Malvinas. No he tenido suerte de que lo aprueben.
La emoción más grande de mi vida como legislador ha sido cuando, presidiendo la Convención Constituyente, fundamenté la Cláusula Transitoria Primera. En esa oportunidad, por una deferencia de los presidentes de bloque, fui autorizado a fundamentarla desde la Presidencia. ¡A medida que avanzaba en mi discurso los constituyentes se ponían de pie! Seis de ellos habían combatido en Malvinas. ¡Con lágrimas en los ojos votaron esa resolución!
¡Cómo no vamos a estar comprometidos con la causa de Malvinas! ¡No pueden venir con esas pequeñeces de recordar los ositos “Winnie the Pooh” o todas esas pavadas, cuando acá se trata de políticas de Estado! ¡Esto no es un reñidero! ¡Esta es una institución donde todos nos debemos respetar!
Aún en nuestras discrepancias, aún en nuestros enfrentamientos y en diferencias políticas.
Por eso, presidente, yo fundamenté este pedido de informes, donde se verá que no tiene ninguna trampa, ni cosa rara. Queremos saber qué se ha hecho, con qué fecha se ha hecho y qué es lo que se piensa hacer en el futuro sobre este tema, para que acompañemos esto, que debe ser una verdadera política de Estado, sin resentimientos, sin odios ni rencores.

JUICIOS POLÍTICOS»

Al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Eduardo Moliné O’ ConnorExcusación del Senador Raúl Baglini (3 de septiembre de 2003)

3 de septiembre de 2003
21ª Reunión – 12ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: mucha gente que está contemplando este debate, que ha sido precedido de mucha publicidad y de mucho ruido mediático, se estará preguntando qué es esto de la excusación y de la recusación y por qué tanto lío al respecto. Inclusive, el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados minimizó el tema señalando que la excusación no era un tema digno de tenerse en cuenta.
Yo me pregunto y le pregunto a quienes siguen este debate y que no son abogados, ¿puede obligarse una persona a actuar como juez cuando ella misma considera que no está en condiciones de actuar como tal, por cuanto tiene intereses o presuntos intereses que pueden afectar su imparcialidad? Este es el tema. ¿Se la puede obligar a actuar como juez, cuando ella misma entiende que no está en condiciones anímicas ni morales de hacerlo, dado que siente una violencia moral para desempeñarse en tal carácter? Es la pregunta que nos tenemos que hacer.
El tema es tan sencillo desde ese punto de vista, que desde hace veinte años —en los diecinueve juicios políticos que hemos llevado a cabo—, hubo muchas excusaciones y nunca se rechazó ninguna.
Entonces, me pregunto cuál es la razón por la que aquí se quiere rechazar una excusación. ¿Qué tiene de distinto este juicio de los otros, más allá de que hoy es el caso de un juez de la Corte Suprema y anteriormente se juzgó a magistrados de otros fueros? ¿Cuál es la diferencia?
¡¿Cómo voy a sostener una posición contraria a la aceptación de la excusación si yo mismo me he excusado anteriormente y mi pedido fue aceptado por la unanimidad de mis pares?! Es más, la causa de mi excusación era de mucho menor rango, desde el punto de vista del compromiso, que la que puede tener el senador Baglini en esta oportunidad.
¿Por qué me excusé en el juicio político seguido contra el juez doctor Trovato? Porque había sufrido un hecho policial en mi domicilio —un hecho de sangre en el que hubo, lamentablemente, una persona fallecida— y el juez Trovato estaba interviniendo en ese juicio y en algún momento yo me podía constituir en querellante en esa causa. Entonces, ¡¿cómo yo iba a estar aquí en el Senado, de este lado de la barandilla, y allá el juez Trovato, del otro lado de la barandilla?! Esto ya no es siquiera una cuestión de derecho, es una cuestión de lógica y de sentido común.
Señor presidente: hace un rato nos tomaron juramento que decía: “¿Juráis administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación?” Es el juramento que hemos prestado cuando dijimos que sí. Yo digo: ¿podría obligarse a un senador de la Nación a prestar juramento —si se rechazara la excusación— de actuar con imparcialidad cuando él no se siente en condiciones de actuar con imparcialidad? ¿Podría aceptarse esto lógicamente y —yo diría— legalmente?
Aquí se cita jurisprudencia, pero realmente no encontré ninguna razón valedera para que se pueda forzar a una persona, a un legislador de la Nación que dice que no está en condiciones de impartir justicia, a hacerlo.
Reitero lo que han dicho aquí muchos. Mientras las causas de recusación son de interpretación restrictiva, las causas de excusación son de interpretación amplia. Esto lo dice Clariá Olmedo, lo dice también D’Albora. El tema central de la cuestión es el siguiente —veamos si lo podemos traducir, porque para mí, es de suma importancia—: aquí podemos sentar un precedente nefasto para el futuro de las instituciones, en este caso del juicio político, porque no estamos cambiando jurisprudencia que es propia de los tribunales de derecho, sino que estamos sentando un precedente para el futuro que puede ser gravísimo, como obligar a legisladores que tienen interés personal en un juicio a que deba actuar como juez en el mismo.
Por eso tenemos que preguntarnos con qué podemos ligar el tema de la excusación. ¿Es nada más que un favor del que pide excusarse o hay algún otro principio constitucional que está en juego? Porque si fuera nada más que el favor del que se excusa yo diría: “Bueno, embrómese, usted tuvo su juicio, vaya y haga lo que pueda.” Pero no es ese el tema. El tema es que la excusación como la recusación hacen a la buena administración de justicia y se basan en un principio fundamental de la Constitución, que es el del juez natural.
El contenido del juez natural va mucho más allá que lo que dice la expresión. Alguien puede decir que el juez natural significa que no hay que cambiar de juez. Después de la reforma constitucional de 1994 el tema cambió sustancialmente, porque en virtud del artículo 75, inciso 22), de la Constitución reformada, se incorporaron pactos sobre derechos humanos que tienen el mismo valor que la letra constitucional. Esos pactos de derechos humanos consagran en forma expresa el principio de la objetividad e imparcialidad con que deben actuar los jueces. Si alguno tiene duda, me voy a permitir leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros hemos convertido en ley, le dimos jerarquía constitucional y es letra constitucional. Dice la Convención: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” Esto lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, letra de la Constitución Nacional. Lo importante es la consagración del principio del juez competente, independiente e imparcial.
¿Qué sucede cuando un juez dice que no puede ser imparcial porque tiene intereses? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10 dice: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.”
En el mismo sentido, podría citar todas las convenciones sobre derechos humanos que contienen este principio y están incorporadas a la Constitución Nacional…
Ya termino, señor presidente.
Le quiero decir al distinguido colega senador Guinle que a mí no me interesa la causa que invoca el senador Baglini. Quiero saber cuáles son esas causas y de ahí que en mi dictamen en disidencia sostuve que había que enviarse un oficio a la Corte para tener la información sobre las causas en cuestión. Pero ni siquiera se me ha respondido. Si hubiéramos tenido a disposición esa información de las causas, sería otra cosa.
Por mi parte, pregunto qué pasaría si con la actual composición de la Corte se desarrollara un juicio en el que interviniera el magistrado sometido a enjuiciamiento por este Senado, el doctor Moliné O’Connor, o tuviera que regularle honorarios profesionales al senador Baglini por una actuación anterior. ¿Acaso esto no podría generar sospechas en algunos suspicaces? No tenemos que dudar del juez ni de los abogados, pero por favor…
Por ello es que durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales —figura en la versión taquigráfica— quise saber cuáles eran las causas, si se trataba de una regulación de honorarios; porque tal vez, se trata de causas que ya han concluido y el senador Baglini está equivocado. En este supuesto, de causas fenecidas, no acompañaría el pedido de excusación. Pero como esto no pudo ser demostrado, en el dictamen que firmé solicito e insisto que se remitan esas causas para conocer no sólo el grado de compromiso que en ellas tiene el senador Baglini, sino también en qué medida debe intervenir en ellas el magistrado que vamos a enjuiciar.
Voy a ir terminando mi exposición, para dar tranquilidad, porque permanentemente escucho a mis espaldas comentarios en cuanto a que debemos apuramos, ya sea por un motivo u otro. No obstante, quiero decir que todos tenemos el derecho de expresarnos y, en mi caso, pido que esto sea respetado, porque el que nos apuremos no significa que lleguemos más rápido al objetivo. Recordemos que, Napoleón le decía a su valet: “Vísteme despacio, que tengo apuro”.
Por otro lado, si tal como lo comentara el señor senador Agúndez —haciendo referencia al juicio político seguido al entonces juez Trovato—, la actual presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al ser recusada, dijo que las causales no existían ni eran ciertas, pero que para darle celeridad al juicio, ella se eximía y se excusaba de participar, yo me pregunto si en alguna parte figura que para dar celeridad a un juicio alguien deba excusarse. Pese a esto, su excusación fue aceptada por unanimidad y, además, se invocó que era similar al caso de mi excusación. En consecuencia, pregunto si hoy existe algún motivo para cambiar de criterio.
Además, digo: si se hubiese aceptado desde un principio la excusación del señor senador Baglini, ¿no estaríamos a esta altura de la sesión escuchando la acusación que debe realizar la Cámara de Diputados? Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta instancia?
Señor presidente: quiero señalar que voy a seguir insistiendo con la actitud adoptada en mi dictamen de minoría, en cuanto a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación las pruebas necesarias. Y aclaro que esto no implica en absoluto dudar o desconfiar de la palabra del señor senador Baglini, sino que simplemente, quisiera saber cuáles son las causas que tiene pendientes, porque puede ser que en los expedientes que él se refiere no esté interviniendo el doctor Moliné O’Connor y, de ser así, creo que no existirían motivos para que se excuse. Repito que insisto en esta posición.
Por otra parte, quisiera decirle a la distinguida colega a quien le molestó que usara la palabra “arbitraria”, que no lo hice en sentido despectivo, sino que quise decir que en caso de no pedirse los expedientes o informes, estaríamos procediendo en forma arbitraria. Esto no significa una imputación a la Comisión, sino en todo caso, a las característica de una resolución que no contendría las pruebas que acreditasen la situación en que nos encontramos.
Por todo lo expuesto, ratifico en todos los términos el dictamen en minoría que he firmado.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero saber en qué momento debo pedir autorización para abstenerme, porque en mi disidencia, yo había solicitado medidas de prueba. Como no se ha hecho lugar a las medidas de prueba ni en la Comisión ni en este plenario, entonces, me veo obligado a abstenerme. Si voto a favor de la excusación, yo no estaría siendo coherente con mi palabra. Tampoco puedo votar en contra, porque no tengo los elementos de juicio necesarios. Por eso yo pido permiso para abstenerme.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: Hay algunos señores senadores que creen que pueden imponer condiciones o actitudes. En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la cual participé en toda su extensión, desde el principio hasta el fin, hice algunas propuestas que no fueron atendidas. Expresé que no estaba de acuerdo con la recusación y dije que en el caso de la excusación del senador Baglini, tampoco estaba de acuerdo con el rechazo y que iba a hacer mi propio dictamen.
A lo mejor, alguien entendió que iba a hacer la disidencia en ambos casos, que iba a dar mis propios fundamentos en ambos casos. Puede que se trate de un error, puede que me hayan interpretado mal o que me haya expresado mal. Pero la existencia del dictamen en minoría, en el caso de la excusación, da la prueba de que cumplí con lo que había dicho.
Yo hice mi dictamen en minoría. Si hubo un error en la interpretación de que iba a dar mi propio fundamento en el otro caso, bueno…, se trató de un error, pero de ningún modo se puede entender que fue para dificultar algo. Más aun, saben los presentes de mi asistencia a las reuniones, que yo he participado, que no me han mandado a firmar el dictamen a mi despacho, ¿o no? No tengo conocimiento de que me lo hayan mandado, tampoco. Si me lo hubieran mandado, lo habría firmado. En ese momento me retiré para hacer mi disidencia en el otro caso.
De todos modos, me parece que es un tema menor después de esta larga sesión detenerse a ver si lo han mandado o no lo han mandado; si he firmado o no he firmado. Me parece que es perder el tiempo. Si queremos dar rapidez a este tema, me parece que tenemos que seguir adelante; nada más. Si he sido mal interpretado o me expresé mal, creo que ahora queda suficientemente claro.
El dictamen en minoría que hice con mi única firma en el caso del senador Baglini revela que cuando dije “Voy a dar mi fundamento”, me referí a ese caso y no al de la recusación, respecto de la cual dije públicamente que no estaba de acuerdo.
La versión taquigráfica es correcta. Lo que olvida la señora senadora —no creo que haya mentido— es que durante el transcurso de esa reunión, en algún momento se plantearon los dos temas al mismo tiempo, a punto tal que alguien propuso que se separasen las cuestiones. Por ahí se hablaba de la recusación, por ahí se habla de la excusación. Por ese motivo yo tampoco voy a pensar que esté mintiendo ni que viene a confrontar en un tema que nada tiene que ver con el fondo de la cuestión.
Mi buena fe ha sido participar. Al decir “voy a hacer un dictamen por separado”, me referí a la excusación, no a la recusación, porque dije públicamente que no estaba de acuerdo con la recusación. Así que cuál puede ser el acto de mala fe que parece que implícitamente se está imputando, si yo dije que iba a votar en contra y dije que iba a dar mi propio dictamen en el caso de la excusación.
Convengamos que ese día, en la comisión, se mezclaron los temas. Cuando hice referencia a mi dictamen en disidencia, dije que iba a dar mi propia opinión en el caso del senador Baglini. ¿Por qué decía “mi propia opinión”? Porque yo no iba a votar ni a favor ni en contra del rechazo. Mi propia opinión era que iba a pedir pruebas acerca de las causas que estaban en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que creo que esa especie de admonición que está haciendo la presidenta de la comisión no tiene absolutamente ningún fundamento. Creo que es una demostración más que revela su animosidad permanente, que nos ha llevado a hacer este planteo totalmente absurdo que nada tiene que ver con la cuestión de fondo.

Al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Eduardo Moliné O’ Connor Suspensión del acusado (8 y 9 de octubre de 2003)

8 y 9 de octubre de 2003
25ª Reunión – 5ª Sesión en Tribunal
Diario de Sesiones – Páginas 274 a 277

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: Considero que no podremos entender cabalmente lo que significa este juicio político —al cual estamos abocados como Tribunal de juicio político— si no lo enmarcamos como corresponde dentro de las circunstancias en que ha sido promovido. Me refiero a que estamos frente a un juicio político previsto en la Constitución Nacional, pero que además, está totalmente politizado en su origen, en su desarrollo y, hasta me anticiparía a decir, en su resultado. Digo esto porque indudablemente, considero que la suerte del doctor Moliné O’Connor ya está echada y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde el día en que el presidente de la Nación utilizó la cadena de radio y televisión nacional para embestir en contra de la Corte Suprema de Justicia, con el indiscutible e indiscutido fin de promover cambios en ella, soslayando —desde luego— la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, como lo marca la Constitución Nacional, para lo cual no se tiene otro recurso que el juicio político.
Digo que no se podrá entender esto porque, indudablemente, si no se lo encuadra en ese marco político, no se podrán entender muchísimas declaraciones y acciones que se han venido produciendo en los últimos tiempos, dando a entender, además, que aquí se va contra una Corte, cuanto menos, en tren de revancha o para terminar con una Corte que, según se dice, fue afín a los propósitos del gobierno que tuvo nuestro país a partir de 1989.
Reiteradamente se habló de la mayoría automática o de la Corte adicta; pero pocos se encargan de poner en evidencia o de recordar ese reciente estudio efectuado por el Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denominado “La Corte Suprema de Justicia frente a los poderes políticos a través del control de constitucionalidad: 1983—1998”, en el que se dice que la llamada mayoría oficialista no se expresa como tal en el 91 por ciento de los fallos. Es decir que en el 91 por ciento de los fallos, esa supuesta mayoría automática no funcionó como tal. Creo que nadie podrá decir que en esa Facultad de Derecho hay algún interés en desfigurar los hechos, dado que en ese sentido es incontrovertible.
También digo que no se podrá entender este juicio político. Yo me pregunto por qué razón, si se trata de un juez que ha firmado sentencias en forma colectiva con varios otros jueces, se enjuicia a uno solo de ellos. Incluso, esta es la pregunta que aquí se hacía el doctor Moliné en el momento en que expresaba su defensa. Yo tengo una respuesta. Debe saber el doctor Moliné que aquí hay una estrategia. No vaya a creer que a los otros jueces —respecto de los cuales él decía que estaban en no sé qué panteón de los héroes— no les va a tocar lo mismo el día de mañana.
Es evidente que hubo un fracaso del enjuiciamiento colectivo propuesto por la Cámara de Diputados que constituyó un verdadero bochorno. Parece que había un “ranking” respecto de quién podía acumular más cargos en contra de los jueces. Creo que eso es algo que no ocurrió en ningún país del mundo. Había jueces que tenían 98 cargos; otros, 70 cargos. El que menos tenía sumaba un total de 22 cargos. Realmente, esto debería figurar en el libro “Guinness” de los récords. Como era tan absurdo el tema de querer iniciar un juicio político a toda la Corte, eso se archivó. Incluso, hasta hubo algunos que dijeron que iban a ir uno por uno. Le tocó a Moliné; sinceramente, no sé por qué razón, pero le pudo haber tocado a cualquier otro. Hubo alguien que hasta jocosamente dijo que como las tres causas mencionadas en este juicio, Magariños, Macri y Meller empezaban con la letra “M”, había que buscar en la Corte un miembro cuyo apellido empezara con “M” y que por eso le tocó a Moliné. Realmente, no hay explicación de porqué a uno sí y a otro no. Entonces, si no entendemos esto dentro del marco político, no vamos a entender este juicio que, indudablemente, está promovido para cambiar miembros de la Corte Suprema de Justicia a fin de darle otra composición.
No voy a cuestionar la estrategia política ni el propósito que puede tener un gobierno de producir cambios en las instituciones, siempre y cuando se haga por las vías normales y correctas y no se haga abuso de esas vías para provocar esos cambios. Tampoco voy a entrar en el tema de los cambios en la lista de oradores; hasta ese tipo de cosas ocurrieron aquí. Parecería que algunos creen que por el hecho de que cambian el orden de la lista tendrán más o menos votos o podrán responder distintos argumentos.
Yo hice la protesta del caso en un momento en que usted, presidente, no estaba en ejercicio de la Presidencia, porque realmente, eso no es juego limpio. Yo me anoté en un lugar y luego me cambiaron. Pero ello no tiene ninguna importancia, porque ya se sabe que hoy va a ser suspendido Moliné O’Connor, más allá de que yo hable al principio o al final. Lo que molesta son las actitudes. Seguramente, algunos quisieron anotarse después de mí para contestar lo que yo voy a decir. Eso no me importa, pero sí la actitud del manipuleo, que no debe ser admitida en un cuerpo como el Senado de la Nación. Cuando usted se levantó de la Presidencia y estaban discutiendo cómo acomodaban la lista, se sentó en su lugar el presidente provisional e hizo lo que todos sabemos.
Acá se ha discutido sobre la constitucionalidad del Reglamento o no respecto de las facultades de suspensión. Se habló tanto sobre ese aspecto que yo no voy a insistir sobre el tema. Esto es lo que tiene de bueno hablar después de otros. Se ha fundamentado muy bien y comparto el criterio expuesto por los senadores Pardo, Gómez Diez, Moro y Prades, en el sentido de que es dudosa la constitucionalidad de la suspensión. Admito que es opinable: hay argumentos a favor y en contra. Mayoritariamente, la doctrina se pronuncia en contra después de la reforma de la Constitución. De cualquier manera, reitero que no voy a entrar en el análisis de ese tema, porque ya ha sido muy desarrollado y quiero tener piedad con mis colegas y con todos los que están esperando que termine este debate con la suspensión del doctor Moliné O’Connor.
Muy brevemente, quiero entrar en otro análisis. Hubo un argumento que escuché y que me hizo pensar sobre este tema. Porque yo quiero actuar con toda objetividad; llevo casi veinte años en el Senado y si bien me habré equivocado muchas veces, siempre he dado los fundamentos de mis posiciones. Creo que nadie puede decir que he actuado con irresponsabilidad al dar mis argumentos; se podrán compartir o no —seguramente, algunos no se van a compartir—, pero siempre he tratado de darles seriedad.
A mí me hicieron pensar las manifestaciones que hizo, por ejemplo, la señora senadora Negre de Alonso en cuanto a que un juez que está sometido a juicio político no estaría en condiciones —algo así fue lo que dijo— espirituales o anímicas de impartir justicia o de actuar realmente desprovisto de todo tipo de presión. Puede ser; por eso me hizo pensar. Ahora bien, ese tema no lo podemos determinar nosotros. Eso lo debe determinar el propio juez. Es el propio magistrado el que debe decidir si está en condiciones de impartir justicia o no. Para ello está abierta la posibilidad, como se hizo en alguna oportunidad, de pedir una licencia, de excusarse o de no intervenir. Nosotros no podemos metemos en el ánimo o en el espíritu del juez para ver si está en condiciones de impartir justicia o no.
Por otro lado, el hecho de que haya dicho que tiene miedo del resultado del juicio es algo lógico y esperable. Lo mismo les debe pasar a otros integrantes de la Corte, firmantes de las sentencias por las cuales se lo enjuicia al doctor Moliné O’Connor. Casi seguro que si el día de mañana se destituye al doctor Moliné O’Connor, por las mismas causas se les iniciará juicio político a los restantes firmantes de las sentencias en cuestión.
Señor presidente: la ley da por sentado y no desconoce que quizás pueda darse ese tipo de situación, pero se ha cuidado muy bien de establecer la suspensión automática. Si fuera cierto ese argumento, en todos los casos procedería automáticamente la suspensión del juez, porque si no, que se diga qué juez sometido a juicio político no va a estar presionado, angustiado o con temor en el momento de dictar sus fallos. Si fuera cierto este argumento, el Reglamento del Senado, más allá de que sea constitucional o inconstitucional, no habría utilizado la expresión “podrá” sino “deberá” ser suspendido.
Por otro lado, ni la Constitución Nacional, al aludir al Consejo de la Magistratura, ni la propia ley del Consejo de la Magistratura fijan la suspensión en forma automática, como lo harían si se supusiera que un juez no puede impartir justicia por estar sometido al proceso de juicio político.
El artículo 114, inciso 5, de la Constitución, luego de enumerar las facultades del Consejo, dice: “Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión…”. O sea que tampoco está establecido en forma automática. Incluso, el Senado, frente a los casos de enjuiciamiento de magistrados —nunca se juzgó a un miembro de la Corte Suprema—, en algunos casos, dispuso suspensiones y en otros, no lo hizo.
¿Cuándo se dispone una suspensión? Cuando hay una causa grave; cuando se trata de casos evidentes de prevaricato, de fallos totalmente arbitrarios o donde está en juego la conducta personal de los jueces. Desde luego que este no es el caso, aunque no voy a entrar en las afirmaciones ya mencionadas tantas veces de juzgar a un juez por el contenido de sus sentencias. Es más, el Senado ha sostenido ese criterio en la ley del Consejo de la Magistratura. No se puede juzgar a un juez por el contenido de las sentencias, salvo que alguien diga que hubo prevaricato. Eso está claro y lo dicen todos los autores y organizaciones profesionales. El propio doctor Zaffaroni, candidato a miembro de la Corte, lo ha afirmado claramente en la audiencia pública del día lunes frente a una pregunta concreta. Dijo que no se puede juzgar a un juez por el contenido de sus sentencias, salvo que dijera una barbaridad, como reconocer la esclavitud o alguna cosa similar; o sea, casos realmente groseros.
En este caso, señor presidente, no creo que se pueda decir que estemos frente a una situación de esa naturaleza. Por esto es que comencé mi alocución con el concepto de que no se podrá interpretar este juicio si no es enmarcado dentro de la cuestión política. No se me ocurre pensar que la suspensión —que es de lo que aquí se trata— sea meramente preventiva. Se le dará ese carácter porque así lo dice la ley, pero a mí se me ocurre que en el fondo, hay una sanción por esa situación política a la que hacía referencia, conocida por todo el mundo y no extraña para nadie.
Pero el tema va más allá. Aquí se han dicho cosas como “quien puede lo más, puede lo menos.” Sí, “puede lo más”, pero después de un proceso, después de la prueba. O sea que dicho principio de ningún modo se puede aplicar.
Con este juicio político no sólo se está afectando el principio de igualdad ante la ley, tal como lo ha dicho el magistrado enjuiciado, sino que hay otro principio constitucional que se está afectando: el del juez natural. ¿Por qué? Alguien dijo, con cierta razón, que aquí no se tiene en cuenta la situación del juez, sino del justiciable. Precisamente, digo que porque se tiene en cuenta la situación del justiciable se está afectando el principio del juez natural. La suspensión puede durar mucho tiempo —por lo que veo es una suspensión “sine die”— y si el juicio dura tres años, durante dicho lapso va a estar suspendido. Hay juicios que duraron mucho tiempo. Luego haré referencia a una situación particular. Entonces, digo que este principio del juez natural también se ve afectado del mismo modo que el de la igualdad ante la ley, porque hay una evidente discriminación, ya que la sentencia es firmada por seis, siete u ocho miembros, pero se eligió a uno y se dijo: “A ese”. Por lo tanto, no cabe duda de que hay una discriminación y de que se violan los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, siendo este último el que establece el principio del juez natural.
Aquí viene el otro tema al que dije que me iba a referir: las “entregas sucesivas”, como los fascículos de los diarios que dicen “En este número tal cosa; en el próximo, tal otra.”. Esto es una entrega por capítulos, porque como bien decía el senador Gómez Diez —y creo que también el senador López Arias—, ¿cómo es esto de que la Cámara de Diputados está preparando más cargos? Esta situación me hace acordar a mi época de estudiante en Córdoba. Estaba la compañía de radioteatro de Jaime Kloner, que representaba obras tales como “El rosal de las ruinas” o “El calvario de una madre”, que se transmitían por radio y después salían al interior diciendo: “Tal día vamos a estar en Yocsina, tal día en Serrezuela, tal día en Soto”—acá, la compañera de Córdoba se ríe porque sabe que es así—, y agregaban: “Y hay más fechas”. Ese “hay más fechas” me hace acordar a lo que está haciendo Diputados: manda tres cargos, pero anuncia que mandará más. Creo que esto es poco serio. Porque acá vamos a tener que estar haciendo otra vez el procedimiento de juicio político, o esperar a los cargos. ¿Pero cuándo vendrán?
Señor presidente: para terminar, estoy convencido de que esta suspensión es improcedente. No creo que le hagamos ningún favor a la Justicia, como tampoco creo que los que voten la suspensión le harán un favor al gobierno. Hay muchos que actúan —digo algunos y no todos, porque no voy a generalizar el concepto— con el principio de obsecuencia que los lleva a creer que le hacen un favor al gobierno tomando este tipo de posiciones y esto no es así. Esto de la inseguridad jurídica se va a agravar, porque no se sabe en qué va a terminar todo este procedimiento de cambio de jueces de la Corte. Entonces, no quiero ser instrumento de la venganza ni de la revancha de nadie.
Voy a votar con mis propias convicciones, como hombre de derecho y en base a la experiencia que he podido acumular en estos años. Voy a votar con toda convicción en contra de la suspensión.
Y les quiero hacer una advertencia muy cordialmente, porque aquí se habló del tema de si cobra o no cobra. Hay jurisprudencia sentada en casos anteriores en el sentido de que las suspensiones son con goce de haberes. Es decir, pese a lo que dice el Reglamento, existe un fallo de la Corte —creo que fue, si mal no recuerdo, a partir del caso Balaguer— donde un juez fue suspendido sin goce de haberes y la Corte ordenó que se le pagase mientras estuviera suspendido. O sea que hasta ahí vemos la vetustez de lo que dice el Reglamento respecto de esta cuestión.
Por ese motivo, señor presidente, dejo sentada mi posición en contra de la suspensión del juez Moliné O’Connor.

Al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eduardo Moliné O’ Connor Recurso extraordinario (24 de febrero de 2004)

24 de febrero de 2004

Sr. Menem. — La señora presidenta de la comisión ha hecho referencia, sin nombrarlo, al único senador que votó por la concesión del recurso extraordinario. Ese único senador soy yo, que he votado en disidencia.
No es mi intención abrir aquí un debate sobre el tema, porque estas son secuelas de muchas de las argumentaciones formuladas en ocasión de tratarse el juicio político al doctor Moliné O’Connor. Pero simplemente quiero decir que he votado por la admisión del recurso extraordinario, porque creo que corresponde su concesión habida cuenta de que se invocan razones que hacen a la violación de la garantía del debido proceso que se ha seguido en el juicio político.
Oportunamente, durante la tramitación de este proceso, hice referencia a cuáles fueron estas violaciones —y no las voy a repetir—, que tenían que ver fundamentalmente con la producción de la prueba que la comisión decidió no recibir y con que se había cerrado el período probatorio cuando todavía estaban corriendo los plazos.
En fin, no quiero reiterar lo que ya he sostenido, ya que ayer también lo manifesté en la reunión de comisión, cuya versión taquigráfica se ha pedido que sea incorporada, con lo que estoy de acuerdo.
Además, esta sentencia merece ser revisada por la máxima instancia, por cuanto con ella se sienta un precedente realmente malísimo dado que se destituye a un juez por el contenido de sus sentencias. En todos los foros y la doctrina se ha sostenido unánimemente que si a un juez se lo destituye por el contenido de sus sentencias, se perdería definitivamente la independencia del Poder Judicial. Por ese motivo es que he votado en disidencia…
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: como es costumbre reiterada de la señora senadora por Santa Cruz murmurar y cuchichear cada vez que hago uso de la palabra, voy a pedirle que le diga que es de buena educación que mientras uno habla el otro escucha. No puede ser que cada vez que estoy aquí tengo que estar escuchando: “¡Es increíble! ¡Es una vergüenza! ¡Es una barbaridad!”. Si me tiene que refutar, que lo haga públicamente, pero no de esta forma, porque está violando las normas de la buena educación parlamentaria.
Decía que la independencia del Poder Judicial se ve violada al juzgarse a un juez por el contenido de sus sentencias. Esto tiene que ver con una de las garantías fundamentales de la Constitución que ha sido reconocida por el Congreso cuando en la ley de creación del Consejo de la Magistratura nosotros mismos establecimos que no se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. Es decir, está garantizada la independencia del Poder Judicial en cuanto al contenido de las sentencias. Por eso, he votado en disidencia y creo que debe ser concedido el recurso extraordinario.
En primer término, señor presidente, en la reunión del bloque no he escuchado a nadie decir que no se pudiera hablar en esta instancia; habrá sido una cuestión que se resolvió en la reunión de labor parlamentaria, pero yo no he sido informado de ello y por eso he hecho uso de la palabra.
En segundo lugar, quiero decir que en ningún momento he nombrado en esta oportunidad al gobierno en lo que hace a la destitución del juez Moliné, aunque sí lo he hecho en el debate del juicio político, cuando dije que esta era una orden del gobierno que se había cumplido por parte de la acusación.
En cuanto a esa reiterada hostilidad que demuestra hacia mi persona la señora presidenta de la Comisión, que no pierde oportunidad de denostarme pese al respeto que siempre he manifestado por ella, quiero decirle que no le reconozco autoridad para que juzgue mis actuaciones y lo que yo he votado a lo largo de mi labor parlamentaria.
Podría traer a colación las barbaridades que han hecho con el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz y decir a quiénes han nombrado ahí o podría hacer alusión a la falta de cumplimiento de la restitución del procurador del Superior Tribunal de Santa Cruz, que hace más de dos años se resolvió su reincorporación y, en un acto de autoritarismo, no se lo reincorpora.
Podríamos hablar de muchas cosas de ese tipo, pero no voy a volver a dejar pasar por alto estas situaciones, y cada vez que ella me ataque le voy a contestar, porque se trata de una agresión permanente.
Está bien, podemos citar el revanchismo del que hacen uso en forma permanente, el odio o el resentimiento que los hacen tomar decisiones absurdas y que a veces hasta involucran a personas que no tienen nada que ver con el tema; todo eso puede ser, pero no le voy a tolerar que ponga en duda mi honestidad y mi honor, y lo voy a defender.
Cada vez que esta señora me agreda le voy a contestar. Esto que quede bien claro, porque muchas veces me he “bancado” las agresiones y no se las voy a “bancar” más. Cada vez que diga una barbaridad como la que acaba de decir se la voy a contestar, y quiero dejar constancia de eso.
Además, señor presidente, aquí hay muchos senadores nuevos que no han participado en ese juicio político que ha sido un verdadero ajusticiamiento, y no un juicio político. A ellos quiero decirles que la mejor demostración de que no había razones para destituir al juez Moliné O’Connor fue que no se animaron a inhabilitarlo en el ejercicio de funciones públicas. Lo destituyeron pero sabían que era una injusticia. De ahí que no se obtuviera la mayoría para inhabilitarlo en el ejercicio de funciones públicas.
Por eso, creo que este juicio merece ser revisado.
Simplemente, estoy ejerciendo el derecho de decir por qué he votado de esa manera, no veo por qué tenga que ser agredido de esta forma. Se me está violando en el ejercicio mis fueros parlamentarios.
Por eso, reitero mi voto en disidencia y voto para que se conceda ese recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Se trata del ejercicio de un derecho, lo único que falta es que no pueda fundar un voto, que he hecho con toda la observancia por las normas de respeto. No he agredido ni vituperado a nadie como para que tenga que ser recriminado cada vez que voto de una manera que no coincide con la posición del oficialismo.

CUESTIONES REGLAMENTARIAS»

Proyecto de resolución modificando el Reglamento de la Cámara de Senadores limitando las facultades disciplinarias respecto a quienes obstaculicen las actividades parlamentarias (2 de febrero de 1995)

Sesión del 2 de febrero de 1995
57ª Reunión – 24ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 5877 a 5880

Sr. Menem. — Señor presidente: si no hubiera sido por las repetidas menciones que se han venido realizando sobre mi persona como autor de uno de los proyectos, quizá no hubiera sido necesaria mi intervención a esta altura del debate, porque creo que las posiciones ya han sido expresadas con toda claridad por los señores senadores preopinantes.
Pero como en los últimos días he aparecido en la prensa como «el malo de la película», como el hombre que quiere restringir las libertades de prensa y de expresión y como el que quiere impulsar una ley mordaza —cuando todos saben que no hay ley ni tampoco mordaza—, me veo obligado, por un concepto elemental que hace a mi conciencia y a mi moral, a explicar cuál es mi posición sobre el particular.
Mi proyecto no es el único que contiene este nuevo artículo, pero desde luego que la portación de apellido tiene consecuencias que todos conocen y, consecuentemente, se me ha puesto como único responsable. No obstante, acepto esta responsabilidad en toda su extensión.
En su momento suscribí el proyecto y lo sustento con toda convicción. Desde la firma de la iniciativa no ha variado en absoluto mi posición, aun cuando —y esto muchos no lo dicen, es decir que lo ocultan— este proyecto es de vieja data. No es, como se ha querido hacer aparecer, para frenar estas últimas críticas que se hicieron a la actuación del Senado.
Mi proyecto es del 26 de mayo de 1993, es decir que hace un año y medio largo que estaba por ahí dando vueltas en la Comisión, que tuvo dificultades para emitir un despacho sobre la modificación del Reglamento. No obstante el tiempo transcurrido no obtuvo dictamen de la minoría. Es por eso, que únicamente viene con dictamen de mayoría, que pertenece a nuestro bloque. La minoría no quiso firmar dictamen ni siquiera en disidencia; directamente no lo han emitido.
¿Cuál fue la razón de ser de este proyecto? Este proyecto de 1993 tuvo por única finalidad limitar, acotar, establecer un parámetro para una facultad que vino siendo ejercida por ambas Cámaras del Congreso desde el siglo pasado y en forma prácticamente pacífica. Es cierto que con algunas oposiciones y con algunos fallos contradictorios, pero en definitiva tenía el sustento del más alto tribunal de la Nación: la Corte Suprema de Justicia.
La propia Corte en 1877, en el caso Lino de la Torre, reconoció la facultad de la cámara legislativa para hacer uso de este poder disciplinario, fallo que no fue contradicho, como algunos dicen, en el caso de Aceveo, dictado unos años después, en el cual la Corte Suprema no desconoció la facultad sino que afirmó que cuando hay un delito, corresponde que sea juzgado por la Justicia. Ahí distingue claramente una cuestión de privilegio planteada con motivo de que se vean afectados los fueros de otra que se plantea en caso de que se incurra en un delito de derecho penal.
Cuando se afectan los fueros sin incurrir en delito, estamos en presencia del derecho disciplinario, que no tiene nada que ver con las sanciones del derecho penal, como en el caso del desacato, aun cuando con cierta malicia algunos quieren confundir y dicen que aquí se está reinstalando el desacato. Esto no es así. Esto implica tergiversar la verdad.
Si bien algunos denominan desacato a la violación de los fueros, no es la figura del artículo 244 del Código Penal que nosotros hemos derogado.
La violación de los fueros es una figura de derecho disciplinario más parecida al derecho contravencional que al derecho penal.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.
Sr. Menem. — Así las cosas, señor presidente, se ha querido hacer aparecer la cuestión como si con este proyecto de mi autoría estuviéramos estableciendo una mordaza a la prensa, como si fuera una institución nueva a partir de la cual se fuera a restringir el derecho de expresión y la libertad de prensa olvidándose en algunos casos, y con algún sentido que no me atrevo a mencionar porque no quiero entrar en ese debate, de que ésta es una figura que se ha venido aplicando en ambas Cámaras del Congreso.
Acá se han citado antecedentes. No sólo el caso de Acevedo o el de Lino de la Torre. En este período democrático se ha recordado el caso de la Cámara de Diputados, que en 1984 sancionó a dos ciudadanos: al sacerdote Christian von Wernicke y al contraalmirante retiro efectivo Horacio Mayorga por entender que habían violado los fueros de ese cuerpo legislativo.
En esta oportunidad el miembro informante fue el diputado Vanossi, quien con palabras muy elocuentes decía que en estos casos se había querido demoler las instituciones de la República y que una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es la difamación contra los miembros del Congreso.
Yo me tomé el trabajo de examinar cuál fue la reacción de la prensa cuando se sancionó a estos dos ciudadanos y debo decir, para mi sorpresa, que no encontré ninguna posición crítica. Más aún: en algunos casos la información apareció mezclada con noticias de otra índole y fue meramente objetiva: se sancionó con siete días de arresto a Von Wernicke y se sancionó con tantos días de arresto a Mayorga. En ningún caso hubo una crítica de ninguna naturaleza; ni de los propios medios ni de otros dirigentes políticos, con lo cual debía entenderse que la sanción había sido aceptada pacíficamente aun cuando se planteó alguna discusión con referencia al lugar de detención. Respecto de Von Wernicke se sostuvo que no estaba alojado en condiciones razonables en la Cámara de Diputados. A Mayorga se lo había alojado en un barco porque estaba ejerciendo el derecho de defensa de un militar y no se quiso coartar la posibilidad de que actuara como defensor de ese militar.
Además, está el otro caso que aquí se ha citado, ocurrido en el año 1974 en este propio Senado, cuando se sancionó al periodista Enrique Nores Bordereau, recordado muy bien por el señor senador por la Capital porque él intervino en esa cuestión y firmó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el que se impusieron a Nores Bordereau quince días de arresto por haber afectado al senador León.
La resolución correspondiente llevaba fecha 18 de diciembre de 1974, dándosele por cumplido el arresto el 24 de diciembre a mediodía porque era Navidad y se quería que pasara las fiestas con sus familiares.
He buscado en los diarios de esa época para ver cuál había sido la reacción virulenta frente a la sanción a ese periodista y no la encontré. Más aún: la noticia apareció mezclada bajo un título que decía: «La Cámara aprobó el presupuesto». Y más abajo se decía —no sé siquiera si había un subtítulo— que se sancionó a Enrique Nores Bordereau con tantos días de arresto.
Están también los caso más recientes, los que este mismo Senado ha tratado: los de los dirigentes del Neuquén, respecto de los cuales reconozco que los senadores Genoud y Lafferrière fueron los únicos que cuestionaron esta facultad del cuerpo, ya que no figura en el Diario de Sesiones que ningún otro legislador lo haya hecho.
Menciono asimismo el caso del periodista Cherasny, a quien se impuso una sanción que tampoco generó ninguna reacción pública; ni siquiera hubo oposición —según recuerdo— por parte de este cuerpo a través del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que incluso llevaba la firma de miembros de la Unión Cívica Radical.
Entonces, me pregunto por qué hoy, señor presidente, se pone el grito en el cielo por un proyecto que no crea ninguna figura nueva; simplemente limita una facultad que se ha venido ejerciendo en forma discrecional.
Además, si esta norma hubiera estado vigente en ese tiempo, al señor Enrique Nores Bordereau no se le hubieran impuesto 15 días de arresto sino tan sólo 72 horas, como ahora se propone en mi proyecto. Tampoco a los señores Von Wernicke y Mayorga se les hubiera impuesto tantos días sino sólo 72 horas. Entonces, ¿de qué se trata, señor presidente?
Porque yo entiendo que se cambien posiciones a través del tiempo; es muy válido. Pero lo que fue negro ayer no se puede convertir en blanco hoy, tan de golpe. Porque no estamos hablando del siglo pasado sino de este período democrático.
Entonces, señor presidente, yo me siento —debo reconocerlo— mortificado porque un proyecto elaborado con la mejor de las intenciones, donde no establezco ninguna figura nueva sino simplemente trato de limitar una facultad, ha servido para que me hagan aparecer, incluso por parte de aquellos que en su momento firmaron sanciones de arresto, como que estoy limitando o queriendo restringir la libertad de expresión.
He tenido el orgullo, el honor, que me confirieron mis pares en Santa Fe, de presidir la Convención Constituyente que han consagrado en nuestra Constitución —con oposición de algunos o de muchos que entendieron que su incorporación era una barbaridad— los derechos humanos. Nosotros lo votamos.
Algunos señores senadores también se desempeñaron como convencionales en Santa Fe, donde incorporamos el Pacto de San José de Costa Rica, que establece —es cierto— el derecho de respuesta pero también la libertad de prensa, ya consagrada en forma expresa como un tratado internacional que está resguardado con todas las garantías para que no se pueda modificar por una simple mayoría. Por ello en mi iniciativa no sólo propongo limitar esa facultad de arresto sino que además exijo una mayoría especial y no la simple mayoría con la que se dispusieron todos los arrestos en los casos anteriores, incluso reconociendo que algunos fueron votados por unanimidad de los cuerpos.
Entonces, señor presidente, debo manifestar que esta buena intención realmente ha quedado desvirtuada por una crítica que en algunos casos podrá ser de buena fe pero que en otros ha sido muy mal intencionada porque se ha querido hacer aparecer ante la opinión pública una cosa muy distinta a la real.
El señor senador por la Capital —debo reconocerlo— ha sido muy prudente en sus expresiones — digo esto porque por este tema se realizaron reportajes, se produjeron distintas manifestaciones— porque cuando le preguntaron cuál creía que era la intención de mi proyecto, él respondió: “Habrá sido que quiso limitar el ejercicio de esa facultad”. Efectivamente, él lo entendió bien. Se quiso regular el ejercicio de una facultad que existe no porque esté en el Reglamento sino porque está en la Constitución. Pero aquí me permito discrepar con el señor senador por la Capital en cuanto él dice que no está institucionalizada.
Depende de qué entendamos por institucionalizada. Yo digo que si se ha aplicado; si ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; si existen numerosos fallos judiciales que este cuerpo ha venido aplicando, así como la Cámara de Diputados, ¿cómo no va a estar institucionalizada? Está institucionalizada; lo que no está es limitada. Y de eso se trata en este proyecto que contiene la modificación del Reglamento.
Tampoco comparto la posición expresada por un letrado de una de las entidades periodísticas que vino a verme ayer para plantear su inquietud. Frente a estos argumentos que yo le expuse me dijo que efectivamente era así, pero prefería que la institución quedara en una nebulosa. Lo repitió en un reportaje radial, y reconozco que también fue muy prudente en su respuesta. Yo, señor presidente, no quiero que quede en la nebulosa.
No hay peor peligro para la libertad de la gente que el hecho de que las cosas queden en la nebulosa. O son o no son, pero nada debe quedar en la nebulosa.
El señor senador por la Capital y otros señores senadores presentan un proyecto para “judicializar” este tema de las cuestiones de privilegio. He leído la iniciativa y debo decir que más que aclarar la situación la complica. Establece un procedimiento engorroso de intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dictamina, y para que pueda constituirse en querellante. Yo digo: ¿por qué no vamos al fondo de la cuestión? Sí las cuestiones de privilegio son de la prehistoria, si no sirven —como se ha dicho—, si todos somos iguales ante la ley, propongo que eliminemos las cuestiones de privilegio aquí y en el Poder Judicial. Directamente, ninguna Cámara legislativa debería tener ningún fuero especial ni ningún privilegio. “Privilegio” es una palabra odiosa; la Constitución no habla de privilegios.
Propongo —repito— que directamente los eliminemos y quedemos sometidos —como ellos proponen— de manera directa al Poder Judicial. No hace falta, entonces, este procedimiento engorroso de si se trata de un privilegio de la Cámara, de un senador, de un grupo de senadores, de si hay un problema entre dos senadores o entre un senador y un diputado y entonces se debe constituir una comisión bicameral, etcétera. Es peor el remedio que la enfermedad. Eliminemos los privilegios.
Aquí parecería que algunos son amantes de las libertades y otros somos represores de las libertades. Esto no debe convertirse en una historia de héroes y villanos.
Todos nos conocemos. Creo que en este cuerpo a nadie se le ocurre que alguien puede privar de la libertad a alguna persona. Porque hemos recibido muchísimas críticas contra esta Cámara, inclusive agraviantes en los últimos tiempos. Y creo que nadie pidió que se arrestara a alguien. Ningún legislador ha pedido que se arreste a alguien por el ejercicio de la libertad de expresión.
Pero como la institución existe, simplemente se ha querido poner un límite para que en el día de mañana no se le ocurra a alguien sancionar con quince o veinte días a una persona.
Además de que existe en la Constitución Nacional, existe en muchas otras Constituciones del mundo. No voy a abrumar al cuerpo citando todas las Constituciones en donde está establecida la llamada cuestión de privilegio.
También está en nuestro derecho público provincial. Nosotros somos representantes de las provincias y sé que todos los señores senadores conocen las Constituciones de sus estados y saben que en ellos existe esta institución. No sé si hay alguna provincia cuya Constitución no la contiene, pero está en casi todas: cuando se afectan los fueros parlamentarios se establecen sanciones que van de veinte a treinta días de arresto. Y siempre hemos escuchado decir aquí que el derecho público provincial es de vanguardia respecto al derecho público nacional.
Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y eliminamos totalmente las cuestiones de privilegio de la Constitución Nacional y de las provinciales? Porque no va a ser justo que cuando se ataque a un legislador provincial alguien vaya a sufrir un arresto y cuando se ataque a un legislador nacional, no.
Entonces, señor presidente, para redondear esta exposición, quiero decir que esta norma no ha tenido otro propósito que el que acabo de mencionar. Creo que la reacción que ha generado en algún caso, de tipo corporativo, no se condice con la realidad.
Sé que esta posición me ha generado —y me va a generar— animadversión por parte de algunos que no han querido entender las buenas intenciones que han llevado a esta iniciativa. Hubiera sido mucho más fácil de mi parte pedir a mi bloque que no lo tratáramos, que lo dejáramos de lado, que lo postergáramos sine die, porque estamos en un momento electoral y no está el clima propicio para tratar una norma en este sentido. Pero creo que hubiera sido un acto de cobardía y resignar una convicción muy firme que tengo desde hace mucho tiempo sobre este tema. Y máxime cuando mi conciencia me dice que he obrado con la más absoluta buena fe.
Por eso acepto cualquier modificación que se pueda hacer para que el proyecto sea más claro, para que se dude que esto no va ni contra la libertad de prensa ni contra la de expresión. No queremos encarcelar a periodistas.
Esta mañana, cuando periodistas le preguntaban al letrado de ADEPA cuántos periodistas presos habría a partir de esta norma, la respuesta fue que esta semana habría muchos periodistas presos. Se me ocurrió pensar que los señores senadores estaban listos para firmar órdenes de arresto contra los periodistas. Estamos incluyendo una norma que sólo tiende a limitar, como dije repetidas veces —y disculpen la reiteración—, una facultad que hasta ahora se ha usado en forma absolutamente discrecional.
Entonces, mantengo mi posición. Guardo un absoluto respeto por la libertad de prensa. Se ha puesto como pretexto que esto va a de la mano de ese proyecto de ley sobre aumento de penas por calumnias e injurias. No estoy en favor de ese proyecto y lo voy a votar en contra, porque no creo que con el aumento de las penas se vaya a corregir el ataque a ése bien jurídico que todos queremos proteger, que es el honor. Se trata de un problema de procedimiento. Hay que agilizar el procedimiento, y no elevar las penas. Voy a votar en contra de ese proyecto. Pero nada tiene que ver ese tema con esta modificación que viene desde mayo de 1993, es decir un año y medio antes de que el Poder Ejecutivo enviara ese proyecto.
Agradezco la deferencia y la paciencia con que me han escuchado y también la posición y la solidaridad de mi bloque, que ha entendido perfectamente que era éste el sentido de esta norma y no otro.
Entiendo que este cuerpo no sólo defiende el federalismo sino las instituciones de la República. Ninguna disposición saldrá de este cuerpo que afecte alguna de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Proyecto de resolución sobre la creación de una Comisión investigadora de la conducta de un senador (27 de septiembre de 2000)

27 de septiembre de 2000
53ª Reunión – 21ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra muy brevemente, porque he sido aludido tanto por el senador Molinari Romero como por el senador Usandizaga a raíz de mi interpretación del Reglamento.
Después de escucharlos estoy más convencido que antes de que el artículo 207 no tiene absolutamente nada que ver con la situación aquí planteada.
Además, cuando el señor senador por Córdoba dice que “no estamos proponiendo una comisión investigadora, sino la comisión del 207”, yo me pregunto: ¿qué naturaleza tiene esa comisión? Si no es investigadora, ¿qué hace? ¿Es una comisión ejecutora, directamente? Digo esto porque el artículo 207, señor presidente, dice muy claramente que “…el presidente nombrará una comisión de tres miembros para que proponga las medidas pertinentes…”.
Yo pregunto: ante una acusación de tamaña gravedad, que puede significar que un miembro de este Cuerpo sea expulsado porque el artículo 66 prevé esa posibilidad, ¿existe la suficiente garantía para que en ese mismo acto el presidente nombre una comisión de tres miembros y ahí no más haga las propuestas de las medidas que se deben tomar?
Si toma otras medidas de prueba, ya es una comisión investigadora, que es el carácter que le quieren negar porque dicen: “No queremos una comisión investigadora”. Entonces, ¿qué comisión quieren? ¿Una comisión que directamente ejecute y diga: “Hay que tomar tal medida con el senador”?
Señores senadores: estamos en un estado de derecho. Todos los días hablamos de la República. Hay una garantía esencial que es la del debido proceso y del derecho de defensa. ¿Cómo se puede querer sancionar o excluir a un senador, como lo quiere el vicepresidente de la Nación con su verborragia incontinente que tiene todos los días, sin darle el derecho de defensa, a un senador que ha sido elegido por su provincia? Sería una sanción gravísima, que significaría ni más ni menos que sancionarlo por el resto de sus días, con el estigma de haber sido expulsado de un cuerpo de la República sin haberle dado el derecho de defensa.
No voy a aceptar tamaña ligereza para sancionar a uno de mis pares ni que se venga con prejuzgamientos ni con urgencias mediáticas, porque algunos que se creen intérpretes de la sociedad dicen: “La gente quiere”. ¿Quién les ha dado el carácter de jueces para que digan “aquí la gente quiere”?, como lo hace todos los días el presidente de esta Cámara, que no es el que está presente ahora y que no sé por qué no está presidiendo la sesión de hoy.
Quiero llamar a la reflexión a mis colegas. Aquí no hay ningún tipo de chicana ni se quiere dilatar la situación. Formemos la comisión investigadora y que quien proponga a los integrantes sea esta Cámara y no su presidente —a quien está presidiendo hoy sin duda le tengo confianza pero quizás a su titular, no—.
Nombremos nosotros a los integrantes de esa comisión y fijemos un plazo que sea perentorio para que produzca un dictamen, pero que se den las garantías del debido proceso, que se escuche al senador Cantarero, que tenga derecho de defensa y que quien acuse tenga también la posibilidad de ratificar la acusación. Y si hay que tomar medidas probatorias, que se las tome.
Por acusaciones mucho más leves se hace el proceso con todas las medidas de prueba. ¿Cómo en este caso…?
Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí.
Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Comparto plenamente los argumentos del señor senador por La Rioja, pero agregaría la necesidad de la existencia de un juez imparcial, es decir que el juez imparcial esté compuesto no por un bloque mayoritario sino que en la investigación participe el bloque mayoritario en igualdad de condiciones con los demás senadores.
Sr. Presidente (Genoud). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Ese es un tema que podemos acordar. Que sea el Senado quien lo decida y que se establezca un procedimiento.
¿Cómo es posible que se pida una comisión investigadora y no se diga qué procedimientos va a aplicar? Tiene que fijarse desde un principio que la propia comisión debe establecer su reglamento o que se aplique supletoriamente el Código Procesal Penal. Que la presidencia del Senado dicte todas las medidas para facilitar la investigación en un plazo perentorio —no hace falta que sea de muchos días—.
De esa forma estaremos todos seguros de que, cuando se tome la medida, se lo hará de acuerdo con lo que establece un estado de derecho y no queriendo sacar provecho de una situación, como quieren algunos, ni con medidas apresuradas, ni sintiéndose falsos intérpretes de lo que dice la gente ni con urgencias mediáticas, sino como debe resolver los asuntos un cuerpo de la República: primero y principalmente, respetando las garantías de la Constitución Nacional.

Planteo sobre el giro de un proyecto de ley sobre jubilaciones a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto (4 de septiembre de 2002)

4 de septiembre de 2002
22ª Reunión – 13ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: No voy a entrar en la suspicacia de dudar si la Presidencia ha girado el proyecto a varias comisiones para dilatar el trámite, porque al comienzo de las sesiones la hemos facultado precisamente para que haga los giros correspondientes.
Por lo tanto, bajo ningún punto de vista me voy a hacer cargo de imputar a la Presidencia el hecho de que no quiera que se deroguen las jubilaciones de privilegio. Sé cómo se maneja ese sitial, por haber estado en esas funciones, y sé que el giro a las comisiones se hace con conciencia y estimando las competencias que ellas tienen para tratar el tema.
Muchos temas importantes se han tratado en este Senado girándolos a varias comisiones, conforme lo autoriza el Reglamento. Simplemente, se llama a un plenario de comisiones y se reúnen. Hay muchos senadores que forman parte de varias comisiones, lo cual facilita el quórum. Ahora bien, hace a la responsabilidad de cada uno concurrir a esos plenarios. Así que no creo que el hecho de que se gire a dos comisiones más o dos menos tenga mucho que ver con el trámite. Se fija una reunión para tal día, el presidente de la comisión cabecera cita a las comisiones para ese día, se reúnen y consideran el tema. No creo que sea para dramatizar ni para pontificar lo que reclama la sociedad, en el sentido de que se derogue o no. Cada uno va a fijar su posición.
Por lo tanto, reitero, no voy a entrar en esa suspicacia. De todos modos, sí quiero agregar algo con relación a lo que acá se ha dicho en el sentido de que la Comisión que menos tiene que ver es la de Relaciones Exteriores y Culto. Este es un muy grave error, que autoriza a presumir que no se ha leído el proyecto.
Fíjense que esta norma empieza derogando tres leyes. Me refiero a la 22.731, la 24.018 y la 21.540. ¡Qué casualidad, que la ley 22.731 es la que se refiere al régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios del servicio exterior de la Nación! Ni más ni menos. Otra de las leyes mencionadas se refiere a las jubilaciones de los obispos y arzobispos de las fuerzas armadas y de los vicariatos castrenses. Ambos temas forman parte de la competencia indiscutible de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este cuerpo.
Este no es un tema cualquiera. Por ejemplo, la ley referida a las jubilaciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación tiene que ver con la edad del retiro de los diplomáticos y con algo que hemos conversado muchas veces en dicha Comisión, como es la forma de reorganizar dicho Servicio, en función de la pirámide invertida que se ha producido. Justamente, están por llegar a este cuerpo los pliegos de ascensos que remite la Cancillería.
Entonces, ¿tiene que ver con este tema la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este Senado o no? Invito a leer el Reglamento. Este señala cuáles son los asuntos que son de competencia de dicha Comisión.
Aclaro que no formulo este planteo porque quiero participar del debate, ya que igualmente lo haré, puesto que integro otras comisiones a las cuales fue girada la iniciativa, sino que lo hago porque como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto tengo el derecho y la obligación de defender su competencia, dado que de las tres leyes que se derogan a través de la norma en consideración, casualmente, dos de ellas tienen que ver con la competencia de la comisión que presido.
Por los motivos expuestos, pido que este proyecto sea girado y no deje de ser tratado con la participación la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tengo el honor de presidir.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: simplemente quiero aclarar algunas manifestaciones que aquí se han vertido.
Creo que efectivamente hemos perdido más de una hora en virtud de una sobreactuación y porque se han querido decir cosas que quedan bien ante la opinión pública.
Sin embargo, pregunto a la señora senadora por Santa Cruz si se ha tomado el trabajo de leer el Reglamento. Ella dijo que nada de lo que trata la Comisión de Relaciones Exteriores tiene que ver con lo que estamos considerando. Sin embargo, cuando el artículo 63 habla del cuerpo diplomático y consular, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quiénes integran el cuerpo diplomático? ¿El coro estable del Teatro Colón, el coro de niños cantores de Mendoza o los diplomáticos del servicio exterior de la Nación, a quienes afecta este proyecto de ley?
Creo que pretender demostrar lo indemostrable constituye una pérdida de tiempo. Además, la Comisión que presido se denomina de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Quiénes llevan a cabo el culto? ¿Los senadores y los diputados o los obispos, los arzobispos y los vicarios de las fuerzas castrenses? Es evidente que este asunto lo debe tratar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Este proyecto deroga las leyes de jubilaciones del servicio exterior de la Nación y de los obispos. Entonces, si hay una Comisión que tiene incumbencia en la materia, es la de Relaciones Exteriores y Culto.
No me puse a discutir sobre la competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales o no. Si realmente analizamos la cuestión desde ese punto de vista, se puede decir que todas las comisiones tienen la obligación de respetar la vigencia de los derechos constitucionales. Entonces, no tendría necesidad de intervenir dicha comisión, porque todos tenemos que someternos a lo que la Constitución manda. Es decir, si fuera por eso, todos los temas tendrían que pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por eso, esta discusión es innecesaria, por más que se quiera excluir a alguna comisión.
Ya el señor senador presidente de la Comisión cabecera ha dado la solución al respecto. ¿Para qué dar más vueltas sobre el asunto? Supongo que él mismo va a convocar a un plenario de todas las comisiones. De tal modo que vamos a tratar la cuestión y debemos dejar de sobreactuar y de hacer declaraciones para quedar bien con la opinión pública.

Proyecto de resolución modificando el Reglamento de la Cámara de Senadores (13 de noviembre de 2002)

13 de noviembre de 2002
34ª Reunión – Sesión especial
Diario de Sesiones – Páginas 8343 a 8346

Sr. Menem. — Señor Presidente, distinguidos colegas: La señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo una detallada exposición de lo que es el dictamen de comisión, que he suscripto, y la señora senadora por San Juan expuso en forma muy detallada y medulosa lo que fue el trabajo de la comisión de reforma.
Más allá de las diferencias que puede haber entre uno y otro trabajo, considero que no son absolutamente incompatibles y bien puede lograrse algún tipo de solución común en algunos de los temas planteados.
Quiero señalar que, realmente, el Reglamento es mucho más importante y trascendente de lo que muchos creen.
Cuando se alude al Reglamento, algunos piensan en un librito o en un folleto que anda dando vueltas, que puede cumplirse o no.
En primer término, el Reglamento es una potestad constitucional, porque la Carta Magna, en su artículo 66, indica que cada Cámara elaborará su propio reglamento. Entonces, no se trata de hacerlo o no, sino—como dice la Constitución— de que “Cada Cámara hará su reglamento…”
En segundo término, no cabe duda de que la trascendencia de este instrumento deriva de que establece las reglas de juego del funcionamiento de la democracia y de la República en las cámaras legislativas. ¿Por qué? Porque son cuerpos multipartidarios en los que está la representación genuina del pueblo y de las provincias, con sus mayorías y minorías.
Entonces, estas normas deben tratar de que, en forma equilibrada, ecuánime y justa, se configure la voluntad de la representación que conllevamos. O sea, es la voluntad legislativa. Sin embargo, para ello debe haber normas de procedimiento claras y transparentes, que no permitan a las mayorías ser tiranas y hacer lo que quieran ni a las minorías entorpecer el funcionamiento de la casa con planteos que nada tienen que ver con lo que realmente debe ser el accionar de un parlamento.
En definitiva, un reglamento debe tratar de buscar el equilibrio, aunque siempre en el marco de la democracia, donde desde luego, la regla de oro es que frente a las discrepancias, se imponga la mayoría, pero entendida ésta en el buen sentido de la palabra, o sea, con autoridad.
Hace mucho tiempo que presento proyectos de modificación del Reglamento, porque me ha tocado en suerte dirigir muchos años el Senado, lo cual me permitió acopiar experiencias de lo que a mí me parecía que podía mejorar el funcionamiento de la casa.
Es más, he consultado sobre el tema a algunos antiguos empleados del Congreso que tienen más experiencia que nosotros, que presenciaron tantos Senados y que pueden aportar esa valiosa experiencia. Por ello, he presentado ese proyecto de modificación del Reglamento, no sé si por quinta vez —porque lo he hecho en años anteriores— y lo fui modificando. Felizmente, parece que esta vez va a tener suerte, ya que gran parte de mi iniciativa ha sido receptada en este dictamen, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con todas las normas que allí se establecen, ya que tengo algunas discrepancias que señalaré más adelante.
Considero que se trata de un buen proyecto y que en él se consiguen los objetivos fundamentales ya que, además de lo relacionado con el equilibrio y el funcionamiento adecuado, se tiende a una mayor celeridad, eficiencia en el funcionamiento del cuerpo, a una mayor transparencia y, por supuesto, derivado de ello, a una amplia información en la relación entre las Cámaras y la comunidad.
Obviamente, en el derecho comparado, cada país tiene su Parlamento y su Reglamento. Es por ello que me parece que los reglamentos tienen que estar de acuerdo no sólo con el sistema institucional y con la Constitución de cada país, sino con sus costumbres e idiosincrasia.
A nosotros, por ejemplo, no se nos ocurriría establecer una norma como la que utilizan los ingleses —no sé si está escrita—. En Inglaterra, el presidente de la Cámara de los Comunes —el Speaker of the House—, concede la palabra a quien quiere. Es decir, le concede la palabra a aquel legislador que capte su atención. Así está receptado por la costumbre.
En oportunidad de mantener conversaciones con el Speaker, le comenté que si en la Argentina —siendo yo presidente— tuviera que dar la palabra a quien quisiera, realmente, duraría un sólo día en la función. Le expliqué que acá nos anotamos por orden para el uso de la palabra. ¡No lo podía creer! Me decía que él daba la palabra de acuerdo a quien estimaba que podía hacer un aporte positivo al debate, a quien no lo iba a desviar, a quien sería breve y conciso, etcétera.
Ahora bien, existen otras características: el Speaker es un funcionario que no pertenece a ningún partido político. Es un funcionario que tiene un lugar institucional diferente del que tienen los presidentes en nuestra Cámara. Por eso, digo que está bien que tomemos experiencias del derecho comparado, pero siempre de acuerdo con la idiosincrasia de nuestro país.
Sin duda, en lo que respecta al manejo de la Cámara de Senadores, nosotros seguimos el esquema norteamericano, donde quien preside es el Vicepresidente de la Nación y existe un Presidente pro témpore y, en cuanto a las autoridades inferiores, se establecen por el propio Reglamento, el cual también ha ido cambiando.
Desde que me incorporé a esta Cámara, el Reglamento ha tenido muchas modificaciones y se ha ido mejorando sustancialmente en aspectos muy sensibles. Por ejemplo, cuando yo ingresé al Senado, los acuerdos para la designación de jueces, diplomáticos y militares se realizaban por medio de un trámite totalmente secreto: entraban los pliegos, la comisión se reunía en secreto, emitía dictamen y aquí, en el recinto, secretamente, se votaba. Era un trámite reservado.
Por el contrario, en la actualidad, las audiencias son públicas e incluso hay un período de impugnación. Esa fue una modificación fundamental.
Ahora bien, existe un tema al cual muchos no le dan la importancia debida, pero que hace al ordenamiento del debate: es el tiempo de uso de la palabra.
Nosotros —por nuestra idiosincrasia latina— somos proclives a hablar mucho, a realizar prolongados discursos; nos gustan los discursos extensos.
Cuando llegué a esta Cámara, recuerdo que no había limitación en el uso de la palabra. Los discursos podían durar todo lo que le diera la garganta al que hablaba y todo lo que aguantara la paciencia de los que estaban escuchando.
Aquí, estuve en sesiones en las que hubo discursos muy importantes, como en la que se trató el traslado de la Capital, cuando un senador habló siete horas. Fue una exposición magnífica. Pero yo pensaba: siete horas un legislador y otro —recuerdo que fue el senador Genoud, que hacía sus primeras armas— habló dos horas. Uno en contra—el de siete horas— y otro a favor —el de dos horas—.
Yo digo lo siguiente: después de las nueve horas de dos exposiciones, ¿qué queda al resto para decir, qué hay de la duración de la sesión y del cansancio? Después, viene alguien con una cámara fotográfica y toma a un senador que está “adormilado” y a otro que se levanta o a otro que está haciendo otra cosa. Y es que no se puede mantener la atención durante tantas horas…
Recuerdo que cuando propuse limitar a dos horas el informe del miembro informante y del autor del proyecto, un senador que no era de mi partido me dijo que lo que pasaba era que el gobierno quería amordazar a la oposición limitándole el uso de la palabra. Y lo que yo proponía era un límite de dos horas. Creo que hablar de mordaza porque se establecían sólo dos horas para que hable era un poco exagerado.
El Reglamento ha sido mejorando a través del tiempo. Pero hace falta mejorarlo más hoy.
El de las comisiones no es un tema menor. Tenemos que reconocer que el número de comisiones es excesivo. No sé si llegaremos a veinticinco o veintidós, pero tenemos que reducir el número. Sabemos que el número ha obedecido a razones muchas veces políticas, como cuando hubo pujas por una comisión determinada. Recuerdo que, en su momento, la Comisión de Energía y Combustibles se separó en dos, como llevando adelante lo que había propuesto el rey Salomón para dirimir la tenencia del chico. Acá se llegó a partir realmente a la comisión. Y muchas otras también se partieron.
Siempre sostuve que los acuerdos tenían que darse en las respectivas comisiones que tienen que ver con el personal. No era un ataque a la Comisión de Acuerdos. Pero yo creía que nada mejor que la Comisión de Relaciones Exteriores para dar el acuerdo a los diplomáticos. Qué mejor que la Comisión de Defensa para los militares o la de Interior y Justicia para intervenir en el tema de los jueces.
Creo que se ha buscado una solución bastante razonable en el sentido de la participación de estas comisiones, aunque debo decir que nunca se negó la participación de todos los senadores en la Comisión de Acuerdos.
La presidenta de la Comisión hizo referencia al tema del petitorio que hizo la Asociación del Personal Legislativo. Creo que es justo lo que han pedido. A veces se pretenden desconocer los derechos de los trabajadores que se desempeñan en el Congreso.
— Se observa una disminución en la intensidad lumínica en el recinto.
Sr. Menem. — Yo no sé si esta disminución de tensión es para que termine mi discurso. (Risas)
Creo que es justo que se incluya una norma. Porque yo tuve que decirle a un efímero Vicepresidente que tuvimos, que señalaba como un problema del manejo de la casa la estabilidad del empleado legislativo —recuerdo que planteé una cuestión de privilegio por unos términos muy fuera de lugar que había expresado—, que la estabilidad del empleado público no es una cuestión de la ley 24.600 —que yo defendía no sólo por ser el autor, sino porque creía en ella y lo sigo haciendo—, sino porque es una norma constitucional: el artículo 14 bis de la Constitución establece la estabilidad del empleado público.
Nosotros, en el estatuto y escalafón, en la ley 24.600, lo que hicimos fue reglamentar o regular el funcionamiento del personal legislativo, que no es igual al personal de la Administración Central. Tiene sus características particulares, porque también las tiene el funcionamiento de este cuerpo. Pero más que introducir la mención a la ley en varios artículos, voy a proponer en su momento que haya un sólo artículo, que diga que en todo lo que hace a nombramientos, ascensos, promociones y remociones se deben respetar las disposiciones de la ley 24.600. Es decir, resumir en una sola norma que debe respetarse la ley. Aunque no se lo diga —como bien se ha dicho aquí—, habría que respetarla, porque la ley tiene jerarquía superior. Pero tal vez, alguno se olvidó —como el caso que mencioné— y es bueno recordarlo.
He firmado el dictamen sin disidencias, porque tenía muchas ganas de tratarlo. Pero hay algunas normas en las que voy a proponer ciertas modificaciones. Por ejemplo, en el tema de la votación nominal de los proyectos de ley que propuso el senador Terragno.
Yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea mediante un sistema electrónico, porque si por cada proyecto de ley vamos a pasar lista para votar nominalmente, les auguro que vamos a tener muchas dificultades, ya que a veces tratamos varios proyectos de ley. Y el sistema nominal —ustedes lo saben— es muy pesado. Por eso, el proyecto del senador Terragno decía: todo proyecto de ley deberá votarse tanto en general como en particular por medios electromecánicos que permitan registrar la forma en que ha votado cada senador.
Yo estoy de acuerdo, pero el sistema está instalado y nunca se lo ha puesto en funcionamiento. No sé por qué. Pero se puede poner en funcionamiento y votar nominalmente.
Podríamos poner una disposición transitoria en el Reglamento que diga que se cumplirá esta norma cuando contemos con el sistema electrónico o electromecánico instalado.
Por último, quiero hacer referencia a un tema que aquí se ha planteado y en el que tuve participación con el dictamen de los expertos enviados por la Unión Interparlamentaria. La cuestión se origina en un proyecto de resolución del senador Moro aprobado por este cuerpo.
El senador Moro, antes de la reunión de la Unión Interparlamentaria que se realizó en Marrakesch, Marruecos, presentó un proyecto —que fue aprobado por este cuerpo— pidiendo que se solicitara el asesoramiento de la Unión Interparlamentaria, que brinda este servicio a los parlamentos en materia de reorganización y funcionamiento.
Desde luego, no tuve nada que ver con esa resolución, porque lo que se me pidió como Presidente del grupo parlamentario argentino ante las autoridades de la Unión Interparlamentaria fue que activase los mecanismos necesarios para que se haga lugar al pedido que había hecho el Parlamento argentino. Personalmente, llevé la reiteración de una nota; se la entregué al secretario de la organización, al señor Anders Johnson, que la recibió y le dio trámite.
Cuando vino esta comisión fueron a saludarme y a verme, no como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que sí integro, ni de la Comisión de Reformas, que no integro: me vinieron a ver por dos motivos. Primero, por ser miembro de la Unión Interparlamentaria; segundo, como se enteraron de que soy senador desde hace varios años, consideraron que podría darles mi opinión sobre este tema. Pero la consulta fue nada más que a ese nivel.
Esta gente no vino ni en representación de México ni de España. Se trata de dos expertos contratados por la Unión Interparlamentaria, que también hicieron trabajos en otros países. La mayor o menor fortuna del dictamen que elaboraron es un tema que analizaremos nosotros. Pero no podemos desconocer que por lo menos la Unión Interparlamentaria ha tenido la buena voluntad de mandar a estas personas, quienes cumplieron su trabajo. No le costó un peso al Parlamento argentino. Ha sido todo costeado por la Unión Interparlamentaria.
Hay propuestas que no comparto. De todos modos, tenemos un punto de referencia para poder encuadrar nuestras decisiones. Seguramente, las adoptaremos de acuerdo con nuestra conveniencia y experiencia y siempre buscando ese norte que nos hemos fijado, de conseguir un funcionamiento claro, transparente, que permita asegurar los derechos de las mayorías y de las minorías, que permita que la voluntad legislativa se forme de acuerdo a cómo ha votado el pueblo y de acuerdo con los intereses de nuestras provincias, porque estamos en una Cámara federal. Esto es lo que buscamos con las reformas del Reglamento.
También pretendemos que se sancionen todas las normas en tiempo. Se da el mismo caso que en la justicia. Cuando la justicia llega tarde no es justicia. Cuando las leyes no se sancionan a tiempo, no cumplen con su finalidad.
Por supuesto, está la otra labor fundamental que a veces se olvida cuando se habla del Parlamento. Algunos creen que lo único que tiene que hacer el Congreso es dictar leyes, olvidándose de la función fundamental de ejercer el control de los otros poderes del Estado. Dependerá de cómo nos organicemos y cómo funcionemos para que podamos ejercer esa función fundamental para la República. El control es la antesala de la responsabilidad y la responsabilidad es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la República, junto con la división de los poderes, la periodicidad de la duración de los mandatos de los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno. Esos son los cuatro pilares fundamentales en los que se asienta el sistema republicano. El de la responsabilidad, como digo, es un pilar esencial que tiene como antesala el control y uno de los organismos fundamentales de control en la República es el Congreso. Eso también tiene que preverse en nuestras normas de funcionamiento.
Estoy muy contento de que después de tantos años podamos estar haciendo una reforma, no digo integral, pero sí mucho más amplia que las anteriores, que nos va a permitir actualizar nuestro Reglamento y funcionar con mayor celeridad, eficacia y transparencia.

Proyecto de resolución sobre exclusión de la Cámara del senador Luis Barrionuevo (26 y 27 de marzo de 2003)

26 y 27 de marzo de 2003
5ª Reunión – 2ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 628 a 632

Sr. Menem. — Señor Presidente: Antes que nada, corresponde hacer una aclaración, porque se ha cuestionado que yo esté incluido en este lugar en la lista de oradores. Debo decir al respecto que nuestro sistema es que le decimos a nuestro presidente de bloque que queremos hacer uso de la palabra. Él hace la lista de quienes vamos a hablar y a usted le consta que lo incluyen en el lugar que quieran. Yo no he pedido ningún lugar en especial. Más aún, no me gusta hablar a esta hora de la madrugada. Primero, porque ya tengo sueño. Segundo, porque no tengo la lucidez que debería tener o que tengo habitualmente más temprano. Tercero, hablar más temprano para aquellos que les gusta hacer marketing, que están todos los días haciendo tours por los canales, los horarios centrales son los que más les conviene. A esta hora no nos mira nadie o nos miran muy pocos. Entonces, hablar a esta hora no es ningún negocio. Además, lo que yo voy a decir ya lo han dicho casi todos antes, los que opinan a favor y los que opinan en contra. O sea que hablar a esta hora no me reditúa ninguna ventaja, todo lo contrario.
Quería hacer esta aclaración para los malpensados.
Señor presidente: antes que nada quiero rendirle mi homenaje al pueblo de Catamarca, a los hermanos catamarqueños que desde hace tanto tiempo se ven sacudidos por acontecimientos políticos que han sido motivo de tantas discordias y tantas discusiones.
Recién lo recordaba el senador Barrionuevo; siempre pasa algo con los senadores de Catamarca. Ya se discutieron aquí renuncias anticipadas. Como bien lo recordaba el senador preopinante, estuvieron varios años con un solo senador, en lugar de los tres, porque no se ponían de acuerdo con el sistema anterior de cómo tenían que designarse los senadores. Es cierto que el senador Villarroel cumplió dignamente con su tarea, pero era de un partido en el que había un solo senador. Se hizo el sorteo pertinente y al senador Barrionuevo, pese a que le corresponde el periodo corto de solo dos años, ni siquiera lo quieren dejar que cumpla ese mandato y se pretende expulsarlo por razones inadmisibles. Entonces, señor presidente, me parece que tendrían que exorcizar la cuestión senatorial de Catamarca. A lo mejor, la pueden llamar a la diputada Carrió para que haga algunas oraciones y exorcismos, como lo hizo en la Cámara de Diputados (risas), para tratar de que no vuelvan a ocurrir estas cosas.
Señor presidente: hablaba de mi respeto por el pueblo de Catamarca. Recién veía a algunos asistentes en el palco con la estampita de nuestra querida Virgen del Valle. Los riojanos también creemos mucho en ella, lo mismo que en nuestro santo patrono San Nicolás. Debo manifestar que realmente me conmueve ese acto de fe y de religiosidad que nos une a los hermanos catamarqueños y riojanos.
Decía que hablar ahora, a esta altura, no es ninguna ventaja. Ya prácticamente se han dado todos los argumentos a favor y en contra. Hemos escuchado muy buenas exposiciones. He seguido muy de cerca todas las actuaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se ha recibido ampliamente la prueba: la de cargo y la de descargo. En ese sentido, creo que ha habido las garantías del debido proceso. Nada más puedo mencionar como curiosidad algo que yo decía estaba para la guía “Guiness” y que ya recordaba hoy el senador Prades. Tuvimos la particularidad de que al representante legal o a quien trajo la defensa del senador Barrionuevo lo hicieron sentar y absolver posiciones, como si fuera parte en el juicio. Nos parece que fue una actitud insólita que no estuvo a la altura de la seriedad con la que se trabajó en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
No voy a volver a analizar la prueba. Aquí se trata de determinar si hubo inconducta del senador Barrionuevo en los acontecimientos que llevaron a la suspensión de las elecciones en Catamarca el 2 de marzo o no. Del análisis de la prueba, yo he llegado a la convicción absoluta de que no se ha probado de ninguna manera que el senador Barrionuevo haya participado directamente en los hechos que todos repudiamos, que haya dado una orden concreta de que se produzcan o que haya realizado actos de incitación para que los hechos sucedan de ese modo.
Coincido en que hubo declaraciones imprudentes o desafortunadas. Coincido en que se dijo lo que no se tenía que decir. Pero yo me pregunto —y somos políticos— cuántas veces en las tribunas electorales se dicen cosas de tono elevado; cuántas veces se cometen excesos en esas arengas encendidas que se hacen en vísperas de las campañas electorales, como lo reconocieron algunos senadores; cuántas veces después pensamos que “no debía haber dicho eso”, ya sea porque ofendemos o porque no tendríamos que decir algunas cosas. Entonces, no podemos juzgar a un miembro de este cuerpo por expresiones que tuvo durante la campaña electoral. Y no sólo juzgarlo, sino condenarlo con la máxima sanción que se puede imponer a un legislador, que es la expulsión de este cuerpo. Además, no es sólo una sanción contra el legislador, porque hay que ver que esto también significa la revocación del mandato dado por el pueblo de Catamarca, que es más grave aún desde el punto de vista institucional.
En algunos sistemas constitucionales está la figura de la revocatoria o recall, es decir, cuando el pueblo revoca el mandato dado al mandante. Pero es una facultad del pueblo y aquí la estaríamos ejerciendo a través de una sanción sin tener, según mi punto de vista, las pruebas concluyentes que lleven a determinar una autoría material del tema.
Creo que en el dictamen de comisión, de algún modo, se comparte esta visión, aunque con otra conclusión, porque se debe recurrir a la teoría de la autoría mediata. Como aquí se dijo, se trata de una teoría del Derecho Penal de 1963, realizada por el alemán Roxin, que es la del autor detrás del autor.
Esa teoría del dominio de los hechos, mediata, ha sido muy cuestionada y es cierto que se la aplicó en el juicio a las Juntas Militares, como alguien lo mencionó en el recinto. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esa visión y condenó a los comandantes como partícipes primarios y no como autores mediatos, porque dicha teoría implicaba para nuestro Tribunal Supremo una dilatación del concepto de instigador, una ilegal extensión de la autoría.
O sea que el concepto de la teoría mediata se la utilizó en el único dictamen de Comisión para disimular que, realmente, no había ninguna prueba directa de la culpabilidad de Barrionuevo en los hechos que se produjeron en Catamarca el 2 de marzo.
Por supuesto que lo ocurrido en Catamarca fue bochornoso y lamentable. Rechazo terminantemente a aquellos que dicen que no votar por la expulsión del senador Barrionuevo es avalar la violencia. Eso es una postura maniquea: o se hace lo que ellos quieren, que es lo que está bien, o se hace lo otro, que es lo que está mal. Y no es así; hay que respetar las opiniones. Nadie es dueño de la verdad. Cada cual tiene su posición y su opinión, todas son respetuosas.
En este sentido, respeto absolutamente a quienes quieren expulsar al senador Barrionuevo. Es más, aquí había colegas que querían expulsarlo en la sesión del 6 de marzo —si no recuerdo mal—, sobre tablas y sin recibir ninguna prueba. Era una postura, que no compartía pero que respetaba, aunque pensaba que había que receptar la prueba para tener una visión acabada de lo que sucedió ese día. Realmente, luego de receptada la prueba, se confirmó la opinión de que no hay una evidencia directa de la autoría material.
Aquí se ha hablado de responsabilidades compartidas, pero al respecto ya he dicho que las expresiones del senador Barrionuevo fueron imprudentes. Sin embargo, para poner las cosas en su justo término, convengamos en que el gobierno de Catamarca tampoco hizo lo que correspondía para garantizar la regularidad del acto comicial.
En este recinto se han hecho medulosos análisis de si hubo o no proscripción. Pero a mi criterio, eso no corresponde porque, aun cuando la hubiera, participo de la idea de que no es justificable ningún tipo de violencia.
Sin embargo, en mi opinión, hubo proscripción de hecho, porque las boletas, tal como lo declararon los testigos, no estaban en el cuarto oscuro. Así lo dijo una señora que salía del cuarto oscuro —de ese modo consta en los videos— y el señor Manzi, candidato a gobernador por el ARI. Es más, este candidato denunció a un juez que quería poner las boletas del Partido Justicialista sin estar autorizadas para luego, mediante una maniobra, anular los votos del justicialismo.
Si uno ve los videos, ¿cuánta gente participaba en las manifestaciones? ¿Cincuenta, cien personas? Yo me pregunto si no podría haberlas controlado el gobierno provincial. ¿No podría haber tomado las medidas al respecto? Sobre todo, porque se sabía que había un clima de tensión. Y si la policía no era suficiente, ¿por qué no le pidieron al gobierno nacional los refuerzos pertinentes? El Ministro del Interior declaró que no le habían pedido los refuerzos, que no era necesario.
Entonces, además de la responsabilidad del gobierno de Catamarca, entiendo que está la del gobierno nacional. Y a este respecto, voy a hacer una interpretación política que a muchos no les va a gustar. Dado que el gobierno nacional suspende las elecciones internas en el Partido Justicialista, porque no le convenía al candidato que apoya, se auto proscribe para que no se presente en las elecciones. Entonces, se da un caso único en la historia: que el justicialismo se auto proscribe.
En consecuencia, entiendo que alguno habrá pensado —quizás los autores de la proscripción en Catamarca habrán pensado— que si el justicialismo en el orden nacional se auto proscribe, en Catamarca también se lo podría proscribir: “No les ponemos las boletas y no van a votar tampoco, total, nadie se va a enojar”.
Es cierto lo que acá ha dicho un señor senador que nos echó en cara que el único partido que hizo internas fue el radicalismo. Es cierto que hizo internas, pero también tiene su pequeña culpa. Porque el argumento que usó el gobierno nacional para suspender las elecciones internas del justicialismo fue que como en el radicalismo hubo un proceso electoral bochornoso, también se podía producir en el justicialismo; entonces, no había que hacer las elecciones en este partido. Creo que el argumento era realmente inoficioso y totalmente inaceptable, pero eso fue lo que invocaron.
O sea que acá hay responsabilidades en algunas declaraciones inoportunas, imprudentes, en la actitud del gobierno de Catamarca y también en la del gobierno nacional, que debió además haber seguido más de cerca el proceso electoral.
Creo que a todos los que están acá les habrá pasado lo mismo que a mí. Cuando veníamos a este recinto, a algunos nos hablaron pidiéndonos que tomemos tal o cual posición; que votemos de una forma o de otra. Y al margen de la tremenda presión mediática que hubo, a mí me llamaron la atención los argumentos por los cuales me pedían que vote por la expulsión de Barrionuevo. Algunos me hacían este tipo de consideraciones; me decían, por ejemplo: Duhalde está apoyando otro candidato en esta interna peronista, entonces, ¿cómo usted va a apoyar o no va a proceder a expulsar a un hombre de Duhalde del Senado de la Nación? Por supuesto que yo les contesté que me parecía una bajeza aprovechar una situación de esta naturaleza para direccionar mi voto en determinado sentido. Hubo muchos pedidos de distinta naturaleza. Pero la mayoría de los que me daban su opinión, de buena fe, hacían referencia al costo político o al rédito político que podría devengar el adoptar la posición de expulsión o no expulsión. Durante todos estos días, lo que más se escuchó ha sido “el costo político”. ¿Cuál es el costo político de votar o no por la expulsión?
No me sentiría digno de ocupar esta banca si voy a guiar una decisión de esta naturaleza teniendo en cuenta el costo o el rédito político que me lleva tomar una determinada actitud. Sé que muchos han hecho verdaderas campañas televisivas “marketineras” y no se privaron de estar en medio alguno para echar a Barrionuevo. Esto me hace acordar a los raids televisivos y radiales del entonces Vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez, que andaba por todos los medios haciendo este tipo de marketing político. Y así es como terminó.
Me sentiría indigno si adoptara la posición egoísta y especulativa de decir qué pierdo o qué gano votando por la expulsión de Barrionuevo o no. Esto sería realmente no responder a la responsabilidad que tengo como senador de la Nación. Siempre voté por mis convicciones, por lo que creo que es justo. A veces, tuve que votar por disciplina de bloque, a pesar de que no era mi posición, pero en ese caso tenía la convicción de que en ciertos momentos era necesario votar con uniformidad. Por eso seguí la disciplina de bloque, pero siempre con la convicción personal de que era lo mejor.
Sé que mañana aparecerá en los medios un cuadro de honor; los elegidos de un lado y los réprobos de otro. Los que voten por la expulsión de Barrionuevo serán los elegidos y los otros serán los réprobos. Por lo tanto, entre quedar bien a costa de lo que considero injusto y votar de acuerdo con mis convicciones y a mi conciencia, me quedo con esto último.
Adoptar una actitud distinta, es decir, votar por quedar bien o porque es lo que me va a dar un mejor posicionamiento político, sería una actitud oportunista más propia de un ave de rapiña, que se guía por el olor a la carroña, que la actitud que debe tener una persona que actúa con responsabilidad.
Siempre recuerdo esos versos del Martín Fierro que dicen: “Y han de concluir algún día estos enredos malditos, la obra no la facilito porque aumentan el fandango, los que están como el chimango sobre el cuero y dando gritos”.
En definitiva, no convalido la violencia, sino que la repudio totalmente. Expreso mi respeto y solidaridad al pueblo de Catamarca; espero que pronto pueda votar como corresponde para elegir a quienes van a gobernar. No voto por un compromiso político, que por otra parte, no lo tengo con el acusado. Todo el mundo sabe que somos justicialistas pero estamos en casas distintas. No voto por compromiso político, no lo tengo. Tampoco voto por corporativismo, nunca lo he hecho. No creo que sea un elemento para votar una cuestión de esta naturaleza.
Que quede claro, no voto por Barrionuevo, sino por lo que creo que es justo, por mi convicción de lo que es justo, voto por lo que en su momento ha votado el pueblo de Catamarca al designar a sus representantes en el Senado de la Nación. Ese es el sentido de mi voto. (Aplausos.)

Proyecto de resolución sobre suspensión de sus funciones en la Cámara del senador Raúl Ochoa (11 de mayo de 2005)

11 de mayo de 2005
13ª Reunión – 7ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: Creo que primero corresponde proceder a la lectura del proyecto de resolución, porque si bien yo lo conozco porque participé de la reunión de la Comisión, no creo que el resto de los integrantes del cuerpo tenga pleno conocimiento de él. Luego de la lectura se abriría el debate sobre ese proyecto de resolución.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: He firmado en disidencia el proyecto de resolución que aquí se está considerando por no compartir sus fundamentos ni sus conclusiones.
Me voy a referir a lo manifestado en ocasión del tratamiento en la comisión el día de ayer, del cual se tomó debida versión taquigráfica. Pero quisiera ratificar algunos de los conceptos que expresé en esa oportunidad.
Realmente, me pareció muy interesante el argumento expuesto por el señor senador preopinante en cuanto al encuadramiento de la cuestión. Este encuadramiento del asunto en el artículo 64 y en el 70, no en el 66, me parece que está un poco más cerca de la verdad, desde mi punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión fundamental que aquí se está analizando es la imposición de una sanción a un senador de la Nación, una sanción disciplinaria que lo privaría de ejercer su mandato. Pero es, también, un hecho que trae consecuencias para la provincia que él representa, como la de quedarse sin una de las bancas que integran esta Cámara federal.
El proyecto de la mayoría sostiene que, si bien no hay sentencia firme, los hechos dan lugar a que se sancione o a que se tome esta medida que, repito, no es una mera suspensión preventiva sino una sanción; los fundamentos así lo dicen. Para eso, los fundamentos se remiten a la prueba recogida durante un proceso penal que terminó con la condena del senador Ochoa, como aquí se ha dicho y se dice en la resolución.
Lo que ocurre es que ese proceso penal que termina con una sentencia no está firme en cuanto a su conclusión. Está cuestionado y no sólo en el encuadramiento jurídico del tema, sino también en cuanto al armado de la plataforma fáctica. Es decir, el acusado ha negado los hechos; lo hizo al presentar el escrito de defensa y al recurrir en casación la resolución de la Cámara Oral Federal de San Luis, con lo cual, si en la resolución se toma por cierto que los hechos han ocurrido, creo que se está afectando el principio de inocencia, que no es una presunción —como se dijo por ahí—, sino que es un estado jurídico que sólo puede ser destruido por una sentencia condenatoria firme.
Es sabido que hay ciertos principios fundamentales que conforman los pilares de la libertad del individuo y que constituyen los pilares de cualquier tipo de juzgamiento. Si bien la Constitución se refiere a los aspectos penales, esos principios también se extienden a cualquier tipo de poder represivo. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? La garantía del debido proceso, el derecho de defensa, el principio del juez natural, la irretroactividad de la ley penal y el principio de inocencia, que es un principio fundamental, que —repito— sólo puede ser destruido por una sentencia condenatoria firme, que no existe en este caso.
Ahora bien, si esta Cámara entiende, como surge de la resolución, que el senador Ochoa ha incurrido en esa conducta —consistente en votar dos veces—, no correspondería la suspensión, sino directamente su exclusión, porque con la suspensión quedamos a mitad de camino: reconocemos relativamente el hecho, pero lo suspendemos, no lo excluimos.
Y esta cuestión no constituye una mera abstracción jurídica, sino que tiene sus consecuencias institucionales. Porque para el senador Ochoa, indudablemente, es más leve esta sanción de la suspensión; pero para la provincia que él representa, es más grave, porque quedará sin representación. En cambio, si se produjera la exclusión de dicho senador, la provincia tendría derecho a reclamar su sustitución. Entonces, este tema tiene que ver con la persona, con el legislador, pero también con la representación institucional de la provincia.
Aclaro que no he venido aquí a defender al senador Ochoa, a quien recién he conocido en estas bancas, sino a defender un principio jurídico fundamental según mis convicciones, como es el principio de inocencia, el cual —repito— es un estado jurídico y no una mera presunción. Además, está consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la Carta de los Derechos Humanos, en la Convención sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica y en todos los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos.
En consecuencia, ¿puede esta Cámara sancionar al senador Ochoa estando la sentencia cuestionada? Es claro que sí, pero en ese caso, no se debió remitir a la prueba receptada en el expediente judicial, porque esta se encuentra cuestionada. Es decir, está cuestionada la plataforma fáctica, tal como la han elaborado los jueces intervinientes. Entonces, se está incurriendo en una contradicción: se dice, por un lado, que la sentencia no está firme, pero se dan por ciertos los hechos en base a los cuales ha sido dictada. Esta es una contradicción.
¿Qué tendríamos que haber hecho, tal como se hizo en otra oportunidad en esta Cámara?
Tendríamos que haber hecho el sumario, como cuando se trató la expulsión o exclusión del senador Luis Barrionuevo. En aquella oportunidad, se llevó a cabo un verdadero sumario o proceso administrativo, vinieron decenas de testigos, se exhibieron videos y se trajeron las urnas que supuestamente se habían quemado. O sea, hubo recepción de pruebas y nosotros valoramos la prueba. No se trató de una prueba valorada por un tribunal cuyos resultados están cuestionados.
Además, aquí la sentencia puede ser revocada. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a incorporar al senador? ¿Vamos a dejar sin efecto la suspensión?
En cambio, si ejerciéramos nuestra facultad, como hubiera correspondido, de aplicar la sanción respectiva, la decisión no hubiera podido ser cuestionada, porque habríamos estado ejerciendo —como expresó el senador Sanz— un poder de la Cámara, un poder disciplinario.
Por estas razones, he votado en disidencia total este dictamen. Además, considero que el procedimiento debió ser otro. El procedimiento debió ser: apertura de un sumario, recepción de toda la prueba y su valoración por parte de este cuerpo.
Señor presidente: el artículo 70 dice: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público…”.
Por lo tanto, ¿a cuál sumario se hace referencia? Al que se tiene que hacer en la Cámara y no al sumario de la Justicia. Nosotros somos los que tenemos que valorar y no la Justicia.
Ya se ha dicho —y muy bien— que este caso no trata de un proceso penal, sino de uno administrativo o político que se hace en la Cámara.
Nosotros no tenemos por qué ir a examinar el sumario penal, ya que eso lo hacen los jueces y son ellos los que impondrán sus sanciones. Y nosotros tendremos que imponer o tomar las medidas pertinentes a través de nuestro propio sumario. Si no, ¿para qué se hizo en esta Cámara lo del ex senador Luis Barrionuevo, lo que implicó que se trajeran las urnas, los videos y los testigos?
Existían montones de denuncias de procesos penales, y nosotros hicimos nuestro propio procedimiento.
No quiero abrir una polémica, que sé cómo termina después. Espero no ser corregido por expresar mis opiniones con libertad.
Escucho murmullos en las bancas; no sé de qué se trata.
Por lo tanto, defiendo con toda convicción no al senador Ochoa, sino a un principio fundamental de la Constitución: el de la inocencia. Defiendo también las atribuciones de este cuerpo para corregir a sus miembros, pero siempre y cuando se lo haga en virtud de un debido proceso y procedimiento administrativo, que en este caso considero que no se llevó adelante.
Sigo sosteniendo que en esta instancia no está en juego sólo la persona de un legislador, sino la representación institucional de una provincia. Y creo que si como se dice en esta resolución, se considera que el señor senador Ochoa incurrió en este delito, que es grave, porque está vinculado ni más ni menos que con el derecho electoral, correspondería su exclusión y no la mera suspensión.
Por ese motivo, he firmado en disidencia total el dictamen en mayoría.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Me parece que hay una diferencia. Cuando nosotros tomamos una medida con un magistrado lo hacemos en el marco de un procedimiento administrativo que se tramita aquí, en el Senado. O sea, no lo tomamos en base a una sentencia de otro cuerpo sino que el procedimiento se lleva a cabo aquí, en el Senado de la Nación, como Tribunal de Juicio Político.
Señor presidente: quiero aclarar con relación al tema de Barrionuevo, que traje a colación anteriormente, que en aquella ocasión también existía una denuncia penal, aunque no había sentencia. Y, además, esa denuncia penal se hizo inmediatamente, aunque la sentencia llegó cuatro años después. Pero en ambos casos hubo denuncias penales. A eso me refería.
Sin embargo, en el caso de Barrionuevo no se esperó a que hubiera una sentencia, porque esta Cámara hizo su propio procedimiento y recibió muchísima prueba con el fin de realizar una valoración propia acerca de cómo habían sucedido los hechos. Y cuando se hizo esa valoración no se tuvo en cuenta, en absoluto, lo que hizo la Justicia penal.
Señor presidente: quiero formular una observación al señor senador Prades, que también vale con respecto a lo expuesto por la señora senadora por la Capital.
En la resolución en tratamiento, en ningún momento se habla de la suspensión como medida precautoria, sino como sanción. Es decir, se corrige la conducta y se habla de la suspensión como sanción. O sea que, si el espíritu de la medida consiste en imponer una medida precautoria, así debería establecerlo la resolución. Pero el proyecto de resolución habla de sanción, no de suspensión como medida precautoria.

CUESTIONES DE PRIVILEGIOS»

Contra el Vicepresidente de la Nación Carlos Álvarez (5 de julio de 2000)

5 de julio de 2000
33ª Reunión – 13ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: he solicitado la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Hace diecisiete años, en virtud del mandato que me ha conferido el pueblo de La Rioja, estoy ocupando una banca en el Senado de la Nación y creo que mi deber es no sólo representar a mi provincia, sino también defender la institución a la cual pertenezco. Quizás, en el fondo, no es una cuestión de privilegio tendiente a cuestionar o a atacar a alguien, o a buscar algún tipo de sanción, sino, más que todo, a defender a la institución Senado de la Nación, a la cual me honro en pertenecer.
Y esta cuestión no la planteo en forma extemporánea, porque los dichos que la mueven han ocurrido hace un tiempo, unos quince días, sino porque quería hacerlo enfrente y en presencia del señor Vicepresidente de la Nación, para que se entere en forma directa de lo que voy a decir y no que lo sepa a través de los medios, porque voy a hablar con la más absoluta franqueza y sinceridad, desde ya con el más alto respeto a la investidura y a la dignidad del señor Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado.
Con motivo de un proyecto de resolución firmado por varios señores senadores de la bancada justicialista que hacía referencia a ciertas atribuciones del Cuerpo relacionadas con la creación y supresión de reparticiones, como a la cuestión de la fijación del sueldo del personal y otras cuestiones administrativas, el señor Vicepresidente de la Nación formuló una serie de apreciaciones que desde mi punto de vista lesionan mis fueros parlamentarios, por cuanto es como obstaculizar o cuestionar en alguna medida el derecho que tienen los señores senadores de presentar proyectos.
Más allá del mayor o menor acierto que haya tenido ese proyecto, que puede ser cuestionable u opinable, más allá del mayor o menor valor que tenga, sostengo que bajo ningún punto de vista podía dar lugar a las descalificaciones que merecieron esta Cámara y sus integrantes con motivo de la presentación de ese proyecto y a raíz del cual el señor Presidente del Cuerpo, en un verdadero raid mediático que lo llevó a estar prácticamente en todos los medios en un determinado día (a un medio le dedicó 45 minutos), se ha referido en forma realmente descalificante hacia este Senado, sus integrantes y su personal. No sólo hacia los integrantes actuales de esta Cámara sino también hacia otros que ocuparon estas bancas desde 1983.
No voy a repetir todos los dichos del señor Presidente. Pero como para tener una idea de la gravedad de las imputaciones, quiero recordar algunas de las cosas que ha mencionado. Ha dicho que éste es un Cuerpo hiperprivilegiado que en un acto de demagogia, con la presencia de dirigentes sindicales en las galerías, ha derogado la baja de salarios de la gente que trabaja en el Senado, que entró por la política en general. Entonces, se deduce que aquí nadie entra por mérito sino por la política. También mencionó que el Partido Justicialista ha tenido una conducta en la Cámara de Senadores que es igual a la del Concejo Deliberante de la ciudad.
Para los provincianos, lo del Concejo Deliberante es una cuestión de porteños. Sé que cuando un porteño habla del Concejo Deliberante lo hace en términos muy despectivos; por eso, la intencionalidad. No nos molestaría la comparación con otro Cuerpo si no fuera por este sentido descalificante con que los capitalinos se han referido al antiguo Concejo Deliberante.
Manifiesta el señor Vicepresidente: «No voy a ser cómplice de la corporación política». Dice que «quieren seguir convirtiendo al Senado en un lugar de privilegios, con las mismas prácticas que tuvo el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires… Una de las causales más fuertes de la decadencia de la política, es la degradación de las instituciones financiando indirectamente a la política, con los ñoquis, con los empleados que se nombran, con las prebendas, con los privilegios.»
El Vicepresidente dice también que «hay una hiperinamovilidad», hablando de los empleados, por una ley de Eduardo Menem, o sea que no se puede echar a nadie que esté en la planta permanente. La verdad es que es una práctica que viene del 83, esto hay que decirlo, hay que dar batalla. Esto es pelea de los privilegios de la clase política… Voy a seguir en la política de limpieza del Senado.».
El periodista le dice que hay senadores justicialistas y de otros partidos, también de la Alianza, que han aprovechado este tipo de prebendas. El señor Vicepresidente le dice: «Sí, porque es una práctica que viene del 83». «¿Cómo puede ser que tengan tanto poder para seguir bancando esta corruptela?» «Y, tienen mucho poder; tienen mucho poder porque manejan las decisiones, son la mayoría… Creen que a mí me van a extorsionar actuando como una banda.».
Considero que con esto es suficiente, como para tener una idea de hasta dónde nos puede afectar a los que ocupamos estas bancas, por el trato totalmente injusto, para con los integrantes de esta Cámara, para con la institución del Senado de la Nación y para con sus empleados. Porque las descalificaciones del señor Vicepresidente son genéricas, son indiscriminadas.
Nos ha colocado a todos, señor Vicepresidente, en un verdadero estado de sospecha. No voy a contestar las expresiones agraviantes, porque constituyen juicios de valor. No voy a refutar los juicios de valor porque hacen a la conciencia de cada uno. Sí, voy a decir, que rechazo totalmente estas descalificaciones. Las rechazo con toda mi convicción. Le digo al señor Vicepresidente —reitero— que estoy muy orgulloso de pertenecer a este Senado de la Nación en todas las composiciones que han pasado desde 1983 hasta la fecha.
Me siento orgulloso de haber tenido como colegas a quienes antes ocuparon y a quienes hoy ocupan estas bancas. Me siento orgulloso más allá de todos nuestros defectos —que deben ser muchos, seguramente—, de todos nuestros errores y de todas nuestras falencias. Porque yo sé que si cometemos errores y nos equivocamos es porque trabajamos en defensa de nuestra provincias, de la democracia y de las instituciones de la República. Por eso no voy a contestar las descalificaciones realizadas. Pero sí quiero hacer alguna precisión.
Lamentablemente, no he sido yo quien dio la inamovilidad o la estabilidad a los empleados del Senado. Hubiera querido asignarme ese mérito. La estabilidad del empleado público, señor presidente, fue establecida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, reglamentado por distintas leyes.
Antes de la ley 24.600 —que es seguramente la norma a la que el señor presidente denomina «Ley Eduardo Menem»— el personal de esta casa ya tenía estabilidad por el régimen jurídico básico de la función pública establecido por la ley 22.140. Lo único que hice al promover la sanción de la ley 24.600 fue establecer un régimen atendiendo a las características propias del personal del Congreso de la Nación, que es distinto al del resto de la administración pública precisamente por ser esta una casa eminentemente política.
Por la transitoriedad de muchos empleados que vienen y se van con el legislador, su régimen es especial. Es así que si alguien analiza la ley se dará cuenta de cómo hace la distinción entre personal estable —de planta permanente— y personal transitorio; de cómo se establecen los módulos, etcétera. Pero reitero que la estabilidad o la «hiperinamovilidad» del personal —como la denomina el señor Vicepresidente— es una garantía constitucional.
Por ahí se ha hecho mucho hincapié en un tema menor pero sobre el cual no puedo dejar de hacer una aclaración. Me refiero concretamente al asunto de que los viernes los senadores comen con sus familiares en el salón comedor de esta casa.
Esto nunca ha sido cierto, señor presidente. Habrá sido un error de información. Quienes estamos en este Senado desde los primeros tiempos de esta nueva etapa democrática recordamos que durante aquellos años las sesiones se prolongaban muchísimo. Hemos tenido sesiones que terminaron a las cinco o seis de la mañana del día siguiente. Entonces, para no interrumpir las deliberaciones la Presidencia ofrecía un refrigerio en el salón contiguo.
Con el tiempo se tornó complicado ir y venir del salón. Por ello se optó por habilitar el salón comedor los miércoles, cuando las sesiones se prolongaban durante la noche, pero únicamente para uso de los señores senadores; no para los familiares.
Quiero decir también al señor Presidente que a raíz de este estado de sospecha en que se ha puesto a todo el Senado, últimamente los medios prácticamente se han dejado de interesar en los proyectos que tratamos. Sólo se publican listas de empleados, viajes, supuestos ñoquis, etcétera. O sea que la noticia de una institución fundamental de la República lamentablemente no es la tarea que le compete, que es la de ejercer la representación de las provincias y tratar proyectos de ley de importancia.
Si existen irregularidades pueden y deben tener solución. Creo que todos queremos que tengan solución sin necesidad de poner al Senado de la Nación en la picota. Quizás haya un poco de sentimentalismo en mi planteo, derivado de los años que estoy ocupando una banca en este Senado, del que en algún momento creo que el señor presidente ha dicho que siente vergüenza.
Quiero decir que no debe estar tan desprestigiada esta Cámara si aquí, en estas bancas, estuvo sentado el actual presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa. Y no durante un año sino por un período de seis años y después volvió a ocupar una banca. Fue un digno presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Si se habla de la corruptela desde 1983, seguramente les cabe a todos o nos cabe a todos.
De este Cuerpo, aparentemente tan desprestigiado, han salido siete gobernadores que hoy están gobernando en sus respectivas provincias luego de haber sido elegidos por la voluntad de los pueblos. Por este Senado han pasado figuras ilustres de la política que han dado pruebas de hombría de bien, de dedicación, de sacrificio, de entrega personal. No puedo olvidar ni dejar de recordar con cierta emoción que en esa banca (la señala) de la bancada radical una vez se sentó un senador por la provincia del Chubut, Kenneth Woodley, que estando con una enfermedad terminal, a punto de morir, para votar una ley que le pedía su partido, una ley importante para el gobierno del doctor Alfonsín, vino y se sentó sabiendo que le quedaban pocos días de vida.
No me puedo olvidar que atrás se sentaba el senador Bittel, un hombre cuyos méritos políticos no voy a señalar porque todos los conocen, sobre todo el señor Presidente porque trabajó en el Senado en el despacho del senador Bittel, quien accidentado, doblado de dolor en su banca estaba ahí presente para cumplir con su mandato. Fue capaz de renunciar a su banca para ir a ocupar una intendencia en el Chaco porque el partido se lo pedía; dejó la comodidad aparente del Senado para ir a la intendencia y después volver a ocupar una banca en este Cámara.
No me puedo olvidar del senador Martiarena, que en su larga exposición de siete horas para fundamentar por qué no había que trasladar la Capital al Sur tenía que salir cada veinte o treinta minutos para ir al baño porque se sentía mal, pese a lo cual seguía trabajando.
No me puedo olvidar de Margarita Malharro de Torres, esa excelente educadora, promotora de la ley del cupo femenino en este Senado, quien todos los días nos daba lecciones de vida.
Podría nombrar a muchos otros más, como los senadores Edison Otero, Vicente Saadi, que cuando tratamos el tema del Beagle se descomponía y dijo: «Únicamente muerto me van a sacar de esta banca», y otros que felizmente todavía siguen de cerca nuestras acciones, como el senador Adolfo Gass, mi antecesor en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Planteo esta cuestión de privilegio no para buscar ningún tipo de acción en contra de quien dijo algunas palabras desafortunadas, sino fundamentalmente para defender la memoria de todos los que pasaron por estas bancas, quienes no pueden ser tan injustamente afectados por declaraciones que pueden haber sido reacciones de un momento pero que han sido tomadas por los medios y por la opinión pública en forma descalificante, de modo tal que hasta se llegó a decir que aquí se estaba esperando que hubiese algún arrepentido, como ocurre en las fuerzas represoras, para denunciar a alguna organización tenebrosa que funciona en el Senado de la Nación.
Esta defensa que estoy haciendo del Senado de la Nación tiene que ver con el papel fundamental que ha tenido en la consolidación de este período de la democracia que es, felizmente, el más largo de los últimos años.
Señor Presidente: aquí, en este Senado se han defendido las autonomías provinciales por parte de cada uno de los señores senadores. Se han sancionado —en estos diecisiete años de vigencia de la democracia— leyes fundamentales para la República. Muchas veces se ha trabajado a destajo para sancionar estas leyes y creo que hemos colaborado para la reafirmación de los principios fundamentales de la República.
Por eso me voy a permitir hacer una convocatoria para evitar que vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza, porque a la vuelta de cada esquina hay quienes quieren atacar a las instituciones, descalificarlas, destruirlas. Y no es casual que siempre se tome como eje al Parlamento, que es lo primero que se cierra cuando hay golpes de Estado. Porque aquí está la pluralidad política. Aquí está representado todo el espectro político nacional. Aquí están los representantes del pueblo y, quizás, porque somos muchos, somos más vulnerables y tenemos menos poder para defendernos.
Por eso quiero hacer esta convocatoria, señor presidente, para que todos colaboremos en la jerarquización de la política; todos queremos hacerlo. No creo en ningún hombre providencial o salvador que pueda hacerlo por sí solo. Es una tarea de todos reafirmar la vigencia de las instituciones de la República, consolidar la democracia. Nada de eso vamos a conseguir si lo hacemos a costa del descrédito de otros políticos. Tenemos que hacerlo tratando de que cada uno de nosotros sea cada día mejor y no a costa del descrédito de nadie. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Contra la diputada nacional Elisa Carrió (15 de agosto de 2001)

15 de agosto de 2001
54ª Reunión – 16ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 4056 a 4058

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a plantear una cuestión de privilegio.
El viernes pasado, en un acto que va a pasar a la historia del Parlamento argentino como uno de los bochornos más grandes en que pudieron haber incurrido un grupo de legisladores y otros dirigentes políticos, que fue realizado en el Salón de Pasos Perdidos, la presidenta de la Comisión Especial Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados, Elisa Carrió, presentó lo que ellos llamaron un preinforme sobre el trabajo de la Comisión. Este preinforme, que vino precedido de toda una serie de anuncios mediáticos, de toda una parafernalia de hechos y acciones relatadas, como siempre, a través de los medios, que fue precedido de una gran expectativa, ni siquiera pudo conseguir la firma de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Esto lo va a juzgar, en su momento, la Cámara de Diputados y, por cierto, el pueblo de la Nación Argentina.
La cuestión de privilegio que vengo a plantear, señor presidente, tiene que ver con que en ese informe preliminar se hace mención de mi nombre. El párrafo pertinente dice: “La historia, sin embargo, de Gaith Pharaon comienza en la Argentina. La primera vez que arriba al país fue en el año 1980 de la mano del ex general Viola, y según testimonios recibidos con carácter reservado por un miembro de esta Comisión, lo recibieron en Ezeiza dos asesores, uno de nombre Ornar Vaquir y otro llamado Eduardo Menem.”.
Señor presidente, distinguidos colegas: esta es una infame mentira. No hay otro calificativo: infame mentira. Nunca fui asesor del general Viola ni de ningún otro dirigente de la dictadura militar. Nunca ocupé un cargo durante ese período. Más aún, en 1980, año al que hace referencia este informe, yo actuaba como defensor de mi hermano, el doctor Carlos Saúl Menem, que estaba sometido a la persecución del régimen militar. Concretamente, en 1980 estaba confinado en Las Lomitas. Yo era su abogado defensor. Él estaba sometido a esa verdadera aberración para el derecho argentino que fue la llamada Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, la CONAREPA, que le confiscó todos sus bienes. Repito, yo fui su abogado defensor. ¿A alguien se le puede cruzar por la mente la idea de que yo hubiera actuado, durante el gobierno de Viola —que encarceló al doctor Carlos Menem—, como asesor del carcelero de mi hermano?
Le hubiera sido muy fácil a la diputada Carrió y a los que firmaron el informe constatar la falsedad de este dato. Pero no les importó. Directamente, aplicando el principio de “miente, miente y algo quedará”, fueron adelante. Jamás en mi vida vi al señor Pharaon. No lo conozco. No lo recibí. No fui a Ezeiza a esperarlo. No estuve ni siquiera incidentalmente con él. Repito, no lo conozco. Por eso califico esto como una infame mentira.
Pero lo grave, señor presidente, distinguidos colegas, es que esta no es una mentira inocente. No es un mero error de información, ni algo que se les pasó. Está puesto así en forma deliberada, canallesca, porque están involucrados en una tremenda campaña de desprestigio contra todo lo que fue el gobierno anterior, en la persona del ex presidente y de su familia, que hoy tuvo una nueva manifestación en otra canallada que sale en los diarios sobre una supuesta sociedad constituida en el exterior. Desde ya expreso que es otra total e infame mentira. El abogado defensor del ex presidente ya pidió los exhortos para que se informe la verdad sobre este tema.
Me pregunto cuál es el límite, señor presidente. ¿Hasta dónde puede llegar la audacia y la temeridad de gente a la que el pueblo le dio mandato para que los represente dignamente, para que legislen, controlen y atienda sus necesidades, y no para que vayan a satisfacer propósitos espurios y fines subalternos?
El bochorno del viernes en el Salón de Pasos Perdidos no lo merece ni el Congreso de la Nación ni el pueblo argentino. Lo que debía ser un informe serio, meduloso, detallado, con participación de los presuntos imputados a fin de permitir el derecho de defensa, se convirtió en un linchamiento público de personas y empresas cuyo grado de responsabilidad desconozco; no me voy a meter en ese tema. Pero si los otros datos son como los que me involucran, ¡con qué falsedad e impunidad que están actuando! No es inmunidad parlamentaria sino que es impunidad. Y está amparada por algunos medios de difusión que parece que no aprenden nunca que no hay que crear estos monstruos mediáticos.
No hago ninguna alusión personal cuando digo que se inflan globos que después se pinchan y quedan reducidos a su mínima expresión. ¿O no conocemos los casos de estos héroes de papel que se convertían en únicos voceros y representantes de la comunidad, que eran los que tenían la verdad, que organizaban los cacerolazos, los bocinazos, las manifestaciones al lado de los trabajadores? Pero después se bajaron del camión en la Casa Rosada y se olvidaron de todo lo que habían prometido.
No podemos seguir tolerando en silencio este tipo de avasallamientos del honor y de la honra de las personas. No me voy a limitar a esta cuestión de privilegio que planteo, porque me siento afectado en mis fueros parlamentarios por miembros de la otra Cámara.
Le pido a mis colegas que reconozcan la razón que yo tenía cuando planteé en este recinto la necesidad de que nosotros creáramos nuestra propia comisión para investigar las maniobras de lavado de dinero. En aquella oportunidad dije que se estaba haciendo un uso subalterno y espurio de lo que debe ser una investigación seria; que se estaba queriendo llevar agua para su molino político; que se estaba falseando información; que se estaban tirando nombres y que se apresuraron en hacer esta maniobra, cuando por otros medios salió una lista de personas y de entidades que presuntamente figuraban en esas cajas y que fueron denunciadas en este Senado de la Nación.
He intimado a los firmantes del predictamen a que rectifiquen la información o a que digan públicamente qué pruebas tienen de esta infamia. Hasta ahora no he tenido contestación. Además, he intimado a la comisión de lavado de dinero de la Cámara de Diputados en los términos del artículo 5 de la ley de hábeas data o de protección de datos personales, para que procedan a borrar del archivo la falsa información, bajo apercibimiento de ejercer la acción que prevé aquella ley, que aprobara este Honorable Senado de la Nación sobre la base de un proyecto de mi autoría.
Realmente, señor presidente, habría preferido no distraer la atención del Senado con este tema, frente a la gravedad de la crisis que vive el país. Sé que nos debemos abocar a los temas de fondo; pero tenemos que estar con la basura, con esta escoria que arrojan todos los días tratándonos de sacudir el barro que nos tiran en la ropa. Pareciera que la única forma que tienen de hacer política es ensuciando.
Acá en el Senado ya hemos pasado por la triste experiencia de tener a aquellos falsos moralistas que han venido y dieron lástima cuando estuvieron al frente de este cuerpo.
Por eso pido a los distinguidos colegas que me disculpen si soy un poco vehemente en la forma de realizar este planteo, pero lo que ocurre es que estoy indignado y horrorizado por el espectáculo que da esa persona que se pasea por todos los medios tirando basura, ensuciando, tildando de delincuentes y linchando. No va a tener límites, si no se los ponemos nosotros. No los van a tener si continúan recibiendo la colaboración de algunos medios que en forma irresponsable les siguen dando pantalla, muchas páginas y segundos de radio para que ataquen a otras personas.
Si es que existen irregularidades, ¿por qué no dejan que la justicia investigue? Pido esto para que no existan estos linchamientos públicos cuando ya está la condena. Pareciera que a través de los medios te denuncian a la mañana, te juzgan al mediodía, te sentencian a la tarde y te ejecutan a la noche.
Frente a este panorama y teniendo en cuenta que hay gente que procura dividir, discriminar, ensuciar y desacreditar a los argentinos no podemos ni siquiera pensar en hablar de unidad nacional.
Por las razones expuestas dejo planteada la cuestión de privilegio. Realmente, me siento afectado en mis fueros por una mentira canallesca, mal intencionada y tortuosa; y pese a mi pedido y a tener la forma muy clara y fácil de demostrar que es falaz, no han tenido la hidalguía de retractarse.
Ante esta actitud canalla de algunos que creen que hacer política es tirar basura, planteo esta cuestión que solicito pase a la Comisión de Asuntos y Constitucionales. Les agradezco la atención.

Resolución de la cuestión de privilegio contra la diputada nacional Elisa Carrió (21 de noviembre de 2001)

21 de noviembre de 2001
72ª Reunión – 24ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: no tengo mucha predisposición a plantear cuestiones de privilegio pero cuando hay ofensas a la verdad y a la persona en forma grosera y toman un estado público realmente inusitado, no queda otro remedio que hacerlo en defensa de la dignidad, del honor y de los fueros parlamentarios.

Oportunamente planteé esta cuestión de privilegio a raíz de un informe que había realizado la Comisión Especial Investigadora de Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero, formada por la Cámara de Diputados. Dicho informe fue dado a conocer el 10 de agosto del corriente año.
En ese informe se expresa que la historia comenzó con la llegada a la Argentina del señor Gaith Pharaon en 1980, de la mano del general Viola. Y el informe de esa comisión señala que, según testimonios, al señor Gaith Pharaon lo recibieron dos asesores del general Viola, entre los cuales se me nombra.
Dicho informe, al cual dio gran trascendencia con un show mediático impresionante la diputada Carrió y toda la troupe que siempre lleva a esos espectáculos que arma con el apoyo de la prensa, tuvo una extraordinaria difusión.
Cuando me enteré de esa aseveración, envié una carta documento a la presidenta de dicha comisión y a todos sus demás miembros, haciéndoles saber la falsedad de esa afirmación hecha por la diputada Carrió que figuraba en ese informe.
Luego hablé con algunos integrantes de esa comisión y, la mayoría de ellos, afirmó que ese dato había sido incorporado por la señora diputada Carrió.
Sin embargo, la citada legisladora no sólo no contestó mi intimación sino que, además —como es su costumbre—, salió a decir por otros medios que realmente el dato era cierto y que se lo había dado el historiador Rogelio García Luppo, un hombre vastamente conocido en el mundo del periodismo y de los historiadores.
Entonces, al promover la cuestión de privilegio pedí que se citara al mencionado historiador, quien concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de este cuerpo, hizo una larguísima exposición —de más de una hora— y terminó afirmando que él no había sido la fuente de la diputada Carrió. En otras palabras, desmintió que ese dato se lo hubiera dado él a la legisladora.
Pero cuando trascendió esta situación, lejos de tratar de enmendar el error, la diputada Carrió insistió en que ella tenía otras fuentes de información. Es decir, ya no era García Luppo, sino que eran otras personas quienes la habían informado, pero no las identificó.
Señor presidente: esta situación revela una irresponsabilidad de una gravedad institucional tremenda, porque la señora diputada estaba actuando en nombre de un cuerpo.
Es cierto que en esa comisión pasaron muchas cosas, como por ejemplo que cada uno hizo después un informe por su cuenta. Pero lo cierto es que toda la difusión que se llevó a cabo de esa información a través de la prensa causó un sensible daño, por cuanto yo tuve que salir a dar diversas explicaciones.
En efecto, tuve que explicar que en 1980 no cumplí ninguna función; que no conocí nunca al general Viola; que nunca fui su asesor; que nunca estuve en Ezeiza para recibir al señor Pharaon; que nunca lo conocí; y que no tuve ninguna reunión con él.
Es decir, tuve que salir a dar explicaciones por el poder mediático que tiene esa diputada, indudablemente muy afecta a las mentiras. Ya ha quedado demostrado que es una mentirosa pública que usa a los medios con una total impunidad.
Desde el presidente de la Nación para abajo, nadie se salvó de sus acusaciones, de la más variada gravedad. Cree que tiene patente de corso para mentir. Pero yo no se las dejo pasar. Aquí ha quedado demostrado que mintió, que incurrió en falsedades de manera maliciosa, deliberada. Acá no hay un error sino una mentira deliberada. No puede invocar una fuente que, después, dice que no le dio esa información. Quiere decir que ha mentido.
Además, según datos suministrados por una ONG que la misma comisión consultó, es sabido que este informe sobre lavado de dinero ha sido calificado de catastrófico. Y es en ese informe en donde se pone en juego el honor y prestigio de mucha gente que está actuando adentro y afuera de la política. Por eso he planteado la cuestión de privilegio.
La Comisión ha recibido la prueba y por supuesto que la señora Carrió no hizo absolutamente aporte alguno. Como ella tiene impunidad total para decir lo que quiere, no concurrió ni dio explicaciones. Por eso se planteó la cuestión de privilegio, a la que hizo lugar la comisión en su dictamen, dejando a salvo el buen nombre y honor del senador agraviado y manifestando su preocupación por la falta de prudencia y responsabilidad demostrada por algunos integrantes de la Comisión Especial Investigadora de Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero al promover la difusión de datos inexactos que endilgan sospechas descalificantes respecto de un miembro de este cuerpo, sin que haya mediado un adecuado examen de su veracidad y confiabilidad. Y este despacho fue comunicado a la comisión.
Les quiero agradecer a mis colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales que han firmado este dictamen haciendo lugar a la cuestión de privilegio.
Señor presidente: con la mentira pasa como con la moneda falsa, que la acuñan los delincuentes y la hacen correr personas de buena fe. Pero ocurre que cuando esas personas que las acuñan tienen poder mediático y están en los medios todos los días, el daño causado es mucho mayor.
De todos modos, estoy satisfecho porque quienes son mis pares en este cuerpo, que integro desde hace tanto tiempo, han reconocido la procedencia de esta cuestión de privilegio que ahora se somete a la consideración de la Cámara.

Por el no tratamiento de proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales (4 de mayo de 2005)

4 de mayo de 2005
11ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: Debo recurrir a este mecanismo de plantear una cuestión de privilegio, porque reconozco que no tengo otro medio para denunciar una situación que se viene produciendo en el procedimiento de las Comisiones, aquí, en el Senado, y que afecta mis fueros parlamentarios.
Se trata de la situación planteada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde, pese a los requerimientos formulados y a la antigüedad que tienen los proyectos que he presentado con mi firma, no he podido conseguir que fueran tratados.
Como resulta obvio no pretendo que los proyectos girados a una Comisión, necesariamente deban ser aprobados, pero hace a la responsabilidad institucional del Presidente y de los integrantes de esa Comisión que, cuando se presenta un proyecto, por lo menos, merezca la consideración de su tratamiento.
No soy de los que abrumo a las comisiones con la presentación de cataratas de proyectos. No me interesan los récords en ese sentido ni tampoco quiero decir que mis proyectos sean los más importantes. Pero no he podido conseguir, desde hace por lo menos dos años, que uno solo de los proyectos que llevan mi firma figuren en la agenda para su consideración.
Quiero decir que son proyectos que nada tienen que ver con cuestiones personales o sectoriales. Se trata de iniciativas de importancia desde el punto de vista institucional.
Por ejemplo, el proyecto por el que se reglamenta la participación de las mujeres en las conducciones partidarias. Eso está establecido en el artículo 37, segunda parte, de la Constitución Nacional, cuando dice que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe darse en los cargos electivos y partidarios.
En mérito a esa norma, he propuesto que en la reglamentación de los partidos políticos se incluya la obligación de que haya un 30 por ciento de mujeres en las conducciones partidarias. Es un proyecto que por la trascendencia del tema merecía ser considerado.
También, entre otros que he presentado, hay uno vinculado con la reglamentación de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Otro, relacionado con el otorgamiento de jerarquía constitucional al Tratado Internacional de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Castigar la Violencia contra la Mujer. Se trata de una Convención sumamente importante, ratificada por el Congreso de la Nación. En ese sentido, puedo informar que el proyecto lo presenté en marzo de 2004 —ha pasado más de un año— y no creo que fuera de trámite tan complejo como para no merecer su tratamiento, máxime cuando hubo Tratados de esa naturaleza a los que ya se les dio jerarquía constitucional en este Senado. Pese a todo ello, no he podido conseguir que fueran puestos en consideración.
Indudablemente, tengo que pensar que se trata de una discriminación, en el sentido de que los proyectos que llevan mi firma directamente tengan que ser obviados o no considerados. Y no podría permitir que una situación de esta naturaleza no sea puesta en conocimiento de mis pares, de quienes ocupan estas bancas.
Sabemos que tenemos obligaciones. Nuestra función no es solamente legislativa, pero uno de los aspectos principales de la función del legislador es la presentación de proyectos.
Reitero que se trata de proyectos que tienen trascendencia institucional; por lo menos, aspiraría a que sean puestos en consideración, ya que no podría exigir que fueran aprobados si no cuentan con la mayoría necesaria. Para decirlo en los términos que emplea sobre todo la juventud, pareciera que esto está en el mismo “combo” de las noticias que están apareciendo últimamente en los diarios en cuanto a que sería inminente mi desplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A mí el tema no me preocupa porque vengo soportando este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo, lo que es de conocimiento de mis colegas, y ya estoy bastante curtido como para que me quite el sueño una actitud más en ese mismo sentido. Pero lo que no puedo silenciar es que sea discriminado en lo que hace a mi función como legislador en el tratamiento de los temas que planteo, como lo hace cualquier otro senador.
Es cierto que la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene mucho trabajo, pero pareciera que en la selección de los asuntos a tratar únicamente tienen prioridad aquellos que interesan al gobierno o a la presidenta de dicha comisión. Y yo creo que aquí todos somos iguales en cuanto a la consideración que deben merecer los proyectos que presentamos.
Según el detalle que estuve observando, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 190 proyectos de ley a considerar, más todos los de comunicación y de resolución. A mí me gustaría que mis colegas se tomaran el trabajo de observar esa lista, que algunos ya deben conocer, para que pudieran advertir la gran importancia que tienen muchas de esas iniciativas. Pero resulta que se tratan sólo uno o dos; últimamente nos hemos dedicado a la provincia de San Luis y en otras ocasiones nos dedicamos a cualquier otro tema, siempre en largas reuniones. No obstante, a pesar de que los proyectos a los que estoy aludiendo están desde hace mucho tiempo en comisión, no son considerados.
Por supuesto que deben existir prioridades en función de la trascendencia de los temas, pero yo digo también que deben existir prioridades por el tiempo que algunos proyectos llevan en Comisión. Si no, corremos el riesgo de que por la ley Olmedo caduquen algunas de esas iniciativas, que en tal caso habrá que reproducir.
Pues bien, debo decir ante mis colegas que íntimamente creo que en lo que hace a mi persona esto no es inocente. Siempre he dicho que el odio y la estupidez no tienen límites, pero esto hace a la conciencia de cada uno. No obstante, no me puedo quedar callado frente a esta falta de consideración a mi condición de legislador; si así lo hiciera, no representaría dignamente a mi provincia, sobre todo si no hiciera valer el mandato que se me ha dado para presentar todos aquellos proyectos que tengan que ver con el funcionamiento de las instituciones del país y con la defensa de los intereses de mi provincia.
Por supuesto que estoy convencido de que esta cuestión de privilegio tampoco será tratada. En los últimos tiempos se han planteado muchas y nunca se han resuelto ni han sido consideradas. Sólo recuerdo el tratamiento de una o dos cuestiones; seguramente, esta irá aparar a algún cajón. A pesar de ello, quiero dejar sentada públicamente esta manifestación porque realmente me siento afectado en mis fueros parlamentarios.
Dicho esto, solicito que esta cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Por el desplazamiento de una Comisión (8 de junio de 2005)

8 de junio de 2005
16ª Reunión – 10ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: Voy a plantear una cuestión de privilegio con motivo de la resolución que ha tomado esa Presidencia de desplazarme de la Comisión de Legislación General.
Sé que esa decisión ha sido tomada a pedido del bloque oficialista. Ha sido hecha pública en este recinto a través de una cuestión de privilegio, en una sesión anterior, argumentando que el bloque oficialista necesitaba tener mayoría en todas las comisiones.
Se me hizo una insinuación para que renunciara a alguna de las comisiones, a Asuntos Constitucionales o a Legislación General. No renuncié a ninguna de ellas, no obstante lo cual he sido desplazado de la Comisión de Legislación General.
Este planteo de la cuestión de privilegio se da en un plano reglamentario y en un plano político. En el plano reglamentario, esta decisión de desplazamiento viola el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, porque su artículo 91 dice en forma expresa que los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia.
La norma es clara, no se puede cambiar la composición de las comisiones hasta la renovación del Senado, a menos que renuncie el senador de que se trate. Esto lo dice claramente el artículo 93 y no hay absolutamente ninguna norma que permita colegir una interpretación en contrario.
La norma del artículo 91 que invocó el bloque oficialista para producir este desplazamiento hace referencia a que la designación de los senadores que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo posible —no es taxativo ni sacramental—, en lo posible —repito— en la forma en que los sectores políticos estén representados, es decir, en la misma proporción que en el seno de la Cámara. Entonces, si dice “en lo posible” y, por otra parte, tenemos otra norma como el artículo 93, que dice que sólo en dos casos se pueden alterar las comisiones, esto es por renovación del Senado o por renuncia, no cabe duda de que acá se ha producido el desplazamiento en forma ilegítima, ilegal y antirreglamentaria. Creo que eso debió ser tenido en cuenta por la Presidencia.
Pero esto tiene una connotación política. A ninguno de los que están sentados en este recinto se le escapa que yo he sido desplazado como una forma de sanción o castigo por haberme ido del bloque oficialista, lo que responde a un estilo que parece que ya se ha hecho carne en el país, el estilo de la prepotencia, del avance, de que “o te sometes o vas a pagar las consecuencias”.
Es ese estilo arbitrario con que se manejan estas cuestiones y que no puedo tolerar, pero no a título personal, sino por la representación institucional que tengo. ¿A quién se le va a hacer creer que el hecho de que una comisión tenga más o menos representantes de un sector le va a producir algún tipo de problema, cuando los dictámenes de las comisiones no son vinculantes? Entonces, que alguna comisión no tenga la mayoría oficialista no creo que le cause un mayor gravamen.
Más aún, para que se advierta hasta dónde es cierto lo que estoy afirmando, no es la única comisión en la cual el oficialismo quedó en minoría. En la Comisión de Relaciones Exteriores también están en minoría y nadie hizo un planteo de este tipo. Incluso, en la Comisión de Legislación General, aun habiéndome sustituido en forma ilegal, también siguen estando en minoría. Por lo tanto, a continuación tendría que venir el desplazamiento de algún otro senador porque se les ha ocurrido que deben tener la mayoría.
Al parecer, esta situación pretende ser una advertencia. Pero hay que tener en cuenta que se afecta el fuero de un senador cuando es desplazado en forma ilegal —o antirreglamentaria— de una comisión.
En lo personal, después de tantos años en el Senado, no me afecta ni me quita el sueño pertenecer o no a una comisión. Pero quiero dejar en claro que integrar una comisión es un derecho y también una obligación para nosotros. Se trata de aquellas relaciones en las que hay un derecho y una obligación o deber. A mí se me está privando del cumplimiento de un deber y del derecho de pertenecer a las comisiones respecto de las cuales, en su oportunidad, se nos preguntó a cuál queríamos pertenecer y se hizo la respectiva opción.
Por otro lado, el mismo artículo 91 dispone que cada senador deberá integrar cinco comisiones permanentes. Pero actualmente, quedé como integrante de sólo cuatro comisiones permanentes. Advierto esta situación a los efectos de que no se diga que no cumplo con la obligación de integrar cinco comisiones. Procuré —dentro de mis posibilidades— de trabajar y participar en las comisiones. No figuro en ninguna de ellas a simple título honorífico. No soy de aquellos que forman parte de una comisión y no van nunca. Contrariamente, asisto y trabajo en las reuniones de las comisiones. A pesar de ello, parece que el estilo político imperante es el de la prepotencia, el del “apriete” y el del sometimiento.
No podía dejar pasar esta oportunidad para expresarme. Dejo sometido al criterio de la Presidencia si se me adjudicará alguna otra comisión; no sé si será alguna permanente o especial, eso lo dejo a criterio de la Presidencia. No tengo problema de trabajar en cualquier comisión; para mí es un honor estar con mis pares en cualquiera de ellas.
Cuando elegí las comisiones que integraría, mi elección se basó en mi vocación. Pero de todos modos, tenemos la obligación de participar de todas ellas.
Estos fueron los motivos que me llevaron a plantear esta cuestión de privilegio, que doy por descontado que dormirá el sueño de los justos, como todas las otras que se han planteado, o por lo menos, las que yo he presentado, salvo una excepción cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba presidida por otro senador.
De todos modos, no podía permanecer en silencio frente a este verdadero atropello que afecta mis fueros parlamentarios de senador en representación de la provincia de La Rioja.

ASUNTOS VARIOS»

Consideraciones políticas sobre el Plan de Labor Parlamentaria (22 de diciembre de 1999)

22 de diciembre de 1999
69ª Reunión – 2ª Sesión extraordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a ser sumamente breve, porque me quiero colocar en el marco del debate.
Parece que no hemos tomado conciencia de que, prácticamente, todavía no hemos empezado a sesionar. Estamos discutiendo la ubicación de los temas en el plan de labor, para lo cual tendríamos que haber hablado tres minutos cada uno y luego votar. Pero hace dos horas que estamos escuchando discursos políticos y hablando sobre el fondo de temas que no sabemos en qué orden se van a considerar. Me parece que es una desubicación total.
Realmente, no iba a hacer uso de la palabra por esa razón. Pero como el señor senador Genoud dice que el que calla otorga, debo hacer uso de la palabra, porque no pienso lo mismo que él. Un profesor de derecho nos decía que el que calla no dice nada. No dice ni que sí ni que no. Pero como él dice que el que calla otorga, no puedo dejar pasar por alto que aquí se han hecho apreciaciones sobre herencias, que se ha entrado en el derecho sucesorio, que se habló del beneficio de inventario y no sé de cuántas cosas más, como si el radicalismo hubiera dejado el gobierno en 1989 en el mejor de los mundos. Como si no hubieran puesto «los pies en polvorosa» seis meses antes por el fracaso económico rotundo que tuvieron. Creo que nunca en la historia del país un gobierno pudo exhibir un fracaso económico tan grande. No se los vengo a enrostrar; no es mi intención. Pero, por favor, no hablen de que han recibido una herencia catastrófica y de que tienen que poner el país en economía de guerra para poder afrontar el déficit, si del déficit se empieza a hablar ahora. ¿O se olvidaron en qué estado deficitario estaba el país en 1989? No voy a hablar de la inflación ni de la hiperinflación, pero sí quiero recordar que aun en el peor de los casos el déficit del cual se está hablando ahora, señor presidente, estaría en el orden del 2 por ciento del producto bruto. No llega al 3 por ciento. En cambio el déficit fiscal que dejó el gobierno radical en el 89 estaba en el orden del 15 por ciento del producto bruto. Hay una pequeña diferencia.
Me parece que están hablando con un grado de amnesia que no podemos dejar pasar por alto. No quiero volver a eso. Pero que no vengan a decir que una situación es comparable a la otra.
Les quiero recordar que, en la década del 80, el país decreció a razón del 1 por ciento por año.
Y del 90 en adelante, aun con las crisis internacionales, hemos crecido un 48 por ciento.
Parece que se han olvidado de que están recibiendo el Banco Central con más de 30 mil millones de dólares y divisas de reserva, cuando lo dejaron con menos de 100 millones de reservas en 1989. También parece que se han olvidado de todas las deudas que dejaron; era un incendio, no pagaron a los jubilados, ni a los proveedores.
Hemos pagado más de 13 mil millones de dólares a los jubilados.
En ese sentido decían que no dejaron deuda, prácticamente. Y es claro, si no contabilizaban la deuda con los proveedores ni la deuda con los jubilados. No pagaban directamente.
Y esto de que no hayamos llegado al investment grade del que tanto habló el presidente de la Rúa tiene que ver con los incumplimientos del pasado. Nos convertimos en un país poco creíble. Y gracias a este esfuerzo de ponernos en orden, en los últimos años, hemos ganado confianza, que no queremos que se pierda.
Creo, señor presidente, que hoy no podemos empezar a tirarnos palos cuando estamos todos en el mismo barco.
No veo por qué la imposición de tener que tratar el paquete impositivo antes que el presupuesto. No lo entiendo.
Estoy en el Senado desde 1983. Hemos aprobado dieciséis presupuestos y nunca se puso como condición que previamente había que tratar el paquete fiscal, nunca. Realmente, que se trate uno u otro primero no tiene mayor importancia siempre que lo tratemos, que haya voluntad de hacerlo.
Y no se nos puede hacer ningún tipo de imputación respecto de demoras. Cuando asumió el presidente de la Rúa, el 10 de diciembre, me sorprendió que anunciara en términos prácticamente de tragedia que asumía sin presupuesto. Y yo recordaba que el presidente Menem había asumido en julio del 89 sin presupuesto. El presupuesto de este año recién va a empezar a regir en enero. Y lo van a tener.
Pero pongamos nuestra mejor buena voluntad. Dejemos de hacer campaña por los medios, de amenazar como hacen algunos legisladores del oficialismo. Dejen de amenazar con que nos van a dedicar cuatro tapas de no sé qué diario si no sancionamos tal o cual presupuesto, tal o cual ley tal día. Por favor, tengamos un lenguaje políticamente civilizado, dejémonos de amenazas, de decir que no van a mandar plata a los gobernadores. Tratemos de lograr un consenso para considerar estos temas como corresponde, con las disidencias que haya. Hay que comprender que no es fácil que vuelvan los senadores a sus provincias y digan que se ha aprobado tal tema que grava el tabaco o los cigarrillos, que grava los cítricos o tal economía regional, y que lo hagan alegremente.
No puede ser que vengan con esa prepotencia de querer imponer que tal cosa sea tratada antes y tal otra después. Dejemos que se decida democráticamente.
Cada bloque tiene sus necesidades y sus tiempos. Hay que saber manejar los tiempos.
De lo que pueden tener seguridad es de que este bloque de senadores justicialistas va votar el presupuesto y la ley impositiva, pero con responsabilidad. La va a votar estudiándola, analizándola para que después se pueda explicar a la opinión pública qué hemos votado. Para que no digamos que hemos votado como un gesto de buena voluntad hacia el gobierno, porque con eso no alcanza.
Pienso que nos han elegido para que votemos con responsabilidad, con conocimiento, para que seamos responsables de lo que estamos votando.
Por eso, señor presidente, propongo que de inmediato pasemos a aprobar el plan de labor de una forma o de la otra, porque si seguimos con estos discursos largueros, grandilocuentes, recordando el pasado, nos vamos a quedar con que hemos aprobado el plan de labor y no vamos a tener tiempo para debatir.
Como decía Ortega y Gasset, vamos a las cosas, y entremos a tratar los temas de fondo, dejando este debate político que hoy no nos va a conducir a ningún lado.

Consideraciones políticas con motivo de la designación del Dr. Enrique Paixao en la Auditoría General de la Nación (22 de diciembre de 1999)

22 de diciembre de 1999
69ª Reunión – 2ª Sesión Extraordinaria
Diario de Sesiones – Páginas CCCVII y CCCVIII

Sr. Menem. — Señor presidente: me siento obligado a decir algunas palabras sobre este tema porque me tocó, precisamente en ejercicio de la Presidencia Provisional, tomar juramento al doctor Paixao como presidente de la Auditoría, a propuesta del radicalismo.
Tengo del doctor Paixao el mejor de los conceptos. Me tocó trabajar con él en la Convención Constituyente; fue un muy buen convencional; creo que hizo aportes importantes. He discrepado con él muchas veces en cuanto a cuestiones relativas a la Auditoría General, pero eso está dentro de los márgenes de disenso en la consideración de los temas públicos.
Lamento que hayamos entrado en este terreno de crispación de la política, para usar un término que gusta a los españoles. Pareciera que aquí hay una acción y una reacción.
Me ha disgustado muchísimo esa labor de esmerilamiento que se hizo en contra de la designación como Presidente de la Auditoría al doctor Rodolfo Barra. Me permito corregir al senador por Mendoza: no es la opinión pública sino la opinión publicada, que es algo muy distinto. Además, la Constitución es muy clara: es el principal partido de la oposición el que tiene derecho a proponer el candidato y el partido de gobierno no tiene facultades para ejercer el control de si es bueno o malo; lo tiene que aceptar. Esto también lo sabe el doctor Paixao, porque fue convencional constituyente; estoy seguro de que comparte este pensamiento.
¡Qué diferencia, señor presidente! En oportunidad de tomar juramento al doctor Paixao, lo hicimos en una ceremonia en el Salón Azul, con invitaciones y citaciones; estaba presente gente de nuestro partido y de la oposición; realmente fue un acto trascendente. Por primera vez se daba el control de la Auditoría a un hombre de la oposición. Se encontraba allí hasta el ex presidente constitucional doctor Alfonsín.
Pero cuando le correspondió hacer la propuesta al justicialismo, el juramento fue hecho en el Salón Azul, parados, sin posibilidad de invitaciones ni citaciones y con una “capitis diminutio”. Porque fue una “capitis diminutio” que ni el Presidente de este Senado ni el Presidente Provisional hayan querido tomar juramento al doctor Barra.
Entonces, no hay motivo para la ofuscación del señor senador por Mendoza porque él contribuyó a crear este clima. En la democracia hay que ser tolerantes; no se puede actuar para la opinión pública y para los medios. Por supuesto que fue más fácil decir: “Yo no le tomo juramento”, como una forma de descalificación, pero para mí se trataba de un deber, porque así lo manda la Constitución.
En efecto, uno no le puede tomar juramento al que se le ocurre; y así lo sostuve en esta Cámara siendo Presidente Provisional. Recuerdo que un Vicepresidente dijo una vez que si el Cuerpo aprobaba el diploma de un senador, él no le iba a tomar juramento. Por mi parte sostengo que esa es una obligación del presidente de la Cámara, porque así lo prescribe nuestra Carta Magna y el Reglamento. No se trata de un juez, que se puede excusar por razones de parentesco, amistad o enemistad, sino que aquí está de por medio una función pública que se debe cumplir.
Por lo tanto, reitero, entiendo que no hay motivos para ofuscarse.
Yo no comparto los cuestionamientos que se hacen desde mi bancada y por eso votaré afirmativamente por el doctor Paixao. Pero al igual que en la física, en la política hay acciones y reacciones y el que siembra viento, cosecha tempestades.
Quiero hacer un llamado a la tolerancia, a la convivencia pacífica en materia política, a fin de que dejemos de descalificarnos, de tirarnos con epítetos que ponen a las personas en una posición de disfavor frente a la opinión pública y que son tomados por los medios para amplificarlos.
Recuerden que detrás de cada persona existe una familia y no hay derecho a efectuar ese tipo de descalificaciones. Si se conocen delitos, que se denuncien ante la Justicia, pero dejemos esa política barata, la difamación y el querer permanentemente tirar por tierra la honra y los prestigios personales.
Por eso me siento mal por presenciar este tipo de debates, porque no es esto lo que quiso la Constitución cuando, con una sabiduría extrema, dejó el control de las cuentas públicas al principal partido de la oposición. Esto era la primera vez que ocurría en nuestro país; hemos marcado un hito. En este sentido, yo me enorgullezco cada vez que viajo al extranjero cuando, al explicar la Constitución, señalo que en mi país el control de las cuentas públicas lo tiene el principal partido de la oposición, a través de la presidencia del organismo pertinente.
Pero resulta que, por esas cosas domésticas, estamos descalificando de antemano, prejuzgando, a quien ejercerá dicha función.
Por lo tanto, invito y convoco a que levantemos las miras y a que, de aquí en más, cuando un partido haga una propuesta, sepamos respetarla y admitirla, porque esas son las reglas de la política y lo que nos permitirá demostrar madurez frente a la sociedad. De este modo, no daremos lugar a las críticas destructivas que realmente arrasan y avasallan los honores de las personas, llegando a verdaderos linchamientos públicos antes de tener siquiera la oportunidad de defenderse.
Reitero que votaré afirmativamente por el doctor Paixao porque lo considero un hombre de bien. Creo que ha desempeñado correctamente su tarea de presidente, más allá de las discrepancias que he tenido con él en muchos temas. Pero comprendo la actitud o la posición asumida por mi bloque, porque sus integrantes tienen todo el derecho de efectuar los cuestionamientos que estimen corresponder.

Proyecto de comunicación sobre la venta del avión presidencial Tango 01 (23 y 24 de agosto de 2000)

23 y 24 de agosto de 2000
46ª Reunión – 16ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 4324 a 4329

Sr. Menem. — Señor presidente: este orden del día se refiere a un proyecto de comunicación que presenté oportunamente por el cual solicitaba que se dejara sin efecto la decisión del Poder Ejecutivo de vender el avión presidencial conocido como Tango 01.
He querido hacer estas consideraciones, señor presidente, porque mucho se habló respecto de esta cuestión que ha servido para atacar al anterior presidente de la Nación y al gobierno y también se ha utilizado de spot publicitario para la campaña política. Se ha hablado con total ligereza y liviandad, señalándose que se trataba de un aparato frívolo, para el lujo y la ostentación
Pero ahora que se ha llegado al momento de venderlo se han dado cuenta, después de pedir muchos informes, que es un instrumento de trabajo de suma utilidad para el presidente de la Nación, dado que está dotado de todos los elementos de confort y de seguridad, a tono con la jerarquía presidencial. En consecuencia, no ha sido un despilfarro ni un gasto innecesario o superfluo, como tantas veces se ha dicho.
Como decía, este tema ha sido utilizado como spot para la campaña presidencial sin conocer absolutamente nada de las características del avión ni del que podía venir en su reemplazo.
Por eso, cuando el actual presidente decide vender el avión pide informes a la Casa Militar, la cual efectúa un estudio exhaustivo de todas las opciones de sustitución del actual Tango 01. El presidente de la Nación entendía que tenía que comprar un avión más chico, tipo ejecutivo, que estuviera a tono con la austeridad del actual gobierno.
El informe de la Casa Militar es terminante no sólo respecto de la conveniencia de no vender este avión sino que se destacan las bondades que tiene, todo el equipamiento que se le ha hecho, en materia de capacidad de carga, de aviónica y de todos los adelantos que se le han incorporado, que no constituyen un lujo sino que son para seguridad del presidente de la Nación.
Haciéndose un estudio comparativo de precios, se llega a la conclusión de que es mucho más económico mantener el actual avión presidencial que adquirir otro, que saldría un precio similar al del actual pero con muchas menos prestaciones, empezando por la capacidad de pasajeros. El actual puede llevar más de treinta pasajeros y aquellos, sobre los que se ha pedido la opción, están entre ocho y catorce pasajeros como máximo. La capacidad de carga, la autonomía de vuelo, en fin, todos los datos que están en el expediente y que responden al informe hecho por la Casa Militar revelan la inconveniencia de la venta de esta máquina y la necesidad de que quede para uso del presidente de la Nación.
De este modo queda borrada toda la leyenda y las barbaridades que se dijeron oportunamente acerca de la adquisición de esta máquina que, repito, es una herramienta de trabajo destinada para uso del presidente de la Nación y de integrantes del Poder Ejecutivo, y que no es un elemento superfluo como tantas veces se ha dicho sin tener ningún conocimiento de causa.
Vamos a terminar diciendo que por esta compra se lo tendría que felicitar al gobierno anterior y no denostarlo como tantas veces se ha hecho. Por eso creo, señor presidente, que corresponde aprobar este proyecto de comunicación.
Por otra parte, tengo entendido que el presidente de la Nación, sobre la base de este informe de la Casa Militar, ya habría decidido que no se venda este avión porque, además, habría un informe de la SIGEN en el mismo sentido.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero poner el tema en su justa dimensión.
No es que yo le esté haciendo algún cargo al actual presidente de la Nación; estoy queriendo justificar que la compra de este avión, que fue cuestionada con tanta ligereza, por falta de información, en contra del anterior presidente, constituyó un episodio que fue usado en la campaña presidencial y que ha quedado totalmente desvirtuado con este informe. No es que yo esté atacando al actual presidente; al contrario, le estoy facilitando la posibilidad de tener esta herramienta de trabajo, sin que tenga que asumir los costos de los ataques y de las críticas que recibía el anterior presidente cada vez que usaba el avión.
En segundo término, no es cierto que por este avión no se puedan obtener 30 millones de pesos, si la base que habían fijado para venderlo —y esto tiene sustento en el informe del jefe de la Casa Militar que estuvo aquí, en la comisión— era de 49 millones de pesos. Esa era la base que se le ponía.
En tercer lugar, no es cierto bajo ningún punto de vista que estemos tratando de sacarle algún peso moral al presidente de la Nación o que él lo haya pedido. Él no lo ha pedido en absoluto; éste ha sido un gesto espontáneo de mi parte. Más aún: en mi proyecto yo había puesto, como un segundo párrafo, que se liberara al presidente de su compromiso electoral con el afán de facilitarle libertad en este tema. La Comisión —creo que con muy buen criterio— eliminó esta segunda parte, porque ha considerado bien que no somos nosotros quienes lo vamos a liberar de los compromisos electorales; en todo caso, será el pueblo el que juzgará estas actitudes.
Pero en modo alguno ha sido el pedido del presidente de la Nación ni tampoco lo debemos entender como que hemos querido efectuarle un cargo ni hacerle algún tipo de imputación. Simplemente, quiero hacer justicia con la adquisición que en su momento se hizo, ya que fue tan duramente castigado el anterior presidente cada vez que hizo un viaje, y hoy vemos que se ponen las cosas en su lugar. Lo único que agregaría es el pedido de que cuide muy bien este avión para que lo pueda usar el próximo presidente peronista en el año 2.003.

Proyecto de ley sobre Registro de Donantes de Médula Ósea (29 de noviembre de 2000)

29 de noviembre de 2000
66ª Reunión – 28ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 7673 y 7674

Sr. Menem. — Señor presidente: como autor del proyecto de ley en tratamiento, juntamente con el que sancionara la Cámara de Diputados, pido la inserción en el Diario de Sesiones de los fundamentos del mismo, contenidos en el Orden del Día 1507 del 17/11/2000.
Como decía el miembro informante, esta iniciativa es de una extraordinaria importancia porque constituye la única esperanza de vida para muchos enfermos que padecen de patologías hematológicas de extrema gravedad.
El éxito de este difícil procedimiento terapéutico está básicamente referido a la posibilidad de un trasplante proveniente de un hermano histoidéntico, o sea que donante y receptor gocen de una compatibilidad inmunológica total. Lamentablemente, esto se da aproximadamente en un 30 por ciento de los pacientes.
Por esta razón, hasta hace pocos años había una evolución fatal de los pacientes cuando se realizaba un trasplante de estas características, pero los progresos en el campo de la inmunosupresión, la profilaxis, el diagnóstico y tratamiento precoz de las graves complicaciones infecciosas y el perfeccionamiento de los procedimientos de tipificación de los antígenos de histocompatibilidad de donantes y receptores permiten intentar una solución no factible previamente. Es decir, nos estamos refiriendo al donante de médula ósea vivo no relacionado.
Por eso se han creado bancos de trasplante en todo el mundo. Hay aproximadamente 4 millones de donantes no relacionados de médula ósea en el mundo.
Asimismo, los trasplantes efectuados han aumentado del 24 por ciento en el período 1990/91 al 44 por ciento en el período 1994/95.
Quiero resaltar que la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública ha realizado un buen trabajo compatibilizando el proyecto que yo había presentado con la sanción de la Cámara de Diputados. Lo ha hecho más sencillo y más práctico al eliminar esa distinción que hacía la sanción de Diputados entre registro y banco. A su vez, ha dado gran importancia al INCUCAI, en cuya sede va a funcionar este banco de médula ósea. Debemos destacar que dado que esta institución ha venido trabajando muy bien, debe ser la que reúna y centralice todo lo vinculado tanto con los trasplantes de órganos como con los de médula ósea.
Estoy sumamente satisfecho de que hoy podamos votar la creación de esta institución que va a permitir salvar la vida de muchas personas. Una vez que funcione este banco no va a ser necesario viajar al exterior para hacer el trasplante de médula, porque se podrá realizar en el país, dado que contaremos con los recursos humanos y con los medios suficientes como para que se lleven a cabo con éxito, como si se los efectuara en aquellos lugares en los que antes se lo practicaba casi con exclusividad.
Por las razones expuestas en estas breves palabras más las contenidas en la fundamentación del proyecto, cuya inserción solicito, requiero a mis colegas la aprobación de este proyecto.

Inserción de los fundamentos del proyecto de ley presentado por el Senador Eduardo Menem

El profundo avance de la ciencia médica ha transformado a la ablación e implante de órganos y material anatómico en una alternativa terapéutica altamente eficaz, segura y habitual, que no es posible reemplazar por otros tratamientos.
El trasplante de médula ósea se constituye en la única esperanza de vida para muchos enfermos que padecen diversas patologías, como la leucemia y la aplasia medular.
Durante largos años la única alternativa de donación de este material anatómico estaba limitada a familiares directos que garantizaran histocompatibilidad. Pero los fabulosos progresos en la terapéutica inmimosupresiva y en los estudios de compatibilidad hacen viable hoy el implante a un paciente que no guarda relación alguna con el donante.
Esta alternativa amplía de modo inmenso las posibilidades de tratamiento de quienes requieren un trasplante de médula ósea, permitiendo que accedan a donantes no relacionados.
Por esa razón se han constituido en diversos países bancos de médula ósea de donantes vivos, los que poseen operan con marcado éxito. A título de mero ejemplo puede citarse que en los Estados Unidos de América, por la National Organ Transplant Act de 1984, se creó un registro nacional de donantes de médula ósea.
Es un imperativo crear en nuestro país un banco de médula ósea que otorgue una alternativa concreta de vida a todos los pacientes, evitando tratamientos en el exterior cuando contamos con amplios recursos científicos nacionales.
Dicho banco debe integrarse a las políticas fijadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) creado por la ley 24.193, a los efectos de coordinar adecuadamente los esfuerzos para que todos nuestros pacientes localizados en cualquier parte del país puedan recibir el tratamiento adecuado.
A los efectos operativos se propone que el banco tendrá su sede en la institución médico-asistencial que cuente con las mejores condiciones de infraestructura y antecedentes profesionales de los responsables, según el criterio del Incucai, quien a su vez determinará la institución que realizará los estudios de tipificación que permitan el adecuado control de la histocompatibilidad.
Estamos convencidos que, con la creación de este organismo, estamos contribuyendo, de modo decisivo, a la difusión y estímulo de la donación de médula ósea, y por ende, dando una posibilidad concreta de vida a nuestros compatriotas.

Proyecto de resolución sobre el Diálogo Social (21 de febrero de 2002)

21 de febrero de 2002
83ª Reunión – 31ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: en realidad, no pensaba que el proyecto en consideración tuviera estas derivaciones. De lo contrario, hubiéramos venido con algún perfil de debate distinto. Suponía que se sancionaría rápidamente.
Se han puesto en juego una serie de consideraciones sobre nuestra realidad, cada una de las cuales quizás merecería un debate en particular. Se podrían rescatar muchas de las cosas que se han dicho, tanto para apoyarlas como para rebatirlas.
Por supuesto que en este momento nadie puede estar en contra de la concertación y del diálogo. Si mal no recuerdo, fue Platón quien dijo que el diálogo es el arte de los hombres libres. Y no conozco otra forma civilizada de conducir una sociedad que no sea a través del diálogo, salvo que pensemos en sociedades que no se basen en la democracia.
El problema está en una crisis de representatividad, que no es nueva porque la venimos viviendo desde hace mucho tiempo y, además, no es solamente un asunto argentino.
Cuando participo en las reuniones de la Unión Interparlamentaria, donde están representados 138 parlamentos de todo el mundo, y converso con mis colegas de África, Asia y Medio Oriente observo que en todos lados hablan de lo mismo: desprestigio de la clase política, ataques a la política, formas de jerarquizar la política, dar mayor calidad a la democracia, etcétera. Se hacen declaraciones, congresos y seminarios, pero en definitiva el problema es que hay una crisis de representatividad.
Aquel concepto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes —la sabia disposición de 1853 que mantiene su vigencia—, desde algún tiempo necesita cierto tipo de complemento, que no es otra cosa que la democracia participativa.
Por eso, en la reforma constitucional de 1994 —confieso que me impulsó a hablar la referencia del doctor Alfonsín sobre la Convención Constituyente de ese año— abrimos la participación popular mediante muchas disposiciones que, quizá, no fueron tenidas en cuenta.
Por ejemplo, cuando propusimos la eliminación del voto indirecto para la elección del presidente y vicepresidente de la Nación y para senadores nacionales promovimos la participación de la gente; le dimos mayor protagonismo.
Cuando decidimos que los senadores no sean electos por las legislaturas provinciales sino por el voto directo buscamos la participación de la gente. No quisimos que los senadores surgieran por el fruto de acuerdos legislativos sino, lo reitero, por la participación del pueblo.
Cuando promovimos la autonomía a los municipios, que es la forma más directa de estar en contacto con el pueblo, también dimos mayor participación.
Cuando otorgamos jerarquía constitucional a los partidos políticos buscamos la canalización de la opinión y participación de la gente. Establecimos reglas claras para que el pueblo no participe de forma inorgánica sino a través de los partidos políticos.
Cuando en el artículo 42 de la nueva Constitución reformada le damos jerarquía a las organizaciones de usuarios y de consumidores es porque le estamos dando mayor participación a la gente. Es decir, los convencionales de 1994 sabíamos que la democracia representativa debía ser socorrida y asistida por una mayor participación.
Cuando establecemos los mecanismos de democracia semidirecta, como se le llama a la iniciativa popular o la consulta popular en sus dos o tres vertientes, también estamos hablando de dar una mayor participación, pero siempre en forma orgánica.
Lo que no sirve, lo que atenta contra la democracia es lo inorgánico, lo anárquico, lo que no va por sus carriles institucionales. Por eso comprendo las palabras del doctor Alfonsín en la defensa de los partidos políticos, en la defensa también de que haya una mayor participación de la gente siempre que sea en forma orgánica porque de otra forma nunca vamos a conseguir los resultados que queremos.
Los tres principios de la reforma de 1994 fueron: mayor participación, mayor control y mayor eficacia. Ahí han estado las ideas fuerza de esa reforma.
Aquí se habló también de los ataques a la política y a los políticos; fenómeno que debo reconocer no es solamente argentino. Pero es cierto también, y en esto comparto lo que decía mi colega el senador por Formosa, Mayans, que a veces los propios políticos hemos tenido la culpa, porque hay gente que ha hecho política no desde la construcción sino desde la destrucción del adversario.
Hay gente que sólo ha hecho política desde la denuncia, que nunca han hecho una propuesta de construir algo sino de destruir al adversario. Y los que han llegado de esta forma a ocupar cargos, después han demostrado que son absolutamente incapaces de construir algo para la sociedad y, en algún caso, huyeron cobardemente de los cargos que les ha dado el pueblo para que ejerzan esas responsabilidades.
Por supuesto, en esto también han colaborado algunos medios periodísticos creando falsos ídolos de barro, creando figuras, arquetipos de la política que eran nada más que eso, ídolos de papel que se cayeron al primer soplo de viento.
Quiero compartir —esta tarde que se habló de estos temas— con mis colegas algunas reflexiones que hizo Fernando Savater, ese gran filósofo y literato español que ha escrito varios libros como “Política para Amador” y “Ética para Amador”. De este último libro voy a sacar dos reflexiones que vienen a cuento de lo que decía también la señora senadora por Santa Cruz sobre el tema de lo parecidos que son los políticos a la sociedad que representan. Porque los políticos no venimos —como se dice habitualmente— de un repollo; los políticos no venimos de otro planeta; los políticos vivimos en la sociedad. Nos elige la sociedad. Nadie obliga a alguien a votarnos.
Los que hemos sido votados no hace mucho tiempo, no hace dos ni tres años, sino en octubre y que en mi caso particular con la colega, la senadora Maza, obtuvimos el 55 por ciento de los votos —no hubo voto bronca en mi provincia, fueron los índices habituales de votos en blanco e impugnados—, creo que tenemos la representatividad de nuestro pueblo y queremos que nos juzgue nuestro pueblo. Nosotros no tenemos la culpa de que a representantes de otras jurisdicciones no les vaya bien, no hayan sacado tantos votos o no tengan tanta representatividad. Queremos que a cada uno nos juzguen por nuestros actos, no por pertenecer a una supuesta “clase política”.
Dice Fernando Savater, en un capítulo que se llama “Elecciones generales”—y Savater no es político, por supuesto—, le dice a Amador, que se supone que es su hijo: “¡La política es una vergüenza, una inmoralidad! ¡Los políticos no tienen ética! ¿A que has oído repetir cosas así un millón de veces? Como primera norma, en estas cuestiones de las que venimos hablando, lo más prudente es desconfiar de quienes creen que su ‘santa’ obligación consiste en lanzar siempre rayos y truenos morales contra la gente en general, sean los políticos, las mujeres, los judíos, los farmacéuticos o el pobre y simple ser humano tomado como especie.”
Se refiere a aquellos que viven despotricando o denostando en general a las clases, generalizando. Él le aconseja a Amador que desconfíe siempre de ellos.
Y dice, en otra parte de este capítulo: “Ahora bien: ¿por qué tienen tanta fama los políticos? [Estamos hablando de otro país, de España]. A fin de cuentas, en una democracia, políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Lo más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizás incluso demasiado; si fuesen muy distintos a nosotros, mucho peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no los elegiríamos para representarnos en el gobierno. Sólo los gobernantes que no llegan al poder por medio de elecciones generales (como los dictadores, los líderes religiosos o los reyes) basan su prestigio en que se les tenga por diferentes al común de los hombres. Como son distintos a los demás (por su fuerza, por inspiración divina, por la familia a que pertenecen o por lo que sea) se consideran con derecho a mandar sin someterse a las urnas ni escuchar la opinión de cada uno de sus conciudadanos. Eso sí, asegurarán muy serios que el ‘verdadero’ pueblo está con ellos, que la ‘calle’ les apoya con tanto entusiasmo que no hace falta ni siquiera contar a sus partidarios para saber si son muchos o menos de muchos.”
Esto es, señor presidente, lo que quería compartir esta tarde que se habló tanto de la política y de los políticos. Estamos aquí porque nos han elegido. El arma que tiene el ciudadano para cambiar esta situación es el voto. No hay otra. Comprendo las manifestaciones. Estamos en una democracia. Se pueden hacer, siempre y cuando sepan que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los otros.
Vivimos en una profunda crisis. Yo podría contestar a lo que dijo recién el senador Maestro respecto de lo que creí interpretar en sus palabras en relación a ese caballito de batalla de la herencia recibida. No lo voy a hacer porque creo que no es el caso y, también, por consideración. Porque si hablamos de lo que hizo el gobierno de la Alianza en estos dos años, realmente entraríamos en una polémica en la que podríamos decir cosas terribles en referencia a lo que puede llegar un desgobierno. Pero no es éste el tema. Creo que, hoy, de lo que estamos hablando es de la concertación, del diálogo.
Apoyo con todo el énfasis y me siento representado por muchas de las cosas que ha dicho el doctor Alfonsín, no por todas. Porque le digo a mi respetado colega que los que piensan distinto respecto de la solución de la devaluación no son autoritarios, ni están en contra de la soberanía del país. Tienen directamente una opinión distinta sobre un tema que, además, no es de fondo. Es nada más que un esquema cambiario. Es importante, pero no es lo esencial. Como decía Saint Exupery, “lo esencial es invisible a los ojos”. Y creo que lo esencial no está en este sistema cambiario sino en el fondo de la economía, en la productividad, en el crecimiento, en el desarrollo, en la estabilidad, en el respeto a los derechos humanos y en todos esos temas sobre los cuales los argentinos hace mucho tiempo que deberíamos haber dejado de discutir—en eso creo que estamos todos de acuerdo—.
En definitiva, apoyo el diálogo político y la concertación. Ojalá sea ésa la forma en que podamos sacar el país adelante.

Proyecto de ley sobre preservación de los bienes culturales (12 de junio de 2002)

12 de junio de 2002
14ª Reunión – 8ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: voy a procurar hacer una exposición muy breve, ya que ella tiende nada más que a dar los fundamentos de mi voto en una de las comisiones que intervino, en la cual he votado en disidencia parcial. Quiero explicar por qué lo hice de esta forma.
Indudablemente, estamos tratando un tema sumamente opinable, bajo el título de la protección de los medios culturales. Lo sostuve en la comisión y lo voy a volver a manifestar en este ámbito. Creo que tenemos que sincerar la expresión. Aquí no se trata de proteger medios culturales. Se trata de proteger a los medios de comunicación.
Creo que no hay que disimular de ninguna forma que se está tratando de proteger a los medios de difusión como en cualquier otro momento se puede proteger otro tipo de bienes.
Decía que este es, realmente, un tema opinable. No estoy tan seguro de que esta sea la protección adecuada para los medios de difusión. Hay medios que están a favor y otros en contra de esta ley. A modo de ejemplo, puedo mencionar que varios legisladores hemos recibido una carta por parte del diario “El Tribuno” de Salta, que refiriéndose a esta norma dice expresamente: “En modo alguno resulta aceptable cercenar el derecho de propiedad de quienes son titulares de los medios de prensa gráfica, impidiéndoles de manera plena ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 14 y 17 de la ley fundamental. Por otra parte, no se repara en que la inversión de capitales extranjeros en la actividad de ninguna manera puede lesionar el acervo cultural que se invoca. Al margen de verificar que desde el siglo XIX hemos tenido medios de prensa extranjeros en el país, no podemos dejar de constatar lo que acontece en otras partes del mundo…”; y luego refiere que “…si un medio de prensa no refleja las modalidades culturales del país, inevitablemente estará destinado a desaparecer por no reflejar los valores culturales de su público lector.”
Es decir que nos encontramos ante un tema opinable que ha generado un gran debate. No quiero entrar en el detalle de todo lo que se ha debatido porque sería redundar en conceptos, los cuales han sido abordados con gran profundidad por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, tengo la duda de si realmente estamos consiguiendo el objeto que se propone esta norma. Aquí voy a aplicar un principio que utilizamos en el derecho laboral: el in dubio pro operario, y en derecho penal, el in dubio pro reo. Como la mayoría de mi bloque ha opinado a favor de esta iniciativa, voy a aplicar el principio in dubio pro bloque, voy a votar como mi bloque, aun con alguna disidencia parcial.
En primer término, estoy totalmente en desacuerdo con el artículo 1° del proyecto de ley. Este artículo genera suspicacias, porque es como si se pretendiera disimular que se está queriendo proteger a los medios de comunicación. Se propone una norma general que, realmente, no tiene ningún valor. Si bien no es taxativa, se enumeran algunos bienes que responderían a intereses estratégicos de la Nación y que merecerían preservación especial. Pero en el resto del texto no se establece ninguna norma tendiente a proteger esos bienes, sí a los medios de comunicación que están nombrados en el artículo 1°.
Entonces, sinceremos la cuestión. Bien se ha dicho en este recinto que hay otros bienes estratégicos que acá no se nombran, como la educación, la salud, los temas energéticos, y hasta de transporte —diría yo—; sin embargo, no se puede decir que no respondan a intereses estratégicos de la Nación.
Por lo tanto, considero que lo único que hace este artículo 1° es confundir y generar suspicacias respecto del verdadero objetivo de esta norma, que es el de proteger a los medios de comunicación. A su vez, también genera problemas de interpretación.
En consecuencia, opino que este artículo debe ser suprimido. El proyecto debería comenzar directamente con el artículo 2 que dice: “Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de los medios de comunicación…”. Creo que así tendría que empezar la norma, y no con lo relacionado a recurrir a los medios estratégicos, etcétera, incorporando entremedio a los medios de comunicación, con no sé qué fin. Sin duda, esto confunde, disimula o pretende disimular algo que no tiene por qué disimularse.
En segundo término, respecto de si esta norma modifica o afecta a los tratados internacionales o no, creo que este es un tema que, en definitiva, la Justicia va a determinar si realmente es así.
Ahora bien, lo que sí quiero dejar en claro es que el Congreso —desde ningún punto de vista— puede modificar un tratado internacional. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, dice expresamente que la facultad del Congreso es de aprobar o desechar los tratados internacionales.
Los acuerdos internacionales, como los contratos privados, implican un acuerdo de voluntades. En ellos impera el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, hasta por razones de sentido común, una parte no puede modificar unilateralmente lo que se ha dispuesto de común acuerdo entre ambas.
¿Qué garantía habría para los signatarios de los tratados si una parte pudiera, por obra y gracia de una ley, modificar lo que se hubiera establecido en ellos? En el mismo sentido, entonces ¿para qué hemos otorgado a los tratados una jerarquía superior a las leyes en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional?
Creo que esto no admite —absolutamente— ninguna interpretación en contrario. O sea, el Congreso puede aprobar los tratados o desecharlos. Luego, si no estamos de acuerdo, pueden ser denunciados. Es decir, de común acuerdo se pueden modificar o denunciar. Pero de ningún modo pueden ser modificados unilateralmente por una de las partes.
Deseo dejar sentado este criterio, porque se ha abierto al respecto un debate en este recinto.
El otro aspecto que cuestiona el proyecto de ley tiene que ver con la definición de medios a las productoras de contenidos audiovisuales y digitales.
Creo que los medios tienen dos características fundamentales. La capacidad propia de difusión pública y la generación propia de contenidos culturales. Son las dos características fundamentales —reitero— de los medios.
Ahora bien, hay actividades culturales que generan contenidos culturales y no están alcanzadas por este proyecto, como por ejemplo, las producciones teatrales. ¿Ellas generan o no generan contenidos culturales? Claro que sí. Pero no están alcanzadas por esta norma.
Los contenidos audiovisuales constituyen una actividad industrial que no tiene una capacidad propia de difusión pública como tiene un medio. Es lo que los caracteriza. Por eso, las empresas productoras de contenidos audiovisuales generan medios culturales, pero no tienen capacidad de difusión propia. O sea, quien produce una serie de televisión o una película, está supeditado a que un canal o un cine quieran pasarla; no tiene capacidad propia de difusión como quien edita un diario.
Entonces, ¿cuál es el sentido de exigir capital nacional mayoritario en una empresa productora de contenidos audiovisuales?
Por ejemplo, quien produce en el exterior una serie o una película puede perfectamente venir al país. Luego, dicha serie o película será difundida si el canal quiere.
Es decir, una empresa constituida en el extranjero —como “Disney”, por ejemplo—, puede venir, producir películas y difundirlas. Sin embargo, si quiere venir y radicarse en el país y producir películas o series televisivas utilizando mano de obra y tecnología argentinas, le vamos a decir que no puede, ya que más allá del 30 por ciento no puede invertir. Creo que esta limitación es contraria a los intereses nacionales que se quieren defender.
Por eso, desde ningún punto de vista puedo votar afirmativamente esta norma. Creo que afectaría los intereses nacionales al poner en mejor situación a los que producen estos elementos fuera del país y al desalentar a una empresa que quiera venir y radicarse en el país para producir aquí los contenidos audiovisuales que desee: una película, una serie de televisión, etcétera.
Por ese motivo, voy a pedir que cuando se vote este artículo, señor presidente, se lo haga por período, con discriminación, porque quiero votar la protección a otros medios pero excluyendo el de los contenidos audiovisuales.
El otro tema también está en este artículo y es el de las empresas de difusión en la vía pública. Me pregunto qué sentido tiene esto. ¿Es un medio de comunicación una empresa que difunde propaganda callejera, que pega afiches, carteles, o las propaladoras? Creo que no se los puede poner a la par de los medios de comunicación propiamente dichos.
Además, esta es una materia que incumbe a las autoridades municipales o provinciales, señor presidente. No es jurisdicción nacional. ¿Quién concede la utilización de espacios en la vía pública? Lo hacen los municipios, las provincias. Es poder de policía municipal y provincial. ¿Cómo, por una ley, vamos a establecer que tal empresa que pega afiches en la calle o que hace publicidad callejera tiene que tener un 70 por ciento de capital nacional? Para mí es un contrasentido. No tiene ninguna razón de ser y creo que afecta autonomías provinciales y municipales. No se puede avanzar sobre esos aspectos con una ley nacional. Por eso, voy a votar negativamente estos dos incisos. Porque lejos de favorecer los intereses nacionales, los están perjudicando.
En cuanto al tema del artículo 5º, que excluye a los medios de comunicación del cram down, ya lo dije en su oportunidad: me parece que, con la limitación que aparece en el artículo 2º que establece ese 30 por ciento, esto vale también para el artículo de la ley de quiebras que se refiere al cram down, es decir que la limitación para la compra también regiría para el caso del cram down. Por eso, creo que este artículo resulta innecesario. Me parece que va a generar mucha polémica acerca de por qué se excluye a los medios de comunicación y no a otras empresas estratégicas importantes para el país. Es decir, ¿por qué se excluye a los medios del sistema del cram down y no a otras empresas de singular importancia estratégica para el país? Por eso, creo que, en todo caso, podría agregarse un inciso al artículo 2º, una aclaración que diga que esta limitación del 30 por ciento corre también para el caso en que se aplique el cram down a las empresas que producen los medios de comunicación, con lo cual dejaríamos a salvo la preocupación que ha llevado a los autores a incluir esto con relación a la ley de quiebras.
Por último, existe una duda y por eso aplicaba yo lo de in dubio pro bloque. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. No sé si nosotros, al regular la propiedad, la participación accionaria de los medios, no estamos violando el artículo 32, por ejemplo en el caso de una empresa periodística de una provincia, que puede perfectamente querer incorporar capital extranjero por una suma mayor al 30 por ciento. Algún medio puede decir: “estoy mal, no estoy endeudado pero quiero salvar mi empresa y vendo el 50 por ciento”. Si es de una provincia, me pregunto en qué medida no estamos violando el artículo 32 de la norma fundamental al someter a jurisdicción federal un tema que hace a la libertad de imprenta y que está expresamente vedado por la Constitución Nacional. Por ello, he firmado en disidencia parcial este dictamen. Creo que debemos proteger a los medios, pero considero que debemos hacerlo en debida forma, adecuadamente, y sin salirnos del marco del estado de derecho que todos estamos tratando de defender.

Manifestación por la incorporación al Senado del Dr. Raúl Alfonsín (12 de diciembre de 2001)

12 de diciembre de 2001
76ª Reunión – 1ª Sesión extraordinaria

Sr. Menem. — Pido disculpas porque mi manifestación va a parecer un poco extemporánea, ya que debí hacerla en otro momento, pero no me iría tranquilo de esta sesión si no expresara mi íntima satisfacción por la incorporación a este cuerpo del ex presidente constitucional de la Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos en las bancas y las galerías.)
El doctor Raúl Alfonsín no sólo fue el primer presidente de la democracia recuperada por los argentinos sino que ha sido un verdadero soporte de las instituciones de la República; es un hombre de la democracia y para la democracia, y no tengo la menor duda de que su presencia en este cuerpo constituirá un aporte inestimable para su funcionamiento, tanto por sus conocimientos como por su experiencia.
Además, celebramos que sea el primer ex presidente constitucional de los argentinos que se incorpora a un cuerpo legislativo luego de recuperada la democracia en 1983.
Señor presidente: creo interpretar el sentimiento de mis pares si doy la más cordial bienvenida al doctor Alfonsín y le deseo mucha suerte en el desempeño de sus funciones. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente (Puerta). — Tiene la palabra el señor senador Alfonsín.
Sr. Alfonsín. — Señor presidente: voy a ser breve dado que solamente quiero agradecer muy sinceramente las tan generosas palabras que acaba de pronunciar el señor senador Menem, que fue un gran presidente de la Convención Constituyente de 1994.
Recuerdo que en aquella función actuó con una permanente ecuanimidad y en un todo de acuerdo con las facultades otorgadas por el Reglamento respectivo. De modo que para mí es un gusto encontrarlo como colega en este Senado de la Nación junto con los restantes señores senadores.
Por otro lado, también será un placer colaborar en lo que pueda y tratar en lo posible de realizar una tarea en procura de la unión nacional, que es algo que debemos cuidar frente a la crisis aguda por la que atravesamos, sin excepción, la totalidad de los argentinos.
Muchas gracias al señor senador Menem y al resto de los señores senadores de la bancada justicialista. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Proyectos de ley y de comunicación sobre emergencia agropecuaria por sequía en La Rioja (29 de octubre de 2003)

29 de octubre de 2003
27ª Reunión – 16ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: Todo el mundo sabe que en la Rioja hace diez meses que no llueve. La situación es realmente desastrosa; el 80 por ciento de las represas —de donde toma agua el ganado y se abastece la gente— están secos y se está proveyendo a la gente con tanques de agua que se traen de otro lado.
La sequía abarca a toda la provincia, pero afecta fundamentalmente a ocho departamentos de la región de Los Llanos, en donde se están muriendo los animales y la gente no tiene los medios para sacarlos de allí. Es decir, padecemos todos los males que se pueden imaginar cuando falta el agua en una zona árida y desértica; es como si estuviera alejada de la mano de Dios.
Hasta ahora, han sido afectadas 4.700.000 hectáreas; se han producido incendios y ello seguirá ocurriendo. Por otra parte, los pronósticos meteorológicos anuncian que recién para diciembre quizá llueva y para ese entonces, los 300 mil vacunos van a perecer.
La situación es gravísima. Claro, no tiene la espectacularidad de las inundaciones, donde todo el mundo se compadece y se realizan colectas solidarias. Al contrario, en el caso de las sequías se produce un aislamiento.
Estamos realmente frente a una situación de extrema gravedad y por eso habíamos planteado tratar tanto el proyecto de comunicación, para que en forma urgente se asista a la provincia, como el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a disponer de una partida para atender a los departamentos de la región de Los Llanos riojanos.
El senador por San Juan me había dicho, con razón, que el departamento de Valle Fértil está en la misma situación, porque se encuentra “pegado” a La Rioja. No habría inconvenientes en incluir también a ese Departamento, pero solicito que tratemos tanto el proyecto de comunicación como el de ley, porque realmente, la situación es muy grave.
Estoy seguro de que no se va a hacer ninguna colecta o campaña para ayudar a la gente, porque no es un fenómeno televisivo, pero es tanto o más grave que el producido por las inundaciones que no hace mucho conmovieron a la opinión pública. Por eso, solicito a mis colegas su apoyo para el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos, el de comunicación y el de ley.
…………………………………………………………………………………………………………..
Sr. Menem. — Por las razones apuntadas, solicito que se constituya la Cámara en comisión y se vote el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley, porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene buena voluntad, también lo es que si autorizamos a que disponga estas partidas, va a poder actuar con mayor prontitud y eficiencia.
En una semana se pueden morir muchos animales, puede haber nuevos incendios. La gente está en situación gravísima, porque hay que llevar agua a muchos kilómetros de distancia. Siete días es mucho. Por eso pido que me acompañen y votemos el proyecto de ley, incluyendo también a Valle Fértil de San Juan.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Agradezco la solidaridad de los colegas que se han pronunciado a favor. Comprendo las razones de los que no están a favor, pero les quiero decir que esta ley no la he presentado por amor al deporte o porque quiera hacer un acto de gimnasia parlamentaria. Si la he presentado es porque no han funcionado los mecanismos que dicen que tendrían que funcionar. Lo que queremos hacer es activarlos. Ahora, ¿por qué un proyecto de comunicación y uno de ley? Por lo que ha dicho el senador por el Chubut. Porque el de comunicación sale ya y el otro va a tardar vaya uno a saber cuánto en la Cámara de Diputados.
Pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Si hoy le damos comienzo, a lo mejor, la semana que viene pueda estar en Diputados. Pero mientras tanto, tenemos el proyecto de comunicación. No es que una cosa vaya en contra de la otra. Esto es para que vaya caminando y se activen los mecanismos. No sé cuál es el perjuicio que se causa a alguna otra provincia, sobre todo, teniendo en cuenta las disponibilidades que dice el senador Baglini que tiene.
Recuerdo cuando votamos la transferencia de los diques Los Nihuiles a Mendoza, que eran de la Nación, lo hicimos con mucho gusto, o cuando votamos la transferencia de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos.
En este Senado se han dado actos de mucha solidaridad cuando fueron los sismos y las inundaciones, pero parece que la sequía no conmueve a nadie.
Entonces, realmente, este es un acto de solidaridad que estamos pidiendo. Pero de todos modos, quiero que se lo ponga a votación.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — La única modificación sería que se incluya a Valle Fértil y que en el artículo 2º se diga que la administración y distribución de dicho fondo estarán a cargo de los gobiernos de La Rioja y de San Juan.

HOMENAJES»

Homenaje al ex gobernador de salta Roberto Romero (26 de febrero de 1992)

26 de febrero de 1992
53ª Reunión – 1ª Sesión extraordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 1 – “1ª Parte” – Páginas 5440 y 5441

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores, familiares y amigos de Roberto Romero, señores diputados: las palabras de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra han sido lo bastante elocuentes en la mención de lo que significó Roberto Romero en la vida institucional del país.
En este sentido, creo lo que yo pueda decir aparecerá como sobreabundante, pero no me iría tranquilo de esta sesión si no dijera unas pocas palabras para dar testimonio vivo de lo que sentí en ocasión de asistir a las exequias de Roberto Romero en representación del Honorable Senado de la Nación; para dar testimonio, como lo decía recién el señor senador por Santiago del Estero, de esa multitud de salteños que se volcó a las calles para expresar su dolor, su congoja frente a la trágica desaparición de un salteño ilustre.
Deseo dar testimonio ante el Senado de la Nación de ese fervor de la gente, que no se limitaba a llorar y a expresar su congoja sino que presentaba otro tipo de expresiones, que salían de lo común en estas ceremonias, porque estaban en presencia de alguien que también salió de lo común en la vida, porque estaban despidiendo a un salteño ilustre, a un hombre hecho desde abajo, a un hombre a quien como tuve oportunidad de decir en esa ocasión, nadie le había regalado nada en la vida. Todo lo había conquistado con su propio esfuerzo, con su empeño, con su dedicación y con su laboriosidad.
Por eso no sólo el llanto; por eso también los aplausos, porque lo aplaudieron en varias oportunidades; por eso los gritos típicos de un acto político y los aplausos cuando terminábamos de hablar los que le rendimos el homenaje. Por eso ese afán de la gente por acercarse para acariciarlo a través de la madera en ese último saludo.
Dije en Salta que frente a este fallo inapelable del destino que cerraba esta vida era hora de hacer balances, y resaltaba el saldo totalmente positivo en el balance de la vida de Roberto Romero. Como hombre formó una hermosa y sólida familia, cuyos integrantes pueden exhibir el orgullo de serlo y llevar su apellido. Tenemos el honor de contar aquí, en una banca del Senado de la Nación, con uno de sus descendientes.
Como político fue un hombre que defendió sus ideas partidarias con afán y ahínco, sin defraudar nunca a sus compañeros. Como ciudadano fue un militante de la democracia que ayudó a la consolidación de las instituciones en la República.
Como empresario fue un hombre que empezó desde abajo y que creó una gran empresa que es orgullo del periodismo en el país y que trascendió los límites de su provincia. Por eso considero que fue acertado que sus familiares decidieran hacer el velatorio en las dependencias de su diario, porque era algo que él quería como a un hijo, allá en la zona de Limache, donde volcó tantos esfuerzos.
Él fue lo que en otras partes le llaman el hombre que se hace a sí mismo: self made man, porque empezó humildemente y terminó siendo un gran empresario.
También poseía un balance positivo como hombre público, porque cuando el pueblo de Salta le confió primero el mandato como gobernador y luego como diputado nacional cumplió cabalmente la gestión encomendada.
También puedo dar testimonio de la lucha política de Roberto Romero porque tuve el orgullo de acompañarlo por el interior de su provincia en lo que fue su última campaña electoral. Asistimos a actos en numerosas localidades de Salta y debo reconocer que me costaba mucho seguir el ritmo que le había impuesto a su campaña. Con mucho fervor y dedicación le hablaba a la gente y le transmitía su propuesta de lo que podía hacerse para conseguir una Salta mejor. En dicha ocasión tuve oportunidad también de palpar el calor y el cariño de su pueblo.
Del día de su sepelio recuerdo la voz de una persona muy humilde que me conmovió profundamente cuando dijo: “¿Ahora quién va a defender a los pobres de Salta?”
Roberto Romero ha cerrado su vida con un balance altamente positivo. A su familia le queda el gran honor de su recuerdo y la gran responsabilidad de cumplir con su legado.
Como persona, como hombre público, como ciudadano y político, Roberto Romero tuvo la grandeza de los humildes y la humildad que sólo se encuentra en las grandes personas. El mejor homenaje que le podemos rendir en el Senado de la Nación al evocar la figura de un ciudadano ilustre es procurar seguir su ejemplo, que ha quedado inscripto en las mejores páginas de nuestra historia.

Homenaje al ex Primer Ministro de Israel Yitzhak Rabin con motivo de su asesinato (8 de noviembre de 1995)

8 de noviembre de 1995 – 51ª Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 5321 a 5323

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores, distinguidos visitantes: en nombre del bloque de senadores justicialistas vengo a rendir el más sincero y emotivo homenaje a la persona del primer ministro de Israel don Yitzhak Rabin, cuya vida fuera segada por las balas asesinas de un extremista el pasado 4 de noviembre.
En el proyecto de declaración que presentara en este cuerpo junto con el señor senador por Santiago del Estero doctor Omar Vaquir manifestamos nuestras condolencias al pueblo y al gobierno de Israel y a la familia del señor Rabin por este criminal atentado que terminara con la vida del primer ministro de ese Estado amigo y que enlutara a todos los países del mundo que aman la paz.
Hoy queremos reiterar esas expresiones ante el señor embajador del Estado de Israel en nuestro país, señor Itzhak Aviran, quien nos honra con su presencia, y la distinguida comitiva de representantes de la colectividad judía que lo acompaña, a quienes les pedimos que sean portadores de estas manifestaciones de pesar de los integrantes del Senado de la Nación Argentina ante todos sus destinatarios.
Luego de manifestar nuestro más enérgico repudio contra este nuevo acto de irracional violencia, en el punto 3 de nuestro proyecto exhortamos a todos los pueblos y gobiernos del mundo a intensificar sus esfuerzos en favor de la paz, como una forma de rendir homenaje al líder trágicamente desaparecido.
Hoy queremos ser consecuentes con esta exhortación y vamos a rendir nuestro homenaje a Yitzhak Rabin hablando de la paz, de esa paz que lo tuvo como uno de sus principales predicadores en los últimos tiempos y que le valió la justa adjudicación del premio Nobel, en 1994, junto con Shimon Peres y Yasser Arafat.
Por otra parte, no quiero desmerecer este sincero homenaje a un gran hombre hablando del asesino que apretó el gatillo. Sí quiero decir que es a ese extremismo, a ese fundamentalismo que el criminal representaba al efectuar los disparos, al que debemos combatir y desterrar para siempre de la humanidad. Porque no habrá argumento serio ni razón valedera ni fundamentación alguna que pueda, no digo ya justificar, sino siquiera explicar la utilización de esa violencia irracional que tanto dolor y lágrimas ha ocasionado en el mundo entero.
Los fundamentalismos, cualesquiera sean sus orígenes, podrán invocar razones religiosas y patrióticas en procura de justificar su accionar criminal, pero en definitiva constituyen una clara manifestación de intolerancia que ofende a Dios y a la dignidad del ser humano.
Por eso preferimos rendir nuestro homenaje hablando de este gran hombre que tanto representa en la historia contemporánea de su país; de este hombre que tuvo una destacada carrera militar que lo llevó a ser jefe del Estado Mayor de las fuerzas de defensa de Israel, que fue embajador en Estados Unidos, miembro de la Knesset, Ministro de Trabajo, Ministro de Defensa, presidente del Partido Laborista y Primer Ministro, cargo éste que desempeñaba cuando fue asesinado.
Muchos se sorprenden o encuentran paradójico que un hombre que dedicó gran parte de su vida a la carrera militar y que participó en tantas acciones de guerra se haya convertido en un luchador por la paz, al punto de ser galardonado; como recién recordaba, con el premio Nobel. Creo que no es difícil explicarlo, porque quien ha conocido tan de cerca los horrores de la guerra puede abogar con autoridad en favor de la paz.
Y el propio Rabin lo relataba dramáticamente recordando que con sólo 16 años —tiernos 16 años, él decía—, cuando la mayoría de los jóvenes bregan por descubrir los secretos de las matemáticas y los misterios de la Biblia, a una edad en que florece el primer amor, le entregaron un rifle para su defensa.
Muchos años después, más precisamente el 24 de octubre de 1995, en ocasión de celebrarse el 50º aniversario de las Naciones Unidas, al hablar ante la Asamblea General, refiriéndose al despertar de los pueblos a la libertad, ese niño, convertido ya en primer ministro de su país, diría que fue posible cumplir las palabras del profeta Isaías, hijo del pueblo judío: “. . .y tornarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra…”
Es que luego de tantos años de confrontaciones bélicas Rabin había llegado al pleno convencimiento de que la única forma de lograr una convivencia pacífica en el Medio Oriente era a través del diálogo, de la negociación, del consenso, del entendimiento.
Tuve el honor y el privilegio de escuchar del propio Rabin sus ideas y su prédica en favor de una solución negociada a los problemas de Medio Oriente en ocasión de la visita oficial que efectuara a Israel, encabezando una delegación parlamentaria en 1990.
En esa oportunidad, junto con otros legisladores que están aquí, en este cuerpo, como el senador Romero Feris, el senador Romero, el entonces senador don Adolfo Gass —quien hoy también nos honra con su presencia— y el senador Vaquir, que también integraba la delegación, tuvimos la ocasión de mantener una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Knesset. Como uno de sus integrantes, Rabin nos explicó claramente su posición en ese sentido; posición que también era coincidente con la que momentos después tuvo Shimon Peres, hoy a cargo de la función de primer ministro. En ese momento, él también sustentaba que la única solución para conseguir la paz en Medio Oriente era a través de la negociación.
Seguramente Rabin, que había resultado victorioso en tantos combates —porque fue guerrero victorioso—, comprendió que en definitiva, “nunca se gana una guerra; lo que se gana es la paz”. Por eso se empeñó tanto en lograr los acuerdos para poner fin a la interminable lucha con los palestinos. Y las imágenes de Rabin, estrechando su mano con la del líder palestino Yasser Arafat y con el rey Hussein de Jordania, recorrieron el mundo llevando la buena nueva de que la paz era posible en el conflicto de Medio Oriente.
Y así lo expresa Rabin en su último discurso, minutos antes de ser asesinado, al afirmar: “Fui militar durante veintisiete años. Luché cuando la paz no tenía posibilidades. Creo que la paz tiene ahora posibilidades; muchas posibilidades. Debemos aprovecharla en nombre de todos los que están aquí parados, y en nombre de los que no están aquí, que son muchos”. Decía también: “Hoy debemos darle oportunidad a la paz”.
Coincidía así Rabin con la posición de Juan Pablo II, el Sumo Pontífice, que al defender la negociación como la única solución realista a la amenaza continua de guerra sostenía en junio de 1982: “La paz no es una utopía ni un ideal inaccesible ni un sueño irrealizable. La guerra no es una calamidad inevitable. La paz es posible”. Pensamiento coincidente de dos grandes hombres contemporáneos.
De todos modos, Rabin sabía que el logro de una paz definitiva y duradera era difícil y que debían afrontarse muchos riesgos. Por eso decía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “El camino aún es largo. Sin embargo, estamos decididos a continuar hasta que hayamos llevado la paz a la región, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y para todos los pueblos de la región. Esta es nuestra misión y la cumpliremos”.
Y alertaba al foro internacional en contra del terrorismo, al expresar en forma categórica: “Las Naciones Unidas deben apoyar a aquellos que trabajan por la paz. Deben intensificar la lucha internacional en contra del terrorismo y sus partidarios. El terrorismo es el cáncer del mundo de hoy. No se engañen. Aunque hagan caso omiso de él, el terror puede entrar en el hogar de cualquiera de ustedes. Hay que derrotar el terror. La paz debe triunfar. Esta es una lucha que no podemos perder”.
Por eso, y no obstante los peligros, las asechanzas y amenazas contra su vida, Rabin siguió adelante con sus gestiones por la paz y así pudo lograr los tratados con Jordania y con la O.L.P., y cuando desde ciertos sectores se le reprochó por tales acuerdos, su respuesta fue tan pragmática como contundente: “La paz no se hace con amigos sino con los enemigos”.
Como un fatal presagio de lo que ocurriría un instante después, en ocasión de pronunciar el que sería su último discurso, manifestaba: “Hay enemigos de la paz que están tratando de herirnos, a fin de torpedear el proceso de paz… Este es un camino lleno de dificultades y dolor. Para Israel no hay camino sin dolor; pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra”.
Señor presidente, señores senadores, distinguidos visitantes: con la muerte de Yitzhak Rabin la sagrada causa de la paz ha incorporado un nuevo mártir, que en el conflicto de Medio Oriente se suma al nombre del presidente egipcio Anuar El Sadat, muerto también por algunos fanáticos compatriotas suyos a raíz de haber firmado la paz con Israel.
Las actitudes de estos ilustres hombres deben servir de ejemplo para que quienes tienen la responsabilidad de conducir a sus países, no escatimen esfuerzos ni sacrificios hasta que la paz reine en todo el mundo, reivindicando la dignidad del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, que no podrá realizarse íntegramente si no es en un ambiente de paz y concordia con todos los hombres de la Tierra, sin distinciones de nacionalidad, religión o raza.
Por eso en nuestro proyecto de declaración exhortamos a todos los gobiernos del mundo a intensificar sus esfuerzos para la paz, porque entendemos que será el mejor homenaje que hoy le podemos tributar a Yitzhak Rabin. Los instamos especialmente a trabajar por una verdadera cultura de la paz que permita eliminar las causas que generan el odio, la intolerancia, la discriminación, cualesquiera sean sus motivos; una cultura de la paz que ponga énfasis en la necesidad de una convivencia pacífica, de la cooperación y de la creación de posibilidades de un desarrollo integral equitativo.
Porque la paz no puede basarse solamente en el cese del fuego o en la ausencia de la guerra sino, fundamentalmente, en la serenidad de los espíritus y en el amor al prójimo.
En ese sentido, cabe recordar que en la Carta de la Unesco se expresa que: “…y ya que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
Por eso hoy, al recordar en esta sesión al ilustre líder desaparecido Yitzhak Rabin, les pido a todos los que no nos limitemos a tributar nuestro homenaje con palabras que, por otra parte, nunca serán suficientes para significar la pérdida que representa la muerte de Rabin, sino que lo hagamos asumiendo el compromiso de trabajar permanentemente en favor de la paz y de la civilización del amor a la que se refiriera Juan Pablo II, en su discurso ante las Naciones Unidas.
De esta forma podrán hacerse realidad las palabras de aquel otro apóstol de la no violencia que trágicamente también cayera asesinado por sus compatriotas. Me refiero al Mahatma Gandhi, cuando decía: “No hay caminos para la paz, la paz es el camino”. (Aplausos.)

A los soldados argentinos caídos en Malvinas (5 de marzo de 1997)

5 de marzo de 1997 – 2ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 570 y 571

Sr. Menem. — Señor presidente: la adhesión espontánea y unánime que ha recibido el presente proyecto de resolución me exime de hacer una fundamentación muy extensa.
No es común que un orden del día aparezca con la firma de todos los señores senadores. Se trata de una propuesta de rendir un homenaje a nuestros compatriotas, los soldados caídos en 1982 en ocasión del conflicto bélico en el Atlántico Sur, al cumplirse los quince años del desarrollo de esos acontecimientos.
A ninguno de los aquí presentes escapa —todos estamos convencidos— que nuestros compatriotas descansan en suelo patrio, porque el territorio malvinense es argentino. Pero también somos conscientes de que al estar ocupado ese territorio por una potencia extranjera —desde 1833 —, la rendición de dicho homenaje tiene características especiales.
Nosotros proponemos que se rinda precisamente en el propio territorio de las islas Malvinas. Y lo queremos hacer sin entrar en esta instancia en el problema de la disputa de la soberanía, cuestión que nosotros planteamos en todos los foros internacionales. Se trata de rendir el homenaje motivados por un sentimiento humanitario y también por un sentimiento de patriotismo, porque además de nuestra adhesión personal y permanente hacia nuestros héroes de Malvinas, corresponde que además les rindamos homenaje desde un punto de vista institucional, no sólo como ciudadanos sino también a través de las instituciones de la República ya que nuestros héroes de guerra, al dar su vida por la Patria, han dado su vida además por sus instituciones. Justo es, entonces, que las instituciones rindan el homenaje correspondiente.
En este caso estamos proponiendo que el homenaje lo rinda el Senado de la Nación, que representa al federalismo argentino y a todas las provincias y que desde 1994 también las representa a través de su pluralidad política. Por eso creo que el proyecto en tratamiento, que ha despertado una unánime adhesión, tiene un significado muy especial.
Hace pocos días estuvieron en las islas rindiendo homenaje a sus seres queridos los familiares de los soldados; estuvieron sus hijos, sus padres, sus esposas, sus hermanos. Y hoy creo que corresponde que sean las instituciones de la República, nosotros, los representantes del pueblo, quienes debemos dar testimonio de nuestro reconocimiento por el sacrificio que hicieron nuestros compatriotas al ofrendar sus vidas en defensa de la Patria.
Considero que tenemos que rendir dicho homenaje en el propio suelo malvinense, porque por ese suelo y por ese territorio ellos han perdido su vida; al regar esas tierras con su sangre las han bendecido para siempre en nombre del pueblo argentino.
Como he dicho, queremos apartar de este homenaje la cuestión de la disputa de la soberanía. Pero decía también que, por la especial circunstancia de encontrarse ocupado nuestro suelo por una potencia extranjera, el homenaje debería tener características especiales. Es por esa razón que en el mismo proyecto encomendamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que realice las tramitaciones pertinentes a fin de que se pueda concretar el viaje.
No hemos hablado ni hablaremos nunca de la necesidad de pedir autorización, porque se trata de territorio argentino. Pero sí hay que realizar trámites para poder hacer ese viaje, para lo cual propongo que se faculte a la Presidencia de este cuerpo para que realice las gestiones y autorice los gastos que sean necesarios para concretar este anhelado objetivo.
El voto unánime, señor presidente, ya ha sido anticipado al suscribir mis colegas este proyecto, y creo que este homenaje será un acto de reafirmación de nuestros más puros sentimientos patrióticos, y también un justo y merecido reconocimiento a aquellos que, por haber ofrendado sus vidas por la Patria, se han convertido en nuestros héroes, merecedores de nuestro respeto y consideración permanentes. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Homenaje al Senador Deolindo Bittel (24 de septiembre de 1997)

24 de septiembre de 1997 – 80ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 6 – Páginas 5015 y 5016

Sr. Menem. — Señor presidente: me siento total y absolutamente representado por los emotivos conceptos que han vertido quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Podría obviar mi intervención en esta oportunidad, pero el hecho de haber sido uno de los pocos senadores que estamos sentados en este recinto y que tuvimos el honor de compartir la banca con Bittel desde 1983, me crea el deber moral de decir unas palabras, que seguramente no van a ser muy distintas de las que pronuncié ayer en ocasión del sepelio de nuestro compañero, ya que tuve el honor de despedir sus restos.
Quisiera traerles la vivencia de lo que sentí ayer en el Chaco. Pocas veces vi una manifestación tan espontánea del pueblo al volcarse a las calles a despedir a uno de sus más preclaros líderes, un hombre querido, de pueblo. Fue prácticamente un acto sin ceremonial, espontáneo, un acto improvisado desde el dolor y la congoja. La gente se abalanzaba a “acariciarlo en madera”, “a bendecirlo”, a decirle “vamos, Chacho”. La marcha partidaria lo acompañó durante todo su recorrido, desde que salió de la Casa de Gobierno hasta el cementerio. Y muchos nos vimos sorprendidos —no sabíamos que iba a pasar así— cuando al entrar al cementerio escuchamos los sones de “La Cumparsita”. Así lo había pedido Bittel, que era un amante del tango. En su sencillez, que lo caracterizaba, había pedido que cuando lo enterrasen se escuchara ese tango que él quería tanto. También pidió —como me acota el compañero Cafiero— que su féretro, además de estar cubierto por la bandera nacional y por la bandera peronista también lo estuviese por los colores de su querido club, Chaco For Ever, aunque debo decir también que siempre íbamos a la cancha a ver a nuestro querido River Plate.
Siento una sincera envidia de los compañeros y colegas que pueden contar tantas historias de Bittel, de esa lucha política en las épocas negras en las que demostró su coraje y entereza. Sí debo decir que lo conocí precisamente en ese entonces, ya que creí un deber agradecerle precisamente esa carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque mi hermano, el actual presidente de la Nación, estaba preso no sólo bajo los rigores de la prisión sino también bajo los rigores del Acta de Responsabilidad producto de la dictadura. Entonces, fui a darle mi sincero agradecimiento porque, realmente, ése fue un acto de valentía.
En su oportunidad dije a Bittel que, por su valentía, me hacía recordar a otro Chacho ilustre que hubo en el país, como fue el Chacho Peñaloza, nacido en mi provincia.
Si hay una característica que siempre pensé que distinguía a don Deolindo Bittel es, precisamente, la humildad. Fue un hombre sencillo, humilde y austero, como aquí ya se ha dicho. Pero su humildad no era simulada sino una cualidad que realmente practicaba.
Recuerdo la oportunidad en que realizamos la primera reunión de bloque, allá por noviembre de 1983. Se hallaban presentes figuras prominentes del justicialismo y, por supuesto, estaba don Deolindo Bittel. Los que todavía no éramos conocidos pensamos que como Bittel venía de ser candidato a vicepresidente de la Nación, por lo menos aspiraría a ser presidente del bloque o, en su defecto, de alguna de las comisiones más importantes; pero no fue así. Bittel no solicitó ocupar ninguno de esos cargos; simplemente quiso ser un soldado raso. Y él era, quizá, quien tenía más títulos y más antecedentes como para ocupar la presidencia del bloque o ser una de las autoridades de la Cámara.
Don Deolindo Bittel recordó graciosamente esa circunstancia mucho tiempo después, cuando se disputaban algunas presidencias de comisión, e intervino para decir: “Compañeros: yo no pedí estar ni de aguatero en este partido. Por qué no resignan sus pretensiones si, en definitiva, vamos a estar siempre todos juntos.” Así era Bittel: el hombre que siempre predicó la unidad; el hombre que desde su banca siempre hizo escuchar su voz conciliadora. Además, nunca ofendió a nadie.
Cuando ayer recordaba otro de los valores fundamentales de don Deolindo Bittel, el de la lealtad, dije que fue leal con todos: fue leal a su doctrina y fue leal a su partido porque mantuvo viva la llama del peronismo en los momentos más difíciles. También fue leal y solidario con sus compañeros y con sus adversarios.
Entre las palabras pronunciadas por los senadores León, Losada y por otras figuras ayer en el Chaco, también se escuchó que don Deolindo Bittel nunca generó rispideces ni odios. Su tono fue siempre conciliador pero firme en la defensa de su posición y siempre respetuoso de sus adversarios.
Señor presidente: todos tuvimos oportunidad de verlo doblarse de dolor en su banca pero siempre firme, cumpliendo con su deber. Y esto realmente constituía un aliciente para todos nosotros porque decíamos: “Si Chacho está ahí y aguanta su dolor, cómo nosotros no vamos a hacer, por lo menos, lo mismo que él, que predica con su ejemplo.”
También recordamos el ejemplo de su renunciamiento. Dejó estas bancas, llamado por su pueblo, porque debía cumplir con un servicio al Chaco y al peronismo de su provincia, luchando por la intendencia de Resistencia.
Desde luego, también ahí cumplió su misión con honradez, con solvencia, y con ese sentido de patria que tenía Bittel, porque fue de aquellos que no sólo recitaban algunos preceptos de nuestra doctrina sino que también los cumplían, como aquel de que por encima de los intereses de los hombres y del propio movimiento están los intereses de la Patria.
Bittel siempre cumplió con esos preceptos, por eso se ganó el respeto de todos sus conciudadanos: de los compañeros y de sus adversarios políticos.
Señor presidente: vamos a extrañar muchísimo a Bittel. Lo extrañaremos aquí, en estas bancas, en nuestras reuniones de bloque, en esas conversaciones que siempre teníamos, a veces sobre asuntos triviales.
Él era un hombre que derrochaba bondad. Podemos destacar sus virtudes políticas, cívicas pero fundamentalmente lo debemos destacar como un hombre de bien, porque para ser todo lo que fue Bittel, antes que nada hay que ser un hombre de bien; no hubiera podido hacer nada de lo que hizo en política si no hubiera empezado por ser un buen hombre, como lo fue Bittel, y como lo reconocimos todos los que ayer asistimos a su sepelio.
Termino con un recuerdo. Hace un momento evocaba a nuestro Chacho Peñaloza quien, en mi opinión, tenía mucho que ver con Bittel. En primer lugar, —como recordaba aquí el compañero Cafiero—, porque es un hombre que murió en su ley: fue a participar en un acto político, en el que inclusive habló, y de ahí se fue directamente al sanatorio. Murió en su ley; murió defendiendo una causa. Fue un acérrimo defensor del federalismo y fundamentalmente fue una persona que supo respetar a sus conciudadanos y que se ganó el respeto de todos ellos.
Por eso, creo que en ese lugar que seguramente Dios le tenía predestinado, sin dudas, se encontrará con el espíritu del otro Chacho y se darán un gran abrazo. Lo único que anhelo es que recuerden que en su momento yo los comparé y creo que la comparación vale, porque fueron dos hombres que lucharon por sus ideales, por su provincia y por la Patria (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Homenaje al ex Senador Edison Otero (11 de agosto de 1999)

11 de agosto de 1999
39ª Reunión – 16ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: realmente constituye para mí no sólo un honor sino también una responsabilidad muy grande recordar la memoria de quien fuera mi antecesor en el cargo de presidente provisional del Senado.
Me siento representado por las palabras que expresaron mis compañeros de bloque. Pero no puedo dejar de manifestar mis reflexiones, habida cuenta de que he tenido el orgullo de compartir este Senado con el doctor Edison Otero durante los doce años que duró su mandato.
Todavía tengo grabada —es como si hubiera tomado una fotografía— la sesión preparatoria —histórica— de 1983, en la que designábamos como presidente provisional del Senado al doctor Edison Otero. Como bien lo recordaba el señor senador Genoud, el justicialismo era mayoría en el Senado y podía reivindicar su derecho de designar al presidente provisional —hubo conversaciones previas—. Recuerdo que intervino el señor senador Sapag en las negociaciones que se efectuaron, y llegamos a la conclusión de que había que elegir a un presidente provisional por el radicalismo; pero dependía de quien fuera el elegido.
Y cuando se dio el nombre del doctor Edison Otero, no hubo ninguna duda y lo votamos por unanimidad.
Lo recuerdo sentado en la primera fila, flanqueado por los senadores Gass y Nápoli —quien era presidente del bloque—; al lado estaba el senador Brasesco y detrás el señor senador Berhongaray.
Recuerdo la emoción de todos cuando lo designábamos al senador Otero.
Y debo decir que lo conocí en ese momento. Y hoy me honro en expresar que en los doce años que compartió conmigo esta banca aprendí mucho de él.
Como bien decía el señor senador Genoud, Edison Otero era un espejo en quien mirarse. Recuerdo la prudencia con que conducía las sesiones. Recuerdo su amplitud, su generosidad.
Era un hombre que no se atenía tanto al Reglamento como al leal saber y entender acerca de cómo dirigir la sesión, dando a todos la oportunidad de expresarse.
También tenía algunos rasgos o toques de humor en la forma de conducir, lo que contribuía a romper el hielo en esas sesiones de mucha tensión en las que estábamos todos enojados. Cuando parecía que podía fracasar la sesión, el senador Otero intervenía con alguna frase o insinuación que servía para distender el ambiente. Recuerdo una oportunidad en que constituimos la Cámara en comisión para tratar un tema importante y por un olvido no ratificamos a las autoridades. Cuando advertimos el error, el senador Otero dijo: «Yo creía que me querían echar de la Presidencia» porque no habíamos ratificado a las autoridades, como era de estilo.
Es cierto que era un hombre que buscaba el consenso y el acuerdo dentro y fuera del recinto. Debo recordar que en 1989, en aquella difícil época de la transición entre el gobierno que se iba y el que asumía, había que pactar algunas cuestiones respecto de las declaraciones que tenían que efectuar quienes se iban a hacer cargo del gobierno, para no perjudicar la situación muy difícil que se vivía en el momento. El doctor Edison Otero nos invitó a su casa —esta reunión no salió publicada en la prensa— junto con funcionarios del gobierno radical. Yo fui con el doctor Bauza en representación del presidente electo y llegamos a algunos acuerdos que se respetaron estrictamente, gracias a la intervención oportuna y a la hospitalidad del doctor Edison Otero y de su señora, que nos recibieron tan cordialmente en su casa.
Recuerdo también que cuando este cuerpo me designó presidente provisional, el doctor Otero me llevó a su despacho y me dijo: «A partir de hoy, usted queda aquí». Yo le expresé: «Doctor, usted puede quedarse todo el tiempo que quiera.» «No, no», me respondió. «A partir de mañana este despacho es suyo. Deme tiempo de cambiar las cosas». En todo momento demostró una generosidad y una amplitud que revelaba su calidad de hombre de bien.
Más allá de sus cualidades políticas, que aquí se han destacado con toda justicia, quiero rescatar su calidad de hombre de bien. Era un hombre noble, que supo honrar las amistades y los acuerdos. Por eso cuando hoy se lanzan improperios o se trata de desacreditar a la política, los ejemplos como el de Edison Otero sirven para rescatar cómo debe ser la política y cómo deben ser los hombres de la política.
Hoy el Senado está rindiendo un homenaje muy justo y merecido a quien, desde que se recuperó la democracia en nuestro país, fue uno de los artífices de su consolidación. Edison Otero fue uno de los hombres de bien en quien nos debemos mirar para que, con el ejemplo de su vida y de su militancia, podamos rendirle el mejor de los homenajes. (Aplausos.)

Aniversario guerra de Malvinas (5 de abril de 2000)

5 de abril de 2000
11ª Reunión – 5ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: con la limitación del tiempo que existe, dado que tengo entendido que los presidentes de bloque han convenido limitarse a aprobar el proyecto vinculado con este homenaje, al cual adherimos en un todo, quiero aprovechar esta oportunidad para suscribir las sentidas palabras del señor senador por el Chaco.
Por supuesto, nos conmueve la recordación de esta fecha, la pérdida de tantas vidas y la mutilación de muchos argentinos. Nos duele que hayamos entrado en el siglo XXI con una lacra del siglo XVIII, como es la existencia de situaciones coloniales que atentan contra el ideal de paz universal que han establecido las Naciones Unidas al constituirse ese foro internacional.
Creo que está bien que rindamos este homenaje y lo debemos hacer todos los años. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Tierra del Fuego en esa vigilia que hacen durante la noche de todos los 1 de abril. Tuve ocasión de ver con emoción cómo los argentinos de todo el país recordamos esta fecha.
Pero más allá de este merecido homenaje, creo que tenemos que hacer un homenaje más trascendente, que es el de luchar seriamente entre todos por la recuperación de Malvinas.
Tenemos un hito fundamental. En la reforma constitucional de 1994 hemos establecido la piedra basal de lo que debe ser una verdadera política de Estado para la recuperación de las islas Malvinas. Allí hemos ratificado nuestros derechos de soberanía. Hemos hablado de que la recuperación constituye un mandato irrenunciable para todos los argentinos y que lo haremos dentro de los principios del derecho internacional, respetando el modo de vida de los isleños. Estas son las coordenadas de nuestra acción.
Esta es una oportunidad para ratificar que la recuperación de las islas Malvinas debe constituir una verdadera política de Estado, en la que no haya diferencias de banderías políticas. No podemos tener diferencias políticas a la hora de recuperar los legítimos derechos argentinos sobre Malvinas. Este debe ser, seguramente, el mejor homenaje que podemos rendir a nuestros caídos en la heroica gesta de recuperación de Malvinas.
Es por eso que, en ocasión de este nuevo aniversario, nos debemos convocar todos los argentinos para que hagamos de la recuperación de Malvinas una causa común, detrás de la cual estemos todos encolumnados, porque es la única forma en que podremos conseguir ese propósito.

Homenaje al Ingeniero Guido Di Tella (4 de enero de 2002)

4 de enero de 2002
79ª Reunión – 28ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 6637 y 6638

Sr. Menem. — Señor presidente: quiero decir algunas palabras para adherir al homenaje al ingeniero Guido Di Tella, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno del Presidente Carlos Menem.
Más allá de pertenecer al mismo partido político y de haber estado en el mismo gobierno, muchas veces he discrepado en cuestiones de política internacional con algunas posiciones de Guido Di Tella, que son públicas y conocidas. Así, en las reuniones de gabinete del Gobierno Nacional en las que participaba como Presidente Provisional del Senado, algunas veces tuvimos discrepancias sobre aspectos puntuales de la política exterior de nuestro país. Pero de lo que puedo dar fe es que, más allá de esas diferencias Guido Di Tella actuó siempre en defensa de los intereses nacionales, en lo cual coincidíamos totalmente.
A su vez, quisiera mencionar que fue de los cancilleres que más años permaneció en la función y tuvo logros destacadísimos en ella. El señor senador por Buenos Aires doctor Alfonsín ya mencionó lo atinente a la culminación de todos los conflictos limítrofes con Chile. Cuando él asumió sus funciones, durante la Presidencia del doctor Menem, había veinticuatro conflictos limítrofes, los cuales fueron resueltos en su totalidad. Fue un activo promotor de las relaciones bilaterales que hoy existen con el país hermano, siendo las más intensas y solidarias de nuestra historia común.
Guido Di Tella fue también uno de los promotores de los espacios integrados como el Mercosur. En 1991, luego de ser ministro de Defensa y embajador ante los Estados Unidos, asumió su cargo y su labor fue realmente excepcional. Además impulsó el Mercosur, siguiendo una idea madre que había lanzado desde su gobierno el doctor Raúl Alfonsín en la relación bilateral con el Brasil.
Fue promotor de casi todos los Tratados en materia de no proliferación nuclear —muchas veces no comprendidos y que después, a la distancia, como ocurre con tantas cosas, se entienden—, así como de la participación argentina en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, y de la creación del cuerpo de Cascos Blancos que luego fuera aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Guido Di Tella fue un digno representante de la República Argentina, siendo reconocido en todos los foros internacionales. En consecuencia, considero que es muy justo que se le rinda este homenaje.
Para finalizar, quiero dejar expresado que considero que la injusta persecución judicial de la que fue objeto, como consecuencia de intereses espurios que nada tienen que ver con la administración de Justicia, seguramente han influido para precipitar su muerte.
Por sobre todas las cosas, Guido Di Tella sirvió a la Patria como el mejor y creo que es justo que hoy este cuerpo le rinda este merecido homenaje. (Aplausos)

Homenaje a César Jaroslavsky (21 de febrero de 2002)

21 de febrero de 2002
83ª Reunión – 31ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: Con las palabras que han pronunciado quienes me precedieron en su uso, se definió la personalidad de un hombre de bien, de un político cabal, de alguien que supo enaltecer la política.
Chacho Jaroslavsky era un hombre de palabra; era un hombre que sabía respetar no sólo a los que militaban en su causa sino también a sus adversarios políticos.
Siempre le decía que, como riojano, me sentía orgulloso de que llevara el apelativo de uno de los hombres gloriosos de nuestra provincia y de nuestro país. En efecto, cuando en La Rioja recordamos al Chacho Peñaloza, siempre lo hacemos como un paradigma del hombre que luchaba por sus ideas, que dio su vida por ellas, que defendió el federalismo y que enarboló su lanza para luchar por las autonomías provinciales, por el interior del país, por el país federal, por quien en definitiva murió. Su cabeza, plantada en una pica en la plaza de Olta, quizá sea el símbolo de nuestra lucha por la organización nacional. La sangre de ese mártir abonó la Patria que a partir de entonces empezó a construirse.
Chacho Jaroslavsky era un hombre muy frontal. Recuerdo que en esos primeros años de gobierno, cuando se recuperó la democracia, se planteaba una situación política muy particular: el radicalismo, entonces gobierno, tenía mayoría en la Cámara de Diputados y nosotros, oposición justicialista, en la Cámara de Senadores. Muchas veces embistió contra el Senado, nos atacó porque no votábamos algunas leyes fundamentales.
Recuerdo que muchas veces nos peleamos y discutimos; hasta se le planteó alguna cuestión de privilegio por lo que decía, pero aun así nunca nos enojamos con él porque sabíamos que lo hacía de corazón, con fuerza, por defender sus ideales. No obstante, a la hora del diálogo era el primero en estar ahí. Era el primero en extender la mano para lograr los acuerdos necesarios.
En aquella época difícil de la transición de 1989 —yo ya era presidente provisional—, vino a mi despacho para hablar de cómo íbamos a llevarla adelante. Los legisladores tenían que asumir antes de que se produjera el cambio a fin de año. Pactamos con él que el radicalismo iba a apoyar —aunque no con el voto— facilitando la mayoría para que el justicialismo, al asumir el gobierno el 8 de julio de ese año, pudiera contar con las leyes necesarias como para llevar adelante su programa. Puedo dar fe de que cumplió en su totalidad con la palabra empeñada. Por allí debo tener algunas de las actas firmada por el Chacho Jaroslavsky, aunque no hacía falta un convenio escrito porque bastaba con su palabra.
Después, coincidimos mucho en algunos temas internacionales, como el trato respecto de la hermana República de Cuba, en la cual él encontró un apoyo, una ayuda y una recuperación para su enfermedad. Podría relatar muchos acontecimientos en los que él demostró no sólo su calidad de político sino también su hombría de bien.
Por eso, creo que las palabras que hoy expresamos nunca van a alcanzar para describir la nobleza, la hombría de bien y la calidad política de César «Chacho» Jaroslavsky. Pero quería dar testimonio de lo que compartimos, acordamos y aprendimos del «Chacho» Jaroslavsky, para darle jerarquía a la política.
Brindo mi más profundo homenaje y expreso a sus familiares que pueden estar orgullosos de llevar el apellido del que en vida fuera un hombre de bien y un gran político. (Aplausos)

A la Constitución Nacional a 150 años de su sanción (7 de mayo de 2003)

7 de mayo de 2003
7ª Reunión – Sesión especial

Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: Hoy celebramos con fervor los 150 años de uno de los actos fundamentales de la Nación Argentina, como lo fue la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que, junto con la Revolución del 25 de Mayo de 1810 y la Declaración de Independencia del 9 de Julio de 1816, constituyen los pilares básicos y fundacionales en los que se asienta la República Argentina.
Hoy venimos a rendir homenaje a los 150 años de vigencia del acta de nacimiento del país como República constitucional, pero también a rendir nuestro homenaje a los convencionales constituyentes que —al decir del italiano Orlando— pareció que estuvieron inspirados por Dios para sancionar la Constitución de 1853.
Los antecedentes históricos de nuestra Constitución son por todos conocidos; no voy a fatigarlos con la reseña detallada de un largo proceso que llevó más de cuatro décadas. Solamente me permitiré recordar que fue la consecuencia directa del Pacto de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852; que a raíz de dicho Pacto, se reunió el Congreso Constituyente en sesiones preparatorias desarrolladas del 15 al 19 de noviembre de 1852; que el 18 de abril de 1853, el proyecto de Constitución fue presentado en el Congreso por el congresal Gorostiaga; que el 1° de Mayo de ese año fue sancionado, que el 25 de Mayo fue promulgada la Constitución y el 9 de Julio fue jurada por las autoridades.
También quiero mencionar que fueron veinticinco los convencionales constituyentes; y aunque no está claramente determinado si algunos la firmaron con posterioridad o no, lo cierto es que realizaron una tarea encomiable: se reunieron en la casa vieja del Cabildo de Santa Fe, donde se había firmado con anterioridad el Pacto de 1831, que fue uno de los pactos preexistentes a los que alude nuestro Preámbulo. Sin dudas, fue realmente una obra cuya transcendencia resultó extraordinaria desde todo punto de vista.
Quisiera citar algunos datos curiosos en la sanción de esta Constitución, los cuales recién comentaba a los distinguidos constitucionalistas, cuya presencia saludo. Y quiero reconocer a los que están aquí presentes: los doctores Antonio María Hernández, Alberto Dalla Vía y Alberto García Lema.
Un dato curioso de aquellos tiempos es que por La Rioja vino un convencional que no conocía la provincia, porque había sido designado por el gobernador Bustos, de quien era su amigo. Precisamente, por no vivir en La Rioja y no estar imbuido del espíritu federalista que traían todos los provincianos, hizo una propuesta que fue recogida en la Constitución de 1853, luego reformada en 1860, según la cual los gobernadores podían ser sometidos a juicio político en el Congreso de la Nación. Esta era una cláusula que tenía que ver más con un régimen unitario que con uno federal.
El otro dato curioso que siempre ha sido resaltado por los historiadores es que el presidente de la Convención Constituyente, Facundo Zuviría, cuando empezaron a tratar la Constitución, se pronunció en contra de la sanción de la misma. Dijo que no era oportuno; un argumento que después se utilizó cada vez que se quería reformar la Constitución. El argumento de la oportunidad o de la inoportunidad fue traído a colación para postergar cualquier tipo de reformas.
Pero Facundo Zuviría se opuso diciendo que la Constitución tenía que sancionarse en tiempos de paz, que todavía estaba convulsionada la Nación, que no era bueno hacerlo en esos tiempos y pedía la prórroga del tratamiento del tema. Lo cual fue refutado con las palabras brillantes tanto de Zavalía como de Gutiérrez en el sentido de que, precisamente, la Constitución era más oportuna que nunca porque gracias a ella se iban a pacificar los espíritus.
En definitiva, la Constitución significó un verdadero pacto de convivencia entre los argentinos, luego de años de luchas, enfrentamientos, derramamientos de sangre y antinomias entre federales y unitarios, que no terminaron por decreto pero sí la Constitución estableció las bases para un pacto de convivencia entre todos los argentinos.
Cómo habrá sido la importancia que adquirió después la sanción de la Constitución, que el propio Facundo Zuviría, que se había opuesto en un principio, quiso ser el primero en jurarla. Y para fundamentar su posición dijo palabras muy elocuentes: “Acabáis de ejercer el acto más grave, más solemne, más sublime que ha dado un hombre en su vida mortal: fallar sobre los destinos prósperos y adversos de su Patria, sellar su eterna ruina o su feliz porvenir. Los pueblos impusieron sobre vuestros débiles hombros todo el peso de una horrible situación y de un porvenir incierto y tenebroso. Nos han mandado darles una Carta Constitucional que cicatrice sus llagas y les ofrezca una época de paz y orden. Quiero ser el primero en jurar ante Dios y los hombres, ante vosotros que representáis a los pueblos, obedecerla y acatarla hasta en sus últimos ápices. Quiero ser el primero en darle a los pueblos el ejemplo. En la mayoría está la verdad legal, lo demás es anarquía.”
La Constitución de 1853 no fue obra de un grupo de iluminados ni fue la culminación de un proceso legislativo, sino la lucha de cuatro décadas en las cuales hubo muchísimos intentos por organizar definitivamente la Nación Argentina sobre bases sólidas.
En ese sentido, cuando hablamos de la Constitución Nacional, debemos tener en cuenta que el propio Preámbulo se refiere a los pactos preexistentes. Pero no voy a entrar en la discusión acerca de a cuál de ellos se refiere. Algunos sostienen que sólo al Pacto de San Nicolás de los Arroyos, al Pacto Federal y al Tratado del Cuadrilátero. Sin embargo, otros también consideran que se refiere a otros pactos anteriores, inclusive los tratados de paz y amistad con Gran Bretaña y España.
De cualquier modo, lo cierto es que la Constitución fue la culminación de una serie de esfuerzos, de una gran lucha y de distintos proyectos que llevaron cuatro décadas a los argentinos y que tuvieron en definitiva un claro inspirador, como fue Juan Bautista Alberdi, autor de “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”. Esta obra, al decir de algún autor, fue la “Biblia” para los constituyentes y la verdad revelada para el país por el espíritu de Alberdi.
Al respecto, cabe recordar que la comisión que preparó el texto constitucional estaba integrada por Benjamín Gorostiaga, Manuel Leiva, Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré y Juan María Gutiérrez. Gorostiaga se encargó del Preámbulo y de la parte orgánica, y Gutiérrez, que fue el vocero de Alberdi en la Convención Constituyente, se ocupó de la parte dogmática.
Así se sancionó la Constitución, que fue orgullo para su tiempo y que se extendió en su redacción a través de los años, siguiendo las vicisitudes de nuestro país. Realmente, puede decirse que estableció las bases institucionales de la República Argentina.
Quiero destacar la importancia que tiene el Preámbulo de la Constitución, porque en él está revelado sintéticamente cuál fue el espíritu que llevó a nuestros constituyentes a sancionarla en 1853. Ese Preámbulo constituye —repito— una síntesis magnífica de lo que significa la Constitución Nacional, desde el principio, cuando señala: “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina…” ¿En nombre de quién venían? Por voluntad y elección de las provincias que componían el Congreso Federal Constituyente. Es decir, venían legitimados por la designación de las provincias. Allí radica el sentido federal de la Constitución. Y esa circunstancia diferencia a nuestro Preámbulo del de la Constitución de los Estados Unidos, ya que este se refiere “al pueblo de los Estados Unidos”. En cambio, nuestra Constitución —que según Gutiérrez y algún otro convencional se basó en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, lo cual fue motivo de una larga polémica entre Sarmiento y Alberdi—, tuvo características propias que tenían que ver con nuestra idiosincrasia. Es decir, tuvo una impronta nacional.
Eso se nota en el Preámbulo, por ejemplo, cuando al inicio, no habla del “pueblo”, sino de las “provincias”. También cuando habla de los pactos preexistentes. Es algo que se observa en la historia y en los fundamentos.
O sea, la Constitución no es una creación o una elucubración de veinticinco personas que se reunieron a ese efecto, sino que fue el producto de un proceso.
Las finalidades de la Constitución están claramente expresadas en su preámbulo: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Allí están magníficamente resumidos los objetivos de la Constitución Nacional.
¿Cuáles son los destinatarios? “Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. La nuestra, señor presidente, fue una Constitución generosa. Abrió los brazos a todo el mundo. Gracias a ella vinieron las corrientes inmigratorias. Y los que llegaron a nuestro país tenían los mismos derechos —o quizás más— que los propios nacionales, gracias a algunas disposiciones que les permitió optar por la justicia federal por el solo hecho de ser extranjeros.
Y por supuesto, la Constitución hace referencia a la invocación divina, ya que tenía un sentido religioso. En ella se invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia.
Nuestra Carta Magna tiene un preámbulo que no es derecho positivo, pero que sirve para interpretar cabalmente cuál fue el espíritu que animó a los constituyentes de 1853, la finalidad que perseguían, la amplitud de sus objetivos y, en definitiva, el rumbo que le querían imponer a nuestro país.
Sobre la Constitución se han vertido muchas opiniones de distinto tono. He seleccionado las que me parecieron más adecuadas o acertadas, como por ejemplo la de Matienzo, que decía que la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de 1853 es, sin duda alguna, la obra de mayor sabiduría política que se ha producido en la República Argentina.
Joaquín V. González, mi ilustre comprovinciano, quizás vino a superar aquello que sucedió con el convencional Regis Martínez, ya que fue el que elaboró la teoría constitucional en nuestro país. Él fue uno de los primeros intérpretes de la Constitución Nacional. Joaquín V. González dijo que fue uno de los instrumentos de gobierno más completos, más orgánicos y más jurídicos, sin ser por eso estrecho ni inmóvil, que hayan consumado los legisladores de cualquier país o época.
Dana Montaño dijo que es el credo de la Revolución de Mayo hecho ley y el evangelio político de los argentinos.
La Constitución Nacional fue objeto de distintas reformas. En 1860 se la modifica para incorporar a la provincia de Buenos Aires, porque en verdad, la Constitución fue sancionada por las provincias del interior del país. Buenos Aires se incorporó siete años después, para lo cual hubo que modificar la Constitución en 1860.
En 1866 y 1898 se hicieron otras reformas que no tuvieron gran trascendencia. Y luego vino la época del Siglo XX, con más de cien proyectos para modificar nuestra Constitución, algunos de los cuales se cristalizaron y luego fueron dejados sin efecto.
La historia constitucional de nuestro país es una historia de intentos de reforma, de portazos, de sesiones fracasadas, de desencuentros y de proscripciones que le dieron una característica muy especial.
En 1949 se sancionó una Constitución moderna, de avanzada, en la que se incorporaron derechos fundamentales de los ciudadanos, de los trabajadores, de los ancianos y de la niñez. El desencuentro de los argentinos hizo que con la revolución de 1955 fuera dejada sin efecto, pero es claro: en la de 1949 se había levantado; no había querido participar un sector político de nuestro país. En 1957 se intentó una reforma y se llevó a cabo, pero con la proscripción de nuestro partido. También hubo portazos y sólo se pudo sancionar el artículo 14 bis. Hasta que llegamos a la reforma de 1994.
Alberdi ya había previsto que la Constitución no era una obra para todos los tiempos. No era una obra que tenía que ser inmodificable. Por el contrario, él decía gráficamente que es como los andamios para construir el edificio de la República, que unas veces se ponen de una forma y otras veces, de otra. Alberdi admitía la idea de la modificación, de la reforma, para poner la Constitución a la altura de los tiempos.
Esta reforma de 1994, señor presidente, que es contemporánea a nosotros, es absolutamente distinta de todas las anteriores. Fue una reforma en la que no se discutió ni se puso en tela de juicio que se hacía respetando íntegramente la Constitución Nacional, en particular, el artículo 30.
La declaración de la necesidad de la reforma fue sancionada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Finalmente, se constituyó la Convención Constituyente, previo a elecciones inobjetables, donde 305 convencionales representantes de 19 bloques políticos nos sentamos a deliberar en Santa Fe y en Paraná sobre esa declaración de necesidad de la reforma.
Como presidente de esa Convención Constituye, cargo con que me honraran mis pares, quiero decir que fue muy grande el respeto que tuvimos por la Constitución de 1853. Ya en la ley declarativa de la reforma se habla decidido no modificar los contenidos pétreos de la Constitución de 1853. Fue así que las declaraciones, derechos y garantías de los primeros 35 artículos permanecieron inamovibles. Pero sí decidimos agregar un nuevo capítulo de derechos, a tono con los tiempos que se vivían, no para dejar sin efecto aquéllos, sino para reforzar ese espíritu de los constituyentes de 1853. Por eso incorporamos los nuevos derechos. Por eso incorporamos los derechos humanos, transformándose en la Constitución más avanzada del mundo en materia de incorporación de derechos humanos, al darle el carácter de letra constitucional a los tratados más importantes sobre derechos humanos existentes en el mundo.
Pero, además, señor presidente, cómo habrá sido nuestro respeto que reafirmamos los principios liminares de la Constitución de 1853, que estableció en esa tríada de sistema representativo, republicano y federal, las bases principales de la República, de la Nación Argentina. Y la hicimos más representativa, porque eliminamos la intermediación del Colegio Electoral en la designación de senadores, presidente y vicepresidente de la Nación. A su vez, establecimos mecanismos de democracia semidirectos, porque la representación había que complementarla con la participación, que es la otra idea fuerza que avanzó de la mano de la democracia.
Y la hicimos más republicana al establecer nuevos mecanismos de control que pudieran determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos, al dar mayor publicidad a los actos de gobierno, que son los principios fundamentales sobre los que se basa el sistema republicano, acentuando también el principio de división de los poderes. Y la hicimos más federal cuando establecimos la autonomía municipal, dándole una jerarquía mucho mayor que la que tenía en la Constitución de 1853; cuando establecimos la participación del Congreso en las intervenciones federales; cuando establecimos que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
Creo que el mejor homenaje que les podemos rendir a los constituyentes de 1853 es el de afianzar los principios fundamentales de ese artículo 1° de la Constitución Nacional, que nos habla de establecer un sistema representativo, republicano y federal, cuyas bases fueron afirmadas, extendidas, sostenidas y consolidadas en la reforma de 1994.
Hoy, señor presidente, estamos navegando con la Constitución de 1853, con las reformas antes expresadas. Digo “navegando” porque eran las palabras de Alberdi. Él decía que la Constitución general es la carta de navegación de la Confederación Argentina. En todas las borrascas, en todos los tiempos, en todos los tramos difíciles, la Confederación tendrá siempre un camino seguro para llegar a la salvación con sólo volver los ojos a la Constitución y seguir el camino que ella le traza para formar el gobierno y para reglar su marcha. Esa carta de navegación nos ha permitido también sobrellevar todos aquellos periodos de desencuentro de los argentinos y volver a transitar el anchuroso camino de la democracia.
Decía al comienzo de mi exposición que queríamos rendir un homenaje a los convencionales de 1853, no sólo por su obra y su dedicación, sino porque creo que estuvieron acertados al darnos esta Carta Magna en la forma en que lo hicieron, ya que en una época de individualismo, en la que solamente se hablaba de la libertad de comercio, supieron darnos una Constitución que daba prevalencia a los derechos de las personas.
Si yo quisiera calificar con una palabra la actitud de nuestros convencionales de 1853, diría que fueron sensatos. Fueron sensatos en los términos bíblicos porque, como se manifiesta en el Evangelio según San Lucas, Jesús decía a los que lo escuchaban: Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Nuestros constituyentes de 1853 cimentaron la República construyendo sobre roca, una roca sólida, que son los principios en los cuales se sustenta la República. Son los principios de Mayo, son los principios de 1816, son los próceres de nuestra independencia, son las ideas de Moreno, de Belgrano, nuestras luchas por la independencia de América.
Todo fue recogido por nuestros constituyentes; por eso las palabras de Gutiérrez definiendo a la Constitución como la Nación hecha ley, porque resume nuestra historia, nuestras luchas, nuestros sacrificios, la sangre de nuestros próceres, de nuestros soldados. Por eso, yo decía que sobre esa roca sólida pudimos construir esta República que hoy vive y permanecerá por los siglos de los siglos. (Aplausos.)

Aniversario guerra Malvinas (31 de marzo y 1 de abril de 2004)

7 de mayo de 2003
7ª Reunión – Sesión especial

A la Reforma Constitucional de 1994 a 10 años de su sanción (25 de agosto de 2004)

25 de agosto de 2004
21ª Reunión – 17ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: quiero decir unas pocas palabras para recordar que ayer se cumplieron exactamente diez años desde que la reforma constitucional de 1994 fuera jurada solemnemente en el Palacio San José de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Con ese acto de juramento de todos los convencionales y de las autoridades nacionales —las cabezas de los tres Poderes del Estado— quedaba cerrado un largo proceso de debates, polémicas, luchas y desencuentros de los argentinos sobre la reforma constitucional.
En esa larga lucha y en esos debates habían quedado atrás más de cien proyectos de ley declarativos de la necesidad de la reforma; había quedado atrás una Constitución sancionada en 1949 y derogada en 1955; había quedado atrás una reforma que sólo se había cumplido parcialmente en 1957 con la incorporación del artículo 14 bis de la Constitución; habían quedado atrás toda una serie de argumentos a favor y en contra de la reforma constitucional que finalmente se pudo lograr en 1994.
Esta reforma —de la cual se van a cumplir diez años de su juramento— fue indudablemente la más importante que se introdujo en la Constitución Nacional desde 1853 a la fecha, ya que ninguna de las anteriores, las de 1860, 1866, 1898 y la nombrada de 1957 habían tenido el alcance, la magnitud, la profundidad de la reforma de 1994.
Pero a ello hay que agregar que todo el proceso para llegar a la reforma de la Constitución se hizo de un modo irreprochable, indiscutible, dejando también atrás algunas discusiones, como aquel famoso debate acerca de si la ley declarativa de la necesidad de la Reforma debía ser votada por mayoría calificada de los miembros presentes del Congreso o de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Es decir, la vieja discusión que había sido uno de los motivos invocados para invalidar la Constitución de 1949. En este caso la ley 24.309 fue votada por amplia mayoría calificada de los dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Había sido precedida de acuerdos políticos de las fuerzas mayoritarias del país, concretada a través del Pacto de Olivos y del Pacto de la Rosada, sobre los que he escuchado hablar muchas cosas. Creo que no muchos conocen cómo se lograron esos pactos, que constituyen a modo de los pactos preexistentes que se mencionan en el Preámbulo de la Constitución, los acuerdos políticos que eran necesarios para lograr una Constitución consensuada como corresponde.
Las elecciones para la Convención Constituyente se hicieron también de un modo transparente y cristalino; participaron todas las fuerzas políticas del país, tanto los que presentaban candidatos para apoyar la reforma como los que presentaron candidatos para oponerse a ella.
Es así como luego de las elecciones —por fin— se reunió en Paraná el 25 de mayo de 1994 la Convención Constituyente, que tenía noventa días para su labor, y allí estuvieron representados dieciocho bloques políticos, constituyéndose en la Asamblea Constituyente más pluripartidista en toda la historia del país.
La Convención sesionó, como dije, dentro de los noventa días —cumpliendo estrictamente el plazo establecido por la ley 24.309—, en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, que en ese sentido tiene los antecedentes de haber sido sede de convenciones anteriores, y se ajustó estrictamente a las disposiciones de la mencionada ley.
Contrariamente a las voces agoreras que decían que la Convención se iba a limitar a sancionar la reelección presidencial y que se iba a clausurar y a los que decían que se iba a exceder y que iba a ir por modificaciones, más allá de las que estaban previstas, la Convención se ajustó estrictamente a las disposiciones de la ley 24.309, tocando únicamente aquellas instituciones para las cuales estaba habilitada.
Además debo decir que sólo quedó fuera de la Reforma un tema que estaba habilitado, que era la creación de un Consejo Económico y Social con carácter consultivo, que no hubo tiempo de tratarlo dentro del plazo acordado de 90 días.
Es así como el 22 de agosto de 1994 se sancionó la reforma y fue jurada —como dije al comienzo — el 24 de agosto de 1994.
Esta no es la oportunidad, desde luego, para hacer una exégesis de las reformas introducidas, porque estamos en una recordación, a modo de homenaje, de ese acto institucional trascendente en la vida del país. Pero sí quiero decir que con la reforma se fortificaron los principios liminares sobre los cuales se asentó nuestro sistema de gobierno.
Se acentuó el sistema representativo, complementándolo con el participativo. Es una Constitución que les dio mayor participación a los ciudadanos a través de medios de democracia semidirectos como la iniciativa y consulta popular, la creación de asociaciones de consumidores y usuarios, y de defensa del medio ambiente. También se dio mayor participación a los ciudadanos al eliminar el voto indirecto, a través de la regulación constitucional de los partidos políticos y con institutos como el defensor del pueblo.
Pero además del sistema representativo, se reforzó el sistema republicano, porque al dar jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Ministerio Púbico y al Consejo de la Magistratura, se estaba avanzando sobre los sistemas de control, que tienden a hacer efectivo uno de los principios en que se basa el sistema republicano: el de la responsabilidad de los funcionarios. Además, se trata de un sistema que permite mayor conocimiento de lo actuado por vía de la publicidad de los actos de gobierno.
Otro de los principios es el de la periodicidad de los mandatos, que fueron acortados.
Recordemos que el mandato del presidente era de seis años y se redujo a cuatro, con posibilidad de una sola reelección. Por su parte, el mandato de los senadores se acortó a seis años.
Además, en la Constitución se eliminó toda forma de discriminación para ocupar la primera magistratura al eliminar el requisito de confesionalidad para ser presidente.
También se reforzó el otro principio liminar de nuestro gobierno: el federal. El federalismo se acentuó a través del reconocimiento de que sólo el Congreso puede intervenir las provincias y también a través de la facultad dada a las provincias para celebrar convenios internacionales; al instituir la obligación de la autonomía municipal —que también hace al principio federal— y al establecer el estatuto de la ley de coparticipación por vía del inciso 2) del artículo 75, donde se indican las bases sólidas sobre las cuales debe sancionarse una norma de esta naturaleza. Sobre este aspecto todavía estamos en deuda. No debemos olvidar, por supuesto, que se reconoce en forma expresa la propiedad de las provincias sobre sus recursos naturales.
Entonces, los tres principios del artículo 1° de la Constitución fueron reforzados a través de las reformas constitucionales.
Desde otro punto de vista, señor presidente, una característica no menor fue que hicimos una reforma constitucional que tuvo un carácter eminentemente garantista. Garantismo en el buen sentido de la palabra; es decir que no sólo se proclaman los derechos sino que también se establecen los mecanismos institucionales para hacerlos efectivos. De hecho, las declaraciones de derechos serían meros catálogos de ilusiones si no existieran los medios para hacerlos efectivos. Por eso incluimos, dándole garantía constitucional, la acción de amparo, la acción de hábeas corpus y la acción de hábeas data. Además, se otorgaron garantías a los ciudadanos, a través del reconocimiento de su participación en política. Asimismo, en este sistema garantista se reconocieron garantías de tipo institucional referidas a las provincias, a las universidades, a los pueblos indígenas, a las asociaciones de consumidores. Se incorporaron nuevos derechos en el capítulo pertinente al cual hice referencia: el derecho a un ambiente sano, los derechos políticos. Y se incorporaron los tratados sobre derechos humanos con la misma jerarquía constitucional, con lo cual se amplió el espectro de derechos y de garantías, al sumarse los derechos y garantías que consagran los tratados internacionales.
En consecuencia, además de hacer una Constitución vanguardista —es decir, una Constitución de avanzada respecto a las constituciones del mundo—, establecimos las bases para una mayor integración: integración para adentro, cuando se otorgan facultades a las provincias para crear regiones o cuando se integra a los pueblos aborígenes, reconociendo su preexistencia étnica y cultural; e integración para afuera, cuando se faculta al Congreso a delegar competencias y jurisdicciones en entes supranacionales en condiciones de reciprocidad y de igualdad, siempre que se respeten los derechos humanos y los principios de la democracia.
Por otro lado, también es importante señalar que a partir de la Constitución Nacional se elimina toda forma de discriminación. El principio de igualdad del artículo 16, que dice que todos somos iguales ante la ley, adquiere un nuevo significado, que es el principio de solidaridad, que impide todo tipo de discriminación, empezando por las mujeres, a las cuales de acuerdo con el artículo 38 se les reconoce el derecho de igualdad de trato para el ejercicio de sus derechos políticos. También hay un reconocimiento para los discapacitados, para los ancianos y para los niños, en este último caso con el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Al conmemorar estos diez años desde la sanción de la reforma constitucional queremos recordar la larga prédica que hicimos quienes estábamos a favor de la reforma. Si bien no iba a ser la panacea para curar los males del país, teníamos necesidad de actualizar nuestra Constitución —aggiornarla, como se dice actualmente— para ponerla al servicio del pueblo y para permitir el progreso y la defensa de los derechos y garantías que tan sabiamente consagraron los constituyentes de 1853.
Si bien es cierto que cumplimos al sancionar algunas de las leyes previstas en la Constitución reformada, sólo lo hicimos en parte. Quiero referirme concretamente a dos temas cuya sanción no podemos seguir demorando. Uno, es el referido al proyecto de ley de coparticipación federal. Estamos atrasados ocho años, porque la cláusula transitoria de la Constitución estableció que debía sancionarse en 1996. La otra iniciativa está vinculada con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, es decir, con la creación de la Comisión Bicameral. En el primer caso, las provincias se tienen que poner de acuerdo, porque se trata de sancionar una ley convenio, que es una nueva categoría de leyes que incorporó la Constitución.
Por su parte, la reglamentación del procedimiento para convalidar los decretos de necesidad y urgencia es una mora que tenemos en el Congreso de la Nación. Espero que pronto podamos superarla, sancionando alguno de los múltiples proyectos que desde hace tiempo están en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Creo que esta será una de las formas de contribuir al mejor funcionamiento de las instituciones, y al mejoramiento de la calidad institucional de nuestro país.
Es por eso que al recordar los diez años de aquella Convención Constituyente —que tuve el honor de presidir y de ser el primero en jurarla en ese carácter—, también quiero dejar mi reconocimiento a todos los convencionales que estuvieron en Paraná y en Santa Fe, que trabajaron arduamente de acuerdo a sus convicciones, unos a favor y otros en contra, pero la mayoría de las disposiciones fueron votadas por amplias mayorías. Y hubo tres que se votaron por unanimidad: la de la cláusula de defensa de la democracia —el artículo 36—, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, artículo 75 inciso 17 y la cláusula transitoria primera, que proclama y ratifica con jerarquía constitucional la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Al presentar este proyecto, yo decía que esa sola cláusula hubiera justificado la reforma de la Constitución Nacional. De esta manera, se le dio jerarquía constitucional a un reclamo argentino que viene transmitiéndose de generación en generación, que constituye un mandato para la futuras generaciones, y que establece también las bases sobre las cuales vamos a asentar nuestro reclamo, siempre de acuerdo a los principios del Derecho Internacional y respetando el modo de vida de los habitantes de las islas.
Los convencionales constituyentes trabajaron arduamente y no dieron el portazo, como sucedió en convenciones anteriores.
Una vez concluida la tarea, cuando se impuso democráticamente la regla de oro de la democracia —que es la de la mayoría—, todos juraron la nueva Constitución Nacional. Y juraron obedecerla, tal como pedía el orador de la Constitución Fray Mamerto Esquiú —bajo cuya invocación sesionó la Convención Constituyente—: los pueblos deben obedecer a sus constituciones.
Vaya también mi emocionado homenaje a todos los colaboradores que participaron de esa Convención histórica —muchos de ellos del Congreso de la Nación—, como los taquígrafos y el personal de la Biblioteca y de Referencia Legislativa. Sin el aporte de ellos, no hubiera sido posible llegar a culminar el trabajo en el término establecido.

Homenaje a Alberto Rocamora (22 de septiembre de 2004)

22 de septiembre de 2004
25ª Reunión – 20ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: quiero adherir a estos justos y merecidos homenajes propuestos por el señor senador por la provincia de Buenos Aires a tres figuras relevantes de la política nacional en los distintos escenarios en los cuales fueron protagonistas destacados y, desde mi punto de vista, constituyeron y constituyen un ejemplo para las generaciones de argentinos que deben verse en el espejo de estas figuras señeras de la política y del ámbito gremial, tal el caso de José Ignacio Rucci: un luchador que murió por las balas asesinas de los que creen lo contrario a lo que decía Sarmiento sobre que las ideas no se matan. Las ideas de Rucci no se mataron y siguen vigentes en el corazón de todos los trabajadores y de nuestro partido, al cual pertenecía.
En particular, señor presidente, quería decir algunas palabras más sobre la figura de Alberto Rocamora.
Ya el señor senador Cafiero brindó una semblanza de su figura política y solamente quería agregar que no sólo actuó en los tres poderes del Estado sino en el más importante de todos, que es el poder constituyente.
Alberto Rocamora fue convencional constituyente en 1994 y, más aún, fue el que presidió la sesión inaugural de la Convención Constituyente por ser la persona de mayor edad en ese momento. Y debo decir que no era una tarea simplemente protocolar u honorífica. Esa Convención Constituyente, que se hacía en la ciudad de Paraná, comenzó en forma un tanto complicada; había distintos tipos de cuestiones que se planteaban y en determinado momento podía convertirse en inmanejable. Fue en esa instancia donde, a propuesta de nuestro bloque, se decidió que asumiera la presidencia de esa sesión el doctor Alberto Rocamora.
Recuerdo un detalle, que si bien es anecdótico, sirve para pintar su personalidad. Cuando se aceptó que el doctor Rocamora pasara al estrado a presidir la sesión y lo fueron a buscar, alguien quiso tomarlo del brazo para ayudarlo a subir al estrado y él reaccionó inmediatamente y dijo: «No me toque, yo me valgo solo», y así es como fue: erguido, señorial y con esa prestancia que le daban sus años. Asumió la Presidencia y nos tomó el juramento a todos los constituyentes. De hecho, su autoridad fue lo que en esa oportunidad hizo que la sesión se encaminara como correspondía, en un momento trascendental para la vida institucional del país.
Son muchos los antecedentes del doctor Rocamora: escribió libros; fue miembro de la comisión de honor creada por la Cámara de Diputados para la publicación de las obras del general Perón; fue autor, entre otros libros, de Crisis o Disgregación, sobre la problemática del mundo actual, Trayectoria, con escritos políticos, y estaban a punto de ingresar en imprenta Las obras completas del período peronista 1945—1955: yo fui testigo.
Yo quisiera redondear este homenaje merecido y justo a un hombre prominente de la política argentina, a quien no he conocido tanto como el senador Cafiero, que fue su compañero en tantas epopeyas del peronismo; pero me bastó el trato que tuve con él, fundamentalmente en esas jornadas de Paraná y Santa Fe de 1994.
Quisiera recordarlo a través de las palabras que él pronunciara cuando se hizo cargo de la Presidencia de la Convención Constituyente. En ese momento dijo el doctor Rocamora: “Señores convencionales: este momento histórico que estamos viviendo ahora con el inicio de la actividad de la Asamblea Constituyente ya ha sido bien presentado por el señor presidente de la República y por el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ellos, interpretando al pueblo, han manifestado cuáles son los sentimientos que en este momento se anidan en el corazón de todos los argentinos que están mirándonos por la labor que se va a realizar.
“Es un momento histórico, reitero. Lo único que nos cabe —por así decirlo— es invocar la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, para que nuestro trabajo se ilumine y para que pongamos en la labor que nos espera los sentimientos argentinos por encima de cualquier bandería [esto fue respondido con aplausos en las bancas y en las galerías] y la mística patriótica que, creo, se halla en el corazón de todos ustedes.
“Comenzamos hoy una labor de trascendencia histórica trabajando para el futuro; y de este trabajo tendremos que rendir cuentas a las generaciones venideras.
“Con este espíritu comenzamos hoy nuestra tarea. Muchas gracias.”
Este fue el discurso significativo y austero de un hombre que hizo de la austeridad un patrón de vida. Me contaba una de sus hijas que hasta poco antes de morir él todavía manejaba su coche modelo 81 y en él se conducía de un lado a otro en ejercicio de sus tareas; tareas que sólo la muerte lo hizo dejar.
Por eso creo que hoy, más que nunca, es justo este homenaje al doctor Alberto Rocamora. Como peronistas nos honramos que haya pertenecido a nuestras filas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Homenaje al ex Presidente Arturo Frondizi (4 de mayo de 2005)

4 de mayo de 2005
11ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: Además de adherir a las expresiones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, no puedo dejar de expresar las mías propias en este homenaje, no sólo a un ex presidente argentino —y gran estadista— sino también a un gran legislador. Muchas veces se olvida que fue uno de los mejores diputados que tuvo la República Argentina.
Basta leer los debates de la Cámara de Diputados para darnos cuenta de la profundidad de su pensamiento. Porque Frondizi, además de ser un político, era un intelectual. Fue un hombre que escribió muchos libros sobre la realidad argentina. Y precisamente uno de ellos —me lo recuerda aquí el compañero Antonio Cafiero— fue Política y petróleo, que dio lugar a grandes confrontaciones y polémicas, porque frente a la situación en que se encontraba el país, cuando asumió la Presidencia de la Nación tuvo que cambiar el rumbo y la posición que había fijado en su obra.
Así, Frondizi suscribió una serie de contratos con empresas privadas, lo que motivó tremendos debates —recuerdo que en aquella época yo estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba— tanto en el ámbito universitario, como en los partidos políticos y los centros económicos, algunos de los cuales estaban a favor y muchos en contra de la decisión que había adoptado, en el sentido de otorgar la explotación del petróleo de la República Argentina a empresas privadas.
Y cuando a Frondizi se le reprochaba que había cambiado la postura fijada en su libro, él respondía con palabras muy simples diciendo: «La opción para el ciudadano que ocupaba la Presidencia era muy simple: o se aferraba a su postulación teórica de años anteriores y el petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía el petróleo con el auxilio del capital externo, para aliviar nuestra balanza de pago y alimentar adecuadamente a nuestra industria. No vacilé en poner al país por encima del amor propio del escritor. No me arrepiento.».
Estas fueron las palabras de Frondizi en respuesta a esa dualidad que se le achacaba por haber llevado a cabo desde la Presidencia algo que no había sostenido como diputado ni en su recordada obra de 1949 “Política y petróleo”.
Frondizi tuvo una presidencia muy accidentada. Era la época de los golpes de Estado. Tuvo que soportar más de treinta planteos militares, aunque hoy ello nos parezca extraño. En efecto, hubo treinta alzamientos y una constante oposición, con una fuerte campaña psicológica y acusaciones calumniosas de todo tipo. Así fueron minando su gobierno, haciéndolo caer en el descrédito. Y cuando llegaron las elecciones de 1962 no quiso llevar adelante la proscripción y ganó el peronismo.
…………………………………………………………………………………………………………
Sr. Menem. — Cuando se supo que por ese motivo lo iban a derrocar tuvo que tomar la dolorosa decisión de anular las elecciones. Fue así como lo derrocaron y lo enviaron a Martín García. Le hicieron constantes presiones para que renunciara a la Presidencia de la Nación.
En ese momento fue que dijo la famosa expresión, siempre recordada por la prensa y la literatura: «No me suicidaré. No me iré del país. No cederé, porque estoy en la defensa de los derechos fundamentales de la gente.»
Tiempo después Frondizi manifestó: «Mi derrocamiento ha sido apenas un evento más en mi accidentada vida política, tan olvidable como son las prisiones que debí sufrir, los ataques que he soportado o los afectos que han quedado en el camino.». Frondizi también tuvo una amplia vocación frentista, porque era partidario de la integración territorial y de la unidad nacional.
Tuve la suerte de conocerlo, de escucharlo y de dialogar con él. Me impresionó profundamente por sus conocimientos, por su sapiencia y por la cosmovisión que tenía del mundo y de nuestro país. Estuve en su velatorio en la Casa de Gobierno. Realmente, con la muerte de Frondizi hemos perdido a un gran hombre de la democracia, a un gran legislador, a un gran intelectual y a un brillante estadista.
Por todo lo expuesto, hoy no podía dejar de adherir al homenaje rendido a este gran hombre argentino.

Habiendo transcurrido un tiempo prudente desde la finalización de mi mandato como Senador Nacional por la Provincia de La Rioja durante el periodo 1983-2005 considero que es un deber republicano rendir cuenta pública a mis administrados sobre los aspectos fundamentales de mi gestión, para que puedan evaluar si he honrado con mi actuación la confianza que me fuera dispensada al elegirme como representante ante el Senado de la Nación.-

DISCURSOS EN EL SENADO DE LA NACIÓN

PRÓLOGO»

DERECHOS HUMANOS»

DERECHOS SOCIALES»

RELACIONES INTERNACIONALES»

ASUNTOS ECONÓMICOS»

INFORMES DE LOS JEFES DE GABINETE DE MINISTROS»

ACUERDOS»

MALVINAS»

JUICIOS POLÍTICOS»

CUESTIONES REGLAMENTARIAS»

CUESTIONES DE PRIVILEGIOS»

ASUNTOS VARIOS»

HOMENAJES»

Acceso rápido

Social Media